Proceso de Reorganización Nacional

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Proceso de Reorganización Nacional
Contexto del acontecimiento
Fecha Miércoles, 24 de marzo de 1976[1]
Sitio Argentina
Impulsores Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, José Alfredo Martínez de Hoz, Jaime Perriaux, entre otros.
Influencias ideológicas de los impulsores anticomunismo,[2] [3] [4] [5] antiperonismo,[6] [7] [8] [9] [3] [4] [5] liberalismo económico,[10] [7] [11] [4] [12] [5] [13] [14] conservadurismo liberal,[13] nacionalismo católico[15] [16]
Gobierno previo
Gobernante Presidenta María Estela Martínez de Perón
Forma de gobierno Democracia Representativa
Gobierno resultante
Gobernante Junta Militar: Jorge Rafael Videla-Emilio Eduardo Massera-Orlando Ramón Agosti (de facto)
Forma de gobierno Dictadura militar

Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura[nota 1] que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón (peronista), hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín (radical).

Una junta militar, encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, ocupó el poder, una etapa que suele ser denominada simplemente como «el Proceso». Es considerada «la dictadura más sangrienta de la historia argentina».[30]

El Proceso[nota 2] se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso.

Reseña histórica[editar]

Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista-guevarista).

El argumento explícito de los militares era que perseguían el propósito de terminar con el "desgobierno", la "corrupción" y el "flagelo subversivo":

Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión, a la carencia de soluciones para el país, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los exterminios, a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación, una actitud distinta a la adoptada.

Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder. Es una decisión por la Patria, y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza por consiguiente la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia. Las Fuerzas Armadas desarrollarán, durante la etapa que hoy se inicia, una acción regida por pautas perfectamente determinadas. Por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad. Así la República llegará a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional, metas irrenunciables, para cuya obtención se convoca a un esfuerzo común a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este suelo, tras estas aspiraciones compartidas, todos los sectores representativos del país deben sentirse claramente identificados y, por ende, comprometidos en la empresa común que conduzca a la grandeza de la Patria.

Al contraer las Fuerzas Armadas tan trascendente compromiso formulan una firme convocatoria a toda la comunidad nacional. En esta nueva etapa hay un puesto para cada ciudadano. La tarea es ardua y urgente, pero se la emprende con el absoluto convencimiento de que el ejemplo se predicará de arriba hacia abajo y con fe en el futuro argentino.

La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, a la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia. No se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia, ni tampoco cualquier transgresión a la ley en oposición al proceso de reparación que se inicia.

Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional.[31]

  • Jorge Rafael Videla, Tte. Gral., Comandante Gral. del Ejército;
  • Emilio Eduardo Massera, Almte., Comandante Gral. de la Armada;
  • Orlando Ramón Agosti, Brig. Gral., Comandante Gral. de la Fuerza Aérea.

La violencia política, que se venía incrementando significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. En ese sentido se pronuncia el profesor García cuando considera que la decisión de Montoneros de convertirse en un auténtico ejército regular clandestino en 1975 y su búsqueda de la confrontación directa con las Fuerzas Armadas a mediados de ese mismo año —con algunos éxitos iniciales[nota 3] — convenció a los militares de que necesitaban controlar el Estado y exterminar físicamente a los guerrilleros para vencerles.[32] Sin embargo, otros analistas afirman que dicha justificación encubría la voluntad de imponer en el país un régimen económico neoliberal,[33] a tono con los requerimientos y exigencias que planteaban en esos momentos el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos a los países latinoamericanos. El escritor e integrante de la organización Montoneros[34] Rodolfo Walsh escribió:

Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.

(Rodolfo Walsh - Carta Abierta a la Junta Militar- Marzo de 1977)[35]

Una detallada explicación posible de las consecuencias económicas del golpe de Estado se encuentran en la nota "Una pesada herencia" de Ernesto Hadida, editor de Invertia Argentina.[36]

El desencadenamiento del golpe de estado y las acciones posteriores del gobierno provocaron en la sociedad reacciones dispares que incluso en algunos casos fueron variando con el correr del tiempo.

La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la «guerra sucia», coordinada con otras dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.[37]

El gobierno de facto secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, que luego serían denominadas «los desaparecidos» —unas sospechosas de ser guerrilleros y otras simples activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas— en centros clandestinos de detención establecidos al efecto. Gran cantidad de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.

