Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)

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Instituto Nacional de Estadística y Censos
Indec logo.png

Información general
Tipo Instituto de estadística
Fundación 25 de enero de 1968 (49 años, 9 meses y 26 días)
Sede Buenos Aires, Flag of Argentina.svg Argentina
Coordenadas 34°36′38″S 58°22′30″O / -34.61045, -58.37495Coordenadas: 34°36′38″S 58°22′30″O / -34.61045, -58.37495
Organización
Dirección Jorge Todesca (Director)
Histórico
Dirección Nacional de Estadística y Censos (1956) Actual
Sitio web
[editar datos en Wikidata]

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es un organismo público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina. Su creación y funcionamiento están reglamentadas por la ley 17.622 (25 de enero de 1968)[1]​ y los decretos 3110/70 (30 de diciembre de 1970)[2]​ y 1831/93 (1 de septiembre de 1993).[3]​ El organismo se encuentra intervenido por el gobieno nacional desde enero de 2016.[4]

La ley le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y dirección de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores básicos de orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas. Depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

El Indec también tiene la responsabilidad de coordinar el Sistema Estadístico Nacional (SEN), bajo el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esto significa que el Indec es responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas oficiales, asegurando la capacidad de comparar la información originada en distintas fuentes. El Sistema Estadístico Nacional está integrado por los servicios estadísticos de los organismos nacionales, provinciales y municipales.

En cada provincia argentina existe una Dirección de Estadística (DPE) dependiente del gobierno provincial. Dichas direcciones coordinan los sistemas estadísticos provinciales, e intervienen en la captura, ingreso y procesamiento de información a nivel provincial. Esta es consolidada por el Indec o por otros servicios nacionales para la obtención de información a nivel nacional.

La producción de información estadística se realiza a través de distintos métodos de captación de datos (censos, encuestas, registros administrativos, etc.), que permiten la confección de indicadores en relación a diferentes áreas temáticas.

Estructura[editar]

Edificio principal del Indec, en Julio A. Roca 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Indec está estructurado en tres áreas principales:

  • Producción de estadísticas
  • Difusión
  • Apoyo y soporte a la producción y difusión

Historia[editar]

Creación[editar]

Desde su creación, original en la ley 17.622 de 1968, dependió en forma alternativa de diversas instancias del Poder Ejecutivo Nacional, preservando siempre la independencia en la producción de las estadísticas.

Dicha ley le confirió dos objetivos fundamentales:

  • Ejercer la dirección superior de todas las estadísticas oficiales.
  • Estructurar y conducir el Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Bajo los principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva, el Indec coordina el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN), confecciona el Programa Anual de Estadística y Censos, y desarrolla metodologías y normas que aseguran la comparación de información procedente de distintas fuentes.

La ley también establece la obligatoriedad de suministrar datos e informaciones de interés estadístico que requieran los organismos del SEN, y la garantía del secreto estadístico sobre los datos suministrados. Para esto el Indec debe publicar los resultados de cada relevamiento en compilaciones de conjunto, para que así el secreto comercial o patrimonial no sea violado, ni puedan ser individualizadas las personas o entidades a quienes se refieran.

Regreso de la democracia[editar]

Con la consolidación del sistema democrático, en 1983, se afianzó el papel de la ciudadanía en la demanda a los responsables del Gobierno acerca de los resultados del accionar público.

Por otra parte los procesos de apertura e integración de la Argentina en una economía globalizada y la necesidad de reconvertir el aparato productivo nacional tornaron necesaria la disponibilidad de datos de diversa índole para la toma de decisiones y para evaluar los efectos de las políticas de gobierno: tanto en educación, salud, vivienda y cobertura social, además del avance tecnológico y económico sobre el empleo y los cambios en los hábitos de consumo de la población.

