Alberto Fernández

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Alberto Fernández
Alberto fernandez presidente (cropped).jpg
Alberto Fernández en 2019

Coat of arms of Argentina.svg
Presidente de la Nación Argentina
Actualmente en el cargo
Desde el 10 de diciembre de 2019
Gabinete Gabinete de Alberto Fernández
Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
Predecesor Mauricio Macri

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10.º jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina
25 de mayo de 2003-23 de julio de 2008
Presidente Néstor Kirchner (2003-2007)
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2008)
Predecesor Alfredo Atanasof
Sucesor Sergio Massa
Vicejefe de
Gabinete
Juan Carlos Pezoa (2003-2007)
Jorge Rivas (2007-2008)

Seal of the Buenos Aires City (2003 - 2006).svg
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires
7 de agosto de 2000-25 de mayo de 2003
Sucesora Elena Cruz

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Superintendente de Seguros de la Nación Argentina
1 de agosto de 1989-8 de diciembre de 1995[1]
Presidente Carlos Saúl Menem
Predecesor Diego Peluffo
Sucesor Claudio Moroni

Información personal
Nombre de nacimiento Alberto Ángel Fernández Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento 2 de abril de 1959 (61 años)
Buenos Aires, Argentina
Residencia Quinta presidencial de Olivos
Nacionalidad Argentina
Partido político Partido Nacionalista Constitucional (1982-1983)
Partido Justicialista (desde 1983)
Afiliaciones Encuentro por la Ciudad (1997-2003)
Frente para la Victoria (2003-2008)
Partido del Trabajo y la Equidad (desde 2012)[2]
Frente Renovador (2013-2017)
Frente Justicialista Cumplir (2017-2018)
Unidad Ciudadana (2018-2019)
Frente de Todos (desde 2019)
Familia
Padres Carlos Galíndez (adoptivo) y Celia Pérez
Cónyuge Marcela Luchetti (matr. 1993; div. 2005)
Pareja Vilma Ibarra (2005-2014)[3]
Fabiola Yáñez (desde 2014)[4]
Hijos Estanislao Fernández
Familiares Valentina Fernández (hermana)
Pablo Galíndez (hermano)
Educación
Educado en Universidad de Buenos Aires
Información profesional
Ocupación Político, abogado y profesor
Tratamiento Señor Presidente (informal)
Excelentísimo Señor (formal)
Empleador Universidad de Buenos Aires Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de Grupo de Puebla
Firma Firma Alberto fernandez.png
Web
Sitio web

Alberto Ángel Fernández (Buenos Aires, 2 de abril de 1959) es un abogado, profesor y político argentino, actual presidente de la Nación Argentina, cargo que ejerce desde el 10 de diciembre de 2019. Anteriormente se desempeñó como jefe de Gabinete de Ministros entre 2003 y 2008.[5]

Graduado en abogacía en la Universidad de Buenos Aires en 1983, fue conjuez del juzgado federal de San Isidro[6]​ y dio sus primeros pasos en política de la mano de Alberto Asseff, llegando a ser presidente del ala juvenil del Partido Nacionalista Constitucional.[7]​ Durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue director de sumarios y subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Entre 1989 y 1995 fue superintendente de Seguros de la Nación. En 1996 fue funcionario del gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, primero como presidente de Gerenciar S.A. y luego como vicepresidente del Grupo Bapro, hasta 1999. Fue uno de los fundadores del Grupo Calafate, un think tank peronista del que fue coordinador,[8]​ que apoyó las candidaturas presidenciales de Duhalde en 1999, y Kirchner en 2003. En 2000 fue electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la alianza Encuentro por la Ciudad, del exministro de Economía Domingo Cavallo.

En las elecciones de 2003 fue jefe de campaña del peronista Néstor Kirchner quien se consagró presidente como candidato del Frente para la Victoria, dando origen al kirchnerismo. Fernández fue designado jefe de Gabinete, manteniéndose en el cargo durante todo el mandato presidencial. En las elecciones de 2007 volvió a triunfar el Frente de la Victoria con la candidatura de la peronista Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a designarlo como jefe de Gabinete, renunciado siete meses después, en julio de 2008, tras el paro agropecuario patronal, que duró 129 días.[9]​ Hasta la fecha, ha sido la persona que más tiempo ha ocupado la jefatura de Gabinete de la Nación Argentina desde la instauración del cargo en 1995, con 5 años, 1 mes y 29 días.[10]

Tras su renuncia mantuvo una postura crítica hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reivindicando el gobierno de Néstor Kirchner.[11][12]​ En 2018, encabezó el sector del peronismo no kirchnerista que proponía una alianza con el kirchnerismo, como única forma de vencer al macrismo en las elecciones de 2019.[13]​ El 18 de mayo de 2019, la expresidenta lo anunció como candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos para las elecciones presidenciales de 2019, con ella misma como compañera de fórmula.[14]​ El 27 de octubre de 2019 resultó electo presidente en primera vuelta, con el 48,24% de los sufragios, derrotando al presidente en ejercicio Mauricio Macri, quien buscaba la reelección, pero resultó segundo con 40,28% de los sufragios.[15][16][17][18][19]

Al iniciar su mandato estableció que los principales ejes de su gobierno serían la lucha contra el aumento del hambre que amenazaba al 17 % de la población,[20]​ la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional contraída por el gobierno de Mauricio Macri,[21]​ y la recuperación del crecimiento económico luego de una caída de cerca del 10 % del PBI per cápita,[22]​ mediante un plan de "solidaridad en la emergencia" que tenga como objetivos primarios el desendeudamiento de las empresas y la población, la inclusión de los sectores más desfavorecidos, así como el acceso al crédito a tasas razonables y la reducción de la inflación luego de alcanzar el 53,8 % en 2019.[23]​ En materia institucional anunció el envío al Congreso de un conjunto de proyectos de ley para la reforma integral del sistema federal de justicia, con el fin de terminar con la acción de los «servicios de inteligencia, "operadores judiciales", procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos».[23]​ En materia internacional dio prioridad al fortalecimiento del Mercosur y la unidad latinoamericana, así como el cumplimiento del Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático.[23]

Biografía

Alberto Ángel Fernández nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1959, hijo de Celia Pérez, quien, separada de su primer esposo, se unió a Carlos Pelagio Galíndez, que fue juez de la Nación y a quien considera su verdadero padre. Su progenitor biológico, con el que tuvo escasa relación, falleció durante el Mundial de Fútbol de 1978. Su abuelo adoptivo, Manuel Galíndez, fue senador provincial de La Rioja por la Unión Cívica Radical.[24]

Su infancia y adolescencia transcurrieron en la zona repartida entre los barrios de Villa del Parque, La Paternal, Villa Mitre y la actual Villa Santa Rita. Vivió en la esquina de Elpidio González y Terrada, cerca del estadio de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, club de fútbol del cual es hincha. En ese barrio realizó cuarto y quinto grado de la primaria en la escuela República de México y terminó la primaria en la escuela Avelino Herrera.[25][26]

Cursó la escuela secundaria en el Colegio Mariano Moreno, donde fue delegado de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), de tendencia peronista. En 1981 formó con otros militantes el Frente de Orientación Nacional, de tendencia forjista, que tras la guerra de Malvinas se fusionó en el Frente del Pueblo (FREPU), donde conoció a Jorge Argüello y Eduardo Valdés.[24]​ En 1983 se recibe de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con un promedio de 7.80, donde fue profesor adjunto en la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal del exprocurador General de la Nación Esteban Righi. Desde 1985 es docente de la UBA, actualmente dicta la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.[27]​ Estuvo casado con Marcela Luchetti, de quien se divorció en 2005 y con quien tuvo un hijo, Estanislao, nacido en 1994.[28]​ Desde 2014 está en pareja con la periodista y actriz Fabiola Yáñez.[29]

Mientras estudiaba derecho, fue incentivado por su tío materno y fotógrafo personal de Juan Domingo Perón,[30]​ Antonio Pérez, para que participe en el Partido Nacionalista Constitucional, fundado por Alberto Asseff en 1982, teniendo una participación muy activa en la rama juvenil de dicho partido como orador y creador del afiche de campaña para las elecciones, siendo elegido presidente de la juventud en 1983.[7]​ Ese mismo año se afilia al Partido Justicialista.

Durante la década de 1980, Fernández se desempeñó como empleado del Juzgado de Instrucción N.º 12 y del N.º 26. En 1981, pidió el pase a la Justicia federal y fue relator de los camaristas Ramón Montoya y Fernando Mántaras.[31]​ Posteriormente fue conjuez del Juzgado Federal de San Isidro, en ese entonces a cargo del juez Alberto Piotti. Piotti fue el juez que tuvo a su cargo el caso Puccio, una familia de San Isidro que, entre 1982 y 1985, asesinó a tres personas y mantuvo cautiva a una cuarta.[32]​ Los imputados no tenían abogados entonces el Estado les proporcionó, mediante sorteo, uno entre los conjueces. Fernández fue defensor oficial, hasta que designara a un abogado,[6]​ de Guillermo Fernández Laborde, amigo de la familia Puccio quien admitió haber asesinado a dos de las víctimas.[33]

Veta artística

Alberto Fernández desarrolló una veta artística,[34][35]​ ligada principalmente a la ejecución de la guitarra acústica y eléctrica, el canto y la composición de canciones, dentro del género del llamado rock nacional argentino.[36][37]​ A los 14 años sus amigos Carlos López y Daniel Paz lo incentivaron a estudiar guitarra con el cantante Litto Nebbia, con quién entabló una amistad, llegando a componer canciones y a tocar en boliches como El Corralón en el barrio de Balvanera.[38]

Refiriéndose a la importancia del rock en su vida, Fernández ha dicho que “Soy un hijo del rock nacional” y que “Me influenció más Bob Dylan que Perón”.[36]​ El bigote que usa se debe a la identificación que siente con su máximo referente musical, Litto Nebbia, considerado como el padre del rock nacional argentino, quien fue uno de los maestros que le enseñaron a tocar la guitarra.[36]​ Su perro, a su vez, se llama Dylan en homenaje a Bob Dylan. Entre sus máximas preferencias musicales también incluyó a la banda argentina setentista Arco Iris, liderada por Gustavo Santaolalla.[36]

Antes de 2019, dos canciones de Fernández, «El sueño del piano», dedicada a Litto Nebbia, y «Contracara»,[39]​ fueron grabadas profesionalmente por Daniel López en su álbum El sueño del piano (2006).[36]

Y no dejes que este tiempo sea tu dueño
Cuando el fantasma del dolor ronda el lugar
Que se caigan los que siembran la miseria
Pero que no calle el canto del juglar.

Y cuéntanos que dice el viento a esta hora
Si la lluvia nos va permitir volar
Y cuéntanos cuántas ganas te han quedado
De encontrar la balsa para ir a naufragar.
"El sueño del piano", Alberto Fernández.[40]

Asimismo, la banda Super Ratones lo contó como músico invitado en el álbum Super Ratones (2008), tocando la guitarra en el tema "El último verano".[41]

El diario UNO Entre Ríos publicó una nota sobre la veta artística de Fernández, que incluye la interpretación (guitarra y segunda voz) del tema «Madre escúchame» de Litto Nebbia en el Café Monserrat, junto a Daniel López.[42]

Inicios en política

Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete junto al expresidente Raúl Alfonsín. Durante la presidencia de Alfonsín, se desempeñó como subdirector de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Economía.

En 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue designado subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, bajo la gestión de Juan Vital Sourrouille.[9]​ Se desempeñó como asesor del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.[11]​ Durante este periodo participó del ala renovadora del Partido Justicialista, organizada por José Manuel de la Sota y Antonio Cafiero que nació luego de la derrota en las elecciones legislativas de 1987, y que luego perdería las internas para las elecciones presidenciales de 1989 ante Carlos Menem.[31]

En 1989, bajo la presidencia de Carlos Menem, fue designado superintendente de Seguros de la Nación, cargo ejercido hasta 1995, seis meses antes de la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo.[43]​Durante este periodo fue presidente de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina entre 1989 y 1992, cofundador de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, negociador por Argentina en la Ronda Uruguay del GATT y en el Grupo de Servicios Financieros del MERCOSUR, y experto en Seguros del ALADI.

En 1996 fue designado bajo la gobernación de Eduardo Duhalde, presidente de Gerenciar Proyectos y Administración Sociedad Anónima, una compañía dependiente del Banco Provincia de Buenos Aires que ofrecía servicios de transparencia en los negocios. En 1997 las empresas donde el accionista y gerenciador era el Banco Provincia se organizaron en un holding, el Grupo Bapro, siendo su primer presidente el extitular del banco Rodolfo Frigeri.[44]​ Fernández ejerció entre el 11 de diciembre de 1997 y el 22 de diciembre de 1999 como vicepresidente, y hasta su renuncia el 1 de julio de 2000 como uno de los directores.[45]

En 1998 fue designado tesorero de la campaña presidencial de Eduardo Duhalde para las elecciones de 1999, donde lo derrotaría el candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa.[45]​ Durante ese periodo fue uno de los fundadores y coordinador del Grupo Calafate, junto a Duhalde, José Octavio Bordón, Cristina Fernández de Kirchner, Esteban Righi, Eduardo Valdés, Carlos Tomada, Mario Cámpora y Julio Bárbaro, entre otros, un think tank peronista del ala progresista del partido, que estaba en contra del intento de "re-reelección" y las políticas neoliberales del entonces presidente Carlos Menem[46]​ que apoyó primero la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde y luego la del gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, quien lo designó jefe de campaña, a quien conoció en 1998 por medio de un amigo en común, Eduardo Valdés.[31][8][47][48]​ Al año siguiente fue designado director del Programa de Transparencia en las organizaciones Públicas y Privadas de la Universidad de Buenos Aires.[49]

En 1999 fue precandidato a vicejefe de Gobierno, secundando a Jorge Argüello, en ese entonces legislador porteño,[50]​ perdiendo la candidatura del Partido Justicialista frente al exministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.[51]​ Posteriormente con dirigentes del PJ porteño como Alberto Iribarne y Julio Vitobello creó la agrupación "Peronismo que suma", el ala no menemista del partido, que se aliaría con el exministro de Economía Domingo Cavallo. En las elecciones porteñas de 2000 fue electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la alianza Encuentro por la Ciudad, liderada por Domingo Cavallo como candidato a jefe de Gobierno, quien salió segundo con el 33,20 % de los votos, ocupando el undécimo lugar de la lista.[31]

Jefe de Gabinete de Ministros

Mandato de Néstor Kirchner (2003-2007)

El presidente Néstor Kirchner junto al canciller Jorge Taiana y al jefe de Gabinete, Alberto Fernández en 2007.

Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003, Fernández fue convocado como jefe de Gabinete[52]​ y su banca en la Legislatura porteña quedó para la actriz Elena Cruz, que apoyaba con sus declaraciones al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.[53]​ Fue impugnada por algunos sectores políticos que pidieron no fuera admitida en el cuerpo pero la impugnación fue rechazada por 21 votos negativos, 10 positivos y 13 abstenciones, por lo que el 18 de septiembre de 2003 prestó juramento para asumir el cargo.[54]

Su vicejefe de Gabinete fue el extitular de la Casa de la Moneda, Juan Carlos Pezoa.[55]​ El presidente Kirchner traspasó la secretaría de Medios a la Jefatura de Gabinete, cuyo titular fue el publicista Enrique Albistur.[56]​ Entre las primeras medidas del gobierno de Kirchner se encuentra la remoción de la cúpula de las Fuerzas Armadas mediante el retiro del 75 % de la conducción[57]​ y de la Policía Federal Argentina, Fernández mencionó que el presidente busca un «recambio generacional».[58]​ Además solicitó al Congreso Nacional el juicio político de miembros de la Corte Suprema afirmando que «no pretende negociar ninguna sentencia con (el presidente de la Corte) Julio Nazareno a cambio de impunidad».[59][60]​ Finalmente Nazareno renunció el 27 de junio antes de que la cámara de Diputados votara el pedido de juicio político por mal desempeño en su cargo[61]​ y fue reemplazado por Eugenio Zaffaroni.[62]

En abril de 2003 la ciudad de Santa Fe pasó por una inundación tras el desborde del río Salado lo que provocó la evacuación de 150 000 personas. Fernández realizó una reunión de gabinete donde se decidió otorgar subsidios y aumentar a 300 pesos argentinos las jubilaciones y pensiones de los damnificados.[63]​ En política exterior, Fernández afirmó que «la política exterior argentina debe ser abierta a todo el mundo y tener como epicentro a Brasil»[64]​ y se reunió con el entonces presidente del Fondo Monetario Internacional Horst Köhler manifestando que «la Argentina cumplió en exceso los objetivos que se ha propuesto y que le pidió el FMI»[65]

El 25 de junio de 2003 dio su primer informe de gestión ante el Congreso, en este caso ante la cámara de Senadores, solicitando «un trabajo conjunto entre el Gobierno y el Parlamento» para «construir un estado inteligente».[66]

El 17 de octubre de 2003 la diputada Elisa Carrió denunció que el Gobierno ejercía «presión sobre la prensa» para evitar la emisión de un informe en el programa de Jorge Lanata, Día D, sobre supuestas irregularidades en el PAMI. Fernández rechazó dicha acusación.[67][68]

El 14 de noviembre de 2003, el Congreso aprobó el presupuesto 2004, en el que se incluyó otorgar poderes al jefe de Gabinete para reestructurar partidas presupuestarias sin estar sujeto a la ley de Administración Financiera del Estado.[69]​ El 20 de noviembre, Fernández junto al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la rescisión del contrato de concesión del Correo Argentino al grupo Macri por incumplimientos de pagos al Estado nacional y a acreedores privados.[70]

En abril de 2004, debido a la escasez de gas natural, el Gobierno argentino firmó un convenio con Bolivia para importar gas a cambio de suspender la exportación de gas a terceros países, entre ellos Chile.[71]​ El presidente de Chile, Ricardo Lagos, criticó la decisión. Fernández respondió a las críticas mencionando que «hay mucha confusión en el gobierno de Chile. Para venderle gas a Chile, la ley argentina dice que primero se debe satisfacer la demanda interna y esto no está ocurriendo».[72]​ Finalmente el Gobierno argentino presentó un plan para ampliar la capacidad de transporte y distribución de gas natural, finalizar la ampliación de la central nuclear Atucha II, y la creación de la empresa estatal ENARSA.[73]

El presidente Néstor Kirchner junto al jefe de Gabinete Alberto Fernández, y al ministro del Interior Aníbal Fernández, durante una reunión con intendentes de municipios de la provincia de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2006.