El golpe de estado del 24 de marzo de 1976[editar]

Al día siguiente del golpe, el diario La Nación comunica que se ha impuesto la pena de muerte en Argentina.

El golpe de estado perpetrado el miércoles[38] 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, la Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay), sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

A mediados de 1975 una delegación de empresarios liderada por José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino se entrevistó en secreto con el entonces general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque "se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad" y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran "el imperio del orden sobre todas las cosas".[39] Desde ese momento, las reuniones entre empresarios y militares se hicieron frecuentes, con la destacada mediación de Jaime Perriaux, director de empresas como La Vascongada y Citroën. La última de esas reuniones se realizó con el entonces almirante Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada.[39]

En octubre de 1975, los militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la Iglesia Católica que se comprometieron a no oponerse.[40] Asimismo, los militares consideraban que los partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Federal y Partido Justicialista no opondrían resistencia significativa al golpe de estado.[39]

En febrero de 1976 el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. El plan contemplaba la necesidad de "encubrir" como "acciones antisubversivas", la detención clandestina de activistas y opositores, desde la noche misma del golpe.[39]

Es posible que la conducción de Montoneros supiera de la proximidad del golpe incluso con mucho más detalles que la sospecha generalizada de golpe.[41] Firmenich dijo sobre ello: "no hicimos nada por impedirlo porque, en suma, también el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento Peronista".[41]

El 21 de marzo de 1976 el diario derechista La Nueva Provincia de Bahía Blanca criticaba a los políticos que daban prioridad a mantener el régimen democrático y reclamaba abiertamente el golpe militar:

«A las elecciones con muletas», dejó escapar, en alguna ocasión, el líder radical (Ricardo Balbín). No interesa cuál sea el precio, no importan las consecuencias ni el estado de la República. Lo importante es llegar... Quizás porque subyugado con aquellas palabras de Almafuerte supone "curables" los males argentinos cinco minutos antes que muera la República? ¡Qué increíble ceguera! No cabría pensar, mejor, con el egregio Lugones, que otra vez LA HORA DE ESPADA se cierne insoslayable, para bien del mundo?

Diario La Nueva Provincia, 21-02-1976.

En el ámbito internacional, el golpe fue previsto por la inteligencia estadounidense y anticipado por William P. Rogers al Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en su reunión semanal el día 24 de marzo de 1976.[42] Este expresó su apoyo expresando el interés de Estados Unidos en el golpe, y su deseo de alentarlos y no hostigarlos, a pesar de las advertencias de William P. Rogers acerca del probable baño de sangre y las matanzas no sólo a terroristas sino a disidentes en sindicatos y partidos políticos.[43]

A la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón:

Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada.

Simultáneamente con el golpe, esa misma noche, se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y la zona que se extiende desde el Gran Rosario hasta San Nicolás.[39]

El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

El comunicado N.º 19 estableció:

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.

Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):

Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte... Art.5 ...el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de dos a cuatro precedentes... Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables...que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.

Robert Cox, cuando era director del Buenos Aires Herald manifestó en un reportaje concedido a un semanario político al ser preguntado si había estado a favor del golpe, respondió: “por supuesto, el país no aguantaba más la situación en que estaba sumido”.[44]

Por su parte el periodista A. Graham-Yooll afirmó: “el establishment, el país, gran parte de la clase media, yo diría la clase trabajadora también, apoyó el golpe. Claro que había una enorme parte de la población que estaba comprometida políticamente que no lo hizo”.[45] Jorge Fontevecchia escribió que "En 1976 no se podía saber que la última dictadura sería infinitamente más cruel y macabra que las anteriores y, aunque duela reconocerlo, una parte muy numerosa de la sociedad apoyó el derrocamiento del gobierno democrático de Isabel Perón".[46]

Inicio del proceso[editar]

Gráfico sobre la estructura del gobierno implantada por el Proceso de Reorganización Nacional.

El mismo 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso, como «órgano supremo del Estado»,[47] una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas (ejército, marina y aviación). El origen tripartito del poder, durante el Proceso de Reorganización Nacional, estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta a enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación).

También se dispuso que el mando directo del país quedaría en manos de un «presidente», con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta. El primer presidente designado fue el exgeneral Jorge Rafael Videla.

Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales (gobernadores y legislaturas) y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril.

Finalmente la estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa (CAL), integrada por tres militares designados por cada fuerza, con «facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas».[48]

Los autores e ideólogos del golpe decidieron autodenominarse como Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura:

  • a) que se trataba de un «proceso» y que como tal «no tenía plazos sino objetivos»;[49]
  • b) que había que «reorganizar» radicalmente al país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales, el sistema político y la cultura nacional.