Crisis institucional[editar]

Desde mediados de la década del 2000 se ha hablado en los medios de comunicación de una crisis institucional del Indec. Sin embargo, el organismo ha tenido diferentes controversias, bajas en su credibilidad y acusaciones de "fraude" desde al menos el año 1999, en especial en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC). En dicho año, una consultora privada, contratada por el Indec, marcó que el organismo poseía una credibilidad era muy baja en los indicadores económicos y mayor en el censo.[5]

En el año 2000, el entonces supervisor de Metodología del IPC publicó un informe que cuestionaba las fórmulas y metodologías utilizadas, a las que califica de "fraudulentas". Según el mismo, el índice de precios con el que se calcula el índice no representa al consumidor medio sino casi exclusivamente a los estratos más altos, subestimando los artículos de primera necesidad, dando resultados equivalentes a ocultar a más de la mitad de la población, debido a distorsiones que el autor califica como intencionales.[6]

En el año 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa creó una nueva metodología para el relevamiento del IPC, en la cual se incorporaron tres grandes modificaciones: se aumentaron la cantidad de productos que el índice vigila, se cambiaron las ponderaciones de esos mismos productos y se estableció el secreto sobre más de 500 de los 800 artículos.[7]​ En julio de 2001, empleados y estadistas del organismo, organizaron una publicación llamada "Cuidemos al Indec", donde denunciaban que en la gestión del Indec se obstaculizó el trabajo de técnicos y profesionales; se retiró de la difusión, por largos períodos, la información pública producida, se entregaron en forma gratuita a instituciones privadas, bases de datos y trabajos que no se difunden al público en general; y se desatendió la planificación y el financiamiento de estadísticas básicas.[8]

En 2002, el ex supervisor de Metodología del IPC, realizó una publicación llamada «Informe de Coyuntura» donde criticaba la metodología que calificaba como "fraudulenta" creada el año anterior en el gobierno de la Alianza, en los siguientes puntos:

  • "Discriminar a los sectores más pobres y a la clase media, quitándole representatividad a más del 80% de la población, y haciendo que el índice sea virtualmente insensible a los aumentos de precios de los artículos y servicios más necesarios. Representando al 20% más rico de la sociedad, y en algunos rubros apenas al 10% más rico, y con ello favorece la ponderación excesiva de determinados artículos suntuarios sin tener en cuenta que solamente una ínfima minoría los puede consumir. Propiciando el aumento de la brecha entre ricos y pobres y la exclusión social."
  • "Producir indirectamente subestimaciones en otros indicadores sociales, como los índices de pobreza. Hará que la cantidad oficialmente calculada de pobres esté subestimada en varios millones."
  • "Acusar incrementos inflacionarios notoriamente más bajos a los verdaderos en: períodos de recesión económica y caída del poder adquisitivo, épocas de aumento de la desocupación y sistemas compulsivos de control de precios."
  • "Presentar un efecto paradójico que puede arruinar cualquier mejora, ya que acusa incrementos inflacionarios mayores a los verdaderos en: períodos de recuperación económica, disminución de la desocupación con aumento de demanda laboral y sistemas de mercado autoequilibrado."[9]

Durante 2006, el Secretarío de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, le reclamó a Graciela Bevacqua, que conducía la dirección de Índice de Precios al Consumidor (IPC), discordancia entre los acuerdos de precios establecidos con los productores y los precios relevados en el índice. Guillermo Moreno también discutió con Bevacqua y su superior, Clyde Trabucci, debido a las metodologías utilizadas para realizar el IPC.[10]​ Según Bevacqua, en octubre de 2006 Moreno le solicitó los nombres de los comercios que se encuestaban para calcular el índice de precios minorista, y la misma se negó a hacerlo, aduciendo que se lo prohibía la ley de secreto estadístico.[11][12]​ Según Gustavo Noriega, el comité de secreto estadístico el organismo terminó con un dictamen ambiguo sobre lo inquirido por Moreno.[10]

Policías Federales a las afueras de la sede del Indec en 2007.

A fines de enero de 2007 Graciela Bevacqua y Clyde Trabucchi fueron desplazadas;[13][14]​En reemplazo de Bevacqua asumió una persona supuestamente vinculada políticamente con el Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri.[15]​ Para dicho mes, el Indec difundió un índice de 1,1 %.[16]​ En febrero, la directora Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida pidió su "desafectación" en desacuerdo por la remoción de Bevacqua.[17]​ El representante de la Unión Argentina de Inquilinos denunció que en enero de 2007 los alquileres subieron un 70% más que la inflación promedio del mes según el INDEC.[18]