En mayo de 2004 la producción del canal estatal de televisión, Canal 7, sacó de su programación a los programas Los siete locos y El refugio de la cultura, conducidos respectivamente por Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga. Tras la polémica, Fernández aceptó que fue una equivocación y garantizó que ambos ciclos volverían al aire.[74]​ Además afirmó que «la cultura es un tema que preocupa y mucho» al gobierno.[75]

En la noche del 25 de junio de 2004, el piquetero Martín Oso Cisneros, del comedor Los Pibes del barrio porteño de La Boca, fue asesinado por un delincuente en el frente de su casa.[76]​ En forma de protesta piqueteros de la federación de Tierra y Vivienda, dirigida por Luis D'Elía, tomaron la comisaría 24 de La Boca de la Policía Federal.[77]​ El Gobierno de Kirchner se caracterizó por la no intervención de la Policía en la protestas sociales debido al antecedente de la masacre de Avellaneda en 2002. Ante la crecida de la protesta social, Fernández dijo «vivimos en un país donde los gobiernos y los gobernantes fueron sistemáticamente acusados de reprimir. Ahora resulta que se recuperó la comisaría y se restableció el orden sin represión de por medio y somos acusados por esto».[78]​ El 16 de julio piqueteros atacaron con fuego, palos y piedras la Legislatura porteña contra la reforma del Código de Convivencia de la ciudad sin que la policía tomara intervención.[79]​ Para Fernández fueron obra de «grupos de ultraizquierda que le dan argumentos a la derecha que reclama represión».[80]​ El 23 de julio, el ministro de Justicia Gustavo Béliz denunció que había mafias que quieren forzar su salida y acusó a la secretaría de Inteligencia (SIDE) por maniobras ilegales y corrupción en sus operaciones.[81]​ Ante estos hechos, el presidente Kirchner decidió apartar de sus cargos al ministro de Justicia Gustavo Béliz[82]​ y al jefe de la Policía Federal Eduardo Prados, luego de que se comprobara que había policías con armas el día de las protestas en la Legislatura.[83]

El 28 de julio de 2004, Nicolás Garnil, de 17 años, fue secuestrado mientras iba a una misa junto a su madre, María Susana, en la localidad de Beccar.[84]​ Garnil fue liberado luego de 20 días tras el pago de 65 000 pesos argentinos en la localidad de Garín.[85]​ Tras la liberación, Susana Garnil escribió una carta pública en donde culpa al presidente Kirchner por el aumento de la inseguridad y reclama medidas.[86]​ Fernández replicó las críticas afirmando que «no me parecen felices. Forma parte de la Argentina que descubre el dolor cuando le toca».[87]​ La oposición cuestionó los dichos de Fernández calificandolos de burla y demuestra la falta de sensibilidad ante un tema que no puede resolver.[88]​ Finalmente Kirchner traspasó la secretaría de Seguridad Interior al ámbito del ministerio del Interior.[89]

Diego Maradona, Rosario Lufrano, Alejandro Dolina y Alberto Fernández en la presentación de la nueva programación de Canal 7 en 2006.

El 12 de diciembre de 2004, Fernández viajó con la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner hacia España para entrevistarse con el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y así respaldar a la argentina frente al FMI y la renegociación de la deuda privada en default.[90]​ Ante la idea de cancelar la totalidad de la deuda con el FMI, Fernández defendió la iniciativa y señaló que «ha habido una decisión muy clara de ir bajando nuestra deuda con los organismos internacionales y no hacerlo de modo irresponsable».[91]​ El 3 de marzo de 2005, el ministro de Economía Roberto Lavagna anunció que Argentina obtuvo un 76,07 % de adhesión a la reestructuración de la deuda. Fernández afirmó que la Argentina está ante «una nueva oportunidad» y que es una prueba de que se puede salir de situaciones críticas.[92]

El 23 de febrero de 2005 la empresa Southern Winds, propietaria de LAFSA (Líneas Aéreas Federales S.A.), fue acusada de tráfico de drogas que comprometió a Martín Varsavsky, funcionarios de la compañía y a la cúpula de la Fuerza Aérea Argentina encabezada por el Brigadier General Carlos Alberto Rohde. Ante esta situación el estado argentino no renovó el acuerdo SW-LAFSA a su vencimiento en marzo de 2005.[93]​ Fernández cuestionó a la oposición de «querer involucrar al gobierno nacional en este hecho es un verdadero despropósito» y afirmó que el Gobierno «no tenía conocimiento de lo que pasaba».[94]

El 17 de abril de 2005, Fernández fue elegido presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, sonando para una posible candidatura a jefe de Gobierno en 2007.[95][96]

El presidente Néstor Kirchner, frente al jefe de Gabiente Alberto Fernández, toma juramento a Romina Picolotti como secretaria de Ambiente el 10 de julio de 2006.

El 10 de julio de 2006, el presidente Néstor Kirchner traspasó la secretaría de Medio Ambiente y la secretaría de Deportes al ámbito de la jefatura de Gabinete.[97]

El 31 de enero de 2007 la ministra de Economía Felisa Miceli desplazó de sus funciones en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a Clyde Trabuchi, directora de Estadísticas, y a Graciela Bevacqua, directora de Índices de Precios al Consumo y a cargo de la medición de la inflación.[98]​ La oposición tomó al hecho como una intervención al organismo y denunció presiones a Bevacqua para que modifique el índice de la inflación.[99]​ Fernández atribuyó las críticas a «maniobras políticas» y que «fue manipulada en su presentación por (el diario) Clarín».[100]​ La inflación de enero de 2007 fue del 1,1 % según el INDEC, mientras que mediciones privadas calcularon un aumento del 2,1 %.[101]​ Economistas como Abel Viglione, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el diputado Claudio Lozano, y Camilo Tiscornia, de Castiglioni y Tiscornia, coincidieron en hubo modificaciones en el método para medir la inflación.[102]

La presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete Alberto Fernández, el ministro de Planificación Federal Julio de Vido y el futuro ministro de Economía Martín Lousteau en una reunión de Gabinete durante la transición presidencial de 2007.

El 10 de julio de 2007 la secretaria de Ambiente Romina Picolotti fue denunciada por el diputado nacional del ARI Adrián Pérez de «malversación de bienes públicos y defraudación» al estado nacional tras una investigación publicada en un artículo del diario Clarín del periodista Claudio Savoia[103]​ por manejos irregulares en la contratación de personal y en la administración del presupuesto, específicamente en «contratar a familiares y amigos con sueldos mayores a 8000 pesos argentinos mensuales, desviar fondos a la fundación ArgenInta y viajar en aviones privados».[104]​ Ante las acusaciones, Fernández dijo que Picolotti es una «funcionaria honesta y de bien», y si hay irregularidades será «el primero en tomar medidas».[105]​ Al día siguiente, Picolotti presentó un informe de gestión ante Fernández.[106]​ Luego Fernández brindó una conferencia de prensa junto a Picolotti donde aseguró que «todas las barbaridades que se dijeron son falsas» y afirmó que «son una clara operación política». Sostuvo que «del total de 306 nuevos contratados en la gestión, el 78 por ciento tiene formación universitaria» y justificó los nombramientos del hermano de la funcionaria, Juan Picolotti, como jefe de Gabinete de la secretaría, y de la prima hermana de Picolotti, Valeria Yaryez, como coordinadora social de la cuenca Matanza-Riachuelo, en que cuentan con experiencia en el área ambiental. Respecto de los salarios, señaló que no se registran sueldos de 12.000 pesos ni de 25.000 pesos. Sobre los viajes en aviones privados, Fernández dijo que Picolotti nunca utilizó estos servicios, y defendió la derivación de fondos presupuestarios a la fundación ArgenInta al ser «controlada por la Sindicatura General de la Nacion y por la Auditoría General de la Nación ninguno de los dos organismos ha formulado observaciones».[107]​ Posteriormente calificó al artículo de Savoia de estar lleno de «imbecilidades» y de ser una «pseudo investigación» el trabajo y un «pseudo periodista» su autor.[108]​ La Auditoría General de la Nación aclaró que no avaló las contrataciones porque todavía no ha aprobado ningún informe.[109]​ La Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas (ADEPA) brindó un comunicado donde rechazó las palabras de Fernández contra Savoia[110]​ mientras que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) publicó una solicitada pública a Fernández en la que reclama una «inmediata retractación y un pedido de disculpas» a Savoia.[111]​ En diciembre de 2008 Romina Picolotti renunció a la secretaría de Ambiente. En agosto de 2014 la jueza María Servini de Cubría procesó a Picolotti por "administración fraudulenta" y fue embargada por 450 000 pesos argentinos. Fernández afirmó que «no conocía el manejo de la caja chica» de la secretaría y que Picolotti «debe rendir cuentas por los actos».[112]

El jefe de Gabinete Alberto Fernández presta su juramento ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 10 de diciembre de 2007.

El 13 de julio de 2007 Fernández fue designado director titular en representación del Estado en el directorio de Papel Prensa Sociedad Anónima, encargada de la producción de papel para diarios.[113]​ El 16 de julio Fernández designó a Jorge Rivas, presidente del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, como vicejefe de Gabinete.[114]

Mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2008)

El jefe de Gabinete Alberto Fernández toma juramento a su equipo. De izquierda a derecha: Carlos Fernández (secretario de Presupuesto), Juan Manuel Abal Medina (hijo) (secretario de Gestión Pública), Enrique Albistur (secretario de Medios) y Romina Picolotti (secretaria de Ambiente).

Fernández fue designado jefe de campaña de la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones de 2007.[115]​ El 10 de diciembre de 2007, Néstor Kirchner fue sucedido en el cargo de presidente por su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien mantuvo a Fernández en su cargo.[116]

Fernández junto a representantes del campo, durante el conflicto.

El 11 de marzo de 2008, el ministro de Economía Martín Lousteau anunció la resolución 125/2008 estableciendo un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación y sujetando su aumento de acuerdo a la evolución de los precios internacionales.[117]​ Al día siguiente las cuatro organizaciones del sector empresario de la producción agro-ganadera en la Argentina (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina) anunciaron un paro que duró 129 días.[118]​ Fernández fue el encargado del diálogo con la Mesa de Enlace, para intentar destrabar un conflicto que terminó con la renuncia del ministro Lousteau el 24 de abril,[119]​ el envío del proyecto de ley al congreso y el posterior rechazo por parte del senado el 18 de julio, tras el voto negativo del vicepresidente Julio Cobos.[120][121]

Tras el rechazo en el senado de ese proyecto oficialista comenzaron a circular rumores sobre la renuncia a su cargo.[122]​ Finalmente Alberto Fernández presentó su renuncia el 23 de julio de 2008 para «permitir que se oxigene la gestión de Cristina Fernández de Kirchner»[123][124]​ en una carta donde solicita la renovación del Gabinete y rubricada por la palabra «sinceramente».[125][126]​ Fue sucedido en su cargo por Sergio Massa, quien se tomó licencia como intendente municipal de Tigre.[127]

Etapa como opositor al gobierno kirchnerista

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernández y Sergio Massa, tras la jura de este último al cargo de jefe de Gabinete, el 23 de julio de 2008.

Luego de su renuncia, se alejó del kirchnerismo y se convirtió en uno de sus críticos, en especial del discurso «épico» de Cristina Fernández de Kirchner, de medidas como el cepo cambiario, el memorándum de entendimiento Argentina-Irán y de sucesos como la tragedia de Once, a la vez que defendió la gestión de Néstor Kirchner.[128]​ En septiembre de 2008 Fernández pidió al Gobierno «recurrir a otras mediciones» de la inflación y que el Indec necesita una elucidación para «sacar las dudas».[129]​ En diciembre de 2008 defendió el proyecto de Kirchner pero que «necesita corregir cosas y cambiar para reencauzar el rumbo extraviado».[130]​ En una conferencia de prensa para alumnos de periodismo en noviembre de 2009 declaró que le gustaría ser presidente en 2011 y se autoseñaló como persona idónea para el cargo.[131]​ En enero de 2010 Fernández acusó a Cristina Kirchner de «presionar jueces» y reclamó «políticas eficaces» contra el delito.[132]​ En 2012, al cumplirse dos años de la muerte de Néstor Kirchner, calificó su presidencia como «positivos» y afirmó que Fernández de Kirchner «tiró por la borda todo lo que hizo Néstor».[133]​ En 2013 afirmó que el proyecto oficialista de reformar la justicia es «un intento para subordinarla al Poder Ejecutivo»[134]​ y que su democratización es una «mentira».[135]

El 20 de agosto de 2009 Fernández fue removido de la presidencia del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires y fue reemplazado por el legislador porteño Juan Manuel Olmos.[136][137]​ En marzo de 2010 anunció que se presentaría como candidato a presidente en las elecciones de 2011.[138]​ El 27 de octubre de 2010 falleció el expresidente Néstor Kirchner. Fernández afirmó: «he perdido un amigo; tengo un dolor inmenso. Perdimos al mejor presidente de la democracia».[139]​ En agosto de 2011, tras la victoria de Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones primarias, Fernández se declaró oficialista, anunció sus intenciones de ser candidato presidencial en 2015 y afirmó que «voté a Cristina a pesar de las diferencias».[140]​ El 13 de marzo de 2012 Alberto Fernández era entrevistado por el periodista Marcelo Longobardi en su programa de C5N Longobardi en vivo cuando su transmisión fue interrumpida.[141]​ Fernández calificó al hecho de «penoso» y afirmó que la producción recibió «llamados de funcionarios del gobierno y una orden de la dirección del canal».[142]

El 24 de mayo de 2012 fundó su propio partido, el Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE).[143]​ Para las elecciones legislativas de 2013 Fernández sonaba como candidato a Senador nacional por la ciudad de Buenos Aires.[144]​ En 2013 se suma al Frente Renovador.[145]​ En 2015 colaboró en la campaña de la candidatura presidencial de Sergio Massa[146][147][148]​ y en 2017 fue jefe de campaña de la candidatura a senador por Buenos Aires del exministro del Interior Florencio Randazzo por el Frente Justicialista Cumplir.[149]

Elecciones presidenciales de 2019

Reconciliación con el kirchnerismo y candidatura

Durante 2018 regresó al kirchnerismo, llamando a la unidad y al debate, convirtiéndose en el vocero de la expresidenta Cristina Kirchner.[12]​ En enero de 2018 Alberto Fernández se reunió con Fernández de Kirchner luego de diez años en busca de acercar posiciones. Afirmó: «Lo tomé más como un reencuentro humano que político porque cada uno sigue pensando lo que piensa».[13]​ En enero de 2019 Fernández brindó una entrevista al diario La Nación donde menciona que todavía mantiene sus críticas, definiendo al primer mandato de Fernández de Kirchner como «progresista» y al segundo de una «gestión débil», pero que se encontró con «una Cristina más reflexiva», y que es posible un acuerdo con el exjefe de Gabinete Sergio Massa.[150]​ En febrero de 2019 fue nombrado integrante de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista.[151]​ El 9 de mayo Cristina Kirchner presentó su libro Sinceramente en la Feria del Libro de Buenos Aires. En dicha presentación, Cristina Kirchner agradeció a Fernández la idea de escribir un libro en donde repasa su vida y su presidencia.[152][153]

El 18 de mayo de 2019 Fernández de Kirchner anunció su fórmula electoral con Alberto Fernández como precandidato a presidente y ella misma como precandidata a la vicepresidencia para las elecciones de 2019.[154]​ El 20 de mayo Fernández afirmó que revisaría las sentencias sobre las investigaciones por corrupción de exfuncionarios del Gobierno kirchnerista.[155]​ Su primer acto de campaña fue en la provincia de Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner, hermana del expresidente.[156]​ El 31 de mayo se reunió con el expresidente de Uruguay José Mujica, al que calificó de «un viejo amigo», y el candidato presidencial oficialista Daniel Martínez.[157]​ El 3 de junio Fernández fue internado en el Sanatorio Otamendi en un principio por un control médico[158]​ pero finalmente permaneció 48 horas por una afección pulmonar.[159]

Fernández votando en las elecciones PASO, 11 de agosto de 2019.

