Presidencia de Mauricio Macri

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Macri ingresa por primera vez a trabajar como presidente el 11 de diciembre de 2015. Aquel día recibió a quienes fueron sus competidores en las elecciones presidenciales.
Macri junto a los integrantes de su anunciado gabinete a poco de ser electo presidente.

La presidencia de Mauricio Macri en la Nación Argentina comenzó el 10 de diciembre de 2015 con mandato hasta el 9 de diciembre de 2019 inclusive,[1]​ luego de ser elegido presidente de la Nación en la segunda vuelta electoral de las elecciones de 2015.

Relaciones políticas internas[editar]

Candidatura a la presidencia[editar]

En marzo del 2015 el PRO se unió a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica ARI formando el frente Cambiemos.

Para las primarias, la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti compitió con Ernesto Sanz y Elisa Carrió. Macri ganó la candidatura.[2]​ La elección presidencial se desarrolló el 25 de octubre dejando al candidato oficialista Daniel Scioli en primer lugar con el 37,08% de votos a favor y a Macri en segundo con el 34,15%, desembocando ambos a segunda vuelta.

En el primer balotaje de la historia argentina, realizado el 22 de noviembre, el macrismo triunfó sobre Scioli (quien obtuvo el 48,66 %), obteniendo 12.997.937 votos, que equivalieron al 51,34 % de los votos positivos emitidos.[3]​ Macri obtuvo 8,6 millones de votos (34,15%) en la primera vuelta y 12,99 millones de votos en la segunda vuelta (51,34%).[4]

Transición[editar]

Se convirtió en el primer presidente elegido no perteneciente a los partidos tradicionales de la Argentina (la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista) desde 1944, así como el primer presidente procesado penalmente,[5][6]​ aunque el juez Sebastián Casanello decretaría su sobreseimiento pocos días después de asumir, manteniendo el procesamiento de sus subordinados.[7]

En los días posteriores a la elección, recibió felicitaciones por parte de sus contrincantes Daniel Scioli[8]​y Sergio Massa,[9]​ la presidenta saliente Cristina Kirchner[10]​y sus pares del mundo.[11]​ se reunió con la presidenta saliente en la residencia de Olivos dos días después de la elección para negociar el proceso de transición.[12]

También dijo públicamente que exigiría la renuncia de varios funcionarios con mandatos todavía no cumplidos en organismos autónomos del Poder Ejecutivo, como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Banco Central, y el Ministerio Público, órgano índependiente del Poder Ejecutivo.[13]

El diario Clarín dedicó un artículo para informar sobre la postura de los "empresarios de mayor parte" frente al gobierno de Macri, concluyendo que "hay consenso en apoyar al nuevo gobierno". El periódico informa que uno de los asistentes al evento «resumió a Clarín la postura frente a Macri: “Apoyo sin condicionamientos”». Entre los entrevistados se encuentra también Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores en representación de las patronales argentinas, diciendo que se trataba de “una actitud de acompañamiento a una economía más de iniciativa privada con una filosofía de libre mercado y de inserción internacional”. El artículo cita textualmente la afirmación un funcionario macrista, al que no identificó:[14]

En esta etapa política los empresarios ya no somos meros espectadores. Muchos nos hemos sumado al Gobierno.[14]

Presidente provisional del Senado[editar]

La presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner aseguró que como oposición será responsabilidad de su partido (el Frente para la Victoria) "aportar gobernabilidad", afirmando "no vamos a hacer lo que nos hicieron a nosotros".[15]​ Luego del conflicto por el protocolo, afirmó que fue ella quien propusó que el "Presidente Provisional del Senado tenía que ser alguien de su partido, por la línea sucesoria y que pese a que la bancada del FpV tiene "mayoría absoluta," iba a votar a quien él propusiera, como una clara señal de gobernabilidad democrática".[16]

Como consecuencia de este acuerdo el 3 de diciembre de 2015 resultó elegido presidente provisional del Senado Federico Pinedo, colocándose en segundo lugar de la línea sucesoria en caso de acefalía presidencial, detrás de la Vicepresidenta Gabriela Michetti. Pocos días después Pinedo debió ejercer el Poder Ejecutivo de la Nación el 10 de diciembre de 2015, debido a que el mandato de Cristina Fernández de Kirchner había finalizado y Macri y Michetti no podían asumir sus cargos debido a que aún no habían jurado ante la asamblea constituyente. En su condición de Vicepresidente primero del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo, Pinedo entregó a Macri la banda y bastón presidenciales.

Asunción[editar]

Macri recibiendo los atributos del mando en la Casa Rosada por parte de Federico Pinedo.

El 10 de diciembre Mauricio Macri juró ante el Congreso:

"Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden."

