Historia republicana del Perú

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La historia republicana del Perú es la historia peruana bajo gobierno republicano independiente, que se prolonga hasta la actualidad. Oficialmente, la historia del Perú independiente empieza el 28 de julio de 1821, día en el que el general argentino José de San Martín, jefe de la Expedición Libertadora, proclamó la independencia del Perú en Lima, la capital del entonces Virreinato del Perú. Para el historiador Jorge Basadre el punto de partida del nacimiento de la República del Perú es la instalación del Primer Congreso Constituyente del Perú, el 20 de septiembre de 1822.[1]

Iniciación de la República (1821-1842)[editar]

Instalación del Congreso Constituyente en la capilla de la Universidad de San Marcos el 20 de septiembre de 1822. Cuadro de Francisco González Gamarra.

Al período de veinte años, que va de 1822 a 1842, el historiador Jorge Basadre denomina la Época Fundacional de la República.

San Martín, tras proclamar la independencia del Perú, asumió el mando político militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de Protector, según decreto dado el 3 de agosto de 1821. Dio también al flamante Estado Peruano su primera bandera, su primer escudo, su himno, su moneda, así como su inicial estructura y sus primeras instituciones públicas.

El 27 de diciembre de 1821, San Martín convocó por primera vez a la ciudadanía con el fin que eligiera libremente un Congreso Constituyente, que tendría la misión de establecer la forma de gobierno que en adelante regiría al Perú, así como dar una Constitución Política adecuada. Dicho Congreso se instaló el 20 de septiembre de 1822 y su primer presidente fue el clérigo Francisco Xavier de Luna Pizarro.

San Martín, no pudo, sin embargo, culminar la guerra contra los españoles. Si bien todo el norte del Perú se había sumado voluntariamente a la causa patriota, el centro y el sur del país permanecían ocupadas por las tropas virreinales. San Martín consideró necesaria la ayuda militar externa y en pos de ella fue a entrevistarse en Guayaquil con el libertador Simón Bolívar, que al mando de la Expedición Libertadora del Norte, había logrado la independencia de los actuales territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador, éste último, con ayuda de tropas peruanas. En la entrevista de Guayaquil, realizada entre los días 26 y 27 de julio de 1822, los Libertadores discutieron tres importantes cuestiones:

  • La suerte de Guayaquil, que siendo territorio peruano, fue anexado por Bolívar a la Gran Colombia.
  • La ayuda que debía prestar Bolívar para el fin común de la independencia del Perú.
  • La forma de gobierno que debían adoptar las nacientes repúblicas hispanoamericanas.

La entrevista no llegó ningún resultado concreto. En lo que respecta al primer punto, Bolívar ya había decidido que Guayaquil perteneciera a la Gran Colombia y no admitió ninguna discusión al respecto. En cuanto al segundo punto, Bolívar ofreció enviar al Perú una fuerza auxiliar grancolombiana de 2.000 hombres, que San Martín consideró insuficiente. Y en lo referente al tercer punto, Bolívar era decididamente republicano, contraponiéndose así al monarquismo del Libertador rioplatense. Desilusionado, San Martín retornó al Perú, ya convencido de que debía retirarse para dar pase al Libertador del Norte. Renunció ante el recién instalado Congreso del Perú, que acto seguido, entregó el Poder Ejecutivo a tres de sus miembros, que conformaron un cuerpo colegiado de tres miembros denominado la Suprema Junta Gubernativa y cuya cabeza era el general José de la Mar (21 de septiembre de 1822). Los otros integrantes de dicha junta eran Manuel Salazar y Baquíjano y Felipe Antonio Alvarado.

La Junta Gubernativa quiso acabar la guerra de la Independencia por cuenta propia y organizó la Primera Campaña de Intermedios, que culminó en fracaso, tras las derrotas en Torata y Moquegua. Temerosos de un avance realista a la capital, los oficiales del Ejército se sublevaron en el llamado motín de Balconcillo y presionaron al Congreso para que destituyera a la Junta y nombrara como Presidente del Perú a José de la Riva Agüero (28 de febrero de 1823).

El Mariscal José de La Mar, vencedor de Ayacucho y presidente del Perú (1827-1829).

Riva Agüero quiso también derrotar a los españoles que aún resistían en el centro y sur del Perú, y organizó una Segunda Campaña de Intermedios, cuyo mando encomendó a Andrés de Santa Cruz. Los patriotas avanzaron hasta el Alto Perú, y tras ganar la batalla de Zepita, emprendieron una desordenada retirada hacia la costa, culminando así, esta expedición igualmente en fracaso.

Desacreditado ante la opinión pública, Riva Agüero tuvo una abierta disputa con el Congreso. Se trasladó a Trujillo, donde instaló su gobierno, mientras que en Lima el Congreso nombraba como nuevo Presidente a José Bernardo de Tagle, más conocido como el marqués de Torre Tagle. El Congreso, vista la crítica situación, acordó llamar a Bolívar y a su Ejército Libertador.

El 1 de septiembre de 1823 arribó al Callao el Libertador Bolívar. El día 10 de septiembre el Congreso de Lima le otorgó la suprema autoridad militar en toda la República. Seguía siendo Torre Tagle presidente, pero debía ponerse de acuerdo en todo con Bolívar. El único obstáculo para Bolívar era Riva Agüero, que instalado en Trujillo con un ejército de 3.000 hombres, dominaba toda la región aledaña. Sin embargo, los mismos oficiales de Riva Agüero, apresaron a éste y lo enviaron al destierro. Así se pudo finalmente unificar el mando del país en manos de Bolívar.

El 5 de febrero de 1824, se produjo un motín en las fortalezas del Callao, de resultas del cual los realistas recuperaron este importante bastión. Ante tal delicada situación, el Congreso dio el 10 de febrero un memorable decreto entregando a Bolívar la plenitud de los poderes para que hiciera frente al peligro, anulando la autoridad de Torre Tagle. Se instaló así la Dictadura.

Tras reunificar el mando del país, Bolívar instaló su cuartel general en Trujillo y organizó la campaña final de la Independencia, contando con la ayuda decisiva de los peruanos, tanto en soldados, como en dinero, abastecimientos y recursos de toda índole. Tras las batallas de Junín y Ayacucho, el 6 de agosto y 9 de diciembre de 1824 respectivamente, se logró derrotar definitivamente del Perú a las tropas realistas. Los últimos episodios de esta guerra fueron la campaña del Alto Perú, donde el general realista, Pedro Antonio de Olañeta, fue apresado y fusilado por sus propios subordinados en Tumusla (1825); y el sitio de la fortaleza del Callao, donde resistió el brigadier José Ramón Rodil hasta enero de 1826.

Consumada la guerra de la independencia, la ciudadanía peruana esperaba el final de la dictadura bolivariana y la instalación de un gobierno auténticamente peruano. Pero Bolívar se mantuvo en el poder, empujado por su deseo de gobernar sobre todos las naciones por él liberadas, bajo su mando vitalicio. El Libertador delegó sus funciones ejecutivas en un Consejo de Gobierno, entre cuyos titulares se contaron Hipólito Unanue y Andrés de Santa Cruz, y si bien retornó a la Gran Colombia en septiembre de 1826, dejó todo encaminado para que se jurara en el Perú la Constitución Vitalicia, lo que se hizo el 9 de diciembre de 1826, en medio de la indeferencia pública. Sin embargo, la influencia bolivariana finalizó en enero de 1827, cuando una reacción liberal y nacionalista, alentada por Manuel Lorenzo de Vidaurre y Francisco Javier Mariátegui y Tellería, expulsó de suelo peruano a las tropas colombianas que aún permanecían allí.

Establecido formalmente el Estado Peruano bajo el molde republicano, los primeros años de vida independiente se desarrollaron entre luchas caudillescas organizadas por los militares para alcanzar la presidencia de la naciente República.

Tras el gobierno provisorio de una Junta de Gobierno presidida por Andrés de Santa Cruz, el mariscal José de la Mar fue elegido presidente por el Congreso Constituyente, el 9 de junio de 1827. Durante su mandato promulgó la Constitución Liberal de 1828. Ocurrió también el terremoto de Lima de 1828. En el aspecto internacional, un ejército peruano al mando del general Agustín Gamarra invadió a Bolivia, donde puso fin a la influencia bolivariana, expulsando al presidente de ese país, el mariscal Antonio José de Sucre (1828). Asimismo, el Perú libró una guerra con la Gran Colombia, conflicto que fue desatado por Bolívar, irritado por el fin de su influencia en el Perú y Bolivia; otra razón fue su ambición por ocupar los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas. La guerra tuvo dos escenarios, el marítimo y el terrestre. En el primero de ellos, el Perú triunfó y ocupó Guayaquil, pero en el segundo no le fue bien, sufriendo un revés en la batalla del Portete de Tarqui (27 de febrero de 1829), que si bien no fue una derrota decisiva, motivó que se abrieran las negociaciones de paz, pues ambas naciones no tenían interés en proseguir las hostilidades. Se firmó así el llamado Convenio de Girón. Se hallaba La Mar todavía en plena negociaciones con los colombianos, cuando fue derrocado por el general Agustín Gamarra y desterrado a Costa Rica, en junio de 1829. Gamarra firmó un armisticio con los grancolombianos y enrumbó hacia Lima, donde asumió el gobierno de manera provisoria. Luego se hizo elegir presidente constitucional e instauró un gobierno conservador.

Agustín Gamarra, presidente del Perú (1829-1833 y 1839-1841).

Este primer gobierno de Gamarra (1829-1833) estuvo marcado por numerosas rebeliones internas. En el plano internacional, puso fin a la guerra con la Gran Colombia, firmando un Tratado de Paz, Amistad y Límites o Tratado Larrea-Gual por el que se mantuvo el statu quo fronterizo previo al inicio de hostilidades (1829). En 1831 quiso declarar la guerra a Bolivia pero ante la negativa del Congreso de darle la autorización necesaria, abrió negociaciones diplomáticas con dicha república, logrando finalmente ese mismo año firmar un tratado de paz y amistad con Bolivia, en Arequipa. También firmó un tratado con la recién fundada República del Ecuador, el llamado Tratado Pando-Novoa (1832), por el que los ecuatorianos reconocían los límites vigentes con el Perú. Ya por finalizar su gobierno, Gamarra convocó a una asamblea constituyente, denominada Convención Nacional, que se encargó de elegir a su sucesor.

Como el gobierno de Gamarra finalizaba en diciembre de 1833 sin haberse elegido a su sucesor (las elecciones de ese año se frustraron), la Convención Nacional, dominada por los liberales, eligió como presidente provisorio al general Luis José de Orbegoso. Descontentó Gamarra con el resultado de esta elección, que implicaba la hegemonía de los liberales en el poder, incitó a uno de sus partidarios, el general Pedro Pablo Bermúdez, a alzarse contra Orbegoso. La sublevación militar estalló en enero de 1834 y derivó en una guerra civil, que finalizó cuando los rebeldes bermudistas se reconciliaron con el gobierno, en el llamado abrazo de Maquinhuayo, en abril del mismo año.

La Convención Nacional dio finalmente una nueva Constitución Liberal, que fue promulgada en julio de 1834. No obstante, las amenazas de quiebra del orden constitucional continuaron. Orbegoso realizó una gira por las provincias del sur, a fines de 1834, lo que fue aprovechado por el general Felipe Santiago Salaverry, para alzarse en armas en el Callao. Rápidamente, Salaverry tomó el control de gran parte del país y se autoproclamó Jefe Supremo en 1835. Orbegoso, cuyo gobierno se redujo a Arequipa, llamó en su auxilio al presidente de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz, quien invadió al Perú, desatándose un sangriento conflicto, denominado la Guerra por el establecimiento de la Confederación peruano-boliviana.

Para enfrentar la invasión extranjera, Salaverry y Gamarra se aliaron. La guerra tuvo dos fases: la guerra entre Gamarra y Santa Cruz, y la guerra entre Salaverry y Santa Cruz. Santa Cruz derrotó a Gamarra en la batalla de Yanacocha (13 de agosto de 1835) y a Salaverry en la batalla de Socabaya (7 de febrero de 1836), tras lo cual estableció la Confederación Perú-Boliviana, que reunía a Bolivia con los dos estados en que quedó dividido el Perú: el Estado Nor Peruano y el Estado Sud Peruano. Para discutir y aprobar las bases de la estructura administrativa de la nueva entidad geopolítica se reunió el Congreso de Tacna, el cual aprobó la Ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana, más conocido como el Pacto de Tacna (1837).

Santa Cruz realizó en el Perú una gran labor administrativa y dio la tranquilidad necesaria para su bienestar y progreso. Pero la Confederación tuvo una vida efímera. En Chile, el todopoderoso ministro Diego Portales alertó a sus conciudadanos del peligro que significaba la consolidación de la Confederación para los planes expansionistas chilenos. Una alianza entre Chile y los emigrados peruanos enemigos de Santa Cruz posibilitó la conformación del llamado Ejército Unido Restaurador con el propósito de invadir el Perú y “restaurar” su situación política tal como era antes de 1835. La guerra de los restauradores contra los confederados tuvo dos fases. En la primera, un ejército restaurador al mando del marino chileno Manuel Blanco Encalada desembarcó en el sur peruano y se adentró hasta Arequipa, pero no logró el apoyo de los lugareños, y fue cercado por las fuerzas de Santa Cruz. Los restauradores se rindieron y firmaron el Tratado de Paucarpata (17 de noviembre de 1837). Pero el gobierno chileno desconoció este acuerdo y envió una segunda expedición restauradora al mando del general Manuel Bulnes y con Gamarra a la cabeza de los emigrados peruanos. Tras desembarcar en Ancón, los restauradores marcharon a Lima, donde les salió al encuentro Orbegoso, presidente del Estado Nor-Peruano, el cual se había separado de la Confederación y quería expulsar tanto a chilenos como a bolivianos. Se produjo el Combate de Portada de Guías, en las afueras de Lima (21 de agosto de 1838), donde fueron derrotados los orbegosistas, debido a su inferioridad numérica. Los restauradores entraron en Lima y Gamarra fue proclamado como presidente provisional del Perú, en sesión de Cabildo Abierto del 25 de agosto de ese año. Pero en noviembre los restauradores tuvieron que abandonar la capital, que fue recuperada por los confederados.

Los restauradores decidieron entonces cambiar el escenario de la lucha. Se retiraron al Callejón de Huaylas, donde se aprovisionaron y reorganizaron. El encuentro final se libró en la batalla de Yungay (20 de enero de 1839). Santa Cruz fue derrotado y huyó apresuradamente hacia Arequipa, para luego partir al destierro. La Confederación se disolvió, volviendo a ser el Perú y Bolivia estados individuales.

La Batalla de Ingavi y muerte de Gamarra. Óleo anónimo del Museo Nacional de Historia de Lima. Sala La República.

Gamarra, como presidente provisorio, convocó a un Congreso General en Huancayo, el mismo que dio la Constitución Conservadora de 1839. Luego Gamarra se hizo elegir presidente constitucional en 1840. Obsesionado con la idea de reunir nuevamente a Bolivia con el Perú, invadió dicho país, pero fue derrotado y muerto en la batalla de Ingavi, el 18 de noviembre de 1841. Las tropas bolivianas invadieron el sur peruano pero fueron contenidas por el pueblo peruano organizado en guerrillas. La paz entre Perú y Bolivia se firmó en Puno, el 7 de junio de 1842.

Caudillaje militar[editar]

Los caudillos fueron jefes militares que se disputaron el control del Estado durante gran parte del siglo XIX. Por lo general, habían combatido en la guerra de independencia; tenían tropas a su mando y prestigio militar. Esto les permitía tener el poder suficiente para llegar a la presidencia a través de un golpe de Estado o un levantamiento.