Con respecto a las sentencias por supuesta corrupción, dictadas durante el gobierno de Macri contra opositores políticos, sostuvo que debían revisarse aquellas que carecían de sustento jurídico.[155]​ También se pronunció a favor de apoyar los proyectos legislativos de despenalización del aborto,[160]​ la restauración de los ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud y Trabajo, la creación de los de Vivienda y de la Mujer, el control de capitales golondrinas, la desdolarización de tarifas de servicios públicos y la eliminación de retenciones a la exportación de productos que agreguen valor agregado.[161]​ En política exterior, apoya la salida dialogada de la crisis política de Venezuela, revisar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea y un acercamiento hacia Rusia y China.[162]

El 12 de junio Alberto Fernández y Sergio Massa llegaron a un acuerdo para formar una alianza llamada Frente de Todos.[163]​ Tras el acuerdo, Massa retiró su candidatura presidencial y anunció que se presentará como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.[164]​ El 27 de junio Fernández se reunió con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional Alejandro Werner en el que reclamó una reformulación del acuerdo alcanzado entre el FMI y el Gobierno de Mauricio Macri.[165]​ El 4 de julio visitó al expresidente de Brasil Lula Da Silva, preso por corrupción y lavado de dinero.[166]​ El 10 de julio Fernández fue citado por el juez Claudio Bonadio como testigo en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.[167]​ El 17 de julio se reunió con la cúpula de la Confederación General del Trabajo, recibiendo su respaldo y prometiendo que no habrá reforma laboral.[168]​ El 23 de julio Fernández realizó un acto en la localidad de Temperley, donde se comprometió a promover una ley para otorgar medicamentos de forma gratuita a jubilados.[169][170]​ El 28 de julio durante una entrevista para el programa El Destape de Roberto Navarro anunció que dejará de pagar los intereses de las Leliq (Letras de liquidez del Banco Central) para financiar un aumento del 20 % en las jubilaciones.[171]​ El 7 de agosto Fernández cerró su campaña en la ciudad de Rosario junto a su precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner y firmó un compromiso con 19 gobernadores peronistas.[172][173]

Alberto Fernández, durante la conferencia del 14 de agosto de 2019, realizada luego del llamado que tuvo con el presidente Mauricio Macri.

El 11 de agosto, Alberto Fernández obtuvo el primer puesto en las elecciones primarias de 2019, con el 47,78 % de los votos, frente al 31,79 % del presidente Mauricio Macri.[174]​ Tras su victoria, la cotización del dólar pasó de 45 a 63 pesos y las acciones de empresas argentinas en Wall Street cayeron un 62 %.[175]​ El presidente Mauricio Macri, en conferencia de prensa, culpó a Alberto Fernández y a los votantes por lo que pasó.[176]​ El 14 de agosto Fernández y Macri mantuvieron una conversación telefónica.[177]​ Tras su finalización, Fernández brindó una conferencia de prensa donde afirmó que ayudará a Macri a terminar su mandato y que no hay riesgo de default.[178]​ Tras la llamada, el dólar bajó hasta los 59 pesos.[179]

El 30 de agosto se reunió con la Mesa de Enlace. El 3 de septiembre viajó a la ciudad de Madrid, España, para brindar una charla sobre comunicación política en la Universidad Camilo José Cela.[180]​ El 5 de septiembre se reunió con el presidente del Gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.[181][182]​ También lo hizo con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.[183]​ De la misma manera sostuvo una reunión con Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y directivos del diario El País, la agencia EFE y otro grupo de empresarios españoles.[181][184][185]​ Al día siguiente se trasladó a Lisboa, en Portugal, para reunirse con el primer ministro de Portugal, António Costa.[186]​ El 18 de septiembre Fernández se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno donde se comprometió a desarrollar proyectos por un valor de 6000 millones de dólares.[187]​ El día 20 viajó hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para reunirse con el presidente Evo Morales[188]​ y al día siguiente se reunió en Lima con el presidente de Perú, Martín Vizcarra.[189]

El 24 de septiembre se reunió en la ciudad de Mendoza con gobernadores y candidatos a gobernadores del Partido Justicialista, comprometiéndose a crear en cada provincia «capitales alternas», ciudades donde se reunirá el gabinete nacional para analizar los problemas locales.[190]​ El 2 de octubre mantuvo una reunión con la cúpula de la Unión Industrial Argentina, donde le entregaron un documento con propuestas.[191]​ El 7 de octubre, Fernández presentó, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el «plan Argentina sin hambre» que incluye la creación de un Consejo Federal y de un Fondo Federal de Alimentación, dar estatus de ley al programa Precios Cuidados, la devolución del Impuesto al Valor Agregado a familias en situación de vulnerabilidad y la sanción de una ley de Góndolas.[192]​ El 13 de octubre, Fernández participó del primero de los dos debates presidenciales, en la Universidad Nacional del Litoral, donde acusó al presidente y candidato de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, de «sacarle plata a los que trabajan, a los jubilados» y de que parte del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional «se lo llevaron sus amigos». Además mencionó que el Mercosur «está abandonado» y que no se conocen los detalles del acuerdo con la Unión Europea, y propuso terminar con el hambre y crear un ministerio de la mujer.[193]​Durante el segundo debate obligatorio, el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Fernández criticó a Macri por dictar normas para favorecer a sus familiares y la corrupción dentro del grupo de empresas de su familia, presidida por el empresario nacido en Italia Franco Macri, fallecido en marzo de 2019,[194]​ y reiteró su propuesta de terminar con el hambre y crear un ministerio de Vivienda.[195]​ El 24 de octubre Fernández cerró su campaña en la ciudad de Mar del Plata junto a Fernández de Kirchner y un grupo de gobernadores peronistas.[196]

El 27 de octubre, Alberto Fernández triunfó en las elecciones con el 48,24 % de los votos frente al 40,28 % del presidente Mauricio Macri, resultando electo presidente en primera vuelta.[197]​ En su discurso de agradecimiento, Fernández afirmó que «lo único que importa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas», prometió «construir la Argentina igualitaria que soñamos», y recordó a Néstor Kirchner en un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en 2010: «gracias Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo».[198]

Periodo de transición

El presidente saliente Mauricio Macri junto al presidente electo Alberto Fernández, en el despacho presidencial durante la reunión que tuvieron tras las elecciones del 27 de octubre.

Al día siguiente de la elección, Alberto Fernández fue invitado por el presidente saliente Mauricio Macri a reunirse en la Casa Rosada para dar inicio a la transición,[5]​ donde tuvieron una reunión cordial en donde Fernández definió quienes coordinarán el equipo de transición: Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, Gustavo Béliz y Vilma Ibarra.[199]

El 29 de octubre, Fernández participó del acto de reasunción de Juan Luis Manzur como gobernador de Tucumán.[200]​ El 1 de noviembre participó en la Universidad Nacional de Tres de Febrero de una charla sobre "Cultura, política y capitalismo tardío" junto al expresidente uruguayo Pepe Mujica.[201]​ Al día siguiente viajó hacia México, donde estuvo una semana, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, y cenar con empresarios de ese país, entre ellos Carlos Slim, en la búsqueda de mejorar el intercambio comercial con ese país.[202]​ Ese mismo día mantuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quién lo felicitó por su triunfo electoral y le prometió ayuda en las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional.[203]

El 8 de noviembre Fernández visitó la sede de la Confederación General del Trabajo, donde realizó un homenaje a los sindicalistas Saúl Ubaldini y José Ignacio Rucci.[204]​ El 9 de noviembre inauguró el segundo encuentro del Grupo de Puebla, en Buenos Aires, donde mencionó que se encontraba feliz por la liberación de Lula da Silva, a quien lo había visitado en prisión en julio de 2019, y que colaborará por la paz en el país vecino de Chile, debido a las protestas sufridas desde el mes de octubre.[205]​ El 11 de noviembre tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, Alberto Fernández denunció un golpe de estado contra el exmandatario[206]​ y mantuvo una conversación telefónica con el presidente Macri donde le solicitó otorgarle asilo a exfuncionarios del gobierno de Morales.[207]

El 13 de noviembre, el Congreso en Asamblea Legislativa reconoció los resultados definitivos de las elecciones y proclamó electos presidente y vicepresidente a la fórmula Fernández - Kirchner.[208]​ El 14 de noviembre, Fernández visitó la capital de Uruguay, Montevideo, donde se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y con el candidato oficialista Daniel Martínez, a quien manifestó su apoyo para las elecciones presidenciales.[209]​ Al día siguiente regresó a Buenos Aires donde presidió la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre junto a su coordinador Daniel Arroyo, el conductor de televisión Marcelo Tinelli, la abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y organizaciones sociales.[210]

El 18 de noviembre, Fernández visitó a Fernández de Kirchner, vicepresidenta electa, en su departamento del barrio porteño de Recoleta, tras su regreso de su viaje a Cuba donde visitó a su hija Florencia, que recibe tratamiento médico en dicho país.[211]​ El 19 de noviembre mantuvo una conversación telefónica con la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva, donde le manifestó la intención de hacer un acuerdo de pago que incluya no hacer ajuste fiscal.[212]​El 25 de noviembre se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, donde reiteró su voluntad de tener una relación madura y respetuosa con ese país.[213]​ El 27 de noviembre mantuvo una reunión con el expresidente Eduardo Duhalde, a quien elogió por su actuación al frente del país tras la crisis de diciembre de 2001.[214]​ El 30 de noviembre se reunió con el exdiputado radical Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, donde se comprometieron ambos a cooperar «en un clima de armonía y trabajo».[215]

El 6 de diciembre, Fernández presentó a su gabinete que lo acompañaría en la primera etapa de su gobierno: Santiago Cafiero (jefe de Gabinete), Felipe Solá (Canciller), Eduardo de Pedro (Interior), Martín Guzmán (Economía), Luis Basterra (Agricultura), Juan Cabandié (Ambiente), Roberto Salvarezza (Ciencia), Tristán Bauer (Cultura), Agustín Rossi (Defensa), Matías Kulfas (Producción), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), María Eugenia Bielsa (Vivienda), Nicolás Trotta (Educación), Marcela Losardo (Justicia), Elizabeth Gómez Alcorta (Equidad), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Ginés González García (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Mario Meoni (Transporte) y Matías Lammens (Deportes).[216]​ El 8 de diciembre, Alberto Fernández y Mauricio Macri presenciaron una "misa por la unidad y la paz" convocada por la Conferencia Episcopal Argentina en la basílica de Luján, con motivo del día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.[217]

Traspaso de mando

El presidente electo Alberto Fernández jura a su cargo, ante la mirada de la presidenta provisional del Senado Claudia Abdala Ledesma, la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti, la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

El 10 de diciembre a las 11:57 hora de Argentina, Alberto Fernández juramentó su cargo como presidente de la Nación Argentina, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente recibió de manos del presidente saliente Mauricio Macri el bastón y la banda presidencial.[218]​ Tras la jura, el presidente brindó un discurso de una hora de duración, donde convocó a «la unidad de todos los argentinos en pos de la construcción de un contrato de ciudadanía social para superar el odio, el hambre y el despilfarro» y mencionó que «arreglar los problemas económicos va a llevar un tiempo», debido al estado de la situación económica, que describió brevemente.[219]​ En su discurso reivindicó las tradiciones políticas de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.[220]

Entre las primeras medidas, mencionó la creación de un Consejo Económico y Social,[221]​ la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia,[222]​ el envío de un conjunto de leyes para reformar la justicia,[223]​ la puesta en marcha del Plan contra el Hambre,[224]​ un plan para la re activación de la obra pública y otro de regulación y construcción de viviendas,[225]​ la declaración de la emergencia económica, alimentaria y sanitaria,[226]​ y la re orientación de la publicidad oficial hacia la educación.[227]

El presidente Alberto Fernández recibe del presidente saliente Mauricio Macri el bastón de mando.

Posteriormente se dirigió hacia la Casa Rosada para recibir a las delegaciones extranjeras en el Salón Blanco, entre ellas la presencia de los presidentes extranjeros Tabaré Vázquez (Uruguay), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Miguel Díaz Canel (Cuba), además de representantes del resto del mundo, y tomó juramento a sus ministros y secretarios en el Museo Casa Rosada.[228]​ Hacia el final del día brindó un discurso de agradecimiento a los presentes en un escenario dispuesto al frente de la Casa de Gobierno, donde llamó a la unidad para «poner a la Argentina de pie» y que su gobierno «privilegiará a los más débiles», sostuvo que el peronismo no se dividirá «nunca más» porque la oposición «se hará fuerte», y que «quienes creyeron en esas políticas (por el gobierno de Macri) espero que entiendan que es un sistema que solo beneficia a unos pocos» y pidió «recordar al pasado para no repetirlo».[229]

El momento preciso en que Fernández inició su mandato presidencial está discutido: en 2015 la jueza Servini estableció que los mandatos presidenciales comienzan a las 0:00 horas del día 10 de diciembre, pero algunas fuentes señalan que ese fallo no se aplica a la presidencia de Alberto Fernández, y establecen el inicio de su mandato en el momento en que recibió los atributos presidenciales de manos de Mauricio Macri, aproximadamente unas doce horas más tarde el mismo día.[230]

El 11 de diciembre, en su primer día como mandatario, Fernández participó de los actos de asunción del exministro de Economía Axel Kicillof como gobernador de Buenos Aires,[231]​ de Omar Perotti en Santa Fe y de Gustavo Bordet en Entre Ríos.[232]

Presidencia

Política exterior

El presidente Alberto Fernández junto al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel en el salón Eva Perón de Casa Rosada.

El 11 de diciembre, en su primer día como primer mandatario, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa de Gobierno al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, el ministro de Comunicación de Venezuela Jorge Rodríguez Gómez, y una delegación de Estados Unidos encabezada por el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Michael Kozak y el embajador de ese país en Argentina Edward Prado.[233]

Cuestión de las islas Malvinas

El 3 de enero, el gobierno, a través de la Cancillería, emitió un comunicado donde reafirmó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur al cumplirse 187 años de la «ocupación ilegal por parte del Reino Unido», así como también instó a ese país a «reanudar el proceso negociador bilateral» para hallar «una solución pacífica y definitiva a la disputa».[234]​ Al respecto, el presidente Alberto Fernández manifestó que las Malvinas son «una tierra a la que nunca vamos a renunciar y siempre vamos a reclamar como propia».[235]

El 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Fernández afirmó «nuestro hogar común tiene una herida sangrando en lo más profundo de nuestro sentimiento soberano, la usurpación de las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur» y anunció el envío de tres proyectos de ley para «afianzar la soberanía territorial de la Argentina»: la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, y la modificación del Régimen Federal pesquero para endurecer las sanciones a buques que practiquen la pesca ilegal en aguas bajo jurisdicción argentina, incluido las islas Malvinas.[236]

Relaciones con Bolivia

El 12 de diciembre arribó al país el expresidente de Bolivia Evo Morales, luego de dejar México donde permanecía tras su renuncia el 10 de noviembre, a quién se le concedió asilo político con estatus de refugiado.[237]

El 27 de febrero, The Washington Post publicó un informe basado en una investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que analiza las elecciones presidenciales realizadas el 20 de octubre en Bolivia, y, basado en la evidencia estadística, afirma que es «muy probable que Morales superase el margen de 10 puntos porcentuales en primera vuelta», al ver que «no hay un cambio repentino de votos hacia Morales luego de que se detuviera el conteo ni una distancia grande con su competidor más cercano», el expresidente Carlos Mesa, por lo que concluye que «no hay respaldo estadístico para los reclamos de fraude electoral» y que "las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos».[238][239]​ Tras la publicación del informe, el presidente Alberto Fernández señaló que «en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y de la oposición», y cuestionó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al gobierno de Macri por su complicidad «ante semejante atropello».[240]

Relaciones con Chile

El 22 de diciembre, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista al programa La Cornisa del canal América, donde se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad de Chile durante las protestas desde el mes de octubre, al afirmar que «recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando (el presidente de Venezuela Nicolás) Maduro, después de una manifestación apresó 800 personas. (El presidente de Chile Sebastián) Piñera metió presas a 2500 personas y nadie dijo nada» y agregó «tengo el mejor trato con Piñera y si puedo ayudar en algo, los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance. Pero seamos justos, digamos todo».[241]​ Tras sus dichos, el gobierno de Chile, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó al gobierno argentino «la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países».[242]

El 5 de febrero, en un conferencia de prensa en París, Francia, el presidente Fernández criticó a políticos e intelectuales que se referían al «milagro chileno» por la estabilidad económica de Chile, «el milagro es que los chilenos no reaccionen, que no adviertan lo que les está pasando. Un día los chilenos se dieron cuenta y reaccionaron», y en cuanto a las protestas, fueron «un llamado de alerta» y pidió «respetar la institucionalidad» y que «nada justifica el alzamiento contra la democracia».[243]

Relaciones con Venezuela

El 5 de enero, fuerzas de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela impidieron el ingreso a la Asamblea Nacional de 40 diputados opositores, entre ellos Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, evitando que parte de la oposición de ese país participe de la votación para elegir nuevas autoridades, donde el diputado oficialista Luis Parra se autoproclamó presidente.[244]​ El hecho fue condenado por los gobiernos de Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, España y Portugal, además de la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima,[245]​ a la que se sumó el gobierno de Argentina, que decidió no apoyar el comunicado del Grupo de Lima,[246]​ pero sí emitir un comunicado de la cancillería donde «lamenta los hechos de hostigamientos hacia diputados y periodistas al ingresar al recinto» y llama a recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela.[247]

El ratificado presidente de la Asamblea venezolana Juan Guaidó agradeció el apoyo, en especial de Argentina «que señaló el atropello contra el parlamento venezolano»,[248]​ mientras que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el oficialista Diosdado Cabello, dijo que Argentina deberá revisar su postura y señaló que «no necesitamos de Argentina ni de su canciller. Ellos verán de qué lado se acomodan, si de los pueblos o de los arrastrados».[249]

Gira europea de 2020

El presidente Alberto Fernández en conferencia de prensa con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu.

El 23 de enero el presidente Alberto Fernández realizó su primer viaje al exterior, junto al canciller Felipe Solá y al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, a la ciudad de Jerusalem en Israel, para participar de la 75.º conmemoración de la liberación del campo de concentración de Auschwitz junto a otros 40 líderes del mundo.[250]​ Al día siguiente se reunió con el presidente israelí Reuven Rivlin y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, donde ratificó su compromiso de esclarecer los atentados de la AMIA (1994) y de la embajada de Israel (1992) y pidió un «nunca más contra cualquier genocidio»,[251]​ mientras que Netanyahu prometió «fortalecer la amistad y aprovechar las oportunidades» y le felicitó por mantener la clasificación de Hezbollah como organización terrorista,[252]​ medida tomada por el expresidente Macri en 2019[253]​ y que cuestionaba Fernández por ser Hezbollah un partido político reconocido en Líbano.[254]​ A su regreso a la Argentina, Fernández se refirió al conflicto israelí-palestino al mencionar que Argentina reconoce «la existencia de los dos Estados y siempre propició la convivencia pacífica» y deseó que Israel logre «la paz con sus vecinos y especialmente con el pueblo palestino».[255]

El presidente Alberto Fernández saluda al papa Francisco antes del inicio de la reunión en el Palacio Apostólico.

