Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina

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Los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son los causas llevados a cabo por la violaciones a los derechos humanos realizados en el marco de un genocidio ocurridos durante la última dictadura cívico militar en la Argentina (1976-83), como resultado de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.

Índice

Antecedentes[editar]

CONADEP[editar]

La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) fue una comisión asesora creada por el presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. La comisión recorrió todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, de familiares, de represores y de los edificios utilizados como centros de detención; realizaron un inventario de todas las desapariciones denunciadas y de todos los centros clandestinos; confeccionaron mapas, clasificaron los relatos e hicieron un análisis a fin de reconstruir el modo de operar del Terrorismo de Estado. La comisión produjo un informe final, nombrado Nunca más, que registraba parcialmente la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 centros clandestinos de detención.[1]

Juicio a las Juntas Militares[editar]

En 1984, la Cámara Federal desplazó al tribunal militar ante la evidencia de la demora injustificada de la justicia militar para enjuiciar a las juntas militares, por lo que se hizo cargo directamente de la causa. El juicio tuvo una gran trascendencia internacional y sobre todo para la región, en donde en los países limítrofes como Chile, Uruguay o Brasil, que sufrieron crímenes similares, llevar a los represores ante la justicia fue imposible y nunca condenaron a sus criminales. Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó el juicio en el que declararon 833 personas, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. El juicio demostró la responsabilidad de los jerarcas de las juntas y la falsedad de cualquier hipótesis sobre «excesos propios de cualquier acción militar» como pretendían los comandantes.

Condenas
  • Jorge Rafael Videla fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 16 casos, por homicidio agravado por alevosía y por el concurso de varias personas en 50 casos, por la privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias en 306 casos, por tormentos en 93 casos, por tormentos seguidos de muerte en 4 casos, por robo en 26 y fue absuelto por falta de pruebas por homicidio calificado en 19 casos, privación ilegítima de la libertad calificada en 94 casos, tormentos en 164 casos, por robo en 64 casos, por sustracción de menor en 6 casos, por reducción a servidumbre en 23 casos, por usurpación en 5 casos, por secuestro extorsivo en 3 casos, por falsedad ideológica en 120 casos y por supresión de documento público.[2]
  • Emilio Eduardo Massera fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía en 3 casos, por privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas en 69 casos, por tormentos reiterados en 12 casos y por robo en 7 casos y fue absuelto por falta de pruebas por homicidio calificado en 83 casos, por privación ilegal de la libertad calificada en 440 casos, por tormentos reiterados en 260 casos, por robo en 99 casos, por tormentos seguidos de muerte en 5 casos, por sustracción de menor en 6 oportunidades, por supresión de documento público, por reducción a servidumbre en 23 casos, por usurpación en 5 casos, por secuestro extorsivo, por extorsión en 2 casos y por falsedad ideológica en 127 casos.[2]
  • Roberto Eduardo Viola fue condenado a 17 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución.
  • Armando Lambruschini fue condenado a 8 años de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución.
  • Orlando Ramón Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y a inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución.
  • Omar Domingo Rubens Graffigna y Arturo Basilio Lami Dozo fueron absueltos porque asumieron la comandancia después que se cerrara el único centro de detención de su fuerza. Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos porque no se pudo demostrar que personal a su cargo siguiera cometiendo alguno de los delitos del sistema ilegal de represión implementado cuando ellos asumieron el poder.[2]

Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida[editar]

Luego de el juicio a las juntas militares y de los alzamientos "carapintada", se dictaron dos leyes (Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida) que virtualmente detuvieron las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura. La Ley 23.492, llamada "de Punto Final", fue promulgada en 1986 por el presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. La Ley 23.521 "de Obediencia Debida" fue promulgada por el presidente y estableció una presunción iuris et de iure (sin admitir prueba en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida". Estas normas se dictaron luego de los levantamientos "carapintadas", por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel, de la responsabilidad en los delitos cometidos siguiendo la cadena jerárquica militar. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de la mayoría de los imputados en causas penales por terrorismo de Estado. Los únicos juicios que se llevaron a cabo fueron por el robo sistemático de recién nacidos, y con causas no vinculadas directamente a crímenes de lesa humanidad (asociación ilícita, la falsificación de documentos públicos, etc.).[3]

Indultos presidenciales[editar]

En 1989 y en 1990, Carlos Menem firmó una serie de decretos en los que indultaba a civiles y militares condenados por delitos durante la dictadura militar, mediante los que fueron liberadas más de 1.200 personas. Entre los indultados se encontraban todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Ramón Camps, Ovidio Riccheri, Norma Kennedy, Duilio Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Suárez Mason.

Juicios por la Verdad[editar]

En 1998 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Carmen Aguiar de Lapacó, y alegó que el Estado argentino vulneraba el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, debido a las leyes de impunidad y el perdón presidencial no podían ser invocados para impedir también la determinación de lo ocurrido con Alejandra Lapacó y el destino final de su cuerpo; pues el delito de desaparición forzada continuaba en ejecución hasta tanto la víctima no apareciera. En 1999 se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa entre las partes en el que el Estado argentino se comprometía a garantizar una investigación por la verdad de los hechos denunciados en el ámbito de la justicia penal aunque sin posibilidad de imputación y de condena. También se le asignaba competencia exclusiva a las Cámaras Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de todo el país para conocer en todos los casos de averiguación de la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, con la excepción de las causas por secuestro de menores ya que habían quedado por fuera de los impedimentos legales consagrados por la leyes y los indultos.[4]

A partir del Acuerdo se reabrieron en todas las provincias las investigaciones penales sin posibilidad de imputación y de condena. A esta etapa judicial las causas en investigación se denominaron “Juicios por la Verdad Histórica”. En ella, las personas señaladas como responsables eran citados como testigos ya que no podían ser procesados y condenados; y debían cumplir con la obligación de decir la verdad de todo cuanto sabían bajo pena de estar cometiendo el delito de falso testimonio. En este marco aquellos que se negaron a declarar fueron sometidos a algunos días de arresto por los jueces.

Anulación de las leyes y los indultos[editar]

En marzo del 2001 en el marco del caso “Simón” presentado por el CELS; el juez federal Dr. Gabriel Cavallo declaró por primera vez la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida afirmando que eran incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino a partir de la elevación a rango constitucional de los Tratados Internacionales que consagró la reforma constitucional de 1994. Esta decisión fue luego confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Buenas Aires. En agosto de 2003, se promulgaró la ley 25.779, que anula las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida,[5] y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declara la invalidez e inconstitucionalidad de ambas leyes,[6] se habilitó el avance de las causas judiciales por los delitos cometidos durante la dictadura militar. Además, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem,[7] lo cual quitó la última traba legal a la realización de los juicios.

Ese año, luego de la anulación de las llamadas leyes de la impunidad, los diferentes fiscales involucrados comenzaron con las investigaciones de los hechos,[8] pero las causas que involucraban a los indultos presidenciales se vieron frenadas hasta el año 2006.[9]

En 2005 comenzaron a formularse los pedidos de elevación juicio de las diferentes causas. Los diferentes juicios, que se llevan a cabo desde el año 2007, se realizaron a través de todo el país. Las causas más conocidas son: el Caso Simón, Batallón 601, Von Wernich, Etchecolatz, Centro clandestino ESMA, Primer Cuerpo, Plan Cóndor, Masacre de Margarita Belén, Masacre de Trelew, Tercer Cuerpo y Barreto, Gonçalves y D’Amico (desprendimiento de la causa Riveros).

Juicios con sentencia[editar]

Automotores Orletti[editar]

En el juicio contra el coordinador del CCP Automotores Orletti, Eduardo Cabanillas habría cometido la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 29 personas que permanecieron cautivas en Orletti, que funcionaba desde 1976 en el Bajo Flores, como también el homicidio agravado de cinco de las víctimas. A raíz de una denuncia permitió la detención y con el avance del proceso de Justicia a los responsables de los crímenes de Estado su condena a 20 años de prisión, en marzo de 2011.[10] Fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por cinco homicidios. La imputación contó además 29 secuestros. Entre sus víctimas estuvieron las víctimas de lo que se conoció como los cinco tambores del río Luján, un grupo de prisioneros arrojados en esos recipientes en octubre de 1976, descubiertos por un prefecto e identificados en 1989. Entre ellos: los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albeano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, con un tiro en la panza, con un embarazo de nueve meses. En 2016 la justicia dio un giro permitiéndole cumplir la sentencia en su vivienda.[11]

Causa Aeréa Paraná[editar]

En el marco de la causa por delitos de lesa humanidad conocida como 'Área Paraná', donde figuran víctimas de 52 personas, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, impuso mayoritariamente penas por debajo de las solicitadas por la fiscalía y la querella. El 24 de diciembre de 2016 el juez consideró que tenían "condenas cumplidas", tres de los condenados Rivas, Bidinost y Obaid, recuperaron la libertad lo que provocó el repudio de la querella como de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.[12] Algunos medios argumentaron que el cambio de signo ideológico del gobierno comienzó a notarse en lo que hace a políticas de derechos humanos: algunos juzgados comienzaron a liberar a genocidas condenados.[13]

Julio Héctor Simón[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 3
  • Condenados: 1

El 4 agosto de 2006, el ex suboficial de la Policía Federal Julio Héctor Simón fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal a 25 años de prisión, por la detención ilegal y los tormentos infligidos a José Poblete y Gertrudis Hlaczik y por la ocultación de una menor, hija del matrimonio, que en ese momento tenía ocho meses de edad (Causas 1056/06 y 1207/06).

En la tarde del 27 de noviembre de 1978, José Liborio Poblete Rosa, su esposa Gertrudis Marta Hlaczik y la hija de ambos, Claudia Víctoria Poblete, fueron llevados al centro clandestino de detención “El Olimpo” –dependiente del Primer Cuerpo del Ejército- donde el matrimonio fue torturado por distintas personas entre las que se encontraba Simón. Allí permanecieron alrededor de dos meses, hasta que fueron sacados sin que se tengan noticias de su paradero.

Luego, fue sentenciado a 23 años de prisión en la causa "Batallón 601" por los secuestros, torturas y desaparición forzada de personas, al regresar al país, en 1979 y 1980.[14]

Miguel Etchecolatz[editar]

Placa en la Pirámide de Plaza de Mayo que recuerda la desaparición de Jorge Julio López.
  • Imputados: 1
  • Víctimas: 14
  • Condenados: 1

Miguel Etchecolatz fue el primer represor llevado a juicio oral y público en Argentina luego de la anulación de las leyes de impunidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata el 19 de noviembre de 2006 halló a Miguel Osvaldo Etchecolatz culpable de todos los crímenes que le fueron imputados y dictó una sentencia de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. La condena tuvo dos hechos sobresalientes, fue la primera vez que fue reconocido que "todos esos hechos configuran delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República Argentina entre los años 1976 y 1983". Además, también se dictó que se niegue el beneficio de la prisión domiciliaria a Etchecolatz debido a que al ser juzgado y gozar de ese beneficio se comprobó que tenía en su posesión "juicio una pistola de grueso calibre y una cantidad significativa de municiones" y porque "Etchecolatz evidenció con sus acciones un desprecio total por el prójimo y formando una parte esencial de un aparato de destrucción, muerte y terror. (...) cometió delitos atroces y la atrocidad no tiene edad."[15]

En el marco de esta causa se dio la segunda desaparición de Jorge Julio López, el día 18 de septiembre de 2006, en la ciudad de La Plata, quien era querellante en la causa y un testigo clave, dado que sus declaraciones involucraron a por lo menos 62 militares y policías.

Contraofensiva I[editar]

  • Imputados: 9
  • Víctimas: 6
  • Condenados: 7

Este juicio contra integrantes de las Fuerzas Armadas tuvo objetivo de determinar la responsabilidad de parte de la cúpula del Batallón 601 en el secuestro y tortura de seis militantes montoneros que fueron detenidos ilegalmente al ingresar al país en el marco de la operación denominada Contraofensiva. Cinco de las víctimas permanecen desaparecidas. El Batallón 601 era el centro de recepción y análisis de información obtenida tanto en las sesiones de tortura perpetradas en centros clandestinos de detención como en las infiltraciones de agentes de inteligencia en sindicatos, universidades y fábricas. La causa se rigió por el Código de Procedimientos viejo (de carácter escrito). Por estos hechos fueron condenados el general retirado Cristino Nicolaides a 25 años; el ex jefe de la Central de Reunión,Jorge Arias Duval a 25 años; el agente de inteligencia Santiago Manuel Hoya; así como los militares Juan Gualco a 23 años;Waldo Roldán a 23 años; Carlos Fontana a 21 años; Pascual Guerrieri a 20 años; y el ex policía Julio Héctor Simón a 23 años.

Von Wernich[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 41
  • Condenados: 1

Es la causa que llevó el por Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata (Causa 2506/07), luego de haber corrobado la “conspicua intervención” de Von Wernich en el denominado circuito Camps, quien estuvo a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tuvo bajo su dirección varios de los centros clandestinos de detención (CCD) ubicados en esa provincia. Durante este juicio se pudo comprobar que su presencia en los lugares de cautiverio cumplía una función dentro del engranaje represivo: escudado en su rol de sacerdote, Von Wernich tenía como trabajo sustraer información a las víctimas y acallar los reclamos de sus familiares.

El 06 de marzo de 2009, el acusado fue hallado culpables de los 42 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidio, y fue condenado a la pena de “reclusión perpetua”, por crímenes cometidos en el marco del “genocidio”. En los fundamentos de la condena los jueces sostuvieron que Christian Federico Von Wernich era «un torturador y asesino que formó parte de un comprobado plan criminal y para llevar adelante su tarea utilizó los hábitos sacerdotales de la Iglesia Católica Apostólica Romana autoatribuyéndose una misión pastoral».[16]

El 27 de marzo de 2009 la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por los doctores Raúl Madueño, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Juan Fégoli, confirmó “en todos sus términos” la sentencia a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata en octubre de 2007.

Berthier[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 3

Es la causa por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán, quien fue la primera nieta recuperada que se presentó como querellante contra sus apropiadores. Se acusó al ex capitán del Ejército Enrique José Berthier de la apropiación de la niña recién nacida en un centro clandestino de destención y luego entregarla, junto con un certificado de nacimiento falso, al matrimonio Rivas - Gómez Pinto con quien tenía una relación de amistad. Los tres acusados fueron condenados por sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad.[17] [18]

Caggiano Tedesco[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

Es la causa contra Carlos Caggiano Tedesco, que fue el responsable máximo del Área 232, por el secuestro de Alfredo González, ex decano de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones. González había sido detenido secuestrado el 4 de marzo de 1978, y fue visto por última vez en “La casita de Mártires”, en donde habría muerto luego de haber sido sometido a reiteradas torturas. Caggiano Tedesco fue condenado a 25 años de prisión por este crimen.[19]

Masacre de Fátima[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 30
  • Condenados: 2

En esta causa se juzgaron los hechos ocurridos en 1976, cuando fueron asesinadas 30 personas que se encontraban detenidas en la superintendencia de la Policía Federal y luego se intentó atribuir el crimen a las organizaciones armadas. El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5 y dictó en 2008 la sentencia, donde condenó a Juan Carlos Lapuyole y a Carlos Gallone a prisión perpetua, y dictó la absolución de Miguel Ángel Timarchi.[20]

Menéndez - Brandalis[editar]

  • Imputados: 8
  • Víctimas: 4
  • Condenados: 8

El 31 de julio de 2008, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Lardone, por el secuestro, desaparición, torturas y asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, todos ellos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (Causa 40/08).

Por los mismos hechos, condenó a veintidós años de prisión a Jorge Eduardo Acosta, Luis Alberto Manzanelli y Hermes Oscar Rodríguez. Por su parte, Carlos Alberto Vega, recibió una pena de 18 años de prisión.

Regimiento de Infantería Nº 9[editar]

El teniente general Cristino Nicolaides en 1983, antes de ser degradado.
  • Imputados: 6
  • Víctimas: 14
  • Condenados: 4

El juicio se realizó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por sucesos ocurridos en el ámbito del Regimiento de Infantería Nº 9 con asiento en la provincia de Corrientes (Causa 460/06). También fue imputado Cristino Nicolaides, quien fuera posteriormente apartado de la causa por razones de salud. El 6 de agosto de 2008, se condenó a Juan Carlos De Marchi, Julio Barreiro, Horacio Losito y Raúl Reynoso y se absolvió a Carlos Piriz.

Barreiro, quien cumplía funciones de mando militar al momento de ser detenido en el año 2004, fue sentenciado a cadena perpetua por la privación ilegal de la libertad seguida de muerte, en perjuicio de Rómulo Artieda. De Marchi, le correspondieron 25 años. Igual pena recibió Losito, quien fue puesto en disponibilidad en 2003. Estos últimos fueron condenados por asociación ilícita y por ser coautores del delito de privación ilegal de la libertad en 11 y 10 casos respectivamente. En tanto, Reynoso, fue condenado a 18 años de prisión, por el delito de asociación ilícita.

