Nilda Garré

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Nilda Garré
Nilda Garré

15 de diciembre de 2010-3 de junio de 2013
Presidente Cristina Fernández
Vicepresidente   Julio Cobos (2010-2011)
Amado Boudou (2011-).
Predecesor Cargo creado
Sucesor Arturo Puricelli

1 de diciembre de 2005-15 de diciembre de 2010
Presidente Cristina Kirchner (2007-2010)
Néstor Kirchner (2005-2007).
Vicepresidente   Julio Cobos (2007-2010)
Daniel Scioli (2005-2007).
Predecesor José Pampuro
Sucesor Arturo Puricelli

Bandera de Argentina Bandera de Venezuela
Embajadora de Argentina en la República Bolivariana de Venezuela
1 de junio de 2005-1 de diciembre de 2005
Presidente Néstor Kirchner
Vicepresidente   Daniel Scioli

Presidente Juan Domingo Perón (1973-1974)
María Estela Martínez de Perón (1974-1976)
Carlos Menem (1989-1999)
Fernando de la Rúa (1999-2001)

Néstor Kirchner (2005-2007).
Vicepresidente   María Estela Martínez de Perón (1973-1974)
Carlos Ruckauf(1995-1999)
Chacho Álvarez (1999-2000)
Daniel Scioli(2003-2007)

Datos personales
Nacimiento 3 de noviembre de 1945, 68 años
Bandera de Argentina Buenos Aires, Argentina
Partido Frente Grande[1]
Cónyuge Juan Manuel Abal (1973-1982)
Ocupación Abogada, política, embajadora
Alma máter Universidad del Salvador
Religión Agnóstica

Nilda Celia Garré (Buenos Aires, 3 de noviembre de 1945) es una política, embajadora y abogada Argentina. Se desempeñó como Ministra de Seguridad de la Nación Argentina desde el 15 de diciembre de 2010 al 3 de junio de 2013, cuando fue anunciada su postulación como embajadora ante la OEA.[2] Antes había sido Ministra de Defensa de Argentina, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner. Se mantuvo en el cargo durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández, siendo la primera mujer en la historia argentina, y por ahora la única, al frente de esa cartera.

Biografía[editar]

Garré nació en el barrio porteño de San Telmo el 3 de noviembre de 1945 y egresó como abogada de la Universidad del Salvador a los 22 años. Su padre, Raúl E. Garré, fue diputado provincial del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires hasta el derrocamiento del General Perón en 1955. En 1973 se casó con Juan Manuel Abal Medina (padre), entonces secretario general del Partido Justicialista. Luego del exilio de Abal Medina durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, en 1982 se divorciaron.[3]

Carrera política[editar]

Militó y colaboró como abogada de presos políticos durante la dictadura militar, presentó habeas corpus junto a organizaciones defensoras de los derechos humanos, en especial con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que presidían, entre otros, Emilio Mignone y Augusto Conte Mac Donnell.[4]

Su marido, Juan Manuel Abal Medina, era miembro de la Juventud Peronista y quedó conocido por estar en la célebre foto de José Ignacio Rucci, Héctor José Cámpora y Juan Domingo Perón en su regreso al país del 17 de noviembre de 1972.[5] Su cuñado, Fernando Abal Medina —uno de los fundadores de Montoneros y responsable del asesinato del General Aramburu— murió en 1970, en un tiroteo con la policía.[6]

Identificada con los sectores de izquierda del peronismo, en 1973 fue electa Diputada nacional por el FreJuLi y se desempeñó en el cargo hasta que la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón fuera depuesta por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, golpe que dio comienzo a la última dictadura militar.