En marzo la ministra de Economía Felisa Miceli, nombró interinamente a Mario José Krieger como director del Indec, en reemplazo de Lelio Mármora, quien había presentado su renuncia. Krieger fue reemplazado en abril por Alejandro Barrios, sindicalista de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), luego de mantener conversaciones con la ministra. Si bien se esperaba que la designación del delegado gremial supondría un acercamiento con los sectores internos más críticos con el proceso del instituto, el sindicato al que pertenecía Barrios realizó severas críticas a los pocos días de iniciada esta gestión.[19]​ Ana María Edwin, fue nombrada en julio directora del instituto por el nuevo ministro de Economía de la Nación, Miguel Gustavo Peirano, ya que la ministra Miceli había renunciado a su cargo y el sindicalista Barrios perdió así apoyo político. En julio Cynthia Pok, que ocupaba el cargo de Directora de la Encuesta Permanente de Hogares, fue desplazada de su cargo. Como consecuencia de esto, empleados del Indec realizaron una huelga en solidaridad con Cynthia Pok.[20]

En 2008, el local del gremio ATE de los trabajadores del Indec que poseen en el edificio, fue atacado con pintadas por un grupo de personas, según el diario Perfil miembros de la gremial ”culparon a otros empleados agrupados en la Unión de Personal Civil de la Nación, que responden a Moreno”.[21]​ Durante julio de 2008 el índice estimado por el Indec fue del 0,4%, mientras las cifras calculadas por consultoras y se situaron en el 1,5%.[22]​ Ante la supuesta manipulación de datos, desde la virtual totalidad de los sectores políticos y económicos del país, incluyendo miembros del oficialismo, fueron presentados pedidos de remoción del Secretario de Comercio Guillermo Moreno y de un inmediato saneamiento del organismo.[23]​ El entonces Jefe de Gabinete, Sergio Massa se refirió al tema diciendo que se debía "construir una muy fuerte confianza del ciudadano en todas las instituciones del Estado y eso obviamente incluye al Indec".[24][25]​ Según las cifras oficiales del organismo, luego del cambio en la metodología de cálculo del IPC, la inflación del año 2008 fue del 7,2%. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), de Mendiguren, había sostenido que la inflación de ese año alcanzaría el 25%.[26]

Desde el año 2005, el Indec además de calcular el IPC-GBA, coordinaba con 7 provincias la elaboración de sus respectivos índices y los publicaba agrupándolos en lo que llamaba "IPC-Nacional", en abril de 2008 el Gobierno decidió eliminar el IPC Nacional.[27]​ Algunas provincias como Córdoba,[28]​ Santa Fe, y San Luis[29]​ continuaron elaborando y difundiendo índices propios.

En el mes de julio de 2009, mediante el decreto 927, el poder ejecutivo transfirió el Indec a la órbita de Ministerio de Economía, conformó el Consejo Académico de Monitoreo y Seguimiento del Indec con cinco Universidades Nacionales en julio de 2009, y conformó el Consejo de Observación Económico y Social en materia de estadística, conformado por representantes del sector primario, del sector secundario, del sector comercial y del sector servicios, como así también representantes de los trabajadores y de los usuarios y consumidores.[30][31]​ El Consejo Académico de Monitoreo y Seguimiento, fue integrado por la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Universidad Nacional de Tucumán. Poco después de su conformación las universidades denunciaron que el Indec les negaba información necesaria para hacer el informe.[32]​ y, luego de anunciar el resultado del monitoreo,[33]​ no obtuvieron respuesta sobre el mismo.[34]​ Finalmente se realizaron pedidos de información al Indec, que entregó la misma en 3 informes diferentes en los meses de septiembre de 2009, noviembre de 2009 y marzo de 2010. En el mes de septiembre de 2009, el consejo realizó su informe de evaluación.[35]

Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirmó en 2010 luego de una reunión que mantuvo con los intelectuales agrupados en “Carta Abierta”:

Todos los que participamos de este espacio repudiamos el avasallamiento del organismo oficial de medición de indicadores económicos.[36]

En dicho año, la Auditoría General de la Nación, consideró que los datos del Instituto no son confiables por los “riesgos inaceptables” que toma el organismo al utilizar una “red de información desactualizada”, “equipamiento obsoleto” y dispersión tecnológica.[37]

En 2011, la revista The Economist afirmó que hasta nuevo aviso no publicará más datos provenientes del Indec, pues consideró que «desde el año 2007 la información proveniente de allí es manipulada».[38]

