Conflicto armado interno en Colombia
.jpg){kind=small}
|
|||||
El Conflicto Armado Colombiano (en otros términos la Guerra Civil Colombiana) es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de 1960. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años ochenta cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico.[5] El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la "época de la Violencia" (conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores y que tiene sus orígenes primigenios cuando Colombia -entonces llamada la Nueva Granada- se independizó de España e inicia una pugna sobre el modelo de Estado que debía adoptar el país).[cita requerida]
Durante la década de 1980 el conflicto armado presenta un rápido escalamiento que se caracteriza por la intimación generalizada que produce la guerrilla en numerosas regiones del país,[6] [7] por los asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda a manos de los nacientes grupos paramilitares, así como por la aparición de sectores del narcotráfico que chocan con la guerrilla en desarrollo de sus actividades delincuenciales (en particular, por el secuestro extorsivo de familiares de capos del narcotráfico por parte de la guerrilla).[5] La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003,[8] pero es en la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación del conflicto debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y políticos, como tácticas de guerra;[9] [10] el pico de este recrudecimiento se presenta durante la presidencia de Andrés Pastrana y el inicio del gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen el accionar del Estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares.[8]
A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y 2006,[11] sumado al debilitamiento de la guerrilla,[12] se presenta un descenso de la intensidad del conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares no cesaron su accionar sino que empiezan a comportarse como carteles de droga con gran capacidad militar (llamados ahora Bacrim), mientras que la guerrilla todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del país.[13] [14]
Índice
|
Facciones en conflicto [editar]
Causas [editar]
Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en la pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las deficiencias socio-económicas en los núcleos familiares, y los valores de la sociedad. Se cita, además, la activa participación de menores en el conflicto.[cita requerida]
La Comisión de Estudios sobre la violencia, creada por el gobierno de Belisario Betancourt en 1987, a cargo del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional de Colombia, realizó un estudio sobre las causas del conflicto. El estudio indicaba que la violencia política, tomada como una herramienta para lograr el acceso al control del Estado, no afecta los indicadores de violencia de una forma significativa, pues sólo constituía un 7,5 por ciento de los homicidios en 1985. Lo que realmente afecta considerablemente los indicadores son hechos como las riñas, las venganzas personales, la violencia intrafamiliar y el sicariato, principalmente.[15]
Otra causa radica en la concentración o monopolización del campo por terratenientes y el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos, que en ocasiones generaba resistencia. El llamado gamonalismo, heredado de la colonizadores españoles a las élites criollas que luego se tomaron el poder político y económico del estado, y que luego evolucionó al "Terrorismo de Estado".[cita requerida]
Con el boom del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa en las décadas de 1970 y 1980, los campesinos se dedicaron a la plantación de cultivos ilícitos financiados inicialmente por narcotraficantes. El narcotráfico, fuente de dinero fácil, generó corrupción, constituyendo redes que comprometieron a todos los actores presentes en el conflicto armado colombiano, mientras que Estados Unidos declaraba la Guerra contra las drogas. Muchos de esos movimientos campesinos se consolidaron en movimientos de campesinos cocaleros, que sentaron las bases de las guerrillas como las FARC y con notoria similitud a lo ocurrido en Perú y Bolivia.[16] El narcotráfico degeneró los ideales iniciales y creó una nueva economía que se mantiene como el principal combustible del conflicto.
Efectos [editar]
El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales.[17] [18]
La década de 1970 a 1980 se caracterizó por una desmedida represión por parte del Estado (Ejército, policía y autoridades civiles) contra los movimientos políticos, obreros, campesinos y estudiantiles. Además, algunos particulares tomaron con su propia mano la aplicación de medidas represivas contra los mencionados sectores. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos. "Desde 1970 hasta marzo de 1981 se presentaron 1.053 asesinatos y 7.571 casos de torturas provocados principalmente por las Fuerzas Armadas."[19]
Muertes [editar]
Según la ONG Amnistía Internacional, entre 2006 y 2008, los casos de las personas y comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza por el conflicto, son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que han sido víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado. En 2007 hubo alrededor de 1.400 homicidios de civiles, superior a los 1.300 que se dieron en 2006. En los casos en los que se logró identificar a los autores, las fuerzas estatales fueron responsables de al menos 330, los grupos paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.[20]
Desde 1964 se han presentado innumerables combates, asaltos a bases militares, tomas de cabeceras municipales, masacres y atentados terroristas que han dejado miles de muertos, heridos o desaparecidos. Entre los mas sangrientos actos de guerra del conflicto se cuentan:
| Lugar | Fecha | Responsable | Descripción | Numero de victimas |
| Simacota (Santander) | 7 de enero de 1965 | ELN | Toma guerrillera a cabecera poblada | 5 policías y 1 civil muertos |
| Inza (Cauca) | 17 de marzo de 1965 | FARC | Toma guerrillera a cabecera municipal | 14 civiles y 2 policías muertos |
| Patio Cemento (Santander) | 15 de febrero de 1966 | ELN | Emboscada al Ejercito | 5 guerrilleros muertos (uno de ellos Camilo Torres) |
| Magdalena Medio antioqueño | 19 de septiembre - 18 de octubre de 1973 | Ejercito colombiano | Operación Anori lanzada contra el ELN | 30 guerrilleros muertos y 33 detenidos |
| Bejuqueros, Planadas (Tolima) | 13 octubre de 1973 | FARC | Emboscada al ejercito | 8 soldados y 3 civiles muertos |
| República de Colombia | 14 de septiembre de 1977 | Fuerzas Armadas | Paro cívico nacional reprimido por el gobierno | 22 civiles muertos |
| Puerto Crevo (a orillas del rió Duda, Meta) | 18 de agosto de 1980 | FARC | Ataque y copamiento de una patrulla del ejercito | 3 soldados muertos, 3 heridos y 14 secuestrados |
| Bogota DC | 6 - 7 de noviembre de 1985 | M19 | Asalto del Palacio de Justicia, retoma del Ejercito | 106 personas muertas y desaparecidas entre militares, civiles y guerrilleros, 250 rehenes rescatados |
| Tacueyo (Cauca) | noviembre de 1985 enero de 1986 | Comando Sur Ricardo Franco | Masacre de presuntos infiltrados, "juicios revolucionarios" | 164 guerrilleros ejecutados |
| Currulao, Uraba (Antioquia) | 30 de noviembre de 1985 | Grupos paramilitares | Masacre de sindicalistas bananeros | 20 civiles muertos |
| Siloe, Cali (Valle del Cauca) | primera semana de diciembre de 1985 | Ejercito colombiano | Operación contra el M19 | 17 civiles y milicianos muertos |
| Cañas Gordas, Uraba (Antioquia) | diciembre de 1985 | Ejercito colombiano | Emboscada al V frente de las FARC | 22 guerrilleros muertos |
| Nororiente del Cauca | primera quincena de febrero de 1986 | Ejercito colombiano - M19 | Ofensiva insurgente | 13 militares muertos y 3 secuestrados, 35 rebeldes dados de baja |
| Serrania del Perija (Venezuela) | 12 de junio de 1987 | ELN | Ataque a la Guardia Nacional Venezolana | 15 militares venezolanos muertos |
| Via Puerto Rico - San Vicente del Caguan (Caquetá) | 16 de junio de 1987 | FARC | Emboscada al Ejercito (Batallon Cazadores) | 26 soldados y 1 civil muertos |
| Florencia (Caquetá) | 21 de noviembre de 1987 | FARC | Emboscada al Ejercito | 10 soldados y 1 civil muertos |
| Fincas La Honduras y La Negra (Uraba antioqueño) | 4 de marzo de 1988 | ACDEGAM - Ejercito colombiano | Masacre de campesinos | 20 muertos |
| La Mejor Esquina (Córdoba) | 4 de abril de 1988 | Los Magnificos | Masacre de campesinos | 27 muertos |
| Vereda Punta Coquitos, Turbo (Antioquia) | 11 de abril de 1988 | ACC (Los tangueros) | Masacre de campesinos | 26 muertos |
| San Pedro de Uraba - Nueva Antioquia (Uraba antioqueño) | 29 de mayo - 5 de junio de 1988 | Ejercito colombiano | Ofensiva contra las FARC y el EPL | 9 soldados y 32 guerrilleros muertos |
| Saiza (cordoba) | 23 de agosto de 1988 | FARC - EPL | Toma guerrillera y posterior batalla con el Ejercito | 9 soldados, 2 policias, 12 civiles y 15 guerrilleros muertos; 23 uniformados secuestrados |
| El tomate (Cordoba) | 30 de agosto de 1988 | ACC (Los tangueros) | Masacre de campesinos | 16 muertos |
| Vereda San Juan, Cartagena del Chairá (Caquetá) | 2 de octubre de 1988 | FARC | Emboscada al Ejercito | 15 soldados muertos |
| Segovia (Antioquia) | 11 de noviembre de 1988 | ACC (Los tangueros) | Incursión armada y masacre | 43 civiles muertos |
| La Rochela, Magdalena medio santandereano | 18 de enero de 1989 | Los Masetos - Cartel de Medellin | Masacre de comisión judicial | 11 funcionarios muertos |
| Sasaima (Cundinamarca) | 26 de febrero de 1989 | Cartel de Medellin | Masacre de esmeralderos | 18 muertos, incluyendo al "Zar verde", Gilberto Molina |
| República de Colombia | 23 de agosto de 1989 - 17 de enero de 1990 | Cartel de Medellin | Ofensiva terrorista y sicarial | 300 muertos y 1500 heridos |
| Puerto Libertadores (Córdoba) | octubre de 1989 | Ejercito colombiano | Asalto a campamento madre del EPL | 18 subversivos muertos |
| Soacha (Cundinamarca) | 27 de noviembre de 1989 | Cartel de Medellin | Atentado terrorista a avión | 107 muertos |
| Bogota DC | 6 de diciembre de 1989 | Cartel de Medellin | Bus bomba contra sede del DAS | 63 muertos, 500 heridos |
| Corregimiento de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia) | 14 de enero de 1990 | ACC (Los tangueros) | Masacre de campesinos | 43 muertos y desaparecidos |
| República de Colombia | 30 de marzo de 1990 - 28 de julio de 1990 | Cartel de Medellin | Ofensiva terrorista y sicarial | 400 muertos y 1000 heridos, incluyendo a 215 policías asesinados. |
| Trujillo (Valle del Cauca) | 30 de marzo - abril de 1990 | Cartel del Norte del Valle - Ejercito | Masacre de campesinos | 43 muertos esos dias, 352 en total desde 1986 hasta 1994 |
| Itagui (Antioquia) | 11 de abril de 1990 | Cartel de Medellin | Carro bomba contra camion de la policía | 14 agentes y 6 civiles muertos, 100 heridos |
| Bogota DC - Cali | 12 de mayo de 1990 | Cartel de Medellin | Ofensiva con 3 carros bomba (Quirigua y Niza en la capital) | 30 muertos, 150 heridos |
| Medellin (Antioquia) | 23 de junio de 1990 | Cartel de Medellin | Masacre en la discoteca Oporto | 19 muertos |
| Medellin (Antioquia) | 28 de junio de 1990 | Cartel de Medellin | Carro bomba en la Estación Libertadores de la Policia | 14 civiles muertos, 30 heridos |
| Candelaria (Valle del Cauca) | 25 de septiembre de 1990 | Cartel de Medellin | Masacre de la hacienda Los Cocos | 18 muertos |
| Taraza (Antioquia) | 10 de noviembre de 1990 | FARC - ELN | Asalto a base militar | 8 soldados y 16 guerrilleros muertos |
| Casa Verde, La Uribe (Meta) | 9 de diciembre de 1990 | Ejercito de Colombia | Operación Colombia, asalto a campamento madre de las FARC | 19 soldados y 50 guerrilleros muertos, 1 helicóptero derribado |
| Via Ciénaga - Santa Marta (Magdalena) | 2 de enero de 1991 | FARC | Ataque a patrulla antinarcoticos | 12 policías muertos |
| Cerro Girasol, Mesetas (Meta) | 8 de enero de 1991 | FARC | Toma de base militar | 2 soldados muertos y 17 secuestrados, 30 subversivos abatidos |
| Medellin (Antioquia) | 16 de febrero de 1991 | Cartel de Medellin | Carro bomba en la Plaza de Toros La Macarena | 10 policías y 12 civiles muertos |
| República de Colombia | 20 de mayo - 10 de junio de 1992 | FARC - ELN - EPL | Ofensiva contra las FF.MM | 30 uniformados y 70 guerrilleros muertos |
| Cañon de La Llorona, Dabeiba (Antioquia) | 23 - 25 de mayo de 1992 | FARC | Emboscada al Ejercito y contraofensiva de las FF.MM | 15 soldados y 30 guerrilleros muertos |
| República de Colombia | 5 de septiembre de 1992 | FARC | Ofensiva nacional contra las FF.MM | 15 uniformados muertos |
| Churuyaco (Putumayo) | 7 de noviembre de 1992 | FARC | Ataque a puesto policial en el oleoducto trasandino, masacre de uniformados | 26 policías muertos |
| República de Colombia | 10 de septiembre de 1992 - 15 de abril de 1993 | Cartel de Medellin | Ofensiva terrorista y sicarial | 500 muertos, incluyendo las victimas de bandas rivales y 130 policías |
| Medellin (Antioquia) | 3 de diciembre de 1992 | Cartel de Medellin | Carro bomba a cinco cuadras del estadio Atanasio Girardot | 10 policías y 4 civiles muertos, 19 heridos |
| Bogota DC | 30 de enero de 1993 | Cartel de Medellin | Carro bomba frente a la cámara de comercio | 21 muertos y 70 heridos |
| Barrancabermeja (Santander) | 10 de febrero de 1993 | Cartel de Medellin | Carro bomba | 16 muertos y 27 heridos |
| Bogota DC | 15 de abril de 1993 | Cartel de Medellin | Carro bomba en el Parque de la 93 | 11 muertos y 218 heridos |
| República de Colombia | 28 de agosto - 4 de septiembre de 1993 | FARC | "Septiembre Negro", Ofensiva nacional contra las FF.MM | 34 uniformados muertos |
| La Regadera, Usme (Cundinamarca) | 28 de agosto de 1993 | FARC | Emboscada a patrulla de la Policía | 13 policías muertos |
| Vía Carolina del Príncipe- Santa Rosa de Osos (Antioquia) | 2 de septiembre de 1993 | FARC | Ataque con explosivos a camión del Ejercito | 14 soldados muertos |
| Gican (Boyacá) | 18 de diciembre de 1993 | ELN | Ataque a patrulla del Ejercito | 14 soldados y 10 subversivos muertos |
| La Chinita, Apartado (Antioquia) | 23 de enero de 1994 | FARC | Masacre de desmovilizados del EPL y sus familias | 33 civiles muertos |
| República de Colombia | 15 - 24 de julio de 1994 | FARC - ELN - EPL | "Despedida a Gaviria", Ofensiva nacional contra las FF.MM | 40 uniformados (incluyendo al Mayor General Carlos Julio Gil Coronado) y 125 guerrilleros muertos |
| Guamuez, Orito (Putumayo) | 15 de julio de 1994 | FARC | Ataque a puesto militar en el oleoducto trasandino | 17 soldados y 15 subversivos muertos |
| Ingaraba, Tado (Choco) | 18 de agosto de 1994 | ELN | Ataque a bus con soldados y civiles, masacre | 8 soldados y 14 civiles muertos |
| Finca Los Kunas, Carepa (Antioquia) | 29 de agosto de 1995 | FARC | Masacre de campesinos | 19 civiles muertos |
| Bajo del Oso, Uraba antioqueño | 20 de septiembre de 1995 | FARC | Masacre de campesinos | 26 civiles muertos |
| Chalan (Sucre) | 12 de marzo de 1996 | FARC | Ataque con burro bomba y masacre de uniformados | 11 policías muertos |
| Puerres (Nariño) | 15 de abril de 1996 | FARC - ELN | Emboscada a grupo de Caballeria | 31 militares muertos |
| Alto de Mulatos - Pueblo Bello (Antioquia) | 5 de mayo de 1996 | FARC | Masacre de campesinos | 16 civiles muertos |
| República de Colombia | Ultima semana de agosto - primera semana de septiembre de 1996 | FARC | Ofensiva nacional contra las FF.MM | 80 uniformados muertos y 60 secuestrados, perdidas desconocidas de las FARC |
| Las Delicias (Putumayo) | 30 - 31 de agosto de 1996 | FARC | Ataque y copamiento de base militar | 27 soldados muertos y 60 secuestrados, 9 guerrilleros abatidos |
| La Carpa (Guaviare) | 7 de septiembre de 1996 | FARC | Ataque a patrulla contraguerrilla, masacre de soldados | 24 militares muertos |
| Coredo, Jurado (Choco) | 16 de enero de 1997 | FARC | Ataque a puesto de la infantería de marina | 3 militares muertos y 10 secuestrados |
| San Juanito (Meta) | 1 de febrero de 1997 | FARC | Emboscada a tropas contraguerrilla | 16 militares muertos |
| Caño Hormiga, Arauquita (Arauca) | 6 de julio de 1997 | FARC | Ataque a helicóptero civil cargado con tropas | 20 militares y 1 civil muertos |
| Arauquita (Arauca) | 10 de julio de 1997 | FARC | Emboscada a tropas del Ejercito | 10 militares muertos |
| San Carlos de Guaroa (Meta) | 3 de octubre de 1997 | Autodefensas del Casanare | Ataque a comisión del Gaula | 11 militares y funcionarios judiciales muertos |
| San Juan de Arama (Meta) | 4 de octubre de 1997 | FARC | Emboscada a patrulla contraguerrilla | 17 policías muertos |
| El Aro (Nudo de Paramillo, Antioquia) | 26 de octubre de 1997 | AUC | Masacre de campesinos | 17 muertos |
| Cerro Patascoy (Nariño) | 22 de diciembre de 1997 | FARC | Ataque y copamiento de nudo de comunicaciones | 11 soldados muertos y 18 secuestrados |
| República de Colombia | Primera quincena de marzo de 1998 | FARC - ELN | Ofensiva nacional antes de las elecciones legislativas | 120 muertos entre civiles, militares y guerrilleros |
| Caño El Billar - Peñas Coloradas (Caqueta) | 1 - 5 de marzo de 1998 | FARC | Ataque a batallón contraguerrilla, batalla campal | 64 soldados muertos, 43 secuestrados y 3 helicópteros impactados; 30 subversivos abatidos |
| República de Colombia | 3 - 7 de agosto de 1998 | FARC - ELN | Ofensiva nacional de "Despedida a Samper" | 81 uniformados y 15 civiles muertos, 152 soldados y policías capturados; no menos de 60 guerrilleros abatidos |
| Miraflores (Guaviare) | 3 - 4 de agosto de 1998 | FARC | Asalto masivo a bases de la policía y el Ejercito colombiano | 16 uniformados y 3 civiles muertos, 129 soldados y policías capturados; no menos de 20 guerrilleros abatidos |
| La Uribe (Meta) | 4 - 7 de agosto de 1998 | FARC | Asalto masivo a bases de la policía y el Ejercito colombiano | 30 uniformados muertos, 7 soldados capturados y 1 helicóptero derribado; 30 guerrilleros abatidos |
| Tamborales, Riosucio (Choco) | 14 - 15 de agosto de 1998 | FARC | Ataque a batallón contraguerrilla, batalla campal | 42 soldados muertos y 21 secuestrados; 60 guerrilleros abatidos |
| Las Mercedes (Norte de Santander) | 12 de septiembre de 1998 | ELN - EPL | Asalto masivo a cuartel de la policía | 20 policías secuestrados, 1 herido |
| Machuca, Segovia (Antioquia) | 18 de octubre de 1998 | ELN | Voladura de oleoducto, masacre de civiles | 84 muertos y 30 heridos |
Género y violencia [editar]
El conflicto armado es también una cuestión de género, se encuentra que el 53% de la población desplazadas son niñas, y de ellas por lo menos el 17% se movilizaron a consecuencia de acoso, agresiones y violencia sexual, así, el riesgo vital y la vulnerabilidad son factores directamente proporcionales al conflicto armado, en consecuencia, la guerra disocia la unidad familiar, y altera sus elementos de cohesión grupal. Usualmente los menores canalizan su estado emocional a través de la lúdica-agresiva o en actitudes conflictivas, y se recarga en la mujer todo el peso de la reconstitución familiar, lo que dificulta su proceso adaptativo (Andrade, J. 2010), igualmente, los crímenes de género, los reclutamientos forzados, las retaliaciones, masacres, falsos positivos y toda la especificidad alienante en el conflicto, han puesto a Colombia en un lugar donde se presenta una continuidad en “las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas” (ACNUR, 2009, p.7). El desplazamiento afecta todo sentido de lo consensual y el erotismo en la pareja, como consecuencia de que el conflicto contamina todas las áreas de relación pública y privada, pasando de un carácter ideológico reformista a una praxis instrumentalista de corte maquiavélico, así, los aspectos motivacionales que antes movilizaban la protesta y el posicionamiento de los grupos armados, ahora promueven una compleja degradación social, donde "las atrocidades reemplazan al discurso" (Pecaut, D, 2001. “Aunque los hombres son más frecuentemente víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, se ha hecho habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario”. (LIMPAL, IEC 2002, p.4. La situación de violación a los DD HH en Colombia es compleja, pues “en el año 2007 por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de las cuales 1.314 eran mujeres, niñas y adolescentes” (Mesa de trabajo Mujer y desplazamiento forzado. Bogotá, 2007, p.2) y al igual que en el 2007, en el periodo siguiente “las mujeres niñas y adolescentes constituyen la mayoría del total de la población desplazada 52%, y de ellas por lo menos el 17% […] admitieron situaciones de desplazamiento forzado como consecuencia de agresiones y violencia sexual” (CODHES, 2008, p. 5), por lo que el acoso, la intimidación y la violencia sexual, son factores directamente proporcionales a la decisión de desplazar el grupo familiar; lo anterior demuestra que la violación a los DD HH de las mujeres, niñas y adolescentes no disminuye, convirtiéndose en un fenómeno epidemiológico y terrorista de características específicas, que sumado a otros actos de lesa humanidad, como masacres y falsos positivos, complejiza las relaciones al interior de las familias, entre la comunidad y con el gobierno, “se pudo constatar que [en cuanto ejecuciones extrajudiciales] generalmente se trata de población campesina,líderes comunitarios, indígenas, trabajadores, y personas socialmente marginadas, previamente detenidas de manera arbitraria, señaladas por informantes que buscan obtener recompensas o beneficios judiciales, y asesinadas posteriormente (…) para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate”.[cita requerida]
Secuestro y extorsión [editar]
Lisiados y discapacitados [editar]
Se calcula que en Colombia hay sembradas unas 100 mil minas antipersonal, donde las principales víctimas son los civiles que han contribuido a aumentar las cifras de muertes o lisiados.[21]
Reclutamiento forzado [editar]
De acuerdo a reportes del Comité para los Refugiados de Naciones Unidas, en el 2008 se presentararon hechos de reclutamiento forzado de menores de edad por partes de las fuerzas del estado para recopilar información de inteligencia de los grupos armados ilegales. Según el mismo organismo, las guerrillas de las FARC y el ELN, además de grupos paramilitares no desmovilizados, practicaron el reclutamiento forzado de niños y el cual han extendido a regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador.[22]
Desplazamiento forzado [editar]
Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas.[25]
El desplazamiento en el país es una causa directa del conflicto armado de Colombia. Con casi 400.000 refugiados y entre 4,9 y 5,5 millones de desplazados internos en 2012, el país es protagonista del mayor drama humanitario del América latina, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).[26] [24]
Narcotráfico [editar]
Medio ambiente [editar]
El gobierno y el sector industrial de Colombia han abogado e implementado monocultivos de plantas que generan daño a la fertilidad de los suelos, como el caso de la palma africana para la generación de biocombustibles. Las implicaciones ambientales de algunos monocultivos causan el deterioro acelerado de los suelos, el uso intensivo de agroquímicos, que implica daños al medio ambiente, especialmente en regiones selváticas, y la creación de carreteras. Los cultivos de palma africana en regiones selváticas del Pacífico colombiano, uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. El gobierno busca abrir paso al desarrollo capitalista y que además disminuye las selvas que dan ventaja táctica a las guerrillas y demás grupos ilegales.[27]
Los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, adoptaron políticas de destrucción de la infraestructura económica que sirve al gobierno y a los intereses de multinacionales capitalistas. Desde 1984, la destrucción de oleoductos petroleros es la táctica que más han utilizado las guerrillas y han afectado el medio ambiente. Dichos derrames de petróleo han causado la contaminación de suelos, fauna y flora, e importantes cuencas hidrográficas.[28]
Los grupos armados ilegales envueltos en el negocio del narcotráfico como las FARC, ELN y AUC han promovido su expansión, con la generación de demanda, lo que genera mayor destrucción de selva o bosque virgen para dar paso al cultivo ilícito.[28]
Respuesta popular [editar]
A lo largo del conflicto armado colombiano se han producido protestas populares contra los hechos violentos causados por los diferentes actores del conflicto armado, y en otros en apoyo a alguno de los actores. Los más importantes han sido el Movimiento de la "Séptima papeleta" que en parte se le atribuyó el impulso para la creación de la Constitución de Colombia de 1991, el del Mandato por la Paz de 1997.[29] A principios del siglo XXI se llevaron a cabo Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado, Un millón de voces contra las FARC y el Gran Concierto por la Paz del 20 de julio de 2008.[30]
Imagen internacional de Colombia [editar]
En países que se presentan fenómenos de mafias y narcotraficantes se le empezó a denominar "Colombianización", donde hacen convergencia el narcotráfico, la violencia y la corrupción. El término ha sido utilizado por la prensa de países como España[31] , Guatemala[32] México,[33] Venezuela,[34] Nicaragua y Ecuador.[35] [36] A Colombia se le ha asociado incluso con Afganistán por la asociación entre mafias terroristas y narcotráfico.[37]
Debate político por definición de "conflicto interno" y beligerancia [editar]
El debate por la definición de «conflicto interno», al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante la presidencia de Álvaro Uribe. El 7 de febrero de 2008, el principal asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, calificó a las guerrillas de amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un "conflicto interno" les daría cierto poder a las FARC y eso entorpecería lograr la paz.[38] Las FARC perdieron el estatus de 'beligerante' tras el término de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo beligerante, es aquel "grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal y vigente establecido". En el Derecho Internacional, para que pueda un Movimiento, Comunidad o Grupo beligerante ser reconocido, es necesario que se les otorgue reconocimiento jurídico internacional por parte de otros sujetos del sistema jurídico internacional, además de reunir las siguientes condiciones:[39]
- «Dominio real y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado»:[39] El gobierno de Colombia aduce que las FARC y ELN dejaron de controlar territorios, después que el gobierno anunciara que la fuerza pública había logrado recuperar el control de todos los municipios del país.[38] El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez defendió a las FARC y al ELN, pidiéndoles a la Asamblea Nacional de su país que se les considerara como "fuerzas beligerantes" (sic) y dijo en referencias estas guerrillas que,[40]
"No son organizaciones terroristas, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que aquí (en Venezuela) es respetado"
- «Constitución de un aparato político-militar»:[39] Contrario a la autodefinición de las FARC y el ELN, el gobierno colombiano, como el de Álvaro Uribe han aducido en ocasiones que las guerrillas utilizan la política para escudar otras acciones ilegales de las que se benefician integrantes de los grupos irregulares, como el narcotráfico, tráfico de armas y otros productos, el abigeato, el robo, el secuestro y la extorsión.[41]
- «Aplicación irrestricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario»:[39] El gobierno colombiano acusa a las FARC de violar constantemente el Derecho Internacional Humanitario, por lo que niega que cumpla con los requerimientos de beligerancia. Las guerrillas como las Farc han acusado al gobierno de ser ilegítimo por hechos de corrupción en los procesos de elección. Organizaciones como Human Rights Watch han instado tanto al gobierno colombiano como a las grupos irregulares a respetar y seguir las normas del DIH.[42]
En virtud de la Ley 762 que reemplazó lo proveído en la Ley 418, no es necesario calificar como grupo "político" a un grupo "terrorista" para negociar.[43] [44]
En la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) de iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se reconoce la existencia de un conflicto armado interno.[45] De acuerdo con Santos, el reconocimiento del conflicto no implica un reconocimiento a la beligerancia de los grupos armados ilegales.[46] Esta decisión, sin embargo, ha sido criticada por el ex presidente Uribe y sectores afines.
Historia [editar]
Antecedentes [editar]
Desde la independencia de Colombia en 1819 y la desintegración de la república creada por Bolivar en 1830, el país no ha estado ajeno a la violencia bipartidista, hecho que fue evidente en las numerosas guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX en la entonces Nueva Granada y que culminaron en la sangrienta Guerra de los Mil Días (1899–1902).
Solo entre 1902 y 1946, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930–1946). No obstante, el conflicto se reactivaría a partir de 1946 cuando el partido Liberal dividido en torno a dos candidaturas presidenciales, perdió las elecciones cediendo el control al conservador Mariano Ospina Perez. En las áreas rurales del centro del país y en Nariño principalmente, comenzaron a presentarse fuertes brotes de violencia que dejaron 14.000 muertos ya en 1947. Sin embargo el verdadero punto de quiebre llegaría poco después.
El 9 de abril de 1948, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aún cuando el magnicidio no tuvo aparentemente un móvil político partidista[cita requerida], este crimen genero un cruento levantamiento popular en la capital, conocido como el Bogotazo; si bien la violencia se extendió ese día por gran parte del país. Al menos 3500 personas murieron en los feroces combates que se extendieron por una semana.
No obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta y el primer mandatario culmino su periodo en 1950. Si bien en un principio accedió a establecer un gobierno de coalición, el tiroteo del Congreso de la república, donde un parlamentario conservador asesino a 2 representantes liberales, y la fracasada insurrección del 25 de noviembre de 1949, lo decidieron a declarar el Estado de sitio y a asumir poderes dictatoriales. En consecuencia para las elecciones presidenciales de 1950, el partido Liberal alegando falta de garantías, no presento su candidato[cita requerida]. Esto facilitó el triunfo del partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, quien continuó y profundizó la política de seguridad de su antecesor frente a la violencia partidista[cita requerida], política que no contemplaba negociar con los rebeldes y claramente se orientaba hacia una verdadera guerra de exterminio contra sus contradictores políticos.
El Partido Liberal, no sin agudas controversias internas, promovió cada vez mas abiertamente la conformación de guerrillas para oponerse al autoritarismo del gobierno Gómez; grupos que por otro lado ya venían operando desde noviembre de 1949[cita requerida]. Además de las guerrillas liberales, que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones se crearon diferentes tipos de bandas armadas irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno como por los miembros del Partido Comunista. La imparable expansión territorial y sobre todo la fuerza adquirida por estos grupos insurgentes, quedo de manifiesto el 10 de julio de 1952, cuando cuadrillas llaneras al mando de Guadalupe Salcedo emboscaron a una columna de 100 efectivos del Ejercito en El Turpial (Puerto Lopez, Meta) y dieron de baja a 96 soldados.
El fracaso de las políticas oficiales, la agudizacion del conflicto que derivaba hacia una completa guerra civil y la desconfianza que inspiraban las actitudes personales de Gómez, proclive al fascismo y a la dictadura, llevaron a que este perdiera buena parte del apoyo del establecimiento, y a que en junio de 1953 la clase política secundada por el Ejercito colombiano, le propinara un golpe de estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla.
Inmediatamente Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizándoles una amnistía total. La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó en agosto de 1953, desactivando la aguda situación de Violencia. Sin embargo, el asesinato de varios de los líderes insurgentes amnistiados contribuyó a crear una cierta desconfianza en muchas de las cuadrillas subversivas, que prefirieron continuar en la clandestinidad y no deponer las armas. Por añadidura innumerables bandas de hombres ya desadaptados a la vida civil, viraron hacia una criminalizacion progresiva de sus actos y se constituyeron en los famosos bandoleros, que devastaron buena parte del centro del país entre finales de la década de los 50 y principios de los 60.
Por otra parte, los grupos comunistas atacados incesantemente desde 1954 en sus fortines del Sumapaz, se replegaron sobre la cordillera oriental y formaron las denominadas "repúblicas independientes" donde se armaron esencialmente para la autodefensa, lanzando ocasionalmente ataques contra las áreas perimetrales. Estos últimos grupos serian el germen de las FARC.
El Frente Nacional [editar]
| Presidentes de Colombia durante el Conflicto armado colombiano | ||
|---|---|---|
| Años | Presidente | |
| 1962-1966 | Guillermo León Valencia | |
| 1966-1970 | Carlos Lleras Restrepo | |
| 1970-1974 | Misael Pastrana | |
| 1974-1978 | Alfonso López Michelsen | |
| 1978-1982 | Julio César Turbay | |
| 1982-1986 | Belisario Betancur | |
| 1986-1990 | Virgilio Barco Vargas | |
| 1990-1994 | César Gaviria Trujillo | |
| 1994-1998 | Ernesto Samper Pizano | |
| 1998-2002 | Andrés Pastrana Arango | |
| 2002-2010 | Álvaro Uribe Vélez | |
| 2010-presente | Juan Manuel Santos | |
La clase dirigente tradicional, preocupada por la veleidades populistas de Rojas Pinilla, quien aspiraba a crear su propia fuerza política al margen de la centenaria tendencia liberal - conservadora de la república, y quería extender su mandato por 4 años mas, promovió apoyada en las clases populares opuestas al régimen militar un paro nacional en mayo de 1957. Sin el apoyo incondicional del Ejercito, que le retiro su beneplácito en el ultimo momento, el Teniente General tuvo que renunciar a la presidencia el 10 de mayo. El poder fue asumido por una junta militar de transición mientras se reanudaba el sistema político democrático tradicional colombiano.
Los líderes de los partidos Liberal y Conservador finalmente acordaron que durante un nuevo período de transición iniciado en 1958, y que se extendería por los próximos cuatro períodos presidenciales (16 años), ambas agrupaciones se alternarían en el poder. Éste sistema se denominó el Frente Nacional, y fue concebido como una forma de concluir la violencia política bipartidista de los años 50.
Si bien el Frente Nacional logró cumplir ese objetivo, con el tiempo también se hizo claro que obstaculizaba en la práctica la posibilidad de participación de grupos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, incluyendo a sus disidencias internas.
Repúblicas independientes y primeros años de la guerrilla [editar]
Durante el gobierno de Guillermo León Valencia (1962–1966), segundo mandatario del Frente Nacional, y ante la creciente preocupación generada por la existencia de las llamadas "repúblicas independientes" al interior del país, el presidente ordenó al Ejército someter tales enclaves controlados por campesinos comunistas y restablecer allí la autoridad gubernamental. Para ese momento las guerrillas liberales sobrevivientes se habían desmovilizado en el Gobierno de Lleras Camargo (1958-1962) o habían degenerado en grupos de Bandolerismo rural que fueron erradicados entre 1962-1965. Pero a la vez que los principales bastiones de “autodefensa campesina” iban cayendo y que los principales cabecillas bandoleros eran abatidos (Efraín González Téllez, Jacinto Cruz Usma “Sangrenegra”, “Desquite” etc.), se abría paso a un nuevo periodo de violencia en la nación andina, con el surgimiento de las guerrillas móviles (FARC, ELN y EPL).[cita requerida]
Orígenes de las Farc: las repúblicas independientes [editar]
Desde 1961 Álvaro Gómez Hurtado, había venido denunciado ante el congreso de la República, la existencia de unas llamadas repúblicas independientes al interior de Colombia: El Pato, Sumapaz, Riochiquito, la región del Ariari y la intendencia del Vichada, (esta última debido a los intentos del MOEC de crear en la zona un foco guerrillero); zonas que según el se hallaban por fuera de la soberanía nacional y bajo el control de los comunistas instruidos desde Moscu.En una intervención ante el parlamento efectuada el 25 de octubre de 1961 señalo:
"...Hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde el Ejército Colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes... Hay la República Independiente de Sumapaz. Hay la República Independiente de Planadas, la de Río chiquito, la de este bandolero que se llama Richard y ahora, tenemos el nacimiento de...la República Independiente de Vichada”.
Alvaro Gomez Hurtado.
