Matanza en los penales del Perú

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Las ruinas del Frontón, Isla El Frontón

Se conoce como la Matanza de los penales a una serie de acciones militares ocurridas en el Perú entre el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. La respuesta policial y militar con la que se reprimió este motín tuvo como resultado la pérdida de casi 300 vidas entre los amotinados.

En este hecho, que ha sido calificado como de el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980 por parte de las organizaciones políticas, consideradas por los partidarios del ex presidente Alan García como "no neutrales", y por el organismo estadounidense de vigilancia de los derechos humanos Americas Watch.[1] estuvo implicado el entonces presidente peruano Alan García, lo mismo que Luis Giampietri, entonces uno de los jefes de la Marina de Guerra del Perú[cita requerida]. Según indica el propio ex presidente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú no ha hallado responsabilidad personal alguna atribuible a su persona habiendo respondido durante más de 20 años a la justicia acerca de esto y en todo momento se le ha encontrado inocente.[2]

La iglesia Católica peruana en el documento publicado el 19 de junio de 1986 y titulado Masacre de los penales de Lima relata:

En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El consejo de ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa.[3]

Según algunas opiniones las acusaciones fueron apoyadas por los gobiernos de los presidentes Alberto Fujimori y Alejandro Toledo [cita requerida].

En la historia moderna del Perú se han dado más casos de víctimas entre los presos, es particular durante todos los gobiernos civiles que sucedieron al régimen del general Juan Velasco Alvarado, pero el elevado número de víctimas de estos sucesos causó gran conmoción tanto en el país como en el extranjero.

Según afirma la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú

En el caso de El Frontón, encargado a la Marina de Guerra, las acciones se extendieron un día más y fueron las mas violentas porque fue el único lugar donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal[4]

En los hechos acaecidos en el penal de El Frontón hay, al menos dos casos, en que murieron personas que habían sido declaradas inocentes, tal y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en su sentencia del 16 de agosto de 2000.[5]

Antecedentes[editar]

La sangrienta campaña terrorista del grupo subversivo peruano Sendero Luminoso contra la población civil indefensa, las autoridades, la infraestructura (puentes, postas médicas, torres de alta tensión, etc.) había ido en alza desde 1983 y era responsable de la muerte de miles de habitantes de las regiones rurales del Perú. El Ejército peruano, comisionado por el gobierno para combatir esta amenaza, ocasionó igualmente una dura campaña de represión contra los terroristas, en la que asimismo se vulneraron los derechos humanos de la población campesina, sospechosa de colaborar con los subversivos.[cita requerida]

Al inicio de su gobierno, el presidente peruano Alan García mostró interés en cambiar la estrategia contrasubversiva ejecutada por su antecesor, el presidente Fernando Belaúnde Terry, con el fin de reducir las agresiones sufridas por la población rural, llegando a convocar a la sociedad civil para proponer soluciones a este grave problema.

Los sucesos ocurridos en las prisiones, sin embargo, volvieron a poner el tema de la violación de los derechos humanos en el centro de la atención nacional e internacional.[cita requerida]

El Motín[editar]

El 18 de junio de 1986, a las seis de la mañana, durante el transcurso de un congreso de la Internacional Socialista (de la que el Partido Aprista Peruano del entonces presidente Alan García formaba parte) en Lima, los presos por terrorismo de las cárceles de San Juan de Lurigancho (presos comunes), en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón (terroristas) y Santa Bárbara (mujeres), que poseían un control tácito al interior de los centros, se amotinaron en forma coordinada y tomaron como rehenes a los guardias de las cárceles y a tres periodistas.

Los amotinados en las tres cárceles presentaron un pliego único de 26 demandas, la mayoría relacionada a mejoras en las condiciones de vida de los prisioneros y la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad encargada de las prisiones en el país.[6] [7] Alan García y los miembros de su gobierno fueron tomados desprevenidos por el incidente. [cita requerida]

A las 10:00 se inició una sesión de emergencia del Consejo de Ministros y de los mandos militares con la participación de Alan García. Tres horas después, finalizada la reunión, el ministro del Interior, Agustín Mantilla, anunció que, de no rendirse los amotinados, los centros penitenciarios serían retomados por la fuerza.

Sendero Luminoso lanzó ese día una ola de asesinatos y atentados terroristas en Lima que costó varias vidas.

Negociaciones[editar]

El gobierno envió una comisión negociadora formada por César Samamé, Augusto Rodriguez Rabanal y Fernando Cabieses, que llegó a las 16:30 a negociar a la cárcel de El Frontón. Dichas negociaciones no prosperaron.

