Derechos humanos en Colombia

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Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Introducción[editar]

El propósito de los Derechos Humanos es el de dar protección a la agencia humana, es decir, defender a los agentes humanos de la opresión y el abuso que otros cometan en su contra.[1] Sin embargo, su respeto en la cotidianidad de algunos países es un serio reto para los Estados y, por lo tanto, para los entes internacionales encargados de velar por ellos.

Un caso concreto que permite evidenciar las particularidades del problema mencionado es el colombiano. Durante aproximadamente 40 años, Colombia ha vivido un conflicto armado que ha causado una constante y sistemática violación a los Derechos Humanos de sus habitantes, principalmente aquellos residentes en el sector rural. Tan sólo en el año 2003 se presentaron, por cuenta de los grupos ilegales 23.013 homicidios, 3.387 secuestros extorsivos, 121 masacres y cerca de 175.270 nuevas personas desplazadas.[2]

Enfrentar y detener dicho fenómeno se torna cada vez más complicado al existir la dificultad de definir y atribuir dichas violaciones; sin embargo los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado; por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación. Si existen además actores armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estarían cometiendo una infracción al derecho internacional humanitario.

Ahora bien, algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, la magnitud de la población afectada es tal que gran parte de las violaciones no llegan a ser reconocidas institucionalmente y permanecen en la impunidad. De igual forma, es necesario tener en cuenta que existe una disputa entre el gobierno colombiano y las ONG a la hora de sustentar, cualitativa y cuantitativamente, la realidad del fenómeno. Es por eso que muchas de ellas han acusado al gobierno de persecución política. Lo anterior puede ser entendido bajo la diferencia ideológica presentada por cada uno: las ONG con una posición critica y pasiva, frente a la posición del gobierno colombiano, que ha radicalizado su discurso y ha atacado a muchas de las organizaciones de derechos humanos.[3]

Además de lo expuesto hasta el momento, Colombia evidencia una paradoja al presentar un nivel de violencia muy elevado –junto a una constante impunidad- y una sobreabundancia de normas y leyes que, al no ser respetadas, acaban en demostrar la inoperancia del Estado.

El caso colombiano es un claro ejemplo de cómo un discurso, como el de los derechos humanos, bajo condiciones de conflicto y violencia, genera una gran dificultad para ser llevado a la práctica. Se encuentra, entonces, que tanto el discurso como la realidad carecen de una misma orientación y que aspectos como los Derechos Humanos no deben ser estudiados y exigidos de la misma forma que se hace en otros contextos y sociedades, donde la violencia y la desigualdad no son algunos de los factores que los caracterizan.

Perspectiva de los líderes políticos en 2010[editar]

Poco antes de las elecciones presidenciales de Colombia de 2010, Antanas Mockus, Rafael Pardo, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, los candidatos a la presidencia, dieron su punto de vista sobre los derechos humanos en una entrevista.[4]

Preguntados sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia, mostraron diversos grados de preocupación y diferentes percepciones del origen principal del problema. En cuanto a la gravedad de la situación actual, Juan Manuel Santos fue el más optimista y Rafael Pardo el más negativo. En cuanto al origen, Juan Manuel Santos lo asoció al terrorismo, Noemí Sanín al narcotráfico, Germán Vargas Lleras con la impunidad, Gustavo Petro y Rafael Pardo se fijaron más en los agentes del estado y los paramilitares, y Antanas Mockus señaló la necesidad de coherencia: luchar contra la delincuencia desde la legalidad democrática.

Juan Manuel Santos también destacó que el combate a las bandas criminales debía ser una prioridad coordinada desde el Ministerio de Defensa, pero que estas eran mucho más débiles y menos ideologizadas que las desmovilizadas AUC. Antanas Mockus resaltó la importancia de la fuerza de la presión social a la hora de rechazar y superar al narcotráfico.

Referencias[editar]

  1. IGNATIEFF, Michael. Los derechos humanos como política e idolatría. 2003. Paidós Estado y Sociedad: Buenos Aires. p. 11
  2. Sin Autor. Derechos Humanos en Colombia: Verdades y Mentiras. 2004 Colección Revelaciones: Bogotá. P. 7
  3. Sin Autor. Derechos Humanos en Colombia: Verdades y Mentiras. 2004 Colección Revelaciones: Bogotá. P. 15
  4. Entrevista a candidatos presidenciales en Semana.com

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]