Estos grupos nacidos durante la Violencia de 1948 – 1953, venían siendo atacados sistemáticamente desde 1954 por el gobierno del Dictador Gustavo Rojas Pinilla, y fueron obligados a replegarse en pequeños enclaves sobre la cordillera central y oriental. La posterior caída del general en mayo de 1957 y la llegada al poder del Frente Nacional, generaron una fuerte esperanza de la paz en todo el país; muchas de las cuadrillas que aún quedaban activas se desarmaron, pero otras como las autodenominadas Autodefensas campesinas no lo hicieron, optando más bien por cesar las hostilidades.[cita requerida]
No obstante, el Estado aún enfrentaba una gran ola de inestabilidad en las áreas rurales, propiciada por los bandoleros en las zonas cafeteras del centro de Colombia, y por bandas armadas de todo tipo. Además la paz no fue acompañada por reformas de fondo en el campo o por la reparación a las millones de víctimas despojadas, lo que generaría un profundo descontento entre la población campesina que halló en la medidas de hecho su forma de expresión. Igualmente el reparto a dedo de los puestos burocráticos entre los 2 partidos tradicionales y la cerrazón a nuevas alternativas y propuestas que no fueran del Oficialismo, se convirtieron en el caldo de cultivo de nuevos conflictos. Los uniformados continuaron hostigando a la población refugiada en las Repúblicas independientes, dando muerte a muchos de los cabecillas amnistiados o que se hallaban inactivos.[cita requerida]
Al final fue en el marco de la delicada cuestión agraria, que se reabrió el capítulo de la guerra con los comunistas. El 11 de enero de 1960 fue asesinado en las calles de Gaitana (Tolima) el principal comandante insurgente de la época Jacobo Prías Alape y en febrero del mismo año, fue herido en un atentado, Juan de la Cruz Valera, jefe máximo en la región del Sumapaz. Al tiempo contingentes de uniformados habían iniciado operaciones en la región del Ariari. Como respuesta al acoso de las autoridades y también de los grupos de ex guerrilleros liberales al servicio de hacendados interesados en apropiarse de las tierras que ocupaban las autodefensas campesinas, se celebró en el mes de junio de 1961 y en el más riguroso secreto el IX Congreso del Partido Comunista, que aprobó por primera vez la tesis de combinar todas las formas de lucha.[cita requerida]
La pacificación de Valencia [editar]
La llegada a la presidencia del conservador, Guillermo León Valencia en agosto de 1962, será el inicio de un esfuerzo masivo por alcanzar la “Pacificación” total del territorio nacional, y cerrar así de una vez por todas el capítulo de la violencia política. En tres años los principales cabecillas del Bandolerismo (Efraín González, Jacinto Cruz Usma “Sangre negra”, William Aranguren “Desquite”, Teófilo Rojas “Chispas”), fueron dados de baja tras una ardua cacería y tomadas las Repúblicas Independientes. La guerra contra estas últimas se llevó a cabo bajo la presión de la clase política tradicional, recelosa del contagio comunista y de los efectos que pudiera tener la revolución cubana en el país, y del gobierno norteamericano, ansioso por apagar el incendio revolucionario en Latinoamérica.[cita requerida]
En el marco del famoso plan LASO (Latin American Security Operation, un conjunto de operaciones psicológicas, preventivas, ofensivas y destructivas concebidas por los asesores contra-insurgentes de EE.UU para evitar la diseminación del comunismo), el Ministro de Defensa, el General Alberto Ruiz Novoa, un veterano de Corea y prestigioso militar, había diseñado un certero plan para someter las regiones bajo control de las Autodefensas campesinas al arbitrio de la Constitución colombiana. Mientras en el Sumapaz se evito la lucha frontal y el movimiento fue decapitado liquidando sus líderes, la confrontación fue abierta en los demás frentes: El Pato y Guayabero cercados progresivamente desde 1963, fueron sometidos totalmente el 22 de marzo de 1965.[cita requerida]
En Marquetalia las primeras ofensivas se sucedieron en 1962, pero no dieron el resultado esperado. Al final fueron las mismas acciones violentas del grupo allí presente, las que decidieron la acción de castigo definitiva: el 29 de diciembre de 1963 entre Planadas y Gaitania emboscan una columna de abastecimiento dando muerte a 5 soldados y en marzo del 64 derriban un avión de Aerotaxi. Cuando un piloto y un capitán del ejército tratan de rescatar los cadáveres, son asesinados. El General Gabriel Rebéiz Pizarro, Comandante de las FF.MM, y el firmante de la directiva operacional, había advertido que las regiones en las cuales habría intervención estatal "deberían recibir una decidida y rápida acción del INCORA y otras entidades del Estado con el fin de resolver problemas urgentes" que apremiaban a la población civil de la zona. Sin embargo, sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta y la solución se decanto por la vía militar. La avanzada quedo bajo responsabilidad del coronel Hernando Currea Cubides, Comandante de la VI Brigada en Ibagué. Con tropas especializadas en contrainsurgencia, grupos de inteligencia y aviones de combate, se dispone además de tres batallones para asegurar toda el área.[cita requerida]
La “Pacificación” de Marquetalia llegara finalmente con la Operación Soberanía en mayo de 1964: 2000 soldados (varios cientos del Batallón Colombia) al mando del teniente coronel José Joaquín Matallana asaltan con 6 helicópteros el nudo montañoso y lo ocupan rápidamente el día 27, mientras los comunistas al mando de Tirofijo, en un número aproximado de 50, escapan y se refugian en Riochiquito, controlado a la sazón por Ciro Trujillo. Las Farc harán ver aquel episodio como el punto de partida de su gesta por la “libertad”, y lo convertirán en su mito fundacional; magnificaran los hechos elevando a 16.000 los atacantes.[47]
Desde el nuevo enclave se formularía el famoso Programa agrario de los guerrilleros en julio de 1964 y mas tarde en medio de la 1 conferencia se constituiría el Bloque Sur, con Pedro Antonio Marín alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo como primer comandante, Ciro Trujillo Castaño alias Mayor Ciro como su segundo y Luis Alberto Morante, Jacobo Arenas como ideólogo y enlace con el Partido Comunista. El 17 de marzo de 1965, una columna de al menos 140 subversivos se tomo la población de Inza (Cauca), en lo que fue el primer asalto a un centro urbano colombiano, matando en la incursión a 16 personas (incluyendo al alcalde de la localidad y a 2 monjas).[48] Pero seria con la caída del enclave de Riochiquito (Cauca) el 15 de septiembre de 1965, cuando se verían obligados a abandonar definitivamente sus bases fijas y a constituirse en guerrilla móvil. Con alrededor de 350 hombres en armas, abrieron operaciones en el Guayabero, El Pato, Natagaima y Chaparral. Tras una segunda conferencia que culmino el 5 de mayo de 1966 tomaron oficialmente el nombre que llevarían a partir de ese momento, y que se transformaría en un símbolo de lucha para unos y en un pesado lastre que arrastra el país para otros: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Además, adoptaron sus primeros estatutos, un reglamento interno, un régimen disciplinario y las normas de comando; acogieron un plan militar nacional y afirmaron que iniciaban una lucha prolongada por la toma del poder.
Sin embargo, el crecimiento del nuevo movimiento hasta 1978 fue bastante limitado y para mediados de los 70 solo tenían unos 900 hombres en armas. Para ese momento ya se habían delimitado los principales 4 núcleos de expansión de las Farc, al que se sumaria un quinto para finales de esa misma década: el primero en las selvas del sur, Meta, Huila y Sumapaz; el segundo en el norte del Cauca, sur de Tolima y Valle; el tercero en el Magdalena Medio: el cuarto en Uraba; y el último en Arauca.[cita requerida]
Nacen el ELN y el EPL [editar]
Las consecuencias de la revolución cubana y de la efervescencia “revolucionaria” que vivía Latinoamérica, no dejaron de hacerse sentir en Colombia. Mientras las FARC tenían su génesis en las secuelas generadas por la violencia partidista de los años cincuenta, el ELN lo tendría en la experiencia castrista.[cita requerida]
Un grupo de jóvenes que al mando de Fabio Vásquez Castaño habían recibido entrenamiento militar en Cuba, regresaron al país y constituyeron la “Brigada pro liberación Jose Antonio Galán”, con el objetivo declarado de hacer la revolución en Colombia. Decidieron centrar su actuación en Santander, donde la situación originada por las huelgas petroleras era difícil; y aprovechando los restos de las antiguas guerrillas liberales, conformaron en San Vicente de Chucuri un primer foco insurgente. En el cerro de Los Andes donde se concentraban para recibir entrenamiento tomaron el nombre de Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 4 de julio de 1964, pero sería solo seis meses después que el movimiento se hizo público, cuando el 7 de enero de 1965, 22 guerrilleros se tomaron Simacota y mataron a 5 uniformados y un civil. El pronto enrolamiento en sus filas del sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, defensor de la Teología de la liberación al interior de la Iglesia y jefe del Movimiento político Frente Unido, le daría gran popularidad al grupo subversivo.[49]
El EPL por su lado, se origino a partir de la escisión del partido comunista acusado de revisionista por sectores que lo acusaban de ser un movimiento “burgués” al “esperar la revolución” y no generarla. Así fue como en 1965 Pedro Hernando Vásquez Rendón, fundo el Partido comunista colombiano Marxista-Leninista, del que el Ejército Popular de Liberación (EPL) se constituiría en brazo armado. Sus dirigentes decidieron abrir operaciones en el noroccidente del país, en las riveras de los ríos Sinu y San Jorge, y conformaron allí su primer núcleo guerrillero. En 1968 pasaron a la acción cuando asesinaron a Orlando Marchena, un hacendado de la región.[cita requerida]
Evolución de las guerrillas desde 1966 hasta 1974 [editar]
Hasta cierto punto las diferentes guerrillas, las FARC, el ELN y el EPL, fracasaron en llevar a cabo sus planes de insurrección general y más bien fueron duramente golpeadas. Sus principales núcleos y puntos de presencia en las selvas del sur, el Cauca, el Sur de Tolima, el Magdalena Medio y en los ríos Sinu y san Jorge, no les permitían acceder a grandes recursos ni hostigar seriamente al Gobierno y las Fuerza Armadas. Estas últimas encontrarían en la persona del General Álvaro Valencia Tovar, un hábil estratega contraguerrillero, capaz de golpear a la subversión combinando la fuerza bruta con la mano tendida.[cita requerida]
Los golpes se sucedieron. El 15 de febrero de 1966, Camilo Torres sacerdote y político que se había unido al ELN, murió junto a 5 guerrilleros en Patio Cemento (Santander) al intentar emboscar al Ejército. Un año más tarde, cuando hombres de las FARC se arriesgaron a operar en el Quindío, sufrieron un fuerte descalabro al verse cercados por la tropa y perdieron decenas de hombres, más el 70% de las armas que tenían en ese momento. Ciro Trujillo, segundo comandante de dicha organización y responsable de la derrota, sería abatido un año después, en octubre de 1968 cuando pretendía abrir un frente en Boyacá.
Entonces, las operaciones se centraron en el ELN, la principal guerrilla del momento. La organización es minada desde dentro por deserciones y conflictos internos que le cuestan la vida a varios de sus dirigentes en los llamados juicios revolucionarios: Víctor Medina Morón, Julio Cesar Cortés y Heliodoro Ochoa son fusilados el 22 de marzo de 1968 por órdenes de Fabio Vásquez Castaño el jefe máximo del ELN. No obstante, en los años que siguen logran extender sus operaciones a Antioquia y el sur de Bolívar, tomándose innumerables poblaciones y atentan contra el general Álvaro Valencia Tovar frente al Ministerio de Defensa en Bogotá el 8 de octubre de 1971. La respuesta del Ejército vendrá con la operación Anori lanzada el 19 de septiembre de 1973. Con todos los medios al alcance, las tropas cercan y copan una importante columna guerrillera que al mando de los hermanos de Vásquez Castaño, Manuel y Antonio se encuentra en el magdalena medio antioqueño. Tras un mes de combates, los destrozan totalmente dando de baja 30 insurgentes y capturando un número similar. Los 2 cabecillas son finalmente abatidos el 18 de octubre tras un tiroteo a las orillas del río Porce, en la finca el Astillero. Es un golpe decisivo. Un mes después, en noviembre es detenido el segundo al mando, Ricardo Lara Parada, y el 20 de febrero de 1974 muere en combate, Domingo Lain. Derrotado y a punto de ser juzgado por sus propios hombres, en agosto Fabio Vásquez Castaño huye del país y se refugia en Cuba.[cita requerida]
Finalmente, en 1975 también el EPL encajó una dura derrota con la muerte de su fundador y líder Pedro León Arboleda.
La excepción a este pobre balance, la constituirá la emboscada tendida al Ejercito el 13 de octubre de 1973 en el sitio Bejuqueros de Planadas (Tolima), donde las FARC matan a 8 soldados y 3 civiles.[48] Sin embargo en el contragolpe, las FF.MM. estuvieron a punto de aniquilar la comandancia del grupo guerrillero. En diciembre, las tropas cercan durante 15 días a una compañía de 30 hombres que guiada personalmente por Manuel Marulanda se movía en la región de La Sonora, en el municipio de Rió Blanco (Tolima). Empero, tras varias jornadas de combate una vez mas el astuto cabecilla burlo el sitio y escapo.[48]
Nacimiento del M-19 [editar]
Para el último período oficial del Frente Nacional, el candidato del gobierno, el conservador Misael Pastrana Borrero se enfrentó al líder de la ANAPO, el General retirado, Gustavo Rojas Pinilla. Después de una apretada campaña, en las elecciones del 19 de abril de 1970 Pastrana ganó bajo numerosos alegatos de fraude. Esto impulsó a varios jóvenes universitarios a conformar un nuevo grupo subversivo, el Movimiento 19 de Abril.[cita requerida]
El M-19 apareció en escena el 16 de enero de 1973 como respuesta “al descarado robo de las elecciones del 19 de abril de 1970” y se constituyó inicialmente como una guerrilla urbana, tras una audaz campaña de expectativa en la prensa. Su anti dogmatismo, sus acciones espectaculares y el carisma de su líder Jaime Bateman Cayon lo dieron a conocer pronto entre las masas de las ciudades que habían permanecido generalmente ajenas a un conflicto, que hasta ese momento afectaba solo a las zonas marginales del país, lejos de los principales núcleos socio-económicos de la nacion. En enero de 1974 en lo que seria su primer gran acto, robaron la espada de Bolívar de la quinta-museo donde se encontraba en Bogotá. El arma pasaría desde entonces a convertirse en un símbolo de su lucha.[cita requerida]
El ascenso de López Michelsen [editar]
Con el amplio entusiasmo popular (voto el 58% de los electores) que traían los recuerdos del MRL (Movimiento de renovación liberal) de los años sesenta, Alfonso López Michelsen fue elegido a la presidencia de la república en las votaciones de 1974. Oficialmente era el final del llamado frente Nacional, pacto político de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador para repartirse el poder y poner fin a la violencia política de los años cincuenta; pacto que le había cerrado el espacio político a terceras fuerzas, como la ANAPO, permitiendo a las guerrillas justificar su existencia. No obstante en la práctica la paridad en los puestos públicos se mantendría hasta el final del Gobierno Betancur.[cita requerida]
Con los propósitos iníciales de la concertación y de la institucionalización de la democracia, bajo el lema del “nuevo trato”, López intento realizar una mayor apertura, por un lado hacia el movimiento sindical, y por el otro incluso se propuso negociar con el ELN, que se creía se hallaba al borde de la extinción tras los duros golpes encajados entre 1973 y 1974. Pero la oposición de los militares que creían poder rematar de una sola vez el problema por la vía armada, hizo fracasar las negociaciones. Otro propuesta semejante salida del seno de las propias FARC, se aborto por la misma causa.
En consecuencia, las guerrillas se negaron a rendirse o a desaparecer y continuaron alzadas en armas. Lo que queda del ELN se reorganiza bajo el mando de Nicolás Rodríguez Bautista “Gabino” en el sur de Bolívar y el 8 de septiembre de 1975, protagonizan un atentado que mata al Inspector General de las FF.AA. general Ramón Arturo Rincón Quiñónez. Al año siguiente, se desplazaron a la serranía del Perija, que tomarían como base y cuartel general desde ese momento. Así mismo convirtieron la frontera de Venezuela en punto de apoyo y abrieron operaciones en los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Arauca, donde empezó a gestarse el frente Domingo Laín.[cita requerida]
En ese momento precisamente, pese a las promesas de convertir a Colombia en el Japón de Latinoamérica, y a la misma bonanza económica que vivía el país (gracias a los altos precios del café, y ya a los raudales de dinero que entraba con el tráfico de cocaína), las clases medias y bajas vieron defraudadas sus esperanzas en el Gobierno López: un creciente deterioro del poder adquisitivo afecto sobre todo a los trabajadores, la inflación se salió de cause haciendo de los aumentos de salario algo simbólico, y una fuerte recesión afecto los sectores no cafeteros de la economía desde 1975 hasta 1977. Como respuesta a esta difícil situación, a partir de 1975, se dio un aumento inusitado en los conflictos laborales. José Raquel mercado, dirigente de la unión sindical CTC, fue secuestrado y muerto por la guerrilla del M-19, acusado de “traicionar las clases populares” en abril de 1976. La CSTC más radical y con una mayor influencia comunista en sus filas se fortaleció. Se declaro entonces la emergencia económica y se aumentaron las facultades de los militares con Abraham Varón Valencia a la cabeza del Ministerio de defensa.[cita requerida]
Agravamiento del conflicto: 1977-1982 [editar]
El paro cívico nacional y el Estatuto de seguridad [editar]
La difícil situación económica y el inconformismo de las clases populares y medias con el crecimiento de las tasas de inflación y el deterioro de la distribución del ingreso, más la evidencia con las distintas bonanzas de que si había plata en Colombia, llevó a las centrales sindicales a proclamar el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. El gobierno que no vio más que subversión en la protesta, lo reprimió con dureza y en los enfrentamientos con la fuerza pública, murieron 22 personas. Fue el punto de quiebre. La población vio que le era negado hasta el derecho a la protesta, y perdió la confianza en sus instituciones, que no representaban los anhelos del grueso de la sociedad.[cita requerida]
Las guerrillas aprovecharon el vació generado por la propia política del Estado y se relanzaron ante la sociedad con una nueva imagen, queriéndose hacer ver como los auténticos delegados del pueblo. Su lucha que hasta el momento no había logrado despegar y se limitaba a las zonas periféricas de la nación, toma un nuevo aire: creyeron ver llegada la tan ansiada situación pre-revolucionaria y se movilizaron para ello. Las fuerzas irregulares urbanas toman un mayor protagonismo con el M-19 y el ADO, aunque también las Farc y el ELN reclutan milicianos y expanden su influencia por nuevos territorios. Una generación completa salida de las universidades cree que el país también tomara el rumbo de las naciones del cono sur, la dictadura militar, y se enrola en la insurgencia. La ofensiva anti-popular de la última parte del periodo López, no hace más que ensanchar la brecha entre ambas posiciones.[cita requerida]
Para las elecciones presidenciales de 1978, en medio de una abstención electoral bastante alta (solo vota el 45% de la población con capacidad para hacerlo), sale elegido Julio Cesar Turbay Quintero. En base a los rumores alarmantes que le llegaban sobre el crecimiento de las guerrillas y en respuesta a una carta de la oficialidad del Ejército firmada el 17 de diciembre de 1977, en la que reclamaban mayores poderes, Turbay expidió amparado en el Estado de Sitio, el 6 de septiembre de 1978 el polémico Estatuto de seguridad. Se limitaron las libertades de expresión y movilización, se amplio el marco del código penal militar sobre los civiles y se consagro la violación del Habeas Corpus. Cuando días después, fue asesinado por el ADO, el ex ministro de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas, fue desempolvado el artículo 28 de la constitución de 1886, que permitía la detención hasta por 10 días de personas sospechosas de alterar el orden público.[cita requerida]
Se vino una ofensiva durísima contra los sindicatos, continuando el esfuerzo iniciado por López. Las centrales obreras fueron cooptadas, sus líderes represaliados y el movimiento quedó decisivamente debilitado. Además tales recursos jurídicos, permitieron los excesos de la fuerza pública, al permitirles realizar detenciones arbitrarias y prolongadas, interrogatorios con torturas y procesos militares sin garantías de defensa.[cita requerida]
Auge guerrillero [editar]
La ofensiva anti-popular de López- Turbay, después del paro cívico de septiembre de 1977, tendría un efecto contrario al que buscaban. Las guerrillas maduraron y entre 1978- 1980, el EPL, el ADO y el M-19, constituyeron numerosas milicias en los núcleos urbanos más importantes. Pero serían los golpes del M-19 los que pondrían fin al aislamiento de la insurgencia relegada hasta ahora a la periferia y la presentaría como un verdadero actor político. Su anti-dogmatismo que los enfrentaba a la intransigencia ideológica de la izquierda tradicional y la astucia de su jefe Jaime Bateman Cayon, los hicieron un fenómeno público. El 31 de diciembre de 1978, los miembros de dicha organización ingresaron por un túnel al cantón Norte en Bogotá y robaron 5000 armas, humillando al Ejército. Este tocado en lo más profundo, desencadenó una fuerte contraofensiva y gracias a las deficiencias organizativas del grupo, les infligió duras derrotas, al desarticular varias de sus redes.[cita requerida]
No obstante en febrero de 1980, nuevamente el M-19, en un otro golpe de mano ocupó la residencia de la embajada dominicana en la capital y secuestró a 15 diplomáticos. 67 días después, tras arduas negociaciones con los rebeldes, estos viajaron a Cuba con algunos de los rehenes y allí los liberaron, dando fin a la toma. Después de permanecer maniatado debido a la presión internacional que generaba tener unos embajadores secuestrados, el Ejército reaccionó con todo y para mediados del mismo año había desbaratado la mayoría de las milicias urbanas del M-19 y capturado a sus principales dirigentes, obligándolo a replegarse a las áreas rurales del sur del país, Caquetá, Huila, Uraba y Cauca inicialmente. Los enfrentamientos armados se desplazaron hacia esas zonas y se hicieron cada vez más fuertes y costosos.[cita requerida]
Al mismo tiempo, las FARC multiplicaron sus frentes pasando de 6 en 1978 a 27 en 1982, consolidaron algunas nuevas áreas de influencia en Uraba, Arauca y Valle del Cauca, y pasaron en varias zonas de la autodefensa a la ofensiva. En efecto en un hecho que marcara un antes y un después en la confrontación armada, 3 columnas de la guerrilla comunista que agrupaban al menos a 100 hombres copan en Puerto Crevo (a orillas del rió Duda, Meta) a una patrulla de 20 efectivos del Ejercito, el 18 de agosto de 1980. El ataque (denominado Cisne Tres por la subversión) el primero en el que una unidad completa de las FF.MM. es reducida por los irregulares, termina con 3 muertos, 3 heridos y 14 secuestrados en las filas del gobierno.[48] Pero precisamente en el momento que las guerrillas se extendían por la geografía nacional, el tráfico de cocaína desde Perú y Bolivia (presente ya desde principios de los setenta y que tenía como destino principal a EE.UU y Europa), se intensificó entrecruzándose con la expansión insurgente y terminó por favorecerla. Colombia se convirtió en la placa giratoria del funesto negocio. Grandes zonas del sur del país, donde era prácticamente inexistente la presencia del estado, pero en cambio era fuerte la de las Farc, se llenaron inicialmente de pistas clandestinas, cristalizaderos y laboratorios donde era procesada la coca, para más tarde hacer su aparición los llamados cultivos ilícitos. Tras un rechazo inicial a dichas actividades, los frentes presentes en la región terminarían cobrando vacunas, extorsiones y el famoso “Gramaje” a los grandes capos, a los cultivadores y a los raspachines. Ese sería el origen de la disputa con Gonzalo Rodríguez Gacha, a quien miembros de la guerrilla le destruyeron laboratorios de procesamiento y le robaron cargamentos y dinero en efectivo en 1983.[50]
Tampoco, fue casualidad que cuando miembros del M-19 en Antioquia, secuestraron a Martha Nieves Ochoa, hermana de los famosos narcotraficantes y miembros del Cartel de Medellín a finales de 1981, los capos reaccionaran con todos los recursos a su alcance creando el MAS (Muerte A Secuestradores), organización que sería el germen del moderno Paramilitarismo en Colombia. Cada uno de ellos aportó armas, dinero y hombres, poniéndolos a las órdenes del más activo y poderoso de los narcos, que ya entonces contaba con una fuerte organización militar bajo su mando, Pablo Escobar Gaviria. Tras matar a más de 200 personas en su búsqueda, entre milicianos, colaboradores y familiares de estos, Ochoa fue liberada a principios de 1982. Pronto la organización paramilitar, que contó con el activo respaldo de miembros de la fuerza pública, exportaría su modelo a otras regiones del país y pasaría de matar miembros activos de la guerrilla a políticos de izquierda.[cita requerida]
Cambio de rumbo y final de la administración Turbay [editar]
A finales de 1980 el Gobierno se hallaba en crisis: la economía colapsaba y crecía la oposición de todos los sectores a la política de orden público y a la violación de los DD.HH. Desbaratadas las redes del M-19, una porción de la opinión pública manifestaba su acuerdo con las propuestas de acuerdo nacional que difundían los milicianos desde la cárcel, no obstante que ponían en marcha su ofensiva más importante, la llamada invasión por la costa Pacífica, que terminó en un fracaso frente a la potencia de las fuerzas gubernamentales.[cita requerida]
Sin embargo ante el acorralamiento político, la administración Turbay planteó en marzo de 1981, una primera ley de amnistía, la ley 37, que a causa de sus múltiples restricciones fue rechazada por las guerrillas. Fracasada esta primera iniciativa y evitando comprometerse personalmente, el presidente conformó en septiembre de 1981 una comisión nacional de paz, integrada por 9 miembros y encabezada por Carlos Lleras Restrepo. Esta propuso una amnistía más funcional aceptada por el Gobierno y expedida por el Decreto-ley 474 de 1982, pero esta fue desdeñada nuevamente por los insurgentes. Algunos intentos de negociación de la misma comisión con el M-19, fueron rechazados por Turbay, y la mayoría de sus miembros renunciaron entre abril y mayo de 1982, siendo desmantelada poco después.[cita requerida]
Así el tema de la paz se convirtió en el centro de la campaña presidencial de 1982, disputada entre Belisario Betancur con su “paz nacional” y Alfonso López Michelsen (lanzado nuevamente a la primera magistratura) con la “paz liberal”. Se impondría la primera y para despejarle el camino, Turbay levantó en junio el estado de sitio que regía desde mediados del periodo de López.[cita requerida]
Reorganización de las guerrillas [editar]
Luego de que las FARC celebraran sus dos primeras conferencias guerrilleras entre 1964 y 1966, otras cuatro mas se realizaron hasta 1978. En ellas se prefiguró el encuadramiento de los insurgentes en frentes, columnas y compañías móviles, se creó el estado mayor y el secretariado, y además se dictaron normas de carácter financiero. Pero sería con la sexta conferencia realizada en enero de 1978, que se inicia realmente el proceso acelerado de crecimiento y expansión de las Farc, con el desdoblamiento de sus frentes que pasan de 6 en ese año a 27 en 1982.[cita requerida]
No obstante, fue la séptima conferencia de mayo de 1982, la que marcó una ruptura. Realizada en el Guayabero (Meta) concluyó con la integración de un ejército revolucionario, lo que quedó consagrado agregando la sigla EP (Ejército del Pueblo) al nombre de las FARC, desde entonces FARC-EP. [51] Además se adoptó un plan militar inmediato, situando el eje del despliegue estratégico en la Cordillera oriental tomando a Bogotá como su centro, mientras se disponía la creación de una cadena de 12 frentes que irían desde La Uribe hasta la frontera de Venezuela y que permitiría aislar el sur-oriente del resto del país. Se ordenó también, duplicar el número de estructuras de 27 a 48, ocupando con ellas las regiones donde la implantación de la organización era débil, y tomar una actitud más ofensiva. Ya no se trataría de emboscar al enemigo sino de buscarlo, coparlo y destruirlo. Multiplicar los ataques, desgastar y desmoralizar a las fuerzas estatales obligándolas a movilizarse constantemente. Paralizar la vida económica a base de sabotajes a la infraestructura nacional. Dar por tierra con el régimen, erosionando sus bases en 8 años.[cita requerida]
Aparte de estas decisiones militares, se tomaron disposiciones en el marco financiero, asignando cuotas de dinero a cada frente. Cuotas que deberían recaudar de los grandes capitalistas y empresarios del país, pero también entre los grandes barones de la droga, dando instrucciones en todo caso de que no apareciera el nombre de la organización involucrado. [52] Los cinco años que siguieron serían de una vertiginosa expansión de las FARC-EP por amplios espacios del país. El crecimiento de frentes fue significativo en el Meta, Putumayo, Huila, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Antioquia (nordeste, Bajo Cauca, Uraba), Choco, Valle, Cauca, Tolima y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ello le permitió al secretariado unir sus cuarteles del sur-oriente a una salida al mar por Uraba.[cita requerida]
Mientras tanto, el ELN afectado por una importante ofensiva militar en 1973 y reorganizado en la frontera con Venezuela, celebró en 1983 la llamada Reunión de Héroes y Mártires de Anori. Se eligió una junta directiva de 9 miembros y se nombró jefe político al sacerdote español Manuel Pérez, consolidando la estructura central del grupo. Privilegiando la extorsión, las vacunas y los robos sobre los sectores energéticos, mineros y agropecuarios de la economía, la fuerza insurgente obtuvo cuantiosos recursos financieros que le permitieron pasar de 100 hombres y 3 frentes en 1983 a 14 frentes y 1000 miembros en 1986. Ese mismo año en una nueva asamblea nacional, se conformó el comando central COCE de 5 miembros y se dispuso la creación de los ”frentes de guerra”, que deberían agrupar a un conjunto de frentes de una misma región, dando a la organización una estructura federal. Se constituyeron 4 de estos frentes de guerra: el nor-oriental, norte, nor-occidental y sur-occidental, prefigurándose un quinto en el centro del país.[cita requerida]
La administración Betancur (1982-1986) [editar]
El proceso de paz y el Gobierno Betancur [editar]
El gobierno del “Movimiento nacional”, marco un nuevo inicio en la política estatal para el manejo del conflicto armado, al reconocer el carácter político del fenómeno guerrillero. Es así como se abrieron conversaciones con los grupos de “oposición armada”, dejando atrás las soluciones militares y cumpliendo además con el objetivo de abrir un proceso de paz, que era la promesa de su campaña. El 18 de noviembre de 1982, el congreso aprobó la ley de amnistía, la ley 35, proyecto de Gerardo Molina. Pese al secuestro y asesinato por el ORP, un oscuro y desconocido grupo guerrillero, de Gloria Lara de Echeverri ex directora de las juntas de acción comunal en diciembre de 1982, cientos de guerrilleros presos que fueron amnistiados, quedaron en libertad y se iniciaron diálogos exploratorios con las FARC, el ADO y el M-19, cuyo líder máximo Jaime Bateman Cayon murió en un accidente de aviación en abril de 1983.[cita requerida]
Pese a que los primeros contactos fueron directamente realizados por el gobierno, en adelante las conversaciones quedaron a cargo de comisiones de paz autónomas a través de las cuales el diálogo se llevó de forma indirecta. Actuando de esta manera, en la primera parte del Gobierno Betancur se llegó a acuerdos de tregua y cese al fuego con las FARC, el ADO, el EPL y el M-19. Pero pronto encontraron la oposición cerrada del estamento militar: antes que se firmara el acuerdo con la última guerrilla, Carlos Toledo Plata uno de sus dirigentes murió en un atentado ocurrido en Bucaramanga el 21 de agosto de 1984, y su jefe máximo, Carlos Pizarro Leongomez, fue herido en una emboscada. Incluso el comandante del Ejército, Miguel Vega Uribe mostró su desacuerdo con dicho proceso en un memorándum interno que firmó personalmente, y el ministro de defensa, General Fernando Landazábal fue destituido por Betancur a causa de sus continuas fricciones por el tema de la paz.[cita requerida]
El propio presidente de la comisión de diálogo, Otto Morales Benítez, denunció la gran oposición que hallaban, al denunciar los “enemigos agazapados de la paz dentro y fuera del gobierno”.[cita requerida]
Pero la actitud de los militares también se vio favorecida por el actuar de los distintos grupos guerrilleros: el Ricardo Franco grupo disidente de las farc y el ELN (al mando ahora del sacerdote español Manuel Pérez Martinez “Policarpo” o más comúnmente “cura Pérez”, nombrado comandante en el pleno de septiembre de 1983), se negaron a firmar acuerdos con el Gobierno, continuando las hostilidades, los secuestros y las extorsiones. Asimismo, el líder del EPL, Oscar William Calvo, reconoció la implicación de su organización en retenciones y vacunas, pese a encontrarse en medio de un cese al fuego. Con las Farc que había firmado el acuerdo de la Uribe en mayo de 1984, continuaron también las escaramuzas; y con el M-19 se dio un fuerte combate de 8 días en torno a su campamento de Yarumales en Cauca. Además se comenzó a denunciar el proselitismo armado desarrollado por este movimiento en los llamados Campamentos de paz, abiertos en las principales urbes del país. En vista de estos actos el Gobierno prohibió la realización de un congreso del M-19 en Bogotá, pero al final este se llevó a cabo en Los Robles (Cauca) a pesar de la insistencia en prohibirlo. La ambigua actitud de las FARC, quedó de manifiesto en el pleno que realizó la organización en 1985, donde pusieron de manifiesto unos objetivos que dejaban entrever que era más prioritaria para ellos la toma del poder por las armas, continuando los lineamientos tomados en 1982, que alcanzar un acuerdo de paz negociado.[cita requerida]
El clima del proceso se tensionó: los sectores más retardatarios y ultra derechistas iniciaron una campaña de ”Guerra Sucia” contra guerrilleros amnistiados y líderes de izquierda, orientando su actuación al asesinato selectivo. En mayo de 1985 el líder del M-19, Antonio Navarro Wolf fue víctima de un atentado en Cali, quedando gravemente herido. El congreso y los partidos tradicionales que lo controlaban, conscientes de la crisis de representatividad alcanzada, se opusieron al “Diálogo Nacional”, que era una instancia de deliberación y de generación de propuestas de cambio social en la que participarían los grupos guerrilleros, los sectores de izquierda y los 2 partidos, el liberal y el conservador. Esta situación terminó con el experimento legal de los subversivos, el proceso sufrió un tremendo revés y la mayor parte del movimiento volvió a la lucha armada uniéndose en la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar.[cita requerida]
El M-19 rompió la tregua el 20 de junio de 1985, día del paro cívico convocado por agrupaciones populares, “como reacción al hostigamiento político y al asesinato”. Estalló la guerra abierta sobre todo en el Valle, y se emprendieron importantes operaciones de lado y lado: asalto a los campamentos de paz del Barrio Siloe, muerte del Comandante Iván Marino Ospina, la frustrada toma de Cali y el atentado contra el General Rafael Samudio Molina. El EPL rompió también el cese al fuego tras el asesinato en la capital de su jefe Oscar William Calvo. La violencia se disparó e intensificó a tal punto que el 6 de noviembre de 1985 un comando de 35 miembros del M-19 tomó al asalto el palacio de justicia en la plaza de Bolívar en Bogotá, matando a varios celadores y escoltas en el ataque inicial. Más de 350 personas fueron tomadas como rehenes. El Ejército contraatacó con más de 1000 soldados y 8 tanques, mientras la Policía movía el GOES (Grupo de operaciones especiales) en varios helicópteros sobre la terraza del edificio. Se produjo una feroz batalla que se prolongó por espacio de 28 horas y que se saldó con más de 100 muertos y desaparecidos entre ellos la mayor parte de los miembros de la sala constitucional de la corte suprema de justicia, 11 uniformados y todos los integrantes del comando asaltante.[53]
La guerra se generalizó en todo el país salvo contra las Farc y el ADO: los grupos subversivos se agruparon en la Coordinadora Nacional Guerrillera CNG (disuelta a raíz del episodio del Ricardo Franco), el M-19 atentó contra el ministro de Gobierno Jaime Castro; el Ricardo Franco eliminó en el Cauca a 168 de sus hombres acusándolos de colaborar con las Fuerzas Armadas; el 30 de noviembre 20 sindicalistas de las empresas bananeras de Uraba son masacrados en Currulao (Antioquia); el 6 de diciembre, un atentado contra un bus de las FF.MM en Bogotá dejó 2 muertos y 14 heridos; y finalmente poco después, una inmensa operación contra el M-19 en el sector de Siloe en Cali y en la que participaron 3500 hombres, se saldó con 17 víctimas mortales y 40 lesionados. Antes de que terminara el año, el Ejército golpeó al V frente de las Farc en Cañas Gordas (Uraba) y mató a 22 de sus integrantes en una emboscada, pese a que había una tregua pactada con dicha organización. 1985 terminó con una cifra récord de bajas entre las fuerzas gubernamentales, con 260 muertos, la cantidad más alta hasta ese momento desde que empezó el conflicto en 1964, pero que a partir de entonces no cesaría de aumentar.[cita requerida]
Los combates se hicieron fortísimos a comienzos de 1986, sobre todo en el suroccidente del país donde el M-19 se lanzó a la ofensiva con cuantiosas pérdidas de lado y lado. En febrero de aquel año en el nororiente del Cauca se enfrentaron al menos 6 batallones de tropa (unos 7000 hombres) con 400 guerrilleros. 13 militares murieron y 3 fueron capturados, mientras los alzados en armas sufrieron no menos de 35 bajas. No obstante para el final de la administración de Betancur dicha guerrilla había sufrido fuertes golpes con varios de sus dirigentes asesinados o muertos en combate: Carlos Toledo Plata, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Gustavo Arias “Boris”, Andrés Almarales, Luis Otero y Alfonso Jacquin. En este marco solo las Farc permanecieron en el proceso de paz y conformaron con el partido comunista y otro grupos de izquierda, la unión Patriótica, que obtendría en las elecciones de 1986, 11 curules en el parlamento y docenas de puestos en consejos municipales y asambleas departamentales. No obstante estos avances se vieron amenazados por el incremento de la “guerra sucia”, denunciada por múltiples organizaciones y por el mismo Procurador General Carlos Jiménez Gómez. Para agosto de 1986 las guerrillas aglutinaban unos 9000 hombres (de 3000 a 5000 de las Farc en 29 frentes, 1000 del M-19, 1000 el EPL, 1000 el ELN, 150 la guerrilla indígena del Quintín Lame, 100 el Patria Libre y otro centenar el PRT -Partido Revolucionario de los Trabajadores). A ellos se oponían unos 100.000 militares y 40.000 policías.[cita requerida]