El 1 de febrero de 2012 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado de prensa en el cual el directorio ejecutivo expresa su lamento en la ausencia de progreso en alinear el Índice de Precios del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) con las pautas estadísticas internacionales. Además aprobó una decisión que llama a Argentina a implementar medidas específicas, dentro de un plazo de 180 días, para mejorar la calidad de los datos reportados sobre el IPC-GBA y el Producto Bruto Interno, de modo tal que la calidad de dichos datos se torne consistente con el cumplimiento de la referida obligación prevista en el Convenio Constitutivo del FMI. Se fijó como plazo máximo el próximo 6 de septiembre para elevar un informe al Consejo Ejecutivo del FMI sobre el estado de aplicación en la Argentina de las medidas solicitadas.[39][40]

Los índices de pobreza en abril de 2012 fueron medidos por el Indec en un 5,4% de la población,[41]​ mientras que para analistas privados fueron superiores: según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina fue de un 19,9%,[41]​ según el economista Federico Muñoz rondó el 21,1%[41]​ y según la UCA fue del 24,5%.[41]​ Para la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) la pobreza fue del 5,7 por ciento en el año 2012.[42]

Según el Indec el índice de pobreza en la ciudad de La Rioja se redujo al 2,7% y la indigencia al 0,1%, lo que provocó estas palabras del intendente del mencionado distrito:

Decir que en La Rioja hay 0,1% de indigencia me parece una barbaridad. Si fuera del 0,1%, existirían 360 personas indigentes, y eso es un absurdo. En este momento yo tengo en la puerta de mi casa 40 o 50 personas indigentes.

El 1 de febrero de 2013 el directorio del Fondo Monetario Internacional emitió una moción de censura contra Argentina en “relación con su incumplimiento de la obligación en virtud de los artículos del acuerdo con el FMI".[43]​ Es la primera vez, desde su fundación en 1944, que el FMI aplica una medida de este tipo.[44]​ En un informe de abril de 2013, el FMI advirtió que "los controles de cambio afectan a la confianza empresarial y las inversiones" y alertó sobre el impacto negativo de la inflación. Los analistas privados, en los que el FMI también se fija para complementar sus informes, sitúan la inflación por encima del 25 %. No obstante, según el Indec, la inflación seguirá situada en el entorno del 10 %.[45]

El 30 de diciembre de 2015 el ministro de Economía del recientemente electo presidente Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, anunció que había declarado la emergencia estadística, razón por la cual el gobierno «no publicará datos de la inflación hasta nuevo aviso» y que se estaba analizando la posibilidad de elaborar un índice alternativo. Prat Gay dijo respecto a las razones de la medida que «el Gobierno decretó la emergencia estadística, para recuperar la verdad» y «porque queremos que el Indec deje de mentir» aclarando que «estamos trabajando en un nuevo índice, pero hasta que eso esté terminado el Índice de Precios al Consumidor, hasta nuevo aviso, no se va a publicar. Se trabaja ahora en un índice alternativo, para que no se suspenda la aplicación del CER para contratos financieros y no financieros».[46]​ El ministro estimó que la inflación de diciembre sería de entre 3 y 3,5 por ciento, pero consideró que «al menos un 2 por ciento» de la misma se registró previo a la asunción de Macri y habló de ≪una zona (de precios) liberada del gobierno anterior≫.[47]​ La gestión del Indec durante los gobiernos kirchneristas había sido criticada por diferentes sectores y organizaciones nacionales e internacionales e inclusive por trabajadores del propio Indec agrupados en ATE,[48][49][50][51]​ como el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) del INDEC, el PRO, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Peronismo Renovador, el GEN, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Fondo Monetario Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. En el caso de algunos de los partidos políticos se habló directamente de falsificación de estadísticas e incluso hubo denuncias penales al respecto pero que en ningún caso llegaron a juicio, mientras que en los organismos se habló de «imprecisiones» y que debían realizarse correcciones.[52][53][54]