Durante 1983, con la recuperación de la democracia, fue parte de la Comisión Investigadora del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) del caso Cambiaso-Pereyra Rossi, por el secuestro, tortura y asesinato de dos jóvenes en el contexto de la represión policial durante la dictadura militar, caso por el que fue procesado Luis Patti.[7]

Siguió militando en el Partido Justicialista que en 1983 impulsaba la «Renovación Peronista». Se opuso más tarde, junto a la izquierda peronista, a la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984 con Chile; consideró que «sobre el resultado final del plebiscito recaía una sospecha grave de fraude generalizado».[8]

La elección de Carlos Menem como presidente de Argentina en 1989 y de Carlos Grosso como intendente de la Ciudad de Buenos Aires la alejaron por el momento de la política.[4]

En 1993, se integró al FREPASO, en el que fue elegida como diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Fue elegida estatuyente para la redacción del Estatuto de la Ciudad, entre agosto y octubre de 1996, siendo integrante de la Alianza asumiendo en diciembre de 1997 como diputada nacional por Capital Federal.[9]

En las elecciones nacionales de octubre de 1999, fue candidata a Diputada por la ciudad de Buenos Aires, dentro de las boletas de la Alianza.[9] [10] [11] [12]

En 1996 se opuso al Proyecto de la ley de lucha contra el terrorismo del gobierno menemista porque consideró que implicaba "una peligrosa posibilidad de violación de garantías constitucionales y de eventual persecución política de sectores políticos, gremiales, estudiantiles o comunitarios".[13]

En 1999 fue reelegida pero renunció el 8 de octubre de 2000 para asumir la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, cuyo titular era Federico Storani. Llegó a ser viceministra del Interior, cargo en el que permaneció hasta marzo de 2001, cuando varios ministros y secretarios de Estado renunciaron en repudio las medidas económicas que pretendía implementar el entonces Ministro de Economía, Ricardo López Murphy.[4]

Desde octubre de 2000, coordinó la Unidad Especial de Investigación del Poder Ejecutivo Nacional para el esclarecimiento del atentado a la AMIA hasta renunciar a esta coordinación, en octubre del 2001. El entonces presidente Fernando De la Rúa le habría pedido la renuncia, cediendo a presuntas presiones del entonces juez Galeano, de la DAIA y del menemismo y sus aliados, por la probable insistencia en la profundización de algunos temas como la denominada «pista Siria».[4] La DAIA le había pedido a Fernando De la Rúa la remoción de Garré como secretaria ejecutiva de la Unidad Especial de Investigaciones del atentado a la AMIA porque la funcionaria, en ese momento candidata a diputada por la Alianza, habría divulgado información sobre un testigo reservado de la causa para “beneficiarse políticamente” en la campaña electoral. Los fiscales federales del caso atentado a la AMIA, Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman, habían denunciado una “violación de secreto” a partir de la difusión de la declaración del testigo de identidad reservada. Esta divulgación de la identidad secreta habría tenido como consecuencia el hecho de que Alemania deje sin efecto su colaboración cuando el testigo tenía que identificar a los presuntos ex funcionarios argentinos implicados en el atentado. La denuncia quedó a cargo del Juzgado Federal 12.[14] Garré negó las acusaciones.[10]

En 2000, después de una crisis política por el escándalo del presunto pago ilegal de coimas a senadores en la cual muchos funcionarios renunciaron, el presidente Fernando De la Rúa la nombró en la Secretaría de Asuntos Políticos, virtual vice-Ministerio del Interior.[15] En diciembre de 2001, inició un nuevo mandato como diputada de la Nación, hasta 2005. En 2001 fue denunciada por Gustavo Beliz por cobrar una jubilación de privilegio.[16]

Representó a la Cámara de Diputados en la Comisión Acusadora ante el Senado de la Nación ―junto con los diputados Falú e Iparraguirre― en el trámite de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.[17] [18] En 2003 presidió el bloque FREPASO de la Cámara de Diputados.

En junio de 2005, el presidente Néstor Kirchner la designó embajadora en Venezuela. Esta designación fue vista como un gesto a los sectores que apoyaban al gobierno por fuera del PJ.[19] Renunció a esta embajada en diciembre de 2005 para asumir el Ministerio de Defensa de la Nación.[20]

El 19 de julio de 2007 el juez Guillermo Tiscornia imputó a la ministra por el delito de contrabando agravado, en una causa judicial en la que se investigaban supuestas irregularidades en la exportación de material bélico por parte de la empresa Fabricaciones Militares, porque el último embarque, frenado en la Aduana, se encontraba autorizado por el Ministerio de Defensa por medio de una resolución firmada por Garre.[21]

En noviembre de 2008, Garré recibió otro cuestionamiento cuando la Fuerza Aérea Argentina no participó en los ejercicios militares del operativo Cruzex, cuando después de seis meses de planificación, cinco cazabombarderos A-4 Fighting Hawk, un avión Hércules como transporte y otro en condición de reabastecedor de combustible quedaron en sus bases en Argentina con los pilotos y tripulaciones elegidos para participar en los vuelos de entrenamiento, del que participaron los cazabombarderos de Francia, Chile, Venezuela y Brasil, en ejercicios conjuntos realizado en la ciudad brasileña de Recife.[22] [23]

En el 2010, la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación (separado del Ministerio de Justicia). Nilda Garré prestó juramento el 15 de diciembre de 2010.