El narcotráfico: los principios [editar]
La economía subterránea del tráfico ilícito de drogas venía operando en Colombia, desde finales de los años sesenta cuando en la costa Caribe especialmente, floreció el cultivo de la marihuana y se dio una primera bonanza, la llamada “Marimbera”. El insaciable mercado norteamericano receptor principal de los estupefacientes, empezaría luego a derivar hacia la cocaína, producto originado en la mata de coca y cultivada originalmente en los países andinos (Bolivia, Perú y Ecuador). En este marco jugaría Colombia el papel de placa giratoria: los cargamentos del alcaloide llegaban desde el sur y eran redistribuidos por las mafias locales hacia EE.UU. A los primeros grupos de narcotraficantes de la primera parte de la década de 1970 presentes sobre todo en Medellín y el centro del país (en parte antiguos contrabandistas) y pronto liquidados en guerras intestinas, le sucedería una nueva generación más violenta pero más activa y emprendedora, de la que serían exponentes Pablo Emilio Escobar Gaviria, su primo Gustavo de Jesús Gaviria, los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vásquez, Griselda Blanco (sobreviviente de la primera etapa) y Pablo Correa Arroyave en Antioquia; Carlos Ledher Rivas en Armenia; José Gonzalo Rodríguez Gacha y Verónica Rivera en el centro del país; Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José santacruz Londoño, Helmer “Pacho” Herrera y los hermanos Henao en el Valle del Cauca; y José Rafael Abelló Silva en la costa Atlántica.[cita requerida]
Sus profusas redes en Norteamérica y la diáspora colombiana en el exterior les permitieron controlar prácticamente el negocio y obtener astronómicos beneficios económicos, que los catapultaron pronto como los “Mágicos”, los nuevos ricos de Colombia. A partir de la Administración López la economía subterránea de la coca alcanzaría su apogeo. El gobierno Turbay emprendería las primeras acciones al respecto presionado por los EE.UU. Lanzó una fuerte ofensiva contra los cultivos de marihuana en la costa norte (cultivos que ya habían perdido su valor ante las plantaciones caseras surgidas en Norteamérica), y firmó a finales de 1979 el famoso tratado de extradición con la Administración de Jimmy Carter.[cita requerida]
Pronto los narcotraficantes se presentarían no solo como “empresarios”, sino como agentes de desestabilización y violencia en todo el país. La propia naturaleza ilícita de su negocio y la necesidad de protegerlo así lo dictaba. Cuando miembros del M-19 en Antioquia, secuestraron a Martha Nieves Ochoa hermana de los famosos narcotraficantes de Medellín a finales de 1981, los capos reaccionaran con todos los recursos a su alcance creando el MAS (Muerte A Secuestradores), organización que sería el germen del moderno Paramilitarismo en Colombia. Cada uno de ellos aporto armas, dinero y hombres, poniéndolos a las órdenes del más activo y poderoso de los narcos, que ya entonces contaba con una fuerte organización militar bajo su mando, Pablo Escobar Gaviria. Tras matar a unas 200 personas en su búsqueda, entre milicianos, colaboradores y familiares de estos, Ochoa fue liberada a principios de 1982.[cita requerida]
Aquella experiencia demostró lo lejos que podían llegar los barones de la droga en sus objetivos y además comportó el riesgo de generar un creciente y cada vez mayor relación entre estos y fuerza pública unidos ante un enemigo común. Lo que al final terminaría por suceder. Consecuencia de estos hechos también fue la formación de carteles de la droga con la asociación de poderosos jefes narcotraficantes: el de Medellín terminó por alinear a los capos antioqueños y al llamado cartel de Bogotá en una alianza que incluiría a las dos mayores cabezas del negocio: Pablo Escobar Gaviria “El Patrón” y Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano”. También se constituirían los de la Costa (cercano al primer grupo) y el de Cali y del Norte del Valle, aunque todos con bastantes menores recursos y poder que el de Medellín.[cita requerida]
Además pronto el modelo del MAS se aplicaría a la región del Magdalena Medio donde nació la ACDEGAM (Asociación campesina de ganaderos y agricultores del Magdalena medio), una fuerza de autodefensa legal dirigida por el líder liberal Pablo Emilio Guarín y Henry de Jesús Pérez, encargada de combatir la presencia de la guerrilla en la zona con apoyo del Ejército. Los homicidios y masacres se multiplicarían ahí a partir de 1982. Pronto Gonzalo Rodríguez Gacha, enemistado con las Farc a causa de la destrucción de algunos de sus laboratorios en el sur del país y del robo de dinero en efectivo y pasta base de coca en 1983, tomó las banderas de la contra-insurgencia y empezó a apoyar con cuantiosos recursos, entrenamiento y armas a los paramilitares de Puerto Boyacá, nombrada a la sazón capital anti-subversiva de Colombia.[cita requerida]
La muerte de Lara: empieza la guerra del Narcotráfico [editar]
La administración Betancur se planteó por primera vez el dilema de la incorporación a la vida legal de los narcos. La reforma tributaria de 1983 planteó una nueva relación entre Narcotráfico y Estado ofreciendo la alternativa de incorporar los dineros calientes a la economía legal colombiana. Se sondeó además la posibilidad de la legalización de la droga y la expedición de un marco legal que permitiera a los barones de la coca su participación en la vida social, legal y política del país. El nacimiento del Movimiento Latino Nacional de Carlos Ledher y de Civismo en Marcha de Pablo Escobar, quien ocupó un puesto en la cámara de representantes como suplente de Jairo Ortega, fue una expresión de este proceso. Pero dicho esbozo, fracasó por la oposición de los sectores tradicionales para aceptar estos hechos: estaban dispuestos a recibir el dinero pero no iban a permitir la intromisión directa de los narcos en la vida política. El Nuevo Liberalismo, movimiento liderado por Luis Carlos Galán y por Rodrigo Lara Bonilla (nombrado ministro de justicia por Betancur), fue el adalid de una cruzada contra la narco-política, denunciando incesantemente los orígenes no santos de la fortuna de Escobar, convertido a la sazón en el objetivo principal de sus críticas.[cita requerida]
En este marco de rechazo a la narco-política se dieron los primeros intentos de diálogo entre los traficantes de droga y el Gobierno sobre el tratado de extradición a los EE.UU. En una primera conversación con el Procurador Carlos Jiménez Gómez en octubre de 1983, el jefe del ministerio público mostró su rechazo a la extradición y acordó con los narcos, que amagaban con declarar la guerra, su retiro de la política. Así fue que al final, pese a los intentos de sabotear la acción del ministro Lara en el congreso, denunciando su supuesta relación con Evaristo Porras un narcotraficante del Amazonas, Pablo Escobar se vio obligado a renunciar definitivamente a la actividad política. La difícil coyuntura que parecía desactivarse se complicó, cuando la policía anti-narcóticos al mando del Coronel Jaime Ramírez (con el ministro Lara detrás del operativo), desmanteló el gigantesco complejo cocalero de Tranquilandia ubicado sobre el río Yari en la comisaría del Guaviare, en marzo de 1984. Los norteamericanos aprovecharon la ocasión para endilgarle a la subversión su asociación al narco, arguyendo que miembros de las Farc custodiaban el laboratorio al momento de su toma por las autoridades, acuñando para ellos el término de Narco-guerrilla. Pero en este caso eran hombres al mando del “Mexicano” los que custodiaban las instalaciones y no insurgentes como se quiso hacer ver. En todo caso aquel golpe directo a los capos del Cartel de Medellín, fue devuelto el 30 de abril de 1984, cuando 2 sicarios motorizados abalearon y mataron al ministro de justicia en el Norte Bogotá.[cita requerida]
Fue el divorcio entre la sociedad y los barones de la droga. El gobierno amplió el estado de sitio a todo el país con el decreto 1038 y con el artículo 121 generó casi toda la legislación regulatoria del narcotráfico en Colombia, en especial el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986). Con este marco legal Betancur inició la primera gran guerra contra el narcotráfico: se dispuso del embargo y del secuestro de bienes y del aumento de penas y multas para delitos asociados al tráfico de drogas, pasando estos al conocimiento de la Justicia Penal Militar. Los principales cabecillas del Cartel debieron refugiarse en el istmo e intentaron en mayo de 1984 en medio de los llamados Diálogos de Panamá, un último intento de acercamiento al Estado. Su fracaso trajo una importante consecuencia: el dinero fue reemplazado por el terror como principal recurso de enfrentamiento y diálogo. Meses después regresarían clandestinamente al país y la guerra total sería cuestión de tiempo.[54]
El narcoterrorismo: 1984-1986 [editar]
Un año después del asesinato del ministro Lara Bonilla, pese a los anuncios del gobierno de combatirlos, los narcotraficantes del cartel de Medellín renombrados ahora como “Los Extraditables”, permanecían impunes expandiendo su aparato criminal por amplias zonas del país y abriendo nuevas rutas de tráfico de cocaína por Nicaragua y Cuba. Todo ello en connivencia con algunos sectores de la fuerza pública, comprados a base de dinero y terror. Los efectos corrosivos del narcotráfico no se detendrían allí solamente, sino que contribuirían al progreso de la corrupción dentro del gobierno en sus múltiples estamentos y en los partidos políticos, cada vez más cuestionados y a la vez menos representativos de las aspiraciones de sus gobernados.[cita requerida]
En noviembre de 1984 “Los Extraditables” hicieron estallar un carro-bomba frente a la embajada norteamericana en la capital matando a una persona y en junio de 1985 ordenaron la muerte del juez Tulio Manuel Castro Gil. Pablo Escobar, ambiguo en sus relaciones con la guerrilla luego del episodio del MAS, se acercó al M-19 por intermedio del comandante Iván Marino Ospina y de algún modo estuvo al tanto de los hechos que se iban a desarrollar en el Palacio de Justicia ofreciendo apoyo económico para la operación; si bien los hechos no están dilucidados del todo. En cualquier caso las relaciones fueron bastante cercanas y motivaron cierto alejamiento de la cúpula del M-19 con Ospina. Carlos Ledher por su parte busco refugio entre varios frentes guerrilleros para escapar a la arremetida del gobierno y se declaro luchador contra el Imperialismo estadounidense.[cita requerida]
Las grandes ciudades Bogotá y Medellín inicialmente, luego todas, conocerán a partir de ese momento un terrorismo que sin estar ligado directamente al Conflicto armado, hará estremecerse a las instituciones y a la sociedad con más fuerza que lo hecho por la guerrilla. A la vez la violencia irrumpe con fuerza en el mundo urbano, rodeado de áreas periféricas pobres y marginadas: bandas de sicarios en la capital antioqueña pasan a controlar de facto más o menos desde 1985, las barriadas y comunas de la ciudad, actuando o no al servicio del cartel. La misma situación se extenderá pronto a Cali, Pereira y Bogotá. Las tasas de homicidio aumentarán exponencialmente en todo el país desde mediados de la década de los ochenta y alcanzaran más de 20.000 anuales a contar de 1988. La criminalidad ligada o no al narcotráfico también crecerá y la respuesta de la Policía en la forma de sangrientas represalias y campañas de “Limpieza social” solo aumentara progresivamente las dimensiones del problema.[cita requerida]
La campaña de terror continuaría contra sus enemigos en el Gobierno, contra los que apoyaran el tratado de extradición, hecho efectivo en enero de 1985 con el envió de los primeros capturados a EE.UU, y todos los que denunciaran sus negocios y redes mafiosas: “los Extraditables” asesinaron en febrero de 1986 en Baton Rouge (Florida) al piloto y testigo ante la justicia norteamericana Barry Seal, en julio al magistrado Hernando Baquero Borda y al periodista de El Espectador Roberto Camacho Prada, y el 18 de agosto ya posesionado el nuevo presidente de Colombia Virgilio Barco, al Capitán de la policía anti-narcóticos Luis Alfredo Macana. Además, demostrarían su poder de corrupción cuando evitaron que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela capturados en España y ambos reconocidos narcotraficantes, fueran extraditados a EE.UU y más bien fueran deportados a Colombia donde pagaron irrisorias penas de cárcel. Hasta ese momento los principales grupos exportadores de droga del país mantenían generalmente buenas relaciones entre si, aunque la atención de las autoridades se centraba esencialmente sobre los violentos cabecillas de Medellín, que controlaban hasta un 90% del lucrativo negocio. Y a pesar de que los jefes de Cali optaron principalmente por la corrupción y por la infiltración dentro de las instituciones como medio de lidiar con el Estado, en septiembre de 1986 ordenaron el crimen del periodista del Diario Occidente Raúl Echavarría Barrientos.[54]
La administración Barco (1986-1990) [editar]
Ofensiva guerrillera y escalada del conflicto [editar]
En las elecciones presidenciales de 1986, el liberal Virgilio Barco ganó con 4,8 millones de votos, imponiéndose por un amplio margen a sus contrincantes. Al declarar el Gobierno de partido, puso fin a la partición equitativa de puestos con los conservadores, dando así por terminado el periodo del Frente Nacional.[cita requerida]
Compartiendo el diagnóstico de su predecesor respecto a la existencia de causas objetivas y subjetivas de la violencia, manifestó sus intenciones de diálogo y puso en marcha programas de aspecto reformista para las zonas más afectadas por el conflicto. Retomó y fortaleció el Programa Nacional de Rehabilitación y reinició aunque tardíamente las conversaciones de paz con la guerrilla.[cita requerida]
La llamada Política de cambio para la reconciliación, normalización y rehabilitación, intentó institucionalizar y ampliar la política de paz de Betancur, acercando el Estado y sus instituciones a la comunidad. Esta iniciativa se precisó al final del primer año de gobierno con la formulación del Plan Nacional de Rehabilitación-PNR, la Erradicación de la Pobreza Absoluta-EPA, y el Plan integral de desarrollo campesino-PIC, que amplió los programas del fondo de Desarrollo Integral Campesino-DRI. Pese a los amplios esfuerzos del Estado ninguno tuvo mayor impacto en la delicada situación que vivía el país: el PNR manejado con una visión tecnócrata no alcanzó a tener repercusión alguna sobre el terreno, debido a la misma violencia que impidió su desarrollo en las áreas con mayores problemas de orden público; y no hubo erradicación de la pobreza absoluta o integración de las mismas áreas a la economía nacional. La EPA terminaría opacada por sus bajos resultados frente al PNR.[cita requerida]
Como demostrando su fracaso, la violencia guerrillera se intensificaría a niveles desconocidos con numerosos ataques a infraestructura, emboscadas y tomas de pueblos. El M-19 a la ofensiva en 1986-1987, sufrió una potente arremetida del Ejército a partir de 1987 cuando fueron trasladados miles de hombres desde el fuerte Tolemaida hacia el sur-occidente de Colombia. En verdad, luego del desastroso resultado de la operación del palacio de justicia, la organización no pudo volver a levantar cabeza. El peso del esfuerzo recayó entonces cada vez más en los otros grupos que desplegaron una fuerte escalada en todo el país. El ELN multiplicó sus atentados y extorsiones contra la infraestructura petrolera en las postrimeras de 1986, lanzando también una potente incursión hacia Venezuela el 12 de junio de 1987 (incursión que le costo la vida a 15 efectivos de la Guardia Nacional); mientras que las FARC sacaron como única conclusión del episodio de la UP, que había que continuar solo en el frente militar y reactivar su aparato bélico, acrecentado y extendido a lo largo de 5 años en las sombras de una supuesta paz, más falsa que nunca.[55] El 16 de junio de 1987 los frentes 14 y 15 atacaron en la carretera entre Puerto Rico y San Vicente del Caguan (Caquetá), a una columna contraguerrilla del Batallón Cazadores del Ejército, matando a 26 soldados y un civil. La tregua con el Gobierno se rompió y el proceso sufrió un serio traspié del que nunca se recuperaría. Los insurgentes pueden contar ahora con el respaldo de un gran músculo financiero, gracias a que los nuevos polos de producción de materias primas se encuentran situados en la periferia, el territorio predilecto de la subversión y donde el Estado no llega completamente (recursos provenientes de la coca, los secuestros y la extorsión para las Farc, de las petroleras para el ELN, de la exportación de babanos el EPL, etc.), duplicando sus frentes y militantes. Para 1989-1990 las Farc tenían unos 8200 hombres en armas en al menos 43 frentes, el EPL cerca de 2500, el ELN 2300 en 23 frentes, el M-19 unos 900 y varios cientos otras guerrillas menores.[cita requerida]
Los enfrentamientos se sucedieron sin tregua en las selvas del sur, en Arauca, Córdoba, Uraba y el Magdalena Medio principalmente. El 21 de noviembre de 1987 miembros de las Farc mataron a 10 soldados y un civil en Florencia (Caquetá); el 25 de enero de 1988 cayeron 8 policías en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander); y el 30 del mismo mes, el EPL asesinó en Uraba a 6 militares y 9 civiles.[cita requerida]
Estos ataques solo marcarían el principio de un año particularmente sangriento: el 29 de mayo tras una emboscada que mató a 4, el Ejército emprendió una potente contraofensiva con carros blindados y 3 helicópteros artillados en el Eje bananero, entre los municipios de San Pedro de Uraba y Nueva Antioquia. Tras una semana de enfrentamientos el resultado fue de 41 víctimas mortales (9 soldados y 32 insurgentes). Dos meses más tarde en la madrugada del 23 de agosto de 1988, el pueblo de Saiza (Córdoba) fue escenario de otra brutal batalla. Al menos 200 subversivos de las Farc y el EPL, atacaron a un pelotón de 31 soldados que acampaba a las afueras de la población y al cuartel de la policía, guarnecido por 18 uniformados ubicado en el centro del mismo. Después de 12 horas de combate, se reportaron 38 muertos (9 soldados, 2 policías, 12 civiles y 15 guerrilleros) y 23 miembros de la fuerza pública secuestrados.[cita requerida]
La subsiguiente propuesta de paz lanzada por el Ejecutivo el 1 de septiembre, solo sirvió para envalentonar más a la Coordinadora Simón Bolívar. Desde esa fecha hasta el 6 de octubre siguiente, decenas de acciones violentas dejaron 81 personas muertas y 29 heridas. Además fueron secuestrados otros 52 efectivos del gobierno. En el hecho más grave, ocurrido el 2 de octubre de 1988, fueron asesinados 15 soldados del Ejercito en el ataque a un bus de dicha institución en Caquetá. Poco después de esta ultima embestida terrorista, el presidente denegó la autorización al ministro de Defensa, General Rafael Samudio Molina, de conducir una estrategia de tierra quemada contra la rebelion, forzando al alto oficial a dimitir. El 22 de noviembre un carro-bomba estallo en Bogotá al paso de la caravana de su sucesor en la cartera de guerra, General Manuel Jaime Guerrero Paz, pereciendo en el acto 3 de sus escoltas. 1988 culminó así con 371 muertos entre las filas gubernamentales contra los 270 de 1987. A estos se sumaron cerca de 600 guerrilleros dados de baja.[cita requerida]
El viraje decisivo: 1989-1990 [editar]
En este marco las FARC realizaron en mayo de 1989 un nuevo pleno de su organización, donde confirmando lo decidido 2 años atrás, se llegó a la conclusión que los esfuerzos políticos, como la búsqueda de la paz no eran durables y en consecuencia que la guerrilla debía prepararse para un mayor escalamiento del conflicto: escalamiento que derivaría hacia la guerra civil. Las estructuras insurgentes entrarían a hostigar frontalmente al Ejército colombiano. En adelante lo militar iría en detrimento de cualquier otra opción.[cita requerida]
En vista de la situación de violencia que envolvía el país en todos los frentes, en septiembre de 1988 en una tardía iniciativa de paz el Gobierno reconoció un interlocutor político válido en la insurgencia. Dependiendo del grado de radicalización alcanzado y de su localización geográfica, el Estado se acercó a negociar unilateralmente con los distintos grupos guerrilleros reunidos alrededor de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar en septiembre de 1987. El gobierno creó para ello la consejería para la paz de la presidencia y a diferencia de Betancur con sus comisiones autónomas, comprometió directamente al ejecutivo en las conversaciones. Pero la administración Barco confrontando una oleada de violencia ilimitada alimentada desde todos los frentes, no redujo su accionar solo a la búsqueda de la paz por medio de las conversaciones, sino que también aumentó el presupuesto del renglón de la defensa y multiplicó los efectivos de las Fuerzas Armadas pasando estas de 150.000 efectivos en 1988 a 210.000 al año siguiente. El ejército que contó ahora en sus filas 140.000 hombres, empezó a reclutar los primeros contingentes de soldados profesionales (unos 2000 inicialmente), orientados básicamente a la lucha contra- guerrilla y adquirió armamento más moderno entre ellos los helicópteros Black-hawk estadounidenses. Los resultados de esta nueva estrategia llegaron en octubre de 1989 cuando unidades aero-transportadas atacaron un campamento madre del EPL en Puerto Libertadores (Córdoba) y dieron de baja a 18 insurgentes. A la par las pérdidas de la FF.AA disminuyeron sustancialmente y por última vez caerían a la cifra de 238 en 1989.[cita requerida]
En enero de 1989 el M-19, debilitado política y militarmente se acogió a la fórmula de paz e inicio conversaciones con la Consejería de paz. Como resultado de dicho proceso el 9 de marzo de 1990 se desmovilizaron sus 900 miembros, reincorporándose a la vida civil. Su exitosa participación en las elecciones locales y parlamentarias como Alianza democrática M-19, donde agrupado con otros movimientos de izquierda obtuvo 100.000 votos, llevó a la administración Barco a concretar su política de pacificación y a que el EPL aceptara también entrar a negociar. Pese a que no era el grupo más fuerte dentro de la insurgencia, el PRT y el Quintín Lame siguieron el mismo camino y se entregaron a comienzos de 1991. Las Farc y el ELN obcecadas en seguir con la guerra continuaron al margen del proceso y no definieron ninguna política de negociación y diálogo, multiplicando sus acciones desde 1990.[cita requerida]
La expansión de las autodefensas [editar]
Luego de que las guerrillas fueron expulsadas del sur del Magdalena medio por los paramilitares que atacaron principalmente a sus redes de apoyo y a la población que consideraban era su colaboradora, el modelo de Puerto Boyacá fue exportado al resto del país. Amparados en dos leyes de la década de los 60 que permitían la existencia de las Autodefensas, grupos con experiencia en la zona, entrenaron a sus pares en Córdoba, Uraba, Putumayo y la región del Ariari.[56]
En este punto los narcotraficantes, convertidos en los nuevos terratenientes y en los poseedores de amplias extensiones de tierra, ansiosos de verse libres de las exigencias económicas de la guerrilla y de los impuestos que ponían de manera arbitraria a sus infraestructuras cocaleras del sur del país, entraron a apoyar activamente el proceso conformando sus propios ejércitos privados y brindando cuantiosos recursos a los demás grupos que constituyeron ganaderos y grandes hacendados, cansados también de extorsiones y secuestros. No menos contribuyó la actitud de los subversivos que cometieron continuos abusos contra la población civil empujándola a los brazos de su enemigo. Tampoco estuvieron al margen miembros de la fuerza pública, que vieron en estas estructuras la oportunidad de combatir más eficazmente a la insurgencia, dejándoles el trabajo sucio que ellos lógicamente no podrían realizar.[56]
El resultado fue un fortalecimiento desmedido de los grupos paramilitares en las zonas rurales y su expansión generalizada sobre todo en dos áreas estratégicas: Córdoba, Uraba y el nordeste antioqueño de un lado, y el Magdalena Medio, algunas provincias de Boyacá y Cundinamarca, mas los llanos orientales del otro. En 1987 el Ministro de Gobierno Cesar Gaviria reconocía la existencia de 128 organizaciones de “justicia privada”. Conocidos como "Los Tangueros" por el nombre de la finca desde donde operaban, Fidel Castaño y sus hermanos serían los protagonistas de una brutal cruzada anti-comunista en el norte: convertidos en paramilitares a raíz del secuestro y asesinato de su padre conformaron Muerte a revolucionaros del Nordeste antioqueño MRN (mas tarde Autodefensas Campesinas de Córdoba) con unos 300 hombres, y emprendieron con apoyo narcotraficante una masiva oleada de asesinatos y masacres. El médico y activista Héctor Abad Gómez estuvo entre sus primeras víctimas destacadas en 1987.[cita requerida]
Más al sur en el otro frente, el barón de la droga más poderoso de Colombia después de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, era el jefe de un ejército privado de 1000 hombres entrenado por mercenarios británicos e israelíes; mientras que en Puerto Boyacá se centraba la facción que actuaba con la fachada de la ACDEGAM. Comandado por Henry Pérez y Ariel Otero tras el asesinato de Guarín a manos de las FARC en 1987, tenía al menos medio millar de integrantes. Su alianza con el Mexicano y sectores de la fuerza pública (Batallón Bárbula), les permitía operar aún con mayor impunidad y apuntar a objetivos de alto valor. A su vez Rodríguez Gacha no solo financiaba a todos estos grupos sino que extendía sus bandas armadas hasta los llanos orientales y el Putumayo donde los Masetos, controlaban la zona del Guamuez. Estaba resuelto a liquidar a la izquierda haciéndole pagar la afrenta que hizo la guerrilla al robarlo.[cita requerida]
La guerra sucia y las masacres paramilitares. El fin del Mexicano. [editar]
En este punto la UP, considerada el brazo político de las FARC, se convirtió en el blanco de sus ataques. En septiembre de 1986 el senador Pedro Nel Jiménez y el representante a la cámara Leonardo Posada, militantes ambos de este movimiento, fueron asesinados en distintos hechos en Villavicencio y Barrancabermeja. Sería el comienzo de una verdadera campaña de exterminio. Sicarios, paramilitares e incluso agentes corruptos del Estado al servicio de uno u otro grupo se verían involucrados en los homicidios de decenas de líderes y miembros del partido. El 11 de octubre de 1987, caería su presidente Jaime Pardo leal a las afueras de Bogotá. Pistoleros al servicio de El Mexicano fueron los responsables.[cita requerida]
Sin embargo la mayor ola de violencia vendría en 1988. A la par que la guerrilla multiplicaba sus frentes y presencia en amplias regiones, la llamada guerra sucia alcanzó su apogeo. Cientos cayeron víctimas de masacres y ataques selectivos, centrados sobre todo en el norte del país. El 4 de marzo de 1988, varios efectivos de la Acdegam, transportados con complicidad de los militares desde Puerto Boyacá hasta Uraba, mataron en las fincas de La Honduras y La Negra a 20 sindicalistas bananeros. Un mes después el 4 de abril mientras se celebraban las fiestas del fandango en la Mejor Esquina (Córdoba), la banda de los Magníficos ejecuto a 27 campesinos, acusándolos a todos de ser colaboradores de la guerrilla; el 11 del mismo mes las victimas son 26 civiles ultimados con ráfagas de fusil en la Vereda Punta Coquitos de Turbo. El 30 de agosto fueron acribillados 16 jornaleros en El Tomate (Córdoba), y finalmente el 11 de noviembre, "los Tangueros" incursionaron en Segovia (Antioquia), asesinando a 43 personas, empezando por la alcaldesa del municipio perteneciente a la UP.[cita requerida]
La tendencia se mantuvo en 1989 y marcó un punto culminante el 18 de enero cuando una comisión judicial que investigaba en La Rochela, Magdalena medio santandereano, las masacres y asesinatos que se venían cometiendo en la zona, fue atacada y 12 de sus integrantes ejecutados. Quedó de relevo que los paramilitares cada vez más relacionados con los narcotraficantes del cartel de Medellín, podían también dirigir su actuación contra los agentes y funcionarios del Estado. Poco después en otra serie de atentados ordenados por Rodríguez Gacha, Teófilo Forero, el secretario del partido comunista y 3 personas que lo acompañaban fueron acribillados en Bogotá (27 de febrero) y el 3 de marzo, el abogado y joven dirigente de la UP, José Antequera, cayó asesinado en el aeropuerto El Dorado. En este último ataque también salió herido de gravedad Ernesto Samper Pizano, precandidato a la presidencia por el Partido liberal. Antes de terminar el año, en octubre, hombres de los Castaño mataron en su propia oficina de Medellín al segundo vicepresidente de la Asamblea de Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría.[cita requerida]
El gobierno Barco enfrentado crecientemente a Escobar y sus alfiles, se percató del peligro que representaban las estructuras de ultraderecha convertidas en ejércitos al servicio de la mafia, y derogó el decreto 3398 de 1965, declarando ilegales las autodefensas. Aunque la Acdegam trató de camuflarse en las banderas de un nuevo movimiento político, MORENA (Movimiento de restauración nacional) guiado por Ernesto Báez, la consiguiente campaña terrorista emprendida ahora contra el estado por Los Extraditables, no dejó dudas al respecto: el matrimonio entre tráfico de drogas y paramilitarismo era indisoluble. Finalmente, luego de que los narcos puros dejaran de lado la campaña contra la izquierda y enfilaran todo su aparato criminal contra el Gobierno y las instituciones en agosto de 1989, Gonzalo Rodríguez Gacha se convirtió en uno de los principales objetivos de las Fuerzas Armadas. Tras 3 meses de continuos bombazos y ataques sicariales que se cobraron cientos de vidas, incluyendo la de decenas de políticos y jueces, el capo fue ubicado en la costa norte del país y abatido junto a su hijo Freddy Gonzalo, a Gilberto Rendón Hurtado y a 4 de sus guardaespaldas, entre Tolú y Coveñas el 15 de diciembre de 1989. Pero su muerte no señalo el final ni del paramilitarismo ni de las masacres colectivas. El 14 de enero de 1990, los Tangueros desaparecen a 43 personas en el corregimiento de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia). Como si fuera poco antes de finalizar el periodo Barco, 2 candidatos presidenciales para sucederle en el cargo fueron asesinados por las Autodefensas de Córdoba (Hermanos Castaño). El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa de la UP fue acribillado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por un sicario que le disparó a quemarropa. Un mes después el 26 de abril, Carlos Pizarro Leongomez, el desmovilizado comandante del M-19 y candidato por este movimiento, fue ultimado en un avión en pleno vuelo por un pistolero suicida.[cita requerida]
El tercer frente: la violencia narco-terrorista [editar]
Guerra de carteles [editar]
A la par que la violencia guerrillera y paramilitar envolvía progresivamente a todo el país, el terrorismo de los narcotraficantes, dirigido o indiscriminado fue adquiriendo características de otra guerra. Luego del ascenso a la presidencia de Virgilio Barco Vargas, las muertes a manos de sicarios motorizados del juez Gustavo Zuluaga en octubre de 1986, del coronel de la policía anti-narcóticos Jaime Ramírez Gómez un mes después y sobre todo del Director del diario El Espectador Guillermo Cano el 17 de diciembre, más el atentado que sufrió en Budapest (Hungría), el ex ministro de justicia Enrique Parejo González en enero del 87, le dejaron entrever al presidente a qué problema se estaba enfrentando.[cita requerida]
Los contactos entre las fuerzas paramilitares y la cúpula de Los Extraditables se hicieron mas que evidentes: los Castaño con Escobar y la Acdegam con Rodríguez Gacha. Ahora los narcos eran los nuevos terratenientes y poseedores de la tierra: necesitaban proteger sus negocios e infraestructura ilegal, y las autodefensas financiación; la confluencia de intereses los hizo aliados. El Mexicano, enfrentado con las Farc desde 1983 y haciendo gala de su anti-comunismo, se convirtió en el adalid de esta nueva sociedad. Contrató mercenarios británicos e israelís, que se encargaron de entrenar sus ejércitos privados y a las fuerzas de los hacendados, para mantener de un lado el control de las regiones donde se hallaban instalados y por otro para actuar como terroristas y sicarios a sueldo. La escalada de la “guerra sucia” contra la izquierda aumentó desde 1986 y se cobró la vida de cientos de militantes de la UP, entre ellos Jaime Pardo leal, José Antequera, Pedro Nel Jiménez, Leonardo Posada, entre muchos más. Todo este proceso contó con el apoyo de sectores del Ejército, de gamonales regionales y de funcionarios del gobierno.[cita requerida]
No obstante, la intimidación y el asesinato selectivo no se quedaron relegados solo a sus enemigos de izquierda. Tras la captura y extradición a los EE.UU de Carlos Ledher Rivas, uno de los principales cabecillas del Cartel de Medellín, el 4 de febrero de 1987, Pablo Escobar y el resto de la cúpula tomaron conciencia del peligro que la famosa extradición representaba a sus intereses. Decididos a combatirla, robustecieron su aparato militar y económico, y se dieron a la tarea de recaudar entre todos los narcos cuantiosos recursos, incluso entre los que no hacían parte de su grupo, para poder financiar el previsible escalamiento que vendría. Las tensiones creadas y la ambición de "El patrón" por dominarlo todo motivaron una primera purga dentro de la organización y el secuestro de varios traficantes del Valle. Su posterior asesinato y el temor de los hermanos Rodríguez Orejuela, de Helmer “Pacho” Herrera y de José Santacruz Londoño de ser las próximas víctimas, motivó el rompimiento entre ambos carteles. La captura en noviembre de 1987 de Jorge Luis Ochoa en Buga (Valle), fue vista como producto de una delación de los traficantes de Cali.[cita requerida]
Su posible extradición reactivó la ofensiva contra el establecimiento. Pocos días después el político y candidato a la alcaldía de Medellín Juan Gómez Martínez, se salvó de un intento de secuestro reivindicado por Los Extraditables. Y si bien Ochoa fue liberado impunemente amparado en el derecho de Habeas Corpus un mes después, la confrontación no se detuvo. El gobierno humillado públicamente, profirió órdenes de extradición contra los principales miembros de la organización en los primeros días de enero, y Helmer "Pacho" Herrera atacó a Escobar en su propio hogar al dinamitar el Edificio Mónaco, donde vivía su familia, el 13 del mismo mes. La respuesta llegó en la forma de una sangrienta guerra de sicarios entre ambos carteles y con el estallido de numerosos petardos en las Droguerías La Rebaja propiedad de los Rodríguez Orejuela.[cita requerida]
Contra el Estado a su vez, respondió secuestrando, primero al aspirante a la alcaldía de Bogotá Andrés Pastrana Arango el 16 de enero, y después al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el 25 siguiente, en el momento que este se dirigía al aeropuerto de Rionegro (Antioquia). En medio de la balacera murieron 2 escoltas y un pistolero. El posterior rescate, el mismo día, de Pastrana, dictaminó la muerte del jefe del Ministerio Público, ultimado a balazos por John Jairo Velásquez “Popeye”.[cita requerida]
Se llegó a un punto de no retorno. De un lado se multiplicaron los operativos y allanamientos, del otro la violencia criminal y terrorista del Cartel. En marzo varios cientos de uniformados cayeron sobre la finca El Bizcocho propiedad de Escobar, pero este logro romper astutamente el cerco y escapo.[54]
Negociaciones y sicariato. Muerte de Galán [editar]
A partir de julio de 1988, el secretario general de la Presidencia, Germán Montoya había entrado en conversaciones con los líderes de Los Extraditables. Subsecuentes declaraciones del gobierno fueron interpretadas por los narcotraficantes como una invitación al diálogo, por lo que el 15 de septiembre siguiente, estos respondieron con una carta a la administración Barco, e hicieron llegar a Montoya un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Sin embargo, ante la intransigencia de los EE.UU, renuente a la posibilidad de dialogar con los narcos, se dilataron las conversaciones y al final se las presentó como iniciativa personal del intermediario, desligando al primer mandatario de ellas.[cita requerida]
Como una reacción a este diálogo sin resultados, el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, inicio una cadena de crímenes de jueces, de funcionarios del gobierno y de personajes de la vida publica. A la ya difícil coyuntura se termino de añadir un nuevo ingrediente: la guerra del capo cundinamarques con los esmeralderos de Boyacá, tras la muerte del jefe de estos, Gilberto Molina y 17 personas más en la masacre de Sasaima (febrero 27 de 1989), ordenada por el “Mexicano”. En marzo del 89 Los Extraditables mataron a Héctor Giraldo Gálvez apoderado del caso Lara, y dos meses después dinamitaron la sede de la televisora Mundo Visión. Tras el intento de asesinato contra el jefe del DAS, General Miguel Maza Márquez el 30 de mayo en Bogotá, utilizando una poderosa carga explosiva que liquidó a 7, el terrorismo se enseñoreó del país.[cita requerida]
El 4 de julio en Medellín, en un atentado dirigido al coronel Valdemar Franklin Quintero, murió el Gobernador de Antioquia, Antonio Roldan Betancur y junto a 5 acompañantes. Asimismo la capital del país, fue el escenario por los mismos días, de numerosas acciones en el marco de la pugna por la región esmeraldífera: 4 personas son masacradas en Los Altos del Portal al norte de la ciudad, 2 explosiones semidestruyeron las instalaciones de Tecminas (propiedad de Víctor Carranza) y uno de sus sobrinos fue asesinado. Finalizando julio, el 28, la víctima fue la jueza María Helena Díaz y sus 2 escoltas ultimados por sicarios.[cita requerida]
Era solo el preludio de un golpe más espectacular: el 16 de agosto cayó el magistrado del tribunal superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia, y el 18 en la capital antioqueña el coronel Valdemar Franklin Quintero, acribillado a traición en las calles de la ciudad. No bien la noticia del crimen ocurrido en las horas de la mañana estaba siendo digerida, cuando en la noche durante un mitin político en Soacha, varias decenas de pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha se infiltraron en la manifestación y dieron muerte al precandidato presidencial por el partido liberal, Luis Carlos Galán. Enemigo acérrimo de los narcotraficantes, era el más opcionado para alcanzar la primera magistratura de la nación. Herido de muerte por Jaime Eduardo Rueda Rocha, falleció horas después a causa de una fuerte hemorragia. Era el comienzo de la guerra total con el cartel de Medellín y Los Extraditables.[54]
La guerra es total: la doble ofensiva narcoterrorista. [editar]
Inmediatamente después del asesinato de Galán, los diálogos se interrumpieron del todo y el presidente declaró la guerra al narcotráfico de la misma manera que lo había hecho Betancur 5 años atrás, poniendo precio a la cabeza de los terroristas en una alocucion televisada (inicialmente se ofrecieron 100 millones de pesos por Escobar Gaviria y Rodriguez Gacha). El primer mandatario declaro:
"...Colombia, óigase bien está en guerra. Esto no es una simple expresión retórica. El país está en guerra contra los narcotraficantes y los terroristas. Ni el gobierno, ni el país reposarán hasta no haber ganado esta guerra…”.