Como consecuencia de esas críticas, el Indec había empezado a trabajar con especialistas del Fondo Monetario Internacional para mejorar la calidad de sus estadísticas, aunque en el primer plazo se dijo que hubo «avances», no se corrigieron las «impresiciones» por lo que el organismo decidió postergar el plazo, estableciendo el 15 de julio de 2016 como fecha máxima para implementar las observaciones realizadas y lograr el suministro de datos «precisos».[55][56]​ Las declaraciones de emergencia dispuestas por el gobierno de Macri en varias áreas, fue cuestionada por periodistas como Tomas Lukin y el diario Página/12 y dirigentes del Frente para la Victoria, sosteniendo que la misma permite incumplir los procedimientos constitucionales y legales establecidos e institucionalizar la corrupción.[57][58]

En enero de 2016 Todesca,[59]​ decidió no publicar más estadísticas hasta que no se construyan nuevos métodos para la medición de las variables macroeconómicas;[46]​ Todesca y Bevacqua sugirieron que hasta tener un índice propio utilizarán los elaborados por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis, lo que fue llamado «apagón estadístico».[60][61][62]​ En febrero de 2016 [63]​ desplazó a Graciela Bevacqua como directora general del organismo[64]​ lo que fue calificado como «un golpe a la credibilidad del INDEC».[65]​ Fabio Peñalba, delegado adjunto de ATE en Indec, señaló que «continúan las patotas» dentro del instituto, amenazando a los trabajadores y que desde mediados de enero de 2016 son «amenazados y presionados».[66][67]​ Voceros del organismo indicaron que Bevacqua «fue separada de su cargo» y que Todesca «le ofreció permanecer en otra área del organismo» aunque no en la Dirección de Precios. Bevacqua recibió el respaldo de los delegados de ATE pero Todesca la desplazó junto a otros directivos.[67][68][69][70]

Alteraciones en el cálculo del CER[editar]

En marzo de 2016 medio del "apagón estadístico" del organismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas cambió el IPC de referencia para el cálculo del CER, con el objetivo de pagar menos intereses, generando una polémica en torno a los índices de precios utilizando en de San Luis que daba menor inflación que el índice porteño. Previamente apenas dos meses antes se determinó que el índice porteño era el indicado para calcular el CER luego de que este diera menor inflación a la de San Luis. Es que en enero, cuando se decidió a favor del índice de la Ciudad de Buenos Aires la diferencia había sido notaria: el de la Ciudad dio 3,9% y el de San Luis 6,5%. Pero meses después, cuando el índice de inflación de San Luis dio más bajo que el porteño se cambió nuevamente la metodología para utilizar el índice que dio más bajo. Diferentes analistas del mercado financiero advirtieron que la decisión podría representar un perjuicio para bonistas y que podrían accionar judicialmente en reclamo de una mejor tasa de interés y reavivando las sospechas de una manipulación para perjudicar a esos bonistas. Según el analista de mercado Francisco Uriburu se manipularon los coeficientes para pagar menos por intereses a falta de un IPC nacional, se fue saltando de índice en índice a voluntad.[71]

Supuesta manipulación de índices[editar]

IPC de MIT Billion Prices project (azul), INDEC (naranja) y la base monetaria (amarillo) desde noviembre de 2007 hasta diciembre de 2015. IPC índice: 2007-11-01 = 100.[72]

Desde 2003 a 2011, según los datos que dio el INDEC en ese momento, el PBI habría crecido un 8.8 % en 2003, 9 % en 2004, 9.2 % en 2005, 8.5 % en 2006, 8.7 % en 2007, 6.8 % en 2008, 9.2 % en 2010, y 8.9 % en 2011.[73][74]​La mayoría de las consultoras privadas afirmaban que esas cifras estarían abultadas [75]​y al ser revisados los cálculos de ese organismo señaló que entre el 2005 y el 2015 hay 18 puntos de diferencia en menos entre lo informado entonces y el cálculo revisado.[cita requerida] El dato del PBI del 2009, dada la crisis de las hipotecas subprime en EE.UU. que golpeó a nivel mundial en 2008, el Indec mostró un crecimiento de 0,9 % en 2009 y según el informe revisado el PBI había bajado 6 %; también hay diferencia para el 2012 pues para el gobierno de ese momento había crecido 1,9 % y en el cálculo revisado da una caída de 1,1 %. Finalmente, en 2014, la Cepal hablaba de recesión marcando una caída del 0,2 % ese año, pero para el Indec había un crecimiento del 1,9 %", y el informe revisado encontró una caída del 2,6 %.[75]

