Ministerio de Seguridad (Argentina)

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Ministerio de Seguridad
Ministerio de Seguridad arge.png
Logo del ministerio

Información general
Acrónimo MS
Tipo Ministerio
Fundación 10 de diciembre de 2010 (9 años)
Jurisdicción Nacional
País Bandera de Argentina Argentina
Sede Gelly y Obes 2289, Bandera de la Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires
Coordenadas 34°35′08″S 58°23′47″O / -34.58559, -58.39645Coordenadas: 34°35′08″S 58°23′47″O / -34.58559, -58.39645
Organización
Ministra Sabina Frederic
Órgano máximo Unidad Ministro
Dependiente de Poder Ejecutivo Nacional
Dependencias

Centralizados:
Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional
Secretaría de Seguridad y Política Criminal
Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad

Descentralizados:
Policía Federal Argentina
Prefectura Naval Argentina
Gendarmería Nacional Argentina
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal
Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina
Empleados 102 184 (2018)
Presupuesto anual 120 935 millones de $ (2018)[1]
Histórico
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Actual
Notas
Lista de Ministerios de Argentina
Sitio web

El Ministerio de Seguridad es un organismo público encargado de la planificación de las políticas nacionales de seguridad interior y de gestionar y coordinar a las fuerzas federales.

Fue creado por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación el 10 de diciembre de 2010, tras escindirse el Ministerio de Justicia.[2]​ En la actualidad es dirigido por Sabina Frederic.

El ministerio tiene a su cargo la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Consejo Federal de Seguridad Interior, Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina.

Historia[editar]

Creación del Ministerio[editar]

La seguridad en la República Argentina es gestionada simultáneamente por el Estado Nacional y por las Provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Históricamente, la seguridad interior fue competencia del Ministerio del Interior. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ha sido competencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuyo titular a diciembre de 2010 era Julio Alak.

La creación del Ministerio de Seguridad, se produce como escisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta forma, el Gobierno dispuso la creación de una nueva cartera ministerial, quinta creada durante la presidencia de Fernández de Kirchner, que incrementa la cantidad de ministerios a 15.

Gestión de Nilda Garré[editar]

La primera ministra designada fue Nilda Garré, que había ocupado el Ministerio de Defensa desde diciembre de 2005.

Seguridad urbana[editar]

Durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, se crearon las mesas barriales y mesas zonales de participación comunitaria en seguridad, que apuntan a crear una instancia en la que los vecinos contribuyan a la elaboración de un mapa del delito, formulando necesidades que agregan medidas y contribuyen el desempeño de la Policía Federal Argentina, en el marco del Plan Nacional de Participación Comunitaria. El objetivo, según precisó la propia ministra Garré, es darle institucionalidad a los aportes y reclamos de los ciudadanos en la seguridad.[3][4][5]

También se implementó el Plan Buenos Aires Ciudad Segura, que tiene por objetivo lograr una mejor respuesta policial ante el delito mediante la actualización de la operación y a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten una distribución más eficiente de las fuerzas de seguridad a lo largo de toda la jurisdicción porteña. El Plan permite monitorear la ciudad a través de 200 patrulleros tecnológicos y 1200 cámaras de vigilancia (el Plan prevé la instalación de un total de 2000 cámaras). Además incluye la modernización completa del servicio de urgencias policiales 911.[6][7][8]

En el marco del proyecto, diseñado por el Ministerio de Seguridad, la ministra puso en marcha centros de monitoreo con cámaras de alta definición, ubicados en la comisaría 52 de Villa Lugano, en la comisaría 16 del barrio de Constitución, en la comisaría 20 de Balvanera y en el Departamento de Policía Federal Argentina. Con estos avances, pasaron a monitorearse imágenes de cámaras distribuidas en los barrios de Balvanera y Once, Liniers, Mataderos, Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Parque Avellaneda, Versalles y Villa Real. Desde estos centros se visualizan también 24 cámaras instaladas en la Terminal de Ómnibus de Liniers. «Hoy en día combatir el delito es una tarea compleja. Por eso la tecnología nos permite ser mucho más eficientes en el control de la seguridad», señaló Nilda Garré en la ocasión de esta inauguración.[8][9][10][11][12][13][14]