Virgilio Barco Vargas.
Con el decreto 1830 del 19 de agosto, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la corte suprema de justicia; con el Decreto 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se presumía o existían indicios de personas u objetos relacionados con algún delito; con el Decreto 1856 ordenó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los narcos; y con el 1859 autorizó la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo que excedía las normas constitucionales, de personas de las que se tuvieran graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Además se dispuso la creación del Grupo Élite con 500 hombres, esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas y lo puso al mando del Coronel Hugo Martínez Poveda. En los días posteriores el Ejército y la Policía llevaron a cabo más de 450 allanamientos en todo el territorio nacional y detuvieron a cerca de 13.000 personas acusadas de estar vinculadas al narcotráfico.[cita requerida]
El 23 de agosto Los Extraditables respondieron al gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo el reto de la guerra total. Con 3000 sicarios en armas, el asocio del paramilitarismo y el respaldo de una porción importante de la población bajo su dominio, a lo que se sumaba el músculo financiero que le daba el control de al menos un 90% del tráfico de cocaína hacia el exterior, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos. El terrorismo se convirtió en una verdadera pesadilla diaria, se multiplicó y puso en jaque como nunca antes al establecimiento: entre septiembre y diciembre de 1989 mas de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, contra edificios gubernamentales, instalaciones bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. En total sumando los ataques sicariales, los narcoterroristas fueron los responsables de 289 acciones bélicas en ese periodo, con un fatídico saldo de 300 víctimas mortales y más de 1500 lesionados.[cita requerida]
El 30 de agosto una primera bomba hizo explosión en Medellín, el 2 de septiembre fueron destruidas las instalaciones del diario El Espectador, el 11 es asesinado el líder liberal Pedro Peláez González, el 21 son dinamitadas 9 sedes políticas en Teusaquillo y el 26 es atacado el Hotel Hilton en Cartagena. Pese a no poder detener las continuas explosiones, las autoridades no cejaron en su esfuerzo, multiplicaron los allanamientos y capturaron a 2 grandes capos: a Eduardo Martínez y a Rafael “el Mono” Abelló, para luego extraditarlos. Como respuesta, el 16 de octubre un carro-bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia liberal de Bucaramanga y mató a 4 personas. Ahora todo el aparato criminal de los narcotraficantes se enfiló contra las clases dirigentes y los círculos de poder: son ultimados por sicarios el magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, el periodista Jorge Enrique Pulido, el representante a la cámara Luis Francisco Madero, y la jueza del tribunal antioqueño, María Elena Espinosa. A finales de octubre, 7 policías son dados de baja en la capital antioqueña, 5 de ellos en el bombazo a un bus, frente al Club de oficiales de la ciudad.[cita requerida]
Solo tras el operativo relámpago lanzado el 23 de noviembre sobre la hacienda El Oro en Cocorna, Antioquia (en la que se hallaban Escobar y Jorge Luis Ochoa), empezó en serio la persecución sobre el poderoso capo. Pese a que logró escapar, 2 de sus hombres murieron (uno de los cuales era su cuñado Fabio Henao) y otros 55 fueron detenidos. Pero al final la ofensiva, sirvió también para que "Los extraditables" se envalentonaran aun más y para que en represalia empezaran a recurrir a las masacres indiscriminadas. Cuatro días después, el 27, un avión de Avianca fue volado en el aire con sus 107 tripulantes a bordo; pensaban que Cesar Gaviria, el sucesor de Galán en la consulta liberal tomaría el vuelo y por eso lo hicieron estallar. Empero, Gaviria se salvo gracias a las advertencias de su cuerpo de seguridad y no abordo la aeronave. Finalmente como culminación de su aleve campaña contra el Estado, el 6 de diciembre los narcos nuevamente atentaron contra el General Maza y dinamitaron con 500 kilos la sede del DAS. El bus-bomba destruyó parcialmente la edificación y más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor, pero el objetivo salió ileso. 63 personas murieron y 500 quedaron heridas.[cita requerida]
El gobierno Barco no pudo impedir en ningún momento los atroces actos, cada vez mas indiscriminados, pero se anotó un éxito cuando el 15 de diciembre, el segundo cabecilla del cartel de Medellín y su líder militar, José Gonzalo Rodríguez Gacha, “El Mexicano” fue ubicado por un informante en la costa norte del país, en donde se hallaba refugiándose de la persecución de las autoridades. Responsable de más de 2000 homicidios y sindicado del ataque al edificio del DAS, fue dado de baja tras una dura persecución entre los municipios de Tolú y Coveñas en Sucre, junto a su hijo Freddy Rodríguez Celades, a su principal lugarteniente Gilberto Rendón Hurtado y a 4 hombres de su cuerpo de seguridad. Atribuyéndosele a él, la mayor parte de las acciones de los últimos meses, Los Extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo y negociación con el Estado, queriéndolo presionar con el secuestro del hijo del secretario de presidencia, Álvaro Diego Montoya y de 2 parientes del presidente de la República.[cita requerida]
Surgió entonces una propuesta del ex presidente Alfonso López Michelsen, respaldada por los también ex mandatarios Julio Cesar Turbay y Misael Pastrana, por el cardenal Mario Rebollo Bravo y por el presidente de la UP Diego Montaña Cuellar, consistente en la formación de una comisión de Notables para negociar con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, estos respondieron a dicha propuesta presentándose en un comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial y expresaron una “verdadera voluntad de negociación”. Inmediatamente después liberaron los secuestrados, entregaron un bus con una tonelada de dinamita, y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de droga en el Choco. Como contraparte los narcos esperaban del gobierno la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de los procedimientos legales que permitirían su rendición. Sin embargo, esto nunca sucedió y el intento de diálogo y negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo.[cita requerida]
Efectivamente engañados por el gobierno y enfrentados a una potente ofensiva militar en Envigado, declarado zona de operaciones militares por la IV Brigada del Ejercito (al mando del General Harold Bedoya), Los extraditables declararon que ponían fin a su tregua con el Estado y ofrecieron 2 millones de pesos por cada policía que fuera muerto (30 de marzo). Medellín y su área metropolitana se vieron envueltos en una verdadera guerra urbana, tras las primeras ejecuciones de uniformados y después del ataque contra un camión del Grupo Élite, ocurrido en un puente de Itagüí el 11 de abril. Este atentado que dejó 20 muertos y 100 heridos fue el primero de los 18 que se sucedieron hasta finales de julio con un saldo de 100 víctimas fatales y 450 heridos. El 12 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Madre hicieron explosión en 2 centros comerciales de Bogotá sendas bombas que mataron a 21 personas. El mismo día en Cali otro acto terrorista cobró la vida de 9 civiles. A fines de mes a la vez que un sicario se hacía volar frente al Hotel Intercontinental de Medellín, matando a 6 policías y 3 transeúntes, fue acribillado el senador Federico Estrada Vélez y su conductor. [cita requerida]
La violencia en la capital antioqueña se recrudecio y las victimas se contaron por miles: en represalia por el asesinato de 215 uniformados, caídos entre abril y julio de 1990, escuadrones de la muerte emprendieron sangrientas "Operaciones de limpieza" en las comunas. Después de que el jefe militar de Pablo Escobar, John Jairo Arias Tascon “Pinina”, cayera abatido por las autoridades el 14 de junio, llego de nuevo la temida respuesta del narco: 19 jóvenes de la alta sociedad de Medellin fueron masacrados en el Bar Oporto y un carro-bomba estallo frente a la Estación Libertadores de la Policía matando a 14 civiles. Solo a finales de julio luego de un inmenso operativo en el Magdalena Medio antioqueño del que una vez más escapó Escobar, Los Extraditables decretaron una nueva tregua y se situaron a la defensiva, en espera de las decisiones que pudiera tomar la nueva administración de Cesar Gaviria. En todo caso afirmaron la imposibilidad de entregarse a la justicia mientras no se reestructuraran los organismos de seguridad del Estado y no se crearan los mecanismos legales apropiados para evitar la extradición.[54]
La administración Gaviria. Desmovilizaciones y guerra integral [editar]
Desmovilizaciones, reinserciones y diálogos de paz [editar]
La misma estrategia de paz del gobierno Barco que le dio cabida en la sociedad civil a la guerrilla del M-19, dejó empero sin concluir las negociaciones para la desmovilización y reinserción de tres grupos armados menores que se habían acogido a ella: el EPL a excepción de la disidencia comandada por Bernardo Caraballo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame. Movimientos que al momento del cambio de mandatario en agosto de 1990, hacían parte de la coordinadora Guerrillera Simón Bolívar junto a las Farc y el ELN. Aunque el gobierno de Cesar Gaviria retomó las negociaciones garantizando las ofertas ya pactadas, que consistían en reincorporar los miembros de dichas organizaciones ilegales a la vida civil de la nación en condición de actores políticos y la implementación de planes de desarrollo a través del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) para las regiones que se hallaban bajo su influencia, aprovechó la decisión ya tomada de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para presionar a los insurgentes a desmovilizarse rápidamente si querían participar en ella, y concretar la firma de los acuerdos finales sin contemplar reformas al sistema vigente, pues ya habría lugar a ello en la Constituyente; pero con el compromiso, que efectivamente se cumplió, de financiar una comisión especial que se encargara de analizar las causas de la violencia en las zonas de actividad del EPL y el Quintín Lame.[cita requerida]
En acatamiento de lo así dispuesto, las 3 organizaciones depusieron las armas entre enero y mayo de 1991, cesando las hostilidades unos 2300 guerrilleros. En contra de las expectativas de quienes consideraban que el éxito de tales negociaciones incidiría en atraer hacia la concertación democrática a los 2 principales grupos rebeldes, estos se mantuvieron remisos a cualquier acercamiento y continuaron con sus acciones bélicas. Las Farc, ahora bajo el mando único de Manuel Marulanda, tras la muerte del ideólogo de la organización, “Jacobo Arenas” víctima de un infarto en agosto del 90, y el ELN, se entregaron a una violenta ronda de ataques terroristas que se saldó con la muerte de 56 uniformados y 30 campesinos entre el 16 de septiembre y el 9 de diciembre de 1990. El 10 de noviembre, en el curso del más importante golpe de la subversión, fueron asaltadas simultáneamente la base militar de Taraza y el cuartel de la policía en Cáceres (Antioquia). 9 efectivos del gobierno, incluyendo al Teniente Coronel del Batallón Girardot, Jaime Fajardo Cifuentes, fueron asesinados y 16 quedaron heridos.[cita requerida]
El 9 de diciembre, día que coincidía irónicamente con las elecciones para la Constituyente, 640 hombres del Ejército apoyados por 2 K-fir, 9 aviones AT-37, 2 AC-47 y 19 helicópteros, se tomaron “Casa verde”, sede del secretariado de las FARC en La Uribe (Meta), inmensa área campamentaria ocupada por no menos de 800 subversivos. El bombardeo rasante de los aviones seguido del desembarco de las tropas aerotransportadas encontró una feroz resistencia. Un Bell 212 fue derribado y sus 4 tripulantes perdieron la vida. Tras varias jornadas de sangrientos combates los militares aseguraron el área a costa de 19 muertos propios, dando de baja al menos a medio centenar de guerrilleros. Pero el objetivo principal de la operación no fue alcanzado pues la cúpula de las Farc logró replegarse incólume y más bien desató en respuesta, una feroz serie de atentados. [57] [58] [59] [60] Finalmente el año terminó con 364 uniformados muertos a manos de la subversión y 93 más secuestrados, agregando a estas cifras los cerca de 300 agentes de policía ultimados por órdenes del Cartel de Medellín.[cita requerida]
Contraofensiva guerrillera: 1991 [editar]
Aunque el operativo militar resultó un fracaso, el gobierno lo justificó como un acto de soberanía interna dado como respuesta a los continuos ataques de una organización ilegal que mostraba nulos deseos de paz. Como lo expresó el Consejero para la paz, Jesús Antonio Bejarano era el anticipo de una nueva estrategia de paz en la que “el diálogo y la acción militar no se excluyen”.[cita requerida]
Pero las FARC golpearon primero. El 2 de enero de 1991 como anticipo de lo que vendría luego, 12 agentes antinarcóticos son masacrados entre Ciénaga y Santa Marta, y el 8 del mismo mes, el cerro Girasol en Mesetas (Meta), es tomado por Víctor Julio Suárez, alias el “Mono Jojoy” en represalia a la destrucción de Casa Verde. Guarnecido por 41 soldados, 2 de ellos mueren y 17 son hechos prisioneros en el asalto, que también le cuesta la vida a 30 subversivos. Seguidamente, en febrero, las guerrillas iniciaron una escalada terrorista de retaliación contra las tropas del gobierno y la infraestructura económica; oleada que por su extensión (seis meses) y su número de acciones se constituiría como la más grande en la historia de este grupo armado ilegal. En este marco arreciaron todos los ataques contra la fuerza pública, entre ellos los asaltos a bases militares, los hostigamientos, los sabotajes a instalaciones, las emboscadas a patrullas y los golpes urbanos. De 169 hechos de este tipo en 1990 se pasó a 425 en 1991, representando ello un incremento del 151%. Al finalizar el año, 416 uniformados habían sido asesinados y otros 276 habían sido capturados.[cita requerida]
La reacción contrainsurgente del Ejército también fue durísima y en el transcurso de 1991 se lanzaron una serie de masivas ofensivas aéreo-terrestres en todo el país; 9 operaciones en total: Neptuno, Oro Negro, Apolo, Dignidad (en Antioquia), Saturno (en septiembre de 1991 en la serranía de La Macarena y el Caquetá), Luz Blanca, Reconquista y Destrucción. 14 frentes de las FARC y 16 del ELN, sufrieron contundentes golpes: 639 guerrilleros fueron dados de baja, 438 son capturados, y 106 campamentos quedaron destruidos.[cita requerida]
La estrategia de orden público y el “revolcón militar” [editar]
En plena coincidencia con la propuesta del presidente Gaviria en su propio proyecto de reforma institucional, la nueva Constitución reemplazó la figura autoritaria de Estado de Sitio por la de Estado de Conmoción interior, con la necesidad de poder limitar la autonomía que la primera le concedía a los militares en el manejo del orden público. Sin embargo, por decisión unánime, los constituyentes dejaron por fuera de los debates otros importantes asuntos referentes a las Fuerzas Armadas, entre ellos el fuero castrense y la reforma de las instituciones de seguridad, dejando estos temas en manos del Ejecutivo.[cita requerida]
Para este era evidente que se requería un cambio de fondo para poder así enfrentar eficazmente la violencia múltiple que asediaba al Estado y la sociedad, desde varios frentes: guerrillera, paramilitar, delincuencial y narcoterrorista. El número de homicidios había alcanzado en este momento su punto cumbre: de 24.304 asesinatos en 1990 se pasó a 28.280 en 1991, con una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Medellín con 8954 crímenes se alcanzó el récord monstruoso de 381 por 100.000. Por lo tanto apareció a la luz pública en mayo de 1991 “La estrategia nacional contra la violencia”, un documento que formulaba una política realista e integral para afrontar el Conflicto interno con base en tres objetivos: garantizar el monopolio del uso de la fuerza por parte de las instituciones armadas gubernamentales; recuperar la capacidad de la justicia para sancionar el delito y combatir la impunidad; y ampliar el cubrimiento institucional del Estado en todo el territorio nacional.[cita requerida]
En cuanto a las políticas a seguir postulaba lo siguiente: 1. Un enfoque regional para reducir la violencia y promover la rehabilitación social mediante la elaboración de planes regionales de seguridad, atención prioritaria al desarrollo regional a través del PNR y programas de promoción a la juventud; 2. El robustecimiento del poder judicial para recuperar la capacidad de sanción del Estado por medio del fortalecimiento de su capacidad investigativa, la creación de la jurisdicción de Orden Público para juzgar los delitos de narcotráfico, terrorismo y conexos, el desarrollo de una política de promoción de sometimiento a la justicia para favorecer la entrega de narcotraficantes y paramilitares, y el diseño de mecanismos participativos destinados a la solución de conflictos; 3. La política hacia la guerrilla, que contempla tanto la solución pacífica como la vía de la guerra; 4. La política frente a los otros agentes de violencia (delincuencia común y organizada de los carteles) así como los mecanismos para enfrentar el tráfico de drogas, controlar la criminalidad y hacer frente a la extorsión y el secuestro; y 5. La defensa y protección de los derechos humanos como prioridad del Estado frente a los abusos cometidos por sus agentes y funcionarios.[cita requerida]
La novedad de la estrategia esbozada consistía en que contrario a la regla heredada del Frente Nacional, depositaba en el Ejecutivo y en su ministro de defensa (un civil) la responsabilidad del diseño general de los planes de seguridad, así como su financiación y en las fuerzas militares las decisiones estrictamente operativas, en el marco de su “acción legítima contra la subversión”. En concordancia con esta filosofía, en agosto de 1991 el presidente colocó en el ministerio de Defensa a Rafael Pardo, reconocido gestor de paz de la administración Barco y hasta entonces concejero para la Defensa y la Seguridad, en reemplazo del General Oscar Botero. Aunque el relevo de mando se llevó a cabo en los términos más cordiales, algunos oficiales en retiro criticaron la medida, tomada en plenas negociaciones con la Coordinadora guerrillera. Muchos la vieron como una claudicación ante la insurgencia que pedía este cambio reiteradamente en las pláticas de paz. Para el gobierno por el contrario, la designación de un civil en el sector defensa, extensivo luego a la comandancia del DAS, cumplía con el doble propósito de despojar de un argumento más a los guerrilleros y ratificar el compromiso de la sociedad civil en su lucha contra la violencia y la impunidad. Además, entre las facultades otorgadas a Pardo no figuraban ni la supervisión de las operaciones ni el control de las cortes militares. También en el marco ofrecido por la Estrategia Nacional Contra la Violencia, se llevaron a cabo la reestructuración de la Policía Nacional (Ley 62 de 1993), complementada con un nuevo Estatuto de Policía (articulo 34 de la ley 62), y la modernización de las Fuerzas Armadas. Tanto en una como en otra institución se mejoraron los salarios y en consideración a las denuncias, nacionales e internacionales, que vinculaban a algunas unidades militares a graves violaciones del D.I.H, se introdujeron cursos de instrucción de esta materia en ambos organismos de seguridad.[cita requerida]
Por otra parte, para racionalizar y definir adecuadamente el gasto público asignado a la Defensa en el Plan Nacional de Desarrollo, se creó la unidad de justicia y seguridad, adscrita al Departamento de Planeación Nacional. Con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del Ejército en el marco de una guerra irregular que exigía considerables esfuerzos ofensivos para neutralizar al enemigo, se importó material bélico de dotación por casi 500 millones de dólares, se crearon 21 nuevas unidades contraguerrillas así como las Brigadas móviles 1, 2 y 16, todas ellas integradas por soldados profesionales cuyo número pasó de 2000 en 1990 a 15.000 en 1993. La inteligencia militar o sexta arma se reorganizó en 1991 con ayuda de una comisión asesora de los EE.UU y para su debido funcionamiento se destinaron cuantiosos recursos a partir de 1992 y especialmente en 1993, cuando se diseñó una campaña de delación de guerrilleros y criminales que operaba por medio de recompensas en dinero. En noviembre de ese mismo año entró a operar la segunda fase, llamada “Seguridad de la gente”, de la Estrategia nacional contra la violencia que enfatizaba en la seguridad de la ciudadanía, de la que eran responsables las fuerzas del orden. Con esto concluyó la reforma a las Fuerzas Armadas o “revolcón militar”.[cita requerida]
Empero todas las medidas adoptadas, la dinámica de la violencia solo había sufrido disminución casi imperceptible: 28.225 homicidios en 1992 y 28.048 en 1993.[cita requerida]
El fracaso de Caracas y Tlaxcala [editar]
Las tasas monstruosas de homicidios que alcanzaron su pico en 1991 y el escalamiento progresivo del conflicto, terminaron por abrir de nuevo la posibilidad de dialogar con la Coordinadora. Primero en Caracas, Venezuela (3 de junio a septiembre 30 de 1991), y luego en Tlaxcala, México (del 10 de marzo al 4 de mayo de 1992), los representantes de ambos bandos intentaron infructuosamente llegar a un acuerdo. Pero el irrespeto a las exigencias mutuas que condicionaban los diálogos, cese de hostilidades por parte de las guerrillas, y renuencia del gobierno a discutir la agenda suscrita al comienzo de las conversaciones en el orden que pedían los insurgentes, condujeron las deliberaciones a un punto muerto y la política del orden público entró en los que se llamó “guerra integral”; es decir el conflicto en una fase aún más total y encarnizada. La muerte en cautiverio del ex ministro Argelino Duran Quintero, sería el golpe de gracia que terminaría de hundir el proceso.[cita requerida]
El cierre de las conversaciones en Tlaxcala, iba a traer sus consecuencias inmediatamente. En otra violenta oleada terrorista que se prolongó por mayo y junio, un centenar largo de personas resultaron muertas: 70 guerrilleros y 30 uniformados. Una auténtica batalla se desencadenó el 23 de mayo, cuando unos 650 irregulares que se dirigían a Dabeiba (Antioquia), emboscaron y mataron a 15 militares que les salieron al paso en el Cañón de la Llorona. Los posteriores bombardeos y ametrallamientos con 6 helicópteros y 3 aviones el día 25, mas una operación rastrillo por tierra dejo una treintena de bajas entre las filas de la subversión.[cita requerida]
A pesar de los ingentes esfuerzos del gobierno que multiplicó los recursos del sector defensa y reclutó miles de nuevas tropas, el desangre cotidiano no se detuvo. La insurgencia contaba con más de 16.000 hombres y cerca de 50.000 millones de pesos al año, producto del secuestro y la extorsión a ganaderos, industriales y contratistas del sector petrolero, para hacerle frente al Estado. El agravamiento del orden público a raíz de la evasión de Escobar y sus lugartenientes más cercanos, fue evidente en el segundo semestre de 1992: el 14 de agosto, 7 agentes de policía fueron asesinados cerca al aeropuerto Cravo Norte en Arauca y el 5 de septiembre siguiente en una serie de emboscadas perecieron 15 uniformados más, 9 de ellos en el perímetro urbano de Villavicencio.[cita requerida]
El 31 de octubre debían reanudarse las conversaciones entre ambos bandos, pero nuevamente la estrategia de guerrilla, consistente en llegar fortalecida a la mesa de diálogos a base de golpes sobre el terreno, hizo abortar esta última tentativa de acercamiento mutuo. En octubre fueron ejecutados decenas de ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública, los oleoductos, las vías de comunicación y las torres de energía. A punta de terrorismo y amenazas también fue paralizado el transporte, y hubo retaliaciones contra la población civil en amplias regiones del país. El 20 de ese mes, 9 soldados murieron en Las Mirlas cerca Barrancabermeja. Gaviria respondió descartando el inicio de las negociaciones, declarando con ello que el conflicto se iba a desarrollar a partir de ese momento en el plano estrictamente militar. Las FARC se encargaron de corroborarlo, el 7 de noviembre, cuando no menos de 300 insurgentes asesinaron a 26 policías que custodiaban un tramo del oleoducto transandino en Churuyaco, en el departamento del Putumayo; a la vez que se registraban 31 acciones más en seis departamentos del país. El Ejecutivo se vio obligado a decretar por segunda vez el Estado de Conmoción Interior y llamó a calificar servicios a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para conformar una nueva línea de mando. Formalmente había comenzado la “Guerra integral”.[cita requerida]
La Guerra integral: ofensivas guerrilleras y reactivación paramilitar [editar]
Si bien la actitud refractaria de la guerrilla al diálogo con el Estado, sumado a sus tácticas progresivamente más terroristas, similares ya a las de Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, les desprestigiaron enormemente ante la opinión pública, los grupos insurgentes, no vieron mermada en todo caso su capacidad armada. Transformados en “bandoleros” y “facinerosos”, dignos solo de una “ofensiva permanente”, las cifras de sus ataques demostraban un poderío que hacía imposible someterlos por la vía armada en los 18 meses anunciados por el Ministro de Defensa Rafael Pardo, luego de las medidas que se tomaron para fortalecer las Fuerzas del Estado. 2110 acciones bélicas de las Farc y 1764 del ELN, entre 1990 y 1994, más 337 atentados cometidos en el mismo periodo contra la infraestructura petrolera (principalmente por el segundo grupo), causaron innumerables pérdidas humanas y materiales. Solamente Ecopetrol reportó en 1994 daños por un valor de $ 7.700 millones.[cita requerida]
Asimismo, la decisión de gravar a los gremios con un impuesto de guerra destinado a incrementar los efectivos militares y los primeros efectos palpables de la política económica del gobierno en materia de apertura y privatizaciones, desataron dos nuevas ofensivas nacionales por parte de las guerrillas.[cita requerida]
Del 11 al 18 de abril de 1993, las FARC celebraron su octava conferencia. En ella reajustaron su Plan Estratégico, adaptándolo a la coyuntura más favorable ahora para pasar a la guerra de movimientos, creando para esto los Bloques de frentes y los Comandos Conjuntos. Se diseñaron también las normas de funcionamiento de los Estados Mayores y se conformó un Comando general encargado de dirigir la ofensiva insurgente. Se ordenó además a los Frentes operar en Compañías móviles de combate. Terminaría así por consolidarse 5 Bloques guerrilleros y 2 comandos conjuntos: el oriental (Víctor Julio Suarez “Mono Jojoy”) en Meta, Guaviare, Cundinamarca, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía y Vaupés; el sur (Luis Edgar Devia “Raúl Reyes”) en el oriente de Nariño, Caquetá, Putumayo, la Bota Caucana, el sur y oriente del Huila; el Magdalena Medio (Rodrigo Londoño Echeverri “Timochenko”) en Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, nordeste antioqueño y parte de Boyacá; el Norte en Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Guajira y Cesar; el Nordoccidental o José María Córdoba (Luciano Marín Arango “Iván Márquez”) el más potente en ese momento, en Antioquia, Córdoba, Choco y parte del eje Cafetero; el central en Tolima, norte y occidente del Huila, más Quindío; y el sur-occidental (Guillermo León Sáenz “Alfonso Cano”) en Valle, Cauca y Nariño.[cita requerida]
Por último el secretariado formuló la “plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”, documento de 10 puntos en donde se precisaba su nuevo modelo de Estado. Entre otras cosas proponían la realización de profundas reformas a las instituciones y a la justicia, la implementación de mecanismos de control popular, la transformación de las FF.MM bajo una nueva doctrina bolivariana de defensa nacional, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, la asignación de un 50% del presupuesto a gastos sociales y de otro 10% a la investigación científica.[cita requerida]
La primera evidencia de las nuevas tácticas adoptadas llega con el “Septiembre negro”, en la segunda mitad de 1993, tras varios meses de un aparente cese de hostilidades por parte de la guerrilla. El 28 de agosto, en La regadera a 58 km de Bogotá 13 policías son muertos en una emboscada y solo 4 días después el 2 de septiembre en la vía Carolina del Príncipe- Santa Rosa de Osos (Antioquia) las víctimas son 14 soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, ultimados con cargas explosivas. Paralelamente, en Mutata otros 3 uniformados son dados de baja. Antes de terminar el mes, 2 atentados en Samaca (Arauca) y Ciénaga (Magdalena) se cobran la vida de 11 hombres más. Y despidiendo el año, el 18 de diciembre feroces combates en Gican (Boyacá) enfrentan a 250 tropas de las Brigadas I y XVI, esta vez con 160 guerrilleros del frente Domingo Laín del ELN. Catorce militares y diez subversivos mueren. No obstante, 1993 termina con una ligera disminución en la tasa de bajas de la fuerza pública, respecto al año inmediatamente anterior: de 481 fatalidades en 1992 se pasa a 454.[cita requerida]
Por último, y como efecto colateral de la paz fallida, los paramilitares se multiplicaron, tras el breve paréntesis que representaron las desmovilizaciones de 1991, trabándose en feroces disputas territoriales con la guerrilla, lo que contribuyó al desplazamiento forzado de al menos 600.000 personas. Las masacres cometidas por dichos grupos aumentaron un 20%, culminando la labor de exterminio contra la UP, cuyo único senador Manuel Cepeda Vargas cayó víctima de sicarios en Bogotá en 1994. Una nueva fuerza paramilitar, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba (ACCU), surgió con fuerza en el norte del país. Al mando de Carlos Castaño Gil, líder máximo tras la muerte en combate (contra el EPL) de su hermano Fidel en enero de 1994, retomó las banderas de las estructuras desmovilizadas en 1991 y se hizo con el control de las redes y negocios cedidos por el descabezado Cartel de Medellín.[cita requerida]
La “despedida a Gaviria” [editar]
En julio de 1994, como “Despedida al gobierno Gaviria”, la coordinadora emprende otra serie de ataques. A mediados de año dos importantes comandantes insurgentes habían sido capturados, de un lado Francisco Galán miembro del COCE del ELN y del otro Bernardo Caraballo, jefe máximo de la facción no desmovilizada del EPL. Pero ello no repercutió ni ligeramente en las filas de la mayor fuerza al margen de la ley, las FARC, cada vez más fortalecida económica y militarmente gracias a los abundantes recursos de la coca. El 15 de julio, al menos 300 guerrilleros del Bloque sur asaltaron una estación de bombeo de Ecopetrol en Guamuez, zona rural de Orito (Putumayo). Los 29 soldados que la guarnecían fueron sorprendidos en medio de la noche y 17 de ellos murieron. El 19 fue asesinado en Villavicencio el Mayor General Carlos Julio Gil Coronado, comandante de la IV División del Ejército y fueron tomadas simultáneamente las poblaciones de La Calera, Chuza y Pasca así como el cerro Cruz Verde, en las goteras de la capital. El Putumayo quedo paralizado por un paro armado y poco después del 22 al 24 de julio, unas sangrientas jornadas bélicas que se extendieron por Bogotá, Antioquia, Cauca, Santander, Norte de Santander, Sucre, Arauca y Tolima, culminaron con 13 militares, 6 policías, 1 civil y 110 irregulares muertos. En Dabeiba una vez mas, perdieron la vida 10 miembros de la Brigada XVII y en el sector bogotano de Ciudad Bolívar, fue hostigado un centro de atención inmediata. Ya en agosto, y mostrando los dientes al nuevo presidente, fue copado, el 9, un cuartel policial en Cartagena del Chaira (Caquetá), con un saldo de 4 muertos y 5 secuestrados; el 16 en una emboscada a una patrulla antinarcóticos entre Toribio y Tacueyo, perecieron 6 de sus integrantes; y el 18, en un atroz acto el ELN masacró a 8 militares y 14 civiles al incinerar un bus en Tado, Choco. Evidenciando el encarnizamiento de la guerra y el giro que estaba tomando la situación de orden póblico, el año terminaría con 571 uniformados dados de baja, superando por primera vez la línea del medio millar.[cita requerida]
Pese a la violencia imperante en las postrimeras de la administración Gaviria, 504 milicianos de Medellín se acogieron a la paz, camino que siguieron la Corriente de Renovación Socialista y el Frente Manuel Garnica Narváez del ELN. A su vez, la fracción del EPL comandada por Caraballo, capturado recientemente, se dislocaba al no contar con un mando claro y terminaría por desbandarse 2 años después. No obstante, la política de desmovilización resultó magra en sus resultados, exceptuando tal vez al Quintín Lame y las milicias urbanas. Al menos 600 antiguos militantes del EPL, 400 de ellos solo en Uraba fueron asesinados por las FARC y por sus correligionarios que no se entregaron. Una gran parte de los que no perecieron, empujados por la persecución de la cual eran víctimas, se enrolaron en las Autodefensas y constituirían más tarde el núcleo de las AUC. En el más aleve de estos hechos, miembros del V frente dieron muerte el 23 de enero de 1994 a 33 civiles en el barrio de invasión La Chinita en Apartado (Antioquia), mientras se celebraba una fiesta popular.[cita requerida]
La posesión del nuevo mandatario de la república, Ernesto Samper Pizano el 7 de agosto de 1994, fue seguida por los acostumbrados mensajes de paz de la guerrilla, emitidos esta vez separadamente por las FARC, el ELN y el EPL, anunciando con ello la disolución definitiva de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En lo sucesivo cada grupo, se enfrentaría al Estado por separado.[cita requerida]
La guerra final contra el Narcoterrorismo. El Cartel de Cali [editar]
Bombas y secuestros. Se rinde Escobar [editar]
Aparte de un proceso de paz inconcluso, Gaviria heredó la “guerra contra el narcotráfico” con la que su predecesor había pretendido reducir al Cartel de Medellín y su red de sicarios, enemigos declarados del Estado. Aunque durante su campaña presidencial había demostrado total respaldo tanto a la ofensiva como a las medidas tomadas por el primer mandatario, entre ellas la más temida por los narcoterroristas, que era la extradición por vía administrativa; una vez posesionado dejó entrever que el elevado costo económico y humano de esta guerra ameritaba la búsqueda de una salida alterna en la que el fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave. El 12 de agosto en todo caso, en un golpe de mano, hombres del Grupo Élite dieron de baja al primo y mano derecha del máximo jefe terrorista del país, Gustavo Gaviria Rivero.[cita requerida]
Aprovechando el respiro de la tregua unilateral indefinida anunciada en julio por Los Extraditables, el ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel diseñó la legislación de estado de sitio que se haría pública como “Política de sometimiento a la justicia”. Dicha política, que se materializó en cinco decretos que posteriormente, serían elevados después de una depuración, a legislación permanente en el nuevo Código de Procesamiento Penal, aspiraba en términos simplificados, a favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran un delito, con la garantía, en algunos casos condicional, de ser juzgados en el país y recluidos en pabellones de alta seguridad. Escobar receloso de las intenciones del gobierno, que ya le había incumplido anteriormente, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas de renombre y de personajes influyentes en la vida nacional (Diana Turbay, Marina Montoya, Francisco Santos, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y 5 periodistas más), presionando de ese modo al presidente para que fuera tratado como un delincuente político, haciéndose beneficiario de paso de los indultos reservados a los guerrilleros.[cita requerida]
Los primeros en acogerse a la oferta, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, fueron los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, socios cercanos de Pablo Escobar Gaviria, y responsables de la distribución de cocaína en la Florida y California. Sin embargo, este último pretendía arrancarle al Ejecutivo un acuerdo hecho a su medida y siguió presionando nuevamente por la vía armada, amenazando con ejecutar a los rehenes y con reiniciar su ofensiva terrorista. El 13 de diciembre de 1990 una bomba mató a 7 policías en Medellín y otros 7 más serían ultimados por sicarios en los 3 primeros días de enero. Poco después el 22, resultaron abatidos en un doble operativo lanzado en el departamento de Antioquia, 2 de los temibles hermanos Prisco Lopera, jefes de una banda transformada en el brazo armado del capo, junto a 3 de sus escoltas. El informante que los delató entregó luego, la ubicación de 2 de los secuestrados, pero en la confusa operación de rescate que se adelantó el 24 de enero, Diana Turbay y 3 de sus captores murieron.[cita requerida]