Apoyó la sanción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de una Ley Antiterrorista cuestionada por criminalizar las protestas sociales según algunos organismos que se opusieron a la misma y fue acusada de persecución política a sectores que realizaban estas protestas sociales.[24] [25] [26]

En 2012, fue acusada por estos mismos organismos sociales por enviar a la Gendarmería Nacional Argentina a realizar espionaje interno a dirigentes sindicales, sociales y políticos en la fuerza lo que se conoce como el Proyecto X.[27] [28] [29] [30]

El periodista Hernán Cappiello, del Diario La Nación, afirma que «es titular del registro de la propiedad automotor N° 57 desde la década de los años 1990».[31] [32]

El senador jujeño por la UCR Gerardo Morales denunció que Nilda Garré fue designada en un registro de la propiedad automotor, que es un cargo público, por el ex presidente Carlos Menem en 1989, percibiendo los ingresos pese a estar de licencia cuando ejercía al mismo tiempo otros cargos público.[33] El reparto de registros es uno de los mecanismos de pago de favores políticos en la Argentina pues se trata de un negocio que rinde cientos de miles de pesos al año casi sin trabajar.[34] El registro del automotor, oficina que cobra por hacer los trámites obligatorios en las compras y ventas de vehículos, ha sido investigado por irregularidades y favores políticos en muchas ocasiones.[35] [36] La denuncia se basó en las propias declaraciones juradas patrimoniales de Garré, quien en 2005 declaró ingresos por $57.735, mientras que en la de 2011 declaró ingresos por $311.465.[37] Además fue denunciada por haber percibido una indemnización del Ministerio de Defensa por $183.896 por vacaciones no gozadas que no le correponderían. [37] El problema fue que ser titular de ese registro es incompatible con cualquier otro cargo público y según consta en sus declaraciones juradas entre 2005 y 2011 Garré cobró por el Registro $1.400.000 en los últimos 7 años.[38]

Por este tema, en 2013, su designación en el Senado, como embajadora argentina ante la OEA, fue muy controvertida debido a que en sus declaraciones juradas se observaban varias inconsistencias, posibles incompatibilidades y presuntas irregularidades.[39]

En 2013, luego de admitir que desde el año 2002 había un agente de la Policía Federal infiltrado en la agencia de comunicación Rodolfo Walsh, realizando tareas de espionaje, lo pasó a disponibilidad e inició una investigación sumaria para esclarecer si las tareas que realizaba estaban comprendidas o no dentro de las funciones asignadas a la fuerza por la ley de Inteligencia.[40] [41] [42]

Gestión en el Ministerio de Defensa[editar]

Felisa Miceli junto a Nilda Garré (derecha) en su asunción como ministra.

Garré asumió como titular del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Néstor Kirchner, en diciembre de 2005. En ese momento se desempeñaba como embajadora de su país en la República Bolivariana de Venezuela, misión diplomática que desarrolló por un breve periodo.[20] De acuerdo con Julio Blanck, del Diario Clarín, Néstor Kirchner la habría invitado a asumir el Ministerio cuatro horas antes de anunciar los cambios en el gabinete, con la mirada puesta en la última oleada de juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.[43] No obstante, como se supo más tarde, el principal objetivo que subyacía el nombramiento de Garré al frente de Defensa era la integración de las Fuerzas Armadas al proceso democrático y la recuperación de su prestigio ante la sociedad,[44] además de la desarticulación de la Doctrina de Seguridad Nacional que había sido impuesta por los Estados Unidos a los países latinoamericanos en el marco de la Guerra Fría, mediante el entrenamiento de oficiales de distintos países de América Latina en la Escuela de las Américas, y que siguió en vigor en Argentina largamente tras la recuperación de la democracia, en 1983. Néstor Kirchner quería en la cartera un ministro con el perfil asociado a la defensa de los derechos humanos para la realización de estas tareas, ya que consideraba las Fuerzas Armadas una institución necesaria para la Nación.[45]

