Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

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Cristina Fernández de Kirchner
Mensaje de fin de año de la Presidenta.jpg
Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de fin de año en 2010.

Coat of arms of Argentina.svg
Presidenta de la Nación Argentina
10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015[1]
Vicepresidente Amado Boudou (2011-2015)
Julio Cobos (2007-2011)
Predecesor Néstor Kirchner
Sucesor Mauricio Macri

Información personal
Partido político Partido Justicialista (PJ)
Frente para la Victoria (FPV)
Familia
Cónyuge Néstor Kirchner (1975 - 2010)[2]
Hijos Máximo Kirchner
Florencia Kirchner
Educación
Alma máter Universidad Nacional de La Plata
Información profesional
Ocupación Abogada[3]
Firma CF SIGNATURE.svg
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El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inició el 10 de diciembre de 2007, cuando ella se convirtió en Presidente de Argentina.[4]

Lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones de 2007 el 19 de julio de dicho año. Ganó las elecciones de 28 de octubre de 2007 en primera vuelta con el 45,29% de los votos,[4] sucediendo el 10 de diciembre al presidente Néstor Kirchner, quien desempeñó el cargo hasta el 10 de diciembre de 2007, fecha en la cual las nuevas autoridades nacionales asumieron sus cargos.

Durante su primera gestión de gobierno en el período 2007-2011, fue acompañada por el vicepresidente Julio Cobos, ex gobernador de Mendoza.

El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su postulación para la reelección. Su compañero de fórmula fue Amado Boudou, Ministro de Economía y Finanzas Públicas en el período 2009-2011.[5] En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11% de los votos, accediendo a un segundo mandato presidencial en el período 2011-2015.

En las elecciones de noviembre de 2015 fue sucedida por el candidato ganador a presidente Mauricio Macri, quien asumió el cargo de Presidente de la Nación Argentina el 10 de diciembre de 2015.

Índice

Política en Ciencia y Tecnología

En ciencia y tecnología se destacan varios puntos, entre ellos la legalización de patentes por parte del INTA de semillas y leche maternizada. Asimismo la Ley de Promoción de Software Nacional que se sancionó.[6] [7]

Cristina Fernández luego de producirse el traspaso del mando presidencial, el 10 de diciembre de 2007. Detrás su esposo y predecesor, Néstor Kirchner.

Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta Fernández fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando a su cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular. La medida se complementó con el anuncio de creación de un polo científico-tecnológico en Buenos Aires, integrado por tres institutos: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas y Ciencias Exactas y Tecnológicas.[8]

Empresa ARSAT y satélites ARSAT-1, ARSAT-2 y SAC-D

ARSAT se fundó en 2006 para mantener las dos posiciones orbitales argentinas en el espacio otorgados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, su sede se encuentra en Buenos Aires. Dependió del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.[9] En 2007 se inició en la operación y prestación de servicios sobre satélites alquilados.[10]

El Estado Argentino transfirió a ARSAT, los activos de la empresa Nahuelsat S.A., que explotaba la posición orbital geoestacionaria 72° Oeste a través del satélite Nahuel 1A de fabricación extranjera. Dicha posición continuó ocupada hasta principios de 2010 por el satélite, hasta que éste cumplió su vida útil.[11]

Mural pintado en el barrio de Villa Luro, Buenos Aires, con motivo del lanzamiento en 2014 del satélite argentino ARSAT-1, conteniendo los colores de la bandera nacional.

ARSAT tiene el mandato de contratar la ingeniería y desarrollo de sus satélites con manufactura nacional, los que serán construidos dentro del marco del proyecto Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT).[9]

ARSAT a partir de 2010 comenzó a trabajar en el satélite ARSAT-1, cuyo desarrollo y ensamblado fue realizado por el INVAP en San Carlos de Bariloche, bajo dirección de Thales Alenia Space.[12] Su lanzamiento fue realizado el 16 de octubre de 2014 en Guayana Francesa. En tanto que la totalidad del software fue desarrollado en Argentina.[13] Tras esto, el país se convirtió en una de las ocho naciones en el mundo que desarrollan y producen sus propios satélites geoestacionarios y, junto a Estados Unidos, son los dos únicos en el continente americano.[14] [15] Es el primer satélite en su tipo construido por un país latinoamericano.[16] [17] El 30 de septiembre de 2015 se lanzó el satélite ARSAT-2, el cuál cubre tanto Sudamérica como gran parte de América del Norte. Actualmente se trabaja en el ARSAT-3, satélite cuyo objetivo será abarcar todo el continente americano.[11] [18]

Los técnicos tanto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como de la Comisión Nacional de Energía Atómica recibieron un aumento sostenido de presupuesto y sueldos. Se reinició el proyecto espacial argentino con el logro de la puesta en órbita del SAC-D en 2011 construido casi en su totalidad por INVAP,[19] así como la finalización de la Central nuclear Atucha. Las transferencias hacia los investigadores del CONICET se han multiplicado varias veces. Estas políticas de Estado, junto con un programa especial de repatriación, permitió que cientos de científicos e investigadores regresaran al país.[20] [21] [22] [23] El Plan Raíces fue un plan del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva [24] destinado a establecer redes de conexión entre los científicos argentinos en el exterior y la ciencia que se desarrolla en la Argentina, llegando de ser posible a la repatriación de los científicos involucrados en el programa.[25] Comenzó en 2003,[26] durante la presidencia de Néstor Kirchner y fue institucionalizado a través de una ley durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2008.[25] Hasta julio de 2011 se consiguió la repatriación de 834 científicos[27] [28] y el 7 octubre de 2013 se presentó a la científica repatriada número 1.000,[29] logrando revertir -en conjunto con otras medidas y programas- la tendencia histórica de fuga de cerebros que existía en la Argentina.[25]

Tecnología de radares militares y civiles

Durante su gobierno se destacó la producción nacional de radares militares y civiles para control del tráfico aéreo y control del narcotráfico construidos en su totalidad por INVAP.[30] [31] Entre 2003 y 2010 el CONICET incorporó más de 8000 personas, aumentando un 93.2% su personal. La cantidad de investigadores en 2003 era de 3804, incrementándose a 6350 en 2010. En 2010 el sueldo promedio de los investigadores fue de $10.894 y el de los becarios de $5164, esto representó un aumento mayor al 500%.[32] Las transferencias hacia los investigadores del CONICET se han multiplicado varias veces. Estas políticas de Estado junto con un programa especial de repatriación, permitió que regresen al país cientos de científicos e investigadores.[33] [34] [35] [36]

Fabricación de productos electrónicos

Desde el comienzo de su gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional.[37] [38] En esta área también sobresalió la creación, a mediados del 2011, de Tecnópolis, una mega muestra ubicada en Villa Martelli y el Polo Científico Tecnológico en Palermo.[39]

Tecnópolis y Polo Científico Tecnológico

A mediados del 2011, se crea Tecnópolis, una megamuestra ubicada en Villa Martelli, siendo la más grande de América Latina, que se realiza de julio a noviembre de cada año a partir del 2011.[40] y el Polo Científico Tecnológico en Palermo,[41] que abarca 45,000 m2 y se habrán invertido 250 millones de pesos.[42] En 2012 se inauguraron los primeros 24 mil metros cuadrados, y en 2015 con la obra concluida suman casi 23 mil metros cuadrados adicionales.[43] Fue construido en varias etapas, la primera etapa, finalizada en 2011, incluyó la inauguración de las sedes del Ministerio de Ciencia, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y los Institutos Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación. La segunda etapa fue inaugurada por la presidenta dr Cristina Fernández en 2015, esta segunda etapa abarca una nueva sede del CONICET, el parque de Ciencia y tecnología. etc 1 "es la obra de infraestructura en ciencia más importante de los últimos cincuenta años”, sostuvo el Ministro de Ciencia y Técnología Lino Barañao.2 el Polo abarca 45,000 m2 y se habrán invertido 250 millones de pesos.3 Hace cuatro años se inauguraron los primeros 24 mil metros cuadrados, y en 2015 con la obra concluida suman casi 23 mil metros cuadrados adicionales.4

Cristina Kirchner junto a estudiantes el 17 de agosto de 2011 en Tecnópolis, presentando la ley de promoción de software argentino y entregando la netbook un millón.

Política en Cultura

Durante su gobierno se construyo el Centro Cultural Néstor Kirchner un espacio para artes plásticas, espectáculos musicales y exposiciones, que fue inaugurado el 21 de mayo de 2015. Es el más importante en tamaño de América Latina y el tercero a nivel mundial. También se construyó el Museo Casa Rosada emplazado en las antiguas galerías de la Aduana de Taylor[44] de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado el 24 de mayo de 2011[45] donde se exponen unas 10.000 piezas históricas. Abrió sus puertas con el nombre de Museo del Bicentenario[46] con fotografías, pinturas y material audiovisual que recrean en una línea de tiempo los distintos períodos históricos del país. También exhibe objetos históricos hallados en excavaciones, los restos arqueológicos del Fuerte de Buenos Aires[45] y la obra mural Ejercicio plástico del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, que data de 1933.[44] La superficie total del edificio es de 5.000 metros cuadrados.[47] También fueron construidos Museo del Libro y de la Lengua, el Parque Tecnópolis, Centro Cultural Julio Le Parc en Mendoza, el Museo de Bellas Artes en San Juan, el Centro Cultural del Bicentenario y el Centro de Convenciones en Santiago del Estero, Casa de las Culturas en Resistencia, Chaco, Cine Teatro Renzi en La Banda, Centro del Conocimiento en Posadas, Misiones. [48]

En junio de 2015 l Cristina Fernández de Kirchner inauguró 18 nuevas salas que suman 3200 metros cuadrados al museo y la finalización de la remodelación del edificio del Museo Nacional de Bellas Artes.[49] se habilitaron 16 salas de 2845 m² en conjunto, donde se exhiben unas 300 obras de arte del siglo XX.[50] .[51]

También se impulsó la Ley de Derechos de Autor, de Doblaje. El reconocimiento y reglamentación de la industria audiovisual. También se lanzaron los canales INCAA tv, Canal Encuentro y Paka-Paka.

Festejos del del Bicentenario de la Revolución de Mayo

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional organizó el principal evento conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrolló principalmente en un tramo de la más importante arteria de la ciudad, la Avenida 9 de Julio. El festejo comenzó el día 21 de mayo y finalizó el 25 de mayo, «Día del Bicentenario». Si bien la conmemoración se realizó durante todo 2010 en el país, este evento fue el único en el que se encontraron representadas las provincias y países invitados.[52] La convocatoria fue masiva con tres millones de personas reunidas en la Avenida 9 de Julio sede central de los festejos.[53]

Política en Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Respecto al sector agropecuario la soja, que se constituyó en el principal cultivo de Argentina, alcanzó en la temporada 2009-2010 una cosecha récord de 52 millones de toneladas, la cosecha del ciclo 2014-2015 presentó una producción de soja de 61,4 millones de toneladas. [54] La producción de maíz paso de 23,7 millones de toneladas producidas en la temporada 2010-2011 al récord de 25 millones para la temporada 2012-2013. Este crecimiento en el sector agropecuario también se vio replicado en cultivos menores, como el arroz y la cebada, que alcanzaron producciones cercanas a las 2 millones de toneladas en el primer caso, y de 5 millones en el segundo.[55] Se observa una fuerte tecnificación en el sector, la venta de maquinaria agrícola aumentó en 2013 un 97.3 % respecto del mismo período del año anterior.[56]

Ley de Tierras

Durante su mandato se aprobó la ley de tierras que limita la venta a extranjeros al 15 por ciento del territorio nacional y obliga a las provincias a informar en los próximos 60 días la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. [57] [58]

Política en Seguridad

El ARA Almirante Brown (D-10) lidera la formación en un operativo UNITAS diciembre 2007.

Durante su mandato se lanzaron los siguientes operativos:

  • Operativo Cinturón Sur: Tiene por objetivo optimizar el servicio de seguridad ciudadana en la Capital Federal mediante la intervención y cooperación entre los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad federales. La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina ejercen funciones de policía y ejecutan las tareas de prevención e investigación de los delitos en los puntos de mayor incidencia en la geografía porteña.[59] [60]
  • Operativo Centinela: Se realiza mediante el despliegue de seis mil efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano. El Decreto 2099/2010 instruye a las fuerzas de seguridad de la Nación a «profundizar las actividades de prevención para resguardar la seguridad ciudadana» con una inversión de 150 millones de pesos.[61] [62]
  • Operativo Escudo Norte: Se trata de un plan para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte del país. Para detectar a los narcotraficantes (y a cualquier otro avión que ingrese al país sin informar a las autoridades) se usarán radares militares que permiten la identificación, el seguimiento y su captura. Para ello, prevé la instalación de 20 radares terrestres del Ejército, patrullajes con aviones Pucará y la colocación, en Santiago del Estero, del primer radar 3D cuya fabricación ha sido encargada por el Ministerio de Planificación.[63] [64]
  • Operativo Vigía: Impone nuevos controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. Mediante este operativo, se agregan a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escaners de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.[65] [66] [67]

Para solucionar un problema de género, por el que las mujeres no solían ocupar cargos en las fuerzas de seguridad del Estado,[68] el 31 de mayo de 2011 fueron nombradas, por primera vez en la historia, las primeras diez subcomisarias de la Policía Federal.[69] En abril de 2011, mediante la Resolución 167/2011 del Ministerio de Seguridad, se dispuso cambiar el nombre de los tres institutos de formación de oficiales y suboficiales de la Policía Federal Argentina que llevaban nombres de notorios represores. El texto de la Resolución aclara que:[70]

«en el caso de las instituciones formadoras de policías resulta pertinente que sus denominaciones se relacionen con la trayectoria de personas que han contribuido con su accionar a proteger la vida, las libertades, los derechos y las garantías de los ciudadanos».

Resolución 167/2011 del Ministerio de Seguridad

En 2011 fue creado el Centro Integral de Género en las fuerzas de seguridad de Argentina.[71] [72] Se acepto la llegada de oficiales transexuales y transgénero a las fuerzas de seguridad, se instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad federales a respetar la identidad de género, tanto de los agentes de los distintos organismos como de los detenidos y de cualquier ciudadano que realice un trámite en sus dependencias.[73] El objetivo de esta medida fue la de combatir conductas transfóbicas y homofóbicas, a fin de concienciar acerca de cuestiones de género e integrar a las personas transgénero, travestis y transexuales en el ámbito laboral.[74] [75]

En la segunda gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se lanzó el Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad, cuyo principal objetivo es poner a disposición de las jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires aquellas herramientas y recursos que coadyuven al combate del delito y la criminalidad y permitan asimismo generar ámbitos de coordinación y relación interjurisdiccional.[76] Durante su gestión lanzó el programa de radarización. Se habilitó una serie de radares 3D, fabricado por la empresa estatal INVAP, destinado a detectar vuelos ilegales y al control del movimientos de aeronaves que ingresen o salgan del espacio aéreo.[77] También durante su gestión se desarrollaron cuatro coheteras que han sido desarrolladas íntegramente por Fabricaciones Militares y CITEDEF.[78] Los radares RASIT se desplegaron en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, cubriendo la frontera y las principales avenidas de aproximación identificadas por Gendarmería Nacional Argentina de Tránsitos Aéreos Irregulares. Los relevos de escuadrones aeromóviles se realizan aproximadamente cada 30 días[79] para la vigilancia del territorio y de lucha contra las incursiones ilegales en el país para atacar el tráfico de drogas en las fronteras.[80] [81]

Fernández preparó una tarea que incluyera brigadas especializadas en atacar la prostitución infantil. Convocó a la Dra. Eva Giberti para trabajar en la redacción de la Ley contra la Trata de Personas, que busca conseguir que las víctimas sean activas y exijan al Estado la detención del violador.[82]

El 9 de abril de 2008 el Congreso sancionó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.[83]

En agosto de 2008 creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el Delito de Trata.[84]

En el 2011, a través de un decreto, el Gobierno Nacional creó la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM), en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En diciembre de 2011 aprobó el nuevo Estatuto del Peón Rural; en diciembre de 2012 se reformó de la Ley de Trata, que elevó las penas para los explotadores; en marzo de 2013 se aprobó la Ley de Personal de Casas Particulares.

A mediados del año 2012, el gobierno nacional puso en circulación el AFA plus, un sistema biométrico de acceso de público a los estadios, con el objetivo de identificar a violentos para que no puedan ingresar a los estadios. Para asistir a un partido de fútbol de Primera División y del seleccionado argentino, cada aficionado deberá estar inscrito previamente en un Padrón Nacional de Aficionados. El empadronamiento se realizará como un trámite personal en las sedes de los clubes, donde cada persona que desee ir a la cancha deberá registrarse con su nombre, foto, domicilio, número de Documento Nacional de Identidad y sus huellas digitales? donde se empadronaron 111.000 personas.[85] [86]

En 2014 se promulgó la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que prevé la creación de registros públicos en el ámbito del Ministerio de Trabajo y la sanción de aquellos empleadores que no cumplan con el registro de sus trabajadores. También en ese año, en 2014, se votó eliminar la posibilidad de que se extinga la pena a un violador si su víctima acepta casarse con él, figura conocida como avenimiento.

En 2015 promulgó la ley 27.046, que obliga a colocar en aeropuertos, terminales de micros, pasos fronterizos y medios de transporte público una leyenda contra la trata.[87] Según cifras del diario británico BBC, de 2015 hubo 6,6 homicidios cada 100.000 habitantes, una reducción del 12% desde 2003, cuando la violencia llegó a tope, en medio de una fuerte crisis económica.[88]

Política Ambiental

La política ambiental del Gobierno de Cristina Kirchner tuvo básicamente como ejes la reglamentación de las leyes de bosques en 2007 y sanción de la ley de glaciares en 2010.[89] [90] Fue promulgada y reglamentada el 23 fe febrero de 2009 por el Poder Ejecutivo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.