Para lograr sus objetivos, el caudillo debía mantener buenas relaciones con las familias aristocráticas y con los hacendados locales, que le prestaban tropas y dinero. Pero, al mismo tiempo, debía ganarse el favor de las clases populares. La revuelta de un caudillo solía iniciarse con una declaración pública en la que afirmaba que el gobernante de turno había quebrantado la ley, y que él le devolvería la legalidad al país. Luego, ambos bandos se enfrentaban militarmente. Si el triunfador era el caudillo, se autonombraba protector de la patria y convocaba a elecciones, las cuales ganaba fácilmente. Por último, mandaba a elaborar una Constitución acorde con sus intereses. Por ello, entre 1827 y 1845 se promulgaron cuatro Constituciones (1828,1834, 1836 y 1839) y más de una docena de caudillos ocuparon la presidencia.

La anarquía (1842-1844)[editar]

Manuel Ignacio de Vivanco, Supremo Director de la República (1843-1844).

Tras la muerte de Gamarra estalló un período de anarquía. Numerosos caudillos militares entablaron la lucha por el poder, desconociendo la autoridad de Manuel Menéndez, presidente del Consejo de Estado (cargo equivalente al de vicepresidente). Estos caudillos fueron el general Juan Crisóstomo Torrico, jefe del ejército del Norte; Antonio Gutiérrez de La Fuente, jefe del ejército del Sur; Domingo Nieto y Francisco de Vidal, quienes formaban parte del ejército del Sur, y el general Manuel Ignacio de Vivanco, quien anteriormente había encabezado en Arequipa la llamada “revolución regeneracionista” de 1841.

Torrico derribó a Menéndez y se proclamó Jefe Supremo del Perú, el 16 de agosto de 1842. Mientras tanto, el ejército del Sur se pronunció en el Cuzco a favor del general Vidal, quien aceptó encabezar la lucha contra el usurpador Torrico, en su calidad de 2.º vicepresidente del Consejo de Estado. Las fuerzas de ambos rivales se enfrentaron en la batalla de Agua Santa, cerca de Pisco, el 17 de octubre de 1842. Torrico fue completamente derrotado y se vio obligado a partir hacia Chile. Vidal asumió la presidencia del Perú el día 20 de octubre y desempeñó su alto cargo con probidad y desinterés. Hizo cuanto estuvo a su alcance por remediar los males de la administración pública. Logró que disminuyera la deuda contraída por el estado y que gravara sobre las aduanas; también merece citarse su esfuerzo por mejorar la educación de la juventud; pero la anarquía política vino a frustrar sus planes. Tuvo que afrontar la revolución acaudillada por el general Vivanco, que se autoproclamó Supremo Director de la República, el 14 de febrero de 1843. No queriendo desatar una guerra civil, Vidal declinó el mando en Justo Figuerola, que era el 1.º vicepresidente del Consejo de Estado (15 de marzo de 1843). Figuerola asistió al día siguiente a Palacio y recibió de manos de Vidal la banda presidencial. Días después, el mismo Figuerola se vio obligado a arrojar dicha banda desde el balcón de su casa, a los vivanquistas que lo pedían a gritos, según lo cuenta Ricardo Palma en una de sus tradiciones (19 de marzo de 1843).

Vivanco, que denominó a su régimen como el Directorio, representaba al sector más rígido del conservadurismo peruano. Se rodeó de hombres cultos, implantando una especie de Despotismo Ilustrado, pues creía que el país progresaría con el imperio del orden sobre la libertad. Poco a poco, la popularidad con que fue encumbrado fue disminuyendo y el descontento se hizo notar rápidamente, puesto que todas sus actividades las desenvolvió en medio del lujo, con detrimento de la hacienda pública.

Atendiendo al descontento popular, en el Sur, más precisamente en Tacna y Moquegua, se sublevaron los generales Ramón Castilla y Domingo Nieto, en defensa de la constitucionalidad (1843). Se propusieron devolver el mando de la República a quien legítimamente le correspondía, es decir a Meléndez. Estalló así la guerra civil. Castilla y Nieto, al mando de milicias, derrotaron a las fuerza regulares del gobierno en los combates de Pachía y San Antonio. Para combatir a los rebeldes, Vivanco se trasladó a Arequipa, lo que fue aprovechado por el prefecto de Lima, Domingo Elías, para proclamarse Jefe de la Nación. Ante el peligro de que los vivanquistas comandados por el general José Rufino Echenique invadieran Lima, Elías preparó la defensa de la capital durante la llamada "Semana Magna" (julio de 1844). Finalmente, Echenique optó por no atacar, al darse cuenta que la guerra iba a decidirse en el sur. En efecto, cerca de Arequipa se trabó la sangrienta batalla de Carmen Alto, entre las fuerzas de Castilla y las de Vivanco. Castilla resultó ganador (22 de julio de 1844).

Después de la guerra civil, Castilla y Elías se pusieron de acuerdo y devolvieron el poder a quien constitucionalmente le correspondía: Manuel Menéndez. A su vez, éste convocó a elecciones, en las que triunfó Castilla.

La Era del Guano (1845-1866)[editar]

Se conoce como la Era del Guano a un período de estabilidad y prosperidad que vivió el Perú entre 1845 y 1866, cuando el Estado Peruano fue sostenido por los importantes ingresos generados por la exportación del guano, principalmente hacia Europa, donde se desarrollaba la revolución agrícola. La fecha de inicio de la Era del Guano se fija comúnmente en 1845, año en el que Castilla comenzó su primer gobierno. El historiador Basadre denomina esta etapa como el de la Prosperidad Falaz, pues la bonanza fue efímera y terminó poco después de la guerra con España de 1865-1866.

Ramón Castilla, presidente del Perú (1845-1851 y 1855-1862).

La ascensión al poder del general Ramón Castilla como presidente constitucional el de 20 de abril de 1845 significó el comienzo de una etapa de calma institucional. Aunque las luchas personales continuaron en las décadas siguientes, la habilidad política de Castilla logró que disminuyeran los brotes conspirativos y las guerras civiles. Contando con esta tranquilidad y con el respaldo de la bonanza financiera proveniente de la venta del guano, se dedicó a organizar el Estado Peruano. Ordenó la economía nacional con el régimen de los presupuestos, canceló la deuda externa, dio al Perú una posición internacional relevante en el continente, fomentó el progreso intelectual y material, inició el desarrollo de la Amazonía, fundó el servicio diplomático, reformó la administración pública, inició la reforma educativa abandonando los moldes coloniales, modernizó el ejército y creó una fuerza naval respetable. Como signo del progreso material alcanzado se construyó el ferrocarril de Lima al Callao, que fue inaugurado en 1851, siendo el primero en serlo en Sudamérica.

Castilla completó tranquilamente su período presidencial de 6 años, siendo el primer presidente del Perú en hacerlo. En las elecciones de 1850 se postularon tres candidatos que representaban a los tres grupos en que estaba dividida la sociedad peruana. Uno de ellos era el general José Rufino Echenique, apoyado por Castilla; el otro fue el general Manuel Ignacio de Vivanco, antiguo enemigo de Castilla; y el tercero era el agricultor y empresario Domingo Elías, la primera candidatura de un civil en la historia republicana peruana.

El triunfo correspondió a Echenique, quien asumió la presidencia el 20 de abril de 1851. La situación política del país era estable y había una idea de progreso material que estaba muy arraigada en la población. El gobierno de Echenique realizó muchas obras y supo rodearse de hombres muy capaces. Sin embargo, se vio envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con la llamada Consolidación de la Deuda Interna, por el cual el Estado pagó la deuda que tenía con particulares desde los días de la independencia, pero desgraciadamente muchos se hicieron pasar por acreedores sin serlo. Estalló entonces una revolución de 1854 encabezada por Castilla y apoyada por los liberales, quienes auspiciaron, en pleno conflicto, dos medidas importantísimas: la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Echenique fue derrotado en la batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855, debiendo renunciar a la presidencia y abandonar el país.

Castilla asumió nuevamente el poder, como presidente provisorio. Convocó a una Convención Nacional (asamblea constituyente) cuyos representantes fueron elegidos por sufragio directo y universal, instalándose el 14 de julio de 1855. Esta Convención dio la Constitución Liberal de 1856. De este período provisorio hay que destacar también la ley de la libertad de prensa (25 de marzo de 1855) y la organización del Consejo de Ministros (1856). Apareció entonces la figura del Presidente del Consejo de Ministros del Perú.

El asalto de Arequipa del 6 al 7 de marzo de 1858.

Descontentos con el régimen liberal que se iba implantando, los conservadores se alzaron en Arequipa, en torno al caudillo Manuel Ignacio de Vivanco, viejo rival de Castilla. Estalló una sangrienta guerra civil, que culminó con el triunfo de Castilla tras la toma de Arequipa (7 de marzo de 1858).

No obstante, Castilla, pulsando el sentir ciudadano (que tradicionalmente era contrario al liberalismo anticlerical), se desligó de los políticos liberales que le habían apoyado e instauró un gobierno conservador. La Convención Nacional fue disuelta en noviembre de 1857. En 1858 se realizaron elecciones generales, en las cuales triunfó Castilla, asumiendo como presidente constitucional el 24 de octubre de ese año. En 1860 Castilla convocó a un Congreso Ordinario, el mismo que se arrogó la facultad de Constituyente y dio una nueva Constitución, que fue de tendencia moderada, es decir sin llegar a los extremismos conservadores o liberales; ésta ha sido la carta magna de más duración en la historia republicana peruana, pues estuvo vigente hasta 1920.

En su segunda presidencia constitucional, Castilla tuvo una intensa actividad política en el campo internacional. Se opuso enérgicamente a las intromisiones de las potencias europeas en América (Santo Domingo, México), convocando a la unidad americana. De otro lado, enfrentó una guerra victoriosa con el Ecuador (1858-1860). En el aspecto interno continuó el impulso dado al desarrollo de la Amazonía y al equipamiento de las fuerzas armadas, así como el fomento del progreso material con la adopción de los grandes adelantos técnicos como el telégrafo y el alumbrado a gas.

En las elecciones de 1862 Castilla apoyó al general Miguel de San Román, quien ganó y asumió la presidencia el 24 de octubre de 1862, pero murió meses después, víctima de una enfermedad (3 de abril de 1863). Lo sucedió el primer vicepresidente, general Juan Antonio Pezet, quien debió enfrentar un conflicto con España motivado por la presencia hostil de la Escuadra Española del Pacífico en las costas sudamericanas. Arrogantemente, los españoles ocuparon las islas guaneras de Chincha, exigiendo al gobierno peruano reparaciones por supuestas ofensas y agresiones inferidas a súbditos españoles. Naturalmente, la población peruana reaccionó contra lo que se consideró un agravio a la dignidad nacional y una violación a la integridad territorial.

Combate del Callao del 2 de mayo de 1866.

Pezet fue acusado de traidor a la patria por negociar con los españoles y firmar el humillante Tratado Vivanco-Pareja, del 27 de enero de 1865, por el cual se indemnizaba a los españoles por los gastos hechos durante su campaña naval y se establecían las bases para el pago de la deuda de la independencia, pago éste que se había acordado en la capitulación de Ayacucho de 1824. Una revolución liderada por el coronel Mariano Ignacio Prado tomó el poder y Pezet se embarcó hacia Europa. Prado se proclamó Dictador, declaró nulo el tratado Vivanco-Pareja, formó la Cuádruple Alianza con Chile, Ecuador y Bolivia y le declaró la guerra a España. Las defensas del Callao rechazaron con éxito la agresión de la escuadra española, en el combate del 2 de mayo de 1866. En 1871, por mediación de los Estados Unidos, se firmó un pacto de tregua y en 1879 quedó suscrito el definitivo tratado de paz en París. La deuda de la independencia no fue pagada.

Los gastos ocasionados por la guerra con España afectaron severamente a la economía del Perú. El llamado “boom guanero” empezaba ya a declinar.

Crisis económica y hacendaria (1867-1879)[editar]

Tras la guerra contra España, el dictador Mariano Ignacio Prado se convirtió en presidente provisorio. Pese a las críticas, Prado se presentó como candidato a la presidencia sin abandonar el poder, obteniendo el triunfo. Convocó también a un Congreso Constituyente, que se encargó de dar una nueva Constitución: la Constitución Liberal de 1867. Pero una revolución acaudillada por el general Pedro Diez Canseco en Arequipa y por el coronel José Balta en Chiclayo, trajo abajo a su régimen y restituyó la Constitución de 1860, a principios de 1868.

José Balta y Montero, presidente del Perú (1868-1872).

Diez Canseco ejerció un gobierno interino y convocó a elecciones. Se presentaron dos candidatos de líneas opuestas. Uno era el coronel José Balta, representante del antiguo militarismo; y el otro, el civil Manuel Toribio Ureta, representante del liberalismo. Balta resultó vencedor y asumió el poder el 6 de agosto de 1868.

El gobierno de Balta se inició con una lenta tarea de reorganización. El problema más acuciante era el económico, principalmente por los gastos generados por la guerra contra España. Balta nombró como ministro de Hacienda al entonces desconocido joven Nicolás de Piérola, quien logró un acuerdo con la Casa judía-francesa Dreyfus Hnos. de París para la explotación del guano, firmándose el llamado Contrato Dreyfus (5 de julio de 1869). El gobierno peruano vendía a la Casa Dreyfus dos millones de toneladas de guano, valorados en 73 millones de soles; por su parte, la Casa Dreyfus adelantaba al Estado dos millones de soles, y se comprometía a pagar a razón de 700 mil soles cada mes y a cubrir los intereses de la deuda externa peruana. Posteriormente se hicieron algunas ampliaciones. En teoría este contrato era muy conveniente para el Estado Peruano y ponía fin a los abusos de los consignatarios peruanos, hasta entonces intermediarios en el negocio guanero. Estos demandaron ante la justicia al Estado por daños y perjuicios, pero el contrato terminó por ser aprobado por el Congreso y el gobierno siguió adelante en su ejecución.

Contando con la garantía del guano, el gobierno peruano celebró grandes empréstitos con la misma Casa Dreyfus, con los que inició un ambicioso programa de obras públicas, principalmente la construcción de ferrocarriles, siendo los más notables los de penetración de la costa a la sierra. El gobierno actuó irresponsablemente y se endeudó crecidamente, confiado en las rentas del guano, que no serían duraderas.

Un año antes del término legal de su mandato, Balta convocó a elecciones en medio de una gran crisis económica. Varios candidatos se presentaron, pero entre todos destacó la figura de Manuel Pardo y Lavalle, líder del recién fundado Partido Civil, el primer partido propiamente dicho fundado en el Perú como respuesta al predominio militar en la política peruana y que agrupaba a profesionales liberales, comerciantes, empresarios, hacendados, que conformaban la naciente burguesía nacional. Pardo triunfó, pero faltando pocos días para que asumiera el poder, Balta fue derrocado y apresado por los coroneles Gutiérrez (que eran cuatro hermanos), quienes temían perder sus privilegios castrenses. El mayor de dichos hermanos, Tomás Gutiérrez, se autoproclamó Jefe Supremo; unos días después Balta era asesinado en la prisión (26 de julio de 1872), lo que provocó una violenta reacción de la ciudadanía, que asesinó en las calles a tres de los Gutiérrez (entre ellos Tomás) y restituyó la constitucionalidad.

Manuel Pardo y Lavalle, presidente del Perú (1872-1876).