La respuesta no demoró en llegar en la forma de la ejecución de uno de los rehenes, Marina Montoya, hermana del antiguo secretario de Presidencia, Germán Montoya, y con una nueva racha de atentados: una decena de efectivos policiales fueron víctimas de sicariato, una explosión en un bus dejó 6 muertos y el 16 de febrero un atroz bombazo contra una patrulla del F-2 en Medellín frente a la plaza de toros de la ciudad, se saldó con 22 fallecidos. Dos meses después el ex ministró de Justicia Low Murtra, perdió la vida a manos de pistoleros en la capital de la República.[cita requerida]
El gobierno debió plegarse a las exigencias de Escobar, quien liberó al resto de los secuestrados como gesto de “buena fe”. Pero solo hasta cuando estuvo seguro de que la Constituyente había votado y aprobado el 19 de junio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento, se entregó el máximo cabecilla de la organización narcoterrorista en la capital antioqueña, en compañía del sacerdote García Herreros y Alberto Villamizar, mediadores en su rendición. Luego sería recluido en la famosa Cárcel de La Catedral en Envigado. Desde allí pese a las promesas de no delinquir más, siguió controlando los hilos del negocio ilegal a través de otros 2 aliados suyos que no se entregaron: Fernando “el negro” Galeano y Gerardo “Kiko” Moncada.[54]
Desactivación Paramilitar. Nacen las ACCU [editar]
Como la política de negociación de penas también cobijaba a los paramilitares, muchos miembros de las organizaciones afincadas en Córdoba, el Magdalena medio, la Sierra Nevada, Boyacá, el Valle del Cauca y los Llanos Orientales se allanaron a las autoridades confesando solamente el delito de porte ilegal de armas, amparados todos ellos en los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. El grupo más grande al mando de Ariel Otero desmovilizó a 400 de sus integrantes en Puerto Boyacá, mientras en Córdoba la estructura de Fidel Castaño entregaba 600 fusiles, y algunas porciones de tierra como supuesta compensación a los campesinos despojados de sus parcelas. También un reducto de cerca de 200 hombres, antiguamente mandados por Gonzalo Rodríguez Gacha se acogió a la amnistía en Pacho (Cundinamarca). En consecuencia, a partir de 1992, se observa una importante reducción de los asesinatos de civiles, atribuidos a las autodefensas en los años anteriores. Pero en la práctica estas estructuras siguieron activas, manejando un bajo perfil.[cita requerida]
Las presentes en el Magdalena medio, se vieron envueltas en una brutal lucha con sus antiguos socios narcotraficantes a partir de 1990. Henry Pérez, el primer comandante había sido asesinado por un pistolero durante la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen en julio de 1991, y Ariel Otero su sucesor alineado con el Cartel de Cali, correría la misma suerte a principios de 1992. La fuerza sobreviviente se atomizó y algunos de sus restos entraron al servicio de Escobar, mientras otras bandas como la encabezada por Ramón Isaza, se replegaron de la zona. Mientras tanto, en la parte sur de la región, cerca a Honda, cobró protagonismo Jaime Eduardo Rueda Rocha, el asesino de Galán, evadido de la cárcel hacia un año y ahora jefe de una partida de 150 criminales. Buscando posicionarse como líder máximo mató y descuartizó al alcalde de Puerto Boyacá en marzo de 1992, para luego arrojar su cuerpo y el de 4 de sus acompañantes al río Magdalena. Pero su ascenso fue cortado por una patrulla del GOES que lo abatió a él y a 6 miembros de su cuerpo de seguridad en un restaurante de Honda el 14 de abril del mismo año. Tras su muerte, la actividad de las autodefensas en la zona disminuyó considerablemente, ya que estas optaron por mimetizar sus actividades delincuenciales. Eliminado Escobar en diciembre de 1993, Ramón Isaza retomaría el control del estratégico territorio.[cita requerida]
Al final no obstante, los grandes esfuerzos realizados en los primeros años de la década del noventa para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas y con mayor cubrimiento territorial, los grupos paramilitares tuvieron un nuevo impulso a finales del cuatrienio Gaviria. Fue así como, con posterioridad a la muerte de Pablo Escobar en 1993, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el mando de Fidel y Carlos Castaño, protagonizaron una significativa expansión, con el apoyo de cientos de desmovilizados del EPL, masacrados metódicamente, ellos y sus familias, por las Farc y la disidencia de Francisco Caraballo.[cita requerida]
Fuga y muerte de Escobar. Fin del narcoterrorismo como actor bélico [editar]
A casi un año de su encierro a principios de julio de 1992, Escobar, se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas sumas de dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando de sus más cercanos aliados, ejecutó a Fernando “el negro” Galeano y Gerardo “Kiko” Moncada, pretextando que estos le ocultaban $20 millones. La posterior purga entre los más cercanos a ambos capos y entre sus familiares dejó unos 50 muertos.[cita requerida]
El gobierno y la fiscalía general de la nación al conocer de los graves hechos y para evitar que el “Patrón” siguiera delinquiendo desde su cómoda prisión, ordenó el traslado de este hacia un nuevo penal. Pero en condiciones oscuras que demostraron una vez más el poder de corrupción y el temor que generaba el peligroso narcotraficante, él, su hermano Roberto y 8 de sus lugartenientes se fugaron de La Catedral el 22 de julio de 1992. La evasión del capo, cayó como un baldado de agua fría para la administración Gaviria, que se vio burlada ante la opinión pública y desprestigiada internacionalmente. El gobierno tocado en lo más profundo, creó entonces un Comando Especial Conjunto o Bloque de Búsqueda, integrado por miembros de la policía y el Ejército, para cazar a los prófugos y desmantelar de una vez por todas, su imperio criminal.[cita requerida]
Los terroristas de Cali se encargaron de desencadenar nuevamente la guerra, al activar un carro bomba en Medellin que atribuyeron a sus enemigos antioqueños. Estos ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y una juez, entre septiembre y octubre de 1992. Pero esta vez la situación había cambiado bruscamente para el Cartel: la muerte de Galeno y Moncada generó una fractura al interior de la organización. Diego Murillo Bejarano, jefe de seguridad de los capos asesinados y los hermanos Castaño, se alinearon con los narcos del Valle en una amplia alianza contra Pablo Escobar, que incluía a oficiales corruptos del Bloque de Búsqueda y varios de sus antiguos socios y testaferros. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades se asestaron durísimos golpes a las redes del “Patrón”. El 28 de octubre, Brances Alexander Muñoz unos de sus jefes militares más importantes, fue abatido en una operación especial.[cita requerida]
Escobar que trataba en ese momento de negociar su reentrega y había autorizado la rendición de varios de sus lugartenientes más cercanos, entre ellos su hermano Roberto, alias “Popeye”, “Otto” y el “Mugre”, desencadenó en respuesta una nueva guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero y los carros bomba reaparecieron en las grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Si bien los mecanismos ya no eran tan sofisticados como antes, las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas, pues los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que eran totalmente indiscriminados. En Medellín murieron 19 personas, en la capital de la república 36 y en Barrancabermeja 16. El Valle de Aburra se vio afectado por 3 ataques en diciembre del 92 y en Bogotá las explosiones se sucedieron a partir de enero de 1993: el 20 en el norte, el 30 frente a la Cámara de comercio, mediando febrero en dos áreas comerciales y en abril 15 en el Parque de la 93.[54]
Pese a la dura arremetida de los terroristas, en el curso de una ardua cacería las autoridades dieron de baja hasta marzo de 1993, a 100 sicarios y 10 jefes militares del Cartel, entre los que se contaban Mario Castaño Molina “El chopo”, Hernán Darío Henao “HH” y Jhonny Edison Rivera “El palomo”, todos hombres de confianza de Escobar Gaviria. También fueron apresados 1900 sospechosos de pertenecer a la organización y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar. Esto sumado a la derrota por bandas rivales de sus grupos de gatilleros, en una guerra que dejó 300 muertos, terminó por debilitar decisivamente al grupo de Medellín que perdió en 8 meses el 80% de su capacidad bélica. Como añadidura, el 30 de enero hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenomino “Los pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), detrás de la que estaban los Castaño y que se dedicaría a matar a los testaferros, contadores, abogados y familiares del capo, como también a destruir sus propiedades y minar sus finanzas.[54]
Escobar, arrinconado por las fuerzas armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia interrumpió del todo su campaña terrorista. Trato de renegociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el Ejecutivo. Si bien logró evadir al Bloque de Búsqueda por 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad León Puerta Muñoz “El angelito”, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa refugiada en el Hotel Tequendama bajo estricta vigilancia policial, lo llevó a utilizar un radio de comunicaciones, revelando su ubicación. En la tarde del 2 de diciembre de 1993 sería abatido por un comando de 20 hombres al mando del Mayor Hugo Aguilar, al tratar de escapar por el tejado de la casa donde se hallaba escondido. Fue el final de una carrera criminal de 19 años y de una brutal guerra que cambió la faz de Colombia para siempre. Con él se llevó toda una generación de políticos y dirigentes nacionales.[cita requerida]
Su muerte y la de su único guardaespaldas también significó el final del Cartel de Medellín y del narcoterrorismo como actor bélico, pero en ningún modo afectó como tal al negocio lucrativo del tráfico de cocaína, en manos ahora de los narcotraficantes de Cali y el Norte del Valle.[cita requerida]
Continúa el problema: el cartel de Cali [editar]
Aunque Gaviria realizó ingentes esfuerzos diplomáticos para modificar el estrecho paradigma estadounidense de atacar la oferta pero no la demanda, centrando la lucha con todas sus consecuencias nefastas en los países productores y no en los consumidores; su gestión no logró mayores avances ni materializar un acuerdo definido respecto al tema. Tampoco tuvieron eco sus propuestas para atacar los eslabones que hacían posible el éxito de los traficantes de droga: el lavado de activos y la venta de armas e insumos a estos.[cita requerida]
Por otra parte el desmantelamiento del Cartel de Medellín tuvo consecuencias nefastas e impredecibles. En vez de desaparecer como tal se atomizó en pequeñas estructuras, como la denominada Oficina de Envigado, fomentando el surgimiento de nuevas organizaciones y el fortalecimiento indirecto del grupo de Cali, el cual no solo llegó a controlar el 80% del negocio, sino que perfeccionó sus métodos de inteligencia y reforzó su infiltración dentro de las autoridades tanto civiles como militares. Y si bien la atención de la opinión pública se había centrado en Escobar y sus socios, las otras redes de narcotraficantes, específicamente la del norte del Valle no era menos violenta. En Trujillo (Valle) los capos Henry Loaiza “El alacrán” y Diego Montoya “Don Diego”, ejecutaron a principios de la década del 90, a no menos de 250 personas, torturándolas y descuartizándolas salvajemente, en medio del silencio y hasta la complicidad abierta de las autoridades locales. Un Mayor del Ejército participaba personalmente en los asesinatos.[cita requerida]
El gobierno de EE.UU que había observado con cautela los resultados de la política de sometimiento a la justicia, empezó a exigirle a Colombia más contundencia en las acciones contra los nuevos amos del narcotráfico y aunque el Bloque de Búsqueda logro apuntarse algunos éxitos con la captura de Jaime Orejuela, Iván Urdinola y alias “Vaticano”, el núcleo de la organización se mantuvo intacto hasta la llegada de la nueva administración.[cita requerida]
Pero ahora se añadía un nuevo ingrediente a la ecuación: los cultivos ilícitos empezaron a expandir su frontera aceleradamente a finales del cuatrienio Gaviria. De placa giratoria del tráfico de cocaína, pasó a ser el primer productor del mundo, desbancando de su puesto a Perú y Bolivia. Con el impulso del Cartel de Cali y sobre todo con la participación cada vez mayor de las FARC y los paramilitares en el lucrativo negocio, el fenómeno se extendería rápidamente por gran parte de la geografía nacional, en las selvas del sur sobre todo pero también en otras áreas como el Catatumbo y Antioquia. Pese a la reducción de los aportes de los EE.UU a la lucha antinarcóticos, el gobierno multiplicó la erradicación de las zonas sembradas de coca y amapola, iniciando en 1992 las polémicas fumigaciones con glifosato, a la vez que desarrollaba programas de sustitución de cultivos. Estrategia que a la postre demostró su fracaso, pues el problema no solo no fue atajado sino que creció exponencialmente y se ubicó como una de las prioridades de los gobernantes posteriores.[cita requerida]
El cuatrienio Samper: la violencia desborda el Estado [editar]
La crisis del Proceso 8000 [editar]
La elección de Ernesto Samper como presidente para el periodo 1994–1998, estuvo acompañada por una serie de sondeos y propuestas exploratorias para dialogar con las guerrillas que seguían en armas. No obstante el pronto estallido del narco-escándalo, ocupó toda la agenda del ejecutivo, le restó credibilidad a todas sus iniciativas y minó también todos sus proyectos.[cita requerida]
Tan pronto como se conoció el resultado de la segunda vuelta, Samper había sido acusado por Pastrana de haber recibido del cártel de Cali 3,7 millones de dólares para financiar su campaña. Tras un período de calma, las acusaciones resurgieron con fuerza en 1995 a instancias del fiscal general Alfonso Valdivieso. Finalmente el conocido como narcoescándalo llegó al Congreso, que el 8 de agosto de aquel año inició una investigación contra el presidente. Dio comienzo entonces el llamado Proceso 8.000. El 14 de diciembre de 1995 la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes exoneró a Samper y archivó el caso. Sin embargo, las declaraciones incriminatorias del cesado ministro de Defensa, Fernando Botero Zea(quien se encontraba encarcelado en espera de juicio) y del tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, en el sentido de que al menos 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico habrían afluido a la campaña de 1994 con el conocimiento del candidato, desembocaron en la reapertura del caso el 20 de febrero de 1996. Finalmente, el 12 de junio de ese año, la Cámara, por 111 votos contra 43, absolvió por falta de pruebas a Samper de los cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad, fraude electoral y encubrimiento.[61]
Pese a su absolución la controversia judicial y política generada por la entrada de dineros calientes a la campaña del presidente, no termino ahí y se extendió prácticamente durante todo el mandato Samper, generando una ola de oposición sin precedentes contra el Gobierno. Este en consecuencia se vio impelido cada vez más a limitar su actuación a legitimarse en el cargo y a mantenerse en el poder dejando de lado la realización de cualquier política coherente. El mandatario defendió su inocencia con vigor en todo momento. Declaró sentirse "víctima de un atentado moral" y presentó las últimas detenciones de jefes del cártel de Cali o la confiscación por ley de sus propiedades como pruebas del compromiso de su Administración con la lucha contra el crimen organizado. La política de seguridad en consecuencia no fue tomada como un punto referente en la acción gubernamental y los planes diseñados por la administración anterior un tanto coherentes, no tuvieron continuidad. Adicionalmente el curso de la economía no proporcionó a Samper mayores satisfacciones. La incertidumbre política y la violencia crónica, alimentada desde múltiples frentes, influyeron en gran manera en la situación, tal que 1997 repitió la moderada tasa de crecimiento registrada en el año anterior mientras que el desempleo se alzó hasta el 13% de la población activa, el mayor índice en diez años. El peso experimentó una notable devaluación frente al dólar y a todo ello se añadió el descenso de los ingresos por las exportaciones del café y el petróleo, en lo que mucho tuvo que ver la decisión de Estados Unidos de restringir tanto la entrada de productos colombianos como las líneas de crédito. Samper no tuvo más remedio que recurrir a las privatizaciones de empresas del Estado para poder mejorar la tesorería del Gobierno.[61]
La ofensiva de las guerrillas [editar]
Las Farc no dejarían de aprovechar la coyuntura y el desconcierto del ejecutivo, para fortalecerse al amparo de los inmensos recursos obtenidos del tráfico de coca en el sur del país, terreno que quedó libre de competición tras la caída de los grandes carteles de la droga, y lanzó una fuerte ofensiva en todo el país evidenciando su capacidad para adaptarse a la guerra de posiciones. Su plan de expansión afinado en la Octava conferencia del secretariado celebrada en 1993, se concretó con el avance progresivo por la cordillera oriental sobre Bogotá, hostigando a la vez a las tropas del gobierno en todo el territorio, disipando sus esfuerzos, mientras que el grueso de las columnas consolidaba el control de las selvas del sur destruyendo y golpeando a las fuerzas del Ejército allí apostadas. Ya no vacilarían en comprometer cientos e incluso más de un millar de hombres en una sola operación, todas cuidadosamente planificadas y apoyadas por una potente artillera artesanal. Aparte de los ataques masivos contra bases e instalaciones militares, también pasaron a bloquear ejes centrales de comunicación como los que conducen a Uraba o Arauca, a amenazar constantemente carreteras neurálgicas como la vía Bogotá- Medellín o Bogotá-Villavicencio, y a destruir infraestructura de importancia estratégica (torres de energía, hidroeléctricas del nororiente antiqueño, oleoductos en los Llanos orientales). Hábiles en el manejo de explosivos, empezaran a utilizar profusamente los carros bomba, y con ellos reapareció el terrorismo tipo Cartel de Medellín en las ciudades, si bien no conocerá sus extremos. El impacto para la economía nacional llegará a ser de 1 a 2 puntos del PIB, y sus consecuencias en el ámbito local y regional aun más devastadoras.[cita requerida]
De otro lado el ELN se vio debilitado ostensiblemente de un lado por el avance paramilitar en el Magdalena Medio y Antioquia, y del otro por la expansión acelerada de las Farc, lo que le privó de importantes recursos financieros. Contando desde 1995 la organización concentraría sus actos en el saboteo sobre la infraestructura petrolera y en los hostigamientos, si bien tampoco decayó del todo su accionar en grandes operaciones. Solo tras la muerte de su líder el “Cura Pérez” a principios de 1998, sería que empezaría a descender ostensiblemente la capacidad del grupo armado.[cita requerida]
A mediados de 1995, el Ministro de Defensa Fernando Botero Zea, cabeza de una gestión aceptable hasta ese momento, presentó su renuncia al cargo a raíz del escándalo del proceso 8000. Los sucesivos funcionarios que le siguieron en la cartera de seguridad, no estuvieron a la altura de las necesidades del momento, ni ejecutaron ningún plan de orden público coherente, puesto que las medidas que implementaron quedaron viciadas por la improvisación y las inmediateces: no existió una política de seguridad clara y establecida. Como si fuera poco, el estamento militar no fue ajeno al escándalo del proceso 8000 y se vio involucrado en él, como consecuencia de las continuas fricciones de su comandante Harold Bedoya con el presidente, lo que al final llevaría a su destitución 2 años después. En este punto, está claro que los grandes éxitos obtenidos por la guerrilla comunista, debieron mucho a las vacilaciones de Samper y a la falta de preparación de las FF.AA. El porcentaje del PIB destinado a la lucha contrainsurgente, era bastante bajo para el grado de violencia que enfrentaba el país, la Fuerza aérea era prácticamente testimonial con solo 30 helicópteros operativos para un territorio de más de un millón de Km, la coordinación entre las distintas armas era nula y la inteligencia pésima. El ejército estaba conformado en su mayor parte por conscriptos salidos del seno de las clases bajas, poco entrenados, mal tratados y peor equipados. La corrupción, la violación a los derechos humanos y el maridaje con grupos de extrema derecha campeaban en todos los niveles, al igual que el espíritu burocrático en sus oficiales, poco motivados y más preocupados por no tachar con faltas su hoja de vida, que en luchar. Aun así ante el abandono del Ejecutivo era el conductor solitario de una guerra de guerrillas que iba ganando proporciones y el verdadero sostén del Estado, cuya posición era cada vez más precaria y se veía erosionada por el avance de los distintos grupos ilegales que cooptaban su actuación en amplios sectores del país. El sesgo desfavorable que tomó el conflicto para el establecimiento quedo de manifiesto, cuando 1995 terminó con 650 uniformados muertos y cerca de 1200 heridos, las cifras más elevadas hasta ese momento.[cita requerida]
Por añadidura las consecuencias corrosivas del proceso 8000 no se limitaron solo al ámbito nacional y muy pronto EE.UU se vio involucrado en una agria disputa con el gobierno colombiano, descalificándolo en la lucha contra el tráfico de narcóticos el 1 de marzo de 1996 y retirándole al presidente su visado personal de entrada al país del norte el 11 de julio siguiente. Samper decidido a mostrar el esfuerzo realizado por su administración en la campaña anti-drogas, profundizó la amplia ofensiva que se venía realizando desde mediados de 1995 en curso de la Operación Conquista contra los cultivos ilícitos en el sur del país, en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. La respuesta al duro golpe dado por el Ejército a los sembradíos de coca, vino de los más de 80.000 raspachines que salieron a protestar en masivas y violentas manifestaciones movilizadas por las Farc; ello también dejaría entrever la simbiosis que se había gestado entre los fenómenos de la subversión y el narcotráfico. Precisamente y en parte como represalia a la Operación Conquista en abril del 96 comenzó la devastadora serie de ataques masivos contra bases militares, emboscadas y tomas guerrilleras que marcaron el inicio de la mayor ofensiva subversiva de la historia del conflicto armado; ofensiva que desde las selvas sería pronto extendida al resto de la nación y que por su magnitud hizo pensar a muchos que el gobierno estaba siendo desbordado y perdiendo la guerra. El 12 de marzo de 1996, en lo que seria solo un preludio de lo que vendría luego, los frentes 35 y 37 al mando de Martín Caballero, masacran vilmente a 11 policías y queman sus cuerpos en Chalan (Sucre).[cita requerida]
Comienza la debacle: Puerres y Las Delicias [editar]
El 15 de abril de 1996 en Puerres (Nariño) ocurrió el primero de estos golpes. Al menos 150 insurgentes atacaron con explosivos a la altura de un oleoducto, a una unidad de caballería mecanizada, pereciendo en su mayoría calcinados 31 militares. El 30 de agosto siguiente, en el marco de una amplia ofensiva nacional que causo en una sola semana 80 muertos en las filas del Estado, 450 miembros del Bloque sur asaltaron la base de las Delicias en Putumayo, donde se hallaban destacados 110 uniformados adscritos al Batallón de selva 49 Juan Bautista Solarte, al mando del Capitán Orlando Mazo. Tras una brutal batalla de 17 horas en la que cayeron 27 soldados y 9 guerrilleros, el resto de la tropa, 60 hombres faltos de refuerzos, se rindió. [62] [63] Solo siete días después en La Carpa, Guaviare, el Bloque Oriental dio de baja a 24 efectivos de la Brigada Móvil No 2, en medio de una emboscada. Varios de los heridos fueron destrozados por perros amaestrados. Al mismo tiempo entre julio y agosto una serie de hostigamientos en Bogotá y Cundinamarca dejo 17 víctimas fatales entre los fuerzas del gobierno.[cita requerida]
El Ejército no ceóo en su esfuerzo por detener a la subversión y la emprendió fuertemente contra sus estructuras en Antioquia y Uraba, donde bajo el mando del General Rito Alejo del Río se desplegaron importantes operaciones, algunas de ellas en connivencia con los paramilitares. En todo caso las Farc sufrirían un importante descalabro cuando fueron totalmente expulsadas de la región bananera en 1998 y perdieron el estratégico corredor al mar. El Bloque José María Córdova, considerado el más potente de la organización en 1993, fue duramente vapuleado, debiendo replegarse a la región de Dabeiba, Mutata y el Cañón de la Llorona, que tomó como cuartel general. Iván Márquez destituido de su comandancia que le fue entregada al veterano Efraín Guzmán, es enviado al Bloque Caribe. Sin embargo su táctica de dividir a las fuerzas gubernamentales les dio apreciables resultados a los irregulares: en enero de 1997, asesinaron a 3 infantes de marina y secuestraron a 10 más en Jurado (Choco), y en febrero emboscaron y mataron a 16 militares cuando estos desembarcaban de un helicóptero en San Juanito (Meta).[cita requerida]
La captura y retención de los 70 militares en Las Delicias y Jurado llevó al gobierno, pese a la oposición del estamento militar y del General Bedoya que calificó el acto como “un circo con muchos payasos”, a conceder una primera zona desmilitarizada de 14.000 Kilómetros cuadrados en el municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá), cediendo así a las exigencias de las Farc, que querían mostrar “los dientes”, ante la comunidad nacional e internacional. Allí fueron entregados todos soldados retenidos el 15 de junio de 1997.
El descalabro final: la batalla del Billar [editar]
Pese a este gesto de paz hecho a una guerrilla cada vez más crecida en sus exigencias, la violencia no hizo más sino arreciar. El desconcierto era grande al interior de las Fuerzas Armadas y la Administración Samper, ya totalmente desprestigiada e impotente para adelantar alguna política de orden público coherente, destituyó al General Bedoya por criticar al Gobierno. El Ejército minado en su moral y mal equipado se halló dirigiendo solo el esfuerzo de guerra; contaba con 120.000 efectivos pero estos en su mayor parte se hallaban “amarrados” custodiando la infraestructura nacional, con unos 30.000 apenas dispuestos para lucha contra-insurgente. Sobre el terreno frente a los cerca de 20.000 guerrilleros en armas y no menos de 15.000 milicianos las cuentas se hallaban parejas. Ni la Armada ni la Fuerza Aérea que cumplían el papel de meros espectadores, realizaban un aporte decisivo y la segunda no era capaz de asistir realmente a los hombres en tierra, mientras la Policía con 100.000 efectivos, aunque monopolizaba la totalidad de los recursos proporcionados por los EE.UU para la lucha antinarcóticos, se hallaba también en franco retroceso ante los irregulares y más de 100 cabeceras municipales e innumerables corregimientos carecían de su presencia.
Adicionalmente a partir de 1995 se verificó un avance lento pero constante sobre las principales ciudades, Medellín y Bogotá esencialmente. Contra la capital, las FARC emprenden un asedio progresivo, instalando sus frentes en los municipios que la dominan por el oriente, e infiltrando armas y recursos desde el Sumapaz para las milicias de Ciudad Bolívar, en el sur. En Medellín pasaran a controlar al menos 600 barrios y la mayoría de las entradas de la ciudad, para principios de la década del 2000.[cita requerida]
Los ataques de la subversión fueron haciéndose más contundentes y aumentaron de escala. El 6 de julio de 1997, 20 soldados murieron al ser derribado un helicóptero MI-17 en Arauca y solo cuatro días después en Arauquita, cayeron otros 10 en una emboscada. Tres meses mas tarde, octubre sería el escenario de más combates: en un hecho sin precedentes 11 miembros del Gaula perecen a manos de las autodefensas del Casanare en San Carlos de Guaroa; en San Juan de Arama (Meta) son ultimados con cargas explosivas 17 policías; y el 17 el Ejército tratando de golpear al Secretariado desencadenó la operación Destructor II, una inmensa contraofensiva en los llanos del Yari que contó con la participación de 3500 hombres. Para los medios empleados, los resultados no pudieron ser más mediocres: 1 capturado. Finalmente y para rematar el año, el 22 de diciembre de 1997, el Bloque Sur tomó el Cerro Patascoy en menos de 15 minutos, matando a 11 uniformados del Batallón Boyacá y haciendo prisioneros a 18 más.[64] [65]
La situación no variaría con la llegada de 1998 y más bien tomaría signos de desastre. Entre el 1 y 3 de marzo de ese año una operación que buscaba interceptar a altos mandos de las Farc en el Bajo Caguán, sobre la Quebrada El Billar degeneró en una verdadera batalla campal que enfrentó a 600 guerrilleros del Bloque sur y oriental, y a 153 soldados del batallón de contraguerrillas No. 52 al mando del Mayor John Jairo Aguilar. Copadas totalmente sus 3 compañías, el descalabro fue contundente: 64 muertos, 19 heridos, 43 secuestrados y 3 helicópteros impactados. En los posteriores combates murieron 30 subversivos. Otras acciones se presentaron en todo el país durante los mismos días, vísperas de las elecciones legislativas: una decena de alcaldes y funcionarios fueron secuestrados; varios retenes cortaron las vías de comunicación; bombazos en Neiva, Barranquilla y San Vicente del Caguan; 8 soldados y un civil del Ejército muertos en una emboscada del ELN en La Alejandra, cerca de El Zulia (Norte de Santander); y hostigamientos en Sucre, Casanare y Bolívar que dejan otros 3 uniformados sin vida. Un mes después a mediados de abril en una avanzada que trataba despejar la vía al Llano constantemente bloqueada por las «Pescas milagrosas», violentos enfrentamientos terminaron con una veintena de bajas en ambos bandos. Tres semanas antes allí mismo miembros del frente 53, habían secuestrado al menos a 25 personas, entre ellas a cuatro estadounidenses y un italiano.[66]
En este marco de aguda expansión insurgente, del que las Farc eran las principales protagonistas, el Bloque Oriental, con una amplia margen de maniobra en el sur y oriente del país y al mando del temido (y a partir de ese momento casi mítico) Mono Jojoy, fue el que obtuvo los éxitos más relevantes y el que más avanzó en su plan estratégico, amenazando cada vez más con sus ataques y la progresiva infiltración de sus estructuras, el centro de la nación y la capital de la república. Protagonista esencial de las tomas del 96 – 98 fue alias “Urias Cuellar”, un táctico hábil en el copamiento de bases fijas, y su columna móvil, la Juan José Rondón. Todo este esfuerzo fue realizado, con los abundantes recursos obtenidos del tráfico de cocaína en Guaviare, Meta, Vichada, Guainía y parte del Vaupés, territorio sobre los que su predominio era casi absoluto. Con unos 7000 a 8000 hombres en armas, 22 frentes y 18 columnas móviles, sus redes de milicianos también multiplicaron los secuestros y extorsiones contra empresarios e industriales, a veces en complicidad con las bandas de delincuencia común de la capital. Uno de sus comandantes, alias "Romaña" se hizo famoso entre los medios al bloquear constantemente la vía al llano e inaugurar la infame práctica de "Las Pescas Milagrosas".[cita requerida]
A su vez aunque el bloque sur contaba con menos militantes, unos 3000, emprendía en llave con el oriental numerosas operaciones militares. Al mando de Raúl Reyes y Joaquín Gómez su control del Putumayo y gran parte de Caquetá era indiscutible. La presencia en este grupo de Fabián Ramírez un comandante bastante involucrado en el narcotráfico, le brindaba además los necesarios recursos económicos para mantener en pie su maquinaria de guerra.[cita requerida]
Los demás bloques de las Farc eran de menos tamaño y a su vez también su operatividad. El Occidental con 2000 irregulares subordinados Alfonso Cano era bastante activo en Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Nariño pero no era en lo absoluto, salvo casos excepcionales capaz de realizar ataques masivos como los acaecidos en el sur-oriente del país, limitando su accionar a hostigamientos, emboscadas y asaltos a cuarteles de policía. Igual sucedía con el Caribe y sobre todo con el Magdalena Medio, en lo sucesivo cada vez más acorralados por la ofensiva paramilitar de las AUC, si bien el sanguinario Martín Caballero, era el responsable de innumerables acciones que dejaron cientos de muertos en los Montes de María, Bolívar y Sucre.[cita requerida]
Respecto al último bloque, el Nor-occidental comandado por Efraín Guzmán y presente en Antioquia y Choco fue el que recibió primero la doble embestida de las autodefensas y el ejército, encajando una severa derrota que más tarde resultaría decisiva para frenar el avance guerrillero, la pérdida del estratégico corredor de Uraba. Pese a esto, resistió la dura arremetida militar controlando amplios núcleos a lo largo de toda la región (como el nudo de Paramillo) y en su apoyo fueron enviados un millar largo de subversivos desde el sur del país. La contraofensiva de los guerrilleros en este frente, iniciada en agosto de 1998 se cobró cientos de vidas entre las Fuerzas gubernamentales, que sufrieron descalabros semejantes a los acaecidos en Meta, Guaviare y Caquetá.[cita requerida]
Al final del periodo Samper la situación de violencia que vivía el país era crudísima y en medios de inteligencia norteamericanos ya se hablaba de la derrota del Ejército colombiano en un plazo de 5 años; las bajas de los efectivos del Gobierno se contaban por cientos: 797 muertos en 1996, 670 en 1997 y 817 en 1998, estas últimas las cifras más elevadas del conflicto, a lo que se sumaban los 350 secuestrados y los no menos de 3500 heridos. Pero pese a todas las observaciones hechas, el Ejército se hallaba aún lejos del colapso y contaba con suficientes reservas para sostener indefinidamente la lucha; sostenía el control de amplias regiones del país, y seguía combatiendo con disciplina y orden pese al desasosiego del Ejecutivo. El principal problema de la lucha contra la subversión derivaba sobre todo, en que una vez las guerrillas se implantaban en una región, empezaban a intimidar y a hostigar sistemáticamente a las autoridades locales, creando un vacio de poder y una erosión significativa de la autoridad central en las regiones, que ellos aprovechaban para ir implantando progresivamente su "nuevo orden social". En muchas regiones del país la única cara del Estado que conocía la población era la del Ejército y ello no dejaba de ser paradójico.[67]
La ofensiva Paramilitar [editar]
A la vez que ganaba terreno la insurgencia, el Paramilitarismo se expandía por muchas áreas del país, la costa atlántica principalmente, de la mano de los intereses de muchos hacendados, militares, políticos y empresarios identificados contra la lucha de la guerrilla. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), bajo el mando ahora de Carlos Castaño (tras la muerte de su hermano Fidel), se convierte en el grupo más activo y violento. La avanzada liderada por las ACCU se manifiesta, inicialmente, en el norte de Urabá apoyada por muchos antiguos miembros del EPL perseguidos a muerte por las Farc y por las disidencias del movimiento que no se desmovilizaron. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión al Atrato, Occidente y Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar.[cita requerida]
Las Cooperativas de seguridad rural o Convivir, nuevas asociaciones de autodefensa autorizadas por la administración Samper, sirvieron en este marco de fachada para que los ultraderechistas puros y duros, pudieran consolidar sus avances territoriales y a la vez se mostraran ante la opinión pública, cobijados por una difusa nebulosa entre lo legal y lo ilegal. La falta de supervisión del gobierno central, le abrió camino a muchas irregularidades, verificándose en las zonas donde se implantaron una multiplicación de las estructuras paramilitares. Las Convivir proliferarían bastante en Antioquia, con el impulso del entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez.[cita requerida]
Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se traduce, por una parte, en que las guerrillas, sobre todo el ELN, registran pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener a estas estructuras. Y es en medio de la misma lucha, que tanto los de derecha como los de izquierda, convierten a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que comienza a experimentar el conflicto armado. Las FARC brindarían argumentos a sus enemigos en este sentido, puesto que la actitud predatoria por ellos asumida empujo a la población local en brazos de su contraparte. Las masacres se sucedieron en el Uraba por obra del Frente V desde la segunda mitad de 1995: el 29 de agosto de ese año en la finca Los Kunas de Carepa (Antioquia) son asesinados 19 campesinos; el 20 de septiembre, 26 trabajadores bananeros en el sitio conocido como Bajo del Oso; el 14 de febrero de 1996, 11 labradores en la finca Osaka; y el 5 de mayo siguiente 16 civiles en las localidades de Alto de Mulatos y Pueblo Bello. El desplazamiento forzado de cientos de miles de personas comenzó a tomar forma y más de 800 civiles caerian en el eje bananero víctimas de la guerra de exterminio solo en 1995.[cita requerida]
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), dando forma a un proyecto contrainsurgente de envergadura nacional. En la práctica se trató de una federación de facciones regionales, que se agruparon bajo una bandera común, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan definido, una coordinación multi-regional de las acciones bélicas y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político. A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionan en las zonas donde estos grupos tienen su principal fuente de financiamiento: el narcotráfico. Siguiendo este propósito, en la segunda mitad de 1997, los paramilitares penetran en los cuarteles generales de la subversión y ponen de manifiesto su voluntad de realizar campañas de exterminio en todo el país. La primera evidencia de su nueva estrategia viene con el ataque lanzado sobre Mapiripan (Meta) en julio de 1997, donde fueron asesinadas una decena de personas, y la masacre del Aro (Antioquia) cometida en el nudo de Paramillo, el 26 de octubre del mismo año.[cita requerida]
El narcotráfico durante la era Samper [editar]
Los "narcocasetes" obtenidos por la DEA en la sede de la Campaña Samper Presidente sirvieron para que Estados Unidos ejerciera con mayor fuerza su diplomacia coercitiva iniciada durante la administración anterior. Para ello, contaba con el proceso de certificación como instrumento táctico y la exigencia de extradición de nacionales como herramienta jurídica. Con este perfil y con la inclusión del criterio de nivel de narco-corrupción, en 1995 se certifico condicionalmente a Colombia "por razones de interés nacional".[cita requerida]
Pero al año siguiente, Colombia se convirtió en el primer país formalmente democratico en ser desertificado, aunque no se aplicaron las sanciones económicas discrecionales previstas en la medida. En 1997 Colombia volvió a ser desertificada, en contraste con México, país claramente ineficaz en su tratamiento al problema de las drogas, pero socio de Estados Unidos en la integración economica de Norteamérica. En 1998, en vísperas de la salida de Samper, el país fue certificado de manera condicional tras cierto descredito de la medida por la forma como se aplicó a México.[cita requerida]
Otro instrumento de presión de Estados Unidos fue la extradición. El artículo 35 de la Carta de 1991 la prohibió, de alguna manera por influencia de los narcotraficantes y por consideraciones nacionalistas de los constituyentes. Durante el gobierno de Samper, la diplomacia coercitiva de Estados Unidos se oriento a presionar la revocatoria de ese artículo. Luego de varios llamados de autoridades nacionales y con el fantasma de una próxima descertificación en el ambiente político, finalmente, mediante el acto legislativo 01 de diciembre de 1997, el Congreso aprobó la extradición sin retroactividad ni aplicación a los delitos políticos. Esta medida estuvo antecedida por la aprobación, mediante la Ley 333 de diciembre de 1996, de la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita, y de la Ley 365 de febrero de 1997, que aumentó las penas a los narcotraficantes".[cita requerida]
La retórica nacionalista de Samper contrastó con su permanente preocupación por satisfacer las exigencias de Estados Unidos en medio de la crisis política que lo envolvió. Pero su preocupación se disimuló no sólo con la retórica presidencial, sino también con el protagonismo que ejerció el embajador de este país, Myles Frechette, quien le dio aún más notoriedad a la relación del gobierno con los Estados Unidos. Este embajador se posesionó poco antes de terminado el gobierno Gaviria y se retiró en marzo de 1998, en vísperas de las elecciones presidenciales. La personalidad del embajador propició frecuentes enfrentamientos públicos con funcionarios del gobierno que hicieron más difíciles las de por si problemáticas relaciones con el país del norte. La debilidad del gobierno y su dependencia frente a Estados Unidos hicieron posible que esa situación se mantuviera durante tanto tiempo. Debido a ese afán presidencial por responder a la presión externa, el narcotráfico se convirtió en el factor preponderante de la seguridad nacional durante su gobierno. En la década anterior, el narcotráfico también había sido un problema destacado de orden público y de seguridad nacional, pero no sólo como respuesta a la presión externa, sino también como respuesta al terrorismo. El énfasis en el narcotráfico durante el gobierno Samper llevó a que la subversión y el paramilitarismo no recibieran la atención que ameritaban. Los consecuentes descuidos e improvisaciones de los dirigentes políticos y los militares, facilitaron la inusitada expansión tanto de las guerrillas como de los paramilitares.[cita requerida]
Las operaciones Conquista I y Conquista II, adelantadas en el sur del país contra el narcotráfico por la IV División del Ejército y sus brigadas, entre junio de 1996 y febrero de 1997 afirmaron la tendencia de militarización de la lucha antinarcóticos. Así fue posible combinar, y confundir, la represión antisubversiva con la guerra contra las drogas. Ya desde antes el Ejército había realizado operaciones que combinaban la lucha militar de las tropas antiguerrilleras con la fumigación de cultivos ilegales por parte de la Policía en busca del apoyo directo de Estados Unidos a sus actividades antisubversivas. La importancia progresiva que adquirió el Comando Sur de Estados Unidos -ubicado hasta fines de los años noventa en la Zona del Canal de Panamá-para el país tiene que ver no sólo con su papel de mediador de la absorbente política militar estadounidense para el área, sino también con esa búsqueda de apoyo por parte del ejército nacional.[cita requerida]
La preponderancia del narcotráfico como factor central de la seguridad nacional se percibió desde el inicio del gobierno, siempre bajo los dictámenes norteamericanos. A finales de 1994 el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la extensa fumigación de cultivos de coca y amapola con glifosato, contrariando los acuerdos gubernamentales suscritos poco antes con los campesinos del Guaviare a raíz de un paro cívico de protesta por las fumigaciones. Los acontecimientos subsiguientes ratificaron la decisión: en febrero de 1995 el presidente Samper anuncio el Plan Antinarcóticos 1995-1997 y su "Operación Resplandor" destinados a la erradicación total de cultivos ilícitos, en abril el gobierno compró equipos técnicos y de aviación por la suma de 2.000 millones de dólares, y en mayo el mismo Consejo aprobó el Plan "Compromiso de Colombia frente al Problema Mundial de la Droga". Además, en noviembre, el ministro de Defensa anunció la instalación de un radar de Estados Unidos en Marandua, Departamento de Vichada, como parte de la lucha antinarcóticos, En 1996 con el fin de reforzar las fumigaciones se ensayo el imazapyr, herbicida granulado más potente que el glifosato.[cita requerida]
La ofensiva en contra de los cultivos ilícitos provocó la movilización campesina más importante desde los años sesenta. El anuncio de fumigación de finales de 1994 generó un paro cívico en enero de 1995 de los cultivadores del Putumayo, que culminó tras las promesas del gobierno de hacer inversión social en la región. Dicho anuncio también causó inconformidad en los campesinos del Guaviare y hostilidades por parte de las Farc en esa zona, cuyo momento crítico fue la toma de la ciudad de Miraflores a mediados del año. Sin embargo, la reacción más fuerte estaba por venir. En julio de 1996, millares de campesinos del departamento de Putumayo se movilizaron en contra de las fumigaciones del programa gubernamental de erradicación de cultivos ilícitos. Esta protesta se extendió a los departamentos de Guaviare, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander, con las marchas de doscientos mil campesinos cocaleros. La organización de la movilización estuvo a cargo de las Farc, que obligó a los campesinos a participar, lo que sirvió de excusa al gobierno para reprimirlos de manera indiscriminada. La reacción del gobierno sirvió para darle mayor legitimidad a la guerrilla entre la población vinculada a los cultivos de coca. La guerrilla aprovechó el momento para adelantar una ofensiva en varios lugares del país, de la que resultó el desastre militar derivado del ataque a la base de Las Delicias en el Putumayo.[cita requerida]
La acción del gobierno se dirigió también contra los narcotraficantes. La presión ejercida por una replica del llamado "bloque de búsqueda" que eliminó a Pablo Escobar, conformada por militares, policía, DAS y Fiscalía, y la acción de la política de entrega y negociación promulgada por la Fiscalía, lograron la captura y entrega de la cúpula del cartel de Cali a mediados de 1995. En junio fueron capturados Gilberto Rodríguez Orejuela y Phanor Arizabaleta, en julio José Santacruz Londoño y en agosto Miguel Rodríguez Orejuela. En el transcurso de esos meses se entregaron Tulio Enrique Murcillo, Henry Loaiza y Víctor Patino Fomeque. Además fue desmantelada gran parte de la red de ese cartel, con la incautación de documentos y la ocupación de parte de sus propiedades. En septiembre se entregó a la justicia estadounidense, a través de la DEA, Guillermo Pallomari, tesorero de esa organización delictiva. Por otra parte, la fuga y posterior muerte, por parte de la Fuerza Pública, del narcotraficante José Santacruz, en los primeros meses de 1996, sirvió de excusa para que el gobierno estadounidense insistiera en su pedido de revivir la extradición.[cita requerida]
La política antidroga del gobierno de Samper tuvo muchos opositores, buena parte de ellos alentados por sus vínculos económicos y políticos con los narcotraficantes. La conducta del Congreso de la República fue notoria: varias de las iniciativas legislativas del Ejecutivo fueron contrarrestadas o alteradas en el curso de los debates, inclusive con la abierta participación de grupos políticos afines al gobierno. La discusión sobre la extradición formó parte de esa situación, reforzada con la negativa inicial del Presidente de revivirla. También hubo iniciativas del Congreso destinadas a entrabar la acción en contra del narcotráfico. Entre ellas sobresale el llamado narcoproyecto, que era una reforma al Código de Procedimiento Penal que restringía la órbita de acción de los jueces de la justicia regional, denominados sin rostro, convertía el enriquecimiento ilícito en un delito secundario y prácticamente lo liberaba de sanciones punitivas. La discusión de este proyecto absorbió la segunda mitad de 1994 hasta que fracaso con la intervención del gobierno. Así mismo, en 1995 apareció lo que se llamo el narcomico a la ley de seguridad ciudadana, que buscaba que el enriquecimiento ilícito fuera tratado como delito conexo y no como delito independiente. La Cámara finalmente lo eliminó, y esa acción fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Corte Constitucional.[cita requerida]
Los resultados de la lucha contra las drogas del gobierno de Samper fueron desalentadores a pesar del creciente apoyo del gobierno de Estados Unidos, instigador de la política. En 1996, el gobierno de Clinton invirtió 13.783 millones de dólares en la cruzada contra las drogas, superando los recursos destinados por las administraciones republicanas anteriores. De ahí se paso a 15.063 millones de dólares en 1997, de los cuales el 67 por ciento se utilizó para combatir la oferta, tanto en Estados Unidos como en el exterior. También hubo adiciones presupuestales especiales para la lucha contra las drogas en Colombia. Por ejemplo, en 1996 se destinaron dos y medio millones de dólares para la construcción de bases antinarcóticos en los departamentos del Valle del Cauca y Putumayo, y en 1997 se adicionaron 100 millones en ayuda militar para esos menesteres. Sin embargo, los cultivos ilícitos en Colombia pasaron de 40.100 hectáreas en 1990, a 50.900 en 1995, 79.500 en 1997 y cerca de 100.000 en 1998. En este último año, el país ocupaba ya el primer lugar como productor de coca a nivel mundial, con más del 40 por ciento del área cultivada total. Ni la fumigación ni los programas de desarrollo alternativo lograron frenar la expansión de los cultivos. Entre 1990 y 1998 se fumigaron más de 120.000 hectáreas, una superficie semejante a la cultivada en 1999. La fumigación, además de ser ineficiente, produjo daños ecológicos y problemas sociales difíciles de estimar. El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo, Plante, no logró encontrar sustitutos para la coca y la amapola, aunque contó con aportes financieros, como los 29 millones de dólares donados por las Naciones Unidas entre 1986 y 1997. La rentabilidad de los cultivos alternativos esta lejos de competir con la de los ilícitos, entre otras cosas debido a la ausencia de infraestructura física en las zonas de cultivos y a la falta de una organización adecuada para su comercialización.[68]
Pastrana y el Proceso del Caguan. El Plan Colombia [editar]
Cambio de rumbo [editar]
.jpg)
La profunda crisis del las FF.AA. tras 2 años de continuas derrotas, tenía postrado moralmente al cuarto de millón de soldados y policías que combatían a una insurgencia venida a mas en medio del caos que representaron los 4 desastrosos años de Administración Samper y el proceso 8000. Desde el norte a base de monstruosas masacres, avanzaban con paso firme las AUC, mientras el suroriente del país escapaba casi que totalmente al arbitrio del Estado que controlaba solo las capitales y las poblaciones mas grandes. El nuevo mandatario, Andrés Pastrana, si bien se la jugo toda por el proceso de paz, no descuido el frente militar. La caótica situación empezó a cambiar con la llegada al Ministerio de Defensa de Rodrigo Lloreda Caicedo y el relevo de los altos mandos militares de la última fase del cuatrienio anterior, con los generales Manuel José Bonet y Mario Hugo Galán al frente.[cita requerida]
El objetivo del cambio de cúpula era recuperar la moral de la tropa, prácticamente destruida tras dos años de múltiples debacles bélicos, reestructurar las Fuerzas Militares y retomar la iniciativa del conflicto. Los Generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, fueron escogidos por la alta ascendencia que tenían dentro de la tropa y sus reconocidas capacidades sobre el terreno, como comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército respectivamente. La cúpula fue complementada con oficiales como Rafael Hernández López, quien venía de liderar la Fuerza de Tarea del Caguan y pasó a ocupar el cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto y el General Néstor Ramírez, polémico comandante de la Tercera División, nombrado segundo al mando.[cita requerida]
Junto con la conformación de la nueva cúpula, el Ministro Lloreda creó una comisión de reestructuración y modernización integrada por civiles y militares, encargada de revisar todos los aspectos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Este proceso seria continuado y profundizado por el Ministro Luis Fernando Ramírez, quien asumió el cargo tras la renuncia de Lloreda en mayo del 99. Ambos funcionarios, con el apoyo decidido del Primer mandatario, sacarían adelante las reformas que replantearon el esquema institucional, operacional y estructural de las Fuerzas Militares.[cita requerida]
La estructura del Ejército se transformo, con la creación de cuatro nuevas jefaturas: personal, logística, operaciones, y entrenamiento y doctrina, cada una de ellas bajo el mando de un mayor general. Estas reemplazaron la antigua estructura y eliminaron o fusionaron varias oficinas, permitiendo al General Mora entenderse con solo 4 subalternos sobre los aspectos estratégicos. Además se desarrollo un moderno sistema de de comando, control y comunicaciones en base al Centro de Operaciones Conjuntas (COC), que permitió a las distintas armas coordinar las acciones sobre el terreno. Estas ofensivas lanzadas por las fuerzas gubernamentales fueron desarrolladas a partir de la segunda mitad 1999 por unidades de asalto de 120 hombres (1 compañía), evitando así que se repitieran los desastrosos resultados de las batallas del 98, donde las tropas contraguerrilla se movilizaban en grupos de 50 y se veían copadas rápidamente por cientos de insurgentes. Igualmente, la permanencia de la cúpula durante los cuatro años del mandato del Presidente Pastrana, contribuyó a darle continuidad a este proceso, que pasaría con el respaldo económico de los EE.UU., por la profesionalización de las FF.MM., la capacidad de realizar operaciones nocturnas, la creación de la FUDRA, la activación de nuevas brigadas móviles, el perfeccionamiento de la inteligencia y el fortalecimiento de la capacidad aerotactica de la Fuerza Aérea y de la Aviación del Ejército. También se reformaron los estatutos de carrera, de evaluación y de ascenso del personal uniformado, a través de la expedición de decretos-ley en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno por el Congreso de la República en el año 2000.[cita requerida]
La ofensiva del 3 de agosto y el ascenso de Pastrana [editar]
La prioridad otorgada por el candidato del partido conservador, Andres Pastrana Arango, durante la campaña presidencial de 1998, a las propuestas de iniciar negociaciones de paz con las guerrillas comunistas de las FARC (unos 17.000 hombres) y el ELN (unos 5.000), sumado a su incidencia en los mensajes sociales, alimentaron las esperanzas de una población estragada por cuatro décadas de violencia en múltiples frentes y otros déficits de tipo económico. Por otro lado, su oferta de restaurar el nivel de cooperación con Estados Unidos vigente hasta 1996, cuando la Agencia para la Lucha contra la Droga (DEA) desertificó al Gobierno de Samper, fue acogida positivamente en Washington. Aún y todo, Pastrana, al que se le asociaban importante contactos con las élites económicas y políticas de Estados Unidos, precisó que de llegar a la Presidencia no estaría dispuesto a acoger asesores militares de ese país para no hacer un "excesivo énfasis en las medidas represivas".[cita requerida]
En la elección del 31 de mayo de 1998 Pastrana fue, con el 34,4% de los sufragios, el segundo candidato más votado, aunque tan sólo con una décima menos que el liberal Horacio Serpa Uribe, que había desarrollado una campaña fieramente populista y planteado similares propuestas, si bien en el electorado pesaba la defensa que en su momento hizo del acosado Samper. Sin embargo, en el desempate del 21 de junio Pastrana obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes con el 52% de los sufragios. Los comicios se celebraron en un clima relativamente pacífico para los estándares colombianos y registraron un índice de participación histórico, el 59%, lo que reflejaba la fuerte voluntad de cambio del electorado.[cita requerida]
Pastrana tomaba posesión de su mandato cuatrienal, primero para el Partido Conservador desde 1986, el 7 de agosto, pero no esperó hasta entonces para mover sus piezas en el frente de la guerrilla. Con un dinamismo inusual y no poca audacia política, el 9 de julio el mandatario electo se internó en la selva para reunirse con el comandante Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo,, quien era el líder histórico de las FARC, su fundador en 1964 y el número uno de su Secretariado y su Estado Mayor Central. El encuentro, primero directo de un mandatario colombiano con la guerrilla, sentó las bases para futuras negociaciones encaminadas a finalizar el conflicto armado.[cita requerida]
Al mismo tiempo, el ELN y el Consejo Nacional de Paz (CNP), foro integrado por organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil colombiana, llevaban tres meses dialogando en un convento de carmelitas en las cercanías de la ciudad alemana de Maguncia. De esta "mesa de sondeo" surgió, el 15 de julio, un acuerdo de principio para convocar antes de octubre una Convención Nacional como conferencia de seguimiento y consolidación del proceso. Todo ello parecía indicar que la elección de Pastrana había sido un verdadero catalizador de las iniciativas de paz. No obstante, bien pronto quedaron decepcionadas las perspectivas más optimistas y cobraron argumentos quienes venían advirtiendo que el proceso de paz iba a ser largo y tormentoso. El 22 de julio el ELN rompió su compromiso de tregua y comenzó una campaña de atentados. El mismo 7 de agosto, la ceremonia de asunción de Pastrana quedó deslucida por la ola de violencia guerrillera sin precedentes que asolaba el país, que quedó conmovido en particular por el desastre militar del 3 de agosto, con cientos de soldados y civiles muertos o desaparecidos en los combates. Se habló de un desaire de la insurgencia a Pastrana y, ciertamente, esta situación no iba a ser excepcional en los cuatro años siguientes.[61]
La ofensiva subversiva del 3 de agosto de 1998, lanzada como «despedida al Gobierno Samper», fue la mayor en toda la historia de las guerrillas colombianas. Se atacaron en todo el país 62 objetivos del Gobierno con asaltos masivos de instalaciones militares, hostigamientos, sabotajes y carros bomba, dejando 81 uniformados muertos, 120 heridos y más de 150 secuestrados. En Miraflores Guaviare, escenario de un autentico desastre militar, la base antinarcóticos de la policía y el cuartel del Batallón Joaquín París, donde estaban destacados 190 hombres, fueron totalmente arrasados tras 26 horas de violentos enfrentamientos que se saldaron con 16 muertos, 30 heridos y 129 capturados entre las fuerzas gubernamentales. [69] [70] Otro durísimos combates se sucedieron en La Uribe (Meta) donde fue golpeado el Batallón No. 21 Vargas (29 soldados y 1 policía muertos, 30 heridos, 7 secuestrados y 1 helicóptero derribado), Pavarandó (9 soldados muertos y 7 capturados) y San Carlos (Antioquia) (9 policías rendidos).[cita requerida]
La toma de Mitú y el Proceso del Caguan [editar]
Pero con la llegada a la presidencia de Pastrana, tampoco se detuvieron los ataques: en Tamborales (Riosucio, Chocó) el 14 de agosto de 1998 murieron 42 militares y 21 más fueron hechos prisioneros en una nueva batalla campal entre 200 contraguerrilla del Ejército que pretendían rescatar a los secuestrados de Pavarando y 1.000 guerrilleros (que contaron en sus filas 60 bajas); en septiembre el EPL y el ELN asaltaron el corregimiento de Las Mercedes en Norte de Santander, sometiendo a los 20 uniformados que ocupaban el cuartel de policía local; y finalmente, el 18 de octubre nuevamente el ELN, dinamitó un oleoducto en Machuca (Antioquia) y provocó una verdadera masacre que le costo la vida a 80 civiles.[cita requerida]
Pese a estos gestos desalentadores el 14 de octubre, tres días después de hacer lo propio con el ELN, el Gobierno arrancó las conversaciones con las FARC. Éstas vieron reconocido un estatuto político y el Ejército comenzó a abandonar una vasta zona selvática en los departamentos de Caquetá y Meta, al sur del país, de 42.130 km² (extensión ligeramente superior a la de Suiza y que comprendía cinco municipios), satisfaciendo la precondición planteada por Marulanda a Pastrana de levantar un "laboratorio de paz" en esta región dominada por la guerrilla. El 7 de noviembre los militares completaron la evacuación y la llamada Zona de Distensión de San Vicente del Caguán se hizo efectiva. Pero antes de que se terminara de concretar el despeje total del area, las Farc lanzaron su más atrevido plan de guerra contra el Estado colombiano al tomarse por asalto, por vez primera vez en su historia, una capital departamental, la aislada Mitú en medio de las selvas del Vaupés. Aproximadamente 1.500 hombres se lanzaron contra la exigua guarnición compuesta por 120 elementos (5 oficiales, 2 suboficiales, 77 patrulleros, 6 agentes y 30 auxiliares bachilleres) al mando del Coronel Luis Mendieta. Tras 12 horas de feroces combates contra los cerca de 90 policías parapetados en la Estación y sus alrededores, sobre las 4:30 de la tarde la posición fue copada, con un saldo de 16 miembros de las fuerzas gubernamentales muertos y 61 capturados, entre ellos el mismo Comandante de la PoNal en el Vaupés el Coronel Mendieta.[71]
Los guerrilleros ocuparon Mitú por 72 horas, aprovechando la impotencia del Gobierno para enviar refuerzos, ya que la pista aérea había sido destruida, y esa era la única forma de acceso a la distante población. Sin embargo las FF.AA preparaban el contraataque. Luego del desembarco nocturno de 220 efectivos de fuerzas especiales (a 6 Km de la población), seguido por la llegada de medio millar mas de uniformados a Cuererí (60 Km de Mitú), las tropas avanzaron en medio de duros enfrentamientos hacia la ciudad apoyados por un inmenso dispositivo aéreo, retomándola al atardecer del día 3 tras el repliegue de los guerrilleros (que la habían abandonado sobre el mediodía con no menos de un centenar de bajas), que huyeron hacia el Guaviare. Gracias a la dura contraofensiva militar, había sido frustrada la más grande y ambiciosa operación de la Farc hasta ese momento: el poder controlar durante varios días una capital departamental. Además fue el primer descalabro serio sufrido por el bloque oriental, en el curso de su aparente inexorable cadena de triunfos.[72] [73]
Las operaciones no se detuvieron y a fines de mes entre El Retorno y Calamar (Guaviare) se dieron feroces combates cuando 1000 hombres de la Brigada Móvil Número 3, trataban de cercar a 800 guerrilleros que huían desde Mitu. 20 militares murieron y 3 fueron secuestrados, a la vez que se contaron más de 40 bajas en las filas de la subversión.[cita requerida]
Los diálogos del Caguan [editar]
El 7 de enero de 1999 comenzaron las negociaciones de manera oficial, y lo hicieron con mal pie: al encuentro inaugural en San Vicente del Caguan, en Caquetá, no compareció Marulanda, dejando a Pastrana en situación embarazosa, como señal de advertencia al Gobierno contra la concesión de un estatuto político similar y garantías de amnistía a las organizaciones paramilitares de extrema derecha, unos 7.000 hombres agrupados desde abril de 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y bajo el mando de Carlos Castaño. [74] Precisamente, estos grupos, responsables de algunas de las peores violaciones de los Derechos Humanos, habían desencadenado en la víspera una campaña de masacres contra civiles sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla, para obligar al Gobierno a sentarse con ellos en una mesa de negociaciones y obtener beneficios políticos también en plano de igualdad. El 9 de enero las organizaciones de extrema derecha ejecutaron a 55 civiles en El Tigre (Putumayo) y en Playon de Orozco (Magdalena).[cita requerida]
En todo caso las FARC se desentendieron de las ansias de paz que tenía la sociedad civil, dilataron las conversaciones y nuevamente la emprendieron contra las FF.AA., buscando posicionarse en la mesa de diálogos. Sin embargo, esta vez se encontraron con una contundente respuesta, esencialmente del ejército y la fuerza aérea, reestructurados a partir de agosto de 1998 y ahora con una cúpula de mando más ofensiva. La toma de Mitú ya había demostrado la renovada capacidad de las fuerzas gubernamentales; pero la guerrilla seguía creyendo en su invulnerabilidad y desato la campaña terrorista.[cita requerida]
Ahora los golpes vendrían de lado y lado. El 18 febrero de 1999 entre los corregimientos del Oasis y La Esmeralda en Arauquita (Arauca), 12 militares murieron en un ataque del 10 frente, que sufrió en el contragolpe medio centenar de bajas. Un mes después, el 12 de marzo el comandante del frente 51, Miller Perdomo murió en una celada tendida por el Ejercito en Cundinamarca; y cuatro días mas tarde el 16, el avance de una columna de no menos 1000 militantes de las Farc que se dirigían hacia el Uraba por el cañón de la Llorona, vio cortada su marcha por un batallón de 100 contraguerrillas. En medio de una autentica batalla de toma y dame, perecieron 6 soldados y 60 subversivos. Reforzados por 2000 uniformados más y decenas de helicópteros, las FF.MM., obtuvieron una estratégica victoria y abortaron los planes de guerra del bloque noroccidental, negándole su entrada al eje bananero.[cita requerida]
La siguiente ronda la protagonizaría la insurgencia: el 12 de abril, cuando un convoy de 43 efectivos del batallón Cacique Lutaima al mando del mayor Henry Gómez Navas, se movilizaba por el puente sobre el rio Tasido, en Uraba, un numeroso grupo de guerrilleros los embosco, muriendo en el ataque 19 uniformados (entre ellos el mayor y su segundo, el teniente Fabián Chica Mosquera). El ELN por su parte, fue el responsable de 2 secuestros masivos: el primero en abril, de 41 pasajeros de un avión de Avianca, que fue obligado a aterrizar en Santander y el segundo en mayo, a las afueras de Cali de más de 200 personas en la iglesia la María.[cita requerida]
El mismo mes del secuestro de La María, las operaciones Némesis y Llanura, terminaron con 28 guerrilleros dados de baja en enfrentamientos ocurridos en el Vichada y Arauca. Entre los abatidos se encontraba alias Esteban o el perro, comandante del frente 16 y principal comprador de armamento para las Farc en sur- oriente del país.[cita requerida]
La debacle de las Farc: julio de 1999 [editar]
El 2 de mayo de 1999 Pastrana y el jefe de las FARC celebraron una conferencia por sorpresa y desbloquearon la situación empantanada desde el 25 de enero por decisión unilateral de la guerrilla, y cuatro días después se reanudó el proceso negociador. Pero en los meses siguientes la coyuntura no hizo más que empeorar en todos los frentes, y no sólo los militares, poniendo a Pastrana contra las cuerdas. Por un lado, las guerrillas no le concedieron ninguna facilidad, incrementando los asesinatos y los secuestros de personajes públicos o de grupos en masa -la irónicamente denominada "pesca milagrosa", que nutre un lucrativo negocio de rescates-, las voladuras de instalaciones como oleoductos y torres de energía y las emboscadas a militares y policías. Sin duda crecidas por los resultados obtenidos hasta entonces, las FARC optaron por las grandes demostraciones de fuerza a fin de obtener del Gobierno las máximas ganancias. La tesis de Pastrana de perseverar contra viento y marea no encontraba eco en buena parte de la opinión pública, cada vez más escéptica ante un proceso de paz percibido sólo como una sucesión de concesiones y gestos de apaciguamiento, que a cambio sólo producían en los alzados en armas declaraciones arrogantes y una espiral de agresiones al Estado. Según algunas encuestas, el 70% de los colombianos percibía la subversión como una manifestación no guerrillera, sino terrorista, y no eran pocos los que pensaban que el presidente se estaba mostrando "más preocupado en satisfacer a las guerrillas que en escuchar a la parte de la sociedad que no está armada". El 26 de mayo de 1999, en vísperas de unas jornadas bélicas especialmente sangrientas, se abrió una crisis sin precedentes en el Ejército por la dimisión de 14 generales y coroneles, con el ministro de Defensa a la cabeza, en protesta por la desmilitarización de una parte del país en aras del proceso de paz.[cita requerida]
Las Farc como siempre ajenas a cualquier muestra de paz, iniciaron en el último tercio del mes de junio una importante ofensiva en todo el país, destinada a repetir los golpes de marzo y agosto de 1998. Pero como ya dejaban entrever los resultados de los combates producidos entre febrero y mayo de 1999, la situación general de las FF.AA. había evolucionado positivamente desde el año anterior y ahora con un mayor respaldo de la fuerza aérea, el Ejército seria capaz de responder con eficacia los ataques de la subversión.[cita requerida]
Con todo, el 23 de junio, este sufrió un primer descalabro, cuando 50 hombres pertenecientes a una compañía del batallón Rifles adscrita a la XI Brigada, cruzaba el río San Jorge en jurisdicción del corregimiento Juan José, municipio de Puerto Libertador (Córdoba), para impedir el avance de más de 500 guerrilleros de las Farc por la región. En el momento en que un helicóptero estaba desembarcando a un segundo grupo de soldados, ambas formaciones se vieron atacadas por todos los flancos. En los combates perecieron 36 militares y 30 subversivos.[cita requerida]
Seria solo el primero de una vasta escalada. Un sangriento combate enfrento en Gutiérrez (Cundinamarca) el 8 de julio siguiente, a una columna de 80 uniformados, sorprendidos en medio de la noche, con unos 500 insurgentes de los frentes 51, 53, 54 y la móvil Abelardo Romero del bloque oriental, al mando del famoso alias Romaña. Esta vez si bien perdieron la vida 38 miembros de la brigada XIII, también las Farc sufrieron un fuerte castigo (36 muertos) y vieron fracasado su intento de tomarse la vía al Llano y atacar varios puntos estratégicos en el suroriente de la capital del país.[cita requerida]
El 10 de julio, no menos de 600 guerrilleros con dos tanquetas hechizas, asaltaron Puerto Rico (Meta) y cercaron el cuartel de la localidad, defendido por 34 policias. Luego de 3 días de constante martilleo, la posición fue tomada con 29 prisioneros. Un numero igualmente grande de hombres se dirigió a Puerto Lleras también en el Meta y hostigo la pequeña guarnición de la población, que al mando del Teniente Wilson Andrés Delgadillo, estaba compuesta por 10 efectivos. Pero increíblemente el ataque fallo a pesar de 36 horas consecutivas de combate que dejaron 4 muertos (2 policías y 2 civiles) y el centro del pueblo destruido. La exigua estación, resistió los embates con cilindros de gas, granadas de mortero y ráfagas de fusil. Al mismo tiempo sufrieron hostigamientos El Doncello y Puerto Rico (Caquetá), en límites con la zona de distensión; Arauquita (Arauca); San Carlos (Antioquia); Toledo y Labateca (Norte de Santander); Hato Corozal (Casanare); San José del Guaviare; El Líbano, entre Paujil y La Unión Peneya (Caquetá); Mesitas del Colegio, Boquerón y Tibacuy (Cundinamarca); Algeciras (Huila); y Santana y Puerto Caicedo (Putumayo).[cita requerida]
En total perdieron la vida 4 militares y 17 policías en todo el país, pero las Farc tuvieron que soportar un tremendo descalabro. El durísimo contraataque de las fuerzas militares se cebo principalmente en las columnas que cercaban las poblaciones del Meta: apoyados por decenas de helicópteros y aviones, miles de soldados de la recién constituida FUDRA (Fuerza de despliegue rápido) mataron a 162 guerrilleros del Bloque Oriental en medio de la Operación Independencia, obligando al resto a replegarse desordenadamente hacia el Caguan dejando decenas de cuerpos sobre el terreno. Lo mismo paso en Doncello (Caquetá); en Hato Corozal (Casanare), cuando la flotilla aérea que entró a repeler el ataque de los frentes 28 y 45 bombardeo siete de sus transportes; en Puerto Rondón (Arauca); en el rio Putumayo (una lancha hundida); y en Puerto rico (Caquetá) donde otros 40 insurgentes son abatidos en la retoma de la población por el Ejercito. Al final en la jornada mas negra sufrida por los alfiles de Marulanda en toda su historia, 242 irregulares fueron dados de baja en 72 horas de combates y bombardeos. Los planes de las Farc para llegar fortalecidos a la mesa de dialogo el 20 de julio siguiente se vieron frustrados, pero lo mas importante fue que encajaron una estruendosa derrota que desbarato su paso de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones. En adelante pasarían preferiblemente de atacar grandes unidades militares, a golpear sobre todo a la policía y destruir sus cuarteles en las cabeceras municipales y los corregimientos más aislados, no renunciando empero a las embestidas ocasionales con cientos de hombres a puestos fijos.[cita requerida]
