Fuero parlamentario

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Se denomina fuero parlamentario, en Derecho, a los privilegios o normas especiales que aplican a una o varias personas en el ámbito del Derecho penal por el hecho de pertenecer a un Parlamento democrático, como representantes de la soberanía popular. Estas personas, mientras se encuentran en su cargo, tienen privilegios propios, como la inviolabilidad o el sometimiento a tribunales específicos.

En el sistema Westminster, un mecanismo equivalente se denomina privilegio parlamentario.

Origen del fuero parlamentario[editar]

El fuero parlamentario tiene su origen en la separación de poderes y la búsqueda de la independencia del poder legislativo con respecto al ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías parlamentarias.

En un comienzo, no dejaba de ser habitual que cuando un parlamentario se oponía a los deseos del rey, éste buscase excusas para, utilizando el poder ejecutivo, acusarle de algún delito y buscase apartarle de la vida pública. Como forma de evitar estas injerencias, se establecieron medidas que impedían que pudiese ser encausado ningún parlamentario si previamente el propio Parlamento no daba su visto bueno y que, en el caso de ser encausado, estuviese sometido a algún orden jurisdiccional específico (normalmente el Tribunal de mayor jerarquía).

Regulaciones nacionales[editar]

Flag of Argentina.svg Argentina[editar]

La Constitución de la Nación Argentina establece los fueros parlamentarios en sus artículos 68 a 70. El primero establece que los legisladores no pueden ser acusados en forma judicial por las actividades propias de su mandato como legisladores, incluyendo las opiniones o discursos que pudieran formular.[1] El 69 establece que no pueden ser detenidos por la Policía Federal, excepto en la eventualidad de ser sorprendidos in fraganti (en el lugar del hecho) cometiendo un delito.[2] El artículo 70 establece que, en caso de presentarse querellas ante la justicia contra un legislador, el voto de los dos tercios de su cámara puede retirarle los fueros y ponerlo a disposición de la justicia.[3]

Flag of Costa Rica.svg Costa Rica[editar]

En Costa Rica, el Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea Legislativa. Durante las sesiones parlamentarias no puede ser arrestado por causa civil, salvo autorización de la propia Asamblea Legislativa o que el Diputado lo consienta. Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad parlamentaria no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el Diputado la renuncia. Sin embargo, el Diputado que haya sido detenido por flagrante delito, será puesto en libertad si la Asamblea lo ordenare. Tiene similitud con el llamado Privilegio parlamentario del Sistema Westminster de Inglaterra.[4]

Flag of Spain.svg España[editar]

En España el Rey y la Reina en ejercicio (y también el monarca anterior y su esposa, tras su abdicación), su familia directa y los Diputados y Senadores[5] , ya sean del Parlamento nacional o de alguno de los Parlamentos autonómicos, gozan de fuero propio según la Constitución. Este fuero propio se plasma en las siguientes prerrogativas parlamentarias:

  • Inviolabilidad: El parlamentario no podrá ser perseguido judicialmente por las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su cargo (artículo 71.1 de la Constitución Española de 1978).
  • Inmunidad: Los Diputados y Senadores solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, y es necesario solicitar la autorización del Parlamento para poder ser inculpados o procesados (artículo 71.2 de la Constitución Española de 1978). Esta autorización la solicita el Tribunal Supremo a la Cámara correspondiente, a través del suplicatorio.
  • Fuero específico: Los parlamentarios sólo pueden ser juzgados en el Tribunal Supremo.[6] Se ha criticado en ocasiones que esto puede vulnerar el derecho de apelación en segunda instancia.[cita requerida]

Actualmente en España existen más de 10.000 aforados, siendo sólo una quinta de ellos personas relacionadas con la política.

Flag of Guatemala.svg Guatemala[editar]

La Constitución Política de la República en su artículo 161, establece que los diputados gozan de inmunidad personal (o derecho de antejuicio) e irresponsabilidad por su opinión, por su iniciativa y por la manera de tratar negocios públicos en el desempeño de su cargo. Sólo puede ser separado de su cargo por la Corte Suprema de Justicia si ha lugar a la formación de la causa pero si es delito flagrante son inmediatamente puestos a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso de la República por la Policía Nacional Civil.

Flag of Uruguay.svg Uruguay[editar]

La Constitución de la República Oriental del Uruguay establece los fueros parlamentarios en los artículos 112,113,114,115.

Flag of Peru.svg Perú[editar]

La Constitución política en su Artículo 93° menciona que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento.

Referencias[editar]

Véase también[editar]