En febrero de 2007, el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido abrió una denuncia realizada por el bloque de senadores del radicalismo, en la que se solicitaba que se investigue si Moreno en el año 2006 quiso violar el secreto estadístico al exigir que le entregaran la nómina de 8000 comercios en los que los encuestadores del INDEC relevan precios. En el marco de esa causa, se citó a declarar a Graciela Bevacqua y a Clyde Trabuchi.[76]​ En abril, el fiscal federal Carlos Stornelli, abrió una causa por violación y manipulación del secreto estadístico, involucrando al secretario Guillermo Moreno, a la nueva directora Beatriz Paglieri y a Ana María Edwin,[77]​ que a pesar de estar sospechada en la causa, fue nombrada en julio directora del instituto por el nuevo ministro de Economía de la Nación, Miguel Gustavo Peirano, ya que la ministra Miceli había renunciado a su cargo y el sindicalista Barrios perdió así apoyo político. El nombramiento de Edwin se produjo al poco tiempo de que la justicia ordenara secuestrar documentación y computadoras en el instituto debido a que se habían presentado dudas en contra de la correcta medición de la inflación del país. algunos técnicos del INDEC sostuvieron que, sin los cambios de metodología introducidos, en 2008 la inflación acumulada de enero a julio de 2007 sería del 14,8% contra el 4,4% dado en forma oficial.[78]​ Sobre este dato, Bevacqua que ya no trabajaba en el INDEC pero que sin embargo había supervisado la recopilación de los datos, dijo que "era matemáticamente imposible" y estimó la inflación mensual en casi un 2%.[79]

En mayo se conoció el informe del fiscal Manuel Garrido, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativa, donde se pedía al Procurador General de la Nación la separación de sus cargos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de la directora de Índices de Precios de Consumo del INDEC, Beatriz Paglieri, también por la supuesta violación del secreto estadístico. Dicho informe se elevó al fiscal federal Carlos Stornelli, y se lo adjuntó a la causa penal que Stornelli había abierto ante el Juzgado de Canicoba Corral.[80]​ En esta misma causa, la justicia ordenó secuestrar documentación y computadoras en el instituto debido a que se habían presentado dudas en contra de la correcta medición de la inflación del país.[77]

En el año 2008, el juez de la causa, Canicoba Corral, desestimó la denuncia de la violación del secreto estadístico, debido a que "no hay marco legal que explicite cómo se debe realizar los relevamientos, no está ni en forma de ley o de decreto". Sin embargo, la causa siguió investigando la supuesta manipulación de índices.[81]​ En este sentido, hubo pedidos judiciales de información sobre los mecanismos de confección. Las autoridades del INDEC rehusaron informar sobre ellos basándose en el Art. 14 del Decreto 3110/70 que establece:

Las declaraciones y/o informaciones individuales no podrán ser comunicadas a terceros -aunque se trate de autoridades judiciales o de servicios oficiales ajenos al SEN- ni utilizadas, difundidas o publicadas en forma tal que permitan identificar a la persona o entidad que las formuló.

A raíz de esta negativa el juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró la inconstitucionalidad de dicho artículo y ordenó allanar la sede del INDEC para obtener la información citada. Esta resolución judicial fue confirmada por la Cámara Federal y la Cámara Nacional de Casación Penal, hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de Argentina. El máximo tribunal hizo lugar al dictamen del procurador González Warcalde en el que sostuvo que el INDEC no ha demostrado que la medida judicial no convendría al buen funcionamiento de la institución y a preservar, justamente, el manejo correcto de las fuentes. El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quien con un voto propio consideró que la presentación del INDEC no cumplía los requisitos formales de presentación.[82]

En el año 2009 se solicitó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) un peritaje de los datos recolectados en el INDEC, que indicó que "los datos consignados en la base no fueron adulterados y que se corresponden con los ingresados", por lo que se desestimó así también la denuncia por manipulación del secreto estadístico, considerando que no existió delito.[83]​ Sin embargo, el juez Canicoba Corral en mayo de 2010 solicitó a un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que evalúe si son verdaderas las justificaciones sobre los cambios metodológicos en la medición de la inflación y en sus acusaciones en contra de gestiones anteriores por cómo hacían el trabajo.[84]