En julio de 2013 Juan Carlos De Marchi se fugó del Hospital Militar de Buenos Aires y fue detenido nuevamente en 2015.[21] [22]

Área Mar del Plata[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 15
  • Condenados: 3

Los integrantes del Tribunal Oral Federal N.° 5 de la Capital Federal, con fecha 5 de noviembre de 2008, condenaron a prisión perpetua a Pedro Alberto Barda, ex coronel que estaba acusado por la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de Analía Magliaro y Jorge Candeloro, así como por el secuestro y tortura de Marta García de Candeloro (Causa 1170 - A). Asimismo, condenaron a 25 años de prisión a César Miguel Comes e Hipólito Rafael Mariano – ambos ex brigadieres de la Fuerza Aérea- por los sucesos ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, conocido como “Mansión Seré” y en el centro clandestino que funcionaba en la Base Aérea de Mar del Plata, Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 (GADA 601) conocido como “La Cueva”, ubicado en la vieja estación de radar dependiente de la Base Aeronáutica de Mar del Plata, operado por personal del Ejército. Estos casos ya estaban listos para ser juzgados en la década de los 80, pero el proceso se interrumpió por la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final

El control operacional de Mansión Seré, fue cedido por el Primer Cuerpo del Ejército a la Fuerza Aérea Argentina mediante la Orden Provincial 2/76 del Comando de Operaciones Aéreas, hecho que implicó el accionar autónomo de la citada fuerza sobre la zona geográfica compuesta por los Partidos de Morón, Moreno y Merlo, donde funcionaban los siguientes centros clandestinos de detención: “Comisaría 3.ª de Morón”, “Brigada Aérea del Palomar”, “Mansión Seré” o “Atila” y “Hospital Posadas”.

Vargas Aignasse[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 2

En septiembre de 2008, en la provincia de Tucumán, condenaron a Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi a prisión perpetua por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse. Vargas Aignasse era un senador provincial que fue secuestrado en su casa en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Durante su cautiverio, estuvo alojado en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Tucumán y en el penal de Villa Urquiza, donde fue sometido a torturas. El Ejército le comunicó a su mujer que Vargas Aignasse había sido secuestrado por desconocidos cuando era trasladado en un vehículo policial. En 2011 el cuerpo de la víctima fue encontrado en el llamado Pozo de Vargas, una fosa común donde fueron arrojados los cuerpos de muchas de las víctimas de desaparición forzada en Tucumán.

La Escuelita I - Reinhold[editar]

  • Imputados: 8
  • Víctimas: 17
  • Condenados: 8

El juicio es parte de las causas por el centro clandestino de detención «La Escuelita», que fue el más importante que operó en la subzona 52, en Neuquén.

El 8 de febrero de 2009, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a ocho ex militares y ordenó que fuera cumplida la condena en la unidad penal 5 de General Roca (Causa 666/08).

El ex general de Brigada Enrique Braulio Olea, responsable de la jefatura del Batallón de Ingenieros de Montaña 181, fue condenado a 25 años de prisión por ser partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada (17 hechos), tormentos y asociación ilícita. Igual condena recayó sobre los ex coroneles Mario Alberto Gómez Arena –entonces jefe del Destacamento Inteligencia- y Oscar Lorenzo Reinhold– quien se desempeñaba como jefe del Comando de Brigada de la Subzona 52- por los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos físicos y psíquicos, por ser las víctimas perseguidos políticos, violación de domicilio, robo y asociación ilícita. Al ex coronel Reinhold, se lo condenó también por el delito de coacción.

El Tribunal condenó a 22 años de prisión al entonces mayor Luis Alberto Farías Barrera –quien actuaba como jefe de la División Personal del mismo Comando- por ser autor de privación ilegal de la libertad, tormentos, violación de domicilio y robo.

Asimismo, condenó a 21 años de prisión a los ex oficiales de Inteligencia, Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Sergio Adolfo San Martín por ser partícipes necesarios de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por el uso de violencia, violación de domicilio y robo (17 hechos) y asociación ilícita.

Por su parte, se condenó al médico Hilarión de la Pas Sosa –quien se desempeñaba como Jefe de Sanidad del Comando- a 20 años de prisión por ser partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y asociación ilícita. Este médico, prestaba servicio en «La Escuelita».

Por último, el tribunal condenó a 7 años de prisión, al ex suboficial de Inteligencia, Julio Francisco Oviedo por los delitos de privación ilegal de la libertad (1 hecho) y asociación ilícita.

Fiochetti I[editar]

  • Imputados: 5
  • Víctimas: 4
  • Condenados: 5

El 14 de abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a cinco ex militares y ex policías locales a la pena de prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, todos agravados (Causa 1914/07). La sentencia recayó sobre Miguel Ángel Fernández, Carlos Esteban Plá, Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Alberto Orozco.

En el juicio se investigaron las desapariciones, asesinatos y torturas de 3 personas. Graciela Fiochetti, estudiante de medicina, que fue secuestrada de su casa el 21 de septiembre de 1976 por un grupo de tareas conjunto de soldados y policías de la provincia de San Luis, su cuerpo apareció dos días después en Salinas de Bebedero, junto con el de otro estudiante universitario, Sandro Santana Alcaraz; Pedro Ledesma, docente rural; y el secuestro y torturas de Víctor Fernández, quien logró sobrevivir. Las víctimas tenían en común su militancia en el PJ.

Durante el juicio fueron denunciados el ex juez Eduardo Allende y el entonces secretario de juzgado Carlos Martín Pereyra González, quienes, según varios testigos, tuvieron conocimiento de los secuestros y torturas de diversas víctimas y nunca hicieron las averiguaciones correspondientes. También fue denunciado el obispo emérito Juan Rodolfo Laise. El tribunal ordenó que tanto los funcionarios del poder judicial como el sacerdote fueran investigados.

Rei - Apropiación de Sandoval Fontana[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

En abril de 2009, Víctor Enrique Rei, oficial de la Gendarmería Nacional Argentina, fue sentenciado a 16 años de prisión por la apropiación de Alejandro Sandoval Fontana, a quien se le restituyó la identidad en 2006. Alejandro es el hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, secuestrados el 1 de julio de 1977 y fue llevada al centro clandestino de detención «Club Atlético». Liliana estaba embarazada de dos meses y medio, aproximadamente,y dio luz en Campo de Mayo, en donde Rei estaba destinado como integrante de la Dirección de Inteligencia de Gendarmería. Liliana y Pedro Pedro eran de Entre Ríos, y ambos militaban en el Frente Revolucionario 17 de octubre. Permanecen desaparecidos.[23]

Cuenca José María[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 18
  • Condenados: 2

En junio de 2009, los ex oficiales penitenciarios José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez fueron sentenciados a las penas de 20 y 23 años de prisión, respectivamente, por la comisión de delitos de lesa humanidad, llevados a cabo durante el último gobierno militar, en el Penal Federal de Candelaria, en la provincia de Misiones (Causa 30/09).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas determinó que Gómez fue autor de tormentos agravados en 18 casos y Cuenca en otros 11, cometidos contra Augusto Gilberto Speratti, Hilarión Félix Barrios, Francisco Félix Barrios, Aureliano Gauto, Ricardo Horacio Coutuné, Carlos Alberto Bajura, Ricardo Alfredo Ortellado, Mario Julio Gómez, Jorge Armando González, Esteban Antonio Cartago Lozina, Enrique Igor Peczak, Alipio Cardozo, Toribio Gómez, Florentín Lencinas, Néstor Abel Monllor, Julio Hippler, Sergio Sobol y Aníbal Rigoberto Velázquez. Todas estas personas fueron secuestradas y luego trasladadas a distintos centros clandestinos de detención. Luego fueron alojadas en la Unidad 17 “Candelaria” del Servicio Penitenciario Federal, en calidad de presos políticos a partir del mes de octubre del año 1976.

En dicha Unidad Penal, Gómez y Cuenca -oficiales penitenciarios encargados de su custodia- los sometieron en forma constante y sistemática a tormentos o martirios de diversa índole, que les provocaron grandes secuelas tanto físicas como psíquicas.

Labolita[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

El Tribunal Oral en lo Federal de Mar del Plata con fecha 3 de julio de 2009 condenó a prisión perpetua al ex general retirado Pedro Mansilla por el secuestro, tormentos y homicidio de Carlos Labolita y absolvió al coronel en actividad Alejandro Duret (Causa 2200). Esta decisión fue luego revocada por la Cámara de Casación Penal.

Labolita era un joven de 24 años que militaba en la Juventud Universitaria Peronista y que fue secuestrado el 25 de abril de 1976 en la ciudad bonaerense de Las Flores, cuando trataba de gestionar la liberación de su padre –llamado Carlos Orlando Labolita- , que había sido secuestrado y que permaneció en prisión hasta 1980. En cambio, el joven fue detenido en la casa paterna y trasladado al regimiento de Azul, donde era jefe el coronel Mansilla y el entonces teniente Duret cumplía funciones de Inteligencia.

Campo de Mayo I[editar]

  • Imputados: 6
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 6

Con fecha 20 de abril de 2009, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó al ex general Santiago Omar Riveros a prisión perpetua, de cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario federal, por los delitos de homicidio agravado seguido de muerte y tormentos en perjuicio de Floreal Avellaneda, un joven de 15 años (Causa 2005 y 2044).

Su entonces jefe de inteligencia, Fernando Verplaetsen, fue condenado a 25 años de prisión; el ex general Osvaldo García a 18 años; los ex oficiales Raúl Harsich y Cesar Fragni, a 8 años de prisión; y el ex comisario Alberto Aneto, a 14 años de prisión. Todas las condenas son de cumplimiento efectivo en el penal de Marcos Paz.

El hecho juzgado sucedió el 15 de abril de 1976. Se trata de la privación ilegal de la libertad de Iris Pereyra de Avellaneda y de Floreal Avellaneda, la imposición de tormentos a ambos y el homicidio de éste último, cuyo cadáver apareció en las costas de Uruguay el 14 de mayo de ese año. Su madre, en tanto, fue puesta a disposición de Poder Ejecutivo y permaneció en esa condición hasta junio de 1978.

Colombo Juan Carlos[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 11
  • Condenados: 1

El Tribunal Oral Federal de Formosa condenó el 1º de octubre de 2009 al exgobernador de facto de Formosa, exgeneral Juan Carlos Colombo, a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar (Causa 2333).

Colombo fue gobernador de Formosa entre 1976 y 1981 y fue condenado por ser penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas, cometidos en el ámbito del territorio a su mando. En el juicio declararon contra Colombo más de 150 testigos. Durante el mismo se pudo probar que, como gobernador, destinó recursos económicos a las fuerzas armadas y de seguridad, principalmente a las pertenecientes al Regimiento de Infantería de Monte 29, para el manejo y puesta en marcha de centros clandestinos de detención.

Casita de los Mártires[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 64
  • Condenados: 2

El Tribunal Oral Criminal Federal de Posadas condenó con fecha 16 de octubre de 2009, a los ex coroneles Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti a prisión perpetua, por considerarlos responsables por delitos de lesa humanidad cometidos en Misiones, en el centro clandestino de detención conocido como «la Casita de los Mártires», en las afueras de Posadas durante el último gobierno militar, como responsable del Área 232 y gobernador de facto de la provincia, respectivamente (Causa 67/09).

Beltrametti fue condenado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con imposición de tormentos (38 hechos) y homicidio calificado (2 hechos). En tanto, Caggiano Tedesco fue condenado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con imposición de tormentos (45 hechos), privación ilegal de la libertad con imposición de tormentos seguidos de muerte (2 hechos) y homicidio calificado.

Olivera Róvere y Jefes de Área[editar]

  • Imputados: 5
  • Víctimas: 246
  • Condenados: 5

Es la causa que llevó el Tribunal Oral Federal Nº. 5 por la que se investigan los crímenes cometidos bajo la órbita del Cuerpo I del Ejército, en las que se unificaron dos etapas de la causa que investiga los crímenes cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército Argentino. En la primera etapa se juzgó al Gral. Jorge Carlos Olivera Róvere quien fue jefe de la sub-zona Capital Federal y en una segunda etapa fueron juzgados cuatro miembros del Ejército que se desempeñaron a su vez como jefes de las distintas áreas en las que se dividía la sub-zona.

Olivera Róvere fue acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía y tormentos. Los ex Jefes Felipe Jorge Alespeiti, Humberto José Lobaiza, Bernardo José Menéndez y Teófilo Saa fueron juzgados como autores mediatos de 154 delitos de privación ilegal de la libertad agravada y a Bernardo José Menéndez se le acusaba además de homicidios agravados por alevosía

El 23 de octubre de 2009, el Tribunal condenó a Róvere y Menéndez a prisión perpetua y absolvió a Lobaiza, Alespeiti y Saa. El CELS, querellante en la causa en representación de Carmen Aguiar de Lapacó, apeló la sentencia y el 13 de junio de 2012, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la revocó condenando a Lobaiza a 25 años de prisión y Alespeiti y Saa a 22 años. También ratificó la condena a prisión perpetua de Jorge Olivera Róvere y Bernardo José Menéndez.

Ulibarrie[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 4
  • Condenados: 1

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó al ex comisario Diego Ulibarrie a 25 años de prisión en la cárcel de Marcos Paz, al hallarlo culpable de ser “autor de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público, cuatro hechos de detención violenta y uno de aplicación de tormentos” (Causa 50/07).

El 16 de febrero de 1976, Ulibarrie comandó en el centro de la capital correntina, en la vereda del Club San Martín, a las 14 hs, un operativo policial conformado por personas vestidas con uniformes de la Policía de Corrientes y otras de civil, que secuestraron a Vicente Víctor Ayala, Julio César Barozzi, Orlando Diego Romero y Jorge Antonio Saravia Acuña, quienes fueron visto ingresando al Dto. de Policía de Corrientes. Se desconoce hasta el día de la fecha el paradero de las víctimas.

Campos - D2[editar]

  • Imputados: 6
  • Víctimas: 10
  • Condenados: 6

En esta causa se juzgó a integrantes de la Dirección General de Inteligencia D2, una división de la policía de Córdoba creada especialmente para la llamada “lucha contra la subversión”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba condenó el 11 de diciembre de 2009 a prisión perpetua al ex Gral. Luciano Benjamín Menéndez. Además, revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba y ordenó su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria del servicio penitenciario de esa provincia. A su vez, condenó a prisión perpetua al ex militar Rodolfo Aníbal Campos y a los ex policías provinciales César Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos.

Para dictar esa condena, el tribunal los declaró culpables de “privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada; imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima; lesiones gravísimas y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes; todo en concurso real”

A Miguel Ángel Gómez lo sentenció a 16 años de prisión, por ser coautor por dominio de la acción penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada (4 hechos en concurso real); imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (5 hechos en concurso real) y lesiones gravísimas (1 hecho); todo en concurso real.

Por su parte, el ex integrante de la fuerza de seguridad Calixto Flores, fue absuelto. En 2012, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las sentencias, revocó la absolución dictada a Flores y lo condenó a seis años de prisión.[24]

Brusa[editar]

  • Imputados: 6
  • Víctimas: 14
  • Condenados: 6

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el 23 de diciembre de 2009 a 21 años de prisión a Víctor Hermes Brusa -ex juez federal y al momento de los hechos juzgados, secretario federal-; a 22 años de prisión a Juan Calixto Perizzotti; a 23 años de prisión a Héctor Colombini y Eduardo Ramos; a 20 años de prisión a Mario José Facino y a 19 años de prisión a María Eva Aebi, por delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes de la D2 (Departamento de Informaciones Policiales de la provincia de Santa Fe) (Causa 03/08).

A Brusa se lo condenó por ser autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales en perjuicio de Ana María Cámara, Stella Maris Vallejos, Anatilde Bugna, Alba Alicia Sánchez, Daniel Oscar García, José Ernesto Schulman, Mariano Eusebio Millán y Roberto Jorge Cepeda -8 hechos-, en concurso real. Colombini y Ramos fueron condenados como coautores penalmente responsables de los delitos de tormentos y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas. Perizzotti fue condenado por ser coautor penalmente responsable de los delitos de tormentos y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de las víctimas Bugna, Pacheco, Cámara, Traba e Isasa (5 hechos), todos en concurso real. Aebi fue condenada por ser coautora penalmente responsable de los delitos de tormentos en perjuicio de las víctimas Bugna, Vallejos, Cámara, Traba y Gómez y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de Bugna, Vallejos, Cámara, Traba, Gómez e Isasa, 6 hechos, todos en concurso real. Facino fue condenado como coautor penalmente responsable de los delitos de tormentos en perjuicio de Isasa y de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas en perjuicio de las víctimas Schulman, Almada e Isasa (3 hechos); todos en concurso real.

Barcos[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 1

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó el 12 de abril de 2010, al ex agente secreto del Ejército Horacio Américo “Quique” Barcos, a once años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada” y “tormentos” en dos casos, en concurso real, y unificó la pena con otra anterior por “extorsión” a un empresario de Tres Arroyos, en 2003, lo que significa una condena única y efectiva de 15 años de cárcel, hasta el 2025 (Causa 43/08).