En realidad, una ley de Defensa, cuya sanción había sido producto de un consenso muy amplio en el Parlamento, había sido reglamentada en la década de los años 1980 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Dicha ley preveía que estos cambios en el sentido de democratizar las Fuerzas Armadas se hicieran efectivos en forma inmediata, cosa que no ocurrió hasta la llegada de Kirchner y el nombramiento de Garré en Defensa.[45] [46] [47]

Otro de los objetivos de Garré en el Ministerio había sido promover la reforma del sistema de Justicia militar argentino,[48] algo que sólo pudo lograrse del todo hacia 2009, debido a la gran cantidad de textos normativos y de proyectos de reforma existentes.[44] [49] Esto, sumado al desarrollo de políticas de género, a la profundización de las políticas de derechos humanos,[50] y la reactivación de proyectos científicos tecnológicos fueron los ejes centrales que caracterizaron la gestión de Garré en el Ministerio de Defensa.[48]

Recuperación de la soberanía tecnológica[editar]

Recuperó el Complejo Industrial Naval Argentino astillero (CINAR), mediante la rehabilitación y puesta en funcionamiento del astillero de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y del astillero Almirante Storni, que habían sido cerrados y desguazados en el marco de la aplicación de políticas económicas neoliberales, durante el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, en la década de los años 1990. De acuerdo con Garré, la privatización de Tandanor «nos ha costado un enorme daño al Estado nacional y al desarrollo de la industria naval argentina».[51] [52] [53] En declaraciones hechas en ocasión de un acto para conmemorar los 130 años del astillero Tandanor, Garré aseguró además que la recuperación de los dos astilleros tenía el objetivo de cumplir con el «deber de defender el trabajo argentino e impulsar el desarrollo de las capacidades de nuestra industria naval. De la situación de quiebra virtual en la cual se encontraba la empresa (Tandanor) hace más de dos años, actualmente ocupa a 530 trabajadores en forma directa junto a unos 700 subcontratistas».[52] [54] [55]

Además de la recuperación de los astilleros, Garré puso en marcha reestatización de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), cuyas instalaciones se encuentran en la ciudad de Córdoba y que antes eran explotadas por la multinacional estadounidense Lockheed Martin. Esta reestatización no supuso ningún pago de indemnización por parte del Estado argentino a dicha empresa, ya que el Gobierno consideró que Lockheed Martin ha sido un estorbo al desarrollo de la Argentina durante todos los años en los que controló FADEA, de acuerdo con lo declarado por Garré.[56] Más tarde, fueron anunciados por Garré aportes del Ministerio de Defensa a la Fábrica Argentina de Aviones para potenciar la producción de la planta, además de la firma de un acuerdo con la brasileña Empresa Brasileña de Aeronáutica (EMBRAER) en materia de colaboración en el campo tecnológico.[57] [58]

En lo tocante a la investigación científica con fines de defensa, se destacan la puesta en valor del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), con el objetivo de privilegiar la investigación científica y la fabricación local por sobre las importaciones de armamento, que suelen ser onerosas para el Estado nacional.[59] No obstante sus intenciones de fabricar armamento de guerra, Garré sostuvo que «Argentina no tiene intenciones encubiertas. Esto le permite al país hacer una planificación de su Defensa a la luz del día, sometiéndose a inspecciones internacionales».[60] [61]

Política de Derechos Humanos y Anticorrupción[editar]

El almirante Jorge Godoy, entonces jefe de la Armada, firma bajo la mirada de la ministra Garré la transferencia de la ESMA, antiguo centro clandestino de detención.