«En ejercicio del poder constituyente» la Junta de Comandantes impuso una serie de «principios liminares», «objetivos básicos», actas y estatutos para la Reorganización Nacional, al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución vigente, en lo que pudiera resultar aplicable aún. Cuatro fueron la principales normas supraconstitucionales establecidas:

Cinco días después del golpe, el 29 de marzo, asumió Videla como presidente, y a continuación asumieron sus ministros:

 Estandarte Presidencial
Ministerios de
Jorge Rafael Videla
Cartera Titular Período
Ministerio del Interior Albano Harguindeguy 29 de marzo de 197629 de marzo de 1981
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
César Augusto Guzzetti
Oscar Antonio Montes
Carlos Washington Pastor
29 de marzo de 197623 de mayo de 1977
23 de mayo de 197727 de octubre de 1978
6 de noviembre de 197829 de marzo de 1981
Ministerio de Economía José Alfredo Martínez de Hoz 29 de marzo de 197629 de marzo de 1981
Ministerio de Educación Ricardo P. Bruera
Juan José Catalán
Juan Rafael Llerena Amadeo
29 de marzo de 1976 – mayo de 1977
junio de 1977 – agosto de 1978
3 de noviembre de 197829 de marzo de 1981
Ministerio de Bienestar Social Julio Juan Bardi
Jorge A. Fraga
29 de marzo de 197630 de octubre de 1978
3 de noviembre de 197829 de marzo de 1981
Ministerio de Defensa Nacional José María Klix
David de la Riva
29 de marzo de 197630 de octubre de 1978
3 de noviembre de 197829 de marzo de 1981
Ministerio de Justicia Julio Arnaldo Gómez
Alberto Rodríguez Varela
29 de marzo de 197630 de octubre de 1978
3 de noviembre de 197829 de marzo de 1981
Ministerio de Trabajo Horacio Tomás Liendo
General Llamil Reston
29 de marzo de 197618 de enero de 1979
18 de enero de 197929 de marzo de 1981
Ministerio de Planeamiento Ramón Genaro Díaz Bessone
Carlos E. Laidlaw
octubre de 1976 – diciembre de 1977
diciembre de 197730 de octubre de 1978

Las empresas y grupos civiles que participaron en la organización del golpe se instalaron principalmente en el Ministerio de Economía, que se le entregó al Consejo Empresario Argentino asumiendo su presidente, el empresario José Alfredo Martínez de Hoz, como ministro. La Secretaría de Ganadería le correspondió a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta.[50] Por su parte, el Banco Central le fue entregado a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), siendo designado el economista Adolfo Diz, ex Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y adscripto a la Escuela de Chicago.[51] Como Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, fue nombrado Guillermo Walter Klein de la Cámara Argentina de Comercio. El Ministerio de Educación también estuvo a cargo, desde un inicio, de un grupo de civiles provenientes del CONICET (Fundación FECIC), siendo nombrado Ricardo Bruera. Más adelante otros ministerios también quedaron a cargo de los grupos civiles, como el de Justicia,[nota 4] el de Relaciones Exteriores,[nota 5] el de Defensa[nota 6] y el de Salud.[nota 7] Por otra parte, a partir del la «presidencia» de Viola, el Ministerio de Economía se desdobló en varios ministerios que estuvieron a cargo de las organizaciones empresariales.

El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de «gobernadores» en cada provincia e «intendentes» en las ciudades. La designación de «gobernadores» en las provincias, recayó casi siempre en un militar. En el caso de los «intendentes» de ciudades, en un gran número de casos se trató de políticos civiles, entre ellas la ciudad de Rosario, la segunda del país en aquel momento. Los partidos políticos, explícita o implícitamente, aportaron un total de 794 «intendentes» de la dictadura, divididos según la siguiente pertenencia:[52]

Zonificación militar de Argentina 1975-1983.

Simultáneamente, y en superposición con el esquema formal de autoridades, la dictadura mantuvo el sistema de zonificación militar del país, que había sido dispuesto el 28 de octubre de 1975, mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión). Según el régimen de zonificación militar, el país quedaba dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas, y cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas. Los jefes de zona y subzona actuaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. El General Martín Balza los definió como «señores de la guerra... verdaderos señores feudales...».[53] Al momento del golpe, las cinco zonas estaban al mando de los siguientes generales:

Fuera de la estructura de mandos ya descripta, la dictadura creó Grupos de Tareas y centros clandestinos de detención (CCD) que, en algunos casos, dependían directamente de la Marina o de la Fuerza Aérea. Tal fue el caso de la ESMA, el CCD más grande que funcionó en el país.