Barcos, es un civil, que operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe, fue juzgado y condenado por integrar un grupo de tareas que en mayo de 1978 secuestró a la bibliotecóloga Amalia Ricotti y a su marido, el historiador y ex dirigente de CTERA, Alberto Tur, hoy fallecido, y de haberlos sometido a tormentos mientras estuvieron en cautiverio, entre el 16 y el 31 de mayo de 1978, en el centro clandestino de detención conocido como “La Casita” o “Fábrica”, situado en cercanías de la ciudad de Santa Fe.

Melitón Bustos[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 2

En abril de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a los imputados Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo, ambos coroneles retirados, a la pena de 20 años de prisión por el homicidio simple y privación ilegal de la libertad de Aldo Melitón Bustos, hechos ocurridos el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de Tartagal (Causa 3050/09). Ambos fueron los primeros condenados por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Salta.[25]

Melitón Bustos era abogado y escribano y trabajaba como docente en la citada localidad dado que el régimen militar le impedía ejercer su profesión. Los testimonios señalan que fue secuestrado por miembros del Regimiento 28 de aquella capital departamental, en presencia de su hijo Raúl (hoy querellante en la causa).

Guerrieri I - Díaz Bessone[editar]

  • Imputados: 5
  • Víctimas: 29
  • Condenados: 5

En esta causa se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la escuela técnica N° 288 “Osvaldo Magnasco”, en el Batallón de Inteligencia 121 y en los conocidos como «Quinta de Funes», «La Calamita» y «La Intermedia».

Fueron condenados los ex militares Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña y Juan Daniel Amelong, así como los agentes civiles de inteligencia Eduardo Constanzo y Walter Pagano. En esta causa se hizo uso por primera vez de la información desclasificada mediante el decreto 1.137 de 2009 referida, justamente, al personal civil de inteligencia que operó en el destacamento de Inteligencia 121.

Campo de Mayo II[editar]

  • Imputados: 7
  • Víctimas: 58
  • Condenados: 7

Se trata del segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los dos centro clandestino de detención que funcionaron en Campo de Mayo.

En abril de 2010 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de San Martín condenó a 25 años de prisión común a Reynaldo Benito Bignone, último presidente de facto que tuvo la Argentina antes del restablecimiento de la democracia (Causa 2023, 2031 y 2034), por coautor de allanamiento ilegal, en 11 oportunidades, robo agravado por el uso de armas y privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas, en 15 hechos.

Se condenó también a 25 años de prisión a Santiago Omar Riveros, de 83 años, ex comandante de Institutos Militares y a Fernando Ezequiel Verplaetsen, de 84 años, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo.

El tribunal fijó la pena de 20 años de prisión para Carlos Tepedino, ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia; condenó a 18 años de prisión a Jorge Osvaldo García, ex director de la Escuela de Infantería; y a 17 años a Eugenio Guañabens Perelló, de 83 años, ex director de la Escuela General Lemos. Germán Montenegro, de 78 años, jefe de la comisaría de Bella Vista en 1977, resultó absuelto.

Molina[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 40
  • Condenados: 1

En julio de 2010, el Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata condenó al ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina a la pena de prisión perpetua por considerarlo penalmente responsable de los crímenes cometidos en contra de 40 víctimas del centro clandestino de detención «La Cueva», en [[Mar del Plata]].[26] En este juicio se responsabilizó por primera vez a un integrante de las Fuerzas Armadas por dos casos de violencia sexual. En la sentencia, el tribunal aseguró que las violaciones “no constituían hechos aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prácticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar”.

Jefatura de Policía de Tucumán I[editar]

  • Imputados: 7
  • Víctimas: 22
  • Condenados: 4

El 8 de julio de 2010, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua al ex Jefe de Inteligencia de la Policía de Tucumán, Roberto Heberto Albornoz, y al ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravada, torturas seguidas de muerte, homicidios agravados por alevosía y por concurso premeditado de dos o más partícipes, todos en concurso real (Causa 29/09), .

Por su parte, Armando Luis de Cándido fue penado con 18 años de prisión por los delitos de asociación ilícita agravada, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte y usurpación de inmueble.

Asimismo, condenó a la pena de 3 años de prisión con ejecución condicional, a Carlos Esteban De Cándido, por el delito de usurpación.

También, fueron imputados en la causa Mario Albino Zimmerman, fallecido durante el juicio; Antonio Domingo Bussi, excluido del debate por enfermedad, y María Elena Guerra, separada del juicio para ser juzgada en otro proceso.

El mismo Tribunal dictó sentencia el 13 de diciembre de 2013 en el proceso denominado “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestros y desapariciones (Acumulación Exptes. A – 36/12, J – 18/12 y 145/09)”, Expte. A - 81/12, condenó a 34 procesados que revistaron en la Policía de Tucumán, Gendarmería Nacional y Ejército Argentino y absolvió a otros 3.

Facino[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

En agosto de 2010, el Tribunal Federal de la ciudad de Santa Fe condenó a Mario José Facino, quien fue el ex jefe de la Comisaría 4°, por el homicidio de Alicia López, profesora de literatura y militante de las Ligas Agrarias. La víctima fue secuestrada a la medianoche del 21 de octubre de 1976 para ser llevada al centro clandestino de detención «La Casita» y luego a la comisaría en donde permaneció recluida en un calabozo. Siete personas que se encontraban detenidas ilegalmente declararon haber sido testigos de su grave estado de salud y de la falta de atención médica. Alicia les comentó en varias oportunidades que era diabética y que había sido muy torturada. Permanece desaparecida al día de la fecha.

Facino, ya había sido condenado a 20 años de prisión en la causa Brusa.

Villafañe[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

En septiembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de La Rioja condenó al ex soldado José Rodríguez a 20 años del prisión al probar que fue quien dió el disparo que asesinó por la espalda, el 30 de agosto de 1976, al conscripto Roberto Villafañe cuando intentaba huir de un grupo de soldados que querían secuestrarlo.

Unidad 9 I[editar]

  • Imputados: 14
  • Víctimas: 90
  • Condenados: 14

Este juicio tuvo como eje los delitos de los que fueron víctimas 90 presos políticos que se encontraban alojados en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata. El principal imputado fue el director del penal, Abel David Dupuy, quien una vez asumió su cargo implementó régimen fuertemente represivo sobre los detenidos. Ese régimen comenzó con una requisa realizada el 13 de diciembre de 1976, cuando fuerzas del Ejército y del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron a la cárcel en la madrugada y obligaron a más de 800 detenidos a que salieran de sus celdas a punta de gritos y golpes. Mientras eran torturados, sus pertenencias fueron saqueadas. Los prisioneros fueron clasificados según su filiación política, “peligrosidad” y posibilidades de “recuperación”; también se implementaron nuevas formas de castigo y traslados sorpresivos a otros penales.

En la causa, también están incluidas como víctimas Juan Destéfano, Eduardo Anguita, Eduardo Jozami, Juan Scatolini y Carlos Slepoy, entre otros.

Los condenados fueron Abel David Dupuy, ex director de la Unidad; Isabelino Vega; Víctor Ríos; Raúl Aníbal Rebaneyra; Catalino Morel; Ramón Fernández; Omar Cosso; Jorge Luis Peratta; Héctor Raúl Acuña; Segundo Andrés Basualdo; Valentín Romero; Carlos Domingo Jurio; Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole.

La característica sobresaliente de esta causa, que la diferencia de otras de la misma naturaleza, es el enorme caudal de documentación original relacionado con las personas que permanecieron allí detenidas, obtenido de la propia Unidad Penal Nº 9. En el proceso, 14 ex agentes del Servicio Penitenciario bonaerense fueron condenados en el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad, en la provincia de Buenos Aires contra personal de esa institución.

Kamenetzky[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 3

Se trata de la primera sentencia en Santiago del Estero,. Tuvo como eje el homicidio del estudiante de Derecho Cecilio Kamenetzky, secuestrado el 16 de agosto de 1976. Cecilio pasó por distintos lugares de detención en los que fue brutalmente torturado. Luego fue puesto a disposición del juez federal Arturo Liendo Roca por infracción a la ley 20.840 y alojado en el Penal de Varones, en donde se encontraban otros presos políticos. Cuatro meses después fue sacado del penal junto con otro estudiante, Mario Giribaldi. Ambos fueron llevados al Departamento de Informaciones Policiales. En ese lugar, Cecilio fue fusilado por la espalda en un falso intento de fuga. Tenía 18 años.

Por el crimen fue imputado Antonio Musa Azar, Ramiro del Valle López Veloso y Miguel Tomás Garbi. Todos ellos fueron condenados a prisión perpetua. [27]

Subzona 14[editar]

  • Imputados: 9
  • Víctimas: 28
  • Condenados: 9

En este juicios ocho policías provinciales y un militar fueron condenados realizado en La Pampa por la privación ilegal de la libertad de 28 víctimas. Los hechos se produjeron entre 1976 y 1978. Se trató del primer juicio realizado en la provincia de La Pampa. A partir de los más de 120 testimonios escuchados durante el debate oral se pudo reconstruir parte del circuito represivo de la provincia: luego de ser secuestradas, las víctimas eran llevas a la seccional 1° de la policía provincial en donde eran sometidas a interrogatorios y torturas, después de un tiempo eran liberadas o puestas a disposición del PEN y trasladas a distintas prisiones como la Colonia Penal U 4 y la Unidad n° 14 de La Pampa o la Unidad Penal n° 6 de Rawson.

Menéndez - Tripana[editar]

  • Imputados: 6
  • Víctimas: 4
  • Condenados: 5

Se trató del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza. En la causa se imputaron a los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Aníbal Alberto Guevara; los ex policías provinciales Juan Roberto Labarta, Raúl Alberto Ruiz Soppe; y Raúl Egea, abogado de la policía. En la causa también se encontraba imputado Cristóbal Ruiz Pozo pero fue apartado del juicio por enfermedad terminal.

En el juicio se juzgaron la desapariciones de los militantes de la Juventud Peronista Roberto Osorio, Pascual Sandoval, José Berón y Francisco Tripiana. Las víctimas fueron secuestradas y llevadas al CCD que funcionaba en la Casa Departamental en donde fueron sometidas a torturas.

El Tribunal Oral Criminal Federal Nº 2 de Mendoza condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez, Aníbal Alberto Guevara, Juan Roberto Labarta, Raúl Alberto Ruiz Soppe; y a Raúl Egea a 8 años de prisión.

A partir de la prueba producida en ese juicio, se instruyeron nuevos casos que son los que dan lugar a la Megacausa de San Rafael.

Caballero[editar]

  • Imputados: 19
  • Víctimas: 26
  • Condenados: 12

El Tribunal Oral Federal de Resistencia inició, el 5 de mayo de 2010, el primer juicio oral en la provincia del Chaco por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. En la causa se encontraban imputados Gabino Manader, José María Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Ramón Andrés Gandola, Enzo Breard, José Tadeo Luis Bettolli, Francisco Orlando Álvarez, Rubén Héctor Roldán, Oscar Alberto Galarza. En el transcurso del proceso judicial fallecieron Horacio Alberto Valussi, personal civil de inteligencia (PCI); el ex fiscal federal Carlos Eduardo Flores Leyes; y los ex policías, José María Cardozo, Carlos Alcides Thomas, Wenceslao Ceniquel, Oscar Octavio Ayala y Carlos Silva Longui.

En el proceso se investigaron delitos cometidos en perjuicio de 26 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia del Chaco.

El tribunal condenó, el 13 de diciembre de 2010, a Gabino Manader, José María Rodríguez Valiente, Humberto Lucio Caballero, José Marín, Ramón Esteban Meza, Oscar Alberto Galarza, Francisco Orlando Álvarez, José Tadeo Luis Bettolli, Rubén Héctor Roldán y Luis Alberto Patetta a 25 de años de prisión;y a Ramón Andrés Gandola y Enzo Breard a 15 años de prisión.[28]

Alonso[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 2

En el tercer juicio por apropiación concluyó con la condena a 10 años de prisión del capitán de marina retirado Juan Carlos Herzberg y de Omar Alonso. Ambos fueron juzgados por la apropiación de Natalia Suárez Nelson, hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, quienes se encuentran desaparecidos. María Elena Isabel tenía un embarazo de entre 7 y 8 meses cuando fue secuestrada en agosto de 1977 y llevada al centro clandestino de detención de La Cacha. Dio a luz a una niña que fue entregada por Herzberg al matrimonio conformado por Alonso y María Luján Di Mattia, quienes la inscribieron como hija propia. Cuando la justicia empezó a hacer las primeras averiguaciones luego de las denuncias de Abuelas de Plaza de Mayo, Alonso y Di Mattia se escaparon con la niña al Paraguay. En 2006, Natalia recuperó su identidad. Fue el primero que se esclareció con métodos de identificación de ADN alternativos a la extracción de sangre.

Atlético - Banco - Olimpo (ABO)[editar]

  • Imputados: 16
  • Víctimas: 184
  • Condenados: 15

Este juicio estuvo integrado por dos causas. Una de ellas corresponde a los delitos cometidos en contra de 181 víctimas en los centros clandestinos de detención El Atlético, El Banco y El Olimpo, en donde operaban dos grupos de tareas: el GT1 cargo de la Policía Federal Argentina y el GT 2 a cargo del Batallón 601 del Ejército Argentino. En la segunda causa se investigaron los hechos conocidos como “la masacre de la calle Belén”, ocurrida el 11 de octubre de 1978, cuando el GT2 bombardeó la casa en la que se encontraban los militantes montoneros Lucila Révora y Carlos Fassano. Ambos murieron. El hijo de Lucila, Eduardo Enrique de Pedro, de un año y medio de edad, sobrevivió al operativo al ser protegido por el cuerpo de su madre. En un primer momento los integrantes del GT dejaron al niño en la casa de unos vecinos, luego lo secuestraron y llevaron al Olimpo. A ese lugar fueron trasladados también los cuerpos de Lucila y Carlos para ser incinerados. Eduardo fue entregado a su familia materna el 13 de enero de 1979. Fueron condenados por estos delitos Juan Carlos Avena, Guillermo Víctor Cardozo, Enrique José Del Pino, Luis Juan Donocik, Raúl González, Eduardo Kalinek, Samuel Miara, Eugenio Pereyra Apestegui, Oscar Augusto Isidro Rolón, Roberto Antonio Rosa, Julio Héctor Simón y Eufemio Jorge Uballes, a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; Raúl Antonio Guglielminetti y Ricardo Taddei, a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua; y Juan Carlos Falcón fue absuelto.[29]

Base Naval I[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 9
  • Condenados: 3

El Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata condenó al militar, ex Jefe de Operaciones del ADA 60 (donde tenía asiento la Subzona 15 de la que dependían funcionalmente la Base Naval y la Base Aérea), Alfredo Arrillaga; y los marinos Roberto Luis Pertusio, ex Director de la Escuela de Submarinos, y Justo Alberto Ignacio Ortiz, ex Subjefe de la Base Naval de Mar del Plata, a prisión perpetua por la privación ilegítima de la libertad y tormentos de nueve víctimas y por el homicidio de siete de ellas que permanecen desaparecidas.

En el juicio se investigaron los delitos que fueron cometidos en la Base Naval de Mar del Plata y que estaba a cargo de la Fuerza de Tareas N° 6 de la Armada Argentina. En la causa también habían sido imputados el ex Jefe del ADA 601 Pedro Alberto Barda y el ex Jefe de la Base Naval de Mar del Plata Juan Carlos Malugani; pero no fueron a juicio por haberse decretado su incapacidad sobreviviente. En el caso de Pedro Barda murió por causas naturales mientras cumplía su pena bajo arresto domiciliario, el 19 de agosto de 2011.

Masacre de Palomitas I[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 11
  • Condenados: 3

Esta causa se desprende de una acción de amparo durante el Terrorismo de Estado de un grupo de presos políticos alojados en la Unidad Penal N° 6 de Rawson, donde denunciaban las torturas y homicidios de detenidos ejecutados por las fuerzas armadas y de seguridad en todas las cárceles el país y mencionaban específicamente “el fusilamiento de 16 compañeros” en la provincia de Salta. En base a ese escrito, el juez federal de Rawson inició una investigación que 34 años después concluyó en probar fehacientemente la ocurrencia de la Masacre de Palomitas, donde, el 6 de julio de 1976, fueron asesinadas 11 personas al sur de la provincia de Salta luego de haber sido sacados del penal de Villa Rosas con la supuesta intención de ser trasladados a Tucumán y cuando llegaron al paraje de Palomitas, los obligaron a salir del camión que los transportaba y después de hacerlos caminar 200 metros, fueron fusilados. Finalmente la escena del crimen fue alterada para simular un enfrentamiento.

En el juicio se condenó a tres integrantes del Ejército: los coroneles Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y el teniente coronel Hugo César Espeche a reclusión perpetua.[30]

UP I[editar]

  • Imputados: 30
  • Víctimas: 37
  • Condenados: 23

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba inició el 2 julio pasado el debate en la causa conocida como “UPI”, en la que se investigan las muertes de 31 personas que se encontraban detenidas en la Unidad Penitenciaria I de Córdoba. Del grupo del Departamento de Informaciones Policiales (D2) que comandaba Raúl Telleldín (fallecido), llegan a juicio el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla; el ex general Luciano Benjamín Menéndez; los ex comisarios Jamil Jabour, Luis Alberto Rodríguez y Carlos “Tucán” Yanicelli; los ex suboficiales Ricardo Cayetano Rocha, Marcelo Luna y Calixto Flores; y los civiles Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Ramón Molina y Miguel Ángel “Gato” Gómez (ya tiene una condena). Otros imputados son los ex oficiales superiores Víctor Pino, Enrique Pedro Mones Ruiz, Gustavo Adolfo Alsina, Osvaldo César Quiroga, Emilio Juan Huber y Francisco Pablo D’Aloia. También los ex suboficiales José Antonio Paredes y Carlos Hibar Pérez.