Macri se apartó del juramento constitucional reemplazando la expresión "desempeñar con patriotismo" el cargo, que establece la Constitución en su art. 93, por la expresión "desempeñar con honestidad" el cargo.[17]​ La supresión de la palabra "patriotismo" que ordena la Constitución, generó críticas de la oposición.[18]

Pronunció un discurso de 27 minutos y saludó a sus competidores de las elecciones presidenciales.[19]

Más tarde se dirigió hacia la Casa Rosada, donde recibió el bastón y la banda presidencial en el Salón Blanco de manos del Presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y acompañado de la Vicepresidenta Gabriela Michetti, el presidente de la cámara de Diputados Emilio Monzó y el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.[20]​realizó una recepción en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina a todos los jefes de estado (Michelle Bachelet, Horacio Cartes, Juan Manuel Santos, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rouseff, y Juan Carlos I) y representantes de otros países.,[21]​ tomando juramento a su gabinete en el Museo del Bicentenario[22]​ y presenciando una función especial en el Teatro Colón.[23]

Gabinete[editar]

 Estandarte presidencial
Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de
Mauricio Macri
Cartera Titular Período
Jefatura de Gabinete de Ministros Marcos Peña 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Rogelio Frigerio 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra
Jorge Faurie
10 de diciembre de 2015 - 12 de junio de 2017
12 de junio de 2017 - en el cargo
Ministerio de Defensa Julio Martínez 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat-Gay 10 de diciembre de 2015 - 31 de diciembre de 2016
Ministerio de Hacienda Nicolás Dujovne 10 de enero de 2017 - en el cargo
Ministerio de Finanzas Luis Caputo 10 de enero de 2017 - en el cargo
Ministerio de Producción Francisco Cabrera 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Turismo Gustavo Santos 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Modernización Andrés Ibarra 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Jorge Triaca 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Salud Jorge Lemus 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Desarrollo Social Carolina Stanley 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Educación y Deportes Esteban Bullrich

Alejandro Finocchiaro

10 de diciembre de 2015 - 17 de julio de 2017

17 de julio de 2017 - en el cargo

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Lino Barañao 10 de diciembre de 2007 - en el cargo
Ministerio de Cultura Pablo Avelluto 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Agroindustria Ricardo Buryaile 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Transporte Guillermo Dietrich 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Energía y Minería Juan José Aranguren 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Secretaría General Fernando de Andreis 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Secretaría Legal y Técnica Pablo Clusellas 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas 10 de diciembre de 2015 - en el cargo
SEDRONAR Roberto Moro 10 de diciembre de 2015 - en el cargo

La cadena estadounidense CNN señaló en tono elogioso que el primer gabinete de Macri se destaca por el protagonismo de los empresarios en el mismo y la procedencia de sus miembros de universidades privadas argentinas y estadounidenses.[24]​ El mismo señalamiento hizo el diario Página/12 en diversos artículos, aunque en tono crítico, señalando el "perfil empresarial" del gabinete y sosteniendo que "en apenas veinte días, desembarcaron en ministerios y secretarías ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas".[25][26][27]

Política interna[editar]

El presidente Mauricio Macri junto a los 24 mandatarios provinciales de la República Argentina, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, el Ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda Rogelio Frigerio y el Presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, en un almuerzo en la quinta presidencial de Olivos en el segundo día de presidencia de Macri

Política económica[editar]

En diciembre de 2015, anunció la eliminación de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, sorgo y carne, mientras que reduciría las retenciones a la soja al 30 %, con un costo fiscal de 23 604 millones de pesos (equivalente a 277 escuelas u 88 meses de AUH),[28]​lo que provocó fuerte incrementos en productos de primera necesidad, entre ellos el aceite que aumentó un 51 %, la harina 110 %, el pollo 90 % y fideos 78 % entre otros, y un aumento del 50 % del precio de la carne en dos semanas.[29][30]​ Levantó el cepo cambiario, es decir los controles de cambio. Varios economistas afirmaron que el resultado de dichas medidas fue positivo, ya que aumentaron las exportaciones y no se disparó la cotización del peso argentino ni la inflación.[31]​En marzo de 2016, el ministro de transportes, Guillermo Dietrich, anunció el aumento de las tarifas del agua y del sistema de transporte público en la ciudad de Buenos Aires, lo que afectaría en el corto plazo un alza del 100 por ciento de los precios de los boletos de colectivos, el Subte y el ferrocarril que conecta con el resto de la provincia.[32]​Desde diversas organizaciones vecinales y políticas argentinas llamaron a una primera protesta en contra de la medida gubernamental para el 14 de julio de 2016 en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. Los manifestantes que realizaron un cacerolazo, se concentraron en el Obelisco de Buenos Aires y sus alrededores, exigiendo, entre otros petitorios, la restauración de los precios tarifarios y la renuncia del primer ministro de energía argentino, Juan José Aranguren.[33]​ El 14 de julio se produjo una protesta por los aumentos en la tarifa del gas,[34]​ que en ocasiones había superado el 1000%, y en algunos casos llegaban al 2000%,[35]​ a los que una resolución del gobierno de Macri limitaba a un máximo interanual del 400% (cinco veces más). Contribuyeron al malestar de la población las distintas expresiones vertidas por miembros del gabinete de ministros y el propio presidente de la Nación,[36]​ haciéndose hincapié en las críticas a la gestión del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, del que se pidió la renuncia a su cargo.[37]

Desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016 se mantuvieron negociaciones con los Fondos buitre tenedores de deuda argentina que no habían ingresado al canje de 2010. Luego de derogación por parte del Congreso de las leyes de Pago Soberano y Ley Cerrojo se negoció el pago con una quita del 25 % de intereses [cita requerida]mediante una emisión de deuda por 15 000 millones de dólares. Dicho pago se encuentra siendo investigado por la justicia argentina por graves irregularidades detectadas en el pago, entre ellas: No se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demandos, hubo acuerdo firmados a mano alzada, no se individualizaron los títulos incorporados, y en la mayoría de los casos se acuerdó pagar más de lo acordado en las sentencias. Al analizar los desembolsos, los peritos también aseguraron que no hay documental que avale qué títulos se abonaron. A 2016 la causa es llevada adelante por el fiscal federal Federico Delgado sobre las irregularidades en el pago que ordenó el gobierno de Mauricio Macri.[38]​paralelamente se abrió una causa contra Mauricio Macri por la negociación con los buitres Donde se lo investiga por una presunta "delictiva negociación".[39]​Según diario británico Financial Times, para pagarles Argentina emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996, siendo el país que más se endeudó en el mundo desde 1996.[40]​Días después a consecuencia de esta política nacieron los llamados fondos de "tercera generación", una nueva tanda de demandantes con bonos que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010; y tampoco aceptaron la propuesta del gobierno Mauricio Macri.[41]​ Tras meses de investigaciones el fiscal del caso declaró: el endeudamiento por u$s 16.500 millones que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo u$s 12.500 millones a los bonistas en default fue el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado nacional.[42]

Variación de los segundos semestres de cada año de los deciles 1 y 10 a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC según escala de ingreso individual desde 2005 a 2016.

Política laboral[editar]

De acuerdo a un informe de la consultora Tendencias Económicas[43]​ y a otro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, en los meses de enero y febrero de 2016 se produjeron 107 000 despidos, lo que aumentó la tasa de desempleo más del 0.5%. De ese total, la mitad —54 000 puestos de trabajo— tuvo lugar en el sector de la construcción, debiéndose principalmente a los atrasos en los pagos de certificados en la obra pública.[44]​ Las razones de los despidos en la industria, otro sector en el que los despidos fueron importantes, fueron la caída de la demanda, la incertidumbre sobre el rumbo de la economía, el aumento de las tarifas energéticas y el de las importaciones.[45]

Del total de despidos, unos 30 000 fueron de la administración pública nacional, provincial y municipal.[44]​ Los despidos fueron numerosos en áreas tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), del Espacio Memoria y Derechos Humanos y otras áreas del Ministerio de Justicia,[46]​ en dependencias de control de la Secretaría de Comercio[47]​ y de la Unidad de Investigación Financiera, lo que ha sido denunciado como un intento de desmantelar programas de control de delitos económicos[48]​ y de defensa de los derechos humanos.[49]

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) realizó una huelga y jornada de protesta el 24 de febrero, en rechazo de los "despidos de trabajadores, el ajuste, la criminalización de la protesta social" y en reclamo de la realización de "paritarias libres",[50]​ reuniendo 50 000 manifestantes en Plaza de Mayo.[51]

Los despidos en la administración pública nacional continuaron en los últimos días de febrero y principios de marzo,[52]​ incluyendo el desmantelamiento de programas de estado tales como Conectar Igualdad, cuyos empleados fueron despedidos en su totalidad,[53]​ cientos de empleados en la construcción de la central nuclear Atucha III,[54]​ y otras áreas.[55]

Paralelamente Patricia Bullrich junto a Marcos Peña prepararon un «protocolo de protesta social» para hacer frente a los reclamos que comenzaron a surgir en respuesta a los despidos y los aumentos de las tarifas. Diferentes diputados señalaron que «lo que buscan es disciplinar a la sociedad ante la creciente protesta social».[56]​ Como elemento punitivo, a los manifestantes se les advertirá que ante un corte se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción.[57]​ Referentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron el protocolo al advertir que criminaliza la protesta social.[58]​ Otro punto de la resolución es la cobertura de los medios de comunicación durante la protesta. Los periodistas deberán ubicarse según el protocolo en una «zona determinada» por las fuerzas de seguridad impidiendo la cobertura de las mismas.[59][60]​ Según diferentes sectores, el protocolo, además de limitar la cobertura periodística, permite la utilización de armas de fuego y balas de gomas para dispersar cualquier protesta o reclamo.[61]

Cambios en el impuesto a las ganancias para trabajadores[editar]