Juntas Militares[editar]

Durante el Proceso hubo cuatro juntas militares gobernantes sucesivas, integradas por los titulares de cada una de las fuerzas armadas:

Primera Junta Militar de Gobierno (1976-1981)[editar]
Segunda Junta Militar de Gobierno (1981)[editar]
Tercera Junta Militar de Gobierno (1981-1982)[editar]
Cuarta Junta Militar de Gobierno (1982-1983)[editar]

Estas juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone, todos ellos pertenecientes al Ejército. El gobierno dictatorial desplazó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y los reemplazaron por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada. En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. El presidente Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983 y luego promovió el juzgamiento de los miembros de las tres primeras juntas por los delitos cometidos durante su gobierno, como resultado del cual cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Al mismo tiempo otros responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.

El terrorismo de Estado[editar]

Informe secreto Arancibia Clavel (DINA, Chile), cuantifica en 22.000 los muertos y desaparecidos a Julio de 1978.

Durante el Proceso, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos.

El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP

Países participantes del Plan Cóndor destinado a la colaboración entre regímenes militares para vigilar, detener y desaparecer personas en estos países, y que contaba con la colaboración de Estados Unidos.

documentó 8.961 casos. En algunos casos aislados, personas que estuvieron detenidas, han retornado a la vida pública de forma plena, como la Dra. Carmen Argibay, integrante de la Corte Suprema de la República desde 2005 hasta su deceso en 2014. Dentro de las listas de víctimas figuran también cientos de ciudadanos extranjeros de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras.

Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que ya ha encontrado a más de 100 nietos secuestrados por la dictadura.

Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, el Pozo de Banfield, en la provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes.

Estas acciones de represión ilegal constituyeron el Terrorismo de Estado y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe Nunca Más.

Obispo Enrique Angelelli asesinado[58] en agosto de 1976 a causa de sus luchas sociales y su defensa por los pobres.

Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1982 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.

Encarnizamiento contra las minorías[editar]

Dentro del marco ideológico del Proceso, heredero en muchos aspectos del nazismo,[59] el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de heterogeneidad posible.[60] Esta búsqueda de homogeneidad de la sociedad dejaba al costado las minorías tomando en cuenta, por ejemplo, sus raíces (judíos,[61] [15] descendientes de los pueblos originarios,[62] etc.), su orientación sexual y su identidad de género (homosexuales,[63] lesbianas,[64] transexuales, etc.) o sus creencias religiosas (ateos, Testigos de Jehová,[65] etc.).

Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, creándose incluso comandos especiales con dedicación exclusiva (como es el caso del Comando Cóndor, dedicado a perseguir personas homosexuales).[64] En el caso de las víctimas judías, el antisemitismo sistemático llevado a cabo en los distintos centros clandestinos de detención fue un hecho constatado ya desde el informe Nunca Más[61] y por posteriores investigaciones y trabajos.[66] [67] Los Testigos de Jehová fueron discriminados durante el servicio militar de sus fieles, no permitiendo la práctica común llevada a cabo con otros credos religiosos de permitir a sus autoridades el exceptuarse, y obligando a todos a hacer cuatro años de servicio (tres más que el resto de los ciudadanos) siendo, además, sometidos a torturas y asesinatos.[65] Los habitantes de las villas miserias vieron como éstas eran arrasadas por los distintos planes de erradicación,[62] sobre todo en el marco de la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978.

Escultura en la reja de la ESMA en memoria de las madres detenidas-desaparecidas y los niños que allí dieron a luz en cautiverio. Los nombres escritos sobre la imagen de la mujer embarazada corresponden a los niños que allí nacieron.

Secuestro de niños[editar]

El Proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo incluso mujeres embarazadas,[68] las cuales dieron a luz, en muchos casos, en cautividad.[69]

Cuando en los domicilios de los "objetivos" de los grupos de tareas[70] había niños, éstos podían ser secuestrados (chupados) o dejados en la casa de algún vecino. La práctica habitual de los grupos de tareas, como el temible Grupo de tareas 3.3.2, fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe Nunca Más también hay testimonios de secuestrados que afirman haber escuchado los gritos de sus propios hijos mientras eran torturados, lo cual era una estrategia de tortura psicológica hacia los padres, con el objetivo de desmoronarlos moralmente.