El tribunal condenó a Jorge Rafael Videla, Gustavo Adolfo Alsina, Yamil Jabour, Luciano Benjamín Mendéndez, Enrique Pedro Mones Ruíz, Alberto Luís Lucero, Vicente Meli, Miguel Ángel Gómez, Carlos Alfredo Yanicelli, Mauricio Carlos Poncet, Jorge González Navarro, Juan Eduardo Ramón Molina, Raúl Eduardo Fierro, Miguel Ángel Gómez, Marcelo Luna y Calixto Luís Flores a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; a Juan Emilio Huber a 14 años de prisión; a Víctor Pino Cano y Hermes Oscar Rodríguez a 12 años de prisión; Carlos Hibar Pérez, a 10 años de prisión; a Mirta Graciela Antón, a 7 años de prisión; a José Eugenio San Julían a 6 años de prisión; y a Fernando Martín Rocha a 8 años de prisión. Al mismo tiempo absolvieron de los cargos a Luís Alberto Rodríguez, José Antonio Paredez, Luis David Merlo, Gustavo Rodolfo Salgado, Francisco Pablo D'Aloia, Osvaldo César Quiroga y Ricardo Cayetano Rocha.[31]

Ricchiutti[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 2

En este juicio se condenó a José Luis Ricchiuti, ex integrante del Batallón 601, y a su esposa, Elida Hermann, por la apropiación de la hija de Antonio García y Beatriz Recchia. La pareja fue secuestrada el 12 de enero de 1977 por efectivos del ejército en Villa Adelina. Antonio fue asesinado y enterrado como NN en el cementerio de Boulogne. Beatriz, embarazada de cinco meses, fue llevada al CCD de Campo de Mayo. El apropiador dijo en el juicio que encontró a la niña abandonada en su auto y que la inscribió como hija propia con el nombre de Bárbara Ricchuitti. En 2009, Bárbara recuperó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo y de su hermana mayor Juliana García Recchia.

Rezett[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, en febrero de 2011, condenó a prisión perpetua al ex Capitán de Infantería Fortunato Valentín Rezett, por el homicidio de Ana Lía Magliaro. Magliaro fue secuestrada el 19 de mayo de 1976 en La Plata, y llevada al centro clandestino de detención «El Vesubio» y luego trasladada a la comisaría 34 de la Policía Federal. El 4 de agosto, Ana Lía fue retirada de la comisaría por el entonces capitán del ejército Roberto Berazay y trasladada en avión a Mar del Plata, en donde fue entregada al oficial de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, Fortunato Valentín Rezett. El 2 de septiembre el cuerpo de Ana Lía fue encontrado en una calle de Mar del Plata. Las autoridades dijeron que había muerto en un supuesto enfrentamiento armado; sin embargo, al observar su cuerpo, los familiares pudieron constatar que tenía marcas de haber sido torturada y amordazada. El tribunal concluyó que la víctima fue asesinada en un estado de total indefensión.

Romero Niklison[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 5
  • Condenados: 2

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, en marzo de 2011, condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz por los fusilamientos de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Eduardo González Paz y Atilio Brandsen, que pertenecían a Montoneros. El día 20 de mayo de 1976 fuerzas militares y policiales ingresaron al domicilio de María Alejandra Niklison y la asesinaron junto con tres personas más que se encontraban con ella en una reunión política: Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. Fernando Saavedra, otro de los asistentes a la reunión, logró escapar pero fue interceptado y ejecutado llegando a la iglesia Montserrat de la capital tucumana. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la Jefatura de Policía y después fueron enterrados en fosas comunes del Cementerio del Norte.

Automotores Orletti[editar]

  • Imputados: 6
  • Víctimas: 64
  • Condenados: 4

Ubicado en un taller mecánico del barrio de Floresta, Automotores Orletti fue uno de los centros clandestinos de detención que participó en la ejecución del Plan Cóndor. Se calcula que por ahí pasaron más de 300 víctimas, entre ellas un grupo de uruguayos pertenecientes al Partido por la Victoria del Pueblo, que fueron secuestrados en Argentina y trasladados al Uruguay. Dejó de estar en funcionamiento luego de que dos secuestrados lograran escapar y denunciaran su existencia.

En 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó a Eduardo Rodolfo Cabanillas, a prisión perpetua; Honorio Carlos Martínez Ruiz, a 25 años de prisión; Raúl Antonio Guglielminetti, a 20 años de prisión; Eduardo Alfredo Ruffo, a 25 años de prisión. Rubén Víctor Visuara, murió antes de que se dictara la sentencia; y Néstor Horacio Guillamondegui, fue separado del juicio por un problema de salud.

Campo de Mayo III[editar]

  • Imputados: 5
  • Víctimas: 9
  • Condenados: 5

En 2011, el Tribunal Oral Criminal Federal de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros, ex Comandante del Comando de Institutos Militares; Benito Reynaldo Bignone, ex Jefe del Estado Mayor- Segundo Comandante de dicho Cuerpo; Martín Rodríguez, ex oficial de inteligencia; Juan Fernando Meneghini, ex comisario de la comisaría 1ª de la localidad de Escobar; y Luis Abelardo Patti quien había cumplido funciones como Oficial Subinspector en la misma seccional policial.

Los hechos que se les imputan son la privación ilegal de la libertad de Gastón Roberto José Gonçalves, ocurrida el día 24 de marzo de 1976, cuyo cuerpo sin vida fue hallado carbonizado pocos días después. También se les imputa la privación ilegal de la libertad de Diego Muñiz Barreto y Juan José Fernández; ocurridas el 16 de febrero de 1977. Posteriormente, el cuerpo de Muñiz Barreto habría sido encontrado sin vida en el interior de un automóvil, mientras que Fernández habría logrado escapar de su cautiverio. Por estos hechos, Por último, se les imputa la privación ilegal de la libertad de Carlos Daniel Souto, Guillermo David y Luis Rodolfo D´Amico, en agosto de 1976, y la privación ilegal de la libertad, de Osvaldo Tomás Ariosti, en abril de 1976, quien luego de ser trasladado a la cárcel de Devoto y posteriormente, a la Unidad 9 de La Plata, fue liberado en 1978.

El ex comisario bonaerense Luis Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenado a prisión perpetua.[32]

Masacre de Margarita Belén I[editar]

  • Imputados: 9
  • Víctimas: 15
  • Condenados: 9

El Tribunal Oral Federal de Resistencia juzgó en la causa conocida como “Masacre de Margarita Belén” a los ex militares Gustavo Athos Renes, Jorge D. R. Carnero Sabol, Ernesto Jorge Simóni, Aldo Héctor Martínez Segón, Luís Alberto Patetta, Germán Emilio Riquelme, Horacio Losito y Guillermo Reyes, como presuntos autores de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el número de partícipes y desaparición forzada de personas. También están imputados los ex policías Marcelo Carballo y Luis Chas, bajo la misma calificación legal, pero en la modalidad de partícipes secundarios. Todos ellos actuaban bajo el comando operacional del II Cuerpo de Ejército Argentino.

Los hechos que se investigan están relacionados con el traslado de lmás de 15 personas, alojadas en la Unidad Penitenciaria 7 de la ciudad de Resistencia, a un descampado vecino a la localidad de Margarita Belén, donde fueron fusilados. Al igual que en otros casos ocurridos a lo largo del país, este crimen se hizo pasar como un enfrentamiento y falso intento de fuga de presos políticos. El operativo llamado “Encubrimiento Rojo” fue ordenado por el comando de la VII Brigada del Ejército a cargo de Cristino Nicolaides y consistió en el supuesto traslado a la Unidad Penal de Formosa de 13 detenidos que estaban alojados en la alcaidía policial y prisión regional del norte a disposición del PEN. A ese número se agregaron al menos cinco personas más que estaban detenidas clandestinamente. El número de víctimas de este hecho aún no ha sido determinado, sin embargo, pudieron formar parte de este juicio 15 de ellas, cuatro de las cuales permanecen desaparecidas. Los tres acusados fueron condenados a prisión perpetua en el 2013, por los delitos de homicidio calificado, agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos, sin embargo en 2016 fueron liberados.[33]

Falco[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

Luis Antonio Falco, ex agente de inteligencia de la Policía Federal, fue condenado a 18 años de prisión por la apropiación de Juan Cabandié, hijo de Alicia Alfonsín y Damián Cabandié. La pareja fue secuestrada el 23 de noviembre de 1977 y llevada al CCD El Banco. Alicia, de tan solo 16 años de edad, estaba embarazada de siete meses. Poco antes de dar a luz, fue llevada a la ESMA donde compartió cautiverio junto con otras embarazadas. Juan nació entre febrero y marzo de 1978. A los 15 días, aproximadamente, fueron separados. Él fue entregado a Falco quien lo inscribió como propio el 5 de abril de 1978.

Vesubio[editar]

  • Imputados: 8
  • Víctimas: 157
  • Condenados: 7

El centro clandestino de detención conocido como «“El Vesubio”» estuvo ubicado en La Matanza, provincia de Buenos Aires, más específicamente en la intersección de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura. Funcionó bajo la órbita del I Cuerpo del Ejército y fue demolido a finales de 1978 poco antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Se calcula que más de 2.000 personas permanecieron detenidas ilegalmente y fueron torturadas en ese lugar.

En este juicio, el tribunal condenó a prisión perpetua a Héctor Gamen y Hugo Pascarelli; a José Néstor Maidana a 22 años y medio de prisión; a Diego Salvador Chemes a 21 años y medio; Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán, a 20 años y medio y [[[Roberto Carlos Zeolitti]], a 18 años. Pedro Alberto Durán Sáenz, jefe del centro clandestino, falleció poco antes de que se dictara sentencia.

Codina[editar]

  • Imputados: 7
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 6

En 2011, en la provincia de Río Negro, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca condenó a los ex polícias provinciales Rubén Codina, Víctor Manuel Lobos, Sixto Navarrete y Elfio Navarrete; y a los ex militares Raúl Lucio Pedernera y Néstor Rubén Castelli; y absolvió a Alberto Mario Marasco por los delitos contra el secretario general de la Seccional Atlántica de la UOCRA y el colaborador de la Seccional Sierra Grande de UOCRA. Ambos fueron secuestrados en Sierra Grande y trasladados a Viedma donde estuvieron privados de su libertad y fueron torturados hasta que recuperaron su libertad. Rubén Codinafue condenado a 8 años de prisión; Víctor Lobos y Sixto Navarrete, a 7 años y 10 meses de prisión; Elfio Navarrete, a 7 años de prisión; Raúl Lucio Pedernera, a 8 años y 6 meses de prisión; y Néstor Rubén Castelli, a 5 años y 2 meses de prisión.

Panetta I[editar]

  • Imputados: 6
  • Víctimas: 16
  • Condenados: 6

En esta causa se juzgaron los delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad de Goya, más precisamente en la Compañía de Ingenieros 7 del Regimiento de Goya y en la Compañía de Telecomunicaciones 121. El 5 de agosto de 2011 fueron condenados cinco ex militares y un ex policía provincial por la privación ilegítima de libertad agravada y los tormentos sufridos por 16 víctimas. Luis Leónidas Lemos, Juan Ramón Alcoverro, Alberto Silveyra Ezcamendi, Juan Antonio Obregón, Leopaldo Norberto Cao y Romualdo del Rosario Baigorria, fueron condenados a 25 años de prisión por la represión padecida por militantes barriales, docentes y activistas de las Ligas Agrarias.

Vázquez[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 3

En esta causa fueron condenados Policarpo Luis Vázquez, encargado de inteligencia en la Base Naval marplatense, y Ana María Ferrá, personal civil en la Marina, por los delitos de retención y ocultación de un menor de diez años, la falsificación de las actas y certificados de nacimiento y del DNI al haber anotado a Evelin Karina Bauer Pegoraro como hija propia. También fue condenada la partera Justina Cáceres por la falsificación de documento y supresión del estado civil, retención y ocultación de un menor. El padre de Evelin Karina Bauer Pegoraro, Rubén Santiago, fue secuestrado el 18 de junio de 1977 en La Plata. Su madre, Susana Beatriz, fue secuestrada el mismo día en Constitución cuando estaba embarazada de cinco meses. En octubre dio a luz en el centro clandestino de detención que funcionó dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fue vista y atendida por sobrevivientes en «la salita de las embarazadas».

Paco Urondo[editar]

  • Imputados: 9
  • Víctimas: 11
  • Condenados: 5

Se trató del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar realizado en la provincia de Mendoza. fijó fecha de debate en esta causa para el 11 de marzo de 2010. Posteriormente, esa fecha fue suspendida, por lo que el tribunal debe fijar nuevo día de debate. En el mismo se encontraban imputados el ex interventor de Mendoza Tamer Yapur; el ex segundo jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Mendoza, Juan Oyarzabal; el ex general Mario Lépori; el ex general Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe de inteligencia del Ejército, Paulino Furió Etcheverri y los ex policías Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero Lorca, Dardo Migno Pipaon Eduardo Smaha Borzuk y Orlando Oscar Dopazo. Sin embargo, del juicio fueron excluidos Tamer Yapur y Luciano Benjamín Menéndez, por considerar que no se encontraban con las facultades mentales como para enfrentar el mismo. Además, Mario Lépori y Orlando Oscar Dopazo fallecieron antes del término del juicio.

En esta causa se investigaron, entre otros hechos, la desaparición del periodista Francisco «Paco» Urondo asesinado el 17 de junio de 1976. Sus restos fueron hallados hace cuatro años sepultados en una fosa común del cementerio de la capital mendocina bajo el nombre de NN o Edgardo Mariño. Se le suman los hechos cometidos en la llamada «Sub zona 33» donde existieron varios centros clandestinos de detención tales como la «Compañía de Comunicaciones de Montaña», «El refugio», El chalecito», «Liceo Militar Espejo», «Campo Los Andes».

En octubre de 2011, el Tribunal Oral Federal de Mendoza condenó a Juan Oyarzabal, Eduardo Smaha Borzuk , Celustiano Lucero Lorca y Luis Rodríguez Vázquez, a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua; a Dardo Migno Pipaon a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua; y absolvió a Paulino Furió Etcheverri.

Ragone[editar]

  • Imputados: 8
  • Víctimas: 3
  • Condenados: 5

En 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó a Carlos Alberto Mulhall, ex jefe de la guarnición militar de Salta, a prisión perpetua ; a Miguel Raúl Gentil, ex jefe de la policía salteña, a prisión perpetua; a Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la misma fuerza; a Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera, ambos efectivos de la policía salteña, a dos años de prisión condicional; y absolvió al ex policía salteño, Andrés Soraire, y al ex vocero de la Triple A, Héctor Zanetto. Asimismo se encontraba imputado en la causa el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, pero fue separado del proceso por razones de salud. En esta causa fueron investigadas las responsabilidades de siete imputados por el secuestro y la desaparición del ex gobernador de la provincia de Salta, Ragone; el homicidio de Santiago Arredes y las lesiones de Margarita Martínez. En el fallo el Tribunal rechazó que los delitos se encuadraran en el concepto de genocidio.

Hospital Militar de Paraná[editar]

  • Imputados: 6
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 5

Se trató del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Entre Ríos. Se juzgó la apropiación de los hijos mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. Una de ellos, Sabrina, recuperó su identidad en diciembre de 2008, y todavía continúa la búsqueda de su hermano. Se condenó al ex coronel Pascual Guerrieri, a 14 años de prisión; al ex militar Jorge Fariña y al militar y abogado Juan Amelong, a 13 años de prisión; al personal civil de Inteligencia Walter Pagano, a 11 años de prisión; y al ex jefe de terapia intensiva del Hospital Militar de Paraná Juan Antonio Zaccaría, a 5 años de prisión. Al mismo tiempo se absolvió a Marino Héctor González.

Quinteros[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 2

Esta causa juzgó la responsabilidad de Luis Alberto Tejada, ex suboficial mayor retirado del Ejército con funciones en el Destacamento de Inteligencia Número 144 de Mendoza, y de su esposa, Raquel Josefina Quinteros, por la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda. Francisco Luis Goya fue militante de Montoneros. A raíz de la persecución sufrida en 1976 se exilió en México, donde conoció a María Lourdes Martínez Aranda, militante del Partido Comunista mexicano. En marzo de 1979, la pareja se fue a España, donde nació su hijo Jorge Guillermo. El año siguiente regresaron a Argentina en el marco de la operación desplegada por Montoneros, denominada «Contraofensiva». Los tres fueron secuestrados en circunstancias aún no esclarecidas.