El sábado anterior a su asunción declaró que los trabajadores deberían pagar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo de diciembre, a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años y que a partir del 1 de enero sólo se eximiría a los trabajadores con salarios inferiores a $ 30.000.[62]​ Los sindicatos criticaron inmediatamente la decisión y Macri debió rectificarse anunciando a través de Facebook que los salarios menores a $ 30.000 no pagaría el impuesto.[63][64]​ La rectificación tampoco satisfizo a los sindicatos, ya que la quita anunciada por Macri es menor que la que había establecido Cristina Fernández de Kirchner en 2014, alcanzando a los trabajadores que ganaran menos de $ 35.000, beneficiando a unos 750.000 asalariados. "Según los cálculos sindicales, si se computan los incrementos salariales de este año, el anuncio de Macri beneficiará a uno 450.000

Cambios en la planta estatal[editar]

Diversas áreas del Poder Ejecutivo anunciaron la rescisión masiva de contratos laborales de empleados públicos. La decisión fue anunciada simultáneamente con decisiones similares de funcionarios del PRO a cargo la Cámara de Senadores de la Nación y la Provincia de Buenos Aires. En los argumentos para producir los despidos se mencionaron falta de asistencia al trabajo y la militancia kirchnerista de los trabajadores despedidos.[65]​ En algunos casos se dispuso un plan de análisis «caso por caso» antes de producir los despidos[cita requerida] y en otros casos los despidos se realizaron antes de que los afectados pudieran presentar sus descargos. A principios de enero de 2016, los sindicatos estatales estimaron en quince mil los despidos en todo el país, cuestionaron la decisión y declararon que iban a resistir la medida.[66]​ se ha ncreado 4 secretarías, 9 subsecretarías, 19 direcciones y oficinas nacionales, y casi 90 coordinaciones.[67][68]​ Generó una controversia la designación de más una docena de casos de parientes de funcionarios del actual gobierno que accedieron a cargos públicos sin concurso.[69]​También ha sido criticada la designación sin concurso de decenas de militantes del PRO y de la agrupación "La Generación", que logró copar el Ministerio de Modernización y sus militantes ganan sueldos de hasta 80 mil pesos por mes.[70]​ Varios militantes de las juventudes del PRO han sido colocados anteriormente en puestos estratégicos en la ciudad y a partir de 2016 en la Nación pese a no tener experiencia previa.[71][72]

Transporte[editar]

En septiembre de 2016 anunció la reactivación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Días después se presentó una denuncia que hicieron los fiscales ante el posible delito en la modificación de las condiciones de la adjudicación de la obra, que beneficiaría a la empresa Iecsa de Angelo Calcaterra, primo del presidente.[73]​ En cuanto a los servicios regionales de ferrocarril, en el caso del Tren del Valle se recortaron servicios y disminuyeron las frecuencias.[74]​ En Entre Ríos los ramales fueron paralizados cancelándose los servicios locales de Paraná, la capital provincial, que fueron suspendidos en enero de 2016, el tren Paraná – Concepción del Uruguay, suspendido en febrero de ese año, y el servicio Basavilbaso – Villaguay, que dejó de circular en abril de 2016.[75]​ El Tren de las Sierras, que circula entre Córdoba y Cosquín, dejó de salir desde la estación Alta Córdoba.[76]​ En mayo de 2017 el servicio metropolitano de trenes de Resistencia, Chaco, también fue suspendido para forzar una provincialización del servicio y se descartó la renovación de vías del ramal C3 del Ferrocarril Belgrano.[77]​ También se canceló el proyecto de fabricación de vagones de cargas nacionales. El recorte en los trenes regionales, el cierre de ramales en el Chaco y Entre Ríos, servicios suspendidos en La Pampa, Mar del Plata, Chascomús y la decisión de paralizar la expansión del Tren del Valle y el abandono del Plan Operativo Quinquenal heredado de la gestión anterior.[78]

Política externa[editar]

Macri y Awada con Donald Trump

El 19 de enero de 2016, el presidente Macri participó en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos junto a Sergio Massa en busca de inversiones. Tuvo reuniones con varios representantes de empresas, políticos, periodistas, etc. Algunos de ellos fueron el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, el fundador de Virgin Group, Richard Branson, el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, la Reina Máxima de los Países Bajos, el presidente y CEO de Coca Cola, Muhtar Kent, entre otros.[79]​El último presidente en asistir fue Eduardo Duhalde.[80]

El 16 de febrero recibió al primer ministro italiano Matteo Renzi y el 24 de febrero recibió al presidente François Hollande de Francia. El 27 de febrero se reunió con el Papa Francisco en Roma, y el 23 de marzo recibió al presidente Barack Obama.