Manuel Pardo, que había huido a Pisco, retornó a Lima y tomó el mando de la nación el 2 de agosto de 1872. Pese a las medidas que tomó para contrarrestar la grave crisis económica (entre ellas la nacionalización de la riqueza salitrera), no tuvo éxito. El contrato Dreyfus ya no rendía pues la Casa Dreyfus se negó a dar más adelantos con garantía del guano, arguyendo que el Estado peruano le debía.

Durante el gobierno de Pardo se firmó el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, el 6 de febrero de 1873, que luego sería usado como pretexto por Chile para desatar la Guerra del Pacífico.

En 1876 la transmisión del mando se produjo sin incidentes. Los principales candidatos eran el ex presidente Mariano Ignacio Prado y el contralmirante Lizardo Montero. El triunfador fue Prado.

Durante su gobierno, Prado enfrentó el problema de la cuantiosa deuda externa y la galopante crisis económica y hacendaria. Tratando de paliar la situación, Prado declaró disuelto el Contrato Dreyfus y firmó un nuevo contrato para la venta del guano con la firma inglesa Raphael e Hijos, el llamado Contrato Raphael, pero no tuvo éxito. El precio del guano iba por entonces cayendo en el mercado internacional y ya no constituía un negocio rentable. La crisis se agudizó. El Estado peruano se declaró en bancarrota y anunció la moratoria de su deuda externa.

Para colmo, Prado tuvo que enfrentar la oposición de Nicolás de Piérola, que acaudilló dos revoluciones, que si bien fueron sofocadas, causaron un gasto a la ya exhausta caja fiscal. Suceso luctuoso de este período fue el asesinato de Manuel Pardo, entonces presidente del Senado, el 16 de septiembre de 1878. Al año siguiente estalló la guerra con Chile, pese a los intentos de Prado de evitarla diplomáticamente. Chile, con su característica perfidia, esperó el momento adecuado para atacar al Perú, es decir cuando éste se hallaba en plena bancarrota y prácticamente desarmado.

Guerra del Pacífico (1879-1883)[editar]

"Hoy es una verdad histórica, comprobada con documentos oficiales de Chile y por sus mismos publicistas, que la verdadera causa de la guerra declarada por esta nación al Perú y Bolivia en 1879… era la ambición de ensanchar su territorio a costa de éstos; los guanos de la costa y las salitreras de Atacama y Tarapacá embargaban pues la codicia del gobierno y del pueblo chileno".

La guerra desencadenada por Chile contra el Perú y Bolivia en 1879 fue denominada Guerra del Pacífico por el historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna y así se ha impuesto en la historiografía actual, pero se trata de una denominación equívoca, pues no fue una guerra absolutamente marítima, sino que la mayor parte de las acciones militares se desarrollaron en escenario terrestre, y se definió en el mismo. La más apropiada es la denominación que le dio el historiador peruano Mariano Felipe Paz Soldán, en una de sus obras: la Guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Otro historiador, el venezolano Jacinto López, la definió también de manera acertada: la Guerra del guano y del salitre.[2]

Efectivamente, está fuera de duda de que la causa principal de la guerra fue el expansionismo chileno: Chile ambicionaba los yacimientos peruanos y bolivianos de salitre, y adicionalmente, los de guano, que por entonces alcanzaban precios ingentes en el mercado mundial. Pero no se habría lanzado a una aventura como esa si no hubiera sido movido, armado, preparado y animado por las potencias europeas, principalmente Inglaterra. Las razones por las que las potencias europeas se pusieron contra el Perú fueron las siguientes:

  • La política salitrera peruana, contraria al liberalismo propiciado por Inglaterra y otras potencias.
  • Las maniobras antiperuanas de los acreedores del Perú, principalmente Dreyfus.
  • La interrupción de los servicios de la deuda externa peruana.[3]

En cuanto al pretexto esgrimido por Chile, fue el famoso impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado, que Bolivia impuso a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, empresa con capitales chilenos asentada en el litoral boliviano. A decir de Chile, este impuesto violaba el Tratado boliviano-chileno de 1874, que prohibía elevar los impuestos durante 25 años a los ciudadanos chilenos. Bolivia argumentó que la compañía no era «ciudadano chileno» sino una sociedad mercantil constituida de acuerdo a las leyes de Bolivia, y sujeta, por lo tanto, al ius imperium de ésta. Ante la negativa de la Compañía a pagar el impuesto, el gobierno boliviano reivindicó las salitreras y anunció el remate de las propiedades y material de la compañía (1 de febrero de 1878). El gobierno de Chile inició entonces las hostilidades, enviando a su flota a Antofagasta, donde desembarcaron sus tropas. Todo el litoral boliviano fue ocupado por los chilenos. El Perú envió una misión diplomática para mediar en el conflicto, la misma que estuvo encabezada por José Antonio de Lavalle y que fue vejada por una turba desaforada al arribar a Valparaíso. El gobierno chileno no aceptó la mediación peruana y adujo que acababa de descubrir la existencia del Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia de 1873, lo cual era falso, pues si bien dicho pacto fue firmado con carácter de secreto, lo cierto es que la cancillería chilena estuvo desde un principio al corriente del mismo. La versión chilena sostiene que el Tratado peruano-boliviano de 1873, si bien era defensivo en la forma, era ofensivo en el fondo, por lo que considera la mediación de Perú como una forma de ganar tiempo, mientras se realizaban preparativos de guerra. Sin embargo, la cruda realidad era que el Perú no tenía ningún interés en ir a la guerra, ya que se hallaba sumido en una total bancarrota y era consciente de su inferioridad bélica; por ello el presidente Prado agotó todos los recursos para solucionar el conflicto por la vía diplomática, pero fracasó ante la intransigencia chilena. Chile exigió al Perú que se mantuviera neutral en el conflicto, a lo cual el Perú se negó pues el Tratado de 1873 lo obligaba a ayudar a Bolivia. Acto seguido, Chile declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879; ya Bolivia lo había hecho a Chile, el 14 de marzo.

A partir de este momento dio comienzo la guerra, en la cual se pueden distinguir cinco fases.

Combate Naval de Angamos, óleo de Thomas Somerscales.

La campaña marítima[editar]

Se desarrolló de abril a octubre de 1879 entre la escuadra chilena y la peruana, pues Bolivia carecía de marina. La superioridad de Chile era abrumadora y se cimentaba en sus dos buques blindados, el Blanco Encalada y el Cochrane. Mientras que los buques principales de Perú eran la fragata Independencia y el monitor Huáscar, adquiridos en la década de 1860 e inferiores en poderío frente a cualquiera de los blindados rivales. La flota de Chile empezó bloqueando el puerto peruano de Iquique; a mediados de mayo de 1879 partió rumbo al Callao para enfrentar a los buques peruanos, dejando en el bloqueo de Iquique a la corbeta Esmeralda y a la goleta Covadonga. Pero la flota peruana se adelantó y el 21 de mayo de 1879 arribó a Iquique con el objetivo de levantar el bloqueo. Se trabó el combate naval de Iquique. El Huáscar, al mando de Miguel Grau, hundió a la Esmeralda y puso en fuga a la Covadonga, que fue perseguida por la Independencia, la cual encalló y se hundió en Punta Gruesa. Si bien ambas flotas perdieron una de sus naves, la peor parte la llevó el Perú, que perdió a su principal buque de guerra. En los meses que siguieron, los buques peruanos desarrollaron una política de hostigamiento en los puertos de Chile. El Huáscar, siempre al mando de Grau, practicó numerosas incursiones que resultaron muy perjudiciales para Chile, siendo la más sonada la captura del vapor Rímac, a bordo del cual iba un regimiento chileno completo, los carabineros de Yungay. Finalmente, la flota chilena pasó a la ofensiva y acorraló al Huáscar frente a Angamos, librándose un combate desigual, el 8 de octubre de 1879. Allí murió Grau, convirtiéndose desde entonces en el mayor héroe del Perú. Al margen de su heroísmo, se debe destacar en el jefe peruano la nota de humanidad y su respeto a las leyes de la guerra que imprimió en todos sus actos durante el desarrollo del conflicto, lo que le valió el apelativo de «El caballero de los mares». Libres de peligro en el mar, los chilenos iniciaron la campaña terrestre.

La campaña de Tarapacá[editar]

Se desarrolló en el mes de noviembre de 1879. Chile invadió la provincia peruana de Tarapacá, de importante valor económico debido a sus yacimientos de guano y salitre. Esta campaña comenzó el 2 de noviembre con el desembarco chileno en Pisagua, puerto que fue defendido por mil soldados aliados peruanos y bolivianos al mando de Isaac Recavarren, los que, naturalmente, no pudieron contener el masivo desembarco de diez mil chilenos. El ejército aliado acantonado en Tarapacá estaba al mando del general Juan Buendía y sumaba diez mil hombres (6,000 peruanos y 4,000 bolivianos). Se esperaba la llegada del presidente boliviano Hilarión Daza y su ejército de 3,000 efectivos que se hallaban en Tacna, para poder realizar una maniobra conjunta contra los invasores. Pero desde el primer momento hubo descoordinación entre las fuerzas aliadas. Daza pasó a Arica y continuó hacia el sur, pero al llegar a la quebrada de Camarones retrocedió «abrumado» por el desierto. Mientras que en Tarapacá, Buendía, que ignoraba la deserción de Daza, avanzaba para recuperar Pisagua. Los chilenos, por su parte, se fortificaban en el cerro San Francisco. En la tarde del 19 de noviembre, avanzadas del ejército peruano, sin que mediara orden del comando, trabaron escaramuzas con el enemigo, hasta que la lucha se extendió. Se libró así la batalla de San Francisco, conocido por la historiografía chilena como batalla de Dolores. Héroe de la jornada fue el coronel cuzqueño Ladislao Espinar, que al frente de sus batallones trepó el cerro San Francisco para capturar la artillería enemiga. Con gran esfuerzo los chilenos rechazaron la embestida y se hicieron finalmente del triunfo. Las tropas peruanas retrocedieron, pero días después, el 27 de noviembre, tuvieron aun fuerzas para ganar la batalla de Tarapacá, donde destacaron Belisario Suárez y Andrés Avelino Cáceres. Sin embargo, este triunfo no cambió el curso de la guerra y las fuerzas aliadas continuaron su retirada hacia Tacna, cruzando el abrasador desierto. En enero de 1880, toda la provincia de Tarapacá pertenecía ya a Chile, y la exportación del salitre comenzó a dar réditos a su gobierno.

Batalla de Arica, óleo de Juan Lepiani.

La campaña de Tacna y Arica[editar]

Iniciada en mayo de 1880 por Chile, temeroso de que el ejército aliado intentara recuperar desde el norte la provincia de Tarapacá. Por entonces habían ocurrido cambios políticos en los países aliados. En el Perú asumió al poder Nicolás de Piérola el 21 de diciembre de 1879, luego de que el presidente Prado saliera del país para agilizar la compra de armamentos. En Bolivia, Daza fue derrocado por el coronel Eliodoro Camacho y luego tomó el poder de manera provisoria el general Narciso Campero. En el teatro de operaciones, los aliados contaban con 6,000 peruanos a órdenes de Lizardo Montero, y 4,000 bolivianos al mando de Eliodoro Camacho. Por su parte, las tropas chilenas de 15,000 efectivos bajo el mando del general Manuel Baquedano desembarcaron entre Ilo y Pacocha y avanzaron hacia Tacna. Narciso Campero tomó el mando de las tropas aliadas y se posesionó para esperar al enemigo en la meseta de Intiorko, que desde entonces se llamó el Alto de la Alianza, situado a seis millas al norte de la ciudad de Tacna. El encuentro se produjo el 26 de mayo de 1880 y se conoce como la batalla del Alto de la Alianza o batalla de Tacna. La resistencia de los aliados fue tenaz y en algún momento se presagió su victoria. Ante ello, los chilenos debieron emplear hasta sus cuadros de reserva para poder conseguir el triunfo, luego de cuatro horas de sangrienta lucha. Tacna fue ocupada por las fuerzas chilenas, la alianza peruano-boliviana se rompió y Bolivia abandonó la guerra. El último episodio de esta campaña fue el sitio de Arica, defendido por el anciano coronel Francisco Bolognesi al mando de 2,000 hombres, quienes se negaron a rendirse. La batalla de Arica, librada el 7 de junio de 1880, constituyó otro acto de la heroica y esforzada resistencia peruana. Bolognesi, muerto en el campo de batalla, se alzó como un nuevo héroe a la par de Grau.

La campaña de Lima[editar]

La defensa de los peruanos en uno de los reductos de Miraflores. Óleo del pintor peruano Juan Lepiani.

Organizada por el gobierno chileno tras el fracaso de las negociaciones de paz realizadas bajo mediación de los Estados Unidos. El Perú se negó a hacer la paz con cesión territorial. Previamente al inicio de la campaña de Lima, los chilenos enviaron una expedición de rapiña a lo largo de la costa norte peruana, al mando del capitán Patricio Lynch. Piérola organizó la defensa de Lima, tendiendo dos líneas defensivas. La primera línea partía del Morro Solar, en Chorrillos y pasaba por la hacienda Villa y los llanos de San Juan, hasta llegar a Monte Rico Chico. La segunda línea partía de la quebrada de Armendáriz, pasaba por las afueras de la villa de Miraflores y terminaba en Monte Rico Grande. Si bien los peruanos contaban con 20,000 hombres, estos en su mayor parte estaban mal preparados y peor equipados. Por su parte, los chilenos, bajo el mando del general Baquedano, desembarcaron en Pisco y Chilca; luego acamparon en Lurín, al sur de la capital peruana. Sumaban en total 25,000 soldados. Avanzaron hacia Lima y se enfrentaron a la primera línea defensiva peruana, librándose la batalla de San Juan y Chorrillos, el 13 de enero de 1881. Baquedano debió usar todas sus reservas para doblegar la tenaz resistencia peruana, especialmente en el Morro Solar. La villa de Chorrillos fue saqueada e incendiada. La última batalla de la defensa de Lima se dio en la línea de Miraflores, defendida mayormente por civiles, quienes se batieron con valor y denuedo en los llamados «reductos» (15 de enero de 1881). Consumada la derrota peruana, Piérola se retiró a la sierra central, quedando en Lima como única autoridad peruana el alcalde Rufino Torrico, que entregó de manera pacífica la ciudad a los invasores, el 17 de enero de 1881. Los chilenos nombraron a su vez como gobernador a Patricio Lynch. Posteriormente, se formó en La Magdalena (suburbio de Lima) un nuevo gobierno peruano, encabezado por el doctor Francisco García Calderón, que se instaló el 12 de marzo de 1881. Este presidente resistió las presiones de los chilenos para firmar una paz con cesión territorial, por lo que fue apresado y enviado a Chile. Por su parte, Piérola renunció también al mando supremo y marchó al extranjero.

La campaña de la Breña[editar]

Una escena del combate de Concepción.