El 31 de enero, el presidente Fernández comenzó una gira europea, primero visitando al papa Francisco en la ciudad del Vaticano, en una reunión que duró 44 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico.[256]​ Luego el mandatario en conferencia de prensa mencionó que «el Papa va a hacer lo que pueda hacer para ayudarnos. El Papa es un argentino preocupado por su patria y por su gente», sobre la grieta «el Papa comparte una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos»; en cuanto al proyecto de despenalización del aborto, Fernández afirmó que «no se tocó el tema»,[257]​ sin embargo la oficina de Prensa de la Santa Sede emitió un comunicado donde afirma que se habló de «la protección de la vida desde su concepción».[258]​ Luego del comunicado, el propio presidente manifestó que el tema del aborto se habló no con el papa sino con el secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin, quien le manifestó «su preocupación por el tema y me recordó que la posición de la iglesia siempre es la defensa de la vida desde la concepción».[259]​ Tras la aclaración, la oficina de Prensa de la Santa Sede emitió un nuevo comunicado donde consta que algunos de los temas «han sido examinados en el curso del encuentro con la Secretaría de Estado, otros en el marco del encuentro con el Santo Padre».[260]​ Al día siguiente, el presidente brindó una entrevista a Radio 10 donde afirmó «todos saben cuál es mi posición, que no es en contra de la Iglesia (por estar a favor de la legalización). Es una posición de salud pública. Con el Papa el tema ni lo rocé. El secretario de Estado hizo una mención para 'fijar soberanía'.»[261]​ Posteriormente se reunió con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y con el presidente Sergio Mattarella, quienes le manifestaron su apoyo para «resolver el problema de nuestra deuda».[262]

El 1 de febrero, Fernández visitó la sede central de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde se reunió con el director general Qu Dongyu quien le ofreció que los técnicos de la FAO trabajen con el ministerio de Desarrollo Social en «pos de mejorar las condiciones para que la Argentina alimente adecuadamente a los argentinos y para que la alimentación llegue a todos los argentinos».[263]​ El 3 de febrero llegó a Berlín, Alemania donde desayunó con empresarios alemanes, mencionó que Argentina es «un paciente en terapia intensiva», realizó un pedido de comprensión y ayuda, y se comprometió a mantener la disciplina fiscal y a flexibilizar el cepo cambiario, y anunció que mandaría un proyecto de ley al congreso para promover las inversiones en el yacimiento petrolero Vaca Muerta,[264]​ y visitó la sede mundial de la automotriz Volkswagen, quienes anunciaron una inversión de $800 millones de dólares para desarrollar un nuevo modelo en la planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires.[265]

El presidente Alberto Fernández saluda a la canciller Angela Merkel tras la conferencia de prensa conjunta.

Hacia la tarde se reunió con la canciller Angela Merkel, que afirmó que ambos países son «socios estrechos» y sabe «que la Argentina no se encuentra en una situación económica fácil, y por eso es importante pensar cómo desde Alemania, desde Europa, podemos apoyarlos, y ayudarlos», prometió su respaldo a la propuesta argentina de reprogramar hasta 2024 los vencimientos de deuda con el FMI y reclamó por la deuda con la empresa Hochtief por el congelamiento de tarifas en el peaje del puente Rosario-Victoria que fue llevado a juicio ante el CIADI en 2016 por un valor de $13 millones de dólares,[266]​ la construcción de la represa Chihuido, la situación política de América Latina y la puesta en marcha del acuerdo UE-MERCOSUR;[267]​ mientras que el mandatario considera a Alemania «un modelo que miramos de cerca», expresó su deseo de «reforzar estas relaciones de amistad» y espera «seguir fortaleciendo» el camino entre la Unión Europea y el Mercosur.[268]

El 4 de febrero viajó hacia Madrid, España donde se reunió con el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, quienes le transmitieron «la solidaridad del Gobierno español para superar la difícil situación económica y social que vive la Argentina, así como el respaldo en el proceso de renegociación de la deuda» y que esta reunión significó un «importante impulso a las relaciones bilaterales, ahora de la mano de dos gobiernos progresistas».[269][270]​ Luego el presidente Fernández confirmó que el dirigente radical Ricardo Alfonsín será el embajador en España.[271]

El 5 de febrero fue su última parada, en París, Francia, donde se reunió con empresarios de 39 compañías francesas, quienes manifestaron su preocupación por el cepo cambiario y por la parálisis de la obra pública[272]​ y se reunió con el presidente Emmanuel Macron, quien apoyará el proyecto de renegociación de deuda al afirmar «que Francia lo acompañará y se movilizará con el FMI y otros socios para ayudar a la Argentina a volver el camino del crecimiento y de una deuda sostenible» y que «la situación económica de Argentina es un tema de preocupación, pero también de movilización»; además se refirió a un reclamo del grupo francés Suez con el gobierno de la provincia de Santa Fe por el servicio de agua potable, la posición de Argentina sobre la crisis de Venezuela y el acuerdo UE-MERCOSUR.[273]

Política económica

El 15 de enero, el INDEC publicó la inflación del mes de diciembre de 2019, que fue del 3,7%, cerrando el año 2019 con una inflación acumulada del 53,8%.[274]​ El 13 de febrero, el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor (IPC) del mes de enero de 2020, que fue del 2,3%, el menor valor desde julio de 2019 cuando fue del 2,2%, esto debido a la implementación del programa Precios Cuidados, el no aumento en las cuotas de la medicina prepaga y en combustibles y el congelamiento de los precios de los medicamentos, de tarifas de servicios públicos y del transporte.[275]​ El 12 de marzo, el IPC de febrero fue del 2%, la menor en dos años, pero los alimentos y bebidas crecieron más que el promedio, con 2,7%.[276]

Política laboral

La cartera de Trabajo quedó a cargo de Claudio Moroni, funcionario de confianza del presidente Fernández.[277]​El 14 de diciembre el gobierno estableció mediante un decreto de Necesidad y Urgencia la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses y la doble indemnización por despido sin causa justa[278]​ y, mediante el decreto 36/2019, suspendió el decreto 788/2019 firmado por el expresidente Macri que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos del Estado.[279]​ El 17 de febrero, el ministro Moroni aseguró que el 11 de junio de 2020 no se prorrogará la doble indemnización.[280]

El 23 de diciembre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la reducción de la tasa de los créditos que otorga del 42% al 31%, y que quienes hayan solicitado un préstamo no pagarán las cuotas de enero, febrero y marzo de 2020.[281]

El 4 de enero mediante el decreto 14/2020, el gobierno estableció un aumento salarial de $4000 pesos, $3000 pesos en febrero y $1000 pesos en marzo, a todos los trabajadores del sector privado, siendo una suma fija remunerativa a cuenta de futuros incrementos.[282]

El 11 de febrero, el gobierno, a través del decreto 132/2020, definió que «no se podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias por un plazo de 180 días» en el sector público nacional.[283]

Política en transporte y energía

El 29 de diciembre YPF, empresa petrolera estatal, anunció un incremento del 5 % en el precio de los combustibles a partir de la medianoche, decisión acordada por el directorio de la gestión anterior y anunciada por el nuevo presidente de la empresa Guillermo Nielsen.[284]​ Esta medida, luego de su anuncio, fue pospuesta por el presidente Fernández.[285]​ El 2 de marzo, YPF aumentó entre 12 y 15 centavos el litro de nafta, un incremento del 0,24 %.[286]

El 2 de enero, el ministro de Transporte Mario Meoni anunció el congelamiento de las tarifas de los servicios de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires por un periodo de 120 días.[287]​Posteriormente la media fue extendida a las restantes provincias del país.[288]

En lo que respecta al transporte aéreo, Meoni aseguró que el gobierno no buscaba desplazar a las empresas low cost del mercado nacional pero si que les exigirán cumplir con rutas que no son «100 % rentables».[289]​ En la empresa estatal Aerolíneas Argentinas asumió la dirección Pablo Ceriani,[290]​ quien había sido segundo de Mariano Recalde durante su gestión al frente de la aerolínea (2009-2015).

Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva

El presidente Alberto Fernández con 22 de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El 13 de diciembre, el presidente Alberto Fernández convocó mediante un decreto a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 13 y el 31 de diciembre de 2019,[291]​ para tratar la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, un proyecto de 88 artículos que faculta al Poder Ejecutivo a declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020; prorroga el presupuesto 2019, establece un impuesto del 30 % sobre la compra de dólares estadounidenses, suspende la movilidad jubilatoria por 180 días, fija un nuevo esquema de retenciones a la exportaciones, aumenta el impuesto sobre los bienes personales, crea un plan de regularización de deudas para las pequeñas y medianas empresas, revisa el cuadro tarifario del sistema energético e interviene los entes reguladores de electricidad y del gas.[292][293][294]​ El 20 de diciembre, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados por 134 votos afirmativos y 110 negativos[295]​ y un día después fue aprobada por el Senado por 41 votos afirmativos, 23 negativos y una abstención.[296]

El 17 de diciembre mantuvo una reunión con 22 de los 23 gobernadores de las provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes firmaron la suspensión provisoria del Consenso Fiscal 2017.[297][298]

El 28 de diciembre se reglamentó a través del decreto 99/2019 la ley de Solidaridad estableciendo el impuesto del 8% en servicios digitales adquiridos con moneda extranjera y la suspensión del impuesto al 30% a la compra de pasajes de transporte a países limítrofes.[299]

Conflicto por las retenciones

El 15 de diciembre a través del decreto 37/19 se dejó sin efecto el esquema de retenciones de 4 pesos por dólar exportado establecido por el gobierno de Mauricio Macri, comenzando a regir la alícuota de 12 % en los derechos de exportación, lo que elevó las retenciones a la soja del 24 % al 30 %, y del 6,7 % al 12 % en trigo y maíz.[300]​ La medida generó rechazo dentro de las entidades del campo, y llevó a una reunión de emergencia de la Mesa de Enlace, que nuclea a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, la Federación Agraria (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quienes descartaron un paro sino reunirse con el gobierno para lograr un entendimiento,[301][302]​ mientras que sociedades rurales del interior como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la Asociación Rural de Saliqueló y la Fundación Barbechando expresaron su rechazo[303]​ y hubo asambleas en Armstrong, San Justo, Venado Tuerto, Crespo, Junín y Mercedes, donde decidieron esperar la decisión de la Mesa de Enlace.[304]​ Al respecto, el presidente Alberto Fernández les solicitó al sector que «todos deben hacer un esfuerzo» y que «no estamos aumentando ninguna retención».[305]

El 19 de diciembre, los productores del norte del país, nucleados en la Mesa de Enlace Regional NOA-NEA, decidieron un paro de comercialización de granos y hacienda de 48 horas en rechazo a la suba de retenciones,[306][307]​ mientras que hubo protestas a los lados de las rutas nacionales 9, 34 y 38 en la provincia de Santa Fe.[308]​ Durante la medida, el gobierno anunció la inclusión de un artículo en la ley de Solidaridad, que establece la suba del derecho de exportación del 30 al 33% para la soja y del 12 al 15% para el trigo y el maíz,[309]​ para beneficiar a los pequeños productores y cooperativas.[310]

El 22 de diciembre, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Agricultura Luis Basterra se reunieron con la Mesa de Enlace, donde no se llegó a un acuerdo y llevaron una contrapropuesta de establecer un sistema de reintegros.[311][312]​ A pesar del diálogo, el 27 de diciembre los productores eligieron una marcha de tractores como modo de protesta en las ciudades de Bell Ville y Rosario.[313]​ El 3 de enero la Mesa de Enlace realizó una asamblea en la ciudad cordobesa de Río Cuarto donde ratificaron el estado de «alerta permanente» y que «agotarán las instancias de diálogo» con el gobierno.[314]

El 17 de febrero, en una reunión de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas pidió una fecha para concretar un cese de comercialización, Coninagro definió que no es momento de un paro, la Federación Agraria Argentina consideró que «no es momento de medidas extremas» pero aclaró que «el gobierno no cumplió sus promesas de segmentación de retenciones», y el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, rechazó cualquier intervención sobre el mercado de trigo porque «cada vez que intervinieron lograron el efecto opuesto al deseado. No terminan de entender que los productores no somos formadores de precios. No es por el lado de intervenir que van a lograr frenar el alza de precios».[315]​ El 19 de febrero, la Mesa de Enlace se reunió en la sede de la CRA para definir si convocarían a un cese de comercialización,[316]​ medida desestimada tras una comunicación telefónica con el ministro Basterra, quien los convocó a una reunión para el miércoles 26.[317]

El domingo 23, el gobierno anunció que el presidente Fernández decidiría el aumento de tres puntos en las retenciones a la soja el día de la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.[318]​ El presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, advirtió que la medida «tensaría aún más» la relación entre el gobierno y las entidades, y afirmó que un paro «es una posibilidad».[319]

El miércoles 26, el gobierno cerró el registro para inscribir exportaciones de granos, conocido como Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior.[320]​ Ese mismo día, el ministro Basterra y los integrantes de la Mesa de Enlace se reunieron, dejando en suspenso el aumento de tres puntos, que no se anunciaría en el discurso del presidente,[321]​ y la Mesa de Enlace terminó postergando una medida de fuerza.[322]

El viernes 28, el presidente Alberto Fernández se refirió a los reclamos al afirmar «yo les dije que no íbamos a tomar una medida sin consultarlos; por eso le pedí a (ministro de Agricultura) Luis Basterra que lleve adelante la reunión para discutir cómo seguir adelante», pidió comprensión a los sectores agrícolas porque «lo que el campo debe entender es la situación del país, donde el Fondo Monetario Internacional está diciendo que no estamos en capacidad de pagar nuestras deudas. No puede ser que a uno le pidan que supere el déficit fiscal, pero que nadie quiera aportar nada», y planteó que en los reclamos «hay una actitud de los empresarios del campo y veo otra cosa en los autoconvocados, que tienen una finalidad política. Como opositores tienen todo el derecho del mundo de manifestarse en contra, pero se tienen que presentarse como opositores. No es lo mismo que hable un presunto chacarero a que hable un militante encubierto. Eso está inducido por los dirigentes de Cambiemos y del PRO concretamente».[323]

En un comunicado, la Red Nacional de Productores Autoconvocados señaló «nuestra lucha por terminar con la confiscación no tiene banderas políticas», recordaron que durante el gobierno de Mauricio Macri también emitieron declaraciones críticas por las retenciones, y fustigaron «no debemos dar explicaciones a nadie para luchar contra la confiscación, ya no de la renta sino de nuestro capital». Alejandro Dalmaso, de autoconvocados de Altos Fierro, dijo «nosotros no tenemos ninguna bandera política y basta con llegar a cualquier asamblea para ver que no hay banderas de ningún partido político, de ningún sector interviniendo en ninguna toma de decisiones».[324]

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández anunció la intención de incrementar las retenciones a la soja, del 30% al 33%.[325]​ Al mismo tiempo, cerca de 100 productores agropecuarios de San Pedro, Baradero, Zárate, San Antonio de Areco, Lobos, Navarro y Exaltación de la Cruz, realizaron una asamblea en la ciudad de San Pedro y pidieron a la Mesa de Enlace un cese de comercialización de granos por 15 días y la suspensión del pago de impuestos.[326]​ El 3 de marzo, el ministro Basterra se reunió con la Mesa de Enlace y anunció la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a las exportaciones de soja,[327]​ medida oficializada el 5 de marzo en el Boletín Oficial.[328]

En respuesta, los dirigentes de la Mesa de Enlace convocaron a un cese de comercialización de granos y hacienda por 96 horas, entre el lunes 9 y el jueves 12 de marzo. El presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, justificó la medida porque «los productores no estamos en condiciones de seguir asumiendo más carga tributaria, que se suma a una presión impositiva ya de por sí asfixiante. Esta presión creciente compromete seriamente la actividad de pueblos y ciudades del interior, poniendo en jaque a innumerables pymes agropecuarias, comerciales e industriales de todo el país y destruyendo empleo directo e indirecto». En tanto, Confederaciones Rurales Argentinas mencionó que «la respuesta de los gobernantes sigue siendo la misma, frente a su incapacidad de solucionar los temas estructurales, y se repite en nuestra historia como si obedeciese a leyes naturales. Retenciones, derechos de exportación, en definitiva, más impuestos».[329]​ El titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velazco, señaló que durante el paro «se va evitar vender lo que es hacienda gorda y grano, y el viernes (13 de marzo) se normalizará la comercialización» y que «va a haber un alto acatamiento porque el campo está enojado» porque «no son los tres puntos de la soja. Es por la presión impositiva que sufre el campo y el sector privado. Todo el sector político tiene que entender que tienen que parar la mano con los impuestos y dejar de seguir exprimiendo al sector privado. Nunca achican el Estado y cada vez es más caro de mantener».[330]

Tras el anuncio del paro, el presidente Fernández decidió dar por terminada la negociación con la Mesa de Enlace, y afirmó «ellos saben que tenemos razón, este tema está terminado».[331]​ El senador Óscar Parrili señaló «qué raro que el primer paro que le decretan a este gobierno venga de dónde viene, precisamente del sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina», y subrayó «es un orgullo que esos sean los primeros que nos ataquen, porque esto demuestra que estamos en la senda correcta, gobernando para terminar con los privilegios»,[332]​ mientras que el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, dijo «no aprendemos más. Con este 1% de parásitos que viven de la renta extraordinarias que es de todos, si no los barremos de una vez, no avanzamos».[333]