Durante una cumbre del Mercosur en diciembre de 2016 la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez, fue agredida por la Policía Federal Argentina cuando se dispuso a entrar al Palacio san Martín para la reunión del Mercosur, interviniendo el canciller boliviano que debió gritarle a un policía que frenase los ataques. En conferencia de prensa, Macri ironizó sobre la denuncia de Rodríguez y lanzó: "Pensé que había sido (la canciller, Susana) Malocorra la que la golpeó".[81]

En cuanto a las Naciones Unidas, el gobierno de Macri impulsó la candidatura de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto Susana Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas, para suceder a Ban Ki-moon al frente del organismo.[82]​ El costo de la candidatura al Estado argentino fue de más de un millón de pesos. La canciller dedicó gran parte de su tiempo sólo a la candidatura, viajando por varios países y teniendo a su disposición 13 funcionarios.[83][84][85]

Críticas[editar]

Conflicto por el protocolo de asunción presidencial[editar]

El 24 de noviembre, dos días después del balotaje, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se reunieron y acordaron el protocolo de traspaso del mando a realizarse el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. El propio Macri fue el encargado de anunciar lo acordado en la reunión, a la que calificó como protocolar y "cordial":

Alfredo Leuco: ¿Qué es lo que acordaron del protocolo, de la parte protocolar?
Diego Leuco: El 10 de diciembre.
Mauricio Macri: El 10 de diciembre, que haremos el traspaso como corresponde, en el Congreso de la Nación.
Alfredo Leuco: Era obvio eso, digamos.
Mauricio Macri: Sí, sí, pero bueno, se habían corrido muchas versiones. A mí me alegró que ella haya ratificado que estaba muy bien predispuesta a hacer la ceremonia como corresponde, y darle el lugar a algo tan importante como un traspaso de mando.[86]

Con posterioridad Macri cambió de opinión y consideró que el juramento debía hacerse en el Congreso Nacional, pero luego del juramento ambos debían trasladarse a la Casa Rosada para que allí Cristina Kirchner le hiciera entrega de la banda y el bastón. Macri explicó que pretendía preservar la tradición anterior a 2003,[87]​ mientras que los voceros de Cristina explicaron que se debía cumplir lo acordado según lo que establece la Constitución.[88]​ Las razones de fondo del cambio de opinión por parte de Macri ha dado lugar a especulaciones periodísticas, así como también las supuestas intenciones de ambos de humillar al otro o a la otra.[89][90]

Mientras se estaban realizando las negociaciones, Macri realizó una presentación judicial solicitando que se estableciera que el mandato de la Presidenta Cristina Kirchner finalizaría el 9 de diciembre a la medianoche.[91]

La presentación del reclamo judicial interrumpió definitivamente las negociaciones. Conocida la decisión del fiscal de hacer lugar al reclamo de Macri, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli cuestionó por irregular la decisión judicial por acortar el mandato constitucional de Cristina Kirchner, dejar al país sin presidente titular y obligar a poner en funcionamiento la ley de acefalía, sosteniendo ante una afirmación de un periodista que «si hay acefalía como usted dice eso para mí es un golpe». Parrilli anunció que debido a que la justicia había establecido que el mandato presidencial de Cristina Kirchner había finalizado el día anterior al acto de toma de posesión del mando por parte del nuevo presidente, no correspondía legalmente que se hiciera presente en el Congreso Nacional.[92]

Al día siguiente la jueza María Servini de Cubría hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Macri y dispuso que el mandato de la presidenta Kirchner debía finalizar a la medianoche del día 9 de diciembre, doce horas antes de la ceremonia de traspaso del mando y jura en el Congreso. La decisión judicial generó una situación anómala, ya que el mandato de la presidenta Kirchner terminaría antes de que Macri pudiera cumplir con los requisitos constitucionales para asumir el mando.

Frente a esa situación el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, anunció que él sería presidente de la Nación a partir de las 00:01 del día 10 de diciembre, desempeñando el cargo hasta que realice el juramento constitucional Mauricio Macri.[93]

Simultáneamente el bloque de diputados del Frente para la Victoria declaró que el fallo judicial constituía un "avasallamiento a las instituciones" y que no asistiría al acto de asunción como presidente de Mauricio Macri.[94]

Pinedo asumió efectivamente el ejercicio al Poder Ejecutivo al cesar el mandato de Cristina Kirchner, aplicando al caso la ley de acefalía.[95]

Conflicto con el Ministerio Público[editar]

Luego de ser elegido Presidente de la Nación, Macri confirmó que pretendía que la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, titular del Ministerio Público Fiscal renunciara, a pesar de que se trata de una funcionaria y un órgano constitucional que son independientes del Poder Ejecutivo para el que fue elegido.[96]

La Procuradora General Gils Carbó por su parte consideró que el Presidente Macri no tenía facultades legales para exigir su renuncia y que se trataba de una violación de la institucionalidad y el orden constitucional.[97]​La Procuradora recibió el apoyo de más de 80 fiscales y funcionarios judiciales.[98]​Unos 120 fiscales del Ministerio Público de la Nación manifestaron su apoyo a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, al señalar "su profunda preocupación" por las manifestaciones que realizaron distintos actores políticos "en plena campaña electoral" y que ejercen una "indebida presión" sobre la funcionaria al exigirle su renuncia.[99]