En lo relacionado con los derechos humanos, enfrentó la oposición de sectores de la derecha conservadora del país y vetó el ascenso de rango a familiares de militares involucrados en crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el periodo 1976/1983. A pesar de que todos los vetados tenían relación directa de parentesco con exmilitares condenados a prisión perpetua y, en otros casos, procesados, Garré sostuvo que el ascenso en las Fuerzas Armadas no es una cuestión sólo de «capacidad de conducción, liderazgo, si hizo cursos o cómo hizo tal ejercicio militar, sino también es convicción democrática y respeto por los derechos humanos». Para la ministra, el acceso a los más altos rangos de la jerarquía castrense no tiene en cuenta las relaciones familiares de los militares, sino que «haya una probada convicción democrática». En esa ocasión, los diez militares vetados de la promoción anual ya habían tenido sus pliegos rechazados por la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.[62] [63] Esta decisión provocó el rechazo de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), agrupación liderada por Cecilia Pando de Mercado, que considera «presos políticos» a los militares y personal de las fuerzas de seguridad procesados por la justicia civil por su participación en la represión ilegal.[64] [65]

En 2008, Garré dispuso el pase a disponibilidad de 23 militares por presuntos actos de corrupción administrativa. Fueron sancionados cinco tenientes coroneles, cuatro mayores, dos capitanes, un teniente primero, un sargento de intendencia, un suboficial principal, un sargento y un suboficial, 23 militares en actividad. Además, fue pasado a disponibilidad el general de brigada Oscar Gómez, encontrado responsable de la fuga del represor Julián Corres de una dependencia policial de Bahía Blanca, donde estaba detenido por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.[66]

Garré fue ministra de Defensa seis años, hasta la asunción del segundo mandato por parte la presidente Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2011, cuando fue designada titular del nuevo Ministerio de Seguridad.[48] Fue reemplazada en Defensa por Arturo Puricelli.[67]

Bienestar del personal de Defensa[editar]

Durante su gestión en el Ministerio de Defensa, Garré buscó resolver el problema de 7.607 familias de suboficiales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea que, como ciudadanos militares, tienen los mismos derechos ante la ley y pueden aspirar a contar con el apoyo del Estado para acceder a su vivienda.[68] [69] Las viviendas fueron financiadas por el Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) para suboficiales de las Fuerzas Armadas, a partir de un acuerdo firmado en 2008 entre los Ministerios de Planificación Federal y de Defensa, junto a la mayoría de los gobernadores de las provincias argentinas, se incluyó a los suboficiales de las Fuerzas Armadas que no poseían vivienda única dentro de este programa ejecutado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal.[70] [71]

Según informó el diario La Nación, el programa demandó una inversión de 590 millones de pesos y, además de beneficiar a los suboficiales, estudiaba alternativas para que los oficiales también accedieran a casas propias[72] [73] y también trascendió que los beneficiados serían los militares que no tuvieran vivienda única y permanente.[74] Participaron del acuerdo para brindar el acceso a vivienda digna para suboficiales los gobernadores de las provincias de Buenos Aires (Daniel Scioli), de Chubut, (Mario Das Neves), de Mendoza, (Celso Jaque), de Salta (Juan Manuel Urtubey), de San Juan (José Luis Gioja) y de Santiago del Estero (Gerardo Zamora).[75]

El programa incluyó a oficiales y a militares retirados cuando, en 2009, se anunció la disponibilidad de créditos para la vivienda militar, a una tasa exclusiva y total por todo concepto del 11.7% anual y plazos también diferenciados de las propuestas del mercado, con un plazo de 20 años para saldar el crédito. «Se trata del costo financiero total más beneficiosa del mercado», aseguró Garré en la ocasión del lanzamiento del programa de créditos para vivienda.[76] [77] [78]

Gestión en el Ministerio de Seguridad[editar]

Seguridad Urbana[editar]

Durante su gestión al frente del Ministerio, creó las mesas barriales y zonales de participación comunitaria en seguridad, que apuntan a crear una instancia en la que los vecinos contribuyeran a la elaboración de un mapa del delito, formulando necesidades que agregan medidas y contribuyen el desempeño de la Policía Federal Argentina, en el marco del Plan Nacional de Participación Comunitaria. El objetivo, según precisó Garré, es darle institucionalidad a los aportes y reclamos de los ciudadanos en la seguridad.[79] [80] [81]

También implementó el Plan Buenos Aires Ciudad Segura (BACS), que tiene por objetivo lograr una mejor respuesta policial ante el delito mediante la actualización de la operación y a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten una distribución más eficiente de las fuerzas de seguridad a lo largo de toda la jurisdicción porteña. El Plan permite monitorear la ciudad a través de 200 patrulleros tecnológicos y 1200 cámaras de vigilancia (el Plan prevé la instalación de un total de 2000 cámaras). Además incluye la modernización completa del servicio de urgencias policiales 911.[82] [83] [84]