Gendarmería y Prefectura Naval[editar]

Durante este período se lanzó el programa de radarización de las fronteras. Se habilitó una serie de radares 3D, fabricado por la empresa estatal INVAP, destinado a detectar vuelos ilegales y al control del movimientos de aeronaves que ingresen o salgan del espacio aéreo.[15]​ También durante su gestión se desarrollaron cuatro coheteras que han sido desarrolladas íntegramente por Fabricaciones Militares y CITEDEF.[16]​ Los radares RASIT se desplegaron en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, cubriendo la frontera y las principales avenidas de aproximación identificadas por Gendarmería Nacional Argentina de Tránsitos Aéreos Irregulares. Los relevos de escuadrones aeromóviles se realizan aproximadamente cada 30 días[17]​ para la vigilancia del territorio y de lucha contra las incursiones ilegales en el país para atacar el tráfico de drogas en las fronteras.[18]

Además, gendarmería colaboró con la seguridad en el courbano bonaerense mediante los siguientes operativos:

  • Operativo Escudo Norte: lanzado en 2007 como parte del plan del Estado argentino para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte de Argentina.[19]​ Con el propósito de controlar los espacios aéreos, terrestres y fluviales de las provincias del norte argentino, las fuerzas de seguridad y armadas despliegan sus aviones, helicópteros y radares.[20]​ Para ello, se planificó la instalación de 20 radares terrestres del Ejército, patrullajes con aviones Pucará y la colocación, en Santiago del Estero, del primer radar 3D cuya fabricación ha sido encargada por el Ministerio de Planificación.[21][22]
  • Operativo Cinturón Sur: tiene por objetivo optimizar el servicio de seguridad ciudadana en la Capital Federal mediante la intervención y cooperación entre los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad federales. La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina ejercen funciones de policía y ejecutan las tareas de prevención e investigación de los delitos en los puntos de mayor incidencia en la geografía porteña.[23][24]​ Se sumarón 1250 efectivos de Prefectura Naval Argentina con 26 camionetas, 24 cuatriciclos y 10 patrulleros, a las zonas de La Boca, Barracas y Parque Patricios.[25]
  • Operativo Centinela: Se realiza mediante el despliegue de seis mil efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano. El decreto 2099/2010 instruye a las fuerzas de seguridad de la Nación a «profundizar las actividades de prevención para resguardar la seguridad ciudadana» con una inversión de 150 millones de pesos.[26][27]
  • Operativo Vigía: Impone nuevos controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. Mediante este operativo, se agregan a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escáneres de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.[28][29][30]

Para proteger los ríos internos se adquirieron nuevas embarcaciones para la Prefectura Naval Argentina, entre ellos el buque SB-15 Tango, un Cúter de salvamento y el DF-19 Recalada adquirido en 2011. Convertido en Buenos Aires en una estación de simulación de pilotaje.

A raíz de una revuelta de efectivos de Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional Argentina, iniciada en esas fuerzas por una mala liquidación de los sueldos de los militares de más bajo rango, la ministra Garré ordenó relevar las cúpulas de ambas fuerzas de seguridad, con el objetivo de descomprimir la tensión y de encauzar el conflicto. De este modo, Héctor Schenone (Gendarmería) y Oscar Arce (Prefectura) fueron reemplazados por el comandante general Enrique Alberto Zach y el prefecto general Luis Alberto Heiler.[31][32][33]​ Además de estos jerarcas, fueron pasados también a retiro diez altos oficiales de cada una de las fuerzas, quedó así «normalizada la situación» tanto en Gendarmería como en Prefectura, según aseguró la ministra Garré en un comunicado a la prensa.[34][35]