En 2015, acusan al INDEC de continuar con la tergiversación de datos comenzada en el año 2007,[85]​ al ocultar un déficit entre las importaciones y las exportaciones del primer bimestre del año.[86]​ Se trata de “inconsistencias entre la información de intercambio comercial que el organismo oficial presenta al público y otros datos oficiales” que ya habían sido advertidas en 2014 respecto al año fiscal 2013,[87]​ y en 1999 cuando Roberto Martínez Pardies, entonces director de Comercio Exterior del INDEC, denunció incrementar los índices de exportaciones en más de 800 millones de dólares, y “(denunció) ante la Justicia federal a los máximos directivos del Instituto Nacional de Estadística y Censos por alterar información pública, con el fin de ofrecer una imagen de la economía más saludable a los inversores extranjeros”.[88]

En opinión de algunos economistas, luego de la intervención de 2016 dispuesta por Mauricio Macri, los datos fueron manipulados y tergiversados durante los meses del" apagón estadístico" dispuesto por el presidente con el objetivo de alterar la metodología para inflar el déficit de las cuentas públicas del último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de minimizar el dedeficit fiscal provocado por la pérdida de recursos con la eliminación de las retenciones agropecuarias, industriales y mineras; y ocultar información pasada al no empalmar las series con los nuevos indicadores del Indec para no reflejar el ciclo regresivo en materia laboral y social.[89]

Paralelamente fue designado Jorge Todesca quien se hallaba imputado penalmente por el fiscal en lo penal Emilio Guerberoff junto a su consultora Finsoport por supuesta falsedad en la elaboración de índices de inflación privados. En 2016 interventor decreto un apagón estadístico, por lo que no se publicaron los índices de inflación durante 8 meses y se decidió seleccionar los IPC de San Luis y de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) a modo de referencia. Meses después para el cálculo de febrero del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el macrismo eligió el índice de San Luis que dio 2,7% cuando venía usando el de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 4% para usar el índice más bajo de inflación y pagar menos intereses.[90]​Al mismo tiempo en 2017 los números oficiales del Indec mostraban una inflación sensiblemente menor que consultoras privadas y provinciales, mientras el IPC porteño calculaba una inflación 46% más alta que la del indec en enero de 2017.[91]

En diciembre de 2015 En el caso del IPCBA la inflación fue de 3.9% mensual; mietnras que el IPC San Luis para el mismo mes tuvo una variación mensual del 6.5%,[92]​siendo criticados los números de pobreza difundidos en 2016.[93]

Censos poblacionales[editar]

Censo 1991[editar]

Los resultados del censo del 1991 dieron como resultado una población nacional de 32.615.528.[94]​ Los resultados completos, se pueden obtener de la página del censo del 2001, en comparativa con los de ese año.[95]

Censo 2001[editar]

Los resultados del censo del 2001, dieron como resultado una población nacional de 36.260.130.[94]​ Los resultados completos, se pueden obtener de la página del censo del 2001.[96]

Censo 2010[editar]

Los resultados del censo del 2010, dieron como resultado una población nacional de 40.091.359.[97]​ Los datos básicos definitivos se pueden obtener de la siguiente página del INDEC.[98]

Referencias[editar]

  1. Ley 17.622
  2. Decreto 3110/70
  3. Decreto 1831/93
  4. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257615/norma.htm
  5. Página 12. «David Cufré». Consultado el 27 de mayo de 2013. 
  6. Natalucci, Ricardo Patricio (junio de 2000). Informe Natalucci. Consultado el 27 de mayo de 2013. 
  7. Natalucci, Ricardo Patricio (abril de 2002). INFORME DE COYUNTURA. 
  8. "Cuidemos al INDEC"
  9. Natalucci, Ricardo Patricio (abril de 2002). INFORME DE COYUNTURA. 
  10. a b Noriega, Gustavo. El INDEC, Historia íntima de una estafa. Sudamericana. ISBN 9789500732000. 
  11. Lucrecia Bullrich y Francisco Jueguen (21 de marzo de 2010). Sin puntos de referencia. La Nación (Argentina). 
  12. Sebastián Campanario (27 de septiembre de 2007). Conflicto Indec: un club de mujeres es el mayor dolor de cabeza para Moreno. Clarín. 
  13. Graciela Bevacqua renunció al INDEC. Página/12. 4 de febrero de 2009. 
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Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]