A través de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.),[91] se inició un programa integral para la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento para la población de la Ciudad de Buenos Aires y 17 municipios del primer cordón del conurbano bonaerense. El plan llevado adelante por AySA implicó entre los años 2007 y 2015 una inversión ejecutada de $ 26.174 millones, 727 obras terminadas que benefician a 8 millones de personas dentro del área de concesión de la empresa. La cobertura de agua potable que en 2003 era del 71,1% de la población pasó al 82% en 2015, incorporando 3.881.047 habitantes. Mientras que la cobertura de cloacas pasó del 43,1% en 2003, al 54,4% en 2015, incorporando al servicio a 3.130.225 habitantes.[92] AYSA, desde que fue nacionalizada, lleva ejecutadas obras por 26.714 millones, 727 obras terminadas, más de 8 millones de beneficiarios.[93]

Ley de protección de glaciares

El 10 de noviembre de 2008, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1837/08, a través del cual la presidenta vetó la ley 26.418, mejor conocida como Ley de protección de glaciares, que había sido aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados (136 votos afirmativos, 3 abstenciones y 121 ausencias),[94] y con tres votos en contra en el Senado.[95]

Este proyecto de ley, proponía principalmente la regulación de las actividades permitidas en los glaciares y su entorno, prohibiendo absolutamente las actividades industriales y mineras, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura (con excepción de las científicas) y la liberación de sustancias contaminantes sin importar el volumen de las mismas.[96]

El veto fue fundamentado por el Poder Ejecutivo Nacional en el hecho de que la prohibición de actividades que realiza «el Proyecto de Ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional», haciendo referencia al régimen federal que establece la Constitución y la autonomía que la misma garantiza a las provincias. El decreto menciona al respecto la «preocupación» manifestada por algunos «gobernadores de la zona cordillerana» ya que el texto sancionado «repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias» e invita a los legisladores y gobernadores a resolver la cuestión mediante la constitución de «un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas a adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial».[97]

En 2010 se votó y sancionó una nueva ley de glaciares que fue promulgada el 28 de octubre. Dicha ley 26.639 establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público.[98] El 28 de febrero de 2011 se reglamentó la ley estableciéndose los presupuestos mínimos y la inmediata confección de un inventario de glaciares.

El parque marino costero Patagonia Austral ubicada al norte del golfo San Jorge entre el cabo Dos Bahías y la isla Quintano, en la provincia del Chubut, Argentina, su creación se ratificó por ley n.º 26 446, sancionada el 3 de diciembre de 2008.[99]

Política en Vialidad Terrestre y Aérea

En este aspecto su gobierno fue una continuación de las obras y planes lanzados durante la administración del presidente Néstor Kirchner cuando se lanzó un Plan Vial Nacional que permitió construir 1.300 km de nuevas carreteras, pavimentar 4.100 km.de rutas nacionales y cubrir con obras de mantenimiento la totalidad de la red vial nacional. Además, se llevó la cobertura de obras de mantenimiento a la totalidad de la red vial pavimentada, cuando en el 2003 sólo se alcanzaba a cubrir el 50% de la misma. Debido a estas inversiones, desde 2003 al año 2014 se produjo un crecimiento del 130% de la red vial argentina.[100]

Por iniciativa de Fernández de Kirchner, se crea en 2008 la Agencia Nacional de Seguridad Vial según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, se redujo en el primer año la cantidad de accidentes fatales más de un 9% entre 2008 y 2009. Adjudicando la mejora en las cifras viales al incremento de los controles y la inversión en concientización llevadas adelante por el organismo. En 2012 la tendencia continuaba en descenso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el número estimado de muertes en accidentes de tránsito cada 100.000 habitantes en la Argentina era de 12,6 (el más bajo de Sudamérica después de Chile, que tiene 12,8).[101]

Ferrocarriles

En enero de 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al ministro Randazzo anunció la adquisición de 409 coches eléctricos para las líneas Mitre y Sarmiento a la empresa china CSR Sifang.[102] [103] En mayo de ese mismo año, firmó con la misma empresa un nuevo contrato por 300 coches eléctricos para la línea Roca.[104] [105] En 2014 durante el gobierno de Kirchner se iniciaron los trabajos para la electrificación de los 52,6 kilómetros de vía doble del ramal La Plata y contemplan la intervención de las vías 1 y 2 de los ramales a Temperley y La Plata[106] [107] la obra encarada por el Estado Nacional implicó una inversión de 500 millones de dólares, es parte de la electrificación de 52,6 km de vía doble que unirán la Capital Federal con La Plata, terminando así una obra prometida hace más de 40 años.[108] Obras de infraestructura, como la finalización de la primera etapa del viaducto de Ringuelet, que consiste en eliminar los terraplenes existentes en la zona, y la elevación de más de mil metros de vía doble para mejorar la circulación.[109]

Hacia 2011 se inaugura con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la terminal de trenes y ómnibus de Mar del Plata, en el mismo predio de la vieja estación, con capacidad de un máximo de 1.200 micros y once formaciones ferroviarias por día, con un movimiento mensual de más de 2 millones de pasajeros, la estación está ubicada entre la Avenida Luro, posee superficie de más de 75 mil metros cuadrados. La obra ferroviaria requirió una inversión de 117 millones de pesos.[110]

En julio de 2015 se inauguró la estación Rosario Sur de la línea Mitre con una superficie de 1200 m2 la estación se complementa con la renovación total de las vías y el servicio con formaciones 0 km de la ruta Retiro-Rosario.[111] [112] Todo ello enmarcado en la renovación del corredor ferroviario Buenos Aires-Rosario, con la renovación total de 558 kilómetros de vía ascendente y descendente.[113]

En 2014 se inauguró su extensión hasta la ciudad de Luján y Pilar, retornaba el servicio de trenes entre Luján y Pilar, que fue clausurado en 1978 durante la última dictadura.[114] En 2015 el servicio del ferrocarril San Martín comenzó a funcionar con coches y locomotoras cero kilómetro recientemente compradas, con 160 coches y 24 locomotoras nuevas.[115] [116] [117] durante el gobierno de, fueron renovadas la estación Hurlingham y la de Villa Adelina- por completo, en el marco de un plan que contempla la renovación de estaciones en Buenos Aires y el área metropolitana con una inversión de 2 mil millones de pesos. La línea fue renovada 164 coches nuevos, 24 locomotoras, incrementando la capacidad de transporte en un 37 por ciento.[118] Entre 2010 y 2012 la flota vuelve a cambiar sus colores, ahora optando por violeta, plateado, naranja y negro, con la llegada de mas formaciones doble piso. Tras el quite de la concesión a TBA en 2013, los coches pasaron a una pintura celeste y gris circulando hasta el 21 de julio de 2014, cuando se renovaron por 225 unidades eléctricas múltiples CSR de origen chino, tras más de 60 años de servicio de los coches japoneses. Se mantiene en funciones una formación japonesa de 4 coches, la cual traslada hinchadas de fútbol. El resto se encuentra desafectado en los playones de Haedo, Miguelete, Victoria y Santos Lugares. 11

Compra de material rodante ferroviario

Durante el gobierno de Cristina Kirchner se compraron 40 locomotoras, 25 coches eléctricos y 20 trenes diésel. Al 2014 se llevó a cabo la inauguración del primer tramo de electrificación del ramal ferroviario Constitución-Quilmes de la línea Roca, obra paralizada durante 42 años, también fue inaugurado, por la presidenta Cristina Fernández, la nueva estación City Bell y un paso bajo nivel que demandó una inversión de 150 millones de pesos.[119] [120] También se compraron 709 nuevos coches cero kilómetros en la planta de CSR Qingdao Sifang que llegan a principio de 2014 y que van a sacan de circulación a formaciones de más de 50 años de antigüedad en las líneas Mitre, Sarmiento, Belgrano Sur y Roca. Esta empresa estatal china está en 17 países y desembarcó en Argentina, con la instalación de dos plantas para realizar tareas de mantenimiento del material rodante, generando fuentes de trabajo y aportando una importante transferencia de tecnología fundamental en el proceso de recuperación del ferrocarril. En esta línea, se recuperaron los talleres de Tafí Viejo y se continuaran produciendo los vagones de carga diseñados por Fabricaciones Militares.

Rescate de Aerolíneas Argentinas

El 24 de julio de 2008 la presidenta Fernández presentó un proyecto de ley de rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado Nacional y el grupo Interinvest del 17 de julio de 2008, mediante el cual el estado argentino adquirió las acciones de esas y otras empresas relacionadas.

Aerolíneas Argentinas es la «línea de bandera» de Argentina y había sido privatizada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem. La empresa fue adquirida primero por Iberia y luego por Marsans, incurriendo en serias irregularidades.[121] El proyecto presidencial fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de septiembre de 2008 como Ley 26.412.[122]

La empresa es administrada por Mariano Recalde. En enero de 2010, ocho meses después de su estatización se incorporó la primera aeronave, meses después se incorporaron doce aeronaves nuevas Boeing 737-700.[123] La presidenta Cristina Kirchner respaldó la gestión de Aerolíneas Argentinas.[124] El 20 de septiembre de 2010 fueron incorporadas las primeras dos aeronaves Embraer 190 para Austral Líneas Aéreas, en el marco de una ampliación y modernización de la flota, en total viente aeronaves fueron encargadas al fabricante brasileño Embraer[125] Desde 2009 se modernizó la flota, adquirió simuladores de vuelo y creó nuevas rutas de vuelo intercontinentales, nacionales y regionales. 7 La aerolínea consiguió transformarse en 2012 en el primer miembro sudamericano de la alianza Durante ese período se incrementaron la cantidad de vuelos en un 102% gracias a la ampliación de la flota de 21 a 71 aviones operativos y a la mayor conectividad entre ciudades del interior, la cantidad de pasajeros creció un 80% entre el periodo 2008-2014, pasando de 5,3 millones a 9,7 millones.53

El 7 de febrero de 2011, según un informe de la oficina alemana de JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) Aerolíneas Argentinas figura entre las 10 empresas aéreas más seguras del mundo, que detalla que las diez compañías aerocomerciales más seguras son: British Airways, Air Canada, All Nippon Airways, Qantas, Finnair, Air Lingus, Air New Zeland, Aerolíneas Argentinas, TAP Portugal y Cathay Pacific.68

Hacia 2013, según la Asociación Argentina de Derecho del Turismo, la aerolínea alcanzó 100 días de puntualidad perfecta, asimismo, las partidas de Aerolíneas Argentinas y Austral desde el Aeropuerto de Ezeiza tuvieron una puntualidad de 96,6% y las llegadas de vuelos del 97,3%, cifra superior al 27% de puntualidad que tenía en 2007 antes de ser estatizada.69 A finales de ese año se incorporaron un Boeing 737-800 destinado a vuelos de cabotaje y regionales; un Airbus 330-200 y un Airbus 340-200 para vuelos internacionales. Se así alcanzó la meta de 66 aviones operativos.71 ese año la cantidad de vuelos de la empresa aumentó alrededor de 20%.72

Reestatización de la fábrica de aviones de Córdoba

IA-100 despegando

El 17 de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de reestatización de la antigua Fábrica Militar de Aviones (FMA), empresa pionera en América Latina, creada en 1927 durante el gobierno radical de Marcelo T. de Alvear y privatizada en 1995 durante el mandato del presidente Carlos Menem y entregada bajo concesión a la empresa estadounidense Lockheed Martin.[126] Luego de su privatización la empresa fue conocida como Área Material Córdoba. La nacionalización se realizó en el ámbito del Ministerio de Defensa, a cargo de la ministra Nilda Garré. El 21 de mayo de 2009 la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley aprobando la nacionalización, por 152 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones.[127] Durante este periodo se desarrollo el IA-100 un avión de entrenamiento biplaza que se orienta al segmento de aviones de entrenamiento civil y militar y se caracteriza por estar fabricado íntegramente en materiales compuestos (composites). En 2015 se presentó al público un demostrador tecnológico.3Hasta diciembre de 2015 la empresa estatizada fabricó un avión que fue colocado en exposición y nunca voló.[128] Un informe preliminar realizado sobre la situación en que estaba la empresa al asumir las nuevas autoridades designadas por el presidente Mauricio Macri indicó que en 2015 la fábrica tuvo pérdidas por $ 1400 millones, desvío de fondos por 300 millones, contrataciones y compras irregulares, y a raíz de ello la Justicia Federal de Córdoba inició de oficio una investigación por presunta defraudación.[128]

Política de Derechos Humanos

Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París (7 de abril de 2008).

Durante su presidencia, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), y los indultos del presidente Carlos Menem (1989-1999) que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

La política de derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ha sido uno de los aspectos centrales de sus presidencias. La misma, en general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura.

El 1 de marzo de 2008, al inaugurar formalmente el período de sesiones del Congreso, Fernández cuestionó la lentitud del avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad:

Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo. Es la hora de la Justicia y se viene demorando desde hace demasiado tiempo.[129]

La referencia de la presidenta Fernández a la demora de la Justicia para resolver las causas por delitos contra la humanidad, estaba relacionada con la crítica a la Cámara de Casación Penal realizada por el entonces presidente Kirchner, el 26 de marzo de 2007, por la gran demora en resolver los recursos que presentaban sistemáticamente los represores acusados, causando la parálisis de casi todas las causas.[130] [131] En esa oportunidad Kirchner había sido muy cuestionado por criticar a la Cámara de Casación, por parte de algunos conocidos juristas y políticos opositores.[130]

El 17 y 18 de diciembre de 2008, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por W. Gustavo Mitchell, Guillermo J. Yacobucci y Luis M. García, por dos votos contra uno (Mitchell), ordenó la liberación de 21 represores acusados de delitos de lesa humanidad en la megacausa ESMA, entre ellos Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua en Francia, argumentando que se había excedido el plazo legal máximo de prisión preventiva autorizado por la ley.[132] [133]

La decisión fue severamente cuestionada por Cristina Fernández el mismo día que se dieron a conocer los fallos, en un acto realizado precisamente en la ESMA, transformada en centro para la memoria:

Es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para nuestro Poder Judicial... Confío en que la Justicia argentina coloque a nuestro país en el lugar de donde nunca debería haber salido... Si piensan que pueden amedrentarme porque soy una mujer, que lo olviden: nunca lo van a lograr.[134]

El fallo también fue criticado por dirigentes políticos de diversas tendencias y activistas de derechos humanos. Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, sostuvo que el fallo era «una cachetada, una vergüenza».[135] Por su parte, la diputada Victoria Donda, nacida y despojada de su identidad en la ESMA, acusó al tribunal: «No me sorprende, porque es precisamente esta Cámara de Casación Penal la que tiene una estrategia de beneficiar a los genocidas».[135] Ragmar Hagelin, padre de la adolescente Dagmar Hagelin desaparecida en la ESMA, definió el fallo como «un sacrilegio», «una cachetada en cada mejilla del pueblo argentino» y sostuvo que «es una vergüenza nacional que haya jueces que a esta altura de los hechos tomen una decisión semejante».[136]

Ante el fallo, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, suspendiendo así la liberación de los represores y solicitar en el Consejo de la Magistratura el juicio político contra los dos jueces (Yacobucci y García) que votaron a favor en la decisión.[137]

El 29 de diciembre de 2008 la Corte Suprema tomó medidas para agilizar los juicios de lesa humanidad y simultáneamente culpó al gobierno y al Congreso por las demoras. Mediante una acordada, la Corte reclamó a los juzgados de todo el país la agilización de los juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la última dictadura militar,[138] mientras que el juez Carlos Fayt, respondió a las críticas contra la Cámara de Casación, atribuyéndole la culpa al Congreso Nacional y al gobierno:

No es culpa nuestra, es culpa del Congreso que no ha dictado las normas procesales necesarias que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados.[139]

La Corte también creó en esa ocasión una unidad de superintendencia con facultades especiales para monitorear causas pendientes, pedir información a los jueces sobre avances y demoras en los procesos y establecer medidas que eviten demoras.[140] En la misma ocasión invitó a los demás poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, así como al Ministerio Público Fiscal, a que aceleren las causas.[138]

En 2009, el Poder Judicial anunció el envío a juicio oral de varias causas de crímenes de lesa humanidad. Entre ellas se fijó fecha para el 10 de octubre, en el Tribunal Oral Federal Nº 5, para dos de los diez tramos de la megacausa ESMA, correspondientes a la desaparición de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh, donde serán enjuiciados Astiz, Acosta, Rolón, Pernías, entre otros represores.[141]

El 24 de marzo de 2010 la presidenta Fernández anunció que apoyaría a las Abuelas de Plaza de Mayo en caso de que estas decidieran denunciar al Poder Judicial argentino ante tribunales internacionales, debido a las maniobras dilatorias e irregulares en la causa contra Ernestina Herrera de Noble, propietaria del multimedio Clarín, por el presunto secuestro y robo de identidad de dos hijos de desaparecidos a los que haría pasar como hijos, una de las causas más demoradas dentro de las investigaciones relacionadas con el tráfico de bebés en el Proceso de Reorganización Nacional.