En el marco del proyecto, diseñado por el Ministerio de Seguridad, la ministra puso en marcha centros de monitoreo con cámaras de alta definición, en la Comisaría 52, de Villa Lugano; en la 16, de Constitución; en la 20, de Balvanera y en el Departamento de Policía Federal Argentina. Con estos avances, pasaron a monitorearse imágenes de cámaras en los barrios de Balvanera y Once, Liniers, Mataderos, Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Parque Avellaneda, Versalles y Villa Real. Desde estos centros se visualizan también 24 cámaras instaladas en la Terminal de Ómnibus de Liniers. «Hoy en día combatir el delito es una tarea compleja. Por eso la tecnología nos permite ser mucho más eficientes en el control de la seguridad», señaló Garré en la ocasión de esta inauguración.[84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]

Operativos de Seguridad[editar]

  • Operativo Cinturón Sur: Tiene por objetivo optimizar el servicio de seguridad ciudadana en la Capital Federal mediante la intervención y cooperación entre los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad federales. La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina ejercen funciones de policía y ejecutan las tareas de prevención e investigación de los delitos en los puntos de mayor incidencia en la geografía porteña.[91] [92]
  • Operativo Centinela: Se realiza mediante el despliegue de seis mil efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano. El Decreto 2099/2010 instruye a las fuerzas de seguridad de la Nación a «profundizar las actividades de prevención para resguardar la seguridad ciudadana». La presidente Cristina Fernández de Kirchner declaró que el operativo demanda una inversión de 150 millones de pesos.[93] [94]
  • Operativo Escudo Norte: Se trata de un plan para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte del país. Para detectar a los narcotraficantes (y a cualquier otro avión que ingrese al país sin informar a las autoridades) se usarán radares militares que permiten la identificación, el seguimiento y su captura. Para ello, prevé la instalación de 20 radares terrestres del Ejército, patrullajes con aviones Pucará y la colocación, en Santiago del Estero, del primer radar 3D cuya fabricación ha sido encargada por el Ministerio de Planificación.[95] [96]
  • Operativo Vigía: Impone nuevos controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. Mediante este operativo, se agregan a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escaners de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.[97] [98] [99]

Reestructuración de las Fuerzas de Seguridad[editar]

En el marco de un plan para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos de las fuerzas de seguridad del país, Garré inauguró el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), que permite a los agentes contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un software de última generación, mediante un convenio con el Registro Nacional de las Personas.[100] [101] Dicho sistema permitirá asociar hechos delictivos mediante el uso de la genética, la bioinformática y la interoperabilidad de redes.[102] Con esta tecnología, será posible compulsar las huellas digitales obtenidas en las causas penales registradas en una base de datos ubicada en la sede del Ministerio de Seguridad. El primer escáner del SIBIOS fue instalado en la Provincia de Catamarca[103] y luego el sistema se fue generalizando entre otras provincias argentinas.[104] [105]

Para descongestionar el trabajo de la Policía Federal Argentina en lo que se refiere a la seguridad urbana en la Ciudad de Buenos Aires, creó la Policía de Prevención Barrial, un cuerpo de élite entrenado desde fines de 2011 para intervenir en conflictos de proximidad, entre vecinos o intrafamiliares, en barriadas, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de «generar una nueva capacidad del sistema de seguridad democrático, para atender las necesidades particulares de poblaciones vulnerables».[106] Los agentes barriales patrullan en tríos —en particular durante la noche— y siguen una doctrina de conocer y entender a los vecinos, para que éstos recuperen el vínculo de confianza con la policía, una institución discutida por el abuso de poder en los sectores más vulnerables.[107] [108]