En ese contexto la Procuradora General Gils Carbó no fue invitada a la jura presidencial, debido a que la invitación fue enviada a una dirección incorrecta. Varios organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideraron que el Presidente Macri estaba presionando indebidamente al Ministerio Fiscal, y declararon su solidaridad en apoyo de continuidad de la Procuradora General.[100]

Conflicto por la designación por decreto de dos miembros de la Corte Suprema[editar]

El lunes 14 de diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo informó que Macri designó por decreto de necesidad y urgencia, y sin aprobación del Senado, dos jueces en comisión para los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.[101]​ Según el artículo 99 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.[102]​ La gacetilla de prensa justifica dicha designación sin acuerdo en base al inciso 19 del mismo artículo:[101]​ “19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.[…] ”[102]​ Complementariamente el decreto 222/03 establece un sistema previo de impugnaciones y audiencias públicas para poder nombrar a los integrantes de la Corte Suprema.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dio la "bienvenida" a los jueces.[103]​ Lorenzetti afirmó, refiriéndose a los gobiernos anteriores, peronistas:

Conozco muy bien a los dos jueces que van a venir, es gente de prestigio, son muy serios, pero la decisión la toma el Senado. Se han nominado dos jueces para cubrir vacantes, es normal, no significa que haya un cambio pendular. Antes con los cambios de Gobierno se suprimía toda la Corte, se cambiaba toda la jurisprudencia. Esta es la primera vez en la historia que la Corte continúa.[104]

El radical Ernesto Sanz dijo que Macri hizo lo que tenía que hacer, y que la medida garantizaría la gobernabilidad.[105]​ El periodista Adrián Ventura opinó que "el procedimiento puede ser riesgoso, extraño, políticamente criticable por la oposición, pero es válido".[106]

Objeciones al Decreto[editar]

La medida fue criticada por políticos, juristas y periodistas de la mayoría del arco político, incluyendo varios importantes figuras de Cambiemos, criticando desde lo poco republicano a directamente tachándola de inconstitucional.[107]​ Entre las principales críticas, la ex candidata presidencial Margarita Stolbizer calificó de "inadmisible" la decisión y de "un retroceso institucional";[108]​ el también excandidato Sergio Massa sostuvo que "los nombres son impecables, la forma horrible";[109]​ el senador Miguel Ángel Pichetto sostuvo que era "un disparate";[110]​ el jurista León Arslanián lo consideró "impropio"; el periodista de Joaquín Morales Solá declaró que "no me parece conveniente, ni oportuno ni un acierto";[111]​ el exgobernador de la provincia de Córdoba José Manuel de la Sota le reprochó que la construcción de una república "no se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto".[112]​ El exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni cuestionó la decisión diciendo que "esto afecta a la República y la democracia sin República puede ser un caos. Me parece una barbaridad, es un abuso de autoridad".[113]​ El periodista Mario Wainfeld sostuvo que "la jugada le pasa por arriba al Senado" y que la intención de Macri es "formatear en parte un tribunal a su gusto".[114]​ El constitucionalista Daniel Sabsay calificó la medida como "de terror", "inconstitucionalidad manifiesta" y "retroceso fenomenal", sosteniendo que se estaba "sentando un precedente nefasto para las instituciones argentinas que prometió mejorar" y contrastando la actitud del Presidente Macri con la del ex presidente Néstor Kirchner que autolimitó su facultad de designar los miembros de la Corte mediante el Decreto Nº 222/03.[115]​ El presidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires Raúl Rizzo manifestó su disconformidad diciendo "empezamos mal Mauricio".[116]​ El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel consideró que "es una medida autoritaria inédita en democracia".[117]​ El senador radical de Cambiemos Julio Cobos afirmó que la designación de los jueces de la Corte por Decreto de necesidad y urgencia "me ha sorprendido y es innecesario", sosteniendo que no ve "razones para que sea por decreto y no por envío al Senado".[118]​ El jurista de Cambiemos Gil Lavedra calificó la medida como un “precedente muy funesto”, agregando que “la norma constitucional que se utilizó es insostenible frente al alcance que tiene el principio de independencia de los jueces”.[119]Ricardo Alfonsín de Cambiemos, también criticó el decreto debido a que “deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”.[119]​ El gobernador socialista de Santa Fe lo calificó como "un error".[120]

Beatriz Sarlo señaló que Macri se había reunido pocos días atrás con las principales figuras de la oposición para buscar consensos básicos y no mencionó que estaba preparando un nombramiento de dos jueces de la Corte por decreto y en comisión:

Me problematiza mucho que se reunió con Sergio Massa, con Scioli y con Margarita Stolbizer para nada. Es decir para hablar vaguedades. A ninguno de los tres les anticipó que tenía en mente una medida sobre el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Eso no es un diálogo, eso es una puesta en escena.