Política en Economía

Poder de compra de un salario mínimo de 2003 contra un salario mínimo de 2013[142] [143] [144] [145]
Producto o servicio Agosto 2003 ($260) Enero 2015 ($4400)
Precio Cantidad por sueldo Precio Cantidad por sueldo
1 L de nafta súper $1,89 137 litros $11,70 376 litros
1 periódico $1,80 144 ejemplares $8 550 ejemplares
Bajada de bandera taxi $1,28 203 viajes $12,65 347,8 viajes
1 kg de helado $22 11,8 kg $110 40 kg
1/2 kg de yerba $1,28 203 paquetes $19,75 223,3 paquetes
1 kg de azúcar $1,32 196 paquetes $7,10 619,7 paquetes
1 L de leche $1,40 185 litros $8,10 440 litros
1 kg de zanahoria $1,30 200 kg $6,90 637 kg
1 kg de lechuga $0,75 346,6 kg $12 366 kg
25 saquitos de té $1,59 163 cajas $5,30 830,1 cajas
1 viaje en colectivo en Buenos Aires $0,75 346 viajes $3 1466,6 viajes
1 ómnibus Buenos Aires - Mar del Plata $40 6,5 viajes $240 13,75 viajes
Alquiler departamento promedio $500 0,52 $3000 1,5
Universidad privada $400 0,65 $3500 1,25

La política económica que sigue es expansionista. El PIB per cápita para 2011 medido en paridad de poder adquisitivo de USD 17 376, es el más alto de América Latina.[146] Durante su presidencia también se registra un aumento de la Inversión Bruta Interna Fija: en 2009 representó el 20,6% del PBI Creció fuertemente en 2010 y 2011, hacia el 2012 alcanzó el nivel récord del 24.1% del PBI, finalizando el año en 25.1% del PBI.[147] El nivel promedio de inversión, que entre 1993 y 2001 fue del 19 por ciento del PBI, escaló a una media del 22,5 por ciento entre 2006 y 2011, con un pico del 24,5 por ciento en 2011.[148] [147] Se registra un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.[149]

La política cambiaria consiste en mantener un dólar estadounidense alto. Por su parte, la política fiscal representa una presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica.[150] Se critica la regresividad del sistema impositivo argentino. El Impuesto a las ganancias de las personas físicas representa algo más del 5% del Producto Interno Bruto, por debajo de Brasil (7,7%), Chile (8,4%) o Estados Unidos (10,2%).[151] Los productos de primera necesidad pagan entre el 0% y el 10.5% del IVA, el resto de los productos un 21%.[152] El PIB per cápita para 2011 medido en paridad de poder adquisitivo de USD 17 376, es el más alto de América Latina165 En los niveles de desempleo se observa una constante baja durante este período: 17,3% 2003; 14,8% en 2004; 11,6% en 2005; 8,7% en 2006; 7,9% en 2008. 166 En 2011 el desempleo bajó al 6.7 por ciento, la tasa tocó un mínimo en 20 años, es el nivel más bajo desde octubre de 1991. 167 Además, la desigualdad medida a través del Coeficiente de Gini se redujo de 0,534 en 2003168 a 0,371 en 2013 169 convirtiéndose en el país mas igualitario de América Latina. 170

Hacia el 2011 el Cepal informó que la pobreza descendió al 5.7 por ciento y la indigencia al 1.9 por ciento, posicionando a la Argentina como el país con menos pobreza de Latinoamérica y el segundo con menor indigencia. 171 La clase media en Argentina se duplicó en la última década, destacándose además como el país latinoamericano con el mayor aumento de su clase media como porcentaje de la población total, la clase media aumentó en ese período de 9.3 millones a 18.6 millones de personas. 172

A partir del crecimiento económico los bancos otra vez ganaron depósitos: pasaron de $169.729 en diciembre del 2006, lo que implica un crecimiento de más del $618.617 millones (aproximadamente 117.000 millones de dólares) en 2013. 189

La industria automotriz es el segundo sector industrial más relevante en términos de Inversión Extranjera Directa, en el período 2008-2013, se registró inversiones por 16.900 millones de pesos en empresas automotrices, orientados a la producción de nuevos modelos, ampliación de plantas, desarrollo de proveedores y capacitación. 194El sector automotriz, experimentó durante la última década un crecimiento exponencial de producción de casi el 400%. 195

Aumento de la inversión extranjera

La inversión extranjera directa en la Argentina alcanzó los 9.753 millones de dólares en 2008, experimentando un gran crecimiento con respecto a años anteriores y por sobre el promedio del período 1992-2008 de 5.300 millones de dólares.[153] En el primer semestre de 2012, los ingresos de IED al país fueron un 42% superiores a los de igual período de 2011.[154] Durante el año 2012 la inversión extranjera directa llegó a 12.551 millones de dólares, la cifra más alta en la última década. Registró un aumento del 27% respecto del 2011, frente a un crecimiento de 6,7% del resto de América Latina.[155] La medidas impulsadas por el gobierno han alentado la reinversión de ganancias en el mercado interno argentino, que alcanzaron en 2012 los 7.984 millones de dólares, más del doble que en 2011.[156] Argentina se convirtió en el quinto país latinoamericano con mayor recepción de IED, por detrás de México (12.659 millones) y por delante de Perú (12.240 millones).[157]

Política laboral

Entre el año 2002 y 2010, se observa un incremento del 66% de trabajadores registrados, mientras que en los períodos previos, desde 1974 hasta 2002, el aumento llegó apenas a ser entre 12% y del 15%. Este aumento de los empleos registrados hizo retroceder al empleo en negro o no registrado, del 50% que representaba en el año 2002 a un 35% en 2010

Inflación

Variación del coeficiente salarial a nivel país. Base cuarto trimestre 2001 = 100. Se observa una recomposición ininterrumpida del salario real.[158]

La inflación fue en 2012 según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) del 10.7% anual[159] y de aproximadamente del 9.9% según el FMI.[160]

Cristina Fernández de Kirchner asumió su gobierno con una crisis institucional en el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), cuestionado por la verosimilitud de sus índices de costo de vida desde la intervención llevada a cabo por el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno a partir de enero de 2007,[161] [162] que algunos estudios privados han ubicado en más del doble de la inflación oficial.[163] [164] El índice sirve para determinar el monto que el gobierno ha decidido pagar en concepto de intereses de la denominada deuda externa, en función del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). Algunos observadores y dirigentes políticos han sostenido que tanto el gobierno argentino, como grupos económicos privados acreedores de títulos de la deuda externa, pujan por influir en la forma en que se calculan los índices en el Indec, con el fin de reducir la deuda externa en el caso del gobierno, y de aumentarla en el caso de los acreedores. Por otro lado, existen investigaciones y fallos judiciales que determinaron el carácter ilegítimo y fraudulento de una gran parte de la llamada «deuda externa».[165] [166] [167]

Serie desestacionalizada del estimador mensual de la actividad industrial. Base 2006 = 100. Se observa que creció hasta llegar a su máximo en marzo de 2012 con un 35 % más de actividad industrial.[168]

Otro de los puntos destacados es la creación de programas de distribución de alimentos a precio de costo. Entre ellos «Carne para todos», «Lácteos para todos» y «Milanesas para todos». Según muchos economistas, entre ellos Maximiliano Montenegro, se critica a estos programas por ser insuficientes para contrarrestar la inflación.[cita requerida]

La crisis económica mundial de 2008-2009

La crisis económica de 2008-2009, iniciada en los Estados Unidos, tuvo su primer efecto en la Argentina con el aumento exponencial del precio internacional de los granos que llevó al llamado «conflicto del campo», durante el cual las organizaciones de productores agropecuarios se opusieron a un alza de las retenciones a las exportaciones, consiguiendo finalmente que el Congreso anulara las medidas adoptadas por el gobierno en la Resolución 125 / 2008.

El 23 de septiembre, en su discurso en la 63.ª Asamblea General de la ONU, la presidenta Fernández denominó a la crisis como el Efecto Jazz, aludiendo a su origen en Estados Unidos, en clara contraposición a las denominaciones que los centros económicos utilizaron para denominar a las crisis anteriores que se originaban en países emergentes, como fueron el Efecto Tequila, Efecto Caipirinha, el Efecto Arroz y el propio Efecto Tango, como se conoció la crisis argentina de 1998-2002. La presidenta cuestionó también a los «gurúes económicos» que defendían el modelo económico estadounidense y criticaban las medidas anticrisis tomadas por los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, para ratificar su adhesión de fondo al enfoque neodesarrollista de las mismas.[169]

En octubre de ese año la presidenta puso en marcha un Comité de Crisis de alto nivel, para realizar un monitoreo permanente de la emergencia y recomendar medidas, integrado por el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, los presidentes del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, y el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).[170]

A partir del 26 de noviembre, la presidenta Fernández anunció en diversas etapas un plan anticrisis compuesto por las siguientes acciones:[171] [172] [172]

  • Creación de un Ministerio de Producción.
  • Paquete anticrisis integrado por tres herramientas:
    • Moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro;
    • Blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes;
    • Blanqueo y repatriación de capitales.
  • Créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés. Los fondos se asignaron con el siguiente detalle: heladeras y otros bienes del hogar (3500 millones de pesos), automóviles (3000 millones de pesos), pequeñas y medianas empresas (3000 millones de pesos), campo (1700 millones de pesos), industria (1250 millones de pesos), camiones (650 millones de pesos). En un segundo anuncio se asignaron créditos al turismo sin interés (330 millones de pesos) y de bienes de consumo (200 millones de pesos).[173]
  • Plan de obra pública, por 21.000 millones de dólares, con el fin de impulsar el resto de la economía y duplicar los puestos de trabajo en el sector, creando unos 360.000 empleos.
Barack Obama y Cristina Fernández en la reunión del G20 en 2009.

El plan fue apoyado por las dos centrales sindicales (CGT[174] y CTA), la Unión Industrial Argentina que agrupa a los empresarios industriales, y CONINAGRO, que agrupa a las cooperativas rurales. Fue criticada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA), ambas asociaciones que agrupan a los propietarios y productores rurales.[175]

Por su parte, en octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que decidió no incluir a la Argentina en el Plan Anticrisis del organismo, «por sus antecedentes negativos», haciendo referencia a la catástrofe económico-social padecida durante la crisis de 1998-2002, cuando la economía del país era dirigida de acuerdo a las pautas del Fondo.[176]

Debido a que la Argentina integra el G20, Cristina representó al país en las cumbres de esa instancia mundial durante la crisis económica de 2008-2009. Entre las medidas propuestas por Cristina se destacó la de incorporar al G20 a la Organización Internacional del Trabajo (OIT),[177] propuesta que se concretó en la tercera cumbre realizada en Pittsburg en septiembre de 2009.[178] La presión de Cristina y Lula en la segunda cumbre realizada en Londres en abril de 2009, permitió también que se quitara de la declaración final la mención elogiosa de la flexibilidad laboral que se hacía en el borrador del documento.[179]

Medidas contra la fuga de capitales

Durante la crisis económica de 2008-2009 que sufrió la economía mundial, se inició una fuga de capitales muy pronunciada. El entonces director de la ANSÉS, Amado Boudou, ideó un plan para estatizar todos los fondos que se encontraban en las AFJP lo que permitió tener disponibilidad. Asimismo otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Producción, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13.200 millones de pesos (4.400 millones de dólares), asignados a través de la banca privada, a bajo interés.

Política en Comunicación

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión 22.285 creada por la última dictadura. Poco después de sancionada la ley, se suspendió judicialmente la aplicación del 161, que impone como límite un año desde la reglamentación para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma; tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia,[180] la ley entró completamente en vigor el 29 de octubre de 2013.[181] Como consecuencia de la ley, se concedieron 1000 nuevas licencias de radio y televisión, y ha creado cerca de 100 000 puestos de trabajo.[182]

Argentina se encuentra en plena migración hacia la televisión digital abierta y esto, junto a la nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la multiplicación de la cantidad de señales audiovisuales[183] [184] [185] y espacios relacionados a la creación estatal de contenido y demás,[186] [187] principalmente en el interior del país, donde todavía se consumen productos de la televisión de Buenos Aires.

Otros aspectos que resaltan son la aparición de varios nuevos diarios de tirada nacional[188] y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa.[189] [190] [191] [192] Finalmente, el 29 de octubre de 2013, cuatro años y diecinueve días después de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley. Además, resolvió que los plazos para el total cumplimiento de la ley se encontraban entonces vencidos desde el 7 de diciembre de 2012, por lo que obligaba la adecuación se hallaran excediendo el límite de licencias, dando paso a la aplicación efectiva e inmediata de la totalidad de la Ley de Medios en Argentina.[193] [194] [195] [196] [197]

Ley de servicios de comunicación audiovisual

En el año 2007, Cristina Fernández de Kirchner prometió en su plataforma electoral presentar un proyecto de ley de radiodifusión que reemplazara la sancionada por la dictadura militar en el año 1980. El punto había sido incluido también en la plataforma electoral de Néstor Kirchner, pero finalmente no pudo llevarse a cabo durante su mandato.[198]

Dos años más tarde, el 18 de marzo de 2009, la presidenta Fernández hizo público su proyecto de Ley de Radiodifusión, en un acto realizado el Teatro Argentino de La Plata,[199] proyecto que tomaba como base los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación consensuados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática,[cita requerida] un grupo de más de 300 organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos, sindicales y de pequeñas y medianas empresas que, tras meses de trabajo en conjunto, propusieron el día 27 de agosto de 2004 una lista de 21 puntos básicos que, según su criterio, debía tener la nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la sancionada por la última dictadura militar.[200]

El Congreso de la Nación Argentina visto desde la Plaza del Congreso, con la estatua El Pensador de Rodin en primer plano. El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue enviado a la Cámara de Diputados el día 27 de agosto de 2009.

Como algunos partidos políticos de oposición habían solicitado que el proyecto no fuera presentado al Congreso Nacional antes de las elecciones parlamentarias del 28 de junio, en agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley para reemplazar la anterior Ley de Radiodifusión del gobierno de facto. Dicho proyecto estaba basado en una propuesta de veintiún puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país. El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados y aprobado por esta instancia luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En el Senado, fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra, convirtiéndose en ley.

No obstante, el Grupo Clarín impugnó la aplicación de cuatro artículos de la Ley (41, 45, 48 y 161) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, cuestionando aspectos que limitaban la acumulación de licencias de televisión por aire y por cable y que obligaban a la desinversión, en consecuencia, de aquellos grupos económicos que se hallaran más allá de esas limitaciones (entre ellos el propio Grupo Clarín). Esta postura de la empresa paralizó la plena aplicación de la Ley durante más de cuatro años, durante los que el Grupo Clarín logró evitar su propia adecuación a los artículos 41, 45, 48 y 161, manteniendo en el ínterin la posesión de la totalidad de sus licencias de medios de comunicación.

Finalmente, el 29 de octubre de 2013, cuatro años y diecinueve días después de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y tras haber pasado el proceso por distintas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley. Además, resolvió que los plazos para el total cumplimiento de la ley se encontraban entonces vencidos desde el 7 de diciembre de 2012, por lo que obligaba la adecuación y consecuente desinversión de aquellos grupos económicos que se hallaran excediendo el límite de licencias, poniendo fin a la larga controversia judicial y dando paso a la aplicación efectiva e inmediata de la totalidad de la Ley de Medios en Argentina.[201] [202] [203] [204] [205]

La composición del fallo de la Corte Suprema de Justicia fue la siguiente: Seis votos por la afirmativa (Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, con la salvedad de que Dres. Maqueda y Argibay lo hicieron con algunas consideraciones respecto de los plazos de adecuación) y uno por la negativa de toda la Ley Carlos Fayt, el fallo establecía que es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado. Los jueces consideran que este tipo de regulaciones es una práctica internacionalmente difundida y aceptada. Citan numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como fallos nacionales e internacionales.[206]

Despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público

El 11 de septiembre de 2009 la presidenta Fernández presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley con el fin de despenalizar las calumnias e injurias para expresiones de interés público.[207] [208] El proyecto se relaciona con la libertad de expresión y la libertad de prensa y respondió a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2 de mayo de 2008, en el caso Eduardo Kimel c/ Argentina, al periodista argentino Eduardo Kimel, condenado a un año de prisión, en el año 2000, por sus cuestionamientos a un juez realizadas en una investigación periodística sobre la masacre de los sacerdotes palotinos en la iglesia de San Patricio en 1976, durante la dictadura militar que gobernaba en ese momento, publicada como libro bajo el título de La masacre de San Patricio.[207]

El proyecto propuso derogar el artículo 112 del Código Penal vigente en ese momento, que establecía el llamado «delito de calumnias o injurias encubiertas»,[209] y agregar en el texto de los restantes artículos referidos a los delitos de calumnias e injurias, que «en ningún caso configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas».[207] El proyecto adoptó una posición radical en la materia, despenalizando absolutamente todo tipo de expresiones, cuando estén referidas a asuntos de interés público o no sean asertivas. De ese modo el proyecto fue más allá de la doctrina de la real malicia, que había establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo Morales Solá,[210] y que sostiene que en el caso de los periodistas, había que probar que sabían que la noticia era falsa, o al menos, que tuvieron una notoria imprudencia el momento de verificar su veracidad como no haber 'chequeado' las fuentes.[211]

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 28 de octubre de 2009,[212] [213] con 154 votos a favor, 12 en contra (de ellos 4 de Propuesta Republicana-PRO), 2 abstenciones, y la ausencia de 91 diputados.[214] [215] En el Senado el proyecto fue votado el 18 de noviembre de 2009, siendo aprobado por unanimidad de los 51 senadores presentes, aunque estuvieron ausentes 21 senadores.[216]

El Comité para la Protección de los Periodistas, entidad internacional con sede en Nueva York, felicitó a las autoridades argentinas por la sanción de la ley, señalando que «es un paso importante hacia el avance de la libertad de expresión en Argentina y marca un hito en la campaña para despenalizar la difamación en América Latina».[217]

Declaración de utilidad pública de la producción y comercialización de papel para diarios

Con el objetivo de asegurar el acceso igualitario al papel para diario, y eliminar las restricciones de un insumo básico para la libertad de expresión,[218] se declaró en 2010 de utilidad pública la producción y comercialización de papel para diarios, donde Papel Prensa S.A. es el único proveedor local.[219] La medida fue respaldada por diferentes asociaciones vinculadas a medios gráficos como Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (DYPRA) y La Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADICCRA).[220]

Política Distributiva

Generalización de la asignación familiar por hijo

El 28 de octubre de 2009, Cristina Kirchner sancionó el Decreto 1602/09 creó la Asignación Universal por Hijo, estableciendo la generalización de la asignación familiar por hijo para todos los niños menores de 18 años cuyos padres se encuentren desocupados o trabajen en la economía informal por una remuneración que no sea superior al salario mínimo, vital y móvil, incluyendo los monotributistas sociales.[221]

Para percibir el beneficio, los padres deberán acreditar haber cumplido el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. A partir de mayo de 2011 se extendió a las mujeres embarazadas desde 12 semanas de gestación.

La medida fue decidida con el fin de cubrir las necesidades mínimas de todos los niños del país que se encuentren bajo la línea de pobreza. El ministro de Trabajo Carlos Tomada consideró que se trata de una extensión del sistema de seguridad social que en una primera etapa el plan estaría en condiciones de eliminar la pobreza extrema (indigencia) y reducir considerablemente la pobreza (canasta mínima vital).[222] Esta medida desde el punto de vista de la distribución de la renta es progresiva, además posicionó a Argentina como el país con mejor seguridad social de Latinoamérica.A partir de mayo de 2011, las prestaciones se complementaron con en lanzamiento de la «asignación universal por embarazo (AUE) para protección social», que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las doce o más semanas de gestación.2 A mediados del año 2013, más de 3,5 millones de niños y adolescentes se encontraban cubiertos por esta asignación.3

Según estudios del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, dependiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), la pobreza total del país gracias a la AUH se redujo del 26,0 % al 22,6 % en 2010, sacando de la pobreza entre 1,4 y 1,8 millones de personas, de las cuales entre 0,7 y 1,1 millones eran menores.26 27

Siguiendo la misma tendencia, la indigencia disminuyó del 7,5 % al 3,4 %. Además la brecha entre ricos y pobres, que luego de la crisis económica de 2002 se situaba en 39,4 veces, cayó desde 24,8 veces (en 2009) hasta 14 veces (en 2010), llegando al nivel más bajo desde 1986 y posicionando a Argentina nuevamente como el país más igualitario de Latinoamérica. Por otra parte, el número de chicos escolarizados a nivel nacional ha aumentado un 27 %..26 27

Reducción de la pobreza

En un proceso iniciado por Néstor Kirchner desde el 2003 hasta el 2009, duplicó la clase media en la Argentina, que pasó desde los 9,3 millones a los 18,6 millones en ese último año, según datos del Banco Mundial. Esto transformó a la Argentina en el país con mayor crecimiento de dicho segmento de la población en toda América Latina.[223]

Entre el 2006 y 2009 la pobreza en Argentina disminuyó de 21% a 11.3%.[224] Según el área geográfica, el porcentaje de personas pobres en el área urbana es del 11.4%, en el área metropolitana 9,6% y en el resto del área urbana del 13.3%,[225] Entre los años 2010 y 2011 la pobreza continuó reduciéndose del 8.6% al 5.7%, para ubicarse como la más baja de América Latina.[226]

Según un informe de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 5.7%, lo que ubicándose como la más baja en América latina, detrás de Uruguay (6.7%) y Chile (11.4%). La indigencia disminuyó del 7,2% al 1,9%.[226]

Televisación del Deporte

El 11 de agosto de 2009, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino rompiera su contrato de televisación con la empresa TyC Sports, el gobierno nacional le propuso la adquisición de los derechos ofreciendo 600 millones de pesos (el contrato anterior con TyC era de 268 millones de pesos). La principal condición sería la transmisión de todos los partidos en directo.[227] y que el excedente de ganancia por publicidad y comercialización se destine al deporte amateur. Así el Estado Nacional adquirió los derechos de televisación del fútbol de primera división y creó el Fútbol para todos, permitiendo la transmisión por televisión abierta de todos los encuentros.