Es decir, la resistencia peruana en la sierra central y norte, dirigida por el general Andrés Avelino Cáceres entre 1881 y 1883. Cáceres estableció como su centro de poder el valle del Mantaro y a Ayacucho como su reserva. En su momento máximo tuvo más de 3.000 hombres a su mando, denominado el Ejército del Centro, comandado por el Coronel Francisco de Paula Secada. Era, efectivamente, un ejército orgánico, compuesto, en parte, de veteranos; junto a él actuaban también guerrilleros, pero solo como tropas de choque. Pero para los chilenos todas estas fuerzas en conjunto eran solo guerrillas o montoneras, y como tales, fuera de las formalidades de la guerra.[4] Contra estos «montoneros», el mando chileno envió una primera expedición contra Cáceres, comandada teniente coronel Ambrosio Letelier, que avanzó hasta Huancayo, pero tuvo que retroceder ante el acoso de los breñeros; en el trayecto de retorno una de las compañías chilenas fue derrotada en el combate de Sangrar (26 de junio de 1881). Una segunda expedición chilena, bajo el mando del coronel Estanislao del Canto, tampoco tuvo éxito. Cáceres salió airoso en el Primer Combate de Pucará (5 de febrero de 1882) y posteriormente obtuvo un triple triunfo: Segundo combate de Pucará, Marcavalle y Concepción, entre el 9 y 10 de julio del mismo año. Los chilenos huyeron en apresurada retirada hacia Lima. Todo el departamento de Junín quedó libre de invasores. También en el norte del Perú, los pobladores de Cajamarca se levantaron contra los abusos de los chilenos a los que derrotaron en la sangrienta batalla de San Pablo, el 13 de julio de 1882. Por entonces, los chilenos presionaban al presidente peruano Francisco García Calderón (entonces confinado en Chile) a que firmara la paz con cesión territorial. Las mismas presiones sufría el contralmirante Lizardo Montero, el vicepresidente establecido en Arequipa. Ambos mandatarios rechazaron tales exigencias, pero sucedió entonces el llamado Grito de Montán, el 31 de agosto de 1882, proclamado por el general peruano Miguel Iglesias, jefe de las tropas del norte, quien consideraba necesario firmar ya la paz, incluso con cesión territorial, antes que los chilenos continuaran destruyendo lo poco valioso que quedaba en el Perú. Cáceres rechazó tal planteamiento y anunció su voluntad de continuar la lucha. Los chilenos organizaron una tercera expedición contra los breñeros, mucho más poderosa. Cáceres entonces, junto al Ejército del Centro y a su Comandante en Jefe, Coronel Francisco de Paula Secada, deciden movilizarse hacia el norte para reforzar su posición y además para debilitar a Iglesias. Atravesaron el Callejón de Huaylas, cruzaron la Cordillera Blanca y llegaron hasta Huamachuco, donde trabaron con la división chilena del coronel Alejandro Gorostiaga la batalla de Huamachuco (10 de julio de 1883). Los peruanos estuvieron a punto de ganar la batalla pero el agotamiento de sus municiones y la falta de bayonetas permitieron voltear el resultado a favor de los chilenos. Pero Cáceres y el Ejército del Centro no se dieron por vencidos y pasaron Ayacucho, con la intención de organizar nuevamente la resistencia. Una cuarta expedición, al mando de Martiniano Urriola, se internó en la sierra en busca de Cáceres, pero éste logró evadirla. Pero por entonces Miguel Iglesias, proclamado presidente provisorio del Perú por una asamblea legislativa de los departamentos del norte, firmaba en Ancón la paz con Chile, por lo que las tropas chilenas recibieron la orden de abandonar la sierra central y replegarse a Lima.

El Tratado de Ancón, firmado el 20 de octubre de 1883, reconoció la derrota peruana y dio por terminada la guerra con Chile. El Perú cedió a Chile perpetua e incondicionalmente la provincia de Tarapacá, y las provincias de Tacna y Arica quedaron sujetas a la legislación chilena por un período de diez años más, tras el cual se debía realizar un plebiscito para decidir su destino final. Por otra parte, en 1884, se firmó un Pacto de Tregua entre Chile y Bolivia, en el que se estipuló una paz no definitiva.

La Reconstrucción Nacional (1884-1895)[editar]

El general Miguel Iglesias.

Tras la guerra del Pacífico, se inició un período de Reconstrucción Nacional, es decir, de resurgimiento económico, político y social. Aunque fue éste un período de relativa calma, en realidad el país no conoció la reactivación económica ni la paz política sino hasta 1895.

Esta etapa es también conocida como la del Segundo Militarismo, pues los caudillos militares volvieron al ruedo político, pero ya no como héroes triunfadores, sino como vencidos. No obstante, eran los únicos que poseían la fuerza suficiente para ejercer el poder ante la desastrosa situación en que quedó el sector civil luego de la derrota ante Chile.

El país quedó dividido en dos bandos: los "hombres de Montán" seguían al general Miguel Iglesias, y "los de kepí rojo", al general Andrés Avelino Cáceres, héroe de la resistencia. Iglesias había sido proclamado presidente regenerador en 1882 y, luego de la firma del tratado de Ancón, una Asamblea Constituyente lo confirmó en el cargo. Con los pocos recursos existentes, Iglesias intentó sacar al país adelante, pero sufrió la tenaz oposición de Cáceres.

Pese a que el país recién había salido de una guerra desastrosa se desató la guerra civil. En 1884 Cáceres logró “huaripampear” o poner fuera de juego al ejército principal de Iglesias en la sierra central, en una brillante estrategia militar, luego de lo cual atacó Lima, donde puso sitio al Palacio de Gobierno, en noviembre de 1885. Iglesias, derrotado, renunció a la presidencia y el poder quedó provisoriamente en manos del Consejo de Ministros presidido por Antonio Arenas. Éste convocó a elecciones en las que ganó abrumadoramente Cáceres.

Retrato del general Andrés Avelino Cáceres. Obra del pintor Nicolás Palas, año 1894.

Cáceres gobernó de 1886 a 1890, período que sería su primer gobierno constitucional. Tuvo que afrontar la reconstrucción del país, especialmente en el campo económico. Puso fuera de curso el billete fiscal o papel moneda, muy devaluado para entonces; creó impuestos nuevos; intentó la descentralización tributaria; y para solucionar el problema de la enorme deuda externa firmó el Contrato Grace por el cual entregó los ferrocarriles a los acreedores. Su gobierno fue autoritario y tuvo que enfrentar una tenaz oposición desde la prensa y el parlamento.

Finalizando el período de Cáceres, se convocaron a elecciones en 1890, en las que triunfó el coronel Remigio Morales Bermúdez, que pertenecía al mismo partido de Cáceres (el Partido Constitucional o cacerista), y por lo tanto, significó el continuismo político. Morales Bermúdez llevó a cabo un discreto gobierno y debió enfrentar la negativa de Chile a convocar el plebiscito que debía decidir el destino final de las provincias de Tacna y Arica, tras haber finalizado en 1894 el plazo de 10 años estipulado en el Tratado de Ancón de 1883. Chile fue prorrogando la realización de dicho plebiscito indefinidamente; finalmente nunca se realizó.

Víctima de una enfermedad, Morales Bermúdez murió el 1 de abril de 1894, antes de concluir su mandato. Lo sucedió el segundo vicepresidente Justiniano Borgoño, en desmedro del primer vicepresidente Pedro Alejandrino del Solar, que fue marginado por oponerse al cacerismo. Borgoño allanó el camino para la vuelta al poder del general Cáceres y convocó a unas elecciones que fueron muy cuestionadas. Con el apoyo del gobierno, Cáceres triunfó en dichos comicios.

Piérola y sus montoneros entran a Lima por la Puerta de Cocharcas (17 de marzo de 1895).

Por segunda vez Cáceres asumió la presidencia, el 10 de agosto de 1894. Pero carecía de legitimidad y popularidad, por lo que era inevitable que surgiera la guerra civil. El anticacerismo formó la Coalición Nacional, integrada por los demócratas y civilistas, que eligieron como líder a Nicolás de Piérola (jefe de los demócratas), entonces desterrado en Chile. En todo el Perú surgieron partidas de montoneros que se sumaron a la causa de la Coalición. Piérola retornó al Perú, desembarcó en Puerto Caballas (costa de Ica) y pasó a Chincha donde dio un Manifiesto a la Nación, tomando el título de Delegado Nacional, y poniéndose de inmediato en campaña sobre Lima, al frente de los montoneros. Estos atacaron la capital del 17 al 19 de marzo de 1895, desatando una lucha muy sangrienta. Al verse desprovisto del apoyo del pueblo, volcado masivamente hacia los coaligados, Cáceres renunció y partió al exilio. Se instaló una Junta de Gobierno presidida por Manuel Candamo, que convocó a elecciones en las que triunfó abrumadoramente Piérola.

La República Aristocrática (1895-1919)[editar]

Con el advenimiento al poder de Nicolás de Piérola en 1895, se dieron las condiciones para la formación de la República Oligárquica, llamada también República Aristocrática, término éste acuñado por Basadre. Se extiende desde el 8 de septiembre de 1895 hasta el 4 de julio de 1919, período en el que se sucedieron una serie de gobiernos elegidos democráticamente, con excepción del período de 1914-1915. Fue entonces cuando se materializó una política pluto - oligárquica, con unas clases alta y media que vivían acomodadamente y un pueblo llano con diversas carencias. Se acentuó la dependencia económica hacia el capitalismo inglés y el norteamericano y se desarrolló de nuevas actividades económicas: agroexportación (azúcar y algodón), extracción cauchera y la extracción petrolera. El malestar de las clases populares se manifestó en el surgimiento del movimiento obrero anarcosindicalista y el estallido de huelgas.

Las principales fuerzas políticas eran el Partido Demócrata o pierolista y Partido Civil o civilista, que se habían aliado en la coyuntura de 1894-1895. A partir de 1903 predominaría el civilismo en el gobierno, lo que se conoce como el Segundo Civilismo, por distinción del primero de 1872-1874. Otras fuerzas importantes fueron el Partido Constitucional o cacerista y el Partido Liberal.

El gobierno de Piérola (1895-1899) fue notable, contando con el apoyo de demócratas y civilistas. Piérola convocó a los más capaces para ocupar funciones en el gobierno, sin tener en cuenta antecedentes partidarios; respetó escrupulosamente la Constitución; fortaleció las instituciones públicas e impulsó el desarrollo integral del país. Destacan las importantes reformas en el campo económico y financiero, como la implantación de una nueva moneda (la Libra peruana), la primera ley normativa de la ejecución presupuestal, la creación de la Compañía Recaudadora de Impuestos. Además, fomentó el ahorro público, aplicó una política de austeridad gubernamental y evitó el endeudamiento externo. Asimismo, fomentó y protegió la industria nacional, impulsó el desarrollo de la Amazonía, llevó a cabo un plan de obras públicas sin recurrir a los empréstitos, impulsó la prolongación de caminos y ferrocarriles y la modernización de ciudades. En el aspecto de la defensa nacional, contrató a una misión francesa para que modernizara al Ejército, fundó la Escuela Militar de Chorrillos y estableció el servicio militar obligatorio. En el aspecto material, continuó la expansión urbana de Lima, construyendo el Paseo Colón e iniciando la Avenida de la Colmena, hoy llamada Avenida Nicolás de Piérola.

Ya finalizando su mandato, Piérola intentó mantener la coalición política que lo había apoyado y planteo una convención civil-demócrata para presentar una fórmula común en el proceso electoral. Los demócratas quedaron facultados para elegir el candidato y optaron por el ingeniero Eduardo López de Romaña, quien logró la presidencia con relativa facilidad.

López de Romaña (1899-1903) continuó el desarrollo de la agricultura, la minería y la industria; promovió la colonización de los valles interandinos y zonas orientales, hasta entonces aislados; promulgó el Código de Minería, el nuevo Código de Comercio y el Código de Aguas; creó el Estanco de la Sal para financiar la recuperación de las provincias de Tacna y Arica en poder chileno; y afrontó los problemas derivados de la política de chilenización en dichos territorios, que buscaban perpetuar la ocupación. Al término de su mandato, una nueva alianza, ahora entre los civilistas y el Partido Constitucional de Cáceres, llevó a la presidencia al acaudalado hombre de negocios Manuel Candamo, quien asumió el 8 de septiembre de 1903, siendo el segundo civilista en llegar a la presidencia, después de Manuel Pardo en 1872. Pero Candamo murió antes de finalizar su mandato, el 7 de mayo de 1904. El poder quedó a cargo del jurista cuzqueño Serapio Calderón, quien convocó a nuevos comicios, en las que ganó José Pardo y Barreda, cabeza de una nueva generación de civilistas con anhelos renovadores.

José Pardo y Barreda, presidente del Perú de 1904 a 1908 y de 1915 a 1919. Fue hijo de Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil.

El primer gobierno de José Pardo (1904-1908) apoyó firme y eficazmente a la educación pública, fomentó la cultura e inició la legislación social. Se preocupó también por defensa nacional, repotenciando al Ejército y la Marina. En el aspecto internacional enfrentó conflictos limítrofes con Colombia, Ecuador y Bolivia. Pero el problema que más demandaba entonces la atención de la Cancillería peruana era el enfrentado con Chile, país que retenía ilegalmente las provincias peruanas de Tacna y Arica. El gobierno chileno no solo prorrogó indefinidamente la realización del plebiscito estipulado en el tratado de Ancón, sino que acentuó su desalmada política de «chilenización» contra los peruanos de Tacna y Arica, así como los que residían en Tarapacá. En las elecciones de 1908 el candidato oficialista fue Augusto B. Leguía, quien ante la ausencia voluntaria del pierolismo, pudo ganar fácilmente.

El primer gobierno de Leguía (1908-1912) enfrentó problemas limítrofes con los cinco países vecinos, de los cuales sólo logró solucionar definitivamente aquellos que mantenía con Brasil (8 de septiembre de 1909) y Bolivia (17 de septiembre del mismo año). Con Ecuador hubo un conato de conflicto en 1910, con Colombia se libró el conflicto de La Pedrera (1911) y con Chile se rompieron las relaciones diplomáticas, ante el recrudecimiento de la desalmada política de chilenización en Tacna y Arica.

En el orden interno, Leguía afrontó también mucha perturbación. Enfrentó con valentía una intentona golpista promovida por el hermano y los hijos de Nicolás de Piérola, que fue reprimida severamente (29 de mayo de 1909). De carácter personalista y autoritario, Leguía se separó del Partido Civil, que se fraccionó en dos: los leales a Pardo y los leales a Leguía. En los dos últimos años de su gobierno se manifestó una aguda crisis económica, motivada por el endeudamiento interno acelerado, los gastos de la defensa nacional y el déficit presupuestal.

En las elecciones presidenciales de 1912 Leguía quiso imponer a su candidato Ántero Aspíllaga pero surgió entonces la candidatura opositora del ex alcalde de Lima Guillermo Billinghurst, que pronto obtuvo una rápida y arrolladora popularidad. Los billinghuristas exigieron la anulación de los comicios, vista la falta de garantías. Presionado por la opinión pública, el Congreso se vio obligado a elegir como presidente a Billinghurst

Guillermo Billinghurst, presidente del Perú de 1912 a 1914.

Billinghurst (1912-1912) quiso favorecer a la clase obrera, lo que le ganó la oposición de los elementos conservadores. Tuvo una pugna tenaz con el Congreso, dominado por los civilistas y leguiístas, sus enemigos políticos. Se propuso entonces disolver el parlamento y convocar al pueblo para realizar reformas constitucionales fundamentales, lo que provocó el levantamiento militar del coronel Óscar R. Benavides, héroe de La Pedrera, que derrocó a Billinghurst el 4 de febrero de 1914.

Benavides asumió el poder, primero a la cabeza de una Junta de Gobierno y luego como presidente provisorio designado por el Congreso (1914-1915). Enfrentó el problema monetario y se comprometió a restaurar el orden legal. En 1915 convocó a una Convención de los partidos civilista, liberal y constitucional, para que lanzaran una candidatura unificada. El elegido fue el ex presidente José Pardo, del Partido Civil, quien ganó abrumadoramente las elecciones de ese año, derrotando a la simbólica candidatura de Carlos de Piérola, del Partido Demócrata.

El segundo gobierno de José Pardo (1915-1919) se caracterizó por la violencia política y social, síntoma del agotamiento del civilismo y de la crisis mundial. Por efecto de la primera guerra mundial se agravó la condición económica de la clase trabajadora y se preparó el campo para el desenvolvimiento de la acción sindical. Se produjeron sucesivas huelgas que tenían como exigencia el abaratamiento de las subsistencias y la implantación de la jornada de las «8 horas de trabajo»; ésta última fue concedida finalmente, por decreto del 15 de enero de 1919. En el sur andino, los abusos de los hacendados y gamonales sobre la población nativa y campesina motivaron muchas sublevaciones de indígenas, como la encabezada por Rumi Maqui en 1915.