Martínez Aranda recuperó su identidad en 2008, a partir del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, sin embargo el joven fue testigo de la defensa de los apropiadores.[34]

El Tribunal Oral Federal de San Juan fijó la pena de 12 años de prisión para el ex suboficial de Inteligencia Luis Alberto Tejada y 5 años de prisión domiciliaria para su esposa, Raquel Josefina Quinteros; los apropiadores de Jorge, quienes lo anotaron como Carlos Alberto Tejada.[35]

Unidad 9 II[editar]

  • Imputados: 9
  • Víctimas: 11
  • Condenados: 5

Se trató del segundo juicio por la Unidad Penal Nº 9 de La Plata. En el mismo fue investigada la responsabilidad del ex agente del Servicio Penitenciario Federal Pedro César Guerrero, quien quedó fuera del juicio anterior por haber estado prófugo durante dos años. A Guerrero lo apodaban «el sátiro de la zapatilla» porque solía «golpear con una zapatilla la planta de los pies de los presos de manera intermitente». También lo llamaban «Pamperito» por la brutalidad con la que aplicaba los tormentos. Pedro César Guerrero fue condenado a nueve años de prisión.

Albornoz[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 1

En este juicio se juzgaron los homicidios de Margarita Susana Azize Weiss de Tello y de Juan Carlos Aguirre, quienes fueron asesinados por fuerzas de seguridad en el marco de un operativo en la provincia de Tucumán desarrollado el 12 de julio de 1976. Se encontraban imputados el Jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Provincial Roberto Heriberto Albornoz, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi. Menéndez fue apartado del juicio por encontrarse ausente por superposición con otros juicios. Bussi falleció horas después del comienzo del juicio. Albornoz fue condenado a la pena de prisión perpetua por los homicidios.

Masacre de Palomitas II[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 11
  • Condenados: 3

En este segundo tramo de la causa por la Masacre de Palomitas fueron condenados el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y el ex jefe de Inteligencia de la Policía de Salta, Joaquín Guil, a reclusión perpetua; y Juan Carlos Alzugaray, a 20 años de reclusión; por su participación en la masacre, el fusilamiento de 11 personas cometido el 6 de julio de 1976 por miembros del Ejército y de la Policía provincial.

González[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 1

En 2011, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a José María González a prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado del militante peronista Mario Marini, secuestrado junto a su esposa Ana María Cavadini y su hijo Germán el 9 de diciembre de 1975.

El ex coronel González, jefe de la Guarnición Militar de Santa Fe y director del Liceo Militar General Belgrano, el 24 de marzo de 1976 derrocó al gobernador Dr. Carlos Sylvestre Begnis y quedó al mando de la administración provincial una vez ordenada la intervención militar. Al mismo tiempo se desempeñó como jefe del Comando de Artillería 121, Jefe de Guarnición de Ejército Santa Fe y jefe del Área 212, de la Sub Zona 21 del Ejército Argentino.

Campo de Mayo IV[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 1

En esta causa fue juzgada la responsabilidad de Juan Demetrio Luna por el secuestro de Victorio Derganz y Carlos José Fateche, ocurrido el 27 de diciembre de 1976, cuando se presentaron en la empresa Ford Motors Argentina en busca de empleo. Luna estaba a cargo de la Comisaría Primera de Tigre, donde funcionaba un centro clandestino de detención. Derganz y Fateche fueron llevados a esa comisaría, donde fueron torturados. Fateche continúa desaparecido. Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros también estaban imputados en la causa, pero fueron apartados del juicio por estar sometidos a otro debate al mismo tiempo.

Hospital Posadas[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 1

En el juicio se condenó a Reynaldo Bignone, a 15 años de prisión; a Luis Muiña, a 13 años de prisión; y a Hipólito Rafael Mariani, a 8 años de prisión por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como «El Chalet» ubicado dentro del Hospital Posadas. Durante la dictadura militar, el Hospital estuvo bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, y en junio de 1976 quedó en la órbita de la Fuerza Aérea.

Moreno[editar]

  • Imputados: 5
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 5

Se trató del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Tandil donde se juzgaron a 3 militares y dos civiles por el secuestro, las torturas y el homicio de Carlos Alberto Moreno. Moreno era abogado laboralista, y militante de la Juventud Peronista, que representaba a obreros de las cementeras y canteras de la zona, principalmente a los trabajadores de la empresa Loma Negra, por entonces propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat. El 29 de abril de 1977 fue detenido a pocas cuadras de su casa y luego trasladado a Tandil, donde fue alojado en el centro clandestino de detención se conoció como la «Chacra de los Méndez». Luego de sufrir torturas, Moreno pudo escapar e incluso dar aviso a lugareños, pero fue recapturado y posteriormente asesinado. Fueron condenados los militares Julio Tomassi, Roque Pappalardo y José Luis Ojeda, y dos civiles, los hermanos Julio y Emilio Méndez, propietarios de la chacra.

Emma del Valle Aguirre[editar]

  • Imputados: 4
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

En este juicio se investigó las torturas a Emma del Valle Aguirre, quien fue secuestrada de su hogar el 17 de febrero de 1977 y permaneció detenida en el centro clandestino de detención que funcionó en el ingenio azucarero Nueva Baviera durante 20 días, sobrevivió a los tormentos recibidos y pudo contar lo que le ocurrió. En la causa se encontraban imputados el ex comisario de León Rougés, Miguel Ángel Moreno, Antonio Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Zimmerman, pero Bussi y Zimmerman fallecieron antes del juicio, mientras que Menéndez fue apartado. Moreno fue condenado a la pena de 13 años de prisión.

Roselli[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 3
  • Condenados: 3

En este juicio los ex policías Pedro Nolasco Bustos, José Olivieri y Jorge Worona fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de los jóvenes militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976. En esta causa también estaba imputado el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien fue separado del juicio por estar requerido para otras causas en Mendoza y Tucumán.

Feced - Díaz Bessone[editar]

  • Imputados: 5
  • Víctimas: 91
  • Condenados: 5

Se trata del segundo juicio en que se juzgan los hechos ocurridos en el Servicio de Informaciones (SI) de la jefatura de policía de la Unidad Regional 2 de la Policía de Santa Fe, el mayor centro clandestino de detención de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas. En esta causa se investigaron los crímenes que damnificaron a 91 personas. Fueron condenados Mario Marcote, José Rubén Lofiego, Ramón Vergara y José Scortecchini. También fue condenado por primera vez Ramón Díaz Bessone, jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta octubre de 1976 y luego ministro de Planificación de Jorge Rafael Videla. Díaz Bessone admitió haber ingresado al país los preceptos de la escuela francesa sobre desaparición de personas.

Martínez Dorr[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

En este juicio se condenó al ex integrante del Comando Radioeléctrico de Santa Fe José Martínez Dorr, la detención forzada de Froilán Aguirre, ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), cuando apenas tenía 17 años junto con su compañero de militancia Juan Alberto Osuna. Ambos fueron llevados a una casa de campo en San José del Rincón, donde fueron torturados. A la madrugada del día siguiente, Froilán fue llevado a la comisaría 1ª donde también fue duramente golpeado. Veintinueve días después fue liberado. Osuna apareció muerto por un enfrentamiento fraguado, hecho conocido como la Masacre de la Tapera.

Contraofensiva II[editar]

  • Imputados: 4
  • Víctimas: 5
  • Condenados: 2

Se trata del segundo tramo de la causa Contraofensiva donde se investigaron los secuestros ocurridos entre el 21 y el 29 de febrero de 1980 de los militantes Angel Carbajal, Julio César Genoud, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Verónica María Cabilla y Ricardo Marcos Zuker, quienes permanecen desaparecidos, y el secuestro de Silvia Tolchinsky, ocurrido el 9 de septiembre de 1980 en la provincia de Mendoza, quien fue liberada en 1982.

El coronel retirado Antonio Herminio Simón y el agente de inteligencia del Ejército Alfredo Omar Feito fueron condenados a 19 y 10 años de prisión, respectivamente. Por otro lado, resultaron absueltos el coronel retirado Julián Marino y al teniente coronel José Ramón Pereiro, ex miembros del Batallón de Inteligencia 601.

Campo de Mayo V[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 6
  • Condenados: 2

En este juicio se condenó a Roberto Ramón Bustos, entonces a cargo de la división informaciones de la delegación San Martín, a 19 años de prisión; y a Jorge Julio Bianchero, ex titular de la seccional 3 de Villa Lynch, a 9 años de prisión. Se los juzgó por las desapareciones de Noemí Beitone, Jorge Sznaider, Jorge Pérez Brancatto, Hugo Malozowski, Mirta Silber y Carlos Pérez, que fueron secuestrados el 12 de mayo de 1979. Cuatro de ellos eran estudiantes del profesorado de Historia en el colegio Mariano Acosta. Las seis víctimas permanecen desaparecidas y existen indicios de que estuvieron en cautiverio en Campo de Mayo. Quedó fuera del juicio por cuestiones de salud el coronel retirado Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201.

Atlético - Banco - Olimpo (ABO) bis[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 181
  • Condenados: 2

Se trata del segundo juicio por los crímenes cometidos en Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Fueron condenados el ex policía federal Pedro Godoy y el ex miembro del Ejército Alfredo Feito. Feito se encontraba prófugo y Godoy había sido recientemente identificado cuando se realizó el primer juicio por ABO. Este juicio fue por los mismos 181 casos que habían formado parte del primer debate oral. Feito fue condenado a 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años por 152 casos. Fue la primera vez que se aplicaron las reglas prácticas de la Cámara Nacional de Casación Penal para la agilización de los juicios elaboradas en 2012.

Ponce Borda I[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 4
  • Condenados: 2

En esta causa fue investigada la responsabilidad de Alberto Carlos Lucena, jefe militar del Área 313, y Juan Daniel Rauzzino, a cargo de la Policía a partir de abril de 1976, por los secuestros de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, militantes de la Juventud Obrera Católica; el sobrino de ellos, Bruno Genaro Burgos, y por Nelly Yolanda Borda, estudiante de bioquímica que militaba en el PRT. Lucena y Rauzzino fueron condenados a 16 y 10 años de prisión, respectivamente.

Policía de Misiones I[editar]

  • Imputados: 5
  • Víctimas: 63
  • Condenados: 4

En este juicio se juzgaron los crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones del destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, centros clandestinos de detención dependientes de la policía provincial de Misiones. Los imputados cuya responsabilidad fue investigada en esta causa fueron Carlos Omar Herrero, ex teniente coronel a cargo de la Policía desde el 9 de junio de 1976, Felipe Nicolás Giménez, ex comisario de la Policía de Misiones; Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía; Julio Argentino Amarilla, un ex agente y Carlos Alberto Pombo, parte del grupo de tareas de la fuerza que operaba en los centros clandestinos dependientes de la policía provincial.

Herrero, fue condenado a 20 años de prisión; Giménez, a 21 años de prisión; Amarilla, a 7 años de prisión; y Pombo, a 7 años de prisión. Asimismo, Mendoza fue absuelto de los cargos.

Plan Sistemático de apropiación de menores I[editar]

  • Imputados: 11
  • Víctimas: 35
  • Condenados: 9

En este juicio la Justicia dio por probada por primera vez la existencia de una «práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad» en «el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar». Esa decisión estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas, en el que se absolvió a Videla por cinco de los seis casos que llegaron a juicio, ya que se consideró que la práctica sistemática no existía y que las apropiaciones eran casos aislados. En el primer tramo de la causa fue condenado Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión. El tribunal condenó además a otros ocho represores: Antonio Vañek a 40 años de prisión, Jorge Acosta a 30 años, Santiago Omar Riveros a 20 años, Reynaldo Benito Bignone y Víctor Gallo a 15 años, Juan Antonio Azic a 14 años, Jorge Luis Magnacco a 15 años de prisión e Inés Susana Colombo a 5 años de prisión. Asimismo, la condena absolvió a Rubén Franco y a Eduardo Ruffo.

Quinto Cuerpo del Ejército[editar]

  • Imputados: 17
  • Víctimas: 90
  • Condenados: 16

Se trató del primer juicio realizado en Bahía Blanca fueron condenados a prisión perpetua 11 integrantes del Ejército y tres de la policía federal. Otros dos tres imputados fueron condenados a penas entre 18 y 17 años de prisión. Fueron investigados los crímenes cometidos en perjuicio de 90 víctimas, de las cuales muchas eran militantes de Montoneros, la Juventud Peronista (JUP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Entre los casos también se encuentra la “Masacre de la calle Catriel”, y los casos de dos embarazadas: Olga Souto de Castillo y María Graciela Izurieta.

Contraofensiva III[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 6
  • Condenados: 3

Se trató del tercer tramo de la causa Contraofensiva. Fueron condenados los agentes civiles de inteligencia Carlos Eduardo José Somoza y Jorge Oscar Baca. Ambos utilizaban como sosías los nombres César Ernesto Segal y Juan Omar Boyé para sus tareas asignadas por el Batallón 601. Julio Cirino fue absuelto en primera instancia pero fue condenado en el fallo de la Cámara Federal.

La Cueva I[editar]

  • Imputados: 14
  • Víctimas: 86
  • Condenados: 14

En esta causa fueron acumulados cuatro expedientes por los crímenes que damnificaron a 86 personas. Fueron cometidos en la Comisaría 1ª y en el centro clandestino de detención «La Cueva», ambos de Mar del Plata, y en la Comisaría 4ª y la Subcomisaría Díaz Vélez, las dos de Necochea. Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Beccio fueron condenados a prisión perpetua. Seis imputados más fueron condenados a penas de entre 5 y 25 años. Resultaron absueltos en este juicio Aldo José Sagasti y Marcelino Blaustein.

Masacre de Trelew[editar]

  • Imputados: 5
  • Víctimas: 19
  • Condenados: 5

El 15 de agosto de 1972 se fugaron 25 presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 de Rawson. Solo seis de los prisioneros lograron escapar a Chile; los 19 restantes se entregaron en el aeropuerto de Trelew al capitán de navío Luis Emilio Sosa. Los detenidos fueron llevados a la base aeronaval Almirante Zar, en donde se mantuvieron incomunicados durante seis días. En la madrugada del 22 de agosto, los prisioneros fueron fusilados por personal militar. Dieciséis murieron y tres lograron sobrevivir. Por estos hechos fueron condenados Sosa y dos marinos más, Emilio Jorge del Real y Carlos Amadeo Marandino. El jefe de la base Rubén Paccagnini y el juez militar Jorge Enrique Bautista fueron absueltos, decisión que fue revocada por la Cámara Federal. En este juicio se dio por acreditado que el inicio del Plan Clandestino de Represión fue anterior al golpe de 1976. El tribunal ordenó que se solicite la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y está acusado de haber sido uno de los autores de la masacre.

La Escuelita II – Luera[editar]

  • Imputados: 21
  • Víctimas: 39
  • Condenados: 21

En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la llamada Subzona 52 se juzgó a 21 imputados. Se investigaron secuestros producidos en distintas ciudades de la región: Neuquén (incluyendo el operativo en el barrio Sapere), Cipoletti, Cinco Saltos, Cutral Có, Junín de los Andes, General Roca, Plottier, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche.

Musa Azar[editar]

  • Imputados: 10
  • Víctimas: 44
  • Condenados: 10

En 2012 el Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a Antonio Musa Azar a cadena perpetua. Fue un fallo histórico en el cual se condenó el abuso deshonesto (sexual) (violaciones sexuales) en perjuicio de un detenido varón.[36] [37]

Se dictó sentencia en la causa que acumuló los expedientes que agruparon los casos de desapariciones forzadas de personas anteriores al 24 de marzo de 1976 (Grupo I); los hechos de detenciones ilegales, allanamientos, secuestros, torturas, etc. anteriores al 24 de marzo de 1976 (Grupo II) y los casos de desapariciones forzadas de personas a partir del 24 de marzo de 1976 (Grupo III). Se condenó a los 10 imputados, por los delitos cometidos en contra de 44 víctimas.

Estrella - Los mártires de Chamical I[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 2
  • Condenados: 3

En el primer juicio de la provincia de La Rioja fueron condenados a prisión perpetua el ex general Luciano Benjamín Menéndez, el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, quien era segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, y el ex comisario Domingo Benito Vera por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, secuestrados el 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador, de Chamical.[38] Los cuerpos de las víctimas aparecieron dos días después en un descampado.[39]

Magnacco[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

En esta causa se juzgó la responsabilidad del ex obstetra del Hospital Naval Jorge Magnacco, por la sustracción, retención y ocultación de Evelin Karina Bauer Pegoraro. Magnacco atendió a la madre en el parto, que tuvo lugar en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.

Circuito Camps[editar]

  • Imputados: 23
  • Víctimas: 281
  • Condenados: 23

Los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Comisaría 5ta de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaria de Don Bosco denominada “Puesto Vasco”, COT I Martínez y la Brigada de San Justo formaron parte de esta megacausa. También se investigaron los hechos conocidos como “La noche de los lápices”, el secuestro del “grupo Graiver”, los secuestros de Jacobo Timerman y Jorge Julio López y los hechos sucedidos en la casa de “TeruggiMariani”, incluida la apropiación de la menor Clara Anahí. En el debate fue ampliada la acusación por el delito de homicidio, receptando la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense que permitió identificar a muchas víctimas del juicio. Fueron condenados 20 policías bonaerenses, dos integrantes del Ejército y el funcionario civil de la dictadura, Jaime Lamont Smart.