Para subsanar el error en la liquidación de los sueldos militares, se estableció un pago compensatorio por única vez para los prefectos que cobraran hasta $12.500 y la garantía a gendarmes de cobrar el mismo sueldo que el mes anterior.[36]​ Además, el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina señaló que los rangos más altos de la Prefectura y Gendarmería tenían sus sueldos fijados por cautelares judiciales, mientras que los que menos ganan vieron reducidos sus sueldos en mano, cuando el decreto no preveía tal cosa. En su opinión, pudo haber existido una maniobra por parte de los altos oficiales (que tienen sus sueldos protegidos por cautelares) para mantener sus privilegios. Para evitar repetir errores de esta naturaleza, determinó que a partir de entonces la liquidación de sueldos debe quedar en manos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.[37]

Policía Federal[editar]

Para descongestionar el trabajo de la Policía Federal Argentina en lo que se refiere a la seguridad urbana en la Ciudad de Buenos Aires, creó también la Policía de Prevención Barrial, un cuerpo de élite entrenado desde fines de 2011 para intervenir en conflictos de proximidad, entre vecinos o intrafamiliares, en barriadas, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de «generar una nueva capacidad del sistema de seguridad democrático, para atender las necesidades particulares de poblaciones vulnerables».[38]​ Los agentes barriales patrullan en tríos —en particular durante la noche— y siguen una doctrina de conocer y entender a los vecinos, para que éstos recuperen el vínculo de confianza con la policía, una institución muchas veces discutida por el abuso de poder en los sectores más vulnerables.[39][40]

En 2011, la policía Federal se adquiriò el H11 LQ-BXI Airbus Eurocopter EC135, primer helicóptero de este modelo adquirido a Eurocopter en 2009 y H12 LQ-CQN Airbus Eurocopter EC135 T2+. El segundo EC135 fue adquirido en 2009. Un tercer helicóptero EC135 fue adquirido a fines de 2009 equipada con sistemas de visión nocturna, cámara giro-estabilizada y faro de búsqueda, sistemas de Piloto Automático "Full IFR - Single Pilot" que le permiten volar con un solo piloto sin ninguna visibilidad y aterrizar en forma automática con los sistemas ILS de los aeropuertos, de la misma forma que un avión de aerolínea. Además está dotado con grúa de rescate, bamby buckett para la lucha contra incendios y transporte externo de cargas. Posteriormente nuevas aeronaves adquiridas en 2014 con capacidad multifunción como los H15 LQ-FQH Airbus Eurocopter EC145.

En lo que respecta al bienestar general de los agentes, se iniciaron reformas en el Hospital Churruca Visca, que atiende a los efectivos de la Policía Federal Argentina y a sus familiares, además de asistir en carácter de emergencia a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que resulten heridos en cumplimiento de sus funciones.[41]​ Estas reformas incluyen la adquisición de un tomógrafo computado de última generación, el reciclaje integral de 1.700 metros cuadrados para espacios de internación, la ampliación en el edificio anexo de 650 metros cuadrados para oficinas administrativas, la reparación e impermeabilización de las cubiertas de los techos y la reparación integral de los ascensores y escaleras, además de la adquisición de equipos de trabajo como bisturí láser, aparatos de rehabilitación, grupos electrógenos, computadoras y ambulancias, entre otros.[42]​ Al respecto, Garré declaró que «Tuvimos que incorporar tomógrafos y aparatos que muchísimos hospitales tienen y nosotros teníamos que salir a pagar los estudios en otras instituciones. Por primera vez, la semana pasada empezamos a revisar a los efectivos en las propias comisarías. En una sola comisaría entregamos 70 anteojos».[43]​ Además de las reformas en el hospital Churruca Visca, se ha avanzado en el sentido de mejorar las condiciones de vida del personal policial de modo general, ofreciendo de esta forma un plan de acceso a la vivienda y desarrollando una política muy activa de derechos humanos el interior de las fuerzas de seguridad del Estado.[44]