Pardo convocó a elecciones en 1919, en las que postuló el ex presidente Augusto B. Leguía, que enfrentó a la candidatura oficialista representada por Ántero Aspíllaga. Los comicios, que no fueron muy limpios, dieron por ganador a Leguía, pero en el recuento oficial se le anularon numerosos votos. Ante el peligro de que fueran anuladas las elecciones y que estas se trasladaran al Congreso, donde los civilistas tenían mayoría, Leguía y sus partidarios dieron un golpe de estado, contando con el apoyo de la gendarmería (4 de julio de 1919). Finalizó así la «República Aristocrática» y se inició una nueva etapa en la historia republicana del Perú.

El Oncenio de Leguía (1919-1930)[editar]

Augusto B. Leguia.

Consumado el golpe de estado de 1919, Leguía asumió el poder como presidente transitorio. Disolvió el Congreso y convocó a un plebiscito para someter al voto de la ciudadanía una serie de reformas constitucionales que consideraba necesarias; entre esas reformas se contemplaba elegir al mismo tiempo al Presidente de la República y al Congreso, ambos con períodos de cinco años (antes, el mandato presidencial era de cuatro años y el Parlamento se renovaba por tercios cada dos años). Simultáneamente convocó a elecciones para elegir a los representantes de una Asamblea Nacional, que durante sus primeros 30 días se encargaría de ratificar las reformas constitucionales, es decir, haría de Asamblea Constituyente, para luego asumir la función de Congreso ordinario. Esta Asamblea se instaló el 24 de setiembre de 1919 y fue presidida por Mariano H. Cornejo, ideólogo del gobierno. Una de las primeras labores de dicha Asamblea fue hacer el recuento de votos de las anteriores elecciones presidenciales, tras lo cual ratificó como ganador a Leguía, quien fue proclamado Presidente Constitucional el 12 de octubre de 1919. La Constitución vigente (la de 1860) fue sustituida por la Constitución de 1920.

Este segundo gobierno de Leguía se prolongaría por once años, ya que, tras sendas reformas constitucionales, se reeligió en 1924 y en 1929. Por eso se le conoce como el Oncenio y también como la «Patria Nueva», pues pretendía modernizar el país a través de un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad civil.

Fue una época en que se restringieron las libertades públicas. El diario La Prensa, donde se había parapetado la oposición, fue asaltado y confiscado. Se barrió también con la oposición en el parlamento, que quedó sometido al Ejecutivo. Se puso fin a las municipalidades elegidas por voto popular, siendo reemplazadas por organismos con personal designado por el gobierno. Los opositores políticos fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados.

La figura del presidente fue adulada hasta límites extremos, se habló del «Siglo de Leguía», del «Gigante del Pacífico», del «Júpiter Presidente», del «Wiracocha», y se le comparó hiperbólicamente con personajes como Bolívar, Julio César, Alejandro, Bonaparte, etc.

La preocupación esencial de Leguía fue la modernización del país, lo que quiso imponer a paso acelerado. Suceso notable de este período fue la celebración pomposa del Centenario de la Independencia en 1921, cuyo acto central fue la inauguración de la Plaza San Martín, en el centro de Lima. Un gigantesco programa de obras públicas fue financiado con empréstitos obtenidos del exterior. Se arreglaron y pavimentaron muchas avenidas, calles y plazas limeñas, se abrieron varias avenidas a fin de ampliar el radio urbano, como la Avenida Progreso (hoy Venezuela) y la Avenida Leguía (hoy Arequipa).

Se fomentó la política colonizadora, se realizaron importantes obras de irrigación en la costa; entre ellas en la pampa de Imperial (Cañete) y en las pampas de Olmos (Lambayeque). Se estudió también la irrigación de las pampas de La Joya, en Arequipa. Se realizó una importante obra vial en toda la República. Medida impopular fue la ley de Conscripción Vial (1920) que obligaba a todos los hombres de 18 a 60 años de edad a trabajar gratuitamente en la construcción y apertura de carreteras, por espacio de 6 a 12 días al año, lo que en la práctica afectó mayormente a la población indígena.

Fueron creadas la Escuela de la Guardia Civil y Policía (a cargo de instructores españoles), la Escuela de Aviación de Las Palmas y el Ministerio de Marina (el cual en 1929 pasó a llamarse de Marina y Aviación).

En el aspecto internacional, se firmaron dos tratados internacionales muy polémicos:

  • El Tratado Salomón-Lozano, con Colombia, el 24 de marzo de 1922, que fue aprobado por el Congreso en 1927. Ello significó ceder a Colombia una porción territorial comprendida entre los ríos Caquetá y Putumayo y el llamado "Trapecio Amazónico", donde se hallaba la población de Leticia. Este tratado fue considerado excesivamente entreguista y generó resistencia entre los peruanos que habitaban las zonas afectadas.
  • El Tratado Rada Gamio-Figueroa Larraín, con Chile, firmado el 3 de junio de 1929, en Lima (por lo que se le conoce también como Tratado de Lima). Puso término a la cuestión limítrofe con Chile, tras más de 40 años de la firma del Tratado de Ancón de 1883. Ambas partes renunciaron a la realización del tantas veces postergado plebiscito de Tacna y Arica, y acordaron el siguiente arreglo: Tacna regresaría al seno de la patria peruana, pero Chile se quedaría con Arica.

En el aspecto político se eclipsaron los viejos partidos (el Civil, el Demócrata, el Constitucional y el Liberal) y surgieron los primeros partidos modernos que aglutinaron a los sectores medios y populares de tendencias reformistas o revolucionarias: el Partido Aprista, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Socialista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui.

El comandante Luis M. Sánchez Cerro dirigiéndose a la multitud en Arequipa, el 22 de agosto de 1930.

En el aspecto económico, se incrementó notablemente la dependencia hacia los Estados Unidos debido a los fuertes empréstitos contraídos a los bancos norteamericanos para realizar obras públicas; la deuda llegó a los 150 millones de dólares en 1930. Ello provocó una aparente bonanza, que finalizó al estallar la crisis mundial de 1929 afectando directamente a la población, siendo el factor que aceleró la caída de Leguía, sumado al descontento por la evidente corrupción administrativa y por la firma de los tratados con Colombia y Chile con cesión territorial.

El 22 de agosto de 1930 el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, al mando de la guarnición de Arequipa, se pronunció contra Leguía. El movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país. También en Lima el ambiente era favorable para la revolución. Para dominar la situación Leguía pretendió formar un gabinete militar, pero en las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto la guarnición de Lima lo obligó a renunciar. Finalizó así el Oncenio.

Gobiernos militares (1930-1939)[editar]

El fin del Oncenio trajo consigo la irrupción de los militares en la vida política, fenómeno que Basadre ha denominado el “Tercer Militarismo”, el cual surgió a consecuencia del vacío político (al estar los partidos tradicionales debilitados o en trance de extinción) y ante los peligros que aparentemente, acechaban al Estado y a la nación como consecuencia de la crisis mundial. El historiador también resalta otros fenómenos descollantes de este período: el comienzo de la irrupción de las masas organizadas en la política y el crecimiento de las clases medias.[5]

Tras la renuncia de Leguía, el poder quedó en manos de una Junta Militar de Gobierno presidida por el general Manuel María Ponce Brousset. Pero éste no contaba con popularidad. La ciudadanía se inclinó por el caudillo de Arequipa, el comandante Luis Sánchez Cerro, que el 27 de agosto arribó en avión a Lima, siendo recibido apoteósicamente. En el acto, Sánchez Cerro constituyó una Junta Militar de Gobierno bajo su presidencia. Leguía, que había zarpado en un buque de la armada rumbo al exilio, fue apresado y obligado a desembarcar. Murió 16 meses después, en prisión.

La situación del país era crítica; se produjeron disturbios obreros, universitarios y militares. Sánchez Cerro dictó una serie de medidas, como la creación del Tribunal de Sanción Nacional para juzgar los casos de enriquecimiento ilícito durante el Oncenio, la derogación de la ley de conscripción vial, el matrimonio civil obligatorio, la disolución de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de inspiración comunista. Para remediar la crisis económica contrató una misión de expertos financistas estadounidenses, encabezado por el profesor Edwin Kemmerer, que sugirieron la aplicación de una serie de medidas, de las que solo se acogieron parcialmente unas cuantas.

David Samanez Ocampo, presidente de la Junta Nacional de Gobierno (1931).

Sánchez Cerro prometió convocar a elecciones, pero cometió el error de querer postular a la presidencia estando en el poder. Una nueva rebelión que estalló en Arequipa lo obligó a dimitir el 1 de marzo de 1931. Interinamente, por unas horas, asumió el poder el jefe de la iglesia católica peruana, monseñor Mariano Holguín, como presidente de una junta de notables, que inmediatamente dio pase a una Junta Transitoria presidida por el presidente de la Corte Suprema Ricardo Leoncio Elías y luego por el teniente coronel Gustavo Jiménez. Sin embargo, estas Juntas no gozaron de apoyo y la presión popular impuso al viejo líder apurimeño David Samanez Ocampo como presidente de una Junta Nacional de Gobierno, con representación de todo el país (11 de marzo de 1931).

Samanez pacificó momentáneamente al país y convocó a elecciones para Presidente y los representantes de la Asamblea Constituyente. Con tal fin dio un nuevo Estatuto Electoral y creó el Jurado Nacional de Elecciones. Estas elecciones generales se realizaron el 11 de octubre de 1931 y fueron las primeras elecciones modernas de la historia peruana. Los principales candidatos fueron Sánchez Cerro, por la Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista Peruano. Sánchez Cerro, auroleado por ser el caudillo que derrocó a Leguía, triunfó en las urnas por un amplio margen, pero los apristas no reconocieron el resultado y denunciaron fraude. El país quedó así dividido, con el germen de la guerra civil.

Sánchez Cerro asumió como presidente constitucional el 8 de diciembre de 1931. Ese mismo día se instaló el Congreso Constituyente cuya misión primordial sería dar una nueva Constitución al país. El nuevo gobierno contaba con mayoría parlamentaria. Los diputados apristas elegidos tomaron posesión de sus escaños y conformaron en una combativa minoría opositora al gobierno.

La oposición del aprismo al gobierno sanchecerrista se tornó exacerbada. Menudearon los atentados, las revueltas y los actos terroristas. El Congreso aprobó leyes severas, entre ellas una llamada Ley de Emergencia, que dio al gobierno poderes especiales para reprimir a los opositores, en especial a los apristas, aunque también a los comunistas. Los diputados apristas fueron desaforados.

Luis M. Sánchez Cerro, presidente constitucional del Perú (1931-1933).

En 1932 ocurrieron una serie de sucesos sangrientos provocados por los apristas: un atentado criminal contra la vida del mismo Sánchez Cerro, que se salvó fortuitamente (6 de marzo); una rebelión de la marinería de la escuadra del Callao (7 de mayo), que fue sofocada severamente, siendo fusilados ocho marineros; y la llamada revolución aprista de Trujillo (7 de julio), que fue reprimida sangrientamente por el gobierno. Trujillo fue tomada por el ejército, que en represalia por la masacre de los oficiales prisioneros en el cuartel O’Donovan, fusiló a un número no determinado de ciudadanos, que desde entonces fueron considerados como los “mártires del aprismo”. Al año siguiente estalló una sublevación militar en Cajamarca encabezada por el comandante Gustavo Jiménez, quien al ser vencido en Paiján se quitó la vida disparándose un tiro en la cabeza (14 de marzo de 1933).

Obra importante del gobierno sanchecerrista fue la promulgación de la Constitución Política de 1933, el 3 de abril de 1933. Otras obras importantes fueron el otorgamiento a los obreros de vacaciones y el descanso remunerado por el día del trabajo, la creación de los restaurantes populares, el equipamiento de las Fuerzas Armadas, la continuación de la carretera Central, etc.

En el aspecto internacional, Sánchez Cerro declaró inicialmente su intención de respetar los tratados firmados por sus antecesores, pero presionado por la opinión pública, se vio obligado a respaldar a los patriotas peruanos de Leticia, que querían que su territorio, cedido a Colombia por el Tratado Salomón-Lozano, volviera al seno del Perú. Ello que provocó un enfrentamiento bélico con dicha nación. Estando precisamente Sánchez Cerro pasando revista a los reclutas en el Hipódromo de Santa Beatriz (hoy Campo de Marte, en Lima), el 30 de abril de 1933, cuando fue víctima de un atentado: un individuo, llamado Abelardo González Leiva, se le acercó y le disparó varios tiros, que le cegaron la vida. Se supo después que el magnicida se había afiliado al partido aprista años antes, pero no se sabe hasta hoy si actúo solo o formó parte de un complot. Ese mismo día el Congreso, violando la Constitución, nombró presidente de la República al general Oscar Benavides, para que completara el período del difunto presidente, o sea hasta 1936.

La tarea inicial de Benavides fue buscar el fin del conflicto con Colombia, país con el que se llegó a un acuerdo de paz en mayo de 1934, previo compromiso del Perú de respetar el Tratado Salomón-Lozano. En el aspecto interno, Benavides dio la Ley de Amnistía General, el 9 de agosto de 1933, que favoreció a los apristas. Pero tras un intento revolucionario aprista en Lima (la llamada conspiración de El Agustino), se reinició la persecución antiaprista. Los apristas respondieron con actos terroristas en todo el país. El 15 de mayo de 1935 ocurrió el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada de la Guerra, y el de su esposa, a manos de un militante aprista. La represión recrudeció. Tanto el Partido Aprista como el Comunista fueron proscritos según ley por ser partidos “internacionales”.

El general Óscar R. Benavides y su gabinete ministerial. Lima, 1933.

Como su período debía culminar en 1936, Benavides convocó a elecciones en las que el candidato favorito era Luis Antonio Eguiguren; pero estas elecciones fueron anuladas por el Jurado Nacional de Elecciones, con el argumento de que los votos de los apristas favorecían a Eguiguren, y por tanto, eran ilegales por provenir de un partido proscrito. Consultado el Congreso, éste decidió que Benavides extendiera su mandato por tres años más, hasta 1939, y por añadidura le cedió la facultad de legislar. Acto seguido, el Congreso se disolvió.

Bajo el lema de «orden, paz y progreso», Benavides gobernó apoyado por la alta finanza y las Fuerzas Armadas. Logró superar la crisis económica, mejoró notablemente el aspecto financiero, especialmente en lo relacionado con la banca y la captación de impuestos, aplicándose algunos proyectos que había dejado la misión Kemmerer en 1931. El país comenzó a entrar a un período de prosperidad debido a las exportaciones, especialmente agrícolas. Se promulgó el Código Civil de 1936, se creó el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social y el Ministerio de Educación Pública, se fomentó el turismo. Se realizaron grandes obras de modernización en la capital, como la construcción de las actuales sedes de los poderes ejecutivo (Palacio de Gobierno), legislativo (Palacio Legislativo) y judicial (Palacio de Justicia). Se realizaron también obras de saneamiento en diversas ciudades, se culminaron varias obras de irrigación iniciadas por Leguía, se construyeron barrios y comedores para los trabajadores y sus familias, se instituyó el Seguro Social Obligatorio para Obreros, entre otras obras de tipo social.