El 9 de marzo, al inicio del paro, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Raedemaeker, dijo que «la medida de fuerza se está desarrollando dentro de los parámetros previstos» y que «no vamos a cortar rutas ni impedir el paso de camiones. No se pretende molestar al resto de la sociedad. Sólo vamos a no vender y no comprar».[334]​ El ministro Basterra afirmó que «ya se dialogó suficiente. Esperaremos a que termine la medida de fuerza, que claramente es política», mientras que el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Navarro, mencionó que «en este momento se requiere sensatez y prudencia. Hay un gran componente político-ideológico en esta decisión, y comprendo que algunos puedan no creerle al Gobierno, pero estamos en un momento de emergencia absoluta. Hay que generar una relación constructiva con el sector agropecuario».[335]

El presidente Alberto Fernández opinó sobre el paro agropecuario y afirmó «la verdad que uno podría pensar que es muy violento hacer un paro por cuatro días cuando el resto del agro se beneficia», diferenció la situación actual con el paro patronal de 2008 ya que «esta vez, no es la (resolución) 125. Estamos cumpliendo con la ley que nos impone hacer lo que hicimos, subir las retenciones de soja, teniendo en cuenta al pequeño chacarero», y elevó un pedido a los dirigentes del campo «quisiera que reflexionen. Ojalá en algún momento se den cuenta de que este no es el camino».[336][337]

Quita de puntos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires

El 9 de enero, el gobierno anunció que analiza una quita de la coparticipación federal de impuestos a la ciudad de Buenos Aires de al menos un punto, equivalente a más de $30 mil millones de pesos argentinos,[338]​ al retrotraer el aumento otorgado por el gobierno de Mauricio Macri a través de un decreto en 2016, que pasó del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de parte de la policía Federal al ámbito de la ciudad,[339]​ y que posteriormente se redujo a 3,5% tras la firma del Consenso Fiscal 2017 con las 24 jurisdicciones.[340]

La medida ya fue analizada durante la campaña presidencial de 2019, luego del primer debate, cuando Fernández cuestionó la desproporción de la distribución al afirmar que «el presupuesto de parques y plazas de la Capital es igual al presupuesto de todo el municipio de La Matanza».[341]​ A través de la redes sociales, dirigentes opositores manifestaron su rechazo, entre ellos la exministra Patricia Bullrich que afirmó «cambiar las reglas de juego es una clara extorsión» y el legislador Gabriel Solano que dijo «el objetivo no será favorecer al interior, sino hacer un nuevo ajuste para pagar la deuda».[342]

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ratificó su «vocación de mantener el diálogo con el gobierno nacional» y que «su responsabilidad es garantizar el buen funcionamiento de la ciudad»,[343]​ mientras que el presidente Fernández afirmó que «está todo bien con la ciudad, estamos conversando. Todos saben que tenemos que ajustar y ordenar cuentas, y vamos a trabajar juntos».[344]​ Posteriormente el jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmó que «no se ha tomado aún la decisión» y que a la ciudad «se les dio un privilegio apenas se inició el gobierno de Macri. Y eso es cuestionable, porque es un privilegio a la ciudad más rica del país».[345]

El 16 de febrero, el gobierno, mediante el decreto 145/2020, derogó el decreto 740/19 que facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a otorgar bienes inmuebles del Estado nacional «a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación pecuniaria que haya asumido el Estado nacional con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires», y ordenó a la AABE la revisión de todas las operaciones realizadas entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019 que implicaron la cesión de inmuebles y terrenos a la Ciudad de Buenos Aires, ante la detección de «vicios que puedan implicar su nulidad», así como «eventuales hechos o actos ilícitos». [346]​ El gobierno de la Ciudad defendió la cesión de inmuebles al distrito ya que «no hay nada que haya sido un invento de los últimos meses. Están los expedientes administrativos de todas las cesiones, son procesos muy largos que en algunos casos terminaron muy sobre la fecha de entrega del poder».[347]

Política sanitaria

El presidente Alberto Fernández con el ministro de Salud Ginés González García durante un informe de situación, en enero de 2020. Acompañan el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

En diciembre de 2019 el ministro Ginés González García declaró que su gestión tendrá cuatro ejes: «equidad, calidad, acceso y jerarquización de las trabajadoras y los trabajadores».[348]

El 16 de diciembre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud Ginés González García se reunieron con representantes de las cámaras farmacéuticas y acordaron una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos, manteniendo su valor hasta el 31 de enero de 2020.[349]​ Posteriormente el 27 de enero, los laboratorios Cilfa, Caeme y Cooperala y el ministro González García decidieron extender el acuerdo hasta el 15 de febrero del mismo año.[350]​ El 17 de febrero se extendió el acuerdo hasta el 29 de febrero.[351]

El 7 de enero, el ministerio de Salud dispuso la intervención del hospital Posadas durante 180 días para «garantizar su funcionamiento» debido a la acefalía en su dirección tras la renuncia de sus autoridades.[352]

El 14 de febrero, el gobierno derogó el decreto 591/2019 firmado por el expresidente Macri, que flexibilizaba los requerimientos para ingresar basura de otros países al no ser obligatorio la presentación de un certificado del país de origen de esos desechos que acreditara que no se tratan de residuos peligrosos para el ambiente o la salud, sino que eran reciclados o recuperados para otros usos. Desde entonces el país recibió 40.000 toneladas de basura.[353]

Proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El 14 de diciembre por resolución 1/2019 del Ministerio de Salud,[354]​ dispuso la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo.[355]​ El 31 de diciembre, en una entrevista con Radio Continental, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará un proyecto de ley en 2020 para discutir la legalización del aborto, ratificó su apoyo a su aprobación, y mostró sus deseos de que haya «un debate sensato. Es un problema muy serio donde las mujeres se mueren. Y yo no quiero que se muera más nadie y no quiero hacerme el distraído. Quiero que lo tratemos con otra lógica».[356]

El 5 de febrero de 2020, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa en París, Francia, donde ratificó que enviará «una ley que termine con la penalización del aborto y que permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública», y se refirió a la problemática que en Argentina «el aborto es un delito. Es un extraño delito porque casi nunca se condena a una mujer por aborto. El problema es que todo aborto se vuelve clandestino y, en la clandestinidad, el riesgo de vida y de salud de la mujer se potencia», y afirmó «lo que no podemos poner en riesgo es la salud de la mujer que decide abortar. Yo no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer, tal vez, necesita practicarse un aborto y no tiene las condiciones de asepsia donde la atienden. Ni tiene para pagar ese aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y, a veces, matando».[357]

Además, promoverá el programa plan de los mil días, para garantizar asistencia estatal para las mujeres de bajos recursos, desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del niño en gestación, que incluye la Asignación Universal por Hijo, ayuda alimentaria y vestimenta para el niño.[358]​ En consonancia con esto, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo que «es necesario avanzar en la despenalización y después en la legalización» y que «nosotros no vamos a obligar a que las mujeres se hagan abortos. Lo que haremos es cuidar a las mamás de la condición social que sean».[359]​ La ministra Elizabeth Gómez Alcorta afirmó que «se está trabajando en un proyecto de legalización» y que «es decisión del presidente» cuándo se presentará la iniciativa.[360]

El 6 de febrero, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina convocó para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a una misa por la vida frente a la basílica de Luján, en rechazo del proyecto para despenalizar el aborto, donde se pedirá «por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural», bajo el lema «sí a las mujeres; sí a la vida».[361]

El 19 de febrero, Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, se realizó por tercer año consecutivo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en más de 100 ciudades de todo el país y cuya marcha principal fue frente al Congreso bajo el lema «vamos todos a la calle, que el aborto sea legal en todas partes» con un «pañuelazo federal por el aborto legal, seguro y gratuito».[362]

El 20 de febrero, en una entrevista a Radio La Red, el ministro de Salud Ginés González García mencionó la posibilidad de que el poder Ejecutivo envíe dos proyectos, uno para el aborto y otro para la protección de la mujer durante el embarazo, e incluir en el proyecto sobre el aborto la objeción de conciencia «siempre y cuando se garantice que se cumpla el caso, se contemplará. Una institución religiosa, no necesariamente católica, se puede negar» y agregó que el proyecto «tiene que ser una iniciativa más que equilibrada» porque «hay que preservar la cuestión de fondo: que deje de ser un delito, que haya un acceso igualitario y sin las víctimas».[363]

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández se refirió al rol del Estado en relación con el aborto, «debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud» y que «toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos», manifestó que «desde 1921, la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo»; y anunció que «en los próximos diez días» presentará un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo «que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar», el lanzamiento de un nuevo programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado, y del Plan de los mil días para «garantizar la salud y el cuidado de la mujer embarazada y de sus hijos en los primeros años de vida».[364]

El arzobispo de La Plaza, monseñor Víctor Manuel Fernández, criticó las palabras del presidente, «me duele muchísimo que primero cite a Francisco y luego hable de hipocresía para referirse a los que defienden la vida desde la concepción».[365]​ mientras que la exdiputada Elisa Carrió opinó sobre la elección de fechas para tratar el proyecto ya «que marzo y abril son meses sagrados para las religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo y musulmanes. Que en esas fechas traten el tema del aborto es un horror. Y todo con la bendición de nuestro Papa Francisco».[366]​ En tanto, el diputado radical y presidente del partido Alfredo Cornejo presentó una iniciativa para que se convoque a un referéndum sobre la cuestión del aborto y así la ciudadanía se exprese por o no a la interrupción voluntaria del embarazo y a la modificación de la ley de Educación Sexual Integral.[367]

El 8 de marzo, la Conferencia Episcopal Argentina realizó una misa en Luján por el Día Internacional de la Mujer, y rechazó el proyecto para legalizar el aborto. Allí su presidente, monseñor Óscar Ojea, afirmó que «no es lícito eliminar ninguna vida humana, como afirma nuestra Constitución Nacional» porque «la vida es el primer derecho y sin él no puede darse ninguno más», y pidió respeto al pensamiento de la Iglesia y de «millones de argentinos que, como enseña la ciencia médica, tienen la convicción de que hay una vida desde la concepción y que una persona distinta de su madre va desarrollándose en su seno» ya que «es injusto y doloroso llamarlos antiderechos o hipócritas».[368]​ El arzobispo de la diócesis de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, comentó que «la discusión que se va a encarar sobre el aborto no puede empezar de cero. Los debates que se hicieron en 2018 fueron genuinos, aportaron mucha información y hay que tenerlos en cuenta».[369]

El 9 de marzo, una marcha multitudinaria se celebró desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso para exigir el fin de los femicidios, la aprobación del proyecto de interrupción legal del embarazo y la igualdad en el trabajo. Una de las oradoras mencionó «en 2018, un puñado de senadores hizo que no salga nuestra ley» y pronosticó «en 2020, vamos a impedir que esto vuelva a suceder. Unidas y en las calles tenemos que conquistar que sea ley».[370]

El 12 de marzo, el Gobierno de Alberto Fernández dispuso postergar el envío de la iniciativa debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus.[371]

Brote de sarampión y dengue

A fines de enero de 2020, el país pasó a estar en riesgo de una epidemia de dengue, que afectaba al 80% del territorio de Paraguay, 200 casos en Bolivia y la mitad de los estados de Brasil en estado de alerta, y que en 2019 hubo tres millones de infectados, de los cuales 3200 fueron en Argentina. El ministerio de Salud aún no informaba de la evolución local del dengue pero las provincias del norte reforzaban sus controles fronterizos. La mayoría de los casos eran importados, personas que volvieron de Paraguay.[372]

El 23 de enero, en una recopilación del Diario La Nación, se confirmó la infección de 7 personas, que se suman a 35 en Misiones, 11 en Entre Ríos, dos en Jujuy, 6 en Formosa, 22 en la ciudad de Buenos Aires y 18 en la provincia de Buenos Aires.[373]

El 13 de febrero, el Boletín Epidemiológico Semanal de la ciudad de Buenos Aires informó que, en lo que va del año, hay el triple de casos de dengue que en las primeras cinco semanas del 2019, llegando a 179 casos en 2020 contra 66 en 2019.[374]

El 20 de febrero, se dio a conocer las primeras muertes por sarampión, de una mujer de 50 años, siendo la primera muerte por esa enfermedad desde 1998, y por dengue, de un hombre de 74 años, ambos residentes de la provincia de Buenos Aires. El ministro González García aseguró que «no hay problemas de vacunas contra el sarampión en la Argentina» y que «hay que acercarlas a la gente», y agregó que en ambos casos se trataban de pacientes «muy vulnerables».[375]

El 27 de febrero el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó la segunda muerte por dengue, una mujer de 69 años que había regresado de Paraguay el 21 de febrero.[376]​ Además, informó que la provincia, desde enero, ya tiene 152 casos confirmados de dengue, de los cuales 117 son importados, pacientes que viajaron a Paraguay, Bolivia, Colombia y las provincias de Formosa, Misiones y Salta; y que desde septiembre de 2019, hay 118 casos de sarampión pero que en las últimas tres semanas de febrero no se reportaron nuevos casos.[377]

En su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández señaló que el brote de sarampión es «un ejemplo para entender la gravedad del deterioro» del estado de situación del país. Según el Boletín Integrado de Vigilancia del 27 de febrero de 2020, desde agosto de 2019, se reportaron 4984 casos sospechosos, con 144 casos confirmados de sarampión y un fallecido. En el caso del dengue, hay 4089 casos sospechosos, de los cuales 748 son confirmados, y dos fallecidos.[378][379]

Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020

Mapa de provincias con casos confirmados de COVID-19 (hasta el 7 de abril de 2020):
     Sin casos confirmados     1~9 casos confirmados     10~49 casos confirmados     50~99 casos confirmados     100~499 casos confirmados     ≥500 casos confirmados

A fines de enero de 2020, China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la existencia de un nuevo virus de la familia de los coronavirus que infectó a 62 personas y provocó la muerte de dos en la ciudad de Wuhan.[380]​ En ese momento, la Cancillería argentina recomendó a quienes viajen a China para los festejos del año nuevo chino evitar «el contacto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas, asistir a lugares con presencia de animales de granja o salvajes, e ingerir alimentos crudos».[381]

El 25 de enero, el ministerio de Salud estableció un protocolo para los centros de salud del país en caso de sospechar que un paciente presente como síntomas tos, fiebre, dificultad para respirar, decaimiento y dolor de cabeza, y en vuelos, para que el pasajero informe a la tripulación sobre sus síntomas y su debido traslado y atención al Hospital Interzonal de Ezeiza.[382]​ El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró entonces que «el riesgo de que (el coronavirus) llegue a la Argentina es muy bajo» pero agregó que estamos «en alerta máxima». [383]​ El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública internacional por el brote epidémico de coronavirus.[384]​ Ante esta medida, el ministro González García recomendó evitar viajar a China y reiteró la existencia de un protocolo para quienes procedieran de ese país.[385]​No obstante, según algunos medios periodísticos, varios argentinos que regresaban de Beijing, aseguraron que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin ningún tipo de control sanitario.[386]​ Esto generó un pedido de informes al ministerio de Salud de la diputada Marcela Campagnoli, sobre los recaudos tomados para prevenir y atender posibles casos en el país; en respuesta, la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que «está demostrado que la toma de temperatura en los aeropuertos es un control muy poco específico; no es la recomendación de la OMS».[387]

Hacia fines de febrero, la epidemia se aceleró con un aumento considerable de víctimas fuera de China, en Corea del Sur, Irán e Italia, este último con vuelos directos a la Argentina;[388]​en razón de esto, el ministerio de Salud instaló carteles con recomendaciones y fortaleció los controles a los pasajeros que llegaron a Ezeiza, quienes debieron firmar una declaración jurada de síntomas y de itinerario de viaje,[389][390][391]​ medida criticada por el exsubsecretario de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Trivisonno, argumentando que «las personas pueden mentir y decir que no tuvieron ningún síntoma por miedo a quedar encerradas en cuarentena». Por su parte, el médico sanitarista Ignacio Katz afirmó que «no estamos preparados para recibir una epidemia. Quizás el hospital de Ezeiza tenga una sala de aislación, pero, si uno recorre el resto de los hospitales, verá que estos no los tienen», ya que el país no aplicó los consejos de la OMS en 2016 de que todos los hospitales tengan espacios de aislamiento.[392]

El 3 de marzo, el ministerio de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina, un hombre de 43 años que había estado entre el 19 y el 29 de febrero en Italia,[393]​ con residencia en la Ciudad de Buenos Aires, al presentar tos, fiebre y dolor de garganta.[394]​ El presidente Alberto Fernández se refirió al primer caso, «al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos», y afirmó que «no deberíamos alarmarnos. Sí estar atentos».[395]​ Luego de la publicación del primer caso, se elevó la demanda en farmacias y hubo falta de stock en productos relacionados con la higiene como el alcohol en gel, mascarillas y toallas húmedas, algunos con hasta un aumento en su precio del 200%.[396]

El 6 de marzo, el ministerio de Trabajo de la Nación estableció una licencia excepcional por 14 días para los trabajadores públicos y privados que regresen a la Argentina de países con brote de coronavirus (China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania), para que puedan realizar una cuarentera voluntaria.[397]​ El ministerio de Educación de la Nación también emitió una resolución para que estudiantes, docentes y personal no docente que hubieran viajado a zonas afectadas no asistan a las escuelas por 14 días.[398]