El 24 de febrero de 2011 la presidenta, a través del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, firmó un convenio por el cual se liberó la transmisión de todos los eventos deportivos de interés masivo. Entre los eventos acordados se destacan la participación argentina en campeonatos mundiales, olímpicos y panamericanos, todas las instancias finales de esos torneos, torneos de fútbol organizados por la Confederación Sudamericana. Encuentros de fútbol Nacional B, Argentino A, Argentino B y torneo del Interior donde el equipo participante tenga relevancia. Turismo Carretera, TC2000 y Top Race. Liga Nacional de Básquet y los torneos locales de rugby y vóley para la zona donde el equipo tenga relevancia.

Reestatización del Sistema Previsional

El 21 de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que elevaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones.[228] [229] [230] [231] [232] [233] Esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado[234] y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.[235] [236] [237] [238] [239] [240]

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de la Ansés (Administración Nacional de la Seguridad Social) y posteriormente vicepresidente de la Nación.

Un día después del envío del proyecto de reestatización de los fondos al Congreso, el de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Guillermo Marijuán, presentó una denuncia ante el juez federal Claudio Bonadío en la acusaba a diez entidades AFJP de «administración fraudulenta a raíz de la presunta liquidación de bonos del Estado».[241] La supuesta maniobra de las AFJP consistía en desprenderse de los títulos de deuda pública y obtener dólares, ante la inminente estatización de los fondos que administraban. La operación habría consistido en la venta a bajo precio de bonos públicos, por un total de 140 millones de dólares. Esto habría producido, según la sospecha del fiscal, una dilapidación de los fondos de los jubilados, la obtención de dinero en efectivo por parte de las AFJP y el alza de la moneda estadounidense.[242] A raíz de esta presentación, el juez Claudio Bonadío prohibió a las AFJP operar por siete días, dictando orden de «no innovar» hasta que se aclarara esta situación.[241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249]

Pese a la amenaza por parte del representante de las AFJP, quien aseguraba que recurriría a «todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados»[250] y la existencia de posteriores excepciones (en casos puntuales) al traspaso de los fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social que se tramitaron en la justicia,[251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] el proyecto fue enviado para su apreciación en la Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, por 160 votos afirmativos, 75 negativos y dos abstenciones.[258] [259]

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue encaminado al Senado, donde se sometió a votación en la noche del 19 de noviembre del mismo año, siendo sancionado por una amplia mayoría[260] de 46 votos afirmativos, contra 18 negativos y una abstención.[261] [262] [263] [264] Con esta sanción por parte de Senado, el proyecto se convertía entonces en la Ley 26.425, que estatizaba el sistema provisional y ponía fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esta Ley entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2008.[265]

Aunque la decisión de estatizar las AFJP ayudara a la caída en las acciones en la Bolsa de Madrid de empresas españolas que en ese momento tenían intereses en Argentina, como Telefónica y Repsol (que controlaba YPF, empresa que más tarde vendría también a ser reestatizada), el embajador español en Buenos Aires, Rafael Estrella consideró el traspaso de las AFJP al estado nacional «una decisión soberana del gobierno argentino» y sostuvo en la ocasión que ese traspaso «no afecta para nada al gobierno español, ni a las relaciones con la Argentina».[266] [267] [268] [269]

A respecto de la estatización de los fondos jubilatorios, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que «Cuando los recursos de los trabajadores estaban en manos de los privados, se pagaron 12.200 millones de dólares en comisiones, más de 50.000 millones de pesos».[270] Por su parte, el nuevo titular de la Ansés (Administración Nacional de la Seguridad Social), Diego Bossio, aseguró que «si las AFJP existieran [al día de hoy], serían usureras»[271] y el vicepresidente Amado Boudou (quien precediera a Diego Bossio al frente de la Ansés), afirmó qué «si siguieran las AFJP sería un drama […] para las personas que se hubieran jubilado en este tiempo, ya que sus fondos no valdrían nada».[272]

Más allá de estas declaraciones de funcionarios, de acuerdo con un informe de Ansés publicado a mediados de 2011, el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP[273] [274] y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200.000 millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquél momento llegó a 201.027 millones de pesos.[275]

Creación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad

El 4 de diciembre de 2008 se promulgó la Ley 26.425[276] que en su artículo primero dispone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino(SIPA). Las disposiciones reglamentarias terminaron de configurar el nuevo sistema y el total de los fondos administrados por las AFJP se traspasaron en especie al FGS, el cual redefine su denominación: Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El FGS está compuesto por diversos tipos de activos financieros. En el momento del traspaso, 5 de diciembre de 2008, estaba valuado en 98.224 millones de pesos; a diciembre de 2012, su valuación asciende a 244.700 millones de pesos.

Según diversos estudios la nacionalización del sistema previsional y la estatización de los fondos de las AFJP permitió una administración de los recursos más transparente generando resultados positivos, incrementando los recursos e incluyendo más personas al sistema previsional. Desde su estatizacion se dio un crecimiento de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que pasó de $ 98.083 millones en 2008 (último año privado) a $ 482.660 millones en 31 de octubre de 2014, significando un crecimiento del 392,1%.[277] Asimismo el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP[278] [279] y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 mil millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98.224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquél momento llegó a 201.027 millones de pesos.[280]

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses acumuló, para el año 2013, un total de 280.567 millones de pesos. El monto del FGS, un stock que el Gobierno concibe como reaseguro del sistema de seguridad social, se triplicó desde la estatización de los fondos que antes estaban en poder de las AFJP[281] y trepando hasta los $ 482.660 millones en 31 de octubre de 2014, un crecimiento del 392,1%.[277] En cuanto al número de afiliados, gracias a la ley 25.994, dictada por la presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, se incorporaron al sistema previsional más de 2,5 millones de personas que hasta entonces estaban excluidas de la cobertura. En 2003, durante el régimen privado había 3,5 millones de jubilados y pensionados, y se destinaba un 4,5 % del PBI a jubilacones. En los últimos cinco años, el universo de jubilados pasó de 3,2 millones a 5,6 millones [282] bajo el sistema estatal Argentina alcanzó en 2015 los niveles de cobertura jubilatoria más altos de América Latina. Un informe del Banco Mundial destacó la política de protección social al señalar que el haber jubilatorio mínimo es equivalente a 442 dólares, es el más alto de toda América Latina.[283] CEl Plan Raíces o Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior, llamado también R@íces, es un plan del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva[284] destinado a establecer redes de conexión entre los científicos argentinos en el exterior y la ciencia que se desarrolla en la Argentina, llegando de ser posible a la repatriación de los científicos involucrados en el programa.[285] Comenzó en 2003,[286] durante la presidencia de Néstor Kirchner y fue institucionalizado a través de una ley durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2008.[285] Hasta julio de 2011 se consiguió la repatriación de 834 científicos[287] [288] y el 7 octubre de 2013 se presentó a la científica repatriada número 1.000,[289] logrando revertir -en conjunto con otras medidas y programas- la tendencia histórica de fuga de cerebros que existía en la Argentina.[285]

Planes de Vivienda

Respecto a la construcción de viviendas sociales, a septiembre de 2011 se concluyeron en todo el país más de 630 000 soluciones habitacionales que benefician alrededor de 2 800 000 personas. Los planes más importantes son el Programa Federal de Construcción de Viviendas con más de 166 000 viviendas, el Fondo Nacional de la Vivienda con más de 160 000 y el Programa Federal Mejor Vivir con más de 75 000. En el año 2012 se creó el plan PRO.CRE.AR que tiene como objetivo la construcción de 100.000 viviendas en 4 años y créditos a bajas tasas para familias que ya poseen un terreno propio[290]

Política Energética

Represa Punta Negra inaugurada en 2013.

Uno de los primeros planes fue el total reemplazo a nivel nacional de las lámparas incadescentes por las de bajo consumo, como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica. Es plan incluyó la entrega gratuita de tres lámparas por hogar. Posteriormente se implementó a través de la norma IRAM 11900 el etiquetado energético de los artefactos eléctricos.

Esto se acompañó con la construcción de decenas de nuevas centrales eléctricas que se unen al Sistema Interconectado Nacional. Se concluyó junto al Paraguay la construcción de la represa de Yacyretá, se concluyó el proyecto Atucha IIse instalaron casi 4.500 kilómetros de Líneas de Extra Alta Tensión (LEAT) y alrededor de 5.000 km de Alta Tensión (AT) y Media Tensión (MT). Además, hasta 2003, la red argentina tenía un esquema en el que estaba separado en dos sistemas, el “nacional” (SADI) y el patagónico. Pero la Red cambió sustancialmente su diseño a partir de 2007, cuando el Sistema Patagónico se incorporó al SADI; luego, se construyó el Tercer Tramo: Línea Yacyretá-Buenos Aires, lo que permitió utilizar la mayor generación de Yacyretá; más tarde, se realizó la Interconexión NEA-NOA, con lo que se logró el cierre norte del SADI. Posteriormente, se sumó la construcción de la Interconexión Comahue-Cuyo- con un crecimiento en los últimos seis años, período en el que se agregaron casi 9.000 km de líneas.[291]

En 2011 en la ciudad de Río Cuarto se inaugura la ampliación de la Central Termoeléctrica Modesto Maranzana, con inversión de alrededor de 200 millones de pesos, compuesta por dos Turbogrupos en p de 35 MW, cada uno.[292]

En 2012 se inauguró la central Guillermo Brown, ubicada en las afueras de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, que demandó una inversión de 550 millones de dólares para la compra, instalación y puesta en operación de dos turbinas a gas ya aportan 580 megavatios a la oferta existente en el Sistema Interconectado Nacional.[293]

En 2007 aw inició la construcción de la primera turbina termoeléctrica a carbón de la Argentina, implicó una inversión de más de 9.000 millones de pesos y dio trabajo a más de 2.800 personas.[294] Gracias a las inversiones realizadas en el último tiempo, YCRT, en lo que multiplicó 2,5 veces su producción respecto al 2011. En el año 2012 se incorporaron seis tuneladoras. Para 2013 alcanzó una producción de 450 mil toneladas de carbón.[295] Hacia noviembre de 2013 se realizan obras de mantenimiento de la caldera 03 con la incorporación de accesorios de última tecnología para optimizar la capacidad de producción de energía. Gracias a las inversiones realizadas, YCRT multiplicó 2,5 veces su producción respecto al 2011. Para 2013 la mina cuenta con una reserva proyectada de 450 millones de toneladas de carbón.[296] En 2015 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró una central Termoeléctrica.[297] y la interconectó al sistema eléctrico nacional. La central generará 240 megavatios de energía a partir del carbón proveniente del yacimiento Río Turbio, aunque también podrá funcionar a gas natural. La inversión total para el desarrollo de la central asciende a los 700 millones de dólares.[298] [299]

En 2014 se amplió el sistema de transmisión de 500 kV en una extensión de 368 km de línea. Una de las ampliaciones de la red se dio con la entrada en servicio de la línea que une las estaciones de Lavalle y de Santiago en la provincia de Santiago del Estero, la que permite mejorar la confiabilidad y seguridad de abastecimiento de la demanda en la zona. El otro nuevo vínculo fue la entrada de la línea de 500kV, en dos tramos, entre las estaciones de Choele Choel en Río Negro y Bahía Blanca en el sur de la provincia de Buenos Aires.[300]

Se impulsó la construcción el Gasoducto del Noreste, que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Salta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que todavía no cuentan con este servicio.

A través del Plan Energético Nacional 2007-2019, Argentina ha comenzado a reducir la participación hidrocarburífera en la matriz primaria y, paralelamente, inaugurado una política en energías alternativas y renovables exitosa. En la actualidad, la oferta nuclear e hidráulica supera el 8%, con las renovables eólica y biocombustibles en fuerte ascenso. Para 2015 se prevé que las primeras pasen al 17% y las segundas a más del 8%. Con la Ley 26.190, aprobada por el gobierno de o Ley de Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Con esta normativa, aprobada a fines de 2006, el país dio el primer y estratégico paso en el insoslayable camino de la diversificación energética.[301] se encararon una gran cantidad de obras públicas como la inversión en energía por más de 80.000 millones de pesos, instalando más de 8.700 megavatios, tendiendo más de 4.000 kilómetros de líneas de alta tensión y ampliando en 20 millones la capacidad de los gasoductos.[302]

Enrsa construyo entre 2011 y 2014 el parque Loma Blanca IV, en inmediaciones de la ciudad de Rawson. El proyecto, constituido por cuatro módulos de 50 MW, es uno de los más importantes de energía eólica de Sudamérica. Implicó una inversión de 126 millones de dólares, que genera energía suficiente para abastecer el consumo anual de casi 70.000 hogares, y evitará la emisión a la atmósfera de unas 128.000 toneladas anuales de CO2. A su vez, implicará un ahorro anual en combustible de 48 millones de m3 de gas natural (equivalente al consumo de 40.000 hogares) o bien de 45.875 m3 de gasoil.El terreno de 4.100 hectáreas contiene 17 aerogeneradores.[303]

En 2013 se habilitó el Parque Eólico El Tordillo, ubicado a 40 km. al oeste de Comodoro Rivadavia, en la Provincia de Chubut, administrado conjuntamente entre Vientos de la Patagonia I S.A., empresa perteneciente a ENARSA y a la Provincia de Chubut – titular del proyecto- tendrá a su cargo la operación del primer parque eólico de potencia construido y conectado a la red con tecnología nacional.[304]

Ahorro de energía

Los problemas de abastecimiento de energía en las postrimerías del año 2007 llevó a cabo un plan de ahorro de energía. El plan se propuso reemplazar las lámpara incandescente por las de bajo consumo, y ―por sanción del Congreso― se dispuso el atraso de 60 minutos de la hora oficial a partir del 30 de diciembre de ese mismo año, cambio que perduró hasta el día 16 de marzo de 2008. Como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica, principalmente en las horas pico. Desde 2009 todos los edificios públicos deben obligatoriamente utilizar lámparas bajo consumo.

Durante 2008 y 2009 se implementó el etiquetado energético de refrigeradores, congeladores, motores eléctricos y equipos de aire acondicionado. En diciembre de 2009 se aprobó la norma IRAM 11900 que tenderá al etiquetado energético de todo edificio que solicite el servicio de gas natural por red.

Se concretaron dos centrales térmicas de ciclo combinado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se concluyó la construcción de la Represa de Yacyretá) al subir la cota a 83 msnm que implica un 50% más de generación hidráulica y se encuentra en fase de terminación la tercera central nuclear de Atucha 2.

Junto a esto se hallan en obra varias centrales térmicas de ciclo combinado en varias capitales provinciales de 300 MW cada una para reforzar el Sistema Interconectado Nacional.

Se llamó a licitación internacional para la construcción de centrales de hasta 30 MW cada una mediante energías renovables (solar térmica, eólica, minihidráulica, otras) por un total de 1500 MW de potencia instalada.

Mayoritariamente todo esto se realiza con fondos propios del tesoro nacional al no contar el país con créditos externos generados por el default de la crisis del 2001.

Gasoducto del Noreste

En febrero de 2011 se abrió la licitación para la construcción del Gasoducto del Noreste que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Salta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que todavía no cuentan con este servicio.

Proceso de expropiación de Repsol YPF y creación de la empresa YPF Tecnología S.A.

Cristina Kirchner en su discurso antes de enviar al Senado de la Nación Argentina el Mensaje número 529 para el tratamiento del proyecto de ley que declara de utilidad pública a la petrolera Repsol YPF y por la cual se decide expropiar el 51% de sus acciones.

Expropiación de Repsol YPF

En la última semana de marzo de 2012, algunos gobiernos provinciales expropiaron áreas con yacimientos petroleros que estaban en concesión de Repsol YPF, debido a la baja producción de la empresa y a la falta de inversiones durante muchos años. Tres áreas fueron quitadas o "expropiadas" a la petrolera: en la provincia de Neuquén, una llamada "Don Ruiz" de 109,1 kilómetros cuadrados y Chihuido de la Salina Sur y Portezuelo Minas, que suman en total una superficie de 242,4 kilómetros cuadrados.[305] En consecuencia, las acciones de YPF decayeron un 15% en las bolsas.[306] Inmediatamente, las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz retiraron las concesiones a Repsol YPF.[307] [308] [309]

El 16 de abril, Cristina Fernández envía el proyecto al Congreso Nacional, en el cual se declara de "interés público y nacional" al "autoabastecimiento de hidrocarburos" y por lo tanto el gobierno nacional en uso de sus facultades constitucionales expropia el 51% de las acciones de Repsol YPF, argumentando que se trata de «una recuperación de la soberanía» y «no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada».[310] La YPF nacionalizada bajo la gestión de Miguel Galuccio ha inspirado confianza en los mercados internacionales de petróleo, atrayendo cuantiosas inversiones extranjeras desde compañías como Chevron y Dow Chemical, entre otras, desarrollando el segundo depósito más grande del mundo de recursos no convencionales de gas y el cuarto de petróleo, y la exploración del yacimiento Vaca Muerta.71 72 A comienzos de 2013 la firma anunció que iba a reinvertir el 90 por ciento de sus utilidades. Ese año logró que las reservas crecieran 10,6 por ciento y en 2014 otro 11,9 por ciento73

Bajo la gestión estatal, la empresa cuadruplicó los pozos de exploración respecto del promedio de los tres años anteriores, y aumentó la perforación de pozos de explotación de 290 anuales, entre 2009-11, a 384 en 2012, un 33 por ciento más. Si se compara el período junio de 2012-mayo de 2013 con el año inmediato anterior, los pozos exploratorios pasaron de 21 a 31, un crecimiento del 48 por ciento, y los de explotación de 363 a 478, 32 por ciento más75 En 2014 el presidente de YPF, Miguel Galuccio, fue galardonado con el BRAVO Business Awards´2014 como “Ceo of the Year”, un reconocido premio que otorga el grupo Latin Trade, por su desempeño al frente de YPF.76

Hacia el año 2015 YPF alcanzó un 62,5 % de participación de mercado argentino de naftas premium y 55,7 % de nafta súper.77 78 ese mismo año anunció el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero en los Los Caldenes, en la provincia de Río Negro, con recursos estimados en 40 millones de barriles.79 80 En los primeros tres años de gestión por parte de la YPF nacionalizada se pasó de los U$S 2000 millones de inversión en 2011 a los U$S 6000 millones estimados para 2015.81 82

Creación de YPF Tecnología S.A.