Sin embargo, en el último tramo del gobierno de Benavides se hizo notorio el hastío de la población. El 19 de febrero de 1939 ocurrió la intentona golpista del general Antonio Rodríguez, al parecer con gran apoyo de diversos sectores. Aunque dicho caudillo resultó muerto en Palacio de Gobierno tras ser ametrallado por un oficial de la policía, Benavides entendió el mensaje.

Viendo pues el panorama, que le era adverso, Benavides decidió convocar a elecciones y hacer el traspaso de poder. Pero antes convocó a un plebiscito, que se realizó el 18 de junio de 1939, y por el cual se aprobaron importantes reformas constitucionales, como la ampliación del período presidencial de 5 a 6 años, el restablecimiento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica. Su intención era robustecer el Poder Ejecutivo en desmedro del Legislativo.

Las elecciones generales se realizaron el 22 de octubre de 1939. El candidato del gobierno, el banquero Manuel Prado Ugarteche (hijo del presidente Mariano Ignacio Prado), ganó con facilidad a su contrincante, el abogado José Quesada Larrea. Se habló de fraude electoral.

Los ensayos democráticos (1939-1948)[editar]

Manuel Prado Ugarteche, presidente constitucional del Perú en dos períodos: 1939-1945 y 1956-1962.

Manuel Prado asumió la presidencia el 8 de diciembre de 1939, iniciando lo que sería su primer gobierno (1939-1945). Político hasta entonces casi desconocido, se vaticinó que no duraría mucho en el cargo, pero desplegó una combinación de astucia táctica, flexibilidad estratégica y encanto personal, que le permitió gozar de respaldo. Su gobierno continuó en gran parte la obra realizada por el general Benavides, manteniendo fuertes vínculos con la oligarquía. Fue de una relativa democracia. Mantuvo proscrito al Partido Aprista y recibió el apoyo del Partido Comunista.

Este primer gobierno de Prado coincidió con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en la cual el Perú se alineó decididamente con el bando aliado, siendo el primer país de Latinoamérica en romper relaciones con las potencias del Eje. Durante una reunión extraordinaria de cancilleres realizada en Río de Janeiro, a principios de 1942, fue la actitud peruana la que inclinó a los representantes de los demás países americanos a apoyar a Estados Unidos.

Otro éxito internacional del gobierno de Prado fue la victoria sobre el Ecuador tras una breve guerra librada en 1941, firmándose luego el Protocolo de Río de Janeiro (29 de enero de 1942), que zanjó la centenaria disputa limítrofe con dicha nación, aunque los problemas derivados por la demarcación fronteriza habrían de ocupar todavía el resto del siglo XX.

Prado tuvo que enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la guerra mundial. Las importaciones bajaron notablemente pero los productos de exportación aumentaron. La escasez de productos de importación para el consumo nacional hizo surgir nuevas industrias que reemplazaron a los productos extranjeros con buen éxito. La guerra hizo aparecer a numerosos "nuevos ricos".

Para las elecciones de 1945 se conformó por Frente Democrático Nacional (FDN), conformado las más dispares partidos y movimientos, siendo el más importante el Partido Aprista, que para eludir la prohibición constitucional por su calidad de “partido internacional”, adoptó el nombre de “Partido del Pueblo”. Este Frente se logró gracias a un acuerdo entre el líder aprista, Haya de la Torre, y el mariscal Benavides, que aún conservaba ascendiente en el Ejército. El FDN lanzó la candidatura del jurista José Luis Bustamante y Rivero, mientras que el gobierno apoyó la candidatura del general Eloy Ureta, el vencedor de la guerra del Ecuador.

Bustamante y Rivero resultó triunfador y asumió la presidencia el 28 de julio de 1945, gobernando con un apego a las leyes inusual en la historia peruana. Hecho notable de su gestión fue extender la soberanía peruana en una extensión de doscientas millas marinas, por Decreto Supremo expedido el 1 de agosto de 1947.

En el aspecto económico se produjeron serias dificultades. La inflación creció y los salarios perdieron su poder adquisitivo. Frente al malestar social, que se manifestó en huelgas, Bustamante aplicó una política de asistencia social, de inspiración aprista. Escasearon los productos de primera necesidad, que solo podían obtenerse en los “estanquillos” si se presentaba el carné de militante aprista. Otras medidas aplicadas, como el control de cambios y los controles de precios, no variaron la aguda situación. Por su parte, el sector exportador agro-minero reclamó la eliminación total del control de cambios y de la restricción de las importaciones, que les afectaba directamente a los bolsillos.

En el aspecto político, Bustamante perdió pronto el apoyo del aprismo, pues se negó a someterse a su influencia. El asesinato de Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa (de tendencia antiaprista), ocurrido el 7 de enero de 1947,[6] fue atribuido al aprismo y marcó el inicio de la ruptura del gobierno con este partido. Los apristas pasaron a ejercer una desaforada oposición y los más exaltados de sus miembros planearon una revolución. Mientras que la oligarquía, que exigía mano dura contra los apristas, pasó también a conspirar, entendiéndose con los militares. El 3 de octubre de 1948, el sector extremista del aprismo fomentó la rebelión de la marinería en el Callao, que fue aplastada sangrientamente. Bustamante puso fuera de la ley al partido aprista, pero ya era muy tarde.

El 27 de octubre de 1948, el general Manuel A. Odría, a la cabeza de la guarnición de Arequipa, se levantó en contra del gobierno, proclamando una “Revolución Restauradora”. Otras guarniciones importantes, como la del Cuzco, dudaron en plegarse, pero el triunfo del movimiento se decidió cuando la guarnición de Lima, al mando del general Zenón Noriega se sumó a Odría. Bustamante, que se negó a renunciar, fue deportado hacia Buenos Aires, Argentina. Nuevamente el país se sumía en una dictadura militar de derecha.

El Ochenio de Odría (1948-1956)[editar]

El presidente Manuel A. Odría junto con algunos de sus ministros.

El período conocido históricamente como el Ochenio de Odría se divide en dos fases: la Junta Militar de Gobierno (1948-1950) y la Presidencia de la República (1950-1956). Algunos la definen como una “dictadura de derecha”; para otros fue solo un gobierno autoritario y popular. Retornaban así los militares al poder, tras ocho años de gobierno civil.

Depuesto el presidente Bustamante, los militares golpistas instauraron un Junta Militar, presidida por el general Manuel A. Odría, quien impuso un gobierno autoritario, enérgicamente antiaprista y anticomunista. Se suprimieron las garantías individuales, consagrada indefinidamente con una arbitraria Ley de Seguridad Interna, dirigida con especial dureza contra el APRA. Cerebro de la represión fue el director de gobierno, Alejandro Esparza Zañartu (luego ministro de Gobierno). Los líderes apristas fueron encarcelados o deportados. Haya de la Torre se asiló en la embajada de Colombia, donde permaneció hasta 1954, cuando salió rumbo al destierro.

La Junta Militar decidió convocar a elecciones presidenciales en 1950. Odría sería el candidato, pero existía un problema formal: de acuerdo a la constitución, el ciudadano que aspirara a la presidencia no debía ejercer al mismo tiempo el poder, al que debía renunciar, mínimo, seis meses antes de las elecciones. Odría dio entonces su famosa “bajada al llano”: faltando apenas un mes para las elecciones dejó el poder al general Zenón Noriega (1 de junio de 1950). La oposición, reunida en una Liga Nacional Democrática, presentó a su vez la candidatura del general Ernesto Montagne Markholz. En protesta, estalló la rebelión de Arequipa que fue reprimida sangrientamente por el gobierno. Montagne fue apresado y desterrado, quedando así Odría como único candidato y vencedor de las elecciones generales del 2 de julio de 1950, convertidas en una auténtica farsa.

Odría juró como Presidente Constitucional el 28 de julio de 1950. De su gobierno merece destacarse la gran obra educacional y de seguridad social, así como la relativa recuperación económica y financiera del país, favorecido en parte por una beneficiosa coyuntura internacional: la guerra de Corea, que trajo un aumento las exportaciones y el repunte de sus precios. La crisis económica empezaría a arreciar a finales de su gobierno y sería su sucesor a quien le tocaría enfrentar su solución. Su lema fue "Hechos y no palabras" que luego lo cristalizó en “Salud, Educación y Trabajo”. Impulsó un ambicioso programa de obras públicas, lo que trajo como consecuencia un pleno empleo y consecuentemente una momentánea paz social. Fue así como se erigieron grandes unidades escolares (como el Melitón Carvajal, Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning, etc.), universidades nacionales, edificios públicos (como el del Ministerio de Educación), complejos de vivienda, hospitales (como el Hospital del Empleado, hoy “Edgardo Rebagliati Martins”; y el Hospital Militar Central), hoteles, puentes, estadios (como el Estadio Nacional de Lima) y autopistas como la Panamericana, obras todas de gran envergadura.

La abundancia de obras públicas y la falta de una fiscalización originaron inevitablemente una gigantesca corrupción pública, de la que se beneficiaron tanto Odría como sus allegados.

Hacia 1954 empezaron a darse señales de la descomposición del régimen. Acusado de conspirador, el general Zenón Noriega fue desterrado. El 20 de julio de 1955, los redactores del diario La Prensa prepararon una declaración en la que exigían la derogatoria de la Ley de Seguridad Interior, la reforma electoral y la amnistía política general. Este documento sirvió de punto de partida para la fundación de la Coalición Nacional, encabezada por Pedro Roselló, Manuel Mujica Gallo, y Pedro G. Beltrán. Una reunión de la Coalición, realizada en el teatro de Arequipa, fue atacada por matones al servicio del gobierno, iniciándose una masiva protesta, similar a la de 1950. La ciudad se declaró en huelga general y pidió la destitución del ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Zañartu. Estalló así la llamada Revolución de Arequipa de 1955. Odría se abstuvo de enviar a las fuerzas militares para reprimir la revuelta y Esparza tuvo que renunciar, a fines de diciembre de 1955, partiendo al exilio. Este episodio marcó el comienzo del fin del régimen odriísta.

El régimen se hallaba ya estaba muy desgastado cuando Odría decidió convocar a elecciones generales en 1956, anunciando a la vez que no se presentaría como candidato. Se presentaron tres candidatos: Hernando de Lavalle, inicialmente apoyado por el gobierno y por el recientemente fundada Democracia Cristiana; el ex presidente Manuel Prado Ugarteche, por el Movimiento Democrático Peruano (MDP); y el arquitecto Fernando Belaunde Terry, lanzado por un improvisado Frente Nacional de Juventudes Democráticas, cuya inscripción fue impuesta al Jurado Nacional de Elecciones, tras una protesta memorable realizada en el centro de Lima, conocida como el “Manguerazo” (1 de junio de 1956).

Como el partido aprista se hallaba impedido de participar en las elecciones, los votos de sus militantes serían decisivos en la contienda. Los dirigentes apristas decidieron negociar sus votos, a cambio de la mejor oferta que hicieran los candidatos. Lavalle ofreció un estatuto de partidos que otorgaría la legalidad al APRA en fecha no determinada, lo que para los apristas no era suficiente. Fue Prado quien tuvo la habilidad de ganarse el apoyo de los apristas, a quienes prometió levantarles la proscripción desde el primer día de subir al poder, prometiendo derogar la famosa Ley de Seguridad Interior. El gobierno también optó por apoyar a Prado, con quien convino el llamado el Pacto de Monterrico, a cambio de una total impunidad en lo que respecta a los casos de corrupción del Ochenio.

Las elecciones se realizaron el 17 de junio de 1956. Los resultados oficiales fueron los siguientes: Manuel Prado Ugarteche, 568.134 votos (45,5%); Fernando Belaunde Terry, 457.638 votos (36,7%) y Hernando de Lavalle, 222.323 votos (17,8%). El 28 de julio de 1956, los militares dejaron el poder en manos del doctor Manuel Prado.

Intermedio democrático (1956-1968)[editar]

Doctor Manuel Prado Ugarteche, presidente del Perú por segunda vez, de 1956 a 1962.

Manuel Prado Ugarteche asumió el gobierno por segunda vez el 28 de julio de 1956. Cumpliendo la promesa hecha a los apristas, derogó la Ley de Seguridad Interior, comprendiendo en la amnistía subsiguiente a todos los presos políticos y a los que se hallaban exiliados. Por ello esta nueva gestión fue llamada el «período de la convivencia», ya que se produjo un entendimiento entre el pradismo y el aprismo.

El segundo gobierno de Manuel Prado se desarrolló en un clima de agitación motivada por tres razones principales:

  • Por la crisis económica, originada por la recesión producida en Estados Unidos en 1957. Se depreciaron notablemente los productos de exportación y los dólares escasearon, por lo que se devaluó la moneda peruana.
  • Por la agitación que surgió en el campo a favor de la realización de la reforma agraria; y
  • Por la enérgica campaña de alcance nacional a favor de la recuperación de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas que ilegalmente seguía explotando la compañía norteamericana International Petroleum Company.

Para enfrentar la crisis económica se nombró como ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros a Pedro G. Beltrán, el director del diario La Prensa, hasta entonces tenaz crítico del gobierno (1959). Su misión era poner en orden las finanzas, equilibrar el presupuesto y estabilizar la moneda, lo que se logró, no sin antes adoptarse medidas antipopulares de corte liberal, como el alza de la gasolina, el recorte de los subsidios a los alimentos y el aumento de la carga tributaria.

Por esos años se desarrollaron mucho las migraciones de la sierra y se incrementaron las barriadas en torno a Lima, al punto de hablarse del “cinturón de miseria” que empezaba a rodear la capital. También por entonces empezó el despegue de la industria de la harina de pescado, hasta convertir al Perú en la primera potencia pesquera del planeta, mérito que se debió a un talentoso empresario peruano: Luis Banchero Rossi.

Al aproximarse el final del gobierno de Prado, el descontento popular era innegable. Menudearon las huelgas y se hicieron protestas bulliciosas y hasta violentas en las calles. En medio de ese ambiente se convocaron a las elecciones generales de 1962, siendo los principales candidatos los siguientes:

Las elecciones se realizaron el 10 de junio de 1962. Al finalizar el escrutinio ningún candidato había obtenido el tercio de votos que exigía la Constitución Política vigente, teniendo entonces que elegir el Congreso entre los candidatos que más votación habían obtenido, que eran los tres arriba mencionados. La situación obligaba a un pacto entre por lo menos dos de estos tres principales contrincantes. Insólitamente para algunos, el pacto se realizó entre los dos enemigos acérrimos, Haya y Odría, acordándose que éste último asumiría la presidencia de la república. Pero se acusó al gobierno de haber cometido fraude en algunos departamentos, por lo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Ricardo Pérez Godoy, exigió al gobierno la anulación de las elecciones. Al recibir una respuesta negativa de parte del Jurado Nacional de Elecciones, los militares depusieron al presidente Prado en la madrugada del 18 de julio de 1962, cuando faltaban solo once días para finalizar su mandato presidencial. Se conformó una Junta Militar de Gobierno que anuló las elecciones y convocó a otras nuevas. Se ha dicho que el móvil verdadero de este golpe fue el antiaprismo muy arraigado todavía entre los militares. Cabe destacar que la acción de las Fuerzas Armadas fue de carácter institucional y no de tipo caudillesco, como habían sido hasta entonces todos los golpes de estado de la historia republicana del Perú.

Entre las medidas adoptadas por esta junta militar, destacan las destinadas a la planificación estatal y a la promoción cultural:

  • La creación del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú, que, posteriormente se denominó Instituto Nacional de Planificación (INP). Su finalidad fue proyectar el desarrollo del país de manera orgánica.
  • La creación de la Comisión Nacional de Cultura, el 24 de agosto de 1962, entidad autónoma encargada de la promoción, desarrollo y difusión de las manifestaciones culturales del país, que en 1971 empezó a llamarse Instituto Nacional de Cultura (INC), hoy Ministerio de Cultura.