Fue una práctica habitual, cuando los objetivos recibían la primera sesión de tortura en su domicilio al momento de ser secuestrados, el realizarlas independientemente de que pudiera haber niños presentes, los cuales eran testigos de todo el proceso.

En el caso de las mujeres embarazadas, el régimen de exclusión se volvía algo menos severo, pero la mujer no recibía prácticamente ninguna atención médica, incluso en el momento del parto, el cual podía realizarse en el suelo de su celda, el piso de una cocina, etc. Las mujeres daban a luz normalmente en soledad, o auxiliadas por otro secuestrado, y hay testimonios que certifican que, inmediatamente después del parto, las mismas madres debían limpiar los restos de sangre, placenta, etc., que habían quedado desperdigados. El médico obstetra que las atendía era el Capitán de Navío Jorge Luis Magnacco.

Detenidos - desaparecidos[editar]

Un informe de la inteligencia chilena estimaba el número de desaparecidos en 22.000 personas en 1978, según un informe de los EEUU.[71] Hasta 2003 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registrados 13.000 casos.[72] Según la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada al final de la dictadura por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, el número de desaparecidos —de acuerdo a la cantidad de denuncias judiciales presentadas por víctimas y familiares— es de 8.961 personas.[73] Las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia hablan de 30.000 desaparecidos.

Entre los desaparecidos se encuentran:

Héctor Germán Oesterheld
Nació en Buenos Aires en 1922. A fines de la década del 40 comienza escribiendo cuentos infantiles, publicados por la Editorial Abril. Luego colabora en la mítica revista Más Allá, y en 1950 publica su primer historieta, «Alan y crazy». Hacia 1955 publica «Sargento Kirk» y «Bull Rokett». En 1957, con dibujos de Solano López, publica la primera parte de «El Eternauta», que se convertiría en la más famosa historieta argentina. Hector G. Oesterheld, como otros miles de argentinos, fue secuestrado y desaparecido en 1977 por la dictadura militar.
Rodolfo Walsh
Nació en la localidad de Lamarque, vecina de Choele Choel, en la provincia de Río Negro, Argentina, el 9 de enero de 1927, y desde el 25 de marzo de 1977 se encuentra desaparecido. Fue un periodista, escritor, dramaturgo y traductor argentino que militó en la Alianza Libertadora Nacionalista y, luego, en las organizaciones guerrilleras FAP y Montoneros. Como escritor trascendió por sus cuentos policiales ambientados en Argentina y por sus libros de investigación periodística sobre el fusilamiento ilegal de civiles en José León Suárez de junio de 1956 (Operación Masacre) y sobre los asesinatos de Rosendo García (¿Quién mató a Rosendo?) y Marcos Satanowsky (Caso Satanowsky).

El plan económico[editar]

El Ministro de Economía de la última dictadura militar argentina, José A. Martínez de Hoz, describe el plan económico implementado durante la primera etapa del proceso, en su discurso de despedida del gobierno en Cadena Nacional. 12/03/1981.
Evolución de la pobreza durante el Proceso de Reorganización Nacional.

El plan económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñado básicamente por José Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía hasta el 29 de marzo de 1981. Martínez de Hoz siguió los, en ese momento, nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chicago (genéricamente incluida en el concepto de neoliberalismo), que habían sido implementados por primera vez por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instalada en 1973. Con posterioridad esa orientación económica se volvería hegemónica en el mundo occidental, a partir de las reformas económicas del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos ("reaganomics") y la primera ministro Margaret Thatcher, en Gran Bretaña. Lo acompañaron en el equipo económico, empresarios y abogados estrechamente relacionados con los grupos más conservadores, como Guillermo Walter Klein, Adolfo Diz (presidente del Banco Central), Juan Alemann, Cristian Zimmermann, Enrique Folcini, Jorge Zorreguieta y Francisco Soldati.

El plan económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como objetivo explicitado detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresada de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus «ventajas naturales». El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15% (Gerchunoff, 373).

Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva del Terrorismo de Estado, Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, en un solo año, cae bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años '30 (OIT 1988). Nunca más ha vuelto a recuperarse. Adicionalmente la pobreza, que desde los años '40 se ubicaba debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (INDEC, datos correspondientes al Gran Buenos Aires). El desempleo por su parte