Ante la noticia de que varios casos llegaron de Italia, Aerolíneas Argentinas decidió la cancelación de doce vuelos entre Argentina e Italia para el resto del mes de marzo,[399]​ mientras que otras aerolíneas ofrecieron facilidades para el cambio y la devolución de los pasajes.[400]​ En tanto, algunas empresas privadas restringieron los viajes de sus trabajadores a países de Europa y Asia, y a los Estados Unidos.[401]​ El 7 de marzo, se confirmó la primera muerte por coronavirus, un hombre de 64 años, el cual vivía en la Ciudad de Buenos Aires, y había regresado de Francia el 25 de febrero; tenía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal, y su cuadro fue agravado por el coronavirus; siendo la primera muerte en América Latina.[402]​ El ministerio de Salud incluyó a los Estados Unidos y a todos los países de Europa en la lista de áreas de transmisión sostenida del virus junto a China, Irán, Japón y Corea del Sur, por lo que toda persona que llegó proveniente de esos países debieron realizar la cuarentena domiciliaria voluntaria de 14 días.[403]​ Tres días más tarde, la Organización Mundial de la Salud subió la calificación del coronavirus de epidemia a pandemia, y pidió a los países que «tomen acción de manera urgente y agresiva».[404]

El 12 de marzo, el presidente Alberto Fernández realizó su primera cadena nacional desde el despacho presidencial, donde explicó los alcances del decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 que establecía la extensión de la emergencia sanitaria a un año, la obligatoriedad de la cuarentena para los pasajeros que provengan de las zonas afectadas, la suspensión por 30 días de los vuelos internacionales de países donde circule el virus, con excepción de Aerolíneas Argentinas que podrá repatriar residentes,[405]​ retrotrae el precio de venta del alcohol en gel a los valores del 15 de febrero de 2020, y su congelación por 90 días,[406]​ y otorga «facultades de acción y prevención a distintos ministerios»; advirtió que «aquellas personas que infrinjan el aislamiento establecido tendrán responsabilidades penales», resaltó la importancia de «comprender que este aislamiento preventivo resulta esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus»; y frente a los casos de coronavirus, anticipó que «vamos a seguir monitoreando al instante la evolución de esta pandemia para actualizar y tomar las medidas que hagan falta».[407]

El ministro González García dijo que «sería contraproducente cerrar los colegios» ya que «los chicos no son un grupo vulnerable. Y si no van a la escuela están en otro lado y aumenta el riesgo para los adultos».[408]​ El diputado Mario Negri pidió al Gobierno que convoque a la oposición para «abordar la emergencia de la salud» y «las consecuencias económicas» del brote de coronavirus, y tomar medidas que «ayuden a mitigar su efecto sobre la actividad y la pobreza».[409]​ El expresidente Mauricio Macri pidió «ser responsables y mantener la calma, así como a acompañar las medidas que tomó el gobierno».[410]

El 15 de marzo, en conferencia de prensa desde la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la suspensión de las clases en todo el país, el cierre de fronteras para toda persona extranjera no residente, la licencia laboral y horarios de atención específicos para todos los mayores de 60 años, y la cancelación de actividades no esenciales y de aglomeraciones, hasta el 31 de marzo; justificó las medidas porque «todo indica que tenemos que lograr minimizar la circulación del virus, que tarde lo más posible en convertirse en autóctono», remarcó «no estamos dando 14 días de vacaciones»,[411][412]​ mencionó que analiza «parar la Argentina por diez días» y recomendó «si se pueden quedar en sus casas, quédense. Si en el trabajo toleran su ausencia, quédense. Todo lo que podamos hacer para evitar circular es mejor porque el virus circula porque circulamos».[413]​ Ese mismo día, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó hacia Cuba para visitar a su hija Florencia, a pesar de ser parte de la población de riesgo por tener 67 años.[414]

El ministerio de Salud incluyó a Brasil y a Chile en la lista de países de riesgo.[415]​ El ministerio de Trabajo amplió las licencias excepcionales a mayores de 60 años, embarazadas, personas con afecciones crónicas y personas que deben cuidar a sus hijos,[416]​ y dispuso el trabajo a distancia para toda la administración pública excepto en salud, seguridad y defensa.[417]​ El ministerio de Desarrollo Social definió un bono de $3000 pesos para jubilados que perciban el haber mínimo y de $3100 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo y de la Asignación Universal por Hijo.[418]​ El ministerio de Transporte suspendió entre el 20 y el 25 de marzo los servicios de ómnibus y trenes de larga distancia y aviones de cabotaje, y estableció que, desde el 19 de marzo, todos los colectivos, trenes y subtes del área metropolitana de Buenos Aires circulen únicamente con pasajeros sentados.[419][420]​ El ministerio de Economía anunció que las empresas afectadas por el virus no pagarán aportes patronales y que habrá precios de referencia para 50 rubros de la canasta básica al 6 de marzo de 2020. [421]​ El ministerio de Educación, tras la suspensión de clases, lanzó la plataforma Seguimos Educando para la continuidad de las actividades de enseñanza, con contenidos en línea y en televisión estatal.[422]

La Corte Suprema de la Nación estableció que los tribunales no atenderán al público y darán una prestación mínima.[423]​ El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella estableció por decreto la cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo, suspendiendo toda actividad pública y privada, y prohíbe a los habitantes salir de sus viviendas salvo para comprar alimentos y medicamentos, o para otros fines excepcionales.[424]​ El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, decretó que toda persona que ingrese a la provincia deberá estar en cuarentena por 14 días.[425]

El 19 de marzo, Fernández anunció una cuarentena total a nivel nacional, en vigor desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo, más tarde extendida hasta el 12 de abril.[426][427]

El anuncio del bloqueo fue generalmente bien recibido, aunque hubo preocupación por su impacto económico en el ya delicado estado de la economía argentina, y analistas predijeron al menos una disminución del 3% del PIB en 2020.[428][429]​ Fernández luego anunció un paquete de estímulo de 700 miles de millones de pesos (US$ 11.100 millones), correspondiente a un 2% del PIB del país.[430][431][428]

El paquete incluyó un pago de emergencia por única vez de 10.000 pesos (US$ 154) a personas de bajos ingresos que se vieran afectadas por el bloqueo, incluyendo los jubilados.[432]​ Debido a que la lista de empresas que se consideran esenciales en el decreto de cuarentena de Fernández excluía a los bancos, estos permanecieron cerrados hasta que el Banco Central anunció que abrirían durante el fin de semana del 3 de abril.[433]

Debido al nivel notoriamente bajo de penetración bancaria en Argentina y a que por ende muchos argentinos, particularmente los jubilados, no poseen cuentas bancarias y están acostumbrados a retirar fondos y pensiones en efectivo,[434]​ la decisión de abrir bancos por solo tres días en un horario reducido provocó agomeraciones durante el primer día cuando miles de jubilados (el grupo de mayor riesgo del coronavirus) acudieron a las sucursales de los bancos para retirar el pago mensual de su jubilación y el pago de emergencia.[435][436]​A partir del sábado, sin embargo, la situación se normalizó con operativos destinados a organizar los pagos y minimizar el contacto social.[437][438]

Política social

Política educativa

El presidente Alberto Fernández en el lanzamiento del Plan Nacional de Lecturas.

Fernández designó a Nicolás Trotta al frente del Ministerio de Educación, a quien acompaña la pedagoga Adriana Puiggrós. Al asumir Trotta anunció que el eje de su gestión sería la universalización del jardín de infantes y la ampliación de la jornada extendida en la escuela secundaria.[439][440]

El 30 de diciembre, el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Educación Nicolás Trotta relanzó el Plan Nacional de Lecturas, la lectura de 180 cuentos en las escuelas, uno por día de clase, y la reedición de la colección Leer por Leer.[441][442]​ El 3 de enero Puiggrós anunció el relanzamiento del plan Conectar Igualdad, que consistía en la entrega de computadoras a alumnos de escuela secundaria con el fin de reducir la brecha digital.[443]​ El 30 de enero, el gobierno convocó a la paritaria nacional docente, tras dos años de su eliminación,[444]​ para discutir con los cinco sindicatos que tiene representación en todo el país (CTERA, UDA, AMET, SADOP Y CEA) el salario mínimo docente, que constituye el piso en todas las provincias.[445]​El 27 de febrero se llegó a un acuerdo por el cual se lleva el mínimo a $23.000 pesos en marzo y a $25.000 en julio, siendo un incremento del 23,5%.[446]

El área de ciencia fue elevada nuevamente a la categoría de ministerio, luego de haber sido rebajada a secretaría durante los dos últimos años de Mauricio Macri en el gobierno. Como titular fue designado el bioquímico Roberto Salvarezza, quien se había desempeñado como presidente de CONICET entre 2012 y 2015.[447]​ Tras asumir anunció el pago de un bono de $9000 pesos para el personal de CONICET para mejorar los ingresos, en especial de los becarios doctorales y posdoctorales, hasta que se determinara el aumento definitivo.[448]​ Además de garantizar que las investigaciones no se verían alcanzadas por el impuesto del 30% al dólar ni por la suspensión de la movilidad jubilatoria, estipuladas por la ley de emergencia.[449][450]​El 11 de febrero, Salvarezza anunció la duplicación de los ingresos al Conicet y un incremento del 25% en los subsidios para la investigación.[451]

La gestión de Salvarezza impulsa el trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología con otros ministerios como Desarrollo Social, Seguridad, Salud, Ambiente y Desarrollo Productivo para resolver problemas concretos de la sociedad.[452]​ Con el Ministerio de Ambiente se llegó al compromiso de que las instituciones científicas y académicas realicen monitoreos de los indicadores ambientales, además de planificar un modelo de desarrollo que luche contra el cambio climático e impulse la forestación sustentable y la agroecología.[453]​ Con el Ministerio de Seguridad se acordó aportar desarrollos de software y también investigaciones sociales sobre prevención de la violencia y diagnóstico en relación con el medio socioeconómico.[454]​ En el ámbito social, Salvarezza se comprometió a que el ministerio aporte soluciones para el programa Argentina contra el hambre.[455]

El 3 de marzo, el ministro de Cultura Tristán Bauer y la presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, María del Carmen Bianchi, anunciaron la duplicación de la inversión para que las bibliotecas populares compren libros al 50% en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.[456]

Plan Argentina contra el Hambre

El presidente Alberto Fernández en la primera reunión del Consejo Federal contra el Hambre.

El 20 de diciembre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo asistieron a la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, donde afirmó que «este plan no es el plan del gobierno, es el plan de la Argentina» y exhortó a los argentinos «a ponerse a trabajar e involucrarse todos, no importa de dónde vienen ni cómo piensan» en la lucha contra el hambre,[457]​ y estableció la entrega de una tarjeta alimentaria con hasta $6000 pesos mensuales para toda familia con hijos menores de seis años.[458][459]

El presidente Alberto Fernández en la reunión del Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad.

El 27 de diciembre mediante el decreto 73/2019 se estableció un bono de $10.000 pesos en dos cuotas mensuales para los jubilados que cobren la pensión mínima, y de $2000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.[460]​ Ese mismo día el presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de cámaras empresariales, la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores Argentinos y dirigentes de movimientos sociales, quienes firmaron el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad, donde se comprometen a «fijar consensos de largo plazo» y respaldan la negociación de la deuda ante acreedores privados.[461][462]

El 31 de diciembre venció los decretos 567/2019 y 602/2019 de eliminación del impuesto al Valor Agregado a 13 alimentos de la canasta básica establecidos por el gobierno de Mauricio Macri en agosto de 2019 tras perder las elecciones primarias. Esto provocaba la restitución del impuesto del 21% en los precios.[463]​ A partir de esto, el gobierno decidió no prorrogar el beneficio y negoció con las principales cadenas de supermercados un incremento del 7% en los valores de los alimentos, a aplicarse a partir del 2 de enero de 2020.[464][465]​ El 17 de febrero, la Administración Federal de Ingresos Públicos anunció el reintegro del IVA de hasta $700 pesos por mes a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y comprenderá únicamente a los consumos de alimentos realizados con tarjeta de débito, a partir del 1 de marzo de 2020.[466]

El 7 de enero, el gobierno relanzó el programa Precios Cuidados, que reemplaza la entonces lista de 550 artículos por una lista de 312 productos de primera marca con una reducción del 8% en sus precios, en un acuerdo con empresas y supermercados.[467][468]

El 8 de enero, el ministerio de Desarrollo Social anunció la implementación de convenios para que titulares de planes sociales trabajen en la refacción de escuelas, cobrando un plus por su trabajo.[469]

El 29 de enero, el presidente Alberto Fernández incluyó en el temario de sesiones extraordinarias al Congreso la ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia, mejor conocida como ley de góndolas, que establece que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características para así frenar conductas monopólicas y favorecer la competencia y la participación de pymes,[470]​ y que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 con 182 votos afirmativos y 17 abstenciones.[471]​ El 29 de febrero, el Senado aprobó la ley con 56 votos a favor y 4 abstenciones.[472]

El 14 de febrero, en el marco de la suspensión de la movilidad jubilatoria, el presidente Alberto Fernández anunció un aumento a jubilados y pensionados del 2,3% más una suma fija de $1500 pesos a partir de marzo, siendo un incremento del 12,96% para los que perciben la jubilación mínima que pasaría de $14.068 pesos a $15.891 pesos. Además se aumentó un 13% la Asignación Universal por Hijo, que pasa de $2746 pesos a $3103 pesos, y se anunció el lanzamiento de un programa que garantiza la gratuidad de 170 medicamentos para afiliados del PAMI.[473]​ Así, el 75% de los beneficiarios cobraba un mayor porcentaje que con la fórmula suspendida, que era del 11,56% para el trimestre marzo-abril-mayo para todos los beneficiarios, mientras que el 25% restante, que cobraba más de $16.250 pesos, recibía un aumento escalonado entre 3,8% y 9,8%.[474]​ Fernández afirmó «nos dispusimos desde el primer día a mejorar la situación de los que peor estaban y es lo que hicimos y seguimos haciendo. Es atender en este caso la situación de los jubilados» y «cuando sacamos la ley de emergencia solidaria lo que nos decían era que habíamos congelado las jubilaciones. Y ustedes se dan cuenta que nuestros jubilados han recibido en su inmensa mayoría un incremento sustancialmente superior al que les hubiera correspondido si hubiéramos aplicado la fórmula que nosotros derogamos».[475]

Desde la oposición criticaron la medida, como el diputado radical Mario Negri que mencionó «Alberto Fernández prometió un aumento del 20% para todos los jubilados. Con el anuncio de hoy, sólo los que perciben una vez la mínima cobrarán un 12% más de lo que hubieran cobrado con la fórmula anterior, $ 191. El resto, entre el 15,5% y el 54.3% menos. Eso se llama ajuste», y el diputado Nicolás del Caño dijo que «entre los jubilados y los bancos, Fernández ya eligió. Los bancos!! todo lo contrario a lo que dijo en la campaña. Una estafa política».[476]​ El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe sobre El impacto del aumento de las jubilaciones en marzo de 2020 donde «el aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5500 millones» por mes.[477]​ El presidente Fernández cuestionó que desde los medios utilicen el informe de CEPA de forma sesgada «para poder imponer esa falsa idea del ajuste».[478]

El 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social para el Desarrollo de la Argentina para «debatir y terminar con los sótanos de la democracia».[479]

Política en justicia y seguridad

El presidente Alberto Fernández junto a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, la fiscal Cristina Caamaño.

El 21 de diciembre mediante el decreto 52/2019 se establece la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por 180 días, y designa a la fiscal Cristina Caamaño como interventora[480]​ y a través del decreto 54/2019 dispuso el traspaso de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia para ser un organismo desconcentrado dependiente de la Presidencia de la Nación.[481]​y a su cargo se nombró al fiscal Félix Crous.[482]​El 14 de enero, la interventora de la AFI Graciela Caamaño firmó una resolución para reducir al mínimo la participación de la inteligencia en la investigación de causas penales.[483]​ El 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció la firma de un decreto de Necesidad y Urgencia para limitar las facultades de la Agencia federal de Inteligencia para realizar investigaciones criminales y tareas represivas, y la desclasificación de todos los archivos secretos sobre el atentado a la Amia de 1994.[484]

El 24 de diciembre, a través de la resolución 1231/2019, la ministra de Seguridad Sabina Frederic derogó los protocolos de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales en casos de delitos graves y persecuciones, adoptados por la exministra Patricia Bullrich en 2018, creó un consejo de profesionales para crear un reglamento sobre el uso de las pistolas taser y canceló el Servicio Cívico Voluntario en Valores, un programa para formar jóvenes que ni estudian ni trabajan. También se dio de baja el Programa Ofensores en Trenes, que habilitaba a las fuerzas federales a solicitar el documento nacional de identidad en las terminales de trenes para verificar antecedentes.[485][486]​ Ese mismo día, en una entrevista a Radio Metro, la ministra Frederic se manifestó a favor de la despenalización de la marihuana, al afirmar que «hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate».[487]​ Durante la campaña, el actual presidente Alberto Fernández se manifestó a favor de la iniciativa.[488]

El 12 de febrero, el presidente Fernández envió un proyecto de ley al Congreso para declarar capitales alternas a 24 ciudades de todo el país y así «profundizar la implementación de políticas de descentralización y federalización, acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el territorio nacional». Además habrá cada 30 días reuniones de gabinete en distintos puntos de Argentina y federalizar la gestión a partir del traslado de organismos y dependencias del Estado en el interior del país.[489]

Política en defensa

Fernández a bordo del ARA Almirante Irízar (Q-5).