La junta militar promulgó también la ley de bases de la Reforma Agraria, ante el agravamiento de la tensión campesina en el país, incitada por los sucesos de los valles de La Convención y Lares, en el departamento del Cuzco, donde los campesinos, acaudillados por Hugo Blanco, habían ocupado la mayor parte de los latifundios.

Estas primeras medidas tenían como objetivo realizar una serie de reformas ante el temor de que el descontento social pudiera ser canalizado por sectores radicales de izquierda.

En marzo de 1963, Pérez Godoy fue desalojado de Palacio de Gobierno por su segundo, el general Nicolás Lindley López porque, al parecer, empezaba a mostrar inclinaciones a continuar en el gobierno por más tiempo que el planeado originalmente. Lindley cumplió con la convocatoria de nuevas elecciones generales, que se realizaron el 9 de junio de 1963, con la participación de los tres candidatos importantes de la anteriores elecciones, es decir Haya de la Torre, Belaunde y Odría. Pero esta vez funcionó en contra de Haya de la Torre la teoría del “voto perdido”: para muchos era muy probable que si ganaba nuevamente el APRA los militares insistirían en no reconocer el resultado, por lo que apostaron por Belaunde, que resultó así triunfador. Los resultados oficiales fueron los siguientes:

  • Belaunde, 708.662 votos (39,1%).
  • Haya de la Torre, 623.501 votos (34,4%).
  • Odría, 463.085 votos (25,5%).
Arquitecto Fernando Belaunde Terry, presidente del Perú de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985.

El arquitecto Fernando Belaunde resultó así elegido Presidente Constitucional para el período 1963-1969. Su obra estuvo orientada mayormente a las grandes obras públicas: construcción de carreteras (principalmente la Marginal de la Selva), aeropuertos, conjuntos habitacionales, reservorios, etc.; asimismo, restituyó el origen democrático de las autoridades municipales. Sin embargo, su labor fue obstaculizada constantemente en el parlamento por la oposición de los partidarios del general Odría (agrupados en la ultraderechista UNO) y del APRA; estos dos partidos, que años antes habían sido encarnizados enemigos, formaron la llamada COALICIÓN, poniendo en minoría parlamentaria a los representantes de los partidos de gobierno: Acción Popular y la Democracia Cristiana, que formaron la llamada ALIANZA.

En cuanto a política económica, Belaunde no pudo controlar la inflación y la moneda nacional sufrió una drástica devaluación el 1 de septiembre de 1967. Asimismo se elevó la deuda externa. Se produjeron algunos levantamientos de campesinos y brotes guerrilleros en zonas andinas afectadas por la pobreza y la opresión de los terratenientes y que fueron reprimidas rápidamente con ayuda del ejército. Se acrecentaron las migraciones internas, del campo a la ciudad, especialmente en Lima, donde surgieron numerosos barrios marginales, que se denominaron después “pueblos jóvenes”, que agudizaron el problema de la vivienda y aumentaron el índice de desocupación.

Belaunde inició la reforma agraria que afectaba principalmente a los latifundios no cultivados de la sierra y la costa, pero sin tocar a los que tenían un rendimiento eficiente, como los agroindustriales de la costa. Trató también de resolver el asunto del petróleo con la International Petroleum Company (IPC). El 13 de agosto de 1968 se suscribió el Acta de Talara, por el cual todos los campos petroleros pasaban a poder de la estatal Empresa Petrolera Fiscal (EPF), mientras que la IPC conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución nacional del combustible y las llamadas Concesiones Lima. La IPC se obligaba a comprar todo el petróleo que la EPF le quisiera vender, para procesarla en su refinería de Talara. Toda la prensa se hizo eco de este suceso, estallando la ciudadanía en alegría. Sin embargo, la opinión pública cambió cuando un sector de la prensa (la revista Oiga) dio a conocer las condiciones que había impuesto la IPC para la firma del Acta. El momento cumbre del escándalo llegó cuando el renunciante presidente de la EPF, ingeniero Carlos Loret de Mola, denunció que faltaba una página en el contrato de precios de petróleo crudo entre la EPF y la IPC (10 de setiembre de 1968). Esa fue la famosa "Página Once", que sirvió de pretexto para que un grupo de oficiales del ejército dieran un golpe de estado menos de un mes después, acusando al gobierno de “entreguismo”.

En efecto, el 3 de octubre de 1968 el general Juan Velasco Alvarado encabezó el golpe de estado contra Belaunde, quien fue sacado a la fuerza de Palacio de Gobierno y desterrado a Argentina. Se inició así el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1980)[editar]

El autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas se instaló el 3 de octubre de 1968, tras el derrocamiento del presidente Belaúnde. Se dividió en dos fases: la primera, encabezada por el general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y la segunda, por el general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980).

El general Juan Velasco Alvarado se alzó contra el reformismo de los gobiernos anteriores y se propuso realizar cambios sustanciales en las estructuras del país. Su gobierno se reclamó nacionalista, antimperialista, (especialmente anti-estadounidense) y antioligarca, claramente orientado hacia la izquierda, lo que lo diferenciaba del resto de las dictaduras latinoamericanas, que por lo general eran de derecha. Su plan de gobierno lo expuso en el llamado “Plan Inca”.

Las principales reformas que realizó el gobierno de Velasco fueron las siguientes:

  • La toma de las instalaciones de la IPC en Talara, el día 9 de octubre de 1968, la misma que la realizaron las fuerzas de la Primera Región Militar con sede en Piura, al mando del general Fermín Málaga. Este hecho puso fin al viejo problema de La Brea y Pariñas y tuvo un gran impacto favorable en el país, ayudando al gobierno a consolidarse en el poder. Para dirigir la política petrolera nacional se creó un nuevo organismo, Petróleos del Perú (PETROPERÚ).
  • Se dio la ley de Reforma Agraria, el 24 de junio de 1969, que modificó el régimen de tenencia de la tierra, proscribió el latifundio, promovió la integración de minifundios y su cultivo en armonía con el interés social. Se expropiaron los fundos agroindustriales de la costa y se crearon las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP).
  • Estableció la Comunidad Industrial, por medio de la cual los trabajadores participarían corporativa e individualmente en las utilidades, gestión y administración de las empresas y la propiedad misma.
  • Se reformó el sistema bancario, creándose la Banca Comercial Asociada. Se puso bajo control directo del Estado al Banco Central de Reserva del Perú. Se prohibió a los bancos extranjeros la apertura de nuevas sucursales y se trató de captar mayor ahorro a través de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).
  • Se estatizó la industria pesquera, creándose para tal efecto la entidad PESCAPERÚ. Se creó el Ministerio de Pesquería.
  • Se dio la ley general de minería para promover la actividad minero-metalúrgica, con participación estatal. Para tal efecto de creó la entidad MINEROPERÚ. Los centros mineros de Cerro de Pasco fueron expropiados, creándose la entidad CENTROMIN PERÚ. También se crearon las entidades de HIERRO PERÚ (para la explotación del yacimiento de Marcona) y SIDER PERÚ (para la producción de acero en Chimbote):
  • Se creó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (1970). Se promulgó la ley general de telecomunicaciones que permitía la intervención estatal en la radio y la televisión. Se creó el organismo ENTELPERÚ como ente rector de las comunicaciones. En las postrimerías de este gobierno, fueron confiscados todos los diarios de la capital, en la medianoche del 27 de julio de 1974. También se confiscaron diarios en provincias.

Estas grandes reformas emprendidas con el propósito de cambiar la fisonomía del país agravaron la situación económica, debido a sus costos enormes. Se multiplicaron las empresas estatales, con un número crecido de empleados, que por corrupción o ineficiencia, produjeron enormes pérdidas. De otro lado, el gobierno aplicó políticas económicas demagógicas, como los subsidios a la gasolina. Se empeñó también en no devaluar la moneda, en momentos en que esta medida era necesaria. Cuando finalizó su gobierno en 1975, ya no existían reservas en el Banco Central. Pero fue el atropello a la libertad de prensa lo que originó que por primera vez surgieran en las calles de Lima manifestaciones populares contra la dictadura. Los días 28 a 30 de julio de 1974 la juventud del distrito de Miraflores se apoderó de las calles y plazas, alzando su voz de protesta. Más de 400 manifestantes fueron detenidos.

En febrero de 1975 se inició en Lima una huelga de policías, quienes se quejaban de maltratos y exigían aumento de sus sueldos. Los policías se acuartelaron pacíficamente en Radio Patrulla, en la avenida 28 de julio del centro de Lima. En la medianoche del 4 al 5 de febrero, fueron despiadadamente atacados por la tropa y las unidades blindadas del ejército. Muchos policías huyeron; otros se rindieron. Se produjo también un número indeterminado de muertos y heridos.[7] En la mañana del 5 de febrero estalló la más grave protesta popular, el llamado Limazo. Grupos de revoltosos recorrieron la ciudad y incendiaron el Casino Militar de la Plaza San Martín, el local del diario Correo y las oficinas de SINAMOS (entidad estatal que oficiaba como base política del régimen). El ejército salió a la calle, y en el transcurso de la tarde y la noche de ese mismo día, restableció el orden e hizo un número indeterminado de víctimas. El gobierno suspendió las garantías constitucionales e impuso el toque de queda. El saldo oficial fue de 86 muertos, 155 heridos, 1,012 detenidos y 53 policías enjuiciados.[8] Velasco acusó a la CIA y al Partido Aprista de alentar los disturbios. Pero su régimen ya estaba herido de muerte.

Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del APRA, que presidió la Asamblea Constituyente de 1978-1979. Falleció poco después de firmar la Constitución de 1979.

El 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez, entonces Presidente del Consejo de Ministros, lideró un golpe de estado incruento desde la ciudad de Tacna, acción conocida como el Tacnazo. Morales Bermúdez lanzó un manifiesto al país, el cual estaba respaldado por las Fuerzas Armadas y Policiales, y donde explicaba que su propósito era “eliminar los personalismos y las desviaciones” que el proceso revolucionario venía sufriendo. Velasco, que desde hacía meses se hallaba enfermo, e incluso había sufrido la amputación de una pierna, abandonó pacíficamente Palacio de Gobierno y se retiró a su residencia de Chaclacayo. Oficialmente se le consideró “relevado” del alto mando. No volvió a intervenir en política y falleció en 1977.

Morales Bermúdez enfrentó el descontento y presión popular para retornar a la democracia. En el plano económico continuó la crisis financiera, caracterizada por las continuas devaluaciones de la moneda. El 19 de julio de 1977, se realizó un paro nacional impulsado por la CGTP, central sindical de tendencia comunista, que reclamaba un aumento general de sueldos y salarios de acuerdo con el alza del costo de vida. Este paro tuvo un masivo apoyo de parte de la ciudadanía. Lima quedó paralizada durante 24 horas de un modo nunca antes visto. Luego vinieron diversas movilizaciones nacionales. Morales Bermúdez convocó entonces a una Asamblea Constituyente, como un primer paso para el retorno a la legalidad. Dicha Asamblea se instaló el 28 de julio de 1978 y fue presidida por el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Tras un año de debates se promulgó la Constitución de 1979, bajo cuya regencia se convocó a las elecciones democráticas de 1980, en las cuales triunfó el líder de Acción Popular y ex presidente Fernando Belaunde Terry, que volvió así nuevamente al poder, retornando la democracia.

Gobiernos populistas (1980-1990)[editar]

El presidente Fernando Belaúnde Terry en 1980.

Durante la década de 1980, el Perú enfrentó en una fuerte crisis económica y social, agravada por el estallido de un conflicto armado interno, iniciado por grupos terroristas de inspiración comunista.

Inaugurado el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), de inmediato se restituyeron a sus propietarios los medios de comunicación expropiados por la dictadura militar, pero no se quiso revertir la expropiación de las tierras hechas al amparo de la reforma agraria. Se convocaron también a elecciones municipales, restaurándose así el origen democrático de los gobiernos locales. El triunfador en la municipalidad metropolitana de Lima fue el acciopopulista Eduardo Orrego Villacorta. En 1983, unas nuevas elecciones municipales llevaron al municipio limeño a Alfonso Barrantes, candidato de la izquierda unificada.

En el aspecto internacional, Belaúnde enfrentó con el Ecuador el llamado conflicto del Falso Paquisha (1981) y apoyó a la Argentina durante la guerra de las Malvinas (1982).

En el aspecto interno, pese a tener mayoría en el Congreso (a diferencia de su primer mandato), este segundo gobierno belaundista no colmó las expectativas de la ciudadanía. Tuvo que enfrentar los efectos desastrosos del Fenómeno del Niño de 1983 y el agravamiento de la crisis económica, cuyo signo más notorio fue una continua inflación y el alza del costo de vida. Todo ello ocasionó una oleada de huelgas y paros laborales, que se prolongaría durante todo el gobierno.

Pero indudablemente el suceso negativo más relevante fue el surgimiento del accionar de grupos terroristas de inspiración comunista que pretendían instaurar un nuevo Estado mediante la lucha armada: Sendero Luminoso (1980) y el MRTA (1984). Las reiteradas violaciones de los derechos humanos en las regiones del conflicto, los crímenes y abusos no divulgados de efectivos militares y policiales peruanos, así como los de Sendero Luminoso, convirtieron al segundo gobierno de Belaúnde en uno de los más violentos de la historia de Perú. Los hechos más graves sucedidos fueron la masacre de Uchuraccay, donde nueve periodistas fueron asesinados por los moradores de dicho distrito andino al confundirlos con militantes de Sendero (26 de enero de 1983); y la masacre de Putis, donde más de un centenar de civiles fueron masacrados por una unidad del ejército al ser confundidos también con militantes de Sendero y enterrados en un conjunto de fosas comunes clandestinas (diciembre de 1984).

No obstante, Belaunde llevó adelante una política de obras públicas, especialmente en lo referente a la educación, vivienda y carreteras. Se construyeron las represas de Condoroma y Gallito Ciego, se terminó una etapa más de la central hidroeléctrica del Mantaro, se empezó la construcción de la central hidroeléctrica de Carhuaquero, se fundó la Ciudad Constitución (en plena selva de Pasco), se continuó la carretera marginal de la selva, se construyeron hospitales, postas sanitarias y colegios en todo el país, así como conjuntos habitacionales en varios lugares del Perú, principalmente en Lima, donde destacan las Torres de San Borja, Limatambo, Precursores, Marbella, Pachacámac y Carlos Cueto Fernandini; y en el Callao, la Ciudad Satélite de Santa Rosa.

El presidente Alan García Pérez.

El desgaste sufrido por la centro-derecha peruana en el quinquenio de 1980-1985, aseguraron el triunfo del Partido Aprista en elecciones generales de 1985, cuyo líder, el diputado Alan García Pérez, se convirtió así en el primer presidente aprista de la historia, luego de vencer a la candidatura izquierdista del doctor Alfonso Barrantes, entonces alcalde de Lima.

El primer gobierno de García (1985-1990), contó al principio con un masivo apoyo popular. Muy dado a las poses grandilocuentes y al discurso efectista, García empezó rompiendo con los organismos internacionales de crédito, al anunciar que solo destinaría el 10 % de las exportaciones al pago de la deuda externa. El FMI declaró entonces al Perú “inelegible”, es decir, no propenso a recibir nuevos créditos.