En represalia el 30 de julio siguiente, el frente 47 al mando de la sanguinaria "Negra Karina" (Nelly Avila Moreno) ataco la población antioqueña de Nariño con una violencia extraordinaria. Después de 2 días de combates y de castigar el comando con un centenar de cilindros bomba, la guerrilla copo la plaza matando 9 agentes y capturando 7 mas. También perecieron 8 civiles y un 80% del pueblo quedo destruido. No obstante, el 1 de septiembre, como corroborando el cambio de tornas, medio centenar de alzados en armas fue liquidado en Hato Corozal (Casanare), cuando sus estructuras intentaban replegarse del área tras atacar el municipio llanero. Fue la quinta derrota consecutiva del año para el frente Oriental y las guerrillas izquierdistas, que encajaron casi un millar de muertos en 1999.[cita requerida]
La nueva política anti-narcóticos [editar]
En agosto de 1999, durante su visita a Colombia, el secretario de Estado Thomas Pickering le había sugerido al Gobierno Colombiano revaluar su “Política de Pacificación y su estrategia antinarcóticos”, para encauzar eficazmente la ayuda ofrecida por los EE.UU en unos objetivos concretos. Este entendimiento redundo en la redacción del famoso plan Colombia. A diferencia del original, que se centraba en la sustitución de cultivos ilícitos y en la atención a la población desplazada, el nuevo dio preeminencia a la guerra contra las drogas y por ende a la asistencia de carácter militar, que en últimas se dirigiría a aplastar a las guerrillas.[cita requerida]
El subsecretario de Estado para el control internacional de Narcóticos norteamericano manifestó, en septiembre de 1999, lo que seria el rumbo a seguir por Colombia: “hemos sido muy claros con el Gobierno del Presidente Pastrana que la paz a cualquier precio, no es una política aceptable hemos sido claros con todos los partidos que el proceso de paz no debe interferir con la cooperación de Antinarcóticos”. El Senador demócrata Joseph Biden fue aún más rotundo al afirmar al año siguiente que nunca antes se había presentado una oportunidad tan propicia como el Plan Colombia para asestarle un golpe decisivo al trafico de estupefacientes; por tanto, la ayuda a la nación andina revestía una importancia Nacional si se consideraba que de ella provenía la mayoría de las drogas que estaba envenenando a los Estados Unidos.[cita requerida]
Finalizando el año, las FARC protagonizarían otro brutal ataque en Jurado (Choco). Mas de 500 guerrilleros, entraron a la población por las 2 desembocaduras del rio Baudo a la medianoche del 11 de diciembre. Mientras varios centenares de hombres atacaban por el norte el puesto naval, en el que se encontraban 2 oficiales, 11 suboficiales y 123 infantes, otro grupo de subversivos combatía contra los 16 agentes del puesto de Policía, enclavado en la parte sur del municipio. Los militares resistieron el ataque durante más de 15 horas, mientras esperaban apoyo aéreo. Pero el mal tiempo bloqueó la entrada de los refuerzos. A las cinco de la tarde del 12, sin municiones y exhaustos, 78 uniformados tuvieron que entregarse.[cita requerida]
23 marinos, 1 policía, 1 civil y 42 irregulares habían muerto en las 18 horas de enfrentamientos. Otros 33 efectivos del gobierno quedaron heridos. Esa misma tarde, 75 de los capturados fueron entregados en la plaza aledaña a la Alcaldía, al párroco Bernardo Niño. Tres quedaron en poder de sus captores.[cita requerida]
El nuevo Plan Colombia [editar]
El 11 de enero del 2000 Clinton dio a conocer públicamente el nuevo plan Colombia y el 5 de mayo durante el XXX consejo de las Américas, expuso que la ayuda solicitada por Colombia para la defensa de su vulnerada democracia era igualmente vital para la seguridad de Estados Unidos. El 13 de julio del 2000 firmo la Ley 106-246 que aprobaba el monto del paquete de ayuda destinado a la nación sudamericana: US$ 1.3 millones, con el 82% para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado en sus labores de erradicación de cultivos ilícitos principalmente en el Putumayo y Caquetá, 9% para el desarrollo alternativo, 3% para ayudar a los desplazados, 2% para la reforma judicial, 1% para la defensa de los derechos humanos y menos del 1% para la paz.[cita requerida]
El 22 de Agosto para liberar la ayuda financiera a Colombia de las restricciones impuestas en relación con el respeto de los Derechos Humanos, Clinton invoco, haciendo caso omiso de los informes que comprometían a las fuerzas armadas en la constante violación de aquellos, la sección cuarta del articulo 3201 que permite soslayar dicha norma si a consideración del Presidente la integridad Nacional de Estados Unidos así lo amerita. Ocho días después los dos mandatarios oficializaron el inicio del plan Colombia como parte de su compromiso bilateral contra el flagelo mundial del narcotráfico.[cita requerida]
Para muchos observadores la transformación del plan Colombia es una estrategia básicamente antinarcóticos privo al país de una ocasión única en la consecución de la paz, no solo por la inmediata oposición belicosa de las guerrillas aun plan que en ultimas redundaría en su destrucción por la vía militar sino por los nefastos efectos sociales y de salud publica consecuencia de la aspersión de agentes químicos contra amplias áreas cocaleras, inicialmente en las selvas del sur, aparte de la mengua en los recursos destinados a las zonas mas aquejadas por el conflicto armado. Así mismo las organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watchs, demostraron su desacuerdo con una estrategia que favorecía la capacidad operativa de unas fuerzas militares “de dudoso record en la materia” de los Derechos humanos y acusadasademás de mantener vínculos de vieja data con los Paramilitares. Los países fronterizostambién se manifestaron en contra, especialmente ecuador que argumento que la agudización de la lucha armada acarrearía migraciones masivas de refugiados a la par que desplazarían los focos de cultivo a las zonas limítrofes del norte.[cita requerida]
Desde sus inicios, el plan Colombia fue concebido como una estrategia que demandaba la participación económica de otras naciones para su cabal cumplimiento. Aun después de las modificaciones sufridas y de la promesa segura del aporte Estadounidense, faltaba atraer mas inversionistas. Aunque lideres y organizaciones no gubernamentales de diversas naciones Europeas habían demostrado su apoyo al proceso de paz gracias al esfuerzo de la “Diplomacia por la Paz” del Presidente Pastrana,su solicitud de contribuir con $1,5 billones – elevada en Julio de 2000 ante 26 países congregados en Madrid- solo encontró acogida en España , Noruega y Japón. Esta reticencia europea a cooperar específicamente con el plan tenia razones de peso que fueron recogidas en una resolución expedida por el Parlamento de la UE en febrero de 2001; una estrategia que solo competía a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, había sido concebida sin una consulta amplia a la sociedad civil y en su raíz privilegiaba la lucha contra la producción y el trafico de drogas por encima de prioridades nacionales como la recuperación social y económica,el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo social. Asimismo porque contenía aspectos militaristas “contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos ya comprometidos por la Unión Europea y proclives a escalar el conflicto en la Región. [75] Por ultimo, porque Colombia solo podría alcanzar una paz duradera mediante reformas destinadas a evitar la secular exclusión económica, política, cultural y social de la mayoría de la Nación. En consecuencia, y teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del 9 de octubre de 2000 relativas a la aplicación de un “programa europeo sustancial de apoyo socioeconómico institucional al proceso de Paz en Colombia , el Parlamento Europeo había optado mas bien por contribuir al proceso del Caguan con 105 millones de euros para el periodo 2000-2006.[cita requerida]
El 3 de mayo siguiente, luego de instar a las guerrillas y gobierno de Colombia a mantener vivas las negociaciones, y reiterar su intención de combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas, la Unión Europea anuncio que como resultado de un esfuerzo coordinado entre la Comisión Europea y los Estados miembro aportaría 230 millones mas a la causa.[cita requerida]
Fortalecimiento de las FF.AA. [editar]
Como eslabón importante en el restablecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, el secretario de Defensa William Cohen y el Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda firmaron en diciembre de 1998 un acuerdo destinado a propiciar una mayor cooperación militar en la lucha antinarcóticos. Si bien las Fuerzas Armadas se sumaron a la Policía en la guerra contra las drogas desde 1988, a juicio de los norteamericanos, aquellas debían contar con una mayor potencia bélica y más personal para convertirse en un apoyo real y decisivo. Por otra parte, si el gobierno Colombiano quería sacar de las Negociaciones de Paz algún acuerdo concreto, debía “presionar a los partidos involucrados especialmente la guerrilla”, según lo expreso el embajador Curtis Kammam a finales de 1999.[cita requerida]
Si bien estos argumentos parecían indicar que el fortalecimiento del aparato militar obedecía apenas al objetivo de mejorar los programas antidrogas, en 1997 la Agencia de Inteligencia de Defensa de los EE.UU, había diagnosticado que, en vista de estado de precariedad del Ejercito la subversión estaba en condiciones de derrotarlo militarmente; en consecuencia, era muy difícil descartar la idea de que en algún momento la lucha antinarcóticos terminara dirigida también contra las guerrillas, no obstante que la asistencia Estadounidense excluía por principio la acción contra insurgente y había limitado el numero de asesores comprometidos en el desarrollo del plan Colombia, tanto civiles como militares, a 800 y en caso excepcionales a 1000.[cita requerida]
Bien fuere por una o ambas razones, el caso es que la Administración Pastrana se dedico a robustecer a sus Fuerzas Militares empleando el 40% del presupuesto Nacional además a los recursos del Plan Colombia destinados a tal fin. Según cifras proporcionadas por el primer mandatario a mediados del tercer año de su gobierno, el número de soldados profesionales había pasado de 22.000 en 1998 a 55.000 en el 2001 y el de los soldados regulares de 57.000 a 73.000 con la meta de llegar a 103.000 en el 2004. Por otra parte, el establecimiento de una Fuerza de despliegue rápido FUDRA, integrada por 5.000 uniformados seria complementado al finalizar el periodo con la adición de un contingente nuevo de 2.500 efectivos que contribuiría a fortalecer la acción del Ejército en gran parte del territorio Nacional. También se logro la puesta en marcha de una Brigada Antinarcóticos, con sede en Tres Esquinas y de tres batallones Antinarcóticos, de 950 hombres cada uno, entrenados y asistidos en labores de inteligencia por oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estos nuevos Batallones junto con la Central de Inteligencia conjunta y la Brigada Fluvial de Infantería de Marina de la Armada Nacional, deberían socavar las actividades del Narcotráfico en los departamentos del Sur del País.[cita requerida]
Aparte de su misión antinarcóticos y contra insurgente, en el Ejército recayó además el deber de salvaguardar la infraestructura petrolera, vial y energética de los atentados guerrilleros. Se permitió la adquisición de 18 helicópteros BlackHawk y 42 Huey (UH-1h) que fueron destinados a garantizar las operaciones en el Putumayo y Caqueta así como la movilidad y eficacia ofensiva de las tropas. Las normas relativas a la Institución Castrense tomaron cuerpo en un nuevo código penal militar, que tras ser presentado como proyecto ante el Congreso de la República durante la legislatura de 1998 se convirtió en 1999 en la Ley 522. La ley 684, que entre otros aspectos le otorgaban funciones de Policía judicial al Ejercito y permitía el nombramiento de alcaldes militares en la zona de mayor perturbación publica, fue por el contrario declarada inexequible por la Corte Constitucional gracias a la presión, entre otras, de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU en Colombia, Mary Robinson.[cita requerida]
Logros y reveses de la política antinarcoticos [editar]
Para cumplir con los compromisos suscritos en el plan Colombia y con la meta de reducir hasta el 2006, en 50% el cultivo, procesamiento y trafico de narcóticos, el Gobierno Colombiano dio inicio a finales del 2000 a los dos programas de erradicación de cultivos ilícitos previstos para el departamento de Putumayo, que serian complementados con la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y la interceptación de la ruta de acopio de insumos y embarque de la droga. El primero, dirigido a las plantaciones de tipo individual contemplaba la sustitución de ilícitos con apoyo gubernamental y la posibilidad de una erradicación voluntaria que debía demostrar resultados en doce meses, al cabo de los cuales se procedería a discreción de las autoridades a la fumigación aérea. El segundo, enfocado a los cultivos a gran escala, comprendía una intensa y sistemática labor de aspersión aérea apoyada en los dos batallones antinarcóticos, ya existentes así como los nuevos helicópteros UH- 1h.[cita requerida]
Pero el solo anuncio de estos objetivos del Plan Colombia en los que las FARC- EP intuían el inicio de una guerra mejor dotada contra ellos, a la vez que socavaba sus finanzas fue suficiente para que en abril estas le exigieran a los empresarios con ingresos demás de dos mil millones de pesos el pago de un impuesto de paz (ley dos). Asimismo ofrecieron recompensas por la captura de pilotos de combate, declararon objetivos legítimos de las operaciones guerrilleras al personal militar de EE.UU presente en la zona y comenzaron a armar a la población civil para que ofrecida resistencia a las fumigaciones. Cuatro meses después impusieron un paro armado en el departamento de Putumayo que redundo en pérdidas económicas cercanas a los cincuenta millones de pesos, la muerte del alcalde Carlos Julio Rosas y el acorralamiento de sus trescientos mil habitantes. A esta situación de emergencia social se aunó la potente contraofensiva de las FF.MM. interesadas en recuperar el terreno cedido desde mediados de los noventa, lo que derivo en durísimos combates que provocaron el éxodo de la población nativa hacia los departamentos de Nariño, Tolima y la frontera con el Ecuador. Estos sucesos fueron suficientes para verificar en la practica lo que ya se sospechaba serán las consecuencias del plan Colombia. Sin embargo, la nueva estrategia de erradicación de cultivos logro satisfacer las aspiraciones prácticas del gobierno. Al año siguiente el presidente aseguro que gracias a ella había sido posible erradicar, hasta mediados del 2001, 174.000 hectáreas de coca y 19.800 hectáreas de amapola, destruir 1732 laboratorios y 305 pistas clandestinas e incautar mas de un 1.800.000 kilos de insumos sólidos y 2.400.000 galones de insumos líquidos. Según datos contenidos en el informe sobre la actividad cocalera en Colombia de diciembre de 2002 realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la evolución global de los cultivos de coca empezó a descender desde su pico más elevado: 101.800 hectáreas en 1998, 160.000 en 1999,163.000 en 2000, 145.000 en 2001 y 102.000 en 2002. Es decir, desde la aplicación de Plan Colombia apenas se había logrado erradicar un sexto de cantidad de hectáreas mencionada por Pastrana. Por su lado la Policía antinarcóticos aporto cifras relativas a la aspersión de cultivos de coca mas cercanas a los estimativos del gobierno que mostraban que entre los años 2000 al 2001 se habían destruido 152.226,32 hectáreas de esta planta en todo el país, de ellas 46.015,05 en el Putumayo y 26.669,07 en el Caqueta. La aspersión de amapola por su parte, redundo para el mismo periodo la eliminación de 11.535,01 hectáreas en el total de los departamentos involucrados en se siembra.[cita requerida]
En relación con el impacto ambiental, económico y social de la estrategia antinarcóticos, un periodista británico que investigo sus efectos, revelo que la aspersión de los cultivos de coca había arrasado tanto la vegetación natural como sembrados lícitos (entre estos 3.000 hectáreas de cultivos alternativos). Aparte de estas perdidas que afectaban la supervivencia humana de la región la ayuda prometida de US$81millones para adelantar la sustitución de cultivos había ido aparar, presumiblemente, a manos de políticos corruptos. Por otro lado contradiciendo las aseveraciones del Plan Colombia según las cuales el glifosato es un herbicida inofensivo, tras cada fumigación aérea el hospital de Puerto Asís atendió numerosos casos de envenenamiento y de problemas respiratorios severos sobre todo de niños que habían entrado en contacto con el químico o habían bebido agua contaminada por este. Para remediar sus precarias condiciones de vida muchos campesinos habían optado por exiliarse en los departamentos limítrofes –mas diez mil entre finales de 2000 y mediados de 2001-, unirse a las FARC –EP, mimetizar nuevos plantíos de coca entre los de subsistencia o adentrarse en Nariño para continuar a salvo con los cultivos ilícitos; de hecho este departamento reporto en el 2002 un incremento en las hectáreas cultivadas con coca de 102% respecto al año anterior. Por otra parte, la circunscripción de la estrategia antinarcóticos a los departamentos del sur dejo por fuera aquellos del norte del país donde se sabia que los grupos paramilitares se dedicaban impunemente al negocio con tal capacidad que podía no solo abastecer con creces a los mercados europeo y norteamericanos, sino aportar en un 70% a la financiación de estos grupos ilegales responsables del 80% de las violaciones de derechos humanos en Colombia. La aspersión, en términos del mercado mundial de la droga, tampoco tuvo efectos sustanciales por cuanto no contribuyo a rebajar su precio, demostrando así una vez mas que compromisos bilaterales con Estados Unidos que nunca han incluido combatir la demanda en ese país bien poco pueden hacer para acabar con el negocio mas lucrativo y corruptor del orbe.[cita requerida]
Debilitamiento del ELN y apogeo de las FARC [editar]
El 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguan, Pastrana había inaugurado oficialmente los diálogos de paz y el 6 de mayo las dos partes habían suscrito una agenda de 12 puntos que serviría de guía para la Mesa Nacional de Negociación prevista para el 20 de julio siguiente. Entre sus puntos relevantes las conversaciones incluían la reforma a los sistemas político y judicial, al modelo de desarrollo y la estructura agraria así como tópicos relativos al Derecho Internacional Humanitario, las relaciones internacionales, el narcotráfico, el medio ambiente y el fenómeno paramilitar. El último tema provocó el repudio inmediato del líder de las AUC, Carlos Castaño, quien ya había demostrado en enero con una serie de masacres que dejaron 140 muertos, la poca estima en la que tenia a un proceso de paz que no ofrecía a su organización las mismas prerrogativas políticas que a los insurgentes. Las tortuosas negociaciones con las FARC, recuperadas el 24 de octubre de 1999 tras otro nuevo parón, volvieron a colapsar en mayo de 2000 a raíz del anuncio por la guerrilla de la creación de un impuesto revolucionario a los particulares con un patrimonio superior al millón de dólares: quien no pagara esa exacción se exponía a ser secuestrado.[cita requerida]
Como contrapartida, el 24 de julio de 2000, tras dos años de estériles encuentros, representantes del ELN y el Comité Nacional de Paz se reunieron en Ginebra (Suiza) para explorar si se podía alcanzar un consenso básico sobre el calendario de conversaciones, que incluyera un alto al fuego firme y la convocatoria de la Convención Nacional, entendida como un foro abierto a todos los sectores sociales para discutir la violencia estructural del país y aportar soluciones. El ELN, por su parte, reiteró su exigencia de concesiones territoriales como las dadas a las FARC, en este caso llamadas eufemísticamente "zonas de convivencia" y dentro del departamento de Bolívar, a pesar de que la población local se había movilizado en contra de esa posibilidad.[76]
No obstante estos avances la falta de eficacia que a juicio de las guerrillas demostró el gobierno tanto para verificar el control efectivo del Ejercito sobre los paramilitares,así como para propiciar su desmantelamiento, conspiro para congelar varias veces los diálogos con las FARC- EP y enrarecer los acercamientos de paz que se venían adelantado también con la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional; organización que le atribuyo a la estrategia paramilitar la movilización ciudadana que impidió el despeje del noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar para instalar la Mesa de Negociaciones y llevar a cabo la Convención Nacional acordada con el Presidente el año anterior.[cita requerida]
Finalmente este grupo opto por romper los diálogos unilateralmente en abril de 2001 por la "falta de voluntad del Gobierno para luchar contra los paramilitares" (la razón de fondo era la negativa a concedérsele una zona desmilitarizada), si bien el Ejecutivo inculpo a su vez al ELN, de haber obstaculizado su desarrollo por la vía militar; afirmación que el COCE no reconoció sin tener en cuenta que acciones como los secuestros masivos, el hostigamiento continuo a las FF.MM y los atentados contra la infraestructura económica del país, habían minado la confianza del gobierno y de una sociedad hasta el hartazgo del doble discurso de la guerrilla en su falsa voluntad de paz. En todo caso la capacidad bélica de la estructura insurgente, comenzó a decaer ostensiblemente contando desde 1998 y no volvería a recuperarse posteriormente. Las autodefensas le arrebataron importantes territorios en el Magdalena Medio, Antioquia y la costa Atlántica, mientras una guerra intestina con las FARC, que duraría una década, terminaría por amenazar sus últimos bastiones.[cita requerida]
El otro gran tema de discordia con las guerrillas fue el plan Colombia, que a juicio suyo no solo era una agresión contra ellas “sino contra el pueblo colombiano”. Las medidas ya aludidas que tomaron para hacerse sentir al respecto, así como la continuidad en sus ataques contra la fuerza publica, el uso de armas de efectos indiscriminados, las ejecuciones fuera de combate, el reclutamiento forzoso- masivo de menores-, las masacres, los secuestros y asesinatos de funcionarios públicos, entre otros actos cotidianos, terminaron por enrarecer el ambiente del proceso.[76]
Pese a su continua expansión las FARC, dejaron pasar la oportunidad de presentarse como una opción real de poder: en las zonas que controlan no ejecutan reformas de fondo, ni proceden a realizar transformaciones que puedan presagiar su evolución hacia el socialismo. Están obnubiladas con una posible victoria militar sobre el Estado y muestran toda su arrogancia frente a la sociedad civil, desoyendo las propuestas que esta genera en el marco de la mesa de conversaciones. El despeje de 42.000 km2 entre Caqueta y Meta, les permite consolidar aun más sus bastiones sureños: desde allí se extienden con los cultivos de coca sobre el Guaviare y amenazan constantemente Huila y su capital Neiva. La base antinarcóticos de Miraflores, reconstruida tras la toma de agosto fue evacuada en octubre de 1998, dejando la zona en manos de los subversivos. Lo que alguno de sus comandantes evocara como un “Estado en formación”, les llevara a expulsar a las autoridades locales que no son de su agrado y a sabotear insistentemente las elecciones.[cita requerida]
Pero no perderán de vista, tampoco el objetivo central esbozado por las conferencias de 1982 y 1993, que es el avance sobre la Cordillera oriental y el cerco progresivo de las ciudades del triangulo Bogotá-Medellín-Cali. Los nuevos polos de producción de drogas y los corredores que permiten su exportación y a la vez la importación de armas, toman para ellos (perdido el de Urabá) importancia capital: el primero que va por el norte del Choco al Pacifico, reemplaza al anteriormente citado del Urabá y se convierte en escenario de una temible guerra con paramilitares y fuerzas del Estado; el segundo el que desde el Caqueta desemboca en Cauca y Nariño por Huila, esta en manos de la Columna Teófilo Forero; y por ultimo los que van hacia Venezuela por Arauca y el Catatumbo, también defendidos palmo a palmo de las AUC, que se abren paso a base de feroces masacres. El plan lo complementaria una red política clandestina, el Movimiento Bolivariano creado el 29 de abril del 2000 en el Caguan y puesto bajo la dirección de Alfonso Cano. Es según el secretariado un componente de las “nuevas fuerzas armadas” y esbozo de una “Fuerza Publica dependiente del poder civil, nacida del pueblo”. Queda claro que la organización toma los diálogos de paz solo como un expediente provisional y que su objetivo es destruir al Ejército, derrocar al estado y tomar el poder.[cita requerida]
Pero también esta claro que los éxitos obtenidos hasta ese momento deben mucho a las vacilaciones de Pastrana y sobre todo de Samper, sumado a la exigua preparación de las FF.AA. para la guerra irregular que enfrentaba. El potencial de las Farc era en todo caso menor del aparente y si bien contaba con una potente fuerza de combate, altamente entrenada y armada profusamente de fusiles y artillería artesanal, esta última era bastante imprecisa, los medios de comunicación utilizados eran anticuados y se carecía de antiaéreos, cosa que se revelaría decisiva en un futuro cercano.[cita requerida]
La ofensiva del 2000: la segunda batalla de Dabeiba [editar]
A la vez que paralizaban el Putumayo en medio de una ofensiva nacional lanzada en respuesta al estancamiento de las negociaciones con Pastrana, a la aprobación del Plan Colombia y la expansión paramilitar, las FARC dieron inicio a una nueva táctica de guerra consistente en el secuestro de reconocidos miembros del estamento político nacional. El 5 de agosto del 2000, retuvieron al congresista Oscar Tulio Lizcano y el 14 de diciembre del mismo año al exministro Fernando Araujo. A la vez destruyeron 287 torres de energía y tomaron varios municipios de Antioquia, Caldas y Choco. El 29 de julio, 300 subversivos pertenecientes a los frentes 47 y 9 encabezados por la temible "Negra Karina", arrasaron el corregimiento de Arboleda, municipio de Pensilvania (Caldas). Doce policias (cuyas cabezas fueron usadas para jugar Futboll) y cuatro civiles murieron en el feroz asalto, que concluyo luego de 36 horas de combate. [77] El 1 de septiembre, cayo en accion el teniente coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, comandante del Batallón de Artillería No 8 San Mateo, cuando lideraba una ofensiva del Ejército en una zona montañosa en límites de los departamentos de Risaralda y Chocó. El 16 de septiembre, 200 militares del Batallón Pedro justo Berrio y 350 guerrilleros del Bloque José María Córdova se enfrentarian en un primer choque en la zona rural de Dabeiba. El resultado: 19 efectivos del gobierno asesinados.[cita requerida]
Un mes después, en la noche del 18 de octubre, más de 650 irregulares entraron a la cabecera municipal de Dabeiba y cercaron la estación de policía atacándola con una lluvia de cilindros bomba. La guarnición de 28 elementos resistió la embestida a costa de 2 bajas, pero cuando efectivos del Ejercito trataron al día siguiente de liberar la población con un asalto helitransportado, uno de los 4 aparatos que participaba en la operación fue derribado con 22 hombres a bordo, mientras las otras 3 aeronaves, averiadas debían volver a su base. Los 80 uniformados que si lograron desembarcar quedaron aislados en las colinas que rodeaban la ciudad, envueltos en una brutal batalla que se prolongo hasta la madrugada del 20. Los combates terminaron con 54 uniformados muertos.[78]
Sin embargo, un intento similarde la guerrilla en los santanderes, termino en fracaso. Desde la zona de despeje, medio millar de insurgentes fue enviado al norte, para recuperar el terreno perdido en el Magdalena medio a manos de los paramilitares y simultáneamente golpear al Ejército. Pero esta vez las FF.MM. se adelantaron a sus planes y miles de soldados de la V Brigada al mando del General Martin Orlando Carreño, coparon en el paramo Berlín (Surata, Santander), a la vanguardia de 240 elementos que abría paso al grueso de la columna. Después de 20 días de operaciones que se extendieron desde el 26 de noviembre hasta el 20 de diciembre, la avanzada fue aniquilada contando en sus filas más de 62 muertos y 120 capturados, por solo 4 bajas del enemigo. Únicamente lograría retirarse incólume su comandante alias “Rogelio”, con 50 sobrevivientes.[cita requerida]
Finalmente el 29 de diciembre, el frente 14 de las FARC, ejecuto en una carretera de Florencia (Caqueta) al parlamentario Diego Turbay Cote y a 5 personas mas.[79]
Agonía del Proceso de paz [editar]
Gracias a los cuantiosos recursos proporcionados por los EE.UU, pero sobre todo a la reforma militar, las fuerzas gubernamentales pudieron demostrar crecientemente sobre el terreno su estruendosa transformación. El 11 de febrero 3550 tropas se tomaron Barrancominas (Guainía), cuartel general del frente 16 en el oriente del país.[80] Tras 2 meses de continuas operaciones que permitieron la total destrucción de la infraestructura cocalera de la región, fue capturado el 21 de abril el narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa alias “Fernadinho Beira Mar”, protegido del Negro Acacio (Tomas Medina Caracas) y las FARC. Aquello no solo demostró la estrecha relación del movimiento insurgente con las redes de tráfico de estupefacientes, sino que fue un profundo mentís a las declaraciones del Secretariado, cuyos miembros negaban constantemente su implicación en el lucrativo negocio, achacándolo todo a una campaña de desprestigio del Estado colombiano.[81] [82]
Debido sobre todo a los contundentes golpes recibidos, y a que ya no podían operar con grandes masas de combatientes, las FARC optaron por evitar los asaltos masivos a instalaciones militares centrando su actuación en los atentados urbanos, la toma de cuarteles de policía y los secuestros de personalidades del mundo político. La excepción fueron 2 grandes ataques, emprendidos contra la Marina: en el primero de ellos el 10 de marzo del 2001, 300 hombres al mando de JJ (Milton Sierra Gómez), irrumpieron en Cerro Tokio (Dagua, Valle), base de un importante nudo de telecomunicaciones custodiado por 75 elementos. 16 infantes y un civil murieron en la toma facilitada por la acción de 2 infiltrados. Tres meses después, el 22 de junio, 500 guerrilleros del Bloque sur dirigidos por Fabián Ramírez, se lanzaron con todo sobre La Granja o Coreguaje entre La Tagua y Puerto Leguizamo (Putumayo), sede de una escuela de entrenamiento del Batallón de selva No 49. Tras un primer asalto sobre los 100 soldados que guarnecían la posición, 800 tropas transportadas en 6 helicópteros artillados reforzaron el fuerte. Pero los subversivos, no rehuyeron el combate que degenero en una autentica batalla. Solo tras 2 nuevas embestidas y bajo el ametrallamiento de 2 arpías y 2 aviones fantasma AC-47, se retiraron al atardecer, dejando 26 muertos propios en el terreno, por 30 militares dados de baja.[cita requerida]
A la vez conscientes del peso político, militar y financiero que representaba tener mas de 400 uniformados retenidos, y como único resultado plausible dela política de paz de Pastrana, el Secretariado de las FARC, soltó lastre y en el mes de junio de 2001 dejo en libertad a todos los soldados y policías regulares que tenia en su poder (unos 310), quedando no obstante otros 50 oficiales y suboficiales secuestrados en espera de un efectivo intercambio humanitario; intercambio que nunca llegaría.[83] [84]
En espera de que capturando políticos esta vez el establecimiento cedería al final, canjeando “prisioneros de guerra” por subversivos encarcelados, la organización profundizo dicha estrategia. El senador Luis Eladio Pérez (11 de junio), el gobernador del Meta Alan Jara (15 de julio), Gloria Polanco y sus 2 hijos (retenidos por la Columna móvil Teófilo Forero en un audaz asalto al edificio Miraflores de Neiva el 26 de julio), los congresistas Orlando Beltrán (28 de agosto) y Consuelo González (11 de septiembre) fueron las victimas de esta nueva táctica. El 24 de septiembre el turno fue para la “Cacica” Consuelo Araujo, asesinada poco después en medio de la persecución de las autoridades.[cita requerida]
La solución militar terminaría cada vez mas por imponerse: contra la política de una guerrilla desprestigiada ante la opinión publica y vista cada vez mas por la sociedad, como una expresión terrorista, criminal y narcotraficante al estilo de la violencia multiforme de Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, se abrió paso la vía de la fuerza pura y dura. En agosto 1300 guerrilleros del Bloque Oriental, nuevamente avanzaron desde la zona del Caguan, convertida en una retaguardia estratégica y no en un laboratorio de paz, hacia el oriente del Meta para retomarlo de manos de las AUC. 5000 tropas de la FUDRA al mando del General Carlos Alberto Fracica, apoyados en un imponente despliegue aéreo que incluyo 28 helicópteros y 15 aviones (Operación 7 de agosto), les salieron al paso el día 13 y le infligieron a las FARC una contundente derrota. Murieron 80 insurgentes incluyendo entre ellos a su comandante Urias Cuellar dado de baja el 19 y artífice de muchas de las victoriosas tomas de los años noventa. Evidenciando el nuevo equilibrio alcanzado, el año termino con 1028 insurgentes abatidos, superando por primera vez la línea del millar, y 1766 fueron capturados. No obstante las duras derrotas sufridas, el influjo territorial y el poder bélico de las FARC no se vieron disminuidos sustancialmente. Más bien dio pie a que en 2002 su ofensiva incrementara sustancialmente el número de acciones militares.[cita requerida]
El 9 de enero de 2002 Pastrana, en respuesta a la última y brutal campaña de ataques, declaró suspendido el proceso de paz con las FARC y el día 12, previo rechazo de su demanda de que terminaran las medidas de control de su territorio mediante sobrevuelos, retenes militares en el perímetro exterior y restricciones a las visitas de extranjeros, les lanzó un ultimátum de 48 horas para que clarificaran sus propuestas de cese de hostilidades antes de ordenar al Ejército la ocupación de la Zona de Distensión. En el último momento, el 14 de enero el proceso de paz se libró del colapso al suscribir ambas partes un documento propiciado por la ONU y los países facilitadores en el que se declaraba que existían garantías para seguir negociando.[76]
Pero este logro in extremis sólo fue un espejismo.[76] Las FARC desatarían otra feroz embestida terrorista contra civiles y militares en febrero de 2002 que dejo casi un centenar de víctimas fatales: el 18 de enero en curso de un operativo antinarcóticos perecieron 5 comandos jungla y un helicóptero fue destruido; el 19 dos emboscadas contra el Gaula del Ejercito en los farallones de Cali se saldaron con 12 muertos (algunos de ellos rematados a machetazos); el 25 estallo una bicicleta bomba en el sur de Bogotá matando a 4 uniformados y una niña; el 29 fueron masacrados 29 soldados de la Brigada Móvil No 2 en El Dorado (Meta) al hacer explosión una casa cargada con 2 toneladas de dinamita; y finalmente en la madrugada del 11 de febrero es atacado con morteros el alojamiento del batallón de infantería número 27 del Ejército, en Pitalito (Huila). Diez militares perdieron la vida y cuarenta quedaron heridos.[cita requerida]
Fin del proceso de paz y ascenso de Uribe [editar]
Un proceso de paz cada vez más vacio y desprestigiado, sufrió el golpe mortal de manos de las FARC. Estas que no habían visto más que una oportunidad estratégica invaluable en la desmilitarización del inmenso territorio selvático, ahondaron su campaña bélica (que le costo la vida a 2000 civiles y 1500 uniformados entre enero del 2000 y agosto de 2002) y el 20 de febrero de 2002, secuestraron al senador Eduardo Gechem Turbay, haciendo aterrizar el avión que lo transportaba en una carretera del Huila. [85] Su retención justifico el mismo día de febrero, la decisión del Presidente de terminar la parodia de paz con esta organización y mantener la solución de fuerza a la que se había visto compelido desde mediados del año anterior.[76]
"...por eso he tomado la determinación de no continuar el Proceso de paz con las FARC...Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe y no solo a mi sino a todo el pueblo colombiano...Decretamos una zona para sostener las negociaciones, cumplimos con la promesa de despejarla de las Fuerzas Armadas y ud. la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un deposito de armas, dinamita y carros robados...He decidido poner fin a la zona de distensión a partir de la 00:00 AM (mirando su reloj) de hoy...