SIBIOS[editar]

En el marco de un plan para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos de las fuerzas de seguridad del país, la ministra Garré inauguró el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), que permite a los agentes contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un software de última generación, mediante un convenio con el Registro Nacional de las Personas.[45][46]​ Dicho sistema permitirá asociar hechos delictivos mediante el uso de la genética, la bioinformática y la interoperabilidad de redes.[47]​ Con esta tecnología, será posible compulsar las huellas digitales obtenidas en las causas penales registradas en una base de datos ubicada en la sede del Ministerio de Seguridad. El primer escáner del SIBIOS fue instalado en la Provincia de Catamarca[48]​ y luego el sistema se fue generalizando entre otras provincias argentinas.[49][50]

Igualdad de género e identidad sexual[editar]

Para empezar a solucionar un problema de género, por el que las mujeres no solían ocupar cargos en las fuerzas de seguridad del Estado,[51]​ el 31 de mayo de 2011 fueron nombradas, por primera vez en la historia, las primeras diez subcomisarias de la Policía Federal.[52]​ En la ocasión de este nombramiento, la ministra Garré informó oficialmente que «serán segundas y terceras jefas de seccionales y serán la autoridad principal ante la ausencia de comisarios».[53]

Casi un año después, el 15 de mayo de 2012, Nilda Garré nombró a las primeras dos comisarias mujeres que pasarían a componer la jerarquía de la Policía Federal,[54][51][55][56]​ hasta llegar, a mediados del año 2012, a poner oficiales del sexo femenino al frente de un 15% de las comisarías porteñas.[57][58]

En este sentido, fue creado el Centro Integral de Género en las fuerzas de seguridad de Argentina, con el objetivo de crear «espacios de orientación y asesoramiento en vistas a fortalecer la integración de la mujer y otras cuestiones de género y contemplar las dificultades que puedan surgir de su inserción laboral».[59][60]

Estas políticas de género posibilitaron también la aceptación de oficiales travestis, transexuales y transgénero en las fuerzas de seguridad. Mediante el dictamen 1.181/11, la ministra Garré instruyó a las fuerzas policiales y de seguridad federales a respetar la identidad de género, tanto de los agentes de los distintos organismos como de los detenidos y de cualquier ciudadano que realice un trámite en sus dependencias, brindando un trato acorde a la identidad auto percibida a las personas que así lo pidan.[61]​ El objetivo de esta medida será la de combatir conductas transfóbicas y homofóbicas, a fin de concienciar acerca de cuestiones de género e integrar a las personas transgénero, travestis y transexuales en el ámbito laboral.[62][63]

Gestión de Cecilia Rodríguez[editar]

El 2 de diciembre de 2013 se anunció que reemplazaría a Arturo Puricelli como Ministra de Seguridad. Esto se dio en el marco de los cambios de gabinete efectuados por Cristina Fernández de Kirchner.[64]

Durante su gestión lanzó el Operativo Vigía, mediante el cual se agregaron a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional Argentina y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escáneres de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.[65][66][67]

Finalizó su período como ministra en diciembre de 2015 siendo sucedida por Patricia Bullrich en la gestión de Mauricio Macri.

Gestión de Patricia Bullrich[editar]

En diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri designa como Ministra de Seguridad a la politóloga Patricia Bullrich.[68]

Seguridad urbana[editar]

Una de las primeras medidas fue el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Policía Metropolitana de Buenos Aires, en enero de 2016.[69]