Merced a diversas medidas populistas que aplicó García al inicio de su gobierno, se produjo una temporal reactivación de la economía. Sin embargo, al agotarse la capacidad de gasto del estado, los problemas económicos empezaron a agudizarse. García acusó a los “circuitos financieros internacionales” de la crisis económica y para solucionarla emprendió una fallida estatización de la banca. Esta última acción generó la protesta de la sociedad civil liderada por el escritor Mario Vargas Llosa, quien, al frente del llamado Movimiento Libertad (neoliberal y pro empresa), encabezó una coalición de fuerzas de centro derecha, denominada Frente Democrático (Fredemo), con miras a las elecciones generales de 1990. El discurso de Vargas Llosa propició que el pensamiento liberal, hasta entonces excluido del debate político (dominado por la derecha conservadora y la izquierda radical), fuera ganando terreno, especialmente entre la clase media.

Finalmente, García se vio en la necesidad de sincerar la economía, aplicando un severo shock, anunciado el 6 de septiembre de 1988 (conocido como el “paquetazo”). La crisis económica alcanzó entonces su peor nivel, con una hiperinflación galopante (producto de la emisión masiva de moneda sin respaldo), la devaluación constante de la moneda y escasez de alimentos. Una de las imágenes más recurridas por los peruanos de entonces es las largas colas formadas para conseguir algunos productos básicos, las más de las veces sin éxito.

Por si fuera poco, se produjo el aumento de la actividad terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, que a su vez desencadenó una desmedida represión militar. Dentro de este contexto se produjo el caso de la matanza de terroristas amotinados en los distintos centros penitenciarios de Lima, el 19 de junio de 1986, suceso conocido como la matanza de los penales. Otro episodio sangriento fue la masacre de decenas de campesinos en el pueblo ayacuchano de Cayara en 1988. Se formaron escuadrones de la muerte, como el autodenominado Comando Rodrigo Franco, los que amedrentaron a sospechosos de terrorismo y a críticos de la política antiterrorista.

Mario Vargas Llosa en discurso como candidato a la presidencia del Perú (1990).

Los principales candidatos presidenciales que se presentaron en las elecciones generales de 1990 fueron el ya mencionado Mario Vargas Llosa, por el Fredemo, y Luis Alva Castro, candidato oficialista del Partido Aprista y ex ministro de economía. Sin embargo, faltando pocas semanas para las elecciones, surgió una figura hasta entonces desconocido en política, el ingeniero agrónomo y ex rector de la Universidad Nacional Agraria, Alberto Fujimori Fujimori, que encabezaba un improvisado partido llamado Cambio 90. En las elecciones del 8 de abril de 1990 Fujimori quedó en segundo lugar detrás de Vargas Llosa, forzando así a una segunda vuelta electoral. Esta se realizó el 10 de junio de 1990. Fujimori, apoyado por el APRA y la izquierda, ganó abrumadoramente con el 62 % de los votos, frente al 38 % que obtuvo Vargas Llosa.

La derrota de Vargas Llosa, que hasta poco antes de la primera vuelta era el gran favorito, se atribuyó a su anuncio de aplicar un shock económico para estabilizar la economía, algo que fue hábilmente explotado por los apristas, que difundieron un spot televisivo que mostraba el supuesto efecto devastador de tal medida, lo que espantó sin duda a muchos electores. Otra razón sería la desenfrenada campaña electoral de los candidatos al parlamento del Fredemo, que saturaron con sus spots y avisos los medios de comunicación. También hubo muchos que reprocharon a Vargas Llosa el hecho de aliarse con partidos tradicionales (AP y PPC), que ya habían tenido un paso nada exitoso por el poder.

Gobierno de Fujimori (1990-2000)[editar]

El gobierno de Fujimori se inauguró el 28 de julio de 1990, en medio de la expectativa general. Para enfrentar la crisis económica y la hiperinflación, Fujimori aplicó el llamado fujishock, siguiendo las directivas del Fondo Monetario Internacional. En el aspecto político, desarrolló un discurso contra los partidos y los políticos llamándolos tradicionales, a los que culpó de la calamitosa situación del país. Utilizando aquello como pretexto y en medio de denuncias de corrupción contra miembros de los parientes presidenciales, el 5 de abril de 1992, encabezó un golpe de estado denominado el autogolpe de 1992, con apoyo de las Fuerzas Armadas, mediante el cual se disolvió ambas cámaras del Congreso e intervino al Poder Judicial. Luego de ello convocó a un Congreso constituyente, que promulgó la Constitución de 1993, la misma que está actualmente en vigencia.

El gran triunfo de Fujimori fue la derrota del terrorismo, una amenaza social que desangraba al país desde los años 80, capturando a sus principales cabecillas y desarticulándolo por completo. Además, aplicó reformas liberales en la economía, que plantaron los cimientos necesarios para la recuperación de la maltrecha economía peruana y su ulterior despegue.

Los años noventa significaron así la definitiva cancelación del modelo económico dirigido por el Estado que regía el Perú desde la época del reformismo militar de los 70. Fue entonces cuando se redujo el tamaño del Estado, se abrió la economía al mercado internacional, y se privatizaron una serie de empresas estatales, muchas de las cuales habían sido utilizadas como botines políticos por los partidos políticos en el poder. Gozando de popularidad por su victoria sobre el terrorismo y sus aciertos en el plano económico, Fujimori fue reelegido presidente en 1995, derrotando a la candidatura del embajador Javier Pérez de Cuellar, sin necesidad de ir a segunda vuelta. En este segundo gobierno, logró terminar la delimitación de la frontera norte con la República del Ecuador, después del conflicto del Cenepa, según el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y la declaración de Paz de Itamaraty de 1995. De otro lado, enfrentó la crisis de los rehenes de la residencia del embajador japonés, tomada por un comando del MRTA, crisis que fue superada en abril de 1997, cuando en una acción militar sorpresiva, fueron liberados 71 de los 72 rehenes que todavía se mantenían cautivos.

El ex-presidente Alberto Fujimori durante el proceso judicial (2008).

Sin embargo, el autoritarismo y la red de corrupción que tejió su principal asesor, Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), acabaron por socavar al régimen fujimorista. Ya desde 1996, Fujimori inició maniobras legales para poder postular como candidato a la presidencia en el 2000, pese a que la Constitución de 1993 permitía solamente una reelección consecutiva. Para hacer viable tal proyecto, se dio la ley denominada de Interpretación Auténtica de la Constitución, por la cual no se tomaba en cuenta su primera elección de 1990, sino solo la del 1995, aduciendo que la norma constitucional se aplicaba a partir de 1993.

Siglo XXI[editar]

En las elecciones generales del 2000, Fujimori se presentó por tercera vez consecutiva como candidato presidencial, con la ventaja que le reportaba ejercer la presidencia, en desmedro de los demás candidatos. En la primera vuelta realizada el 9 de abril, Fujimori obtuvo el 49,8 % de los votos frente al 40,3 % alcanzado por el economista Alejandro Toledo (con estudios y carrera labrados en los Estados Unidos), por el partido Perú Posible. Para la mayoría, estas elecciones estaban manipuladas desde Palacio de Gobierno, y por ello, Toledo decidió no ir a la segunda vuelta (aunque sin presentar nunca su renuncia oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones), llamando a la población a votar en blanco. El 28 de mayo, Fujimori se presentó en solitario en la segunda vuelta, y antes de ser proclamado por el JNE, fue reconocido por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía, lo cual constituía una irregularidad. De ese modo, tras unas cuestionadas elecciones, Fujimori logró un tercer mandato. La oposición, conformada por los diversos partidos políticos y organizaciones civiles de diversa índole, intentó evitar la juramentación de Fujimori el día 28 de julio, pero no logró su objetivo. Durante la protesta, ocurrió el incendio de una sede del Banco de la Nación en Lima, en el cual murieron seis empleados, hecho que se atribuyó a elementos contratados por el gobierno para culpar a los manifestantes.

Seis semanas después, el 14 de septiembre, se difundieron filmaciones donde se mostraba claramente el soborno de algunos congresistas de oposición y empresarios para que favorecieran al Gobierno, lo que precipitó la caída del régimen. El asesor Vladimiro Montesinos huyó del país, yendo a Panamá y finalmente a Venezuela, donde posteriormente sería capturado y traído al Perú, hallándose desde entonces en prisión. Por su parte, Fujimori abandonó el país solicitando permiso para asistir a la cumbre de la APEC en Brunéi, pero luego se dirigió al Japón, país del cual era ciudadano y desde el cual renunció por fax, refugiándose allí. El Congreso no aceptó la renuncia y lo destituyó, inhabilitándolo para ejercer todo cargo político, por diez años. El entonces Presidente del Congreso, Valentín Paniagua, fue investido como nuevo Presidente de la República ante la renuncia de los dos vicepresidentes el 22 de noviembre, iniciándose así un periodo de transición.

El gobierno de transición (que contó con la colaboración del ilustre embajador Javier Pérez de Cuellar, como primer ministro), se orientó a la organización de nuevas elecciones y a una profunda campaña de moralización del aparato público y las fuerzas militares que habían caído bajo la influencia del sistema. Paniagua firmó contratos de explotación de los yacimientos de gas de Camisea, y convocó a una polémica Comisión de la Verdad para investigar la lucha contra el terrorismo de los últimos años.

Para las elecciones generales del 2001, los principales candidatos fueron: el economista Alejandro Toledo Manrique, nuevamente por el partido Perú Posible; el ex presidente Alan García, que retornó de su exilio y encabezó el Partido Aprista, al que reavivó; y Lourdes Flores, por Unidad Nacional. En la primera vuelta realizada el 8 de abril de 2001, encabezó Toledo la preferencia de la ciudadanía con 36,51 % de los votos, quedando en un sorprende segundo lugar García, con 25,7 % de los sufragios. En la segunda vuelta triunfó Toledo con el 53,08 % de los votos, mientras que García obtuvo 46,92 %.

El presidente Alejandro Toledo en el 2003.

El 28 de julio del 2001 juró Toledo como Presidente de la República, para el periodo 2001-2006. La paradoja de su gobierno fue que gozó de baja popularidad, envuelto en acusaciones de corrupción de la más variada índole, mientras la economía peruana logró superar la recesión y tuvo un gran crecimiento especialmente en la capital, la sierra central y la costa norte. En este período se inició la negociación de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el cual en su momento no fue visto con buenos ojos por los campesinos del país porque temían que tuviera un efecto negativo sobre sus economías. A los logros macroeconómicos de Toledo, habría que agregar a su favor el respeto al orden constitucional y a todas las libertades, principalmente la de prensa. De otro lado, durante su periodo se produjo la llegada a Chile de Alberto Fujimori, procedente del Japón. Se iniciaron los trámites de extradición del ex presidente, sobre quien pesaban gravísimas acusaciones de violación a los derechos humanos. Dicha extradición finalmente se concretaría en el 2007.

En las elecciones generales del 2006, los principales candidatos a la presidencia de la República fueron el oficial del Ejército del Perú en situación de retiro Ollanta Humala Tasso, por Unión por el Perú; el ex presidente Alan García, por el Partido Aprista; y Lourdes Flores, por Unidad Nacional. El más novel de estos candidatos, Humala, se había hecho conocido por una asonada que encabezó en las postrimerías del gobierno de Fujimori, el llamado levantamiento de Locumba. En la primera vuelta realizada el 9 de abril del 2006, Humala quedó arriba, con el 30,62 % de las preferencias, y García quedó en segundo lugar, con el 24,33 %, superando de manera ajustada a Lourdes Flores, considerada como la candidata de la derecha. La campaña por la segunda vuelta entre Humala y García planteó un dilema a miles de peruanos. A García, pese a un discurso y perfil más moderado, se le recordaba su desastrosa gestión presidencial de 1985-1990; y a Humala, con su mensaje radical orientado hacia la izquierda, se le identificaba con el autoritarismo al estilo del presidente venezolano Hugo Chávez, quien incluso intervino groseramente a su favor, algo inédito en el marco de las relaciones internacionales. Para diversos analistas, esta intromisión del chavismo favoreció a la candidatura de García. La segunda vuelta, realizada el 4 de junio de 2006, en medio de un ambiente de incertidumbre por el futuro de la democracia, dio por triunfador a García, con el 52.6 % de los votos, mientras que Humala quedó con 47.3 % de los mismos.

El presidente Alan García Pérez saludado por los legisladores miembros de la Comisión de Recibo designada para darle la bienvenida a su llegada al Palacio Legislativo. Año 2010

El segundo gobierno de Alan García Pérez se caracterizó por su marcado interés en favorecer la inversión extranjera, por el deseo de acelerar la integración del Perú con los grandes mercados mundiales y de alentar al empresariado a inyectar sus capitales en el país. En definitiva, siguió los lineamientos de la política económica trazada desde 1990 (es decir tras el fin de su primer gobierno). Entre otros acuerdos, logró finiquitar el TLC con los Estados Unidos, y acuerdos similares con China, Tailandia, Chile, Canadá, Corea del Sur y México. De otro lado, la inflación llegó a su nivel más bajo en décadas (2 %), lo que resulta irónico tratándose de García, cuyo primer gobierno había concluido con la mayor hiperinflación de la historia republicana. Las reservas internacionales llegaron también a un record histórico y se mantuvo el crecimiento sostenido del país. Gracias a un adecuado manejo de la economía, el Perú pudo superar sin mayores sobresaltos la recesión mundial que golpeó a los principales compradores, los Estados Unidos, la China, etc.

No obstante, el gobierno de García debió soportar, al igual que el anterior de Toledo, de protestas sociales en diversas localidades, siendo el episodio más sombrío la llamada masacre de Bagua, el 5 de junio del 2009, donde, un enfrentamiento entre los nativos y las fuerzas del orden ocasionó la muerte de decenas de personas, entre ellos 24 policías. Otro aspecto negativo fue el llamado escandalo Petrogate, que consistió en la difusión de audios entre funcionarios del gobierno negociando la entrega de lotes petroleros a una empresa extranjera.

El presidente Ollanta Humala.

En las elecciones generales del 2011, se presentó por segunda vez como candidato a la presidencia el ex comandante Ollanta Humala Tasso, por la alianza electoral Gana Perú, a la que se sumaron diversos partidos de izquierda. También postularon Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, por Fuerza 2011; y Pedro Pablo Kuczynski, economista y candidato liberal, por la Alianza por el Gran Cambio. En la primera vuelta, realizada el 10 de abril, Humala obtuvo la más alta votación (31,72 %), aunque sin llegar al 50% más uno de los votos requeridos por la Constitución. En segundo lugar quedó Keiko Fujimori, que superó con un escaso margen a Kuczynski.

Ollanta y Keiko pasaron así a la segunda vuelta, lo que alarmó a un sector de la ciudadanía, ya que ambos aparentemente se identificaban con autoritarismos antidemocráticos: el fujimorismo, en el caso de Keiko, y el modelo chavista de Venezuela, en el caso de Humala. Sin embargo, Humala se esforzó en demostrar sus distanciamiento del chavismo, modificando su plan de gobierno original y jurando un "compromiso en defensa de la democracia" ante la presencia de varios destacados intelectuales, profesionales y artistas peruanos, quienes le brindaron su apoyo. Finalmente, en las elecciones de segunda vuelta realizadas el 5 de junio del 2011, Humala resultó triunfador con el 51,44 % , con un margen de 3% de ventaja sobre su competidora Keiko.

Referencias[editar]

  1. Basadre 2005, tomo 1, p. 36.
  2. Roel, Virgilio, p. 201.
  3. Roel, Virgilio, p. 201-202.
  4. Basadre 2005, tomo 9, p. 208.
  5. Basadre 2005, tomo 15, p. 14.
  6. Nelson Manrique (17 de diciembre de 2008). «Violencia y corrupción». La República (Perú). Consultado el 9 de enero de 2013.
  7. Chirinos Soto 1985, p. 318.
  8. Datos de Aldo Panfichi y Dirk Kruijt, citados en El Perú Contemporáneo, de Ricardo Portocarrero Grados (2000), p. 1105.
Bibliografía
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