Agustín Rossi asumió como ministro de Defensa, cargo que ya había ocupado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kichner (2013-2015). El lineamiento general del gobierno es utilizar a las Fuerzas Armadas solo ante agresiones externas y no comprometerlas en la seguridad interior.[490]​ Rossi plantea como uno de los ejes de su gestión el reequipamiento militar y la importancia de la inversión en tecnología.[491][492]

El 6 de febrero, el presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una ley contra el «negacionismo de la dictadura», similar a la ley francesa por el Holocausto, que contempla penas para quienes nieguen públicamente crímenes de lesa humanidad.[493]

El 21 de febrero, el presidente Fernández participó, en la Guarnición de Ejército «Campo de Mayo», de la ceremonia de despedida de un contigente de efectivos que participará de misiones de paz de las Naciones Unidas en Chipre. Allí resaltó que «hoy todos los oficiales de nuestras tres fuerzas han salido de la democracia. Hoy podemos decir que nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han nacido como oficiales en la democracia» y consideró que «con esto toda la Argentina debe dar vuelta una página, una página que nos distanció mucho tiempo por las inconductas de algunos».[494]

La miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, cuestionó las palabras del presidente. «Yo lamento y rechazo totalmente todas las expresiones del Presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho». Y siguió: «según él, tenemos que dar vuelta la hoja y dar por muertos para siempre a nuestros detenidos/desaparecidos, cuando costó más de 40 años la lucha».[495]​ Fernández se disculpó de sus dichos porque «han herido la sensibilidad de las víctimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mi solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables».[496]​ Tras los dichos del presidente, Cortiñas aceptó las disculpas, mencionó que en su crítica no hubo «mala intención para nada» y que al usar el término "negacionista", «desde luego que quizás fue duro el término y no lo volvería a utilizar, estamos todos un poco sensibles».[497]

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que el presidente «no debería haber pedido perdón» por sus dichos ya que fue «para alentar a los jóvenes militares que van a dar el cuerpo en otro país», criticó a Cortiñas que «es una compañera que ha perdido hijos y el dolor muchas veces nos hace pensar de determinada manera» pero que «los años a veces nos hacen equivocar», y afirmó «no nos van a ver a las Abuelas salir a decir disparates». En tanto, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también apoyó al presidente en sus dichos «porque me pareció que hubiera sido traicionar a Néstor (Kirchner). Él junto a Nilda Garré y después (Agustín) Rossi hicieron un trabajo impresionante. El cambio de planes de estudio, el cambio adentro de las fuerzas armadas».[498]​ El 27 de febrero, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a Cortiñas y al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.[499]

El 1 de marzo, el presidente Fernández anunció el ascenso post mortem de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan (S-42), naufragado el 15 de noviembre de 2017 tras sufrir una implosión, cuando se trasladaba desde la Base Naval Ushuaia hasta la Base Naval Mar del Plata.[500]

Reforma judicial y de jubilaciones de privilegio

El 27 de diciembre, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero de 2020, donde incluyó un proyecto de ley para derogar las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y el cuerpo diplomático.[501][502]

El proyecto busca eliminar todos los beneficios de las jubilaciones de privilegio que cobran jueces y diplomáticos, para que pasen al régimen general que cobran los ministros y legisladores, y así pasarían a percibir una jubilación equivalente al 82% del promedio de los últimos diez años, cuando actualmente es el 82% de la remuneración del último cargo ocupado; aumenta la edad jubilatoria hasta los 65 años, y establece una contribución de parte del sueldo para financiar el PAMI. Las jubilaciones de privilegio abarcan actualmente a 8022 personas que perciben entre $235.000 y $335.000 pesos mensuales, diecisiete veces más que el valor de la jubilación mínima, de $14.067 pesos, lo que el Estado se ahorraría hasta 25 mil millones de pesos anuales.[503]

La ministra de Justicia, Marcela Losardo defendió la reforma porque «se hace un promedio que luego se va a actualizar al momento de que se jubilan, por lo tanto a mí no me parece tan tremendo», a la vez que afirmó que «las jubilaciones de los jueces generan un déficit de $9.200 millones»,[504]​ mientras que el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Alejandro Vanoli, aseguró que «no son un capricho, no son contra el Poder Judicial», y que el proyecto busca «ir armonizando gradualmente estos regímenes especiales con el régimen general».[505]

La Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior envió una carta pública dirigida al canciller Felipe Solá donde se muestra dispuesta a «colaborar en la concreción de un sistema jubilatorio más equitativo que respete las particularidades de la carrera», aunque recordó que fue el presidente Juan Domingo Perón quien estableció que el Servicio Exterior tuviera un régimen previsional especial que «no constituye un privilegio», por estar afectados al desarraigo.[506]​ La junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial rechazó el proyecto que consideran «atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales».[507]​ Luego de que se dio a conocer el proyecto, diez jueces y diez fiscales renunciaron a sus cargos.[508]

Los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina también rechazaron el proyecto, aunque entienden «la grave situación económica por la que atraviesa nuestro país», reclamaron no haber sido «convocados ni escuchados con antelación»,[509]​ mientras que la Cámara Nacional del Trabajo pidió la participación de «magistrados, funcionarios y sus organismos representativos» en la elaboración de un nuevo proyecto, y que la aplicación de un nuevo régimen provocará un estado de «incertidumbre» que se canalizará con renuncias, provocando «un vaciamiento» que afectará a la ciudadanía; a la vez que considera que las jubilaciones no son de privilegio ya que «posibilitan acceder a la jubilación con los recaudos de años de edad y años de servicio y aportes. En cambio, en los de privilegio, solo se requería ocupar un cargo político sin importar la edad de 10 años de antigüedad en el desempeño de ese cargo».[510]​ La asociación Justicia Legítima, identificado con el kirchnerismo y presidida por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, reclamó que el proyecto debe ser discutido por los sectores involucrados y que no se trata de un régimen de privilegio, y sostuvieron «que es absurdo que los miembros del poder judicial no paguen impuestos a sus ingresos como todos los ciudadanos».[511]

El 27 de febrero, la Cámara de Diputados de la Nación discutió el proyecto. Juntos por el Cambio no bajó al recinto luego de que se rompieran las negociaciones con el Gobierno para la inclusión de una cláusula transitoria en la que jueces y funcionarios judiciales actuales mantuvieran los beneficios aún sin haber iniciado el trámite.[512]​ El Frente de Todos logró el quorum de 129 diputados a las 13 horas y se inició la sesión, con polémica por la presencia del embajador designado en Brasil y aún diputado nacional, Daniel Scioli.[513]​ Su pliego fue aprobado por el Senado el 20 de febrero de 2020 pero aún el presidente Alberto Fernández no había firmado el decreto de designación.[514]​ El oficialismo argumentó que todavía el país vecino no aceptó aún las cartas credenciales y que por eso puede ejercer su cargo de diputado, mientras que la oposición abandonó la sesión. El diputado Mario Negri (UCR) afirmó «esto es una vergüenza. Lamentamos que los demás legisladores de la oposición sean cómplices de esta anomalía; si no se levanta la sesión nosotros nos vamos a retirar y vamos a judicializar esta situación». El presidente de la Cámara, Sergio Massa, aseguró que «hasta que el cuerpo haya aceptado la renuncia del diputado, el diputado sigue siendo diputado. Y este cuerpo no ha tratado la renuncia de Scioli», mientras que el diputado Scioli dijo que «a partir del 3 de marzo me hago formalmente cargo de la embajada. No ha sido publicado todavía el decreto en el Boletín Oficial, que es a partir de ese momento cuando queda formalizado».[515]​ Finalmente el proyecto obtuvo la media sanción, con 128 votos a favor, 2 abstenciones y 127 ausentes.[516]​ El 5 de marzo, Scioli renunció a su banca de diputado.[517]​ El 12 de marzo, el Senado aprobó la iniciativa con 41 votos a favor y 21 en contra.[518]

El presidente Alberto Fernández defendió el proyecto al afirmar que «hay que entender que en la Argentina la jubilación promedio es de 24.000 pesos» por lo que «estos regímenes son insoportables: las jubilaciones de los jueces rondan los 300 mil pesos en promedio. Son un costo muy alto para el Estado», mencionó que «no es cierto que no hubo diálogo. Yo hablé con el presidente del Consejo de la Magistratura (Alberto Lugones) e incorporé cambios que pidieron. Los gremios también incluyeron modificaciones»; y sobre la reforma judicial argumentó que «la Justicia argentina necesita una revisión. Llegamos a un punto donde las cosas no están funcionando bien. Es un proyecto de reforma que trata de poner orden en el funcionamiento de la justicia que le corresponde al Estado nacional, que es la Justicia Federal».[323]

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, lamentó la poca participación en el proyecto, de haber sido convocados a la reunión de comisión en la Cámara de Diputados «pero fue un trámite: no nos escucharon», y adelantó que van a judicializar la reforma «porque hay muchos avasallamientos».[519]​ El ministro de Trabajo, Claudio Moroni aseguró que «esto no tiene ninguna intención de desguarnecer la administración de Justicia ni de expulsar a los jueces».[520]

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, el presidente Fernández anunció el envío del proyecto de ley de reforma de la Justicia Federal, para acabar con la «designación de jueces amigos», «desterrar las componendas del poder político con el judicial» y terminar con la «existencia de magistrados dependientes de oscuros poderes». El plan consiste en crear un nuevo fuero federal penal que unifique los actuales fueros penales de instrucción ordinario y de instrucción federal, de modo que, en lugar de 12 juzgados federales, los casos de corrupción queden en manos de al menos 50 jueces; la transferencia de los jueces nacionales al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y la unificación de los fueros contencioso administrativo federal con el civil y comercial federal.[521]

Investigación sobre la muerte del fiscal Nisman

El presidente Alberto Fernández junto a la ministra de Seguridad Sabina Frederic.

El 27 de diciembre la ministra Frederic anunció su intención de revisar el peritaje realizado en 2017 por la Gendarmería Nacional junto a 34 peritos[522]​ el cual concluyó que el fiscal Alberto Nisman, encontrado muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento, fue asesinado de un disparo en la cabeza y luego se modificó la escena del crimen para simular un presunto suicidio.[523]​ El mencionado fiscal había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Tímerman por el delito de encubrimiento en el atentado contra la AMIA de 1994.[524]

La iniciativa generó un fuerte rechazo dentro de la Justicia federal[525]​ y de exfuncionarios de la gestión anterior, por caso el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, resaltó que «no hay planes de realizar un nuevo peritaje» y que el informe realizado por la Gendarmería es «válido»[526]​ mientras que la exministra Patricia Bullrich y el diputado nacional Waldo Wolff mencionaron vía Twitter que la Gendarmería actuó como «auxiliar de la justicia»[527]​ y que «sólo la justicia puede ordenar la realización de un peritaje».[528]

El 1 de enero se estrenó un documental en la plataforma de streaming Netflix sobre la muerte del fiscal Nisman, titulado Nisman. El fiscal, la presidenta y el espía.[529]​. En el mismo, el actual presidente Alberto Fernández aparece en una entrevista, hecha en 2017, donde afirma: «Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado».[530]​ Sin embargo rectificó sus palabras en una entrevista en Radio 10 tras la emisión del documental al asegurar que «las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato» y que «Me gustaría saber qué pasó con Nisman y si se suicidó, saber por qué»[531]​ mientras que en declaraciones al Diario Clarín afirmó que los peritajes de la Gendarmería «carecen de todo rigor científico»[532]​ El 3 de enero, la ministra Frederic en conferencia de prensa aseguró que se realizará una revisación técnica-administrativa de la pericia mientras que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmó que el presidente «apoya la tarea que está llevando a cabo la ministra».[533]

Conflicto por la definición de presos políticos

El 14 de enero de 2020, el presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de organismos de derechos humanos entre ellos la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, donde afirmó que no hay presos políticos sino que «en la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores.»[534]

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero descartó que en Argentina haya presos políticos pero sí algunas detenciones arbitrarias y que hay «una lógica de persecución y de lawfare funcionando en el país» que «tiene que ir resolviéndose» ya que «la Justicia no puede perseguir opositores, sino que tiene que ser independiente para encontrar equilibrio entre los poderes»,[535]​ el canciller Felipe Solá dijo que «hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico y que están ligados a figuras que tienen relieve político. Lo cual no quiere decir que haya presos políticos»,[536]​mientras que desde la oposición el diputado radical Mario Negri afirmó que «en Argentina no hay presos políticos, hubo y hay políticos presos por corrupción, y también hay otros que no están presos y se robaron el país».[537]

Ese mismo día, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de la ciudad de Zárate desde el 14 de diciembre por la causa de supuestos desmanejos de dinero público que debían destinarse a Yacimientos Carboníferos Río Turbio,[538]​ afirmó en una entrevista radial que el gobierno de Fernández «no está haciendo nada para que el exvicepresidente Amado Boudou y yo recuperemos la libertad», y que en el gobierno «les resulta cómodo que estemos presos».[539]

Organismos de derechos humanos criticaron las palabras del presidente, entre ellos la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que mediante un comunicado dijo que «le da vergüenza que en democracia se hable de presos políticos» y le pidió al presidente que se decida «de que lado está, si con el poder judicial corrupto o con los presos políticos»,[540]​ la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, que afirmó «me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste y molesto» y considera a Milagro Sala una dirigente que «está injustamente detenida por razones políticas»,[541]​ y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que «Alberto nos pidió que no digamos que su gobierno tiene presos políticos porque los presos políticos ya están en libertad y solo quedan los que están siendo juzgados. Creo que no quiere entrometer su gestión ejecutiva con el poder judicial porque a estas personas se les está realizando un juicio. Hay voces más sabias que dicen que sí hay presos políticos» y mencionó que «Milagro está presa porque al gobernador de Jujuy (Gerardo Morales) se le ocurre tenerla presa».[542]

Mientras que parte del kirchnerismo se manifestó en contra como el senador Óscar Parrilli, que mencionó que respeta la opinión del presidente «pero en Argentina hay presos políticos. Amado Boudou, Julio de Vido y Milagro Sala son presos políticos»,[543]​ y la dirigente popular Milagro Sala, en prisión desde 2016 acusada de desvíos de fondos que iban a la construcción de viviendas, afirmó que «siento que somos presos políticos. Nos detuvieron para poder gobernar y hacer negociados con las grandes empresas. Pensé que la Justicia iba a cambiar lo antes posible e iba a dar un vuelco y se iba a terminar la cárcel para los opositores».[544]

En tanto, el ministro del Interior Wado de Pedro mediante su cuenta de Twitter pidió por la libertad de Sala y reclamó «no queremos más presas y presos políticos en Argentina»,[545]​la ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta, exdefensora de Milagro Sala, afirmó «no tengo ninguna duda que Milagro Sala es una presa política. Sucede que no existe en ningún lado, ni en el Código Penal, la definición de qué es un preso político. En la dictadura hubo muchos detenidos con procesos judiciales y nadie dudó en llamarlos presos políticos» y que «a veces hacemos eje en cuestiones semánticas e intentamos poner diferentes posiciones, pero cuando vos tenés a una persona a la que se le hace un proceso judicial con la única finalidad de detenerlo por cuestiones políticas, eso es un preso político»,[546]​ y el gobernador bonaerense Axel Kicillof mencionó que «si hay políticos presos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos».[542]

El 10 de febrero, el presidente Alberto Fernández ratificó que no hay presos políticos, mencionó que «es una discusión tan innecesaria la que estamos viviendo. Si hay alguien que cuestionó los procedimientos judiciales fui yo» y considera que «el preso político es el que, técnicamente, está a disposición del Poder Ejecutivo. No tengo a ningún preso sin causa. Obviamente que me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo».[547]

Tras las palabras del presidente, la dirigente Milagro Sala aseguró que se considera «presa política por todo lo que vengo pasando en estos cuatro años», a la vez que solicitó «pónganle como quieran, detenciones arbitrarias o presos políticos, pero que resuelvan» y juzgó como una «discusión entre funcionarios» las distintas posturas dentro del oficialismo sobre el tema,[548]​ el exvicepresidente Amado Boudou expresó que no le pediría al presidente «que indulte a alguien. Le pediría a la política argentina que revise las causas, se suspenda esta arbitrariedad y haya juicios justos»,[549]​ mientras que el exministro Julio De Vido en su cuenta de Twitter lamentó «molestar al Presidente con la cuestión de los presos políticos» pero «somos claramente presos políticos. No es una cuestión menor discutir si somos presos arbitrarios o políticos. Presos arbitrarios no existen, no es nada. Presos políticos sí existen».[550]​ Estas palabras fueron repudiadas por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió que consideró que De Vido «no es un preso político» como sostienen los dirigentes del kirchnerismo, recordó que «está condenado, procesado y encarcelado» y que sus declaraciones «atentan contra el orden democrático e institucional». Además criticó que «los ladrones que se robaron la Nación se autoproclaman presos políticos».[551]

El 18 de febrero, se dio a conocer un proyecto de ley, presentado el 20 de diciembre de 2019 en la cámara de Senadores de la Nación por las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara, para anular resoluciones que dicten prisión preventiva en casos de corrupción, cuando, entre otras cosas, hay contenidos en medios de comunicación que afecten la inocencia del afectado o intervengan funcionarios del Poder Ejecutivo en el accionar judicial. En sus fundamentos, la iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como «verdaderos linchamientos mediáticos», y señala que las publicaciones en los medios «que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado» es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.[552]

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando Navarro, se refirió a la iniciativa y mencionó que «no es el momento para ser debatido. Debería serlo en un contexto más amplio, como el que puede dar el debate de una reforma judicial», pero «sí es cierto que los hombres públicos y los periodistas que forman opinión deberíamos tener cuidado, porque a veces emitimos opiniones que malversan a las personas y pueden influir negativamente en fallos judiciales».[553]​ El diputado Mario Negri cuestionó el proyecto al afirmar que «es un traje a medida para la impunidad» porque «argumentan la incidencia mediática y la persecución política para dejar sin efecto una prisión preventiva».[554]