Pocos días después de iniciado el nuevo período presidencial, junto al jefe de gabinete Marcos Peña preparó un “protocolo de protesta social”. El protocolo permitía el uso de armas de fuego y balas de goma para dispersar cualquier protesta o reclamo y además limitaba la cobertura periodística.[70][71]​ Los periodistas deberán ubicarse en "una zona determinada" por las fuerzas de seguridad impidiendo la cobertura y el libre ejercicio de prensa.[72]​La política de seguridad, llevada adelante por Patricia Bullrich, significó medidas como: la autorización a la policía a disparar sin dar la voz de alto, el aumento de la represión policial a la protesta social, y la aprobación de un protocolo contra la protesta social, este último considerada una de las medidas más polémicas del gobierno, llegando a tener repercusiones en diarios del exterior.[73]​ Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos".[74]​ Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa "otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales".[75][76]​ Como elemento punitivo se aplicarán las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción.[77]​ Paralelamente se dio un repliegue de 1.800 efectivos del operativo Escudo Norte, de protección de las fronteras, y en el marco de recortes presupuestarios, se retiró del Operativo Fronteras el sistema de radares de vigilancia terrestre de la frontera norte.[78]​ Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%.[79]

Referentes de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos"[80]​ y “disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social”.[81]​ Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la nueva normativa «otorga a las fuerzas de seguridad amplias facultades para reprimir y criminalizar las protestas sociales».[82]​ Para la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda, «es increíble que con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización».[83]​ El diario El País de España lo consideró una de las medidas más polémicas del gobierno.[84]

A fines de 2018 impulsó un protocolo de uso de armas de fuego,[85]​ que habilita a los efectivos de fuerzas federales a disparar a matar en cualquier circunstancia.[86]​ Durante su paso por el ministerio de firmaron acuerdos con Estados Unidos, y la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones, emplazamiento geopolítico fundamental sobre el Acuífero Guaraní y un Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia cercano a los recursos geoestratégicos del Atlántico Sur y su cercanía a la Antártida. Además, se llevó a cabo la instalación de una base estadounidense militar de “asistencia humanitaria” en Neuquén, en las cercanías del yacimiento Vaca Muerta.[87]​ Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina.[88]

En 2019 Correpi presentó un informe preliminar en el que sostiene que en 1110 días de gobierno de Cambiemos el aparato represivo estatal mató 1.206 personas, siendo el más fuerte incremento de la represión estatal desde 1983, con un promedio de más de 400 asesinatos estatales al año en el marco de sus diferentes modalidades, entre ellas gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desaparición forzada, represión a la protesta o conflictos sociales, etc.[89]

Lucha de contra el narcotráfico[editar]

En septiembre de 2017 se reglamentó la ley de cannabis medicinal que autoriza a INTA y CONICET a plantar cannabis con fines de "investigación y medicinales".[90]​ El decreto reglamentario determina además que será el Ministerio de Seguridad el que disponga las habilitaciones de las plantaciones.[90]​ En febrero de 2019, se dispuso que la plantación estará a cargo de la empresa CANNAVA S.E., propiedad del estado jujeño.[91]​ La empresa funcionará en una finca estatal de 14.000 hectáreas, que fue cedida gratuitamente por un siglo y será presidida por el hijo del gobernador de Jujuy Gerardo Morales.[92]

Durante su gestión se firmaron acuerdos con Estados Unidos, entre ellos un acuerdo con la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones.[87]​ Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina.[88]​ En 2018 el fiscal santafesino Walter Rodríguez denunció que «es alarmante» el nivel de «corrupción institucional» en las fuerzas federales que operan en Santa Fe cuya cabeza es Bullrich, denunciando además la complicidad de estas con el narcotráfico.[93]

Según declaraciones de Bullrich en noviembre de 2019 durante su gestión se incautaron 810 toneladas de marihuana, lo que implica un valor monetario de $51.000 millones.[94]

Ciberseguridad[editar]

A mediados de ese año, se reveló la adquisición del software de espionaje israelí Pegasus por parte del Ministerio de Seguridad. En 2018, con motivo de la reforma del Código Penal, se intentó legalizar el uso de este programa por parte del Poder Ejecutivo para vigilar a cualquier ciudadano, a través de sus teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos, incluso sin orden judicial.[95]