Beatriz Sarlo[121]

Por su parte al excandidata por el Frente Progresista Margarita Stolbizer y el excandidato por el peronismo renovador Sergio Massa, realizaron una declaración conjunta solicitándole al Presidente Macri que revea su decisión de nombrar a los miembros de la Corte por decreto.[122]

Objeciones a los candidatos[editar]

Sobre los miembros de la Corte designados, la prensa ha dado a conocer antecedentes de los mismos. En el caso de Carlos Rosenkrantz, el periodista Luis Bruchtein ha dado a conocer que fue abogado del Grupo Clarín en sus acciones contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.[123]Página/12 a su vez señaló que Rosenkrantz en 2007, publicó un artículo cuestionando los fallos de la Corte Suprema dictados en los autos "Simón" y "Mazeo", por medio de las cuales se declararon inconstitucionales las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos de Menem a los crímenes de lesa humanidad.[124]

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) cuestionó los méritos de los candidatos "designados".[125]​ Con respecto a Rosatti dio a conocer que mientras se mantuvo en el cargo de la secretaría de gobierno de la Provincia de Santa Fe y en el municipio, más de 80 personas fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad que controlaba y que en 2005, fue acusado de presionar a la Oficina Anticorrupción Nacional, para que se archivara la investigación contra su exjefe, Carlos Reutemann, sobre la malversación de fondos públicos con motivo de la inundación de 2003, que causó decenas de muertos.[125]​ Con respecto a Carlos Fernando Rosenkrantz cuestionó su vinculación con empresas que incluyen a grandes medios (América TV, La Nación, Grupo Clarín y Cablevisión), cadenas de venta de alimentos, medicina prepaga, telecomunicaciones, energía, "y un enorme etcétera del mundo de los negocios y las finanzas".[125]

Conflicto con los trabajadores de Cresta Roja[editar]

El día 22 de diciembre, la Gendarmería Nacional reprimió con violencia una manifestación de empleados de una industria avícola que había cortado la Autopista Ricchieri, acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras ordenar a los manifestantes abandonar el corte en un plazo de cinco minutos. La represión, que consistió en dos cargas separadas por algunas horas, incluyó el uso de palos, balas de goma y camiones hidrantes, dejando entre diez y doce trabajadores heridos, de acuerdo al testimonio de los manifestantes.[126][127]​ Cristian Villalba, delegado de los trabajadores, denunció que las agresiones no fueron iniciadas por los trabajadores de Cresta Roja sino por activistas políticos infiltrados en la manifestación.[128]

Conflicto con la AFSCA[editar]

Macri declaró que pretendía la renuncia del presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabbatella, un organismo autárquico que tiene la responsabilidad de regular los medios de comunicación audiovisual y fue creado por la Ley de Medios. Por ley el mandato del presidente de la AFSCA dura cuatro años "debiendo existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional".[129]

El segundo día de su mandato, Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) disponiendo que AFSCA y AFTIC pasaran a depender del Ministerio de Comunicación.[130][131]​ Varias organizaciones y sindicatos denunciaron que la creación de la nueva cartera busca eliminar la autarquía de la AFSCA, constituyendo una intervención encubierta y convocaron a un abrazo simbólico en defensa a la AFSCA y la preservación de su autonomía.[132][133][134][135]

El día 11 de diciembre el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció que "la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno."[136]​ El anuncio del ministro Aguad fue a su vez cuestionado por el presidente de la AFSCA Martín Sabbatella, denunciando que el gobierno pretende beneficiar al Grupo Clarín.[137]

En la tarde del 14 de diciembre, un grupo de miembros de organizaciones sociales y políticas, trabajadores y autoconvocados realizó una manifestación en la Plaza de Mayo en defensa del AFSCA y la Ley de Medios, convirtiéndose en la primera marcha opositora al gobierno de Macri. También hubo movilizaciones en las ciudades de Córdoba y Mendoza.[138][139]

El 23 de diciembre Macri dispuso intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad justificó la medida diciendo que las autoridades de la AFSCA habían cometido un acto de "rebelión" y que su presidente Martín Sabbatella era un "militante político".[140]​ Sabatella con mandato en su cargo hasta 2017, afirmó que el "gobierno fue elegido democráticamente pero tiene actitudes de un gobierno de facto" y presentó ante la justicia un recurso de amparo y un habeas corpus.[141]​ Pocas horas después de la intervención se reunió en la puerta de la AFSCA una manifestación de ciudadanos para oponerse a la medida.[142]​ El ministerio de Comunicaciones colocó a Agustín Garzón como interventor del AFSCA.[143]​ Posteriormente Garzón fue acusado de persecución política y despidos arbitrarios en el organismo, y de amedrentarmientos,[144]​ además de utilizar policías para amedrentar empleados.[145]​ También fue criticado por designar en el organismo público a militantes de Cambiemos.[146]

Escándalo de Panama Papers[editar]