El 19 de febrero, el presidente Fernández criticó al Poder Judicial por la existencia de un lawfare «que se instaló en la Argentina. Entonces, cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político, que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores» y que durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina «sufrió graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado de derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare», y pidió por «nunca más a una Justicia que persigue según los vientos del poder de turno».[555]​ Ese mismo día, se derogó el decreto 795/2019 firmado por el expresidente Macri que reemplazaba el Programa de Protección de Testigos por la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dependiente del Ministerio de Justicia, y que garantizaba la seguridad de quienes colaboren en una investigación judicial.[556][557]

La coalición opositora Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde señala que «el Gobierno ataca la independencia de los jueces y va por la impunidad kirchnerista» y que las declaraciones del presidente «derrumban los esfuerzos del Estado argentino en la lucha contra la corrupción y la impunidad asumidos en la Presidencia de Cambiemos con total autonomía judicial y con los votos de amplias mayorías en el Congreso». A su vez, Juntos por el Cambio defendió la gestión del expresidente Mauricio Macri sobre la Justicia, quien «respetó la independencia de la Justicia y el Estado de Derecho con absoluto rigor y compromiso, y colaboró sin presentar excusas», logrando que avanzaran «decenas de causas por corrupción y se lograron condenas importantes».[558]

El 20 de febrero se presentó un proyecto de ley en el Senado por el senador peronista por Jujuy, Guillermo Snopek, para la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy por un año, declara en comisión a los miembros de la Corte Suprema provincial, y faculta al interventor a suspenden o remover a magistrados, funcionarios y empleados judiciales.[559]​ La iniciativa se enmarca tras la difusión por parte del diario digital El Cohete a la Luna del periodista Horacio Verbitsky de audios donde el presidente de la Corte Suprema de Jujuy, Pablo Baca, reconoce que la dirigente Milagro Sala «está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas».[560][561]​ Al defender la iniciativa, Snopek afirmó «a mí no me dio orden ni Alberto (Fernández) ni Cristina (Kirchner)», remarcó que «hace tiempo» que viene planteando la necesidad de intervenir la Justicia provincial, y acusó que hay sectores «interesados en mezclar las cosas».[562]

El diputado Negri afirmó que el proyecto busca «dotar de impunidad a Milagro Sala y su red de corrupción», y se preguntó «Esta misma semana, cinco senadoras de su bloque plantearon flexibilizar las prisiones preventivas para los políticos corruptos e indirectamente censurar al periodismo de investigación. ¿El Presidente apoya este traje de impunidad?».[563]​ La diputada Elisa Carrió denunció «un claro golpe y un atropello al Poder Judicial para garantizar impunidad, lo que ratifica que Cristina Fernández de Kirchner va por todo», mientras que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, señaló que «este embate busca la libertad de Milagro Sala y su impunidad», y advirtió que «sería un grave atropello que bajo ningún punto de vista vamos a permitir. No solo vamos a reafirmar la autonomía, sino también la independencia del Poder Judicial. No vamos a permitir esa intromisión y menos que a través de eso se garantice impunidad».[564]

El 4 de marzo, el gobernador Morales señaló a los senadores kirchneristas como responsables de la iniciativa, en especial al senador Snopek que «ha comentado en todos lados que el proyecto se debe a una orden de la propia Cristina Kirchner y de Óscar Parrilli», y que «el Poder Judicial de Jujuy es objeto de una campaña de desprestigio por parte de Horacio Verbitsky y todo un sistema de inteligencia ilegal que ha montado para lograr la libertad de Milagro Sala»,[565]​ garantizó que a Sala «no la voy a indultar, primero que me peguen un tiro en la cabeza», y llamó a una movilización frente a la casa de Gobierno de Jujuy bajo el lema Jujuy no se toca.[566]​ Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal 1 decidió que el exministro Julio De Vido quedara en libertad mientras siga su curso la investigación sobre la causa Río Turbio.[567]

El 10 de marzo, el presidente Alberto Fernández pidió a la Corte Suprema de la Nación que revise el caso de Milagro Sala porque «tenemos muchas dudas sobre cómo funcionaron esos procesos en Jujuy» y remarcó que «valora» que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se haya manifestado en ese sentido.[568]

El 11 de marzo, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó un pedido de la senadora Silvia Giacoppo (UCR) para cerrar in limine el debate, y avaló a la presidenta de la comisión, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), para escuchar testimonios sobre la situación que se vive en la provincia de Jujuy, definiendo que se recabará pruebas documentales hasta el 25 de marzo y, a partir del 31 de marzo, comenzarán las audiencias testimoniales. En esa sesión, el senador Snopek señaló que «el gobernador Morales tiene hoy la suma del poder público». Desde la oposición, la senadora Giacoppo acusó que el proyecto «es una pantalla para conseguir forzar la libertad de Milagro Sala», mientras que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), le exigió al presidente Alberto Fernández «mayor vehemencia» para dejarle en claro a sus senadores que «el camino no pasa por avasallar una provincia».[569]

Ese mismo día, el presidente Alberto Fernández aseguró en declaraciones radiales que habló con el gobernador Morales sobre el proyecto «y le dije que desconocía (el proyecto), porque francamente lo desconozco», a la vez que afirmó «es un tema que ocurre en otro poder, no es una iniciativa nuestra», y si sobre apoyaba el proyecto señaló «soy muy cuidadoso. Vamos a ver de qué se trata y a esperar».[570]​ En tanto, el gobernador Morales afirmó que el presidente Fernández «es un tipo muy sensato y racional» pero «por abajo el kirchnerismo puro y duro le mete temas que profundizan la grieta y nos hacen ir para atrás», sobre si el presidente apoyaba el proyecto afirmó «él (por Fernández) no quiere, lo he hablado personalmente, es un tema de gravedad institucional. Se lo pregunté y me dijo que no», y le pidió a los senadores que impulsan el proyecto «que lo deje de joder un poco al presidente».[571]

El 14 de marzo, el presidente de la Corte Suprema jujeña, Pablo Baca, renunció a su puesto, luego ser acusado por violación, y negó la veracidad de las grabaciones, que «fue manipulado y publicado en el portal El cohete a la Luna».[572]

Gabinete presidencial

El 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de asumir la presidencia, Fernández anunció a los ministros que lo acompañarán en su gestión:[573]

 Estandarte presidencial
Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de
Alberto Fernández
Cartera Titular Período
Jefatura de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio del Interior Eduardo de Pedro 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Felipe Solá 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Defensa Agustín Rossi 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Transporte Mario Meoni 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Seguridad Sabina Frederic 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Economía Martín Guzmán 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Desarrollo Productivo Matías Kulfas 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Claudio Moroni 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Salud Ginés González García 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Desarrollo Social Daniel Arroyo 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Educación Nicolás Trotta 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Roberto Salvarezza 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Cultura Tristán Bauer 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Obras Públicas Gabriel Katopodis 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Turismo y Deportes Matías Lammens 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié 10 de diciembre de 2019-en el cargo
 Estandarte presidencial
Secretarías de Estado del Gobierno de
Alberto Fernández
Cartera Titular Período
Secretaría General Julio Vitobello 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Secretaría Legal y Técnica Vilma Ibarra 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Secretaría de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz 10 de diciembre de 2019-en el cargo
Secretaría de Comunicación y Prensa Juan Pablo Biondi 10 de diciembre de 2019-en el cargo

Publicaciones

  • Juicio a la impunidad (1985) en colaboración con Mona Moncalvillo y Manuel Martin
  • Defensa de la democracia: Nuevo enfoque sobre la represión de los delitos que atentan contra el orden constitucional (1985) en colaboración con Alberto Piotti
  • Autoría y participación criminal (1987) en colaboración con Jaime Malamud Goti
  • Elementos de derecho penal y procesal penal (1988) en colaboración con Esteban Righi, Luis Pastoriza y Enrique Bacigalupo
  • Derecho penal: la ley, el delito, el proceso, la pena (1996) en colaboración con Esteban Righi
  • Pensado y escrito. Reflexiones del presente argentino y dilemas de una sociedad fragmentada (2010)
  • Políticamente incorrecto: razones y pasiones de Néstor Kirchner (2011)

Referencias

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  512. «Jubilaciones especiales: el Gobierno no incluirá la cláusula pedida por la oposición y Cambiemos no dará quorum para la sesión del jueves». infobae.com. 26 de febrero de 2020. 
  513. «Jubilaciones de privilegio: el oficialismo logró el quorum gracias a la presencia de Daniel Scioli, que fue elegido como embajador en Brasil pero aún no asumió formalmente». infobae.com. 27 de febrero de 2020. 
  514. «El Senado aprobó los pliegos de doce embajadores designados por Alberto Fernández». infobae.com. 20 de febrero de 2020. 
  515. «Polémica en Diputados: Cambiemos abandonó la sesión y amenazó con ir a la Justicia por la presencia de Scioli para debatir la reforma jubilatoria». infobae.com. 27 de febrero de 2020. 
  516. «La Cámara de Diputados aprobó la reforma de las jubilaciones de privilegio y la discusión pasa al Senado». infobae.com. 27 de febrero de 2020. 
  517. «Scioli renunció a su banca de diputado y será embajador en Brasil». Diario La Voz del Interior. 5 de marzo de 2020. 
  518. «El Frente de Todos hizo valer su mayoría y el Senado convirtió en ley la reforma a las jubilaciones especiales». infobae.com. 12 de marzo de 2020. 
  519. «Jubilaciones de privilegio: la Asociación de Magistrados confirmó que pedirá la inconstitucionalidad de la reforma». infobae.com. 29 de febrero de 2020. 
  520. «Mientras el Gobierno avanza con la reforma de las jubilaciones de privilegio, otros cuatro jueces presentaron su renuncia». infobae.com. 5 de marzo de 2020. 
  521. «Reforma judicial: Alberto Fernández anunció la creación de un nuevo fuero federal penal». Diario La Nación. 1 de marzo de 2020. 
  522. «La pericia de la Gendarmería determinó que Alberto Nisman fue asesinado a sangre fría». Infobae.com. 14 de septiembre de 2017. 
  523. «Sabina Frederic anunció cambios de mando en las fuerzas y dijo que revisarán el peritaje del caso del fiscal Nisman». Diario La Nación. 27 de diciembre de 2019. 
  524. «Un fiscal imputó a la Presidenta y a Timerman por “encubrimiento”de Irán en el atentado a la AMIA». Diario Norte. 14 de enero de 2015. Archivado desde el original el 27 de abril de 2015. Consultado el 6 de enero de 2020. 
  525. «La Justicia no ordenará rehacer la pericia de la Gendarmería sobre el asesinato de Alberto Nisman». Diario Clarín. 27 de diciembre de 2019. 
  526. «"No tenemos ningún plan de repetir el peritaje", dijo el fiscal del caso Nisman». Diario La Nación. 28 de diciembre de 2019. 
  527. «Patricia Bullrich, sobre el pedido de Frederic de revisar el peritaje de la causa Nisman: “Es un apriete y una orden ilegal”». Infobae.com. 27 de diciembre de 2019. 
  528. «Waldo Wolff atacó a Sabina Frederic». Milpatagonias.com. 27 de diciembre de 2019. 
  529. «Pocos días antes de un nuevo aniversario, estrenan en Netflix una serie sobre la muerte de Nismann». Diario La Nación. 29 de diciembre de 2019. 
  530. «Alberto Fernandez en la serie sobre Nisman: “Dudo que se haya suicidado"». Revista Noticias. 1 de enero de 2020. 
  531. «https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-me-gustaria-saber-que-paso-nid2320362». Diario La Nación. 2 de enero de 2020. 
  532. «Alberto Fernández sobre la muerte de Alberto Nisman: “Hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue un asesinato”». Diario Clarín. 1 de enero de 2020. 
  533. «El Gobierno confirmó que revisará el peritaje de Alberto Nisman que realizó la Gendarmería». Diario La Nación. 4 de enero de 2020. 
  534. «Ante los organismos de derechos humanos, Alberto Fernández dijo que en la Argentina no hay presos políticos». Diario La Nación. 14 de enero de 2020. 
  535. «Para Cafiero no hay presos políticos, pero sí "detenciones arbitrarias"». Diario Perfíl. 6 de febrero de 2020. 
  536. «Felipe Solá se sumó a Santiago Cafiero: "No hay presos políticos en la Argentina"». Diario La Nación. 8 de febrero de 2020. 
  537. «Mario Negri le contestó a Óscar Parrilli: “No hay presos políticos, hay políticos presos por corrupción”». Diario Clarín. 16 de enero de 2020. 
  538. «La Justicia concedió la prisión domiciliaria a Julio De Vido y Roberto Baratta y ya están en sus casas». Diario La Nación. 14 de diciembre de 2019. 
  539. «Julio De Vido apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández: "Se sienten cómodos con nuestra prisión"». Diario La Nación. 14 de enero de 2020. 
  540. «Hebe de Bonafini desafió a Alberto Fernández por los presos políticos: "Tiene que definir de qué lado está"». Diario Perfíl. 15 de enero de 2020. 
  541. «Nora Cortiñas cruzó a Santiago Cafiero por los presos políticos: “Me duele que quieran minimizar la situación”». Diario Clarín. 7 de febrero de 2020. 
  542. a b «Axel Kicillof y Estela de Carlotto se sumaron a la polémica: "Lo correcto es llamarlos presos políticos"». Diario La Nación. 9 de febrero de 2020. 
  543. «Óscar Parrilli también desafió a Alberto Fernández: "Que me disculpe, pero hoy hay presos políticos"». Diario Perfíl. 16 de enero de 2020. 
  544. «Milagro Sala le respondió al Presidente». Diario La Nación. 17 de enero de 2020. 
  545. «Wado de Pedro: “No queremos más presos políticos”». noticiasurbanas.com.ar. 17 de enero de 2020. 
  546. «Elizabeth Gómez Alcorta contradijo a Santiago Cafiero: “En toda Latinoamérica hubo y sigue habiendo presos políticos"». Infobae.com. 8 de febrero de 2020. 
  547. «Alberto Fernández: "Me molesta que digan que tengo presos políticos». Diario La Nación. 10 de febrero de 2020. 
  548. «"Pónganle el nombre que quieran: preso político o detención arbitraria, pero resuelvan", dijo Milagro Sala». Diario La Nación. 10 de febrero de 2020. 
  549. «Amado Boudou: “No le pediría un indulto al Presidente, le pediría a la política argentina que revise las causas”». infobae.com. 17 de febrero de 2020. 
  550. «Durísima respuesta de Julio De Vido a Alberto Fernández por los “presos políticos”». Diario Clarín. 10 de febrero de 2020. 
  551. «Elisa Carrió: "Los ladrones que se robaron la Nación se autoproclaman presos políticos"». Diario La Nación. 12 de febrero de 2020. 
  552. «Impulsan un proyecto para eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción». infobae.com. 18 de febrero de 2020. 
  553. «El Gobierno toma distancia del proyecto de ley que elimina las prisiones preventivas». Diario La Nación. 18 de febrero de 2020. 
  554. «Mario Negri criticó la ley impulsada para restringir las prisiones preventivas: “Es un traje a medida de la impunidad”». infobae.com. 18 de febrero de 2020. 
  555. «Alberto Fernández cuestionó el "lawfare" y pidió "nunca más a la persecución judicial"». Diario La Nación. 19 de febrero de 2020. 
  556. «A pocos días de dejar el poder, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados». infobae.com. 29 de noviembre de 2019. 
  557. «Alberto Fernández derogó el decreto de Mauricio Macri y mantiene a los testigos protegidos bajo la órbita del Ejecutivo». Diario La Nación. 19 de febrero de 2020. 
  558. «Juntos por el Cambio, contra el video de Alberto Fernández: "El Gobierno va por la impunidad kirchnerista"». Diario La Nación. 19 de febrero de 2020. 
  559. «Milagro Sala: piden la intervención del Poder Judicial de Jujuy». Diario La Nación. 20 de febrero de 2020. 
  560. «EL TRIÁNGULO FATAL». El Cohete a la Luna. 2 de febrero de 2020. 
  561. «Un audio pone al descubierto la trama judicial y política en Argentina para encarcelar a la dirigente social Milagro Sala». RT.com. 6 de febrero de 2020. 
  562. «Guillermo Snopek: "No me dio orden ni Alberto ni Cristina"». Diario La Nación. 25 de febrero de 2020. 
  563. «Mario Negri interpeló a Alberto Fernández por la intervención del Poder Judicial de Jujuy que pidió el PJ». Diario La Nación. 20 de febrero de 2020. 
  564. «La oposición denuncia un plan kirchnerista para someter a la Justicia». Diario La Nación. 22 de febrero de 2020. 
  565. «Intervención judicial de Jujuy. "Los funcionarios del Gobierno dicen que no tienen intenciones", dijo Gerardo Morales». Diario La Nación. 4 de marzo de 2020. 
  566. «Gerardo Morales: "No voy a indultar a Milagro Sala, primero que me peguen un tiro en la cabeza"». Diario La Nación. 5 de marzo de 2020. 
  567. «La Justicia ordenó la liberación de Julio De Vido». infobae.com. 4 de marzo de 2020. 
  568. «Alberto Fernández pidió que la Corte Suprema revise el caso de Milagro Sala: "Tenemos muchas dudas"». Diario La Nación. 10 de marzo de 2020. 
  569. «El kirchnerismo avanza en su intento por intervenir el Poder Judicial de Jujuy y crece la tensión con la oposición». Diario La Nación. 11 de marzo de 2020. 
  570. «Jujuy: Alberto Fernández no logró despejar las sospechas de la oposición». Diario La Nación. 11 de marzo de 2020. 
  571. «Gerardo Morales: "Que el kirchnerismo lo deje de joder un poco a Alberto Fernández"». Diario La Nación. 11 de marzo de 2020. 
  572. «El presidente de la Corte de Jujuy le presentó su renuncia a Gerardo Morales». Página/12. 14 de marzo de 2020. 
  573. «El listado completo del gabinete de Alberto Fernández». Diario Página/12. 6 de diciembre de 2019. 

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