Andrés Pastrana. Alocución Presidencial febrero 20 de 2002[86]
A pesar de los esfuerzos de los países amigos del proceso de paz y de los infatigables oficios del asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas, James Lemoyne, en pro de una reactivación de los entendimientos, el gobierno se mantuvo y ordeno a las Fuerzas Armadas proceder a la recuperación de la zona de distensión, por medio de la Operación TH.[76]
La Fuerza aérea y la aviación del Ejercito castigaron duramente los campamentos subversivos desde la madrugada del 21, mientras 20.000 tropas avanzaban rápidamente sobre las 5 cabeceras municipales despejadas, recuperándolas en menos de 24 horas. La bandera de las FARC izada en el centro de San Vicente del Caguan fue echada abajo por los soldados, que además la rasgaron y pisotearon ante las cámaras, marcando con ello el epilogo de un proceso frustrado. Las más de 121 operaciones de bombardeo y los combates en tierra terminaron con más de 350 insurgentes muertos, rendidos o capturados, mientras el grueso de sus fuerzas se replegaba a las áreas selváticas contiguas.[cita requerida]
Por otra parte, los hecatombicos atentados contra Estados Unidos perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la red Al Qaeda, que opacaron la guerra contra las drogas y la activaron contra el terrorismo, tuvieron repercusiones adversas no solo para el proceso de paz aun vigente sino para la imagen misma de Colombia, que comenzó a ser vista como un terreno potencial de terrorismo internacional equiparable a Afganistán. Gracias a la presión del Presidente George W. Bush, el Congreso de su país autorizo en Julio de 2002, la extensión de los recursos del Plan Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales como parte de “ una campaña unificada contra el trafico de narcóticos y las organizaciones designadas como terroristas” (FARC-EP,UC-ELN,AUC); es decir, le brindo al gobierno nacional argumentos adicionales para restarles a las guerrillas cualquier vestigio de legitimidad que hubiera podido quedarles luego de su pobre papel en el proceso de paz. Además, la designación de las FARC-EP como el grupo terrorista mas peligroso del hemisferio y la presunción estadounidense de sus vínculos con la ETA, el IRA e incluso el Al Qaeda, fueron utilizadas por el gobierno para ponerles precio a las cabezas del Secretariado de este grupo y lograr que la Unión Europea lo incluyera en su propia lista de organizaciones terroristas.[cita requerida]
En respuesta al fracaso de las negociaciones de paz y a la nueva coyuntura internacional, las FARC- EP, fortalecidas como nunca antes en efectivos (unos 20.000 hombres en armas y 15.000 milicianos en 2002, frente a 295.000 uniformados) y pertrechos gracias al amparo de la zona de distensión y de tres años de continuas dilaciones, optaron por profundizar en su táctica de urbanizar el conflicto estrechando el cerco sobre Bogotá, Cali y Medellín y continuar con la estrategia de consolidación de su poder local mediante la intimidación, el destierro o asesinato de las autoridades locales.[cita requerida]
La meteórica campaña a la presidencia del candidato Álvaro Uribe Vélez, personalmente partidario de la guerra total contra la subversión y de su aplastamiento militar, propuesta que se hizo inmensamente popular entre el electorado colombiano gracias a los errores de un proceso fracasado y al cansancio de una sociedad harta de un conflicto sin fin, terminaría por ahondar la ofensiva terrorista delas FARC.[cita requerida]
Esta pese al repliegue territorial ante los paramilitares y a los golpes infligidos por el Gobierno, conserva toda su capacidad militar intacta. Entre el final de la Administración Pastrana y el comienzo del primer cuatrienio de Uribe, las acciones bélicas aumentan a un número superior de 700, afectando sobre todo a Antioquia, Arauca, Meta, Nariño y Cauca. Ya no hay operaciones de gran impacto, pero se multiplican las emboscadas, los hostigamientos, los sabotajes a infraestructura y la destrucción de ejes de comunicación. Más de 690 uniformados pierden la vida en 2002 frente a 499 en 2001. Adicionalmente las FARC, toman como objetivo las autoridades locales: matan a 12 alcaldes y 60 concejales, obligan a más de 300 a despachar desde otros municipios y amenazan de muerte a 6000 de 12.000 funcionarios públicos. El 16 de marzo sicarios ultiman a la salida de una iglesia al arzobispo de Cali, Isaias Duarte Cancino. El 7 de abril un carro bomba activado en la zona rosa de Villavicencio deja sin vida a 10 civiles. El 11 de abril en un cinematográfico operativo el comandante JJ (Milton Sierra Gómez) saca de la Asamblea del Valle a 12 diputados haciendo pasar a sus hombres como miembros del Ejército y el 21 de abril, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri, son secuestrados en medio de un marcha por la paz. 172 cabeceras municipales carecen de presencia estatal en 2002. Además sus frentes multiplican los enfrentamientos con las autodefensas, que a la sazón se encuentran en pleno apogeo de su capacidad bélica. El 2 de mayo, en medio de feroces combates con paramilitares en el Choco, miembros de las FARC, lanzan un cilindro bomba que cae sobre la iglesia de Bojaya donde se refugian cientos de civiles. 79 personas mueren.[87]
Por añadidura preparándose para un larga ofensiva del ejecutivo, tuvieron la suerte de hacerse de un importante botín de guerra, en la persona de la candidata presidencial Ingrid Betancur y su formula vicepresidencial Clara Rojas, retenidas el 23 de febrero, cuando imprudentemente se aventuraron a entrar a la recién tomada zona de despeje. Si bien estaba rezagada en las encuestas, su doble nacionalidad, colombo-francesa, fue vista como una oportunidad para las FARC de internacionalizar el conflicto y sacar réditos políticos.[cita requerida]
Desde este momento, Pastrana se limitó a gobernar con una agenda del día a día, sin propuestas ni iniciativas, hasta la terminación de su mandato el 7 de agosto. Su partido, o mejor, los conservadores que le eran partidarios, fueron castigados en las elecciones legislativas del 10 de marzo y Uribe duro crítico de su administración era elegido por holgada mayoría en las elecciones presidenciales de mayo de 2002. Con todo, Pastrana reclamó para su administración el mérito de haber ganado a las guerrillas la batalla política y presentó el logro indudable de la inclusión de las FARC por la Unión Europea (UE) el 12 de junio, meses después de que lo hiciera el Gobierno de Estados Unidos, en su lista de grupos calificados como terroristas. Pero si algo hay que abonarle al Primer mandatario es que la dejo a su sucesor un efectivo aparato de disuasión, encarnado en unas Fuerzas Armadas con un poder ofensivo real” para derrotar, ahora si, a los violentos”.[cita requerida]
El 7 de agosto se posesionaba Álvaro Uribe y la guerrilla lo recibía en pie de guerra al bombardear con morteros la misma Casa de Nariño.[88] Pese a que no alcanzaron su objetivo, 18 personas mueren y la confrontación queda más abierta que nunca; la guerra ya será a otro precio, con un gobierno dispuesto a llevar la confrontación hasta sus últimas consecuencias. Era el comienzo del ochogenio de la Política de Seguridad Democrática.[cita requerida]
Apogeo de las AUC: las masacres paramilitares [editar]
El Urabá es solo la primera fase de la reconquista paramilitar. Desde sus bastiones costeños y antioqueños avanzan luego sobre el Magdalena medio. El ELN que compartía la región con las FARC se ve debilitado militarmente de manera irremediable y cede el control de la estratégica zona a sus enemigos, que comienzan a partir de mayo de 1998, con la masacre de 32 personas, a hostigar el importante puerto petrolero de Barrancabermeja, sede de una gran refinería y núcleo de un fuerte movimiento sindical. Los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año, estarán marcados por la contraofensiva de ambas guerrillas en el sur de Bolívar y en el eje bananero, operación que se saldara con más de 200 bajas en los 2 bandos. Incluso los frentes V y XVIII del Bloque Noroccidental, se atreverán a atacar el 28 de diciembre el campamento madre de Carlos Castaño en la vereda El Diamante de Tierralta (Córdoba). El jefe de las AUC escapa por poco al asalto, en el que caen una treintena de personas (15 civiles, 12 subversivos y 8 miembros de la guardia personal de Castaño). No obstante a la larga las autodefensas prosiguen su arremetida y a fines de 1999 ocupan definitivamente Barrancabermeja, procediendo a ultimar a más de 500 civiles en los meses siguientes.[cita requerida]
Las AUC ya no limitan su acción como las autodefensas de los años ochenta a golpear solo a las redes de apoyo de la guerrilla sino que ahora lanzan una verdadera cruzada de limpieza, que pasa por la expulsión total, gracias al terror y las masacres colectivas de la población de las áreas antiguamente controladas por la insurgencia. El número de desplazados que llegaba en 1995 a medio millón se dispara a raíz de la arremetida paramilitar a cientos de miles anuales hasta 2003. La expulsión de los civiles que vivieron bajo el arbitrio de las FARC y el ELN, engrosa los cinturones de miseria en Medellín, Cartagena, Cali y Cúcuta principalmente.[cita requerida]
Moviéndose desde el norte de los ganaderos y bananeros, las AUC se enfrentan a las FARC por el domino de amplios territorios del país. A base de sangrientas masacres en las que descuartizan con motosierras y machetes,[89] [90] de la desaparición forzada, de la tortura sistemática y de los asesinatos selectivos se abren paso hacia el Catatumbo y la costa Caribe, eliminando al grueso de la subversión del Cesar, Sucre y la Sierra Nevada, cercando además a Martin Caballero y lo que queda del Bloque Norte en los Montes de María. Asimismo penetran en los bastiones sureños de las FARC, adueñándose de parte del Meta, Vichada y Arauca, con el Bloque Centauros al mando del cruel Miguel Arroyave al frente de esta avanzada entre 2002-2004. Hasta Nariño, Caqueta y Putumayo llegaran sus fuerzas; en el último departamento, zona de cultivo de coca disputada palmo a palmo con los comunistas cometerán innumerables y aberrantes crímenes, que llegaron incluso a la antropofagia. En las ciudades Medellín principalmente, pero en muchas otras intermedias aniquilan al grueso de las milicias bolivarianas y montan bandas que les son adeptas; en la capital antioqueña Diego Murillo Bejarano “Don Berna” antiguo narcotraficante del Cartel y ex miembro del EPL dirige la creación del Bloque Cacique Nutibara en 2001, encargado de reconquistar mas de 600 barrios en manos enemigas.[cita requerida]
La precaria unidad del movimiento, del que fue victima su propio líder Carlos Castaño Gil (quien seria retirado de la jefatura suprema antes de ser asesinado en 2004) y los continuos enfrentamientos entre Bloques de la misma organización (guerra entre los Bloque Metro de alias “Doble cero” y Cacique Nutibara de “Don Berna”), no impidieron su fortalecimiento al amparo de los lucrativos dividendos que dejaba el narcotráfico, que llego a representar un 70 % del financiamiento de las AUC. Progresivamente los narcos afianzaron su poder en las estructuras paramilitares (Don Berna, Macaco, Gordo lindo, el Tuso Sierra, los Mellizos Mejía Munera, etc.), adquiriendo franquicias enteras de hombres. Además numerosas figuras regionales de la política y la economía se involucraron en nombre de la lucha contra insurgente en las Autodefensas, brindándoles cobertura legal y recursos financieros.[91]
Aunque desde el punto de vista militar, esta amalgama de grupos armados no estaba en condiciones de enfrentar directamente a las FARC, lograron arrebatarles amplios territorios desde la Guajira hasta el Amazonas pues les aventajaban en otros frentes. La falta de unidad, la fragmentación y diversidad de las AUC, le permitió a las distintas facciones que la componían adaptarse a las condiciones de cada región, compitiendo primero por el control de la zona y luego expulsando a la guerrilla atacando sus bases de apoyo y redes de milicianos. La segunda ventaja derivaba del hecho que se presentaban como un movimiento político antisubversivo; en las múltiples entrevistas que concedió Carlos Castaño a la prensa, el, presento a las autodefensas como una simple respuesta de la población civil que tomo las armas cansada de las insoportables exigencias de la insurgencia crecida al calor de la ausencia de un Estado incapaz de proteger a sus gobernados y hacer cumplir la constitución y las leyes. El hecho de que el mismo jefe de las AUC, reconociera sus actos y no escondiera la cara, a diferencia del secretariado siempre reticente a aceptar responsabilidades, le atrajo la atención de amplios sectores de la población colombiana. Un ejemplo de ello fue cuando un movimiento cívico respaldado o generado por Castaño, impidió el despeje de una segunda zona desmilitarizada en el sur de Bolívar. El fiasco del Caguan y lo que muchos vieron como debilidad de Pastrana “entregando el país a los violentos” hizo el resto. Finalmente los paramilitares contaron con la complacencia (abierta en unos casos) de numerosas unidades policiales y militares, gustosas de que los irregulares de derecha hicieran el trabajo sucio por ellas. Pero no solo hallaron apoyo en las FF.MM sino también en líderes políticos regionales y nacionales, varias agremiaciones, renglones de la economía legal y empresas exportadoras. En 2002 declaraban pomposamente que un 35% del congreso había salido elegido con su respaldo.[cita requerida]
Con todas esas ventajas en su haber, las AUC no se conformaron solamente (como anteriores grupos paramilitares) con hacer el trabajo de refuerzo al Estado, sino que ocuparon ellos mismos por lo menos una cuarta parte del país. La ofensiva total contra la izquierda que incluyo en ella el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza en abril del 98 y del humorista Jaime Garzón en agosto de 1999, los llevo a atacar de manera sistemática a la población campesina supuestamente colaboradora de la subversión: solo entre 2000 y 2002, en crímenes colectivos las autodefensas mataron a casi 3100 civiles, sin contar las miles de victimas de desaparición forzada y asesinato selectivo; quizá 25.000 desde 1997 hasta 2005.[cita requerida]
Solo enumerando las incursiones más sangrientas, las AUC ejecutaron a alrededor de 30 personas en la región del Catatumbo (Norte de Santander) en agosto de 1999; a 66 habitantes del salado (Bolívar) el 18 de febrero del 2000;[92] a 15 campesinos muertos a garrote y piedra en Macayepo (Bolívar) el 16 de octubre del mimo año;[93] a 38 civiles en la Ciénaga Grande de santa Marta (Magdalena) el 22 de noviembre siguiente; a otros 27 labriegos liquidados a mazazos en el corregimiento del Chengue (Ovejas, Sucre) el 17 de enero del 2001;[94] a 40 indigenas entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (Alto Naya) en abril de 2001; y finalmente a 140 inocentes en todo el país en los primeros 10 días de octubre del 2001, 24 de ellos en Buga (Valle).[cita requerida]
El terror como estrategia de guerra les permitió alcanzar grandes victorias sobre la subversión, pero le significo la muerte a más de 25.000 colombianos y el desplazamiento a dos millones mas. El repliegue de las FARC hasta 2003 debió en todo caso mucho a la táctica de tierra quemada de las AUC.[cita requerida]
Gobierno Uribe [editar]
La Política de Seguridad Democrática [editar]
Con una contundente victoria en primera vuelta, Álvaro Uribe Vélez llego al poder, movilizando a un gran numero de colombianos en torno al lema de campaña “mano firme, corazón grande”, que contenía la reiterada inconformidad del país frente al fracaso de un proceso de paz, que antes de debilitar el poder de la insurgencia, multiplico sus zonas de influencia y permitió la expansión del paramilitarismo.[cita requerida]
El debut presidencial de Uribe aconteció en unas circunstancias especialmente difíciles. El 11 de agosto, la intensificación de los ataques de las FARC le empujó a declarar el estado de conmoción interior o de excepción por un período de 90 días prorrogable. Al facultar al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias por decreto y asumir funciones legislativas, la excepcionalidad constitucional reforzó los temores en sectores de la oposición liberal e izquierdista de un debilitamiento del equilibrio institucional y del menoscabo de los derechos y libertades fundamentales. Así, en septiembre, el Gobierno estableció en los departamentos de Arauca, Bolívar y Sucre dos Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación, donde miembros de la Fuerza Publica estaban habilitados para realizar detenciones de sospechosos sin orden judicial, interceptar las comunicaciones privadas y restringir los movimientos de las personas, asumiendo las funciones de policía judicial. Pronto se previo la creación de otras 5 áreas similares en los Departamentos del Meta, Guaviare, Guainía, Choco, Antioquia, Huila, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca, y Tolima. Pero a pesar de la magnitud y alcances de esta iniciativa, el fracaso de las zonas de rehabilitación fue inevitable como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional de no extender el Estado de conmoción interior mas allá de 2 prorrogas iníciales y de declarar fuera de ley, las Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación.[cita requerida]
Sin embargo, el grueso de la opinión pública acogió favorablemente estas medidas como también la aplicación del nuevo impuesto sobre el Patrimonio para financiar el esfuerzo de guerra y la puesta en marcha, con la creación de las primeras redes de cooperantes e informadores civiles, de la Política de Seguridad Democrática (PSD), cuyo documento marco fue presentado por el presidente y la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en el departamento de Putumayo el 29 de junio de 2003.[cita requerida]
En su exhaustivo articulado, la PSD diagnosticaba los tipos de amenazas que infligían las diversas "organizaciones armadas ilegales" activas en Colombia, como son el terrorismo, el homicidio, el secuestro y la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de armas y las finanzas ilícitas. En consecuencia, fijaba seis "líneas de acción". Éstas eran: la coordinación de todas las actuaciones del Estado a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y la Junta de Inteligencia Conjunta; el fortalecimiento del sistema judicial y las instituciones armadas y de seguridad (Fuerzas Militares, Policía, aparato de inteligencia); la recuperación y consolidación del control del territorio nacional que había estado o seguía en manos de guerrilleros y autodefensas, así como la eliminación del negocio de las drogas ilícitas y la desarticulación de las finanzas de las organizaciones narco-terroristas; la protección de las personas y las infraestructuras; la promoción de la "cooperación voluntaria y patriótica de los ciudadanos en cumplimiento de sus deberes constitucionales y en aplicación del principio de solidaridad que exige el moderno Estado social de derecho", a través de redes de cooperantes y programas de recompensas, más el refuerzo de la cooperación internacional en este terreno; y por último, la comunicación a la población de las políticas y acciones del Estado.[cita requerida]
Optimista el gobierno se concedió a si mismo un plazo máximo de un año y medio para debilitar a los ilegales, antes de abordar eventuales procesos de paz individuales con cada organización. El estimulo a la deserción iba a ser la táctica mas empleada por las autoridades. El marco asimétrico de la PSD, que otorgaba en todo momento la primacía al Estado y negaba a los irregulares la posibilidad de negociar en pie de igualdad, fue despreciado por las FARC, acogido con cautela por el ELN y tomado positivamente, según hicieron constar a mediados de octubre, por unas AUC sumidas en una crisis de identidad por las divisiones internas y la participación de algunos de sus dirigentes en actividades no contra guerrilleras como el narcotráfico y la extorsión. La desmovilización de los paramilitares fue, por tanto, el primer proceso gestionado por el Ejecutivo en el marco de la Seguridad Democrática.[95]
La negociación con los paramilitares [editar]
Sin dejar de lado la política de mano dura, encaminada a combatir la subversión, rasgo esencial de la política de seguridad democrática instaurada por Álvaro Uribe, el gobierno emprende el cuestionado proceso de negociación con los grupos paramilitares. Proceso que debería terminar con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatientes a la vida civil. En resumidas cuentas, mano dura para unos, mientras para los otros una total voluntad de paz. Esta desequilibrada relación no solo rompe la lógica de los gobiernos anteriores, para los cuales los diálogos con los paramilitares serian el producto de la negociación de paz con la guerrilla, sino que pone en evidencia el fracaso en los intentos de acercamiento entre gobierno e insurgencia. De ahí que se halla optado por desmovilizar primero las autodefensas, para luego avanzar en los diálogos con la guerrilla.[cita requerida]
Tomada la decisión de parlamentar con los paramilitares, Álvaro Uribe se dispone a abonar el terreno legal para conceder estatus político al grupo armado, como condición para adelantar las negociaciones. Es así como prorroga y reforma La ley 418 de 1997, a través de la cual se determinaba el estatus político del grupo armado, como uno de los prerrequisitos para poder negociaron con el, y emite el decreto 128 de 2003, mediante el cual se extienden los beneficios jurídicos para la reincorporación socioeconómica de los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley que decidan desmovilizarse.[cita requerida]
Las AUC abordaban el Proceso de paz en un momento crítico. Carlos Castaño inquieto por la inclusión de las Autodefensas en la lista de organizaciones terroristas de los EE.UU. y la Unión Europea (a lo que se sumaba la percepción criminal y devoradora de la protesta social que destilaba su fuerza ante la comunidad internacional), trato de darle a estas un giro radical en su estrategia política y sobre todo en su organización interna, consiente del peso que iba ganando el narcotráfico con todas sus consecuencias corrosivas, en las filas del paramilitarismo. Por eso mismo se intereso en buscar caminos que le permitieran el regreso a la legalidad, aunque implicaran la negociación con las autoridades estadounidenses. Esos bandazos sin embargo van conduciendo a Castaño al aislamiento del resto de sus copartidarios y a su posterior defenestración de la jefatura máxima de las AUC.[96]
El pacto de Ralito; crisis interna de las AUC [editar]
Si bien el terreno se venia abonando en materia jurídica, el proceso de acercamiento con los paramilitares en términos prácticos avanzaba a pasos agigantados: el 29 de noviembre de 2002, como culminación de la "fase de acercamiento" transcurrida en las últimas semanas, Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, jefes máximos de las AUC, notificaron el comienzo de una tregua unilateral indefinida el 1 de diciembre. El Bloque Central Bolívar y la Alianza Oriente, siguientes organizaciones paramilitares en importancia, adoptaron igual medida días después. Satisfecho el principal e innegociable prerrequisito, Uribe creo el 23 de diciembre una Comisión Exploratoria de Paz para canalizar los contactos con los irregulares de derecha, a cuyo frente puso al Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo.[95]
Las conversaciones formales con las AUC arrancaron el 22 de enero de 2003 y el 15 de julio siguiente alumbraron en Santa Fe de Ralito, área rural del municipio de Tierralta (base de operaciones de Mancuso en Córdoba), un Acuerdo para contribuir a la paz en Colombia que daba por finiquitada la "fase exploratoria" y abría camino a una etapa de negociación oficial. Los signatarios asumían una serie de compromisos: los paramilitares, la desmovilización gradual de sus aproximadamente 15.000 hombres desde finales del año en curso hasta el 31 de diciembre 2005 a más tardar; el Estado, la facilitación de dicho proceso estableciendo "zonas de concentración" con garantías jurídicas temporales y adelantando los mecanismos de reinserción de los ex combatientes en la sociedad civil. La verificación del proceso correría a cargo de la OEA.[95]
Estos avances en la negociación no solo iban dejando a su paso la desmovilización y el desarme de grupos paramilitares en Antioquia y Cauca, sino que reclamaba un marco jurídico mas solido, que garantizara por un lado herramientas necesarias para avanzar en el proceso (beneficios para los paramilitares), y por el otro reparación de las victimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos irregulares de extrema derecha. En consecuencia en Agosto de 2003 inicia su trámite en el Congreso un controvertido proyecto de Ley llamado, en su primera versión, de Alternatividad penal; este contemplaba beneficios Jurídicos a los paramilitares que iban desde una sustantiva rebaja de penas hasta la posibilidad de no cumplir ninguna condena. De hay que esta primera versión pronto recibió una lluvia de criticas provenientes de diferentes sectores de oposición e incluso de la bancada Uribista, que obligaron al Alto Comisionado para la paz a retirar el proyecto.[cita requerida]
Procurando corregir los vacios jurídicos del primer intento frustrado, el Gobierno presenta en el 2004 al Congreso un nuevo proyecto de Ley denominado “Justicia y Reparación”, a través del cual se contemplaba el cumplimiento de unas penas mínimas de cárcel por parte de los miembros de las autodefensas y la creación de un Tribunal de verdad y justicia para que juzgara los delitos cometidos por los paramilitares.[cita requerida]
En tanto el marco jurídico se abre camino, las denuncias frente al incumplimiento por parte de los paramilitares al cese de hostilidades acordado en Santa Fe de Ralito (al menos 2400 civiles fueron ejecutados por esta organización entre 2003 y 2005, 1000 de ellos en masacres colectivas) y la puja al interior de las AUC, que culmina con la desaparición y asesinato de Carlos Castaño, jefe supremo y principal vocero de esta organización en el proceso de negociación, pone de presente la crisis del proceso de paz, y con esta, el endurecimiento de la administración Uribe frente a las violaciones denunciadas y el llamado vehemente a los grupos de Autodefensa para que demostraran una genuina voluntad de paz. Como lo advirtieron muchos periodistas en Colombia y las autoridades estadounidenses, varios capos del narcotráfico estaban comprando Bloques enteros de la organización o montando franquicias falsas, para hacerse pasar como jefes paramilitares, y de ese modo recibir status de delincuentes políticos, legalizando su situación en la reinserción; de paso así también esquivarían la temida extradición. En efecto Carlos Castaño luego de haberle retirado los demás comandantes el rol interlocutor en las negociaciones con el Gobierno (puesto que se disponía a denunciar la progresiva infiltración del narco en su organización), fue mandado a asesinar por su propio hermano, Vicente Castaño en abril de 2004.[97] [98] [99]
Al mismo tiempo en los Llanos Orientales, las ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare al mando de los hermanos Buitrago), se vieron involucradas a partir de 2003, en una violenta guerra contra el Bloque Centauros de las AUC. La contienda que se prolongo por 15 meses y dejo 1000 muertos, solo concluyo con la ejecución de Miguel Arrollave “Arcangel”, el 19 de septiembre de 2004, a manos de sus propios hombres (entre ellos Pedro Oliviero Guerrero Castillo “Cuchillo”); y con la intervención del Ejercito, que descargo todo su peso sobre las estructuras ilegales que combatían en el sur de Casanare. La primera intervención contra las ACC de “Martin Llanos”, la Operación Astuto se lanzo el 29 de agosto de 2004 y dejo 16 paramilitares muertos. Pero la más grande embestida solo llego a finales de septiembre, cuando 2500 tropas de las brigadas móviles 1 y 16 avanzaron sobre Tauramena y Monterrey, en los límites de Casanare y Boyacá. La operación Santuario que buscaba pacificar la zona culmino con el desmantelamiento total de la estructura de los hermanos Buitrago, que conto en sus filas 27 muertos, 95 capturados y 87 desertores. Otros 15 miembros del Bloque Centauros también resultaron abatidos en la arremetida que culmino en los primeros días de octubre.[cita requerida]
La ley de Justicia y paz [editar]
Con su desaparición y muerte, el papel jugado por Carlos Castaño en el proceso de negociación fue asumido por Salvatore Mancuso, quien había empezado a ganar un mayor protagonismo en la mesa de negociación, lo que le permitió tomar la vocería de las AUC y firmar el 13 de mayo de 2004 un segundo pacto en Santa fe de Ralito, el Acuerdo de Fátima. Este acuerdo desempantano las negociaciones y le devolvió la legitimidad a partir del establecimiento de una “zona de ubicación”; permitió también la consecución de cuatro objetivos: 1. Facilitar la consolidación del proceso de paz que se adelanta con las AUC. 2. Alcanzar el cese de hostilidades. 3. Avanzar hacia la definición de un cronograma de concentración y desmovilización de los integrantes de las AUC. 4. Permitir la interlocución de la mesa de dialogo con todos los sectores Nacionales e Internacionales.[cita requerida]
Con el terreno mas despejado, el gobierno emprendió nuevamente la tarea de viabilizar ante el congreso el marco jurídico que fijaría las condiciones para una efectiva desmovilización de los grupos paramilitares, a través de un proyecto de Ley presentado por un grupo de Congresistas Uribistas. No obstante, este primer proyecto duramente criticado por la oposición naufrago, y el que le siguió, presentado por el ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, se asemejaba en su articulado un 95% al anterior. Además se debió sortear con los condicionamientos impuestos por los norteamericanos, reticentes a que capos del narcotráfico se colaran en las filas de las AUC, y por esa vía evitaran su extradición.[cita requerida]
Este desencuentro entre proyectos que emanaban de la fuente oficial y que intentaban legislar sobre el mismo tema, dejo en claro las contradicciones del Gobierno Uribe y de su bancada entorno al elemento que debería privilegiarse. Mientras para unos era claro que la justicia primaba sobre la paz y por ende debería castigarse los abusos cometidos por los paramilitares, como es el caso del proyecto Pardo-Parody, para otros debería primar la búsqueda de la paz, como lo dejo ver el proyecto de Ley presentado por el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo y un grupo de congresistas entre los que se encontraba Armando Benedetti, Sandra Ceballos, Adriana Gutiérrez, Zulema Jattin y William Vélez.[cita requerida]
Una vez presentado el proyecto del alto Comisionado al congreso, el Gobierno tuvo que condicionarlo a los intereses enfrentados de las distintas partes. Así es como en poco tiempo se genera una serie de fuertes críticas y temores entre los parlamentarios, entorno al fantasma del Narcotráfico evidenciado en la nueva definición de “delito político” consignada en el artículo 64. Estos temores no eran infundados, puesto que empezaron a surgir rumores (ciertos en todo caso) respecto al hecho de que importantes capos (Gordo Lindo El Tuso Sierra, los Mellizos Mejía Munera, y un largo etcétera) estaban comprando bloques de Autodefensas próximos a desmovilizarse para adquirir los beneficios que otorgaba la Ley y de paso librarse de la extradición. Estas inconsistencias en el proyecto del Comisionado Restrepo y el peligro que representaba la ambigüedad de algunos artículos, fueron objetos de preocupación de ONG, de organismos Internacionales como la OEA y del gobierno norteamericano, quien condiciono su ayuda económica al Estado colombiano justamente al hecho de que este “extradite a los miembros de las organizaciones que tengan cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos”.[cita requerida]
El 1 de julio de 2004, arriesgado a última hora por el breve secuestro del ex senador José Eduardo Gnecco Cerchar, principiaron en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito el proceso de concentración de las autodefensas y el diálogo oficial sobre el desarme, la reinserción subsidiada, la sustitución de los cultivos de coca y los aspectos judiciales. El 25 de noviembre, con casi un año de retraso sobre el calendario esbozado en el Acuerdo de 2003, depusieron las armas 452 integrantes del Bloque Bananero de las AUC. El 10 de diciembre les siguieron Mancuso, el comandante Camilo del Bloque Catatumbo y los 1.585 hombres a sus órdenes. [95]
En los meses siguientes, nuevos contingentes de paramilitares renunciaron a la violencia, pero en sectores de la opinión pública cundió la sensación de que quienes eran responsables de terribles violaciones de los Derechos Humanos podrían no responder de sus crímenes ante la justicia, recibiendo impunidad a cambio de la paz. Como si fuera poco el hecho de que al final se terminaran entregando mas de 30.000 hombres, y no los 15.000 que se suponía conformaban las AUC, termino por confirmar el hecho de que la infiltración del narco en la filas de la organización ultraderechista era una realidad.[cita requerida]
Los múltiples proyectos de ley, la confusión y el trasiego de versiones y enmiendas precedieron la aprobación por el Congreso el 22 de junio de 2005 del marco jurídico del proceso de desmovilización de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz, que establecía penas máximas de cinco a ocho años de privación de libertad para los acusados de delitos graves, confesados en "versión libre" por los propios desmovilizados como requisito para recibir los beneficios legales o que el Estado pudiera probar a posteriori, y que protegía contra la apertura de procesos de extradición a Estados Unidos, excluidos aquellos que ya estuvieran en curso. Los múltiples vacios a que daba lugar no demoraron en levantar una aguda polémica. [95]
Los primeros en manifestarse en contra fueron los editorialistas del New York Times, quienes calificaron a la ley de justicia y paz “como una ley de impunidad para asesinos, terroristas y traficantes de cocaína”. Pronto les siguieron la ONU, políticos de distintas tendencias y con más énfasis las ONG defensoras de los Derechos Humanos y las propias víctimas: les parecía un pacto demasiado indulgente con los paras, que recibían un estatus de delincuentes políticos y que además se hacían acreedores de retribuciones económicas, hasta el punto de recordarles una "amnistía encubierta". Los miembros del oficialismo, por el contrario, destacaron la salvaguardia de los principios de justicia y reparación, y de manera más o menos explícita indicaron que si el rigor penal hubiese sido mayor, las autodefensas no habrían aceptado reinsertarse.[cita requerida]
Pese a las garantías brindadas por el Ejecutivo, muchas de las estructuras paramilitares negaron a entregarse al amparo del lucrativo negocio del narcotráfico y todas las actividades ilícitas conexas (la extorsión, el tráfico de gasolina, el contrabando, el chance, etc.), en el marco de una narcotización y criminalización ya casi total (las famosas Bandas Criminales, Bacrim).[cita requerida]
Hechos recientes [editar]
El 10 de enero del 2008 Venezuela llevó a cabo la "Operación Emmanuel", con la autorización de Colombia y el apoyo de la Cruz Roja, la cual consistió en concretar la liberación de dos de los secuestrados que había sido previamente anunciada por las FARC. Fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo de Perdomo. Emmanuel, hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio, ya no se encontraba en manos de los guerrilleros sino en las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pudiendo reunirse con su madre biológica después de casi dos años de separación.
El 1 de marzo a las 12:25, alias Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, murió a causa de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Colombia en la Operación Fénix, en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, constituyendo el golpe más duro a las FARC. En el operativo, murieron varios guerrilleros más. Dicho operativo desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador, principalmente, al igual que entre Colombia y Venezuela.
"Uribe nos quiso acusar de contubernio y de albergar lo que llama terroristas. Es un insulto. El país que más los alberga es Colombia, narcotraficantes, paramilitares y guerrilla; las FARC tienen en Colombia 500 campos. Quién alberga a quién?"[100]
Rafael Correa, Presidente de Ecuador
El 13 de mayo de 2008, 14 jefes de las autodefensas (Entre ellos "Jorge 40" y Salvatore Mancuso) fueron extraditados a Estados Unidos. El argumento que dio el gobierno para dar vía libre a la extradición fue que ellos seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la ley de justicia y paz.
El 2 de julio de 2008, Íngrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano en una zona selvática del departamento del Guaviare de Colombia en una operación de inteligencia militar denominada "Operación Jaque", junto a tres ciudadanos estadounidenses y siete miembros del Ejército de Colombia y cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia.
Véase también [editar]
- Historia de Colombia
- Época de la Violencia en Colombia (1948-1960)
- Categoría:Víctimas del conflicto armado en Colombia
- Autodefensa Obrera (ADO)
- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
- Ejército de Liberación Nacional (ELN)
- Ejército Popular de Liberación (EPL)
- Ejército Revolucionario Guevarista (ERG)
- Movimiento 19 de Abril (M-19)
- Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)
- Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
- Corriente de Renovación Socialista (CRS)
- Movimiento Jorge Eliecer Gaitán (JEGA)
- Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL)
- Comando Ricardo Franco Frente Sur (CRF)
- Ejército Republicano Independentista de la Costa Atlántica (ERICA)
- Movimiento de Autodefensa Obrera (MADO)
- Patria Libre
- Movimiento Independiente Revolucionario (MIR)
- Comandos Armados: Comando Pedro León Arboleda (PLA)
- Coordinadora Nacional de Base (CNB)
- Movimiento Armado Rebelde (MAR)
- Jaime Bateman Cayón (JBC)
- Movimiento de Unificación Revolucionaria – Marxista Leninista (MUR-ML)
- Movimiento de Acción Liberadora (MAL)
- Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB)
Referencias [editar]
- ↑ Santos disuelve el DAS y se aleja aún más de su predecesor
- ↑ El final del DAS
- ↑ segured.com: 3 mil funcionarios del DAS se someterán a polígrafo
- ↑ http://www.elperiodicodemexico.com/nota_impresion.php?sec=&id=442382
- ↑ a b Recuento histórico del conflicto en VerdadAbierta (primera parte)
- ↑ Atículo en Semana de 1987
- ↑ Artículo en Semana de 1988
- ↑ a b Revista Semana: La dinámica del conflicto colombiano, 1988-2003
- ↑ Artículo en la revista Semana
- ↑ Panorama general del desplazamiento causado por el conflicto armado
- ↑ Artículo en VerdadAbierta.com
- ↑ Artículo sobre el debilitamiento de las Farc
- ↑ Artículo sobre el conflicto en el Cauca
- ↑ ídem
- ↑ Venganza y cultura en Bogotá: Arturo Laguado. Escuela de Ciencias Humanas Universidad del Rosario
- ↑ Comisión de la Verdad (Perú): NARCOTRÁFICO, CONFLICTO ARMADO INTERNO Y CORRUPCIÓN
- ↑ «Colombia sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína» (en español). El Universal (Venezuela) - El Tiempo (Colombia). Consultado el 01/07/2008.
- ↑ «Colombia, el país más violento de América Latina» (en español). El Tiempo (Colombia). Consultado el 26/05/2008.
- ↑ Jaime Torres Sánchez, Luz Amanda Salazar Hurtado: Introducción a la historia de la Ingeniería y de la educación en Colombia. Versión OnLine
- ↑ Amnesty International: Más muertes y abusos mientras el gobierno colombiano niega la situación de derechos humanos
- ↑ UNICEF: Sembrando Minas Cosechando Muertes
- ↑ UNHCR: Child Soldiers Global Report 2008 - Colombia
- ↑ Herrera Durán, Natalia (29 de abril de 2013). «Colombia, el país con más desplazados en el mundo». El Espectador. Consultado el 30 de abril de 2013.
- ↑ a b «Colombia tops IDMC internally displaced people list». BBC (29 de abril de 2013). Consultado el 30 de abril de 2013.
- ↑ «Desplazamiento interno en Colombia». ACNUR. Consultado el 05-03-2013.
- ↑ «Colombia: cuatro millones de desplazados y 400 mil refugiados». El Espectador. Consultado el 05-03-2013.
- ↑ Revista Pueblos: Colombia: conflicto armado y medio ambiente
- ↑ a b Fuerzas Aérea Colombiana: Junio 5 de 2004 / Día Mundial del Medio Ambiente: El desastre ecológico causado por el terrorismo en Colombia
- ↑ Terra.com: Por la libertad, la paz y los acuerdos humanitarios
- ↑ La Nación: Marcha por la paz en Colombia
- ↑ LaRazón.Es: Asesinos de Colombia, “Columnista español Alfonso Ussía, cuestiona carácter revolucionario de la guerrilla, y dice que Farc son 'la banda más asesina del mundo'”
- ↑ Presnsa libre: Colombianización copa el país
- ↑ Exteriores Libertad Digital: La colombianización de México
- ↑ Aporrea.org: Colombianización en marcha
- ↑ El Nuevo Diario: La colombianización avanza
- ↑ Diario La Hora: Ecuador DEBATE Nº62 COYUNTURA
- ↑ http://www.ecsbdefesa.com.br/arq/Art526.htm ecsbdefesa: ¿‘Colombianización’ de la guerra en Afganistán?]
- ↑ a b KAS: Oficina Colombia
- ↑ a b c d Medios para la Paz: Movimientos de beligerancia reconocidos
- ↑ Clarín: Chávez defiende a las FARC: "Son un ejército, no son terroristas"
- ↑ Criticas Magazine: Las FARC en México. De la política al narcotráfico
- ↑ HRW: Más allá de la negociación: El derecho internacional humanitario y su aplicación a la conducta de las FARC-EP
- ↑ Nuestra América: Status político, beligerancia y terrorismo, Por Miguel Ángel Herrera Zgaib
- ↑ Constitución política de Colombia: Ley 418 de 1997
- ↑ «Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras».
- ↑ «Reconocer conflicto armado no es darle beligerancia a terroristas: Juan Manuel SantosCaracol».
- ↑ Arrubla, Mario (1980): Colombia Hoy, Siglo XXI Editores de Colombia. Bogotá.
- ↑ a b c d [http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/LOS+SUE%C3%91OS+Y+LAS+MONTA%C3%91AS+-+1964-+1984+-+Fragmentos.pdf ]
- ↑ Colombia.com: La historia del ELN
- ↑ GLOBALEXCHANGEL.ORG, El comienzo (1981-1991)
- ↑ VERDADABIERTA.COM, Conflicto armado 1981 - 1989
- ↑ Ferro Medina, Juan Guillermo: «Las FARC y su relación con la economía de la coca en el sur de Colombia: Testimonios de Colonos y Guerrilleros», L´ordinaire Latino-americain 179: enero-marzo de 2000.
- ↑ Caracol Radio: La toma del Palacio...minuto a minuto
- ↑ a b c d e f g h «Escobar: 17 años de historia del criminal». El Tiempo (2/12/1993). Consultado el 16 de agosto de 2012.
- ↑ «40 años de las FARC. Pág. 4: Crecimiento», en BBC Mundo.
- ↑ a b radionegroprimero.org, Caso Colombia: Información para Comprender la Situación
- ↑ ELTIEMPO.COM, El Ejército Ataca Casa Verde
- ↑ http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=112294
- ↑ http://www.youtube.com/watch?v=PehV1h5878s
- ↑ http://www.youtube.com/watch?v=xEl6lXAV-I0&feature=related
- ↑ a b c [http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/colombia/ernesto_samper_pizano ]
- ↑ Revista Semana: Golpes de Pecho
- ↑ [1]
- ↑ El Espectador: Ataque a Patascoy: 15 minutos de horror y 10 años de secuestro
- ↑ Vanguardiavalledupar: Patascoy, una pesadilla que no se olvida
- ↑ Hora de renuncias
- ↑ «[http:// http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-748743 el billar un reto sin antecedentes]». El Tiempo (7/03/1998). Consultado el 23 de noviembre de 2012.
- ↑ «[http:// http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-493885 Escobar: se esta perdiendo la guerra]». El Tiempo (8/09/1996). Consultado el 23 de noviembre de 2012.
- ↑ El Espectador: Una pesadilla que lleva 10 años
- ↑ Vanguardia Liberal: Nación, condenada por toma de Miraflores
- ↑ El Espectador: Mitú fue el infierno
- ↑ El Tiempo: Se conmemoran 10 años de la toma a Mitú, el golpe más sangriento de las Farc
- ↑ elespectador.com, Mitú fue el infierno
- ↑ «Cronología del proceso de paz», en BBC Mundo: 21 de febrero de 2002.
- ↑ [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1233863 ]
- ↑ a b c d e f [2]
- ↑ [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1251086 ]
- ↑ [ http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1282366 ]
- ↑ La republica (02-01-2001). ANSA (ed.): «Gobierno le pide a las FARC pronunciamiento». Consultado el 12-10-2010.
- ↑ El Colombiano (03-03-2002). bibliotecapiloto.gov.co (ed.): «El día de guerra a $45.000 millones». Consultado el 26-10-2010.
- ↑ El Tiempo (01-03-2001). «GOLPE AL TRANQUILANDIA DE LAS FARC». Consultado el 26-10-2010.
- ↑ Semana (09-04-2001). «Golpe maestro». Consultado el 26-10-2010.
- ↑ AFP (16-06-2001). El Mercurio (ed.): «FARC entregó al gobierno colombiano a 29 efectivos capturados en combate». Consultado el 31-10-2010.
- ↑ La República (16-06-2001). «Las FARC liberan a 242 soldados y policías». Consultado el 01-11-2010.
- ↑ Hernández-Mora, Salud: «Las FARC secuestran un avión para raptar a un senador», en EL Mundo: 21 de febrero de 2002.
- ↑ http://vimeo.com/27208756
- ↑ La Fiscalía General de la Nación de Colombia reconoce la existencia de 74 víctimas, cuyos cadáveres procedió a analizar según Boletín de Prensa nº 135. Reitera la cifra en todos los documentos de condena a los diversos autores identificados y condenados con el siguiente texto: "La masacre de Bojayá fue perpetrada el 2 de mayo de 2002, cuando un cilindro bomba lanzado por las Farc mató a 74 personas que se refugiaban en la iglesia de la población." Por ejemplo en: [3]
- ↑ Nación: Mensajes en computadora de "Reyes" hablan de atentados contra Uribe
- ↑ «Paramilitares Genocidas». Univisión (YouTube). http://www.youtube.com/watch?v=dtliQ7zqqGM.
- ↑ Se entrenaban para matar picando campesinos vivos
- ↑ Infiltración paramilitar
- ↑ Más de 100 fueron las personas asesinadas por 'paras' en masacre del Salado, revela la Fiscalía. El Tiempo (Colombia). 06/23/2008. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia_c/2008-06-23/mas-de-100-fueron-las-personas-asesinadas-por-paras-en-masacre-del-salado-revela-la-fiscalia_4341911-1. Consultado el 6-23-2008.
- ↑ Coincidencias macabras
- ↑ Chengue: una masacre sin ruido. Semana (Colombia). 07/30/2008. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=114043. Consultado el 30 de julio de 2008.
- ↑ a b c d e [4]
- ↑ «La negociación secreta de Carlos Castaño». Revista Cambio (latinoamerica-online.it). 2/10/2002. http://www.latinoamerica-online.it/archiviopaesi/colombia2.html. Consultado el 20 de julio de 2008.
- ↑ «Vicente Castaño fue condenado a 40 años por asesinato de su hermano Carlos». vanguardia.com. Consultado el 24 de diciembre de 2012.
- ↑ «40 años de cárcel a Vicente Castaño, asesino de su hermano Carlos». elespectador.com. Consultado el 24 de diciembre de 2012.
- ↑ «Vicente Castaño, condenado por matar a su hermano Carlos Castaño». noticiascaracol.com. Consultado el 24 de diciembre de 2012.
- ↑ Ultimas Noticias: El Gobierno 'se tomará su tiempo'
Bibliografía [editar]
- Giraldo, Juan Fernando (2005). «Colombia in Armed Conflict?: 1946-1985». Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana (Papel Político) 18. p. 43-78. http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/documents/colombia.pdf. [PDF file]
Enlaces externos [editar]
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Conflicto armado interno en Colombia. Commons- Información sobre las Fuerzas Militares de Colombia
- Bioética y conflicto armado