El 5 de diciembre de 2012, Cristina Kirchner anunció la creación de la empresa YPF Tecnología S.A., cuyo objetivo es el desarrollo tecnológico en el sector de petróleo y gas. El capital accionario de la empresa está constituido por un 51 por ciento por YPF y 49 por ciento por el CONICET. En noviembre el inauguró Y-TEC creada por YPF, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el CONICET, y un moderno edificio de 11.000 metros cuadrados, que se dedicará a investigaciones tecnológicas aplicadas, principalmente a la producción del petróleo y gas no convencional. En diciembre de 2014, la empresa YPF Tecnología lanzó el "Estudio del recurso energético marino de la Patagonia Austral" con el objetivo de extender el desarrollo de fuentes alternativas de generación de energía y conocer más sobre el potencial del Mar Argentino en materia energética. Ese año los ingresos ordinarios de $ 141.942 millones aumentaron 57,5 %, y la utilidad operativa llegó a $19.742 millones, un incremento del 64,3 %.[311]

Hacia el año 2015 YPF alcanzó un 62,5 % de participación de mercado argentino de naftas premium y 55,7 % de nafta súper.[312] [313] Ese mismo año anunció el descubrimiento de un nuevo pozo petrolero en los Los Caldenes, en la provincia de Río Negro, con recursos estimados en 40 millones de barriles.[314] [315] En los primeros tres años de gestión por parte de la YPF nacionalizada se pasó de los U$S 2000 millones de inversión en 2011 a los U$S 6000 millones estimados para 2015.[316] [317]

Política Educativa

La política educativa del Gobierno de Cristina ha sido una continuación de la gestión de Néstor Kirchner. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64% en 2003 a 6,02% en 2010. En términos absolutos, pasó de 14.501 millones de pesos en 2003 a 89.924 millones de pesos en 2010, un 520% más.[318] Ya para el 2012 el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64 % en 2003 a 6,81 % en 2012.[319] 3 Según datos del último censo la tasa de analfabetismo es del 1.9%, siendo la segunda más baja de Latinoamérica.4 5 En la última década se han creado 9 nuevas universidades, mientras que el egreso de estudiantes universitarios aumentó un 68%.6

Programa Conectar Igualdad

Desde 2010 la Ansés (Administración Nacional de la Seguridad Social) inició un plan de entrega y puesta en funcionamiento de dos millones de netbooks con acceso a Internet a todas las escuelas públicas primarias y secundarias del país. Hasta el 1 de julio de 2015, se entregaron 5 millones de computadoras, y además se construyeron 1428 aulas digitales en todo el país.3 El programa recibió premios en el extranjero y de diferentes organismos internacionales, entre ellos una distinción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y por la cumbre Iberoamericana, entre otros.[320]

Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES)

También se destacó el lanzamiento del Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES) para finalización de la Escuela Primaria y Escuela Secundaria llevado a cabo por el gobierno nacional a partir del año 2008, de alcance nacional que funcionó en todas las jurisdicciones de Argentina.[321] Se invirtió 7000 millones de pesos en equipamiento para escuelas técnicas, se distribuyeron más de 54 millones de libros. La inversión en salarios docentes universitarios fue de 19 000 millones de pesos en 2012 siendo el incremento salarial de más del 1000 % desde 2001.[322]

Entre los años 2008 y 2015, 600.000 estudiantes finalizaron los estudios de secundaria.[323] En el año 2013, el Plan había alcanzado a 1.394.000 personas, con 14.682 sedes y 128.365 tutores en todo en país, y habían egresado 400.000 estudiantes.[324]

Programa Bec.Ar

En julio de 2013 se entregaron 264 becas del programa Bec.Ar, que tiene por objetivo especializar a profesionales argentinos en Universidades del exterior en áreas como biotecnología, nanotecnología, TIC, entre otras. El programa tiene una duración inicial de cuatro años y planea especializar a mil profesionales de áreas denominadas «estratégicas» para el desarrollo del país.[325] [326]

Construcción de Escuelas

Después del Plan Quinquenal del Gobierno de Perón entre 1947 y 1951 (que abrió 8000 escuelas),[327] el lapso entre 2003 y 2010 es el segundo período de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más 1880 escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos,[328] además de la entrega de 2 millones de netbooks a alumnos secundarios.

Creación de Nuevas Universidades y Aumento de los Recursos

El crecimiento de los aportes del Estado a la educación permitió aumentar las transferencias a las universidades nacionales y la creación de nuevas universidades como la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza,[329] [330] la Universidad Nacional de Avellaneda,[331] la Universidad Nacional de José C. Paz[332] la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Oeste.[333] Además de aumento de los recursos destinados a otras universidades, como la Universidad de La Matanza, cuyo presupuesto creció un 820%.[334] Este aumento se vio reflejado en la formación de nuevos institutos de investigación. En 2014 se dió el lanzamiento del plan Progresar, destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor del mínimo vital y móvil y cuyo grupo familiar se encuentre en iguales condiciones. A noviembre del 2014, PROGRESAR cuenta con más de 550.000 jóvenes que cobran la prestación y 1.284.809 inscriptos.[335] En marzo de 2015, se anunció la ampliación la cantidad de jóvenes cubiertos por el programa a 1.280.000.[336]

Programa de becas Thomas Bridges

Creado en 2015, es un programa de becas para que los jóvenes residentes en las islas Malvinas cursen sus estudios universitarios en el territorio continental argentino. El programa comenzó a funcionar el 1 de septiembre del mismo año.[337]

Política Laboral

Inauguración de la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA, celebrada en Buenos Aires en 2009. De izquierda a derecha.: Jorge Taiana (ministro de Relaciones Exteriores de Argentina), Cristina Fernández de Kirchner (presidenta de Argentina), Carlos Tomada (ministro de Relaciones de Trabajo de Argentina) y Juan Somavía (director general de la OIT).

En 2008, la desocupación se mantuvo en niveles similares a los que se encontraba el año anterior, pasando del 8,4% en el primer trimestre al 7,3% en el cuarto trimestre de ese año, la tasa más baja desde octubre de 1992, según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).[338] Hacía el cuarto trimestre de 2012 la desocupación disminuyó al 6.9%.[339]

Para el 2012 el trabajo informal (no registrado) se redujo a un 34,5%,[340] luego de que llegara al 49,5% en el primer semestre del 2003.[341] El gobierno de Cristina Fernández profundizó la política de generalización de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales que había iniciado el presidente Néstor Kirchner.

Finalizado el tercer trimestre de 2008, el Ministerio de Trabajo había homologado 890 convenios colectivos y acuerdos, una cifra que significó un aumento del 24%, comparado con el mismo período de 2007,[342] y del 324% comparado con 2004.[343] Más del 90% de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre «regulación de las relaciones laborales» en la empresa y «condiciones de trabajo», que en el III trimestre representaron el 20% y el 17% de las cláusulas totales, incluyéndose entre ellas la creación de «comités de higiene y seguridad» y cláusulas especiales de no discriminación.[342]

El crecimiento de la presencia sindical en el sistema de relaciones laborales, ha impulsado modificaciones en los planes de estudios de algunas universidades, con el fin de incluir mayor información y análisis sobre los sistemas, reglas y técnicas de diálogo social en la gestión de los recursos humanos de las empresas.[344]

Migraciones laborales

El gobierno de Cristina Fernández continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144.549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714.907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006.[345] La cifra representa casi la mitad de los extranjeros registrados en el censo de 2001 (1.531.940). La regularización masiva de inmigrantes y la consecuente posibilidad de que puedan hacer valer sus derechos (sindicalización, asociación, demandas laborales, etc.) tiene un fuerte impacto en el mercado de trabajo, ya que los extranjeros suelen ocupar los empleos que se encuentran en los escalones salariales más bajos e informales, por lo que una mejora en los mismos, impacta directamente en toda la escala salarial.[346]

Reestatización de las jubilaciones y pensiones

El 21 de octubre de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció que elevaba un proyecto al Congreso Nacional para poner fin al sistema de AFJP, un régimen privado de pensiones y jubilaciones que había constituido una de las principales medidas de la política generalizada de privatizaciones llevada adelante por el presidente Menem.[347] El proyecto fue aprobado por el Parlamento el 20 de noviembre con apoyo de algunas fuerzas de oposición como los Partido Socialista y el ARI, votando en contra del mismo el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical. La ley dio origen a un nuevo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).[348]

Aumento de las indemnizaciones por accidentes de trabajo

El 5 de noviembre de 2009 la presidenta Fernández dictó el Decreto 1694/2009 aumentando las indemnizaciones por riesgos del trabajo y modificando el régimen legal (Ley 24.557) con el fin de corregir las fallas del sistema ―establecido durante el gobierno del presidente Carlos Menem― y la gran cantidad de fallos judiciales declarando inconstitucionales sus normas (casos Castillo, Milone y Aquino, entre otros).[349]

El decreto elimina el tope máximo que había impuesto la legislación anterior para la renta periódica, fijado en 180.000 pesos (aproximadamente 50.000 dólares estadounidenses) y establece por el contrario que la misma suma será considerada como piso mínimo, para el valor de la vida humana o la incapacidad total. También se aumentaron algo más de un 100% los montos que la ley preveía como suma fija, en casos de incapacidades superiores al 50% y muerte.[349]

La norma también implementa un sistema de supervisión de los servicios médicos prestados por las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), ante la gran cantidad de quejas sobre las mismas, y habilita la creación de ARTs, sin beneficio de lucro.[349]

En el sector de los trabajadores, el Decreto 1694/09 contó con el apoyo por las dos centrales sindicales (CGT y CTA).[350] En el sector de los empleadores, la respuesta fue variada: mientras que la UIA, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio cuestionaron la norma,[350] la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), apoyó el decreto.[351]

Política Internacional

El embajador ante la Santa Sede

Cristina Fernández y Michelle Bachelet junto a Benedicto XVI.

En enero de 2008 se conoció extraoficialmente que la Santa Sede no otorgaría el plácet al embajador designado ante la Santa Sede, Alberto Iribarne. Entre las razones mencionadas se señalaron desde el descontento de la Iglesia católica ante la condición de divorciado de Iribarne, hasta conflictos más profundos como la del vicariato castrense vacante desde el retiro del cuestionado obispo Antonio Baseotto y la cuestión del aborto.[352] Luego de varios meses sin embajador, el 22 de octubre de 2008, la presidenta ―con acuerdo del Senado― designó en el cargo a Juan Pablo Cafiero, cuyo plácet fue inmediatamente aprobado por la Santa Sede.[353]

Gestiones humanitarias por los rehenes de las FARC

La cantante Madonna, Íngrid Betancourt y Cristina en la Casa Rosada.

La primera mandataria ha intervenido en las gestiones relativas al canje humanitario de los rehenes de las FARC en la República de Colombia, problema sobre el que había venido trabajando desde un tiempo antes de asumir, cuando invitó al país a la madre de Íngrid Betancourt, en mayo de 2007.[354] Ya asumido el poder como presidenta, dispuso que su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, integrara la misión humanitaria que viajó a un municipio colombiano para instrumentar el canje, aunque finalmente el mismo no pudo realizarse en esa ocasión. En abril de 2008 viajó a París para participar en la Marcha Blanca por la libertad de Betancourt.[355]

El gobierno francés agradeció el compromiso argentino.[356] Una vez liberadas, las rehenes Clara Rojas y Consuelo González, viajaron a la Argentina para agradecer a la presidenta las gestiones que contribuyeron a su liberación.[357] Lo mismo hizo Ingrid Betancourt en diciembre de 2008,[358] luego de ser liberada en julio de ese año, oportunidad en la que le manifestó a la presidenta Fernández:

Te debo mucho a ti y al presidente Kirchner. Por eso quise estar aquí para expresar mi gratitud en forma personal.

Ingrid Betancourt.[358]

Disculpas de la CIA por un anuncio sobre inestabilidad en Argentina

El 25 de febrero de 2009, en la primera conferencia de prensa que realizó el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, designado por el presidente Barack Obama, el funcionario al responder a una pregunta, se refirió a la Argentina, Ecuador y Venezuela, al citar a un informante no identificado que insistió en señalar que «hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica».[359]

La presidenta Cristina Fernández inmediatamente dio órdenes al ministro de Relaciones Exteriores para que repudie las declaraciones del jefe de la CIA y pida explicaciones al gobierno de Estados Unidos. El ministro Jorge Taiana convocó al embajador estadounidense y expresó en declaración de prensa:

Tomamos conocimiento, con sorpresa y malestar, de las declaraciones de Panetta, director de la tristemente célebre CIA. Son irresponsables, infundadas e inmaduras, y no muestran el respeto que debe existir entre los países. Las palabras de Panetta son una clara injerencia en los asuntos internos de nuestro país, y mucho más proviniendo de una agencia que tiene una triste historia de intervenciones e interferencias en la región.[360]

El 27 de febrero, Leon Panetta ―director de la CIA―, se comunicó con el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, para pedir disculpas al gobierno y al pueblo argentino, así como para también confirmar que el dato conflictivo se lo había comentado un «funcionario latinoamericano», cuya identidad no reveló.[361]

Estados Unidos tiene y quiere mantener una buena relación con la Argentina y no hay explicación para el error que cometí. Me preguntaron de qué países me habían hablado y respondí sin pensarlo... Lo que dije no representa la posición del gobierno de Estados Unidos, pero tampoco la mía personal.

Leon Panetta.[361]

Ese mismo día, el embajador estadounidense en la Argentina, Earl Anthony Wayne, le explicó al ministro Taiana que «los comentarios del director de la CIA no fueron una expresión de la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina», confirmando también que los mismos provinieron de un funcionario extranjero que no identificó. En la misma reunión, el embajador Wayne organizó con el ministro Taiana, una agenda de trabajo conjunto de la presidenta Fernández y el presidente Obama en la reunión del Grupo de los 20.[241]

Gestiones con Cuba para autorizar a Hilda Molina a salir de ese país

Entre las gestiones humanitarias llevadas adelante por la presidenta Fernández se encuentran las que realizara ante el gobierno de Cuba para que éste autorizara a la médica Hilda Molina a salir de ese país, con el fin de visitar a su madre enferma, a su hijo y a sus dos nietos argentinos, residentes en la Argentina. Cristina Fernández había iniciado las gestiones en 2004, hasta que el 12 de junio de 2009 el gobierno cubano emitió la autorización solicitada. El 14 de junio, Hilda Molina llegó a la Argentina, agradeciendo a la presidenta y al pueblo argentino por las gestiones realizadas.[362]

Propuesta argentina y resolución del Mercosur para flexibilizar la patente de la vacuna contra la gripe A

En la cumbre Mercosur realizada el 24 de julio de 2009, la presidenta de Argentina Cristina Fernández reclamó «una suerte de levantamiento o suspensión en materia de derecho de patente» de la vacuna contra la gripe A (H1N1), para poder atender a todas las personas afectadas por la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 a precios socialmente razonables, debido a que el laboratorio que tiene el monopolio de la patente no tiene la capacidad para producir de inmediato todas las vacunas que se necesitan. Fernández informó también que tanto la Argentina como Brasil estaban en condiciones de comenzar sin dilaciones a producir la vacuna contra el virus.[363]

Ese mismo día los jefes de gobierno del Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay) aceptaron la propuesta argentina y emitieron una decisión, considerada inédita por la prensa, en la que exigieron la «flexibilización» de las reglas internacionales sobre patentes a fin de permitir la fabricación de la vacuna cuando un país afectado por la pandemia lo necesite.[364] Textualmente la resolución aprobada por la Cumbre del Mercosur dice:

En caso de que se requiera, se deben activar los mecanismos relacionados con las flexibilidades contempladas por los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual y el Comercio (ADPIC).[365]

Posición y acciones ante el golpe de Estado en Honduras

El 28 de junio de 2009, ante el golpe de Estado en Honduras que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya, la presidenta Fernández adoptó una estricta política de condena, definiendo la acción como un «retorno a la barbarie»[366] y un «golpe cívico mediático»,[367] y propuso desconocer tanto a las autoridades golpistas, como al gobierno surgido de las elecciones convocadas por el gobierno golpista, reclamando la restitución del presidente depuesto. La posición argentina fue coordinada con Brasil, y se impuso como posición general en el Mercosur, la Unasur y la OEA.[368]

Soberanía de las islas Malvinas

El 3 de febrero de 2010 la cancillería argentina realizó una protesta formal ante la decisión de Gran Bretaña de instalar una plataforma marítima para explorar yacimientos petrolíferos en el área de las Islas Malvinas. La Argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas que ejerció hasta 1833, cuando fue ocupada por Estados Unidos y Gran Bretaña sucesivamente. Actualmente, las islas Malvinas se encuentran entre los territorios no autónomos[369] a ser descolonizados bajo supervisión de las Naciones Unidas.[370]

Ese mismo día altos dirigentes de la oposición se reunieron en Gran Bretaña con el gobierno para consolidar relaciones con ese país, entre ellos los diputados Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, y Oscar Aguad, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Los legisladores argentinos fueron severamente cuestionados por el gobierno de Cristina Fernández, por «prestarse a una operación política» británica, con el fin de apoyar la escalada británica en la disputa por la soberanía de las islas.[371]

La presidenta Cristina Fernández respondió a la decisión británica con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas y solicitó el apoyo al reclamo argentino por parte de los demás países latinoamericanos.