El asalto[editar]

A las 17:15 , al no prosperar las negociaciones, el jefe del grupo de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú, a requerimiento del señor viceministro del Interior, Agustín Mantilla, inició las acciones para retomar los penales. Las FOES se encargarían de las demoliciones de algunas paredes de los penales para así posibilitar la intervención de los elementos de la Guardia Republicana del Perú.

El primer ataque se dio en la cárcel de mujeres, en donde la Guardia Republicana (sección en ese momento existente de policía encargada de la vigilancia de las cárceles y de las fronteras) recuperó el control del penal relativamente rápido. Los policías demolieron una pared y lanzaron gases lacrimógenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados, resultando dos internas muertas.

El asalto contra la cárcel de la isla de El Frontón se inició a las 0:00, estando a cargo de la Marina de Guerra y de la Infantería de Marina peruanas. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorización para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervención. [cita requerida]

Mientras tanto, desde la isla de El Frontón, el viceministro del Interior aprista, Agustín Mantilla, anunció que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que había sido declarada zona militar restringida. También a las 0:00 llegó a Lurigancho un escuadrón de la Guardia Republicana, que colocó explosivos alrededor de la pared exterior del Pabellón Industrial de la prisión donde los senderistas tenían a un rehén. Entonces se inició el ataque conjunto de tropas de la Guardia Republicana y del Ejército peruano.

A las 3:00, después del ataque con fusiles y granadas que ocasionó un duro combate. Horas más tarde, los 124 senderistas atrincherados en el edificio yacían muertos.

El escándalo nacional e internacional frente a este crimen múltiple fue enorme.[cita requerida] El presidente García visitó tardíamente el lugar de los sucesos, declarando que sólo cabían dos posibilidades: "o se van ellos (los autores del crimen) o me voy yo". Sin embargo nunca se hizo nada por castigar a los culpables.

Conclusiones[editar]

Ante las graves acusaciones que se hicieron con respecto a la reacción de las Fuerzas Armadas, el Parlamento peruano, en sesión conjunta, conformó una comisión que tuvo por objetivo la investigación y el análisis de los sucesos ocurridos en los penales.

La comisión, presidida por el entonces senador Rolando Ames, afirmó haber encontrado suficientes pruebas para acusar y exigir una respuesta por las decisiones tomadas por el Presidente Alan García y su Consejo de Ministros y determinar la responsabilidad política por estos actos.

El gobierno de García, sin embargo, otorgó impunidad a los autores de la masacre.[cita requerida] Inclusive, uno de los responsables del operativo llevado a cabo por la Marina de Guerra del Perú en El Frontón, el vicealmirante AP Luis Giampietri Rojas, fue Primer Vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, la matanza de las prisiones marcó un punto de quiebre en la política antiterrorista del gobierno de Alan García, pues si hasta ese momento había mostrado interés en frenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas del Perú, tras los hechos de junio de 1986, permitió e inclusive alentó la continuación de la represión [cita requerida](de la cual uno de los hechos más sonados de estos años fue la masacre de 30 campesinos en el poblado ayacuchano de Cayara)[cita requerida]

Referencias[editar]

  1. Americas Watch 1987:38. Durante estos incidentes, el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas, se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido.
  2. De otro lado, el ex presidente del Perú durante el periodo 1985 – 1990 indicó que la Comisión de la Verdad no ha hallado “responsabilidad personal” atribuida a su personas, por las muertes extrajudiciales ocurridas en el penal El Frontón, durante su mandato. En este sentido, indicó que desconoce el termino “responsabilidad política”, achacado a estos hechos, al asegurar que se puede discutir “en cualquier momento” sobre las estrategias empleadas por su gobierno contra la subversión. http://www.agenciaperu.com/actualidad/2003/agos/garcia_cvrinf.htm
  3. Masacre de los penales de Lima 19 de junio de 1986. Perú. http://www.servicioskoinonia.org/martirologio/ficha.php?codigo=377
  4. CV 2004: 231
  5. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_68_esp.pdf Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sentencia de 28 de mayo de 1999, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 50 (1999): Excepciones Preliminares caso Durand y Ugarte. En la Biblioteca de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. Estados Unidos:http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/C/50-esp.html Medidas del estado peruano para reparar el daño causado a estas dos víctimas de El Frontón: http://www.mimdes.gob.pe/noticias/2002/not26nov.htm Informe de la Comisión de la Verdad del Perú sobre las Ejecuciones Extradudiciales del Penal de El Frontón y el Penal de Lurigancho: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.67.FRONTON%20Y%20LURIGANCHO.pdf
  6. Informe al Congreso Sobre los Sucesos de los Penales. Comisión Investigadora de los Sucesos de los Penales, 1988.
  7. «Pliego Unico Demandas De Los Prisioneros De Guerra De Las Luminosas Trincheras De Combate Del Fronton, Lurigancho Y Callao».