Macri figura entre los políticos implicados en la investigación internacional sobre corrupción a través de paraísos fiscales denominada “Panama Papers”, publicada el 3 de abril de 2016 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.[147]​ Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las Bahamas entre 1998 y 2009. Al ser electo jefe de Gobierno porteño en 2007, el ahora presidente no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma.[148][149]​ El portavoz oficial de Macri, Ivan Pavlovsky, dijo que el presidente argentino no declaró su participación en esa empresa offshore como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella .[147]​ El periodista Joaquín Morales Solá considera improbable que el caso llegue a judicializarse, ya que Mauricio Macri figura personalmente en el directorio de la empresa (y no utilizando un testaferro), Franco Macri declaró la cuenta ante la AFIP, el movimiento de dinero fue insignificante, y fue cerrada un año después de que Mauricio Macri fuera electo jefe de gobierno.[150]​ El 7 de abril, a pocos días de conocerse el escándalo, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado.[151]​ El juez Sebastián Casanello es el encargado de investigar el caso, y le solicitó al Banco Central que informe sobre todas las cuentas que tengan a Macri como titular o apoderado. También le pidió a la AFIP las declaraciones juradas del padre y los hermanos del Presidente y envió exhortos a cinco países.[152]​ Según la investigación, integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las Bahamas entre 1998 y 2009. El 7 de abril, a pocos días de conocerse el escándalo, Mauricio Macri fue formalmente imputado por el fiscal Federico Delgado.[153][154]

Escándalo por filtración y alteración de datos en la AFIP[editar]

Durante el primer año de gobierno se desató un escándalo por la alteración y filtración de datos en la AFIP. En el marco de una investigación por «filtración» en AFIP de datos secretos con fines políticos, en una causa que involucra a un grupo de funcionarios de la AFIP por «filtrar» información confidencial sobre contribuyentes, con objetivos políticos. A su vez, se denunció que se están borrando pruebas en AFIP que involucran a políticos de la alianza Cambiemos.[155]​Eduardo Taiano, denunció la confección de «dossiers» de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en los medios de comunicación.[156]​ Inclusive, en la causa se pide investigar si Abad y Mecicovsky ayudaron a la empresa IECSA, del primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, para «readecuarse» ante una posible «insolvencia fiscal fraudulenta».[157]

Según la investigación, Alberto Abad, con supuesta connivencia con la diputada Elisa Carrió para pasarle información privilegiada del propio organismo recaudador y así elaborar «carpetas» con información sensible de rivales del gobierno, desde Cambiemos habrían utilizado información protegida por el secreto fiscal para elaborar informes que luego eran filtrados a Carrió con el fin de realizar denuncias periodísticas. Así, declaraciones juradas, movimientos bancarios, gastos de tarjetas de crédito, entre otros, quedaban bajo la posibilidad de ser divulgados,[157]​que fueron utilizados para la campaña electoral de Mauricio Macri, a través de una fuerza especial dentro de AFIP para recopilar datos de sus «enemigos».[158]​El fiscal Eduardo Taiano imputó al jefe de la AFIP, designado por Mauricio Macri por el delito de violación de secreto junto con la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió.[159]

Aportantes fantasmas a la campaña de 2015[editar]

En 2016 ciertas investigaciones periodísticas revelaron casos de irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri y Gabriela Michetti, así como también la campaña del candidato kirchnerista, Daniel Scioli,[160]​ denuncias sobre empresas contratistas que fueron aportantes, donantes fantasmas o sin capacidad económica y empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad sumaron millones para la campaña presidencial de Mauricio Macri Aportantes fantasmas, donantes sin capacidad económica y empresas contratistas del Gobierno de la Ciudad sumaron millones para la campaña presidencial.[161]​ Así mismo la alianza Cambiemos, designó a dos jubiladas como máximas responsables de manejar los 36 millones de pesos que utilizó en las PASO. Según publicó La Nación, Stella Maris Sandoval, de 68 años, fue la encargada legal de administrar esos fondos aunque ella le negó al diario haber ocupado ese cargo como así también ser militante del PRO. "Yo nunca firmé nada", confesó. Otra jubilada. María Armanda Inza, de 82 años, que también aseguró a La Nación que no estaba enterada de ello.[162][163]

Tarifas de servicios públicos[editar]

El 5 de abril de 2016 se produjeron cacerolazos en Argentina, manifestantes exigieron la renuncia de Mauricio Macri tras la gran cantidad de despidos, los abruptos aumentos, ajustes, tarifazos y la vinculación e imputación por el caso Panamá Papers. Hubo cacerolazos en el centro de Mar del Plata, en la plaza frente a la Catedral, también una masiva movilización denominada #7A en repudio al ajuste y la corrupción de Macri.[164]​También hubo protestas en otras plazas del interior del país y en Rosario.[165]​Convocados espontáneamente al grito de "procesado", miles de manifestantes se concentraron en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires.[164][166]

Referencias[editar]

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  102. a b Constitución Nacional Argentina - Segunda Parte: Autoridades de la Nación - Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo, consultado el 14 de diciembre de 2015, «Art. 99.- El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. […] 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.[…] 19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.[…]» 
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