Manacorda[editar]

  • Imputados: 2
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 2

Sebastián Casado Tasca nació en marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre, Adriana Leonor Tasca, quien fue secuestrada cuando estaba embarazada de cinco meses y estuvo detenida en «La Cacha». Gaspar Casado, padre de Sebastián, estuvo detenido en la ESMA. El niño fue entregado por un oficial de las Fuerzas Armadas a un matrimonio que lo inscribió como hijo propio con una partida de nacimiento falsa. Sebastián recuperó su identidad en febrero de 2006. En esta causa se investigó la responsabilidad de su apropiadora, Silvia Beatriz Molina y de la médica que falsificó la partida de nacimiento, Nora Raquel Manacorda.

Vergez[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 4
  • Condenados: 1

Héctor Pedro Vergez fue juzgado por los secuestros y desapariciones del empresario Julio Gallego Soto y del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, quien se oponía a una maniobra del ministro José Alfredo Martínez de Hoz para beneficiar a los dueños de la ex compañía de electricidad Italo. También se lo juzgó por la desaparición de Javier Coccoz, militante del ERP, y el secuestro de su esposa Cristina Zamponi. Vergez fue uno de fundadores del llamado “Comando Libertadores de América” en Córdoba, un grupo parapolicial que funcionaba bajo el mando del área de Inteligencia del Ejército.

Portillo - Hechos Paso de los Libres[editar]

  • Imputados: 1
  • Víctimas: 1
  • Condenados: 1

Fue el primer juicio en el que se juzgaron hechos ocurridos en la jurisdicción de Paso de los Libres. Se condenó al ex coronel Ángel Raúl Portillo, jefe del Destacamento de Inteligencia 123, a 16 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de Héctor Acosta, quien continúa desaparecido. Tenía 18 años al momento de su secuestro, ocurrido el 22 de marzo de 1976.

Acumulación Paraná[editar]

  • Imputados: 7
  • Víctimas: 30
  • Condenados: 4

Este juicio abarcó tres causas sobre crímenes cometidos en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Concordia. Fueron condenados Juan Miguel Valentino, Naldo Miguel Dasso, Julio César Rodríguez y Francisco Crescenzo. Resultaron absueltos Marcelo Alfredo Pérez, Juan Carlos Mondragón y Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral. Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior, también se encontraba imputado pero falleció durante el debate.

Masacre de la calle Juan B. Justo - Saint Amant I[editar]

  • Imputados: 3
  • Víctimas: 21
  • Condenados: 3

El debate reunió tres causas: una de ellas es conocida como Masacre de Juan B. Justo, en la cual se investigaron los asesinatos de Ana María del Carmen Granada, del matrimonio de Omar Amestoy y de María del Carmen Fettolini junto con de sus hijos, cometidos durante un operativo del Ejército y la Policía Bonaerense en noviembre de 1976. El único sobreviviente de este operativo fue Manuel Gonçalvez, nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, quien en ese entonces tenía cuatro meses. En otra de las causas se investigó la desaparición de ocho militantes de la Juventud Peronista, ocurridas entre abril y mayo de 1978 en San Nicolás. La tercera causa que formó parte del juicio es la que investigó la privación ilegítima de la libertad que sufrió José María Mastroberardino. Fueron condenados Fernando Manuel Saint Amant, ex jefe del Área 132, Antonio Federico Bossie, ex jefe de Operaciones del Área 132, y Jorge Muñoz, ex jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal.

Mulhall, Carlos Alberto y otros (provincia de Salta)[editar]

Se investigaron los crímenes cometidos en la provincia de Salta y, en especial, los ocurridos en los centros clandestinos detención que funcionaron en ella: en la Central de Policía en la ciudad de Salta, donde existía un sector destinado al efecto; en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Orán; en el Regimiento de Monte 28 situado en Tartagal y en el Penal de Villa Las Rosas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta dictó el 20 de diciembre de 2013 la sentencia que condenó a los procesados Joaquín Cornejo Alemán, Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray y Carlos Alberto Mulhall a prisión perpetua y a Julio Oscar Correa , Víctor Hugo Almirón, Mario Reinaldo Pachao, Juan Manuel Ovalle, Felipe Caucotta, Raúl Eduardo Toledano, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega y Jacinto Ramón Vivas a penas entre 5 y 10 años de prisión, en todos los casos con más la de inhabilitación absoluta.

Área de Rosario[editar]

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, condenó el 15 de abril de 2010 a prisión perpetua al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor Jorge Fariña, al ex teniente Juan Amelong y a los ex agentes civiles de inteligencia Eduardo Constanzo y Walter Pagano, pertenecientes al Comando del II Cuerpo de Ejército y al Destacamento de Inteligencia 121. Además el tribunal dispuso que los condenados cumplan la pena privativa de la libertad en cárceles comunes (Causa 131/07).

En esta causa, conocida como “Quinta de Funes”, se investigaron hechos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios cometidos entre 1977 y 1978 en la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu y en los centros de detención Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y La Calamita, en los que resultaron damnificadas 28 personas, 17 de las cuales continúan desaparecidas.

Eduardo Toniolli, Fernando Dussex y Raquel Negro fueron algunos de los asesinados tras el fracaso de la llamada “Operación México” de 1978, cuando uno de los cautivos de la Quinta de Funes, Tulio Valenzuela, denunció lo que ocurría en la Argentina después de haber viajado fingiendo colaborar con los militares para capturar a los máximos dirigentes montoneros.

En la causa Porra, Ariel Zenón y otros se investigaron los crímenes cometidos en la zona de Rosario y, en especial, los ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en: 1) la quinta “La Calamita”;
2) la “Quinta de Funes” ;
3) la “Escuela Nro. 288 Osvaldo Magnasco” ;
4) la quinta “La Intermedia” perteneciente a la familia de Amelong y
5) la Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu".

Las condenas fueron las siguientes:

  • Marino Héctor González, prisión perpetua.
  • Ariel Zenón Porra, 25 años de prisión,
  • Juan Andrés Cabrera, 25 años de prisión,
  • Carlos Antonio Sfulcini , 20 años de prisión,
  • Alberto Enrique Pelliza, 18 años de prisión,
  • Ariel Antonio López, 16 años de prisión,
  • Oscar Pascual Güerrieri, 10 años de prisión,
  • Jorge Alberto Fariña, 10 años de prisión,
  • Juan Daniel Amelong, 10 años de prisión,
  • Eduardo Rodolfo Constanzo, 10 años de prisión,
  • Joaquín Tomás Gurrera, 8 años de prisión y
  • Walter Salvador Dionisio Pagano, 5 años de prisión.

En todos los casos con más la pena accesoria de inhabilitación absoluta.

Stricker, Carlos Andrés y otros (Bahía Blanca)[editar]

En la causa caratulada “Stricker, Carlos Andrés y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, homicidio agravado reiterado a Yotti, Gustavo y otros en área controlada oper. Cuerpo Ejército V” en la que se investigan los delitos cometidos en la zona de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en el territorio cuyo control estaba a cargo del V Cuerpo del Ejército Argentino, el Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dictó sentencia el 20 de febrero de 2014 y condenó a todos los procesados a penas de prisión.

Los CCD mencionados en la sentencia son:

  • “La Escuelita”, una edificación antigua ubicada en los fondos del predio del Comando del V Cuerpo al que se accedía sobre el camino de Carrindanga.
  • Batallón de Comunicaciones 181, en cuyo gimnasio las víctimas eran mantenidas detenidas en forma clandestina.
  • La Unidad Penal 4 o cárcel de Villa Floresta en la cual además de los detenidos legalmente se alojaban en forma clandestina otros, respecto de los cuales la decisión de la autoridad militar no era la muerte, la desaparición o la liberación directa sino el mantenimiento en cautiverio por tiempo indeterminado.
  • La Delegación Viedma de la Policía Federal Argentina, en la cual en forma transitoria se mantenían personas detenidas sin registrar su captura.

La sentencia da por acreditado que se cometieron los siguientes delitos, todos ellos bajo la modalidad de desaparición forzada de personas (art.2º de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas):

  • privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y prolongarse por más de un mes (art.144 bis inc.1 último párrafo en función art.142 inc. 1º y 5º del C.P., texto conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338), en concurso real (art.55 C.P.) con tormentos agravados por ser la víctima perseguida política (art.144 ter segundo párrafo del C.P., texto conforme ley 14.616) en concurso real con lesiones gravísimas (art.91 y 92 del C.P.)
  • sustracción, retención y ocultamiento de menores (art.146 del C.P.)
  • privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de amenazas y violencia y prolongarse por más de un mes (art.144 bis inc.1 último párrafo en función art.142 inc. 1º y 5º del C.P., texto conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338), en concurso real (art.55 C.P.) con tormentos agravados por ser la víctima perseguida política (art.144 ter segundo párrafo del C.P., texto conforme ley 14.616) en concurso real con homicidio calificado por alevosía, haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y para lograr la impunidad (art.80 incisos 2, 3 y 4 del C.P., texto según leyes 11.179, 11.221 y 20.642)
  • privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y prolongarse por más de un mes (art.144 bis inc.1 último párrafo en función art.142 inc. 1º y 5º del C.P., texto conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338), en concurso real (art.55 C.P.) con tormentos agravados por ser la víctima perseguida política (art.144 ter segundo párrafo del C.P., texto conforme ley 14.616) en concurso real con homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y con la finalidad de lograr la impunidad (art.80 incisos 2, 3 y 4 del C.P., texto según ley 20.642)
  • privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia (art.144 bis inc.1 último párrafo en función art.142 inc.1 del C.P., texto conforme leyes 14.616, 20.642 y 21.338) en concurso real (art.55 del C.P.) con tormentos agravados por ser la víctima perseguida política (art.144 ter segundo párrafo del C.P., texto ley 14.616).

Las condenas fueron las siguientes:

  • Felipe Ayala, suboficial retirado del Ejército Argentino, condena a prisión perpetua.
  • Bernardo Artemio Cabezón, suboficial retirado del Ejército Argentino, condena a prisión perpetua.
  • Héctor José Fidalgo, coronel retirado del Ejército Argentino, condena a 3 años y 4 meses de prisión.
  • Ricardo Claudio Gandolfo, teniente del Ejército Argentino, condena a 4 años y 3 meses de prisión.
  • Alejandro Osvaldo Marjanov, coronel retirado del Ejército Argentino, condena a prisión perpetua.
  • Carlos Andrés Stricker, coronel retirado del Ejército Argentino, condena a prisión perpetua.
  • Fernando Antonio Videla, subteniente retirado del Ejército Argentino, condena a 11 años de prisión.

En todos los casos se les aplicó además como accesoria la pena de inhabilitación absoluta.

Vargas, Antonio Orlando y otros[editar]

En esta causa se investigó la responsabilidad del personal penitenciario que se desempeñaba en el Penal de Villa Gorriti ubicado en la provincia de Jujuypenal y a militares que estaban asignado al mismo, por los crímenes cometidos en la Central de Policía de San Salvador de Jujuy y en el referido penal en los meses de mayo y junio de 1976.

Desde fin de mayo y comienzo de junio hasta el diez de junio de 1976 siete personas estuvieron detenidas sin orden legítima alguna en la cárcel de Villa Gorriti, recibieron torturas en el CDD existente en la Central de Policía y finalmente fueron retiradas del penal el 10 de junio de 1976 para ser asesinadas sin que se conozca el destino de sus cuerpos, con la excepción de Dominga Álvarez de Scurta, cuyo cadáver fue encontrado poco tiempo después aunque fue identificado recién en 1984. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy dictó el 11 de agosto de 2014 la sentencia correspondiente a este proceso y dictó las siguientes condenas:

  • Antonio Orlando Vargas, por homicidios calificados, la pena de prisión perpetua.
  • Orlando Ricardo Ortiz, por homicidios calificados, la pena de prisión perpetua.
  • César Díaz, por homicidios calificados, la pena de prisión perpetua.
  • Mario Marcelo Gutiérrez, por homicidio, quince años de prisión.
  • Carlos Alberto Ortiz, por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos agravados, doce años de prisión.
  • Herminio Zarate, por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos agravados, nueve años de prisión.

Ángel Ricardo Pezzetta[editar]

Esta causa se trata de la privación ilegal de la libertad y tortura cometidos en perjuicio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los "Mártires de Chamical". Durante la noche del 18 de julio de 1976, los curas fueron detenidos en casa de las Hermanas San José,

Este juicio fue una causa residual de por la que se condenó en 2013 a los represores Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Benito Vera a prisión perpetua por eso mismos asesinatos. El único imputado en esta causa fue Ángel Ricardo Pezzetta, que en 1976 era uno de los jefes de la Base Aérea de Chamical, acusado de "privación ilegítima de la libertad calificada por simulación de autoridad pública, dos hechos en concurso real, homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

El 21 de abril de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja encontraron a Ángel Ricardo Pezzetta culpable de los hechos juzgados y lo condenaron a la pena de prisión perpetua.

Juicios en curso[editar]

Megacausa ESMA[editar]

La causa ESMA (Nº. 14.217/03) es una de las llamadas “mega-causas” por la cantidad de víctimas e imputados que contienen las investigaciones. Dada la gran magnitud del expediente, el juez federal de primera instancia Sergio Torres ha dispuesto que la investigación avance en forma fragmentada, según diferentes criterios, dividiendo la causa en partes que involucran a diferentes imputados y corresponden a diferentes víctimas y hechos.

Las partes se unificaron en lo que fue el segundo juicio por la causa ESMA. Debe recordarse que una primera elevación, que llegó a juicio en diciembre de 2007, enmarcaba hechos de tortura que habrían sido cometidos por el prefecto Héctor Febres alias “Selva”. Su muerte prematura días antes de la lectura de la sentencia impidió que el juicio llegue a término, y las actuaciones quedaron nulas.

Desde el 6 de octubre de 2010 se realiza el segundo juicio por los crímenes cometidos en este centro clandestino, luego del fallido proceso Héctor Antonio Febrés. Fueron juzgados 19 imputados, la mayoría de ellos personajes emblemáticos de la Armada, integrantes del Grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA.

El expediente se tramitó en cuatro partes separadas de la causa principal desde un principio. Se conocen como: "'Testimonios A", que nuclea las primeras actuaciones que se realizaron en la causa, retomando las investigaciones de los años 80; un pequeño número de hechos que se le imputan al capitán de fragata Adolfo Miguel Donda; uno similar al anterior pero que tiene por imputados al vicealmirante Oscar Montes y al capitán de corbeta Carlos Octavio Capdevilla; y, finalmente, el que nuclea hechos del año 1976. Es el primer tramo que retomó el juez federal Sergio Torres al reabrirse la investigación en 2003 una vez declaradas inconstitucionales dichas leyes por el Congreso y varios jueces federales. "Testimonios B", en donde se investigan los hechos ocurridos a un grupo de familiares de detenidos-desaparecidos y a algunas Madres de Plaza de Mayo que, junto con las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, se reunían en la Iglesia Santa Cruz. "Testimonios C", relativa al asesinato de Rodolfo Walsh, así como del robo de su obra inédita. Además, existen dos tramos más que investigan la apropiación de los bienes de los detenidos-desaparecidos alojados en dicho centro clandestino durante su cautiverio.

Actualmente existen 148 implicados en esta causa. De éstos, 63 se encuentran procesados, 59 de ellos cumpliendo prisión preventiva. El 60% de éstos se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Marcos Paz, mientras que aproximadamente el 35% cumple arresto domiciliario.

  1. Imputados

    En un principio, eran parte de este juicio 19 imputados, la mayoría de ellos ex miembros del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. El Grupo, esta integrado mayoritariamente por miembros de la Armada, pero también existen funcionarios de la Policía Federal, Servicio Penitenciario, Prefectura Naval y el Ejército. Por razones de salud, se suspendió el proceso para los imputados Néstor Omar Savio y Carlos Orlando Generoso. Por lo que el proceso se ha iniciado para 17 de los acusados.