En lo tocante al bienestar general de los agentes, Garré inició reformas en el Hospital Churruca Visca, que atiende a los efectivos de la Policía Federal Argentina y a sus familiares, además de asistir en carácter de emergencia a todos los miembros de las fuerzas de seguridad heridos en cumplimiento de sus funciones.[109] Estas reformas incluyen la adquisición de un tomógrafo computado de última generación, el reciclaje integral de 1.700 metros cuadrados para espacios de internación, la ampliación en el edificio anexo de 650 metros cuadrados para oficinas administrativas, la reparación e impermeabilización de las cubiertas de los techos y la reparación integral de los ascensores y escaleras, además de la adquisición de equipos de trabajo como bisturí láser, aparatos de rehabilitación, grupos electrógenos, computadoras y ambulancias, entre otros.[110] Al respecto, Garré declaró que «Tuvimos que incorporar tomógrafos y aparatos que muchísimos hospitales tienen y nosotros teníamos que salir a pagar los estudios en otras instituciones. Por primera vez, la semana pasada empezamos a revisar a los efectivos en las propias comisarías. En una sola comisaría entregamos 70 anteojos».[111] Además de las reformas en el hospital Churruca Visca, se ha avanzado en el sentido de mejorar las condiciones de vida del personal policial de modo general, ofreciendo un plan de acceso a la vivienda y desarrollando una política muy activa de derechos humanos el interior de las fuerzas de seguridad del Estado.[112]

A raíz de una revuelta de efectivos de Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional Argentina, iniciada en esas fuerzas por una mala liquidación de los sueldos de los militares de más bajo rango, la ministra Garré ordenó relevar las cúpulas de ambas fuerzas de seguridad, con el objetivo de descomprimir la tensión y de encauzar el conflicto. De este modo, Héctor Schenone (Gendarmería) y Oscar Arce (Prefectura) fueron reemplazados por el comandante general Enrique Alberto Zach y el prefecto general Luis Alberto Heiler.[113] [114] [115] Además de estos jerarcas, fueron pasados también a retiro diez altos oficiales de cada una de las fuerzas, quedó así «normalizada la situación» tanto en Gendarmería como en Prefectura, según aseguró la ministra Garré en un comunicado a la prensa.[116] [117]

Para subsanar el error en la liquidación de los sueldos militares, se estableció un pago compensatorio por única vez para los prefectos que cobraran hasta $12.500 y la garantía a gendarmes de cobrar el mismo sueldo que el mes anterior.[118] Además, el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina señaló que los rangos más altos de la Prefectura y Gendarmería tenían sus sueldos fijados por cautelares judiciales, mientras que los que menos ganan vieron reducidos sus sueldos en mano, cuando el decreto no preveía tal cosa. En su opinión, pudo haber existido una maniobra por parte de los altos oficiales (que tienen sus sueldos protegidos por cautelares) para mantener sus privilegios. Para evitar repetir errores de esta naturaleza, determinó que a partir de entonces la liquidación de sueldos debe quedar en manos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.[119]

Cambios en las Escuelas de la PFA[editar]

En abril de 2011, mediante la Resolución 167/2011 del Ministerio de Seguridad, la ministra dispuso cambiar el nombre de los tres institutos de formación de oficiales y suboficiales de la Policía Federal Argentina que llevaban nombres de notorios represores. El texto de la Resolución aclara que «en el caso de las instituciones formadoras de policías resulta pertinente que sus denominaciones se relacionen con la trayectoria de personas que han contribuido con su accionar a proteger la vida, las libertades, los derechos y las garantías de los ciudadanos».[120]

Estos cambios habían sido anunciados por Garré en ocasión de la entrega de diplomas a los primeros egresados de la fuerza durante su gestión, cuando afirmó que «que para alcanzar, mantener y garantizar la seguridad interior es indispensable que los recursos humanos de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad actúen conforme a doctrinas, técnicas y prácticas profesionales comprometidas con la plena vigencia de los derechos humanos».[121]

De este modo, la Escuela Superior de Policía Cesáreo Angel Cardozo pasó a llamarse Escuela Superior de Policía Comisario General Enrique Fentanes, la Escuela Federal de suboficiales y agentes Alberto Villar fue rebautizada como Enrique O'Gorman y la Escuela de Cadetes Ramón L. Falcón cambió su nombre a Comisario General Juan Angel Pirker. El cambio en la denominación de dichas escuelas vino acompañado por modificaciones en los planes de estudio.[122]

Cesáreo Angel Cardozo, Alberto Villar y Ramón L. Falcón fueron cuestionados por el destacado lugar que tuvieron en la represión. Falcón se destacó a principios del siglo XX por la dureza con la que reprimió los alzamientos obreros como jefe de la entonces Policía de la Ciudad. Murió herido por la bomba que le arrojó el anarquista Simón Radowitzky. Cesáreo Cardozo asumió como jefe de la Policía Federal en marzo de 1976 —tras el golpe de Estado— y se lo considera uno de los ideólogos de la represión. Murió por una bomba que una amiga de su hija había colocado bajo su cama. Alberto Villar fue uno de los organizadores de la Alberto Villar fue uno de los organizadores de la Triple A que asesinó a decenas de personas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Murió por una bomba colocada en su embarcación en el Tigre.