Los 32 países latinoamericanos y del Caribe manifestaron por unanimidad su apoyo a los «legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativa a la cuestión de las islas Malvinas», en ocasión de la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, realizada el 23 de febrero, y declararon que la presencia inglesa en esos territorios constituyen una «intrusión».[372] El gobierno argentino puso de manifiesto que el apoyo a la Argentina incluye a varias naciones que fueron colonias inglesas e integran el Commonwealth británico, como Jamaica, Barbados y Belice. En su discurso ante la cumbre, Cristina Fernández denunció que:

Los que tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU pueden violar sistemáticamente las resoluciones de ese organismo, y el resto de los países se ven obligados a cumplirlas bajo pena de ser considerados un país enemigo, intervenidos bélicamente o intervenidos políticamente sus gobiernos.[373]

Finalmente, el 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estados de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde recibió con agrado el pedido de Cristina Fernández para mediar ante Gran Bretaña. Hillary Clinton dijo que el diferendo por las Malvinas es un «asunto que debe ser resuelto entre el Reino Unido y Argentina» y «si hay alguna manera en que podemos ayudar para facilitar este esfuerzo, estamos listos a hacerlo».[374]

Tanto la postura Hillary Clinton, como el apoyo unámime de los países latinoamericanos y caribeños, ha sido considerada como un triunfo histórico para la posición argentina y causó «desconcierto y consternación» en Gran Bretaña.[375]

En lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas el gobierno ha mantenido una constante presencia en la Organización de las Naciones Unidas, quien siempre ha fallado favorable a Argentina. Ante la escalada de tensión por la exploración petrolífera de las mismas por parte de Gran Bretaña, la presidenta respondió con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas, posición apoyada por la Unasur en su conjunto. Este reclamo fue escuchado por Hillary Clinton, quién se mostró personalmente dispuesta a mediar, situación que causó desconcierto en los británicos.

Cabe mencionar que Argentina obtuvo el respaldo de la comunidad latinoamericana y el Caribe en torno a la postura de recuperar las islas mediante la vía pacífica mientras que el Reino Unido a través de los dichos de su primer ministro británico David Cameron señalaron que la soberanía de las Malvinas la deciden los mismos isleños por su derecho de autodeterminación. A pesar de la militarización del océano Atlántico Sur denunciada por el gobierno argentino ante las Naciones Unidas, el primer ministro Cameron respondió que dicho envió de buques no es una acción de militarización de la región de las islas y el Atlántico sur, sino son partes de ejercicios rutinarios.[376] [377]

Expansión de la plataforma continental

Mapa oficial de la plataforma continental argentina elaborado en 2009 por la Cancillería argentina, que formó parte del pedido de extensión de la frontera de la plataforma continental aprobado por las Naciones Unidas en 2016. En verde claro puede verse la plataforma continental bajo soberanía nacional.

En 2009 la Cancillería argentina presentó a las Naciones Unidas un pedido de expansión de la plataforma continental, que abarca un área de 1.782.500 km2, equivalente a más de la mitad del territorio emergido, aplicando las reglas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), vigente para Argentina desde 1995. El área reclamada se corresponde también con la zona en la que se encuentran las Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur sobre las que Argentina mantiene una disputa de soberanía con Gran Bretaña. En marzo de 2016 las Naciones Unidas aprobó la petición argentina por unanimidad.[378] [379] [380]

Visita de Hillary Clinton

El 1 de marzo de 2010, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton, realizó una visita a la Argentina donde se entrevistó con la presidenta Fernández, para luego dar ambas una conferencia de prensa. Ambos países ajustaron coincidencias orientadas a temas como la ayuda humanitaria ante el terremoto de Haití de 2010, la lucha contra el terrorismo internacional, las políticas de estímulo frente a la crisis económica mundial de 2008-2010 y los programas de seguridad nuclear. Un hecho destacado de la reunión fue el pedido de mediación a Hillary Clinton por parte de Cristina Fernández, y la manifestación de aquella de estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para que Argentina y Gran Bretaña se sienten a negociar. En la reunión también se plantearon las diferencias frente a la posición de ambos países ante la situación en Honduras. Finalmente, en la conferencia de prensa, Hillary Clinton felicitó al gobierno argentino por su política de desendeudamiento y el bajo nivel de deuda externa alcanzado.[374] [381] [382]

Desagravio al Paraguay

En 2007, cuando Cristina era primera dama, elogió en un discurso público al presidente paraguayo Francisco Solano López (1826-1870), calificando a la Triple Alianza como una triple traición a los intereses de Latinoamérica frente a los imperialismos. A ello se sumó el 14 de septiembre de 2007 la imposición del nombre «Mariscal Francisco Solano López» al Grupo de Artillería Blindado 2, una unidad militar del Ejército Argentino con asiento en Rosario del Tala (provincia de Entre Ríos).[383]

Frente a esto, el diario La Nación respondió con una editorial, firmada por su director, tataranieto del general Bartolomé Mitre, fundador del mismo diario, en que comparaba a Solano López con Adolfo Hitler. Este editorial provocó una respuesta enérgica en la intelectualidad paraguaya y también entre intelectuales de izquierda en general.[384] [385] [386]

Al respecto, la presidenta Cristina Fernández expresó:[387]

Algún medio de comunicación, fundado tal vez por uno de los que encabezó aquella triple traición, me criticó duramente. No importa, la verdad histórica no puede taparse con editoriales. Está escrita, desgraciadamente a sangre y fuego en el corazón del pueblo paraguayo.

Cristina Fernández de Kirchner

El 25 de febrero de 2010, durante la innauguración de la represa de Yacyretá, la presidenta mencionó la devolución por parte de Juan Domingo Perón de los trofeos de la Guerra de la Triple Alianza. También lo contextualizó como una señal de amistad con el Paraguay.

Desagravio al Perú

El 22 de marzo de 2010 la presidenta Fernández viajó al Perú con el objetivo central de desagraviar a ese país y normalizar las relaciones, luego de que el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, realizaran en 1995 una operación de contrabando de armas a Ecuador, realizada de manera ilegal y encubierta cuando esos países mantenían un conflicto limítrofe con episodios de enfrentamiento armado, dañando seriamente las relaciones entre la Argentina y el Perú.[388]

La Argentina y el Perú han mantenido una continuada política de alianzas desde los tiempos de la independencia, compartiendo incluso al mismo padre de la patria, José de San Martín. El Perú, por su parte, dio una fuerte muestra de su solidaridad con Argentina, cuando durante la Guerra de Las Malvinas (1982), ofreció armamentos y combatientes para enfrentar a Gran Bretaña, acto que la sociedad argentina ha valorado en alto grado. Por estas razones la operación del expresidente Menem había sido vista como una traición histórica de la Argentina contra el Perú.[388]

En esa oportunidad Cristina Fernández se entrevistó con el presidente del Perú Alan García manifestando:

Con pocas naciones (la Argentina tiene) relaciones tan importantes como con la querida hermana República del Perú, con tantos lazos históricos comunes. Esta es una visita de desagravio institucional y reparación histórica que nos debíamos a nosotros los argentinos y a nuestros hermanos peruanos. Siento que estoy cumpliendo un mandato de todo el pueblo argentino para reafirmar la importancia de consolidar la unidad de la región como una unidad que no solo tenga basamentos económicos.

Cristina Fernández de Kirchner[389]

El presidente Alan García, por su parte, expresó:

Fue un enojoso incidente que jamás debió ocurrir, pero no cambia la amistad con el pueblo argentino. Renovamos nuestro afecto y cercanía, y saludamos que podamos hacer muchas cosas juntos.

Alan García[389]

Argentino en Secretaría General de la Unasur

El 3 de mayo de 2010, la política exterior del gobierno argentino logró que el ex presidente Néstor Kirchner fuera elegido por unanimidad como primer secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas.[390]

Discurso ante el 2.º Congreso de la Confederación Sindical Internacional

El 24 de junio de 2010 la presidenta Cristina Fernández fue invitada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) a hablar ante su segundo Congreso, celebrado en Vancouver (Canadá). Su presencia ante la máxima instancia del movimiento obrero mundial, se produjo en momentos que el sindicalismo internacional estaba luchando por incluir una agenda favorable a los trabajadores en el G20, con el fin de dar paso a un nuevo modelo de crecimiento con justicia social, que reemplace al neoliberalismo.

Luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablara ante la Confederación Sindical Internacional (CSI), su nueva presidenta, la australiana Sharan Barrow dijo las siguientes palabras:

Les dije, es una maravillosa mujer. Y para la Argentina tienen mucha suerte de tenerla como presidenta. Nosotros, por nuestra parte adoptamos su liderazgo alrededor del mundo. Ella lo sabe: empleo, protección social, servicios públicos; estas cosas son importantes. Son importantes para la vida de la gente, son importantes para la economía, para los mecanismos de la demanda. Nosotros sabemos que la presidenta de Argentina puede enseñarles a esos que en Europa están siguiendo el viejo truco del recorte. El ajuste es el centro de la cuestión. Quiero entregarle un oso, es un símbolo canadiense, es un símbolo de los pueblos originarios. Significa «generosidad», significa «paciencia», significa «una excelente maestra». Qué más puede decirse de una maravillosa mujer, que no solo es la presidenta de Argentina, sino que además en la reunión del G20 que se realizará esta semana, yo sé que ella va a levantarse para poner el trabajo decente, el empleo, el Pacto Global por el Empleo, y las medida que ella nos ha transmitido, en el corazón del comunicado final, con todos nosotros, y nuestras familias y la estabilidad del futuro económico, en mente. Mientras le agradezco a la presidenta, puedo decirles que, junto a ella se encuentra Carlos Tomada. Es su ministro y un muy buen amigo nuestro también. Carlos, realmente apreciamos tu amistad. Para aquellos líderes y presidentes que no comparten nuestros valores, les decimos que ya es tiempo de que se vayan. A tu presidenta le decimos que nosotros queremos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se mantenga de pie, porque el poder del Estado es el único poder democrático capaz de lograr una globalización justa.

Sharan Barrow, presidenta de la Confederación Sindical Internacional[391]

Otras áreas

Reforma y unificación del Código Civil y Comercial

Durante el último año de su primer mandato propició la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, ambos redactado por Dalmacio Vélez Sársfield en 1869. A principios de 2011, mediante el Decreto Presidencial 191/2011, se constituyó la "Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación"1, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, la Vicepresidente de ese cuerpo (Elena Highton de Nolasco) y la ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci. El 8 de agosto del año 2012 se forma una comisión adjunta con miembros de ambas cámaras para analizar la reforma y actualizar ambos códigos tras más de 140 años en vigencia. El nuevo código tendrá 2671 artículos.[392] Se realizaron diferentes audiencias públicas en varias provincias con el objetivo de democratizar y ampliar el debate sobre los cambios.[393]

Digesto Jurídico Argentino

Durante el 2010 y 2011 el poder ejecutivo presentó el primer Digesto Jurídico que se realizó en el país. De 32.204 leyes que comprendía el sistema legislativo, solo quedaron 3.134. Para la realización del mismo se exigió el análisis de toda la legislación nacional dictada desde 1853 con el fin de depurar y ordenar las leyes y decretos vigentes. Más de 200 profesionales que trabajaron desde el año 2005 en este proyecto de depuración y ordenamiento jurídico que es el primero realizado en Latinoamérica.[394]

Ministerios y Secretarías de Estado

El miércoles 14 de noviembre de 2007, aún en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su gobierno. De los 12 elegidos, 7 ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y 5 asumieron por primera vez un ministerio.

Estandarte presidencial
Jefatura de Gabinete y Ministerios del
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
Cartera Titular Período
Jefatura de Gabinete de Ministros Alberto Fernández
Sergio Massa
Aníbal Fernández
Juan Manuel Abal Medina
Jorge Capitanich
Aníbal Fernández
10 de diciembre de 2007-23 de julio de 2008
23 de julio de 2008-7 de julio de 2009
8 de julio de 2009-10 de diciembre de 2011
10 de diciembre de 2011-20 de noviembre de 2013
20 de noviembre de 2013-26 de febrero de 2015
26 de febrero de 2015-9 de diciembre de 2015
Ministerio del Interior y Transporte Florencio Randazzo 10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Jorge Taiana
Héctor Timerman
10 de diciembre de 2007-19 de junio de 2010
22 de junio de 2010-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Defensa Nilda Garré
Arturo Puricelli
Agustín Rossi
10 de diciembre de 2007-15 de diciembre de 2010
15 de diciembre de 2010-30 de mayo de 2013
30 de mayo de 2013-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Martín Lousteau
Carlos Fernández
Amado Boudou
Hernán Lorenzino
Axel Kicillof
10 de diciembre de 2007-25 de abril de 2008
25 de abril de 2008-7 de julio de 2009
8 de julio de 2009-10 de diciembre de 2011
10 de diciembre de 2011-20 de noviembre de 2013
20 de noviembre de 2013-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Industria Débora Giorgi 26 de noviembre de 2008-9 de diciembre de 2015[395]
Ministerio de Turismo Enrique Meyer 1 de julio de 2010-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio de Vido 10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Seguridad Nilda Garré
Arturo Puricelli
María Cecilia Rodríguez
15 de diciembre de 2010-30 de mayo de 2013
30 de mayo de 2013-2 de diciembre de 2013
2 de diciembre de 2013-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Fernández
Julio Alak
10 de diciembre de 2007-7 de julio de 2009
8 de julio de 2009-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Carlos Tomada 10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Salud y Ambiente Graciela Ocaña
Juan Luis Manzur
Daniel Gollán
10 de diciembre de 2007-29 de junio de 2009
29 de junio de 2009-26 de febrero de 2015
26 de febrero de 2015-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Desarrollo Social Alicia Kirchner 10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Educación Juan Carlos Tedesco
Alberto Sileoni
10 de diciembre de 2007-20 de julio de 2009
20 de julio de 2009 -9 de diciembre de 2015
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao 10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Cultura Teresa Parodi 7 de mayo de 2014-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Julián Domínguez
Norberto Yahuar
Carlos Casamiquela
1 de octubre de 2009-10 de diciembre de 2011
10 de diciembre de 2011-20 de noviembre de 2013
20 de noviembre de 2013-9 de diciembre de 2015
 Estandarte presidencial
Secretarías de Estado del
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
Cartera Titular Período
Secretaría General Oscar Parrilli
Aníbal Fernández
Eduardo de Pedro
10 de diciembre de 2007-16 de diciembre de 2014
16 de diciembre de 2014-26 de febrero de 2015
26 de febrero de 2015-9 de diciembre de 2015
Secretaría Legal y Técnica Carlos Zannini 10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Secretaría de Inteligencia del Estado Héctor Icazuriaga
Oscar Parrilli
10 de diciembre de 2007-16 de diciembre de 2014
16 de diciembre de 2014-9 de diciembre de 2015
Secretaría de Cultura (elevada a ministerio). José Nun
Jorge Coscia
10 de diciembre de 2007-8 de julio de 2009
8 de julio de 2009-7 de mayo de 2014
Sedronar José Ramón Granero
Rafael Bielsa
Juan Carlos Molina
Gabriel Lerner
10 de diciembre de 2007-10 de diciembre de 2011
30 de diciembre de 2011-20 de marzo de 2013
30 de noviembre de 2013-14 de mayo de 2015
19 de mayo de 2015-9 de diciembre de 2015

Imagen del Gobierno

El último día de su mandato, una manifestación de apoyo y agradecimiento reunió cientos de miles de manifestantes en la Plaza de Mayo.

Durante su gestión, la imagen presidencial fue fluctuante. El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significó una caída de la imagen de Cristina Fernández, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello algunos medios de comunicación y políticos opositores en diversas oportunidades sostuvieron que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».[396]

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición habría alcanzado altas tasas de imagen negativa, aunque ciertas figuras opositoras como el vicepresidente Julio Cobos superaban en popularidad.[396]

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008 era la candidata preferida por los argentinos ―según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web― en la cual figura con el 32,43% de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23,67% y Mauricio Macri con el 23,39%.[397]

Sin embargo, en febrero de 2009, la imagen negativa de la presidenta creció del 39% al 41%, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29%.[398] La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarrea un enfriamiento de la actividad económica. Geográficamente, el sector donde se registra la mayor tasa de imagen positiva es el conurbano bonaerense, donde predomina la actividad industrial, con un 38%, en tanto que la más baja se registró en la región agrícola pampeana, con un 20% de imagen positiva.[398] La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.[398]

Un sondeo de la encuestadora CEOP publicado en noviembre de 2009 ubica la imagen positiva de la presidenta entre el 46% y el 52%.[399]

En marzo de 2011, una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo, publicada en los diarios Perfil de Argentina y El Mundo de España, ubicó un a Fernández con un 64% de imagen positiva.[400] [401]

En 2009, Fernández de Kirchner fue considerada por la revista Forbes como la undécima entre las cien mujeres más poderosas del mundo.[402] [403] Ascendió dos posiciones más con respecto al año anterior, 2008.[404] Aunque actualmente está ocupando el puesto número 68 en dicho ránking.[405] El final de su mandato, en 2015, se trató de la transición con mayor nivel de apoyo desde la vuelta de la Democracia en 1983, con una masiva manifestación en su apoyo.[406] [407] [408] [409] [410]

Críticas y polémicas

Su gobierno ha sido criticado por diversos motivos, entre ellos la intervención estatal en la economía, las nacionalización del Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, YPF y las AFJP,[411] el capitalismo de amigos[412] (por el cual se habrían beneficiado a empresarios "cercanos al gobierno"[413] ), varios casos de corrupción sospechados e investigados judicialmente tanto de Cristina Fernández[414] [415] como de sus ex funcionarios[416] [417] , la inflación[418] [419] y la inseguridad.[420] [421] [422] [423] [424]

También se criticó los índices del INDEC acusando al gobierno de manipular las estadísticas públicas[425] [426] [427] y ocultar los «verdaderos números» de la economía[428] [429] [430] , esto repercutió en el Fondo Monetario Internacional quien amenazó con sanciones si no se «corregía» el índice de precios al consumidor[431] , por su parte el gobierno defendió su posición argumentando que lo que cambió fue la metodología de relevamiento: se redujo la canasta que se utiliza como base de análisis de 818 productos a 440, eliminando artículos de lujo y servicios como castración de felinos, viajes a Cancún y servicio doméstico.[432]

En adición, su gobierno ha sido criticado por diferentes medidas como la limitación para el giro al exterior de ganancias[cita requerida]; la oposición a los tratados de libre comercio[cita requerida]; el Memorándum con Irán[cita requerida], los subsidios a la energía[cita requerida], y el uso de las reservas para pagar la deuda externa[cita requerida], entre otras.

Conflicto de relaciones con Estados Unidos por el caso Antonini Wilson

Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos dijo que uno de los venezolanos acusados en el juicio de espionaje "le advirtió a Antonini que los 800.000 dólares estaban dirigidos para la campaña" electoral y había sido enviado desde Venezuela.[433] [434] El anuncio provocó una dura respuesta de la presidenta que calificó el hecho como una «operación basura»[435] proveniente de los «basurales de la política internacional», impulsado por países que, «más que países amigos, quieren países empleados y subordinados»,[436] para ratificar su decisión de profundizar las relaciones de unidad con los demás países de América Latina.[437] La respuesta de la presidenta significó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero del 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.[438]

Cambios en las retenciones a la exportación y el paro agropecuario

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de commodities de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.[439] La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada «sojización» del campo argentino y preservar la «política de dólar alto».[439] Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incrementó de la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo.[440] La Resolución 125 fue rechazada de plano por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo, declararon un paro patronal con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días.[441] El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las patronales agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, frente a lo cual la presidenta Cristina Fernández declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado.[442] El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones.[443] Durante el conflicto se produjo la renuncia del Ministro de Economía Martín Lousteau, autor de las medidas cuestionadas.[444]

El 17 de junio la presidenta Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.[445] [446]

Situación del vicepresidente Julio Cobos

Cristina Fernández de Kirchner inaugura las sesiones ordinarias del Parlamento Argentino (1.º de marzo de 2010).