    • Jorge Eduardo Acosta (a) "El Tigre", como era conocido por los detenidos de la ESMA, fue el jefe de Inteligencia, y como tal, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. Capitán de Fragata retirado. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.
    • Alfredo Astiz, (a) "el Rubio" o "el Ángel" agente de inteligencia del GT 3.3.2, también conocido como Gustavo Niño, es mundialmente conocido por ser aquel quien se infiltró en la organización Madres de Plaza de Mayo, entre otros lugares, durante la dictadura, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido. Logró la confianza de las Madres y sus allegados, y fue quien instrumentó el operativo en la Iglesia Santa Cruz que es parte de este juicio. Teniente de Fragata dado de baja de la fuerza, espera el inicio del juicio detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz.
    • Juan Azic (a) "Piraña", ayudante mayor de la Prefectura Naval Argentina, miembro del sector Operaciones del GT 3.3.2. En el centro de detención ESMA apropió a dos niñas nacidas en cautiverio. Contemporáneamente con la reapertura de las causas, y luego de que el Juez Baltasar Garzón solicitara su detención con fines de extradición, intentó suicidarse infructuosamente. Pasó varios años detenido pero alojado en la Clínica San Jorge a causa de las heridas que el mismo se infringiera. Hoy, espera ser enjuiciado cumpliendo arresto domiciliario.
    • Carlos Capdevilla (a) "Tommy", capitán de corbeta retirado, fue médico de la ESMA, y cumplió la función de asistir los partos en la maternidad clandestina que funcionó en dicho centro. Como Azic, también está involucrado en casos de apropiación de menores. Se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.
    • Ricardo Cavallo, (a) "Serpico", "Marcelo" o "Miguel Ángel", fue integrante del sector Operaciones del Grupo de tareas 3.3.2. Fue detenido en el mes de agosto del año 2000 en México, y a partir de allí comenzó un lento proceso de extradición para que pudiera ser juzgado en nuestro país, que finalmente se concretó con su llegada a la Argentina en marzo de 2008. Capitán de Corbeta retirado, se encuentra cumpliendo su detención en el Complejo II de Marcos Paz.
    • Julio Coronel (a) "Maco), teniente coronel del Ejército, es uno de los miembros del grupo de tareas que demuestra la convergencia de oficiales de distintas armas en la ESMA. Se encuentra detenido en su domicilio.
    • Adolfo Donda Tiguel (a) "Gerónimo", "Palito", "Chiche" o "Rubén Pellegrino", perteneció al sector de Inteligencia del Grupo de tareas 3.3.2. Capitán de fragata retirado, debió llegar a juicio en el fallido proceso contra Héctor Febres en 2007, pero por demoras en una resolución de la CNCP su juzgamiento fue postergado hasta este juicio. Se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza.
    • Juan Fotea Dineri (a) "Lobo", sargento de la Policía Federal, es otro ejemplo de cooperación internacional entre estados para el juzgamiento de los responsables. Se encontraba prófugo hasta noviembre del año 2006, cuando fue detenido en España. Fue extraditado en enero de 2007 y detenido por la causa ESMA. Está detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz. Integrante del Grupo de tareas 3.3.2.
    • Manuel Jacinto García Tallada, contraalmirante retirado de la Armada, ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales al momento de los hechos. Se encuentra detenido con arresto domiciliario.
    • Pablo García Velasco (a) "Dante", junto a su hermano Miguel Ángel – quien también es imputado en la causa pero no será juzgado en este juicio – integró el Grupo de tareas 3.3.2. Capitán de corbeta retirado, cumple su arresto en el Complejo II de Marcos Paz.
    • Alberto Eduardo González (a) "Gato" u "Oscar Paz Alara", capitán de corbeta retirado, también integrante del Grupo de tareas 3.3.2. Espera el inicio del juicio alojado en el Complejo II de Marcos Paz.
    • Oscar Antonio Montes, vicealmirante de la Armada, llegó a ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Se encuentra detenido con arresto domiciliario.
    • Antonio Pernías (a) "Trueno", "Rata" o "Martín". Su padre, un oficial superior de la Fuerza Aérea, facilitaba su casa-quinta ubicada en la localidad de Del Viso, provincia de Buenos Aires, como "casa operativa" del Grupo de tareas 3.3.2. Capitán de fragata retirado, se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza.
    • Jorge Radice (a) "Ruger". En calidad de agente de inteligencia, Radice integró el sector Logística del Grupo de tareas 3.3.2. Se retiró alcanzando el grado de teniente de fragata, y se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz.
    • Juan Carlos Rolón, capitán de fragata de la Armada, desde febrero de 1977 a marzo de 1978 cumplió funciones en la Base Naval Puerto Belgrano, en la localidad de Bahía Blanca, luego pasó a integrar el GT 3.3.2 de la ESMA. Actualmente se encuentra detenido en el Complejo II de Marcos Paz.
    • Néstor Savio (a) "Norberto" o "Halcón", fue integrante del sector Logística del Grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA. Capitán de fragata retirado, se encuentra detenido en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas de Campo de Mayo.
    • Raúl Enrique Scheller (a) "Mariano", se retiró con el rango de capitán de navío. Hoy se encuentra detenido en el Complejo penitenciario II de Marcos Paz.
    • Ernesto Weber (a) "220", ex comisario de la Policía Federal Argentina, fue miembro del sector operaciones del Grupo de tareas 3.3.2. Condenado a cadena perpetua bajo arresto domiciliario.
    • Carlos Generoso (a) "Fragote", "Garrido" o "Agustín", fue parte del Grupo de tareas 3.3.2 como suboficial del Servicio Penitenciario Federal. Se encuentra detenido en el Complejo I de Ezeiza. Por razones de salud, se suspendió el proceso para este imputado.

    Existen todavía imputados que se encuentran prófugos, eludiendo el accionar de la justicia, por lo que se encuentran hoy con pedido de captura nacional e internacional.

    • Francisco Di Paola (a) "Chino", capitán de fragata de la Armada, el juzgado federal nº 12, en el cual tramita la etapa de instrucción de la causa ESMA, a cargo del juez Sergio Torres, pide su detención en diciembre de 2008. A partir de ese momento se encuentra prófugo de la justicia.
    • Roberto Oscar González, (a) "Federico", "Fede" o "Gonzalito". Se trata de un subcomisario de la Policía Federal Argentina, integrante del Grupo de tareas 3.3.2 que se desempeñó como oficial principal de operaciones de la ESMA entre 1979 y 1980.
    • Juan Carlos Linares, (a) "Gordo Juan Carlos", se desempeñó como suboficial de la Policía Federal Argentina, y también integró el Grupo de tareas 3.3.2.
    • Pedro Osvaldo Salvia (a) "Angosto", también suboficial de la Policía Federal Argentina e integrante del GT, fue conocido también con los apodos de "Fernando" o "Lobo". Se encuentra prófugo desde octubre de 2005.
    • Gonzalo Sánchez (a) "Chispa", oficial ayudante de la Prefectura Naval Argentina, integró el sector Operaciones del Grupo de tareas 3.3.2. También se encuentra prófugo desde octubre de 2005.
    • Jorge Raúl Vildoza (a) "Gastón", fue jefe del Grupo de tareas 3.3.2, y se retiró con el rango de Capitán de Navío. Él y su esposa, Ana María Grimaldos, se encuentran prófugos desde el año 1983 por un caso de apropiación de menores. Vildoza sumó un nuevo pedido de captura en 2003 por la causa ESMA. Es el prófugo más antiguo de la causa.

    Estas personas se encuentran, de acuerdo a lo demostrado por determinados peritajes psiquiátricos o neurológicos, incapaces física y mentalmente de encarar un proceso penal.

    • Ricardo Corbetta (a) "Matías" o "Biónico", este capitán de navío retirado fue integrante del sector Operaciones del Grupo de tareas 3.3.2. Con resolución de agosto de 2008, se suspendió la acción penal en su contra por presunta incapacidad, que aún debe ser confirmada.
    • José Néstor Estévez, contraalmirante retirado, fue segundo jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada. Estuvo procesado cumpliendo arresto domiciliario hasta junio del 2008, cuando fue declarado incapaz.
    • Ramón Antonio Monje, suboficial retirado de la Armada, integrante del Grupo de tareas 3.3.2, fue parte de una serie de nuevas detenciones que se dieron durante el 2008, pero fue posteriormente liberado por incapacidad.
    • Sergio Tabano (a) "Fatiga", cabo de la Armada, también integrante del Grupo de tareas 3.3.2. Fue declarado incapaz por resolución de junio de 2008.

    En la causa también se involucran a personal que ya ha fallecido. Ellos son:

    • Jorge Isaac Anaya, falleció a los 81 años de edad, el 9 de enero de 2008. Anaya participó del golpe militar que derrocó al general Juan Domingo Perón en 1955, con el grado de Teniente de Navío. También fue jefe de la Armada durante la Guerra de Malvinas. Desde noviembre de 2006 se encontraba detenido por la causa ESMA, iba a declarar, pero sufrió un ataque cardíaco en el Edificio Libertad, donde esperaba para ser trasladado a Tribunales, y la indagatoria se suspendió. Nunca se recuperó para enfrentar un juicio.
    • Adolfo Mario Arduino, Capitán de Fragata de la Armada, se desempeñó como Jefe de Personal de la ESMA desde el año 1976. De acuerdo a lo declarado por Adolfo Scilingo, dio la orden para el primer vuelo de la muerte que se realizó, en el cual se arrojaron al mar detenidos de la ESMA. Falleció a fines de 1997, y a los pocos meses se encontraron cuentas bancarias en Suiza a su nombre con un saldo de 73.000 dólares.
    • Humberto José Barbuzzi, Vicealmirante retirado, hasta mediados de 1977 y con el grado de Contraalmirante fue Secretario General Naval. Tuvo un papel destacado en el organigrama de la represión. Llegó a actuar como Jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada en reemplazo del Contralmirante José Néstor Estévez.
    • Juan Lorenzo Barrionuevo (a) "Jeringa", falleció el 29 de febrero de 2008. Barrionuevo fue el enfermero de la ESMA quién curaba las heridas de las víctimas de tortura. Confesó haber participado en los vuelos de la muerte, inyectando la droga pentonaval antes de arrojar las víctimas al mar, y también empujando los cuerpos desde el aire. Luego de la represión, se presentó como candidato a legislador de Tierra del Fuego y fue electo. Pero fue impugnado de su cargo al ser reconocido por el sobreviviente Víctor Basterra a través de una entrevista en televisión. Falleció tiempo antes de que comenzara el juicio oral y público.
    • Rubén Chamorro (a) "Delfín", Vicealmirante retirado de la Armada, fue director de la ESMA durante los primeros años de la dictadura.
    • Horacio Estrada (a) "Humberto", Capitán de Navío retirado, jefe del Grupo de Tareas 3.3.2, no llegó a estar imputado en la causa, pues su cuerpo apareció con un balazo en la cabeza en su departamento, el 25 de agosto de 1998. Estaba también involucrado en tráfico de armas.
    • Héctor Febres (a) "Selva", El 10 de diciembre de 2007 fue encontrado el cadáver de Héctor Febres, a días de conocerse la sentencia del Tribunal Oral Federal nº 5, quién estaba juzgando al ex prefecto por la tortura de cuatros víctimas de la ESMA. Febres se encontraba detenido en una habitación privada en dependencias de Prefectura de Zona Delta, gozando de condiciones de detención privilegiadas. Al día de hoy, aún no existe certeza sobre las causas de la muerte. Se sabe que murió producto de la ingesta de cianuro, pero existen dudas respecto de si se trató de un suicidio o un asesinato. Hector Febres fue un feroz torturador de la ESMA, y era el encargado de preparar el ajuar con el que eran entregados los recién nacidos en el centro clandestino a sus apropiadores.
    • Armando Lambruschini, murió a los 80 años, en agosto de 2004. Como miembro de la Segunda junta de Comandantes en Jefe de la dictadura militar, fue encontrado culpable de 35 casos probados de secuestro y 10 de torturas reiteradas durante juicio a las juntas militares. En 1994, el juez Óscar Garzón Funes le obligó, igual que a Emilio Massera y al Estado, a indemnizar en un millón de pesos a Daniel Tarnopolsky, cuya familia entera desapareció tras ser secuestrada y trasladada a la ESMA.
    • Gustavo Alberto Lynch Jones, hermano de Ricardo Lynch Jones, quien fue detenido en marzo de 2008, acusado de haberse desempeñado en 1977 con el alias “Panceta” como voluntario del GT 3.3.2. En aquel entonces, Ricardo – quien está hoy procesado en la causa – declaró que quien actuó en la ESMA no fue él sino su hermano Gustavo Alberto, acusado de participar en vuelos de la muerte y fallecido hace más de veinte años.
    • Luís María Mendía, Vicealmirante, ex comandante de Operaciones Navales, murió en mayo del 2007, mientras cumplía prisión domiciliaria por su responsabilidad en la causa. Según las confesiones del marino Adolfo Scilingo al periodista Horacio Verbitsky, fue quien ordenó la desaparición de alrededor de 800 detenidos en los "vuelos de la muerte".
    • Roberto Naya (a) "Paco", oficial del Servicio Penitenciario Federal. También cumplió funciones en el centro clandestino de detención [El Vesubio (centro de detención)|"El Vesubio"]]. Murió en extrañas circunstancias luego de ser baleado en un asalto en diciembre de 1999. En aquel entonces, era jefe de seguridad de una empresa llamada Transportes Vidal.
    • Carlos José Pazo, (a) "León" o "Parra", murió el 27 de agosto de 2008, mientras se encontraba detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Se retiró con el rango de Capitán de Navío.
    • Jorge Enrique Perren (a) "Puma", Capitán de Navío retirado, fue jefe del sector Operaciones del GT 3.3.2. Cumplió esta función entre el 12 de julio de 1976 y el 26 de marzo de 1977 y desde abril de 1978 hasta octubre del mismo año. Confesó ante el juez de instrucción Torres haber ordenado el secuestro de una persona que luego fue desaparecida.
    • Fernando Peyon (a) "Gerardo", "Giba", "Eugenio", "Quasimodo" o "Eveready". Fue miembro del GT hasta marzo de 1980. Luego, vuelve como subjefe de Operaciones del GT a principios de 1982, hasta abril de 1983. Participó en el secuestro de Víctor Basterra y su familia. Según Basterra, Azic y el marino Fernando Enrique Peyón trabajaban años más tarde en una agencia de seguridad privada propiedad del empresario Alfredo Yabrán "que se llamaba Brides, por brigadas de la ESMA".
    • Francies Whamond (a) "Pablo", a los 46 años se encontraba retirado del servicio con el rango de Capitán de Fragata, pero en 1976, luego del golpe, decidió regresar al servicio "por vocación". Es así que pasó a integrar el sector de Inteligencia del GT. Murió en diciembre del 2002 de un aneurisma abdominal. Se encontraba procesado por los crímenes cometidos en la ESMA.
    • Enrique Yon (a) "Cobra", se desempeñó como jefe del G T 3.3.2 de la ESMA, y también actuó en Centro Piloto de París, creado para mejorar la imagen de la dictadura argentina en el exterior, para detectar y secuestrar o eliminar exiliados argentinos en Europa.
    • Emilio Eduardo Massera, Miembro de la primera junta de gobierno junto a Jorge Rafael Videla y a Orlando Agosti, el Almirante Massera fue el responsable de la represión llevada adelante por la Armada Argentina durante la última dictadura militar, y fue el mentor del “proyecto de recuperación” al que se sometió a los detenidos de la ESMA, quienes recuerdan haberlo visto en el centro clandestino. Fue juzgado en ausencia en Italia.
  2. Víctimas
    "Testimonios A"

    Alberto Ahumada, Alejandra Margarita Lepido, Alejandro Monforte, Alfredo Julio Margari, Alicia Elisa Tokar, Ana María Isabel Testa, Ana María Martí, Andrés Ramón Castillo, Angel Strazzeri, Ariel Aisemberg, Arnaldo Rodolfo Gremico, Arturo Osvaldo Barros, Carlos A. García, Carlos Eduardo Figueredo Ríos, Carlos Gregorio Lordkipanidse, Carlos Muñoz, Carlos Oscar Loza, Daniel Marcelo Schappira, Edmundo Ramón Landín, Enrique Mario Fukman, Felisa Violeta María Wagner de Galli, Francisco Jalics, Graciela Alcira Fidalgo, Graciela Beatriz Daleo, Guillermo Olivieri, Héctor Guelfi, Hugo César Bogarin, Jorge Caffati, José María Salgado, Josefa Prada de Olivieri, Lázaro Jaime Gladstein, Lila Victoria Pastoriza, Lisandro Raúl Cubas, Luis Alberto Vázquez, Luis Daniel Aisemberg, Marcelo Camilo Hernández, María Alicia Milia de Pirles, María Amelia Larralde, María Cristina Lennie, María Elisa Hachamann de Landín, María Eva Bernst de Hansen, María Ines Imaz de Allende, María Laura Tacca de Ahumada, Marianela Galli, Mario Guillermo Enrique Galli, Martín Tomás Gras, Nilda Noemí Actis Goretta, Nilva Zucarino de Lennie, Orlando Virgilio Yorio, Oscar Alberto Repossi, Osvaldo Rubén Cheula, Patricia Teresa Flynn, Ricardo Héctor Coquet, Rodolfo Luis Picheni, Sandra Lennie de Osuna, Santiago Lennie, Sara Solarz de Osatinsky, Silvia Labayrú de Lennie, Silvia Wikinsky, Susana Beatriz Leiracha de Barros, Thelma Jara de Cabezas, Víctor Anibal Fatala, Víctor Melchor Basterra, Adolfo Miguel Donda, Elsa Martínez de Villaflor, Enrique Ardetti, Enrique Mario Fuckman, Fernando Brodsky, Graciela Alberti, José Luis Hazan, Josefina Villaflor, Juan Carlos Anzorena, Juan Carlos Chiaravale, Raimundo Anibal Villaflor, Susana Beatriz Leiracha de Barros, Thelma D. Jara de Cabezas, Víctor Melchor Basterra, Oscar Antonio Montes, Sergio Martín Bejerman, Laura Alicia Reboratti, Carlos Antonio Capdevilla y Thelma Doroty Jara de Cabezas

    "Testimonios B"

    Alicia Ana María Juana Domon, Angela Aguad, Azucena Villaflor de De Vicenti, Eduardo Gabriel Horane, Horacio Aníbal Elbert, José Julio Fondevilla, María Esther Ballestrino de Careaga, María Eugenia Ponce de Bianco, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bullit, Remo Carlos Berardo y Reneé Leonnie Duquet

    "Testimonios C"

    Rodolfo Walsh

Robo de Bienes[editar]

En esta causa se investiga el apoderamiento de bienes, la falsificación de documentos públicos y la extorsión que tuvo como víctimas a las personas que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada. El 19 de septiembre de 2007 el Juzgado de Instrucción 12, Secretaría 23, dispuso la clausura de la instrucción y resolvió la elevación a juicio.