Por su parte, O'Gorman fue quien ordenó que se dejaran de aplicar barras y cepos a los detenidos por considerarlos elementos de tortura, mientras era jefe de la Policía entre 1867 y 1874. Pirker contribuyó a integrar a la Federal en la sociedad tras el regreso de la democracia (fue jefe de la fuerza entre 1986 y 1989) y Fentanes contribuyó a sentar las bases para la creación, en 1943, de la Policía Federal.[123]

Igualdad de género e identidad sexual[editar]

Para empezar a solucionar un problema de género, por el que las mujeres no solían ocupar cargos en las fuerzas de seguridad del Estado,[124] el 31 de mayo de 2011 fueron nombradas, por primera vez en la historia, las primeras diez subcomisarias de la Policía Federal.[125] En la ocasión de este nombramiento, la ministra Garré informó que «serán segundas y terceras jefas de seccionales y serán la autoridad principal ante la ausencia de comisarios».[126]

Casi un año después, el 15 de mayo de 2012, Garré nombró a las primeras dos comisarias mujeres que pasarían a componer la jerarquía de la Policía Federal,[127] [124] [128] [129] hasta llegar, a mediados del año 2012, a poner oficiales del sexo femenino al frente de un 15% de las comisarías porteñas.[130] [131]

En este sentido, fue creado el Centro Integral de Género en las fuerzas de seguridad de Argentina, con el objetivo de crear «espacios de orientación y asesoramiento en vistas a fortalecer la integración de la mujer y otras cuestiones de género y contemplar las dificultades que puedan surgir de su inserción laboral».[132] [133]

Estas políticas de género posibilitaron también la aceptación de oficiales travestis, transexuales y transgénero en las fuerzas de seguridad. Mediante el dictamen 1.181/11, Garré instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad federales a respetar la identidad de género, tanto de los agentes de los distintos organismos como de los detenidos y de cualquier ciudadano que realice un trámite en sus dependencias, brindando un trato acorde a la identidad auto percibida a las personas que así lo pidan.[134] El objetivo de esta medida será la de combatir conductas transfóbicas y homofóbicas, a fin de concienciar acerca de cuestiones de género e integrar a las personas transgénero, travestis y transexuales en el ámbito laboral.[135] [136]

Participación en el Consejo Suramericano de Seguridad[editar]

Al frente del Ministerio de Seguridad, Garré concurrió a una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), realizada en la ciudad de Cartagena de Indias entre los días 3 y 4 de mayo de 2012,[137] en la que se estableció el Consejo Suramericano de Seguridad. Se trata de una entidad supranacional creada por la Unión con el objetivo de lograr la cooperación entre sus países miembros en materia de seguridad ciudadana, en el combate al narcotráfico, al lavado de dinero y a la criminalidad organizada transaccional en general.[138]

Comité de Seguridad del Mercosur[editar]

Al asumir la presidencia pro témpore del Comité de Seguridad del Mercosur,[139] Garré destacó la importancia de que «la región avance rápidamente en la coordinación de políticas para el control y lucha contra el delito de trata de personas, uno de los peligros más grave de los últimos años».[140] [141]

Otra de las prioridades establecidas por Garré durante el discurso de asunción de la presidencia fue la necesidad de lograr la coordinación regional en la seguridad de espectáculos deportivos, una vez que se acercara la realización del Mundial de Fútbol de Brasil en 2014. También resaltó la necesidad de perfeccionar el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (SISME).[142] [143]

Referencias[editar]

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Enlaces externos[editar]


Predecesor:
ninguno
Ministro de Seguridad de Argentina
15 de diciembre de 2010―Actualidad
Sucesor:
-