El voto de desempate del vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición aún sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

Pocos días antes, Elisa Carrió ―una de las principales dirigentes de la oposición― había acusado a Cobos de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el expresidente Eduardo Duhalde.[447] El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de vicepresidente, debe reemplazar a la presidenta cada vez que esta se ausenta del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los principales líderes opositores, y transmitió al jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.[448]

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.[449] Sin embargo Cobos se negó a hacerlo respaldando la re estatización del sistema de jubilaciones.

Esta situación, que permitiría al vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por la presidenta, o tomar decisiones que la presidenta desaprueba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el vicepresidente debería renunciar.[450] Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.[451]

Conflicto por el Fondo del Bicentenario

El 14 de diciembre de 2009, Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/2009.[452]

La intención de la presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009. Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la «independencia» o la autonomía del Banco Central,[453] y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. El presidente del Banco Central, Martín Redrado decidió parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.[454] El 29 de enero de 2010, Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina.[455] [456] [457]

El 3 de febrero de 2010 la destitución de Redrado fue confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su lugar Mercedes Marcó del Pont.[458] Finalmente la presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento.[459]

Relación con la prensa

Durante el conflicto por la ley de retenciones al sector agropecuario en 2007, el Grupo Clarín había mantenido una línea editorial crítica contra Cristina. Después de que el Senado rechazara el proyecto de Ley de Retenciones, el Gobierno mantuvo un abierto enfrentamiento con el grupo de multimedios. Esto incluyó acusaciones, "escraches" y pegatinas de afiches en contra de los diarios Clarín y La Nación. Una de las primeras campañas en contra del Grupo Clarín se realizó en mayo de 2008, cuando la Juventud Kirchnerista realizó pegatinas por varias partes del país, con afiches que mostraban frases como "Clarín Miente, Clarín contamina", "TN: Todo Negativo", etc. Según el propio diario Clarín, esas pegatinas costarían unos 200 000 pesos diarios.[460] En un día de abril de 2008, la Plaza del Congreso amaneció empapelada con afiches que se expresaban en contra del diario Clarín. Tenían el lema de "Clarín miente" y debajo "Moyano conducción".[461]

Hubo casos de periodistas que al dar críticas negativas sobre la gestión del gobierno fueron desvinculados de sus puestos, como el caso de Juan Miceli, en el estatal Canal 7.[462]

Hubo también despidos en medios privados vinculados al Gobierno, como C5N, que desvinculó a los periodistas Débora Plager,[463] y Marcelo Longobardi[464]

Después de que se aprobase la Ley de Medios Audiovisuales, la Sociedad Interamericana de Prensa —que nuclea a los empresarios de los medios más poderosos del continente americano— criticó duramente al Gobierno argentino, por actos sospechosos en contra de La Nación y Clarín; también criticó la nueva ley de medios, y comparó a Argentina con Cuba, Venezuela y Ecuador.[465]

En noviembre de 2009, militantes del gremio de los camioneros de Hugo Moyano bloquearon el reparto de los diarios Clarín y La Nación (entre otros), estacionando camiones Mercedes Benz en la puerta de los establecimientos de repartición de diarios, además no dejaban salir ni entrar a los trabajadores de allí.[466] [467]

En agosto de 2010, la presidenta afirmó que enviaría al Congreso un proyecto de ley para brindar más controles a la planta productora de papel de diario Papel Prensa SA, y sobre el mercado de diarios que consumen ese insumo. Además dijo que se investigaría la adquisición de Papel Prensa, argumentando que la familia Graiver había vendido la empresa tras ser extorsionada por miembros de la última dictadura militar. Cabe destacar que estos dos diarios mantuvieron una posición a favor de la dictadura.[468] El 31 de agosto de 2010, el Boletín Oficial publicó el Decreto 1210/2010, el cual dispone a la Secretaría de Derechos Humanos poner a disposición del Poder Judicial el informe Papel Prensa SA: la verdad, y que intervenga como parte querellante en las causas que resulten y en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma Papel Prensa SA y de otras personas con las que aquellos tenían alguna vinculación.[469] En abril de 2011 la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó como «crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977». Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro destacaron que «las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos».[470]

Estas campañas en contra de los medios de prensa motivó que en 2010 el abogado Enrique Piragini denunciara a la jefa de Estado por "subversión institucional, discriminación y abuso de autoridad".[471]

Conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín

Durante la primera parte de la gestión de Néstor Kirchner, el gobierno se enfrentó abiertamente con algunos medios de comunicación, en particular con el diario La Nación,[472] mientras los medios de comunicación del Grupo Clarín, el multimedios más poderoso del país, se mantenían neutrales o favorables al gobierno.[473] [474] Durante la campaña electoral que llevaría a Cristina Fernández a la presidencia, los medios del Grupo Clarín comenzaron a mostrarse hostiles hacia el gobierno de Kirchner, cuestionando repetidamente el presunto falseamiento de los datos económicos por el Indec[475] y casos de corrupción.[476]

Durante el Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008, el Grupo Clarín tomó abiertamente partido por los sectores opuestos al gobierno, y políticos oficialistas interpretaron que esta toma de partido tuvo una importancia crucial en la derrota del gobierno en esa oportunidad.[476] El conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín tomó estado público durante ese mismo año, cuando el gobierno acusó a esos medios de tendenciosos y de proteger los intereses de poderosos grupos económicos.[474] Las interpretaciones del enfrentamiento difieren de acuerdo a los involucrados. Según Néstor Kirchner,[477] y la propia Cristina,[478] el conflicto se debe a que el kirchnerismo no aceptó la presión del Grupo Clarín para que no fuera candidata a presidente ni para que el gobierno operara para que el grupo pudiera comprar la empresa Telecom, manifestada de manera personal a Néstor Kirchner por Héctor Magnetto, CEO del grupo empresarial. El Grupo Clarín sostiene que las cuotas del mercado que posee no son excesivas y le imputa al gobierno tener el objetivo de "desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia".[479]

Las relaciones con el Grupo Clarín, así como con otros medios de comunicación, se han mantenido en un alto nivel de tirantez, llegando a hacer pie en el exterior en ocasión de una visita de la presidenta a Angola.[nota 1]

La investigación de los presuntos crímenes relacionados con la adquisición de Papel Prensa por Clarín y La Nación—[480] han sido interpretados alternativamente como una forma de control de la prensa,[481] o como un freno a las limitaciones que ese monopolio ejercería sobre otros medios.[482]

Retiro de subsidios

El 16 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional ―a través de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Economía Amado Boudou y el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido― anunció el retiro de subsidios a los consumos en agua, electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país.[483] [484]

La aplicación de subsidios había sido impuesta en forma gradual durante la presidencia de Néstor Kirchner, como parte de un plan para aumentar en forma indirecta el salario real. Pero ya desde el comienzo de la presidencia de Cristina Kirchner, las transferencias hacia los sectores medios y altos comenzó a tener fuertes críticas, incluidos los mismos medios que luego criticaron el retiro de dichas transferencias.[485] [486] [487]

La cuenta fiscal de 2011 destinada a la Asignación Universal por Hijo fue de algo más de 10 000 millones de pesos. Mientras que en 2010 el Estado Nacional erogó en subsidios al consumo más de 40 000 millones, de los cuales alrededor de 16 000 millones fueron a bolsillos de sectores medios y altos. Según Javier González Fraga, en 2008 un millón de familias del Gran Buenos Aires con ingresos superiores a los 6000 $ recibió transferencias por 750 $ mensuales en concepto de tarifas baratas.[488]

Como las transferencias desde el sector público a los privados puede ser visto como un impuesto negativo, la progresividad en los subsidios se da a la inversa que en los impuestos: se debe transferir más a los de menor ingreso. De transferirse en igual proporción tanto a ingresos bajos como a ingresos altos, la transferencia se hace regresiva respecto a la renta.[489] Este fue el argumento del Gobierno para retirar subsidios a quienes pueden pagarlo.[483]

A raíz de las críticas surgidas por la medida, el gobierno implementó un sistema de renuncia voluntaria, que también fue criticado por medios opositores.

Conferencias de prensa, cadena nacional y pauta publicitaria

Algunos políticos opositores y algunos medios, cuestionaron por insuficientes la cantidad de conferencias de prensa que realiza la Presidenta,[nota 2] [490] y por el uso de la cadena nacional, considerándola impropia.[491]

También cuestionan la manera en que se distribuye la publicidad del Estado Nacional (pauta oficial) en perjuicio de programas y medios de prensa opositores.[492]

El diario Perfil es una de las publicaciones afectadas por la decisión del gobierno de Néstor Kirchner y continuada bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner de no otorgarle publicidad oficial. Esto originó una acción de amparo iniciada en mayo de 2006 que culminó con el reconocimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que esa política -reconocida expresamente por el gobierno- era violatoria del derecho de libertad de expresión y ordenando que se le diera publicidad oficial. Como la sentencia no fue cumplida, el juez impuso al Estado una multa compensatoria.[493] [494]

Acusaciones y movilizaciones

Protesta contra la presidenta en septiembre de 2012.

Algunos intelectuales y políticos opositores catalogan la gestión como de "marcado corte populista"[495] [496] [497] [498] [499] haciéndose eco también algunos medios internacionales.[500] [501] [502]

El Gobierno fue criticado por el reparto a las provincias de los fondos coparticipables, establecido durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), existiendo provincias ―como San Luis,[503] Santa Fe[504] y Córdoba[505] que realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina solicitando una reparación ante lo que consideraron avasallamiento de sus derechos constitucionales por parte del Gobierno nacional. El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni consideró que «un fallo de la Corte no resolverá la pelea por coparticipación» y que «habría que discutirlos en una mesa de negociación».[506]

La gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha debido enfrentar tres multitudinarias manifestaciones populares de protesta en todo el país: una denominada 13S, el 13 de septiembre de 2012,[507] [508] [509] otra denominada 8N, ocurrida el 8 de noviembre de 2012,[418] [510] [511] [512] y otra denominada 18A por el 18 de abril de 2013.[421] [513]

Las consignas y reclamos de los manifestantes fueron principalmente contra la corrupción, la inflación, la inseguridad, los presuntos avances contra la Justicia y el supuesto proyecto de modificar la Constitución para permitir una re-reelección de la presidenta.[418] [514] [421] [422] [515] [516] [517]

La agrupación La Solano Lima, perteneciente a la juventud del PRO, exhibió imágenes de funcionarios con trajes de presidiarios y colgando de una horca.[518] [519]

Además hubo una cuarta marcha multitudinaria de protesta, llamada 18F, el 18 de febrero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman apareció muerto.[520] [521] [522] [523] [524]

Acusación por el caso de la AMIA y desestimación

El 13 de enero de 2015 el fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, interrumpió sus vacaciones en España para regresar a la Argentina y realizar una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández, el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y otros ciudadanos argentinos, por haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán, con la supuesta intención de exculpar a los acusados iraníes del atentado. Al día siguiente, por la tarde, el fiscal fue citado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, fijando la fecha del día 19 de enero para que se presente.[525] Pocas horas después, Nisman se presentó en el programa televisivo A dos voces del canal TN.[526]

Ese mismo día la organización Memoria Activa integrada por familiares y víctimas del atentado contra la AMIA, sostuvo que la denuncia de Nisman "ensuciaba la causa" y exigía que se procediera a iniciar el demorado juicio oral por encubrimiento del atentado contra "el ex juez (Juan José Galeano), los ex fiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia), (el ex titular de la SIDE, Jorge) Anzorreguy, (el ex titular de la DAIA, Rubén) Beraja, (Carlos) Menem, (el ex ministro del Interior Carlos) Corach y demás".[527] Simultáneamente desde la agrupación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, se denunció que la denuncia de Nisman era una operación de inteligencia liderada por el exagente Jaime Stiuso, colaborador principal de Nisman que había sido despedido pocas semanas antes.[528] [529]

En la madrugada del 19 de enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza, en su departamento de Puerto Madero (Buenos Aires), horas antes de cuando debía exponer su denuncia frente a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.[530] [531] [532] La causa en la que se investiga la muerte de Nisman daría lugar a una fuerte confrontación entre la exesposa de Nisman y la fiscal a cargo de la investigación.[241]

El 3 de febrero se confirmó el hallazgo de un escrito en el que el fiscal Nisman había redactado un pedido de detención de Cristina Fernández de Kirchner, que nunca presentó. El texto había sido escrito en junio de 2014, y ocupa al menos 26 páginas. En la foja 67, el fiscal solicita "al Sr. Magistrado" lo siguiente:

...se disponga “la detención de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, de HÉCTOR MARCOS TIMERMAN, de ANDRÉS LARROQUE (previo procesos de desafuero, remoción o juicio político, según corresponda, en virtud de sus respectivas condiciones de Presidente de la Nación, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y Diputado Nacional -arts. 53, 59, 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional)”. [533]

Diez días después, el 13 de febrero de 2015, el fiscal federal Gerardo Pollicita acusó formalmente a Cristina Fernández por la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, por supuestamente haber encubierto a los sospechosos iraníes de llevar a cabo este atentado.[534] La denuncia fue desestimada en primera instancia por el juez Daniel Rafecas por resolución del 26 de febrero de 2015 por entender que no había elementos suficientes para abrir una causa penal. Entre los extensos fundamentos dijo:

Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento se sostienen mínimamente. […] La primera [«Comisión de la Verdad»] porque el presunto delito nunca se cometió. Y la segunda [«baja de las notificaciones rojas de Interpol»] porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito.

Daniel Rafecas[535]

El 26 de marzo de 2015 la Sala I de la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia, decisión confirmada por la Cámara de Casación el 12 de mayo.

Acusación de manipulación de datos y estadísticas públicas

La inflación en Argentina según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) fue de alrededor del 11 % anual, aunque según consultoras privadas fue del 25,6 %.[431] Uno de los puntos más criticados de la gestión de los Kirchner fue el cambio que se produjo dentro del citado organismo desde enero de 2007. La oposición política criticó los índices basándose en el ingreso de nuevos empleados al instituto y se acusó al Gobierno de ocultar los «verdaderos números» de la economía.[429] [536] Por su parte el Fondo Monetario Internacional amenazó con sanciones si no se «corregía» el índice de precios al consumidor.[431] El Gobierno defendió su posición diciendo que lo que cambió fue la metodología de relevamiento: se redujo la canasta que se utiliza como base de análisis de 818 productos a 440, eliminando artículos de lujo y servicios como castración de felinos, viajes a Cancún y servicio doméstico. Sobre este tema, el vicepresidente Amado Boudou afirmó: «Claramente [el servicio doméstico] no es parte del costo de vida [...] ¿Sabe cómo lo medían? Telefónicamente, entre tres o cuatro amigos, para ver cuánto pagaba cada uno en su casa».[432]

Así mismo, en los últimos años de su mandato se dejó de medir la pobreza en el país. Según el ministro de Economía, Axel Kicillof se llevó a cabo esta medida para no "estigmatizar a los pobres".[537] [538] Según datos de la Observación de la UCA, el final del gobierno de Cristina Kirchner dejó alrededor del 30% de los argentinos en la pobreza,[539] siendo éstos números similares a los que dejó el menemismo en la década de 1990.[540] [541]

Cristina Fernández de Kirchner inaugura las sesiones ordinarias del Parlamento Argentino (1.º de marzo de 2010).

Causas judiciales

Causa Ciccone

En febrero de 2012, el vicepresidente del Gobierno de Cristina Fernández, Amado Boudou, se vio involucrado en una controversia acerca de la compra de la Compañía de Valores Sudamericana, una empresa entonces privada que contaba con la tecnología necesaria para imprimir Papel moneda Fue denunciado por el fiscal federal Carlos Rívolo por la supuesta compra fraudulenta de la empresa que imprime el dinero en la Argentina.[542] [543] [544] De acuerdo con una denuncia hecha por Laura Muñoz, la empresa habría sido adquirida por su esposo Alejandro Vandenbroele y este estaría presuntamente relacionado con Boudou en calidad de testaferro, con lo que se le acusa de «negociaciones incompatibles con la función pública».