Plan Cóndor[editar]

Se investiga el llamado Plan Cóndor (Causa Nº. 13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. La causa fue elevada a juicio en septiembre de 2007, a la espera que el Tribunal Oral Federal nº 1 de la Capital Federal disponga la fecha de inicio del debate, donde deberían de haber sido juzgados 18 ex altos mandos militares: Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera Rovere, Bernardo José Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Guañabens Perelló, Ernesto Alais, Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Tragant, Eduardo De Lío y Carlos Caggiano Tedesco.

La causa está conformada por tres expedientes, identificados como N°1504 ("Videla, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal y otros"), 1951 ("Lobaiza, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de la libertad") y 2054 ("Falcón, Néstor Horacio y otros s/privación ilegal de la libertad y asociación ilícita"), conocidos como Plan Cóndor I, II y III, respectivamente. Se dispuso que junto a estos tres expedientes también se juzgue la causa conocida como Automotores Orletti II, por estar relacionado con el Plan Cóndor y también por tener en común a algunos grupos de víctimas.[40]

  1. Imputados

    Imputados por asociación ilícita y por distintos casos de privación ilegal de la libertad:

    Imputado sólo por casos de privación ilegal de la libertad:

    Imputado por casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos:

  2. Víctimas

    Campligia Horacio Domingo, Pinus de Binstock Mónica Susana, Habegger Norberto Armando, Reyes González Manuel Federico, Seminario Preciado Carlos Alberto, González de la Vega Oscar Hugo, Corinaldesi de Stamponi Mafalda, Choque Cabrera Fausto, Stamponi Luis Faustino, Rutilo Artes Graciela, Lara Torres Jaime Rafael, Villa Isola Efraín Fernando, Villavicencio Calderón Jorge Hernán, Jordán Vercellone Juan Carlos, Oviedo Morales Walter Eduardo, Saenz Bernal Reinaldo Lásaro, Vargas Orozco Johnny, Suárez Balladares Erasmo, Rojas Caballero Máximo, Enriquez Espinosa Edgardo, Elgueta Díaz Luis Enrique, Tamayo Martínez Manuel Jesús, Muñoz Velázquez Luis Gonzalo, Hernández Zaspe Juan Humberto, Jaccard Siegler Alexei Vladimir, De la Maza Asquet José Luis, Orellana Castro Miguel Iván, Carreño Araya Cristina Magdalena, Athanasiú Jara Ángel, Athanasió Laschan Pablo Germán, Laschan Mellado Frida Elena, Rojas Campos Carlos Patricio, Delard Cabezas Carmen Angélica, Delard Cabezas Gloria Ximena, Appel de la Cruz José Luis, Zaragoza Olivares Luis Arnaldo, Espinoza González Luis Alejandro, Urra Ferrarese Oscar Julián, Ossola de Urra Susana, Ferrada Rafael Antonio, Oyarzun Manso Oscar Orlando, Cram González Washington, Trías Hernandez Cecilia Susana, Urtasún Terra José Luis, Silveira Gramont María Rosa, Maidana Bentín Félix, Borelli Cattáneo Raúl Edgardo, Cabezudo Pérez Carlos Federico, Lezama González Rafael Laudelino, Moreno Malugani Miguel Ángel, Prieto González Rubén, Alfaro Vázquez Pedro Daniel, Severo Barreto Ary Héctor, Epelbaum Lila, Epelbaum Claudio, Betancour Garín Walner Ademir, Rodríguez Liberto Félix Antonio, Méndez Donadío José Hugo, Candia Correa Francisco Edgardo, Burgueño Pereyra Ada Margaret, Gándara Castroman Elba Lucía, Carretero Cárdenas Casimira María del Rosario, Recagno Ibarburu Juan Pablo, Cabrera Prates Ary, Mechoso Méndez Alberto Cecilio, Tejera Llovet Raúl Néstor, Soba Fernández Adalberto Waldemar, Arnone Hernández Armando Bernardo, Queiro Uzal Washington Domingo, Machado Modesto Humberto, Río Casas Miguel Ángel, Lerena Costa de Corchs Elena Paulina, Bosco Muñoz Alfredo Fernando, D’elia Pallares Julio César, Dossetti Techeira Edmundo Sabino, García Ramos de Dossetti Ileana Sara María, Duarte Lujan León Gualberto, Rodríguez Mercader Carlos Alfredo, Errandonea Salvia Juan Pablo, Chizzola Cano Eduardo Efraín, Hernández Hobbas Beatriz Lourdes, Hernández Hobbas Washington Fernando, Grispón de Logares Mónica Sofía, Logares Claudio Ernesto, Artigas Nilo de Moyano María Asunción, Moyano Alfredo, Zaffaroni Castilla Jorge Roberto, Islas Gatti de Zaffaroni María Emilia, García Iruretagoyena María Claudia, Rodas Néstor, Méndez Fleitas Epifanio, Filártiga Martínez Juan Alberto, Benítez Florencio, Ledesma Medina Oscar Eladio, Roa Espinoza Emilio, Maidana Antonio, Tatter Moringio Jorge Federico, Penayo Ferreyra Juan José, Vera Báez Cátulo, Ballestrino de Careaga Esther, Carrillo Rodríguez Fausto  Augusto, Logoluso José Alejandro, Landi Gil Marta Dora, Nell José, Santana Escotto Nelson Rodolfo, Insaurralde Melgar Gustavo Edison, Goiburú Gimenez Agustín, Nores Montedónico María del Pilar, Gatti Antuña Gerardo Francisco, Pérez Washington, Pérez Jorge Washington, Martínez Addiego María del Carmen, Pérez Lutz Elizabeth, González Cardozo Jorge Raúl, Rodríguez Rodríguez Julio César, Rodríguez Larreta Enrique (hijo), Nogueira Pauillier Raquel, Rodríguez Larreta Enrique (padre), Gayoso Cecilia Irene, Soliño Platero Mónica, Bianchi Marta, Brandoni Luis, Otonello María del Carmen, Méndez Sara Rita, Maceiro Asilú, Quadros Ana Inés, Dean Bermúdez Eduardo, Michelini Delle Piane María Margarita, Altuna Facal Raúl, Zahn Edelweiss, López Burgos Sergio, Diaz José Félix, Anzalone Laura, Rama Molla María Elba, Soto Loureiro Ariel Rogelio, Cadenas Ravela Alicia Raquel, Salvo Sánchez Ana María, Zina Figueredo Gastón, Lubián Peláez Víctor Hugo, Petrides Marta, Santucho Carlos Híber, Santucho Manuela, Navaja Cristina Silvia, Gayá Ricardo Alberto, Gayá Gustavo, Pérez Ana María del Carmen, Cejas Arias Jesús, Galañena Hernández Cresencio Nicomedes, Segal Carolina Sara, Rovegno Néstor Adolfo, Binstock Guillermo Daniel, Villa Isola Efraín Fernando, Rutila Graciela, Bertazzo José Luis, Biedma Patricio Antonio, Gelman Marcelo Ariel, Gelman Shubaroff Nora Eva, Peredo Luis Edgardo, González Ubaldo, Mazer Raquel, Zelarayán Dardo Albeano, Laguna María Elena, Grisonas Victoria Lucía, Barboza Beatriz Victoria, Peralta Francisco Javier, Nores Montedónico Álvaro, Vergara Graciela Elsa, Morales José Ramón (padre), Morales Luis Alberto, Sáenz Nidia Beatriz, Morales José Ramón (hijo), Vidaillac Graciela Luisa, Falero Ferrari Brenda Orlinda, Barbachán José Luis.

Causas elevadas a juicio[editar]

Iriart Fabio (Primer Cuerpo)[editar]

El Tribunal Oral Federal de La Pampa dará inicio a la audiencia de debate en esta causa, parte de la Megacausa Primer Cuerpo. Tres ex militares y nueve ex policías irán a juicio oral y público por el secuestro y la tortura de 30 personas en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención en las ciudades de Santa Rosa, Jacinto Arauz y General Pico, de la provincia de La Pampa, durante el último gobierno militar (Causa 13/09).

Los oficiales del Ejército procesados son el ex teniente coronel (r) Fabio Carlos Iriart, quien se desempeñó como comandante de la Subzona 14, y el ex coronel Néstor Greppi. De ese Comando de Subzona, dependía un cuerpo de policías pampeanos, quienes estuvieron encargados de llevar a cabo los secuestros, mantener en cautiverio y torturar a las víctimas. El grupo, estuvo integrado por el inspector mayor Roberto Esteban Constantino, el subcomisario Roberto Oscar Fiorucci, el comisario Omar Aguilera (se desempeñaba como jefe de Operaciones del grupo), el auxiliar Athos Reta, el oficial subayudante Néstor Cenizo, el oficial ayudante Antonio Oscar Yorio, y los oficiales Carlos Alberto Reinhart y Hugo Marenchino, según la investigación judicial.

Rodríguez José[editar]

El Tribunal Oral Criminal Federal de La Rioja, debe fijar fecha de debate en esta causa. El por entonces conscripto José Rodríguez se encuentra imputado por el delito de homicidio calificado por alevosía del conscripto Roberto Villafañe, ocurrido el 30 de agosto de 1976 (Causa 348 – R – 2009).

Subzona XIV[editar]

Entre 2011 y 2014 En la causa conocida como sub zona 14 II fueron sometidos a proceso más de 45 imputados, se dieron por acreditados unos 250 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, a su vez tales ilícitos en el caso de los máximos responsables concurren con el delito de asociación ilícita. Dichos ilícitos fueron caracterizados de “lesa humanidad”, en tanto la Cámara Federal de Bahía Blanca le agregó la figura de “genocidio”.[41] Sin embargo en 2016 los cinco represores condenados fueron liberados tras estar procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas cometidos en esa provincia durante la última dictadura militar. La decisión la tomo el tribunal de esa jurisdicción y los beneficiados son Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez. El argumento es que se vencieron los plazos de la prisiones preventivas. [42]

Condenados por delitos de Lesa Humanidad[editar]

Véase para la nómina de Condenados por crímenes de Lesa Humanidad en Argentina

Datos estadísticos sobre los juicios[editar]

Horacio Verbitsky proporcionó en una nota un resumen estadístico con datos provenientes del CELS al 31 de diciembre de 2015[43] y la Procuración de la Nación publicó bajo licencia left un informe sobre el mismo tema al 24 de marzo de 2016.[44]

Según los datos del CELS al 31 de diciembre de 2015:

1. En los juicios realizados hasta diciembre de 2015, hubo 662 condenados y 60 absueltos. 2. El 38 % de las condenas hasta diciembre de 2015 fueron a la pena máxima, esto es prisión perpetua; el 27 % fue a penas entre 15 y 25 años de prisión; el 31,5 % fue a penas de 3 a 15 años de prisión y el 3% fue condenado a penas de hasta tres años. 3. De los 925 procesados, el 41,2 % o sea 383 está en libertad y 542 en prisión preventiva, de los cuales 224 la cumplen en su domicilio y el resto en la cárcel.

Según datos de la Procuración General al 1 de marzo de 2016:

1) Hubo 2354 personas imputadas. Hay 526 causas activas y otras 227 causas que fueron acumuladas a expedientes principales, en algunos casos “megacausas”, en alguna instancia de la investigación. 2) El 31% de los imputados se encuentran dentro de las 156 sentencias dictadas. 3) Las sentencias condenaron al 90 % de las personas comprendidas en ellas y absolvieron al 10 %.. 4) En las 370 causas en trámite sin sentencia hay 876 procesados, a 132 se les dictó falta de mérito sin perjuicio de que la investigación continúe, 28 fueron sobreseídos, 26 tienen su situación procesal sin resolver aun. 5) Un total de 252 imputados han fallecido y 3 fueron declarados incapaces, en ambos casos sin ser sentenciados. 6) Hay 57 personas prófugas de la justicia, una de ellas luego de haber sido condenada. 7) 669 imputados fueron condenados y 62 fueron absueltos, en las 156 sentencias dictadas, aclarando que el 75 % de los casos no tiene sentencia firme. 8) Fallecieron 252 imputados sin haber tenido sentencia y 60 que habían sido condenados.

Referencias[editar]

  1. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301566-2016-06-12.html
  2. a b c Sentencia de la Causa 13
  3. Abuelas de Plaza de Mayo, por Marta Dillon
  4. «INFORME N° 21/00, Caso 12.059, Cármen Aguiar De Lapacó». https://www.cidh.oas.org. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 29 de febrero de 2000. Consultado el 17 de abril de 2016. 
  5. Asociación Derechos Civiles: NULIDAD DE LAS LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO FINAL
  6. Página 12
  7. Página/12
  8. CELS: JUICIOS
  9. Página 12
  10. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-72550-2006-09-05.html
  11. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-305227-2016-07-26.html
  12. http://www.cba24n.com.ar/content/liberan-represores-condenados-en-entre-rios-y-la-pampa
  13. http://www.diarioregistrado.com/politica/regalo-de-navidad--liberan-a-represores-condenados_a5681950df96699ba6a094615
  14. Sentencia completa
  15. Texto completo de la Sentencia
  16. ADH La Plata (30 de octubre de 2007). «Fundamentos del fallo». Consultado el 25 de diciembre de 2010. «Christian Federico Von Wernich es un torturador y asesino que formó parte de un comprobado plan criminal y para llevar adelante su tarea utilizó los hábitos sacerdotales de la Iglesia Católica Apostólica Romana autoatribuyéndose una misión pastoral.» 
  17. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-127150-2009-06-24.html
  18. https://www.abuelas.org.ar/caso/sampallo-barragan-maria-eugenia-287?orden=c
  19. http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-corte-dictamino-que-un-represor-siga-con-prision-domiciliaria-3126.html
  20. http://www.hijos-capital.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=533:a-33-as-de-la-masacre-de-ftima&catid=1:comunicados&Itemid=396
  21. Se fugan dos militares condenados por lesa humanidad
  22. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287628-2015-12-05.html
  23. http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/murio-el-represor-rei-apropiador-de-alejandro-sandoval-fontana-3304.html
  24. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206358-2012-10-25.html
  25. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-143860-2010-04-14.html
  26. Condena de Gregorio Rafael Molina
  27. Sentencia completa
  28. Sentencia completa
  29. sentencia completa
  30. Sentencia Completa
  31. Sentencia completa
  32. http://www.eltribuno.info/condenaron-patti-bignone-y-martin-rodriguez-prision-perpetua-carcel-comun-n13558
  33. http://es.makemefeed.com/2016/06/10/catamarca-liberan-a-tres-genocidas-condenados-a-perpetua-2584150.html
  34. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-177153-2011-09-20.html
  35. http://www.tiempodesanjuan.com/politica/2012/10/9/emilio-goya-relacion-hermano-rompio-desde-juicio-18969.html
  36. Perpetua para Musa Azar Curi por asesinato, torturas, secuestros y violación sexual
  37. Lesa humanidad: condenan a Musa Azar a prisión perpetua en el juicio oral por crímenes en Santiago del Estero
  38. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (2009). Nunca más (8ª edición). p. 472. ISBN 978-950-23-1557-7. 
  39. Liberti, Luis O. (2005). «Mons. Enrique Angelelli, pastor plasmado en la fragua del Concilio Vaticano II». Revista Teología XLII (87): 463-482. ISSN 0328-1396. Consultado el 20 de marzo de 2013. 
  40. «Lesa humanidad: arrancó el juicio oral en la causa por el “Plan Cóndor”». Centro de Información Judicial. 5 de marzo de 2013. Consultado el 15 de enero de 2016. 
  41. http://www.lapampa.gov.ar/prensadhumanos/50549-historias-para-no-olvidar-como-prueba-documental-en-el-juicio-subzona-14-ii.html
  42. http://www.cba24n.com.ar/content/liberan-represores-condenados-en-entre-rios-y-la-pampa
  43. Verbitsky, Horacio (7 de marzo de 2016). «Malditos sean los datos». Página 12. Consultado el 29 de marzo de 2016. 
  44. «El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina a 40 años del golpe, 10 años de justicia». Consultado el 29 de marzo de 2016. 

Bibliografía[editar]

Véase también[editar]

Bibliografía[editar]

  • Andreozzi, Gabriele (2011) Juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina, Atuel, Cara o Ceca
  • Lorenzetti, Ricardo (2011) Derechos y reparación, Sudamericana.