Durante su gestión se produjeron diversos hackeos en sitios web y redes sociales del gobierno, entre las que se encuentran la página de la Policía Federal,[96]​ el Twitter de Profectura Naval[97]​ y el de la propia Ministra.[98]​ El más grave de ellos ocurrió en agosto de 2019 cuando se filtraron cientos de documentos de la Policía Federa, incluyendo escuchas telefónicas, legajos y huellas digitales.[99]

Políticas de género y diversidad[editar]

Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%, contándose las personas explotadas laboral o sexualmente, que recuperaron su libertad. En 2015 fueron rescatadas 2.110 pero el número de recates disminuyó a 666 en 2016 y a 516 en 2017.[79]
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A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el "Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT.". Este documento crea el marco reglamentario para la actuación de todas las fuerzas policiales y de seguridad federales. Desde la Federación Argentina LGBT manifestaron su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio que viola el reconocimiento a la diversidad y los derechos individuales consagrados.[100]​ En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.[101]

Compra de armamento[editar]

En 2017 compró cuatro lanchas israelíes con armamento de guerra por casi 50 millones de dólares. Según advirtió la Federación de la Industria Naval Argentina con el mismo monto se podrían haber construido localmente 20 lanchas similares, aunque sin el armamento. Se señaló además que Colombia había suministrado a Brasil lanchas artilladas y blindadas similares a las israelíes por USD 2 millones cada una. La empresa beneficiada es Codesur, perteneciente al empresario Mario Montoto, que es nexo de la ministra con las autoridades israelíes.[102]​ La compra fue realizada en forma directa y sin ningún tipo de licitación previa. Cada lancha fue comprada a un costo equivale a unos 12,5 millones de dólares por equipo, una cifra elevada comparada a tres lanchas que licitó la Prefectura Naval Argentina un año antes, con un costo de USD 120 mil por unidad.[103]

En julio de 2019 se anunció la compra de 100 pistolas taser para ser utilizadas por los efectivos de las Policías Federal y Aeroportuaria en terminales ferroviarias y aéreas a partir de septiembre de ese año.[104][105]

Gestión de Sabina Frederic[editar]

El 6 de diciembre de 2019 se anunció que Sabina Frederic sería la ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, cargo que asumió el 10 de diciembre. [106]

El 24 de diciembre, la ministra Frederic publica la resolución 1231/19 que da marcha atrás con diversas medidas adoptadas por su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich. En primer lugar, derogó los protocolos de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales en casos de delitos graves y persecuciones, a la vez que creó un consejo de profesionales para crear un reglamento sobre el uso de las pistolas taser. También se dio de baja el Programa Ofensores en Trenes, que habilitaba a las fuerzas federales a solicitar el documento nacional de identidad en las terminales de trenes para verificar antecedentes. Por último canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores, un programa para formar jóvenes que ni estudian ni trabajan dictado por Gendarmería Nacional, con el objeto de convertirlo en un programa en el ámbito deportivo.[107][108]

Ese mismo día, en una entrevista a Radio Metro, la ministra Frederic se manifestó a favor de la despenalización de la marihuana, al afirmar que «hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate».[109]​ Durante la campaña, el actual presidente Alberto Fernández se manifestó a favor de la iniciativa.[110]​ Frederic también se ha mostrado a favor de operaciones de inteligencia de fuentes abiertas para “detectar el humor social”, lo que le valió críticas de la oposición y organizaciones sociales.[111][112][113]

Atribuciones[editar]

El artículo 22 bis de la Ley de Ministerios[114]​ indica que le compete al Ministerio de Seguridad asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático y en particular:

  1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
  2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional.
  3. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales.
  4. Dirigir el Esfuerzo Nacional de Policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina y equipamiento.
  5. Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Policiales.
  6. Formular el diagnóstico de la situación de la seguridad interior en el Mercosur e impulsar la coordinación de políticas de seguridad conjuntas con los países miembros.
  7. Supervisar el accionar individual o conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, de acuerdo con lo previsto en la Ley N.º 24 059 de Seguridad Interior.
  8. Entender en la producción de inteligencia e información que compete a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Policiales.
  9. Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el logro de los objetivos en función de lo prescripto por la Ley de Seguridad Interior.
  10. Coordinar la formulación de planes de mediano y largo plazo de capacitación, inversión, equipamiento y bienestar de las fuerzas, en el marco del sistema de seguridad interior.
  11. Supervisar el accionar de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina. Organismo descentralizado, cuyo objetivo principal es la administración, liquidación y pago de los beneficios previsionales (retiros, jubilaciones y pensiones) del personal de la Policía Federal Argentina y de otros organismos afiliados.  
  12. Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos y actividades vinculados a la navegación por agua.
  13. Entender en la aplicación de la Ley N.º 26 102 y en todo lo relacionado con la seguridad aeroportuaria.
  14. Entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de planes y programas para su aplicación, así como para la prevención del delito.
  15. Integrar el Sistema de Seguridad Interior y ejercer las facultades conferidas por la Ley N.º 24.059 al entonces Ministerio del Interior.
  16. Entender en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el territorio de la Nación y en materia de protección civil.
  17. Integrar el Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil creado por la Ley N.º 27.287 en representación del Poder Ejecutivo Nacional y presidirlo.
  18. Entender en la administración y el empleo del Fondo Nacional de Emergencias -FONAE- y del Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo - FONGIR, ambos creados por la Ley N.º 27 287.
  19. Entender en materia de aplicación de la Ley N.º 26 815.
  20. Entender en la preservación de la seguridad de las zonas de frontera conforme la normativa existente en la materia.
  21. Intervenir en la aplicación de la Ley N.º 22 352 y en lo relacionado con los controles fronterizos en los Pasos Internacionales, Centros de Frontera y Áreas de Control Integrado con los países limítrofes.
  22. Intervenir en la elaboración y ejecución de políticas para el desarrollo integral de las áreas y zonas de frontera, contribuyendo a la seguridad de sus habitantes.
  23. Entender en la planificación de la infraestructura necesaria para el control y la seguridad de las fronteras y entender en su ejecución en coordinación con las áreas competentes.
  24. Entender en el Registro Nacional de Precursores Químicos.

Nómina de Ministros[editar]

Ministro Partido Periodo Presidente
1 Nilda Garré Frente Grande 15 de diciembre de 2010-3 de junio de 2013 Cristina Fernández de Kirchner
2 Arturo Puricelli Partido Justicialista 3 de junio de 2013-2 de diciembre de 2013
3 María Cecilia Rodríguez Nuevo Encuentro 2 de diciembre de 2013-10 de diciembre de 2015
4 Patricia Bullrich Unión por la Libertad (hasta 2018) 10 de diciembre de 2015-10 de diciembre de 2019 Mauricio Macri
Propuesta Republicana (desde 2018)
5 Sabina Frederic Independiente 10 de diciembre de 2019 - en el cargo Alberto Fernández

Referencias[editar]

  1. «¿Qué hace el Presupuesto por vos?». www.minhacienda.gob.ar. 2017. Consultado el 30 de diciembre de 2017. 
  2. La Prensa (10 de diciembre de 2010). «La Presidenta anunció que Nilda Garré conducirá el nuevo ministerio de Seguridad» Consultado el Consultado el 1 de julio de 2012
  3. «Desempolva Garré las asambleas barriales». Diario Ámbito Financiero. 5 de abril de 2011. Consultado el 4 de julio de 2012. 
  4. «Garré lanza las mesas de debate sobre seguridad». Diario Tiempo Argentino. 4 de abril de 2011. Consultado el 4 de julio de 2012.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
  5. «Garré creó las mesas barriales y zonales para controlar a la Federal». Zona Policial. 11 de junio de 2011. Consultado el 4 de julio de 2012.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
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Enlaces externos[editar]