El fiscal federal Carlos Rívolo decidió iniciar la investigación judicial a partir de la denuncia de Muñoz,[542] que había sido realizada en el programa radial que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre.[545] Inicialmente, la causa recayó en el juez Daniel Rafecas, pero este magistrado fue luego apartado y, por sorteo, la Cámara Federal designó a Ariel Lijo, quien además debió resolver sobre los pedidos de recusación que pesan sobre el fiscal Rívolo.[546] .[547]

Vandenbroele negó conocer «ni siquiera de vista al vicepresidente Amado Boudou» y que el banquero Raúl Moneta puso el dinero para levantar la quiebra de la empresa que ahora es la Compañía de Valores Sudamericana.[548] [549] Vandenbroele afirmó en una solicitada que «todo se trata de una mentira».[550] En noviembre de 2013 el fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, emitió un dictamen favorable a la defensa de Boudou, que pedía el cierre del caso.[551] Tanto Vandenbroele como Moneta negaron tener relación directa con Boudou.[552]

Ante las acusaciones, el 8 de febrero de 2014 Boudou se presentó espontáneamente ante el juez Lijo, aseguró ser víctima de «una trama de operaciones políticas y mediáticas», al tiempo que pidió su sobreseimiento.[553]

Lijo citó a Boudou para audiencia indagatoria. La misma tuvo lugar el 9 de junio de 2014.[554] [555] [556] El juez Ariel Lijo ha decidido unificar las causas por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito relativas al caso Ciccone.[557]

El 27 de junio de 2014, el juez Ariel Lijo procesó a Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público.[558] Según un fiscal, Amado Boudou aceptó como soborno el 70 % de las acciones de la imprenta Ciccone para hacer negocios para sí, y se interesó en los trámites para levantar su quiebra.[559] [560] [561]

En diciembre de 2014 el juez Lijo ordenó el allanamiento del Ministerio de Economía, donde obtuvo documentos en los que constan los gastos en viajes realizados por Boudou entre 2009 y 2011, mientras fue ministro.[562]

El 19 de febrero de 2015 la Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Boudou en la causa, al considerar probado que Boudou incurrió en negociaciones incompatibles con su cargo,[563] dejando así firmes las acusaciones y quedando estas nuevamente en manos del juez federal Ariel Lijo.[564] La defensa de Boudou apeló la decisión de la Cámara Federal ante la Cámara Federal de Casación Penal.[565] [566] [567]

El 25 de junio de 2015, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, dejó firme el procesamiento de Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles.[568]

En agosto de 2016, el ex vicepresidente Amado Boudou fue llevado a juicio oral por la causa. El fiscal Jorge Di Lello requirió la elevación del caso donde el ex vicepresidente está acusado de apropiarse de la fábrica de billetes para hacer negocios con el Estado.[569]

Causa Accidente ferroviario de Once de 2012

La Tragedia de Once fue un siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012 a las 08:33 a.m., cuando un tren de la línea Sarmiento que se encontraba llegando a la estación de Once, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención[570] [571] llevando a bordo más de 1200 pasajeros.[572] Fallecieron 51 personas y más de 702 resultaron heridas.[26] [573] [574] Fue el tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina.[575] [576]

Muchos vincularon el accidente de Once a la corrupción política,[577] [578] [579] [580] entre ellos el sindicalista Rubén Sobrero y políticos de Proyecto Sur como el diputado Pino Solanas, que acusó a la empresa y a la CNRT.[581] [582] [583] UCR, ARI denunciaron el pésimo estado de la línea Sarmiento y del sistema ferroviario argentino y a la administración de Cristina Fernández de Kirchner.[581] También Leandro Despouy opinó que el estado es responsable de los servicios públicos concesionados.[584] La Auditoría General de la Nación presentó un informe el 2 de marzo de 2012 recomendando “intimar a TBA para que dé cumplimiento a las tareas de mantenimiento, que garanticen la correcta conservación de los bienes concesionados y la seguridad operativa del sistema, contemplando la totalidad de las rutinas establecidas para el material rodante”.[585] Desde su privatización en 1995, TBA recibía subsidios.[586]

En junio de 2013, también el columnista de Página/12 Mario Wainfeld responsabilizó a la gestión de gobierno del estado del transporte ferroviario, ya que se habrían priorizado los beneficios económicos por sobre el trato a los pasajeros y su seguridad.[587]

Tras un largo juicio, el 29 de diciembre de 2015 se dictó la sentencia[588] [589] que condenó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime —condenado a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua— y Juan Pablo Schiavi —condenado a ocho años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Claudio Cirigliano, el ex titular de TBA, fue condenado a una pena de nueve años de prisión. Se dictaron también otras 18 sentencias, de entre 3 años y seis meses hasta 6 años de prisión, para el conductor del tren y directivos de la empresa concesionaria.[590]

Causa por la venta de dólares a futuro

La expresidenta fue citada por el juez federal Claudio Bonadío para prestar declaración indagatoria el 13 de abril de 2016 por supuestas irregularidades del Banco Central (BCRA) consistentes en venta de dólares a futuro para los primeros meses de 2016 a un precio inferior al valor de mercado de ese momento.[591] [592]

Tras responder por escrito, Cristina Fernández solicitó el juicio político de Bonadío ante el Consejo de la Magistratura, por el allanamiento del Banco Central para buscar información que ya había sido presentada, por enjuiciar a los responsables de la operatoria original y no a los responsables de la devaluación que generó las pérdidas para el Estado nacional, y porque el propio juez Bonadío había autorizado el pago de los dólares a futuro cuya creación —según el mismo— habría configurado un delito.[593] El 5 de mayo, Cristina Fernández pidió la indagatoria al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y al director del Banco Central, Pablo Curat, por haber participado en la decisión de devaluar y de determinar el precio final de los dólares futuro tras haber celebrado contratos de dólares a futuro, con lo que habrían obtenido beneficios económicos de sus propias decisiones como funcionarios.[594] Días después el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y a Claudio Bonadío por habilitar el pago de los contratos dólar futuro incrementados tras la devaluación ordenada por el gobierno de Mauricio Macri. Según la imputación, Bonadío habría cometido «prevaricato, al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos» e incurrió en «tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de la libertad».[595]

El 13 de mayo de 2016 el juez Bonadío procesó a Cristina Fernández y a otros exfuncionarios por defraudación; la resolución la responsabilizó a título de «autoría mediata», aplicado en el pasado para procesar al dictador Jorge Rafael Videla,[596] [597] considerando que “es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se llevaron las posiciones del B.C.R.A. de U$s 5000 millones a U$S 17000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional.”[598]

El procesamiento fue confirmado el 11 noviembre de 2016 por la Cámara Federal, que la expresidenta no apeló,[599] agregando a los demás argumentos que el mismo día 23 de octubre de 2015 en el cual el BCRA vendió a un precio de 10,8165 pesos, el ICBC revendió contratos con idénticos vencimientos a 12,225 pesos.[600] [601]

Causa por supuesto lavado de dinero

En enero de 2015, durante la feria judicial, Margarita Stolbizer realizó una denuncia sobre una "presunta asociación ilícita fiscal" entre Lázaro Báez y Ricardo Echegaray, entonces titular de la AFIP ante el Juez Casanello, por la supuesta utilización de facturas apócrifas para evadir dinero a través de una red de empresas ubicadas en la ciudad de Bahía Blanca.[602]

Cristina Fernández se encuentra imputada desde el 9 de abril de 2016 por el juez federal Sebastián Casanello en el llamado caso Lázaro Báez, aparentemente a raíz de la declaración de Leonardo Fariña del día anterior. Entre los imputados se encuentra también el exministro de Planificación Julio de Vido.[603] [604] [605]

Causa Hotesur

En noviembre de 2014, luego de una investigación del programa Periodismo para Todos, la diputada Stolbizer presentó una denuncia penal ante el juez Claudio Bonadío para que se investiguen las irregularidades vinculadas a la empresa Hotesur S.A., el incumplimiento de normas de inscripción y publicación en la Inspección General de Justicia.[606] Luego de varios allanamientos en los domicilios de la empresa, Hotesur reconoció haber incurrido en en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia.[607] Stolbizer misma aclaró que no denunció a Cristina Fernández de Kirchner y que «ninguna de las faltas cometidas por la sociedad son delito».[608] Sin embargo, después amplió su denuncia contra la entonces presidenta por la titularidad de acciones y un posible lavado de dinero. [609] En julio de 2015, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal apartó al juez Bonadío, haciendo lugar a un pedido de la defensa, por la parcialidad del juez y las irregularidades cometidas en la causa.[610] Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la causa es «una copia de la que un año antes formularon» Elisa Carrió y Fernando Sánchez, en la cual había sido sobreseída.[611]

Causa Los Sauces

En abril de 2016, la diputada Margarita Stolbizer realizó otra denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por un posible lavado de dinero, falsificaciones de documentos públicos y violación de la Ley de Sociedades en la empresa Los Sauces S.A.[612] La denuncia sostenía que la empresa «habría sido usada para cobrar precios por encima de los de mercado por otros alquileres y ventas de inmuebles».[613]

Causa sobre las cajas de seguridad

En junio de 2016, la diputada Margarita Stolbizer realizó otra denuncia contra la familia Kirchner, y los acusó de ser una asociación ilícita, al punto de calificar a dicha familia como «la cabeza de la banda», vinculando a la expresidenta como «la jefa de una organización delictiva vinculada a la obra pública».[614] La diputada presentó un escrito sobre presuntas cajas de seguridad que atesoran dinero a nombre de la familia Kirchner. Stolbizer dijo que tomó conocimiento de «extraños movimientos bancarios» en las cuentas de las empresas de la familia, así como en sus cuentas personales. La diputada afirmó —recordando una vieja denuncia suya— que existen diferencias entre los depósitos a plazos fijo que informó Cristina Fernández de Kirchner en sus declaraciones juradas con otros documentos públicos suscriptos por ella, haciendo nuevamente hincapié en la sucesión de Néstor Kirchner, donde se informaron 19 plazos fijos en 2014. Sin embargo, la expresidenta declaró ante la Oficina Anticorrupción, desde 2011 a la fecha, solo 9 plazos fijos, todos en el Banco Santa Cruz.[615] A raíz de esta denuncia, la justicia ordenó abrir las dos cajas de seguridad de Florencia Kirchner.[616] Antes de que se abriesen las cajas, Cristina Fernández de Kirchner declaró que en la primera de ellas encontrarían 2 250 000 dólares, y en la segunda 2 414 000; aclaró que ambos importes correspondían a una donación para sus hijos por la sucesión por la muerte de Néstor Kirchner. Adicionalmente, denunció a la diputada Stolbizer por haber iniciado la denuncia con información de origen ilícito, que habría provenido del juzgado del juez Bonadío.[617] Las cajas fueron abiertas el 14 de julio, y en ellas se encontraron exactamente los 4 664 000 dólares que había declarado Cristina Fernández de Kirchner, aunque todo el importe estaba en una sola caja.[616] Junto a 800 000 dólares de una caja de ahorro que no estaba incluida en la denuncia, el contenido de la caja de seguridad fue embargado como medida preventiva por el juez Julián Ercolini.[618] [619]

Supuestos sobreprecios en la Obra Pública

Presunto fraude a la administración pública por direccionamiento de la obra pública

Según estudios del presupuesto vial de los últimos doce años, el 11,6 % de los fondos fue para Santa Cruz y el empresario Lázaro Báez llegó a manejar $ 24.500 millones en decenas de contratos de obra pública.[620] Además, existen sospechas de sobreprecios en la obra pública asignada por el gobierno,[621] [622] [623] [624] siendo que además, muchas de las mismas están sin terminar. Según un informe emitido por Vialidad Nacional llevado adelante por el Gobierno de Mauricio Macri, la mitad de las 51 obras otorgadas al Grupo Austral de Lázaro Báez en Santa Cruz quedaron inconclusas a diciembre de 2015. De ellas, el 90% habían duplicado y casi triplicado el plazo de obra inicial, lo cual demuestra que desde 2010 en adelante Báez recibió obras por más de $ 16.000 millones, que representó el 80% del total de obra pública que la Nación destinó a la provincia.[625] [626] [627]

En julio de 2016, la Cámara Federal le remarcó al juez Sebastián Casanello realizar una investigación más profunda de los hechos e incluir sobre un posible «acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico) y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal»[628]

El 12 de septiembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini dispuso la citación a indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para el 20 de octubre por presunto fraude a la administración pública por direccionamiento de la obras en favor del empresario Lázaro Baéz. La acusación apunta a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez. En adición, El juez entendió que trabar una inhibición sobre sus bienes correspondía "para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir, en definitiva, producido o provecho del delito bajo pesquisa".[629] Cristina Fernández encabeza la lista de 17 personas llamadas a indagatoria en el marco de uno de los capítulos de la denuncia por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió en 2008.[630]

Causa Sueños Compartidos

Esta causa hace referencia a las denuncias conforme las cuales Sergio Schoklender, Hebe de Bonafini y otras personas habrían intervenido en el presunto desvío de fondos entregados por el Estado por la construcción de viviendas sociales por la «Misión Sueños Compartidos», organizada por las Madres de Plaza de Mayo[631] y creada por Sergio Schoklender.[632] Los fondos eran girados por la Subsecretaría de Vivienda, a cargo de Luis Bontempo, o de la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo de Abel Fatala, ambas del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido a los municipios o provincias que contrataban a la Fundación. Así, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales habrían detraído luego de su destino específico –con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado.[633]

Causa Fútbol Para Todos

En 2016, tres ex jefes de gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich resultaron imputados por las irregularidades en el programa.[634] A los tres se los acusa de no haber controlado el manejo de $ 5.600 millones del programa cuando fueron jefes de Gabinete de Cristina. La causa había comenzado en mayo de 2014, a raíz de una presentación de la legisladora Graciela Ocaña, quien denunció modificaciones en el convenio del FPT, el manejo irregular de la pauta publicitaria y la asignación discrecional de los canales, entre otras cosas.


Predecesor:
Presidencia de Néstor Kirchner
Standard of the President of Argentina.svg
Presidencia de Cristina Kirchner

2007 - 2015
Sucesor:
Presidencia de Mauricio Macri

Notas

  1. El conflicto con el Grupo Clarín hizo pie en el extranjero cuando, en mayo de 2012, en el marco de una visita de la presidenta a Angola, miembros de la comitiva presidencial distribuyeron medias con la leyenda «Clarín miente» a niños de ese país. Véase «¿Quién llevó a los niños descalzos de Angola la campaña contra Clarín?». Plaza de Mayo.com. 18 de mayo de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012.  y «Las medias "Clarín Miente" llegaron a Angola». Diario La Nación. 22 de agosto de 2012. Consultado el 22 de agosto de 2012. 
  2. El 22 de febrero de 2012, luego de un accidente ferroviario en la estación Once de Buenos Aires, que causó 51 muertos, los funcionarios de la Secretaría de Transporte llamaron a un encuentro con la prensa y —pese a las dudas sobre lo ocurrido— no aceptaron responder preguntas. Este fue el disparador para que periodistas de distintos medios de comunicación reclamaran su derecho a formular preguntas a los funcionarios, resumida en la frase "Queremos preguntar".

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    El documento también indicó que la clase media en América Latina y el Caribe pasó de 103 millones de personas en 2003 a 152 millones en 2009, lo que implica un aumento de 50 por ciento, y alcanza así al 30 por ciento de la población regional.
    En el caso de Argentina, el estudio detalló que la clase media trepó en ese período de 9,3 millones a 18,6 millones de personas. Al respecto, precisó que ese aumento de más de 9,3 millones de personas "representa un 25 por ciento de la población total de Argentina ". "Es el mayor porcentaje de crecimiento de la clase media en toda la región durante la última década, seguido por Brasil con 22 por ciento y Uruguay con 20 por ciento", subrayó.»
     
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  359. Las declaraciones de Leon Panetta fueron realizadas en una conferencia de prensa. A continuación se transcriben la versión original en inglés de la parte en la que se realizaron las declaraciones sobre Argentina y su traducción al español:
    Versión original (en inglés):
    "Q: Can you talk a little bit about this daily economic briefing that you're doing? Admiral Blair referred a little bit to ― as he said, obviously, this is the biggest threat. And he talked about, for example, you don't want the cost of living in China to go below a certain level. That would cause some instability. Is that ― would you say that's one of the big issues? Or could you ― what are some of the concerns you have worldwide with that?
    DIR. PANETTA: Well, you know, I mean, I think it's obvious that as we've seen the impact of a worldwide recession occur throughout the world. And it's beginning, obviously, to have impacts not only in China and other countries throughout Europe, but I just met with someone from Latin America who discussed the fact that there are some serious problems that we have to pay attention to in Latin America that involve economic instability. So clearly it's related; what happens in the economy and what's happening as a result of that is affecting the stability of the world. And as an intelligence agency, we've got to pay attention to that because we have to know whether or not the economic impacts in China or Russia or any place else are in fact influencing then the policies of those countries when it comes to foreign affairs and when it comes to the issues that we care about. So I think that's the purpose. The purpose is to try to give policy-makers a feel for what is going on so that they can take it into consideration as they make the decisions they have to make on policy.
    Q: Well, what countries in Latin America? What was this person telling you?
    DIR. PANETTA: The concern particularly involved Argentina, Ecuador, and Venezuela.
    Versión traducida al español:
    Pregunta: ¿Puede hablar un poco sobre este informe económico diario que ustedes están realizando? El almirante Blair se refirió un poco a ello cuando dijo que obviamente esta es la mayor amenaza. Y dijo, por ejemplo, que ustedes no quieren que el costo de vida en China baje de cierto nivel. Eso podría causar alguna inestabilidad. ¿Diría usted que ese es uno de los grandes temas? ¿O podría usted (decir) cuáles son algunas de las mayores preocupciones mundiales que tienen en esto?
    DIR. PANETTA: Bueno, ustedes saben, quiero decir, pienso que es obvio que como vemos el impacto de una recesión mundialmente extendida ocurre a lo largo del mundo. Y está comenzando, obviamente, a tener impactos no solo en China y otros países a los largo de Europa, pero acabo de reunirme con alguien de América Latina quien sostuvo que hay algunos problemas serios a los que tenemos que prestar atención en América Latina que involucran inestabilidad económica. Se ha dicho con claridad; lo que sucede en la economía y lo que está sucediendo como resultado de ello está afectando la estabilidad del mundo. Y como una agencia de inteligencia, tenemos que prestar atención a eso porque tenemos que saber si los impactos económicos en China o Rusia o en cualquier otro lado están o no influenciando las políticas de esos países en materia de asuntos externos o en materia de los asuntos que nos preocupan. Así que pienso que ese es el propósito. El propósito es tratar de brindarle a los que hacen las políticas una impresión de qué es lo que está sucediendo de modo que puedan tomarlo en consideración mientras toman las decisiones que deben tomar sobre las políticas.
    P: Bien, ¿qué países de América Latina? ¿Quién fue esta persona que se lo dijo?
    DIR. PANETTA: La preocupación involucra particularmente a Argentina, Ecuador, y Venezuela.
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  511. 8N: masivo "cacerolazo" contra el Gobierno argentino en todo el país
  512. El #8N ya es global: Roma, París, Madrid, Barcelona
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    Uno de los despliegues más grandes corrió por cuenta de la agrupación La Solano Lima, vinculada con el legislador PRO Cristian Ritondo, que llevaba un camión con una pantalla gigante. Desde Santa Fe y Callao se podían ver videos, entre ellos uno donde cuatro cuerpos con las caras de Cristina Fernández, Amado Boudou, Guillermo Moreno y Aníbal Fernández, vestían traje a rayas y colgaban de una soga.



  519. Se trata de un video o imagen con música publicado el año anterior en Twitter por el legislador del PRO, Cristian Ritondo.«Exabrupto porteño y marcha atrás», artículo del 4 de mayo de 2011 en el diario Página/12 (Buenos Aires).

    Ayer por la tarde, Ritondo subió a su Twitter un video realizado por La Solano Lima (una agrupación que parodia a La Cámpora, que formaron algunos jóvenes del PRO) en el que aparecen imágenes de la presidenta Cristina Fernández y de los ministros Aníbal Fernández y Amado Boudou colgados de una horca mientras se escucha una canción cuyo estribillo dice: «Antes de que se vayan todos presos vamos a colgarlos del pescuezo.



  520. Muerte de Alberto Nisman: Protestas por toda Argentina contra el Gobierno de Cristina Fernández
  521. Cacerolas y manifestaciones contra Cristina Kirchner por la muerte del fiscal que la acusó de encubrimiento terrorista
  522. Manifestaciones contra Cristina en todo el país
  523. Manifestaciones contra Kirchner por la muerte del fiscal que la acusó de encubrir terrorismo
  524. Marcha 18F: bajo la lluvia, miles de personas se movilizaron con los fiscales y la familia de Nisman a Plaza de Mayo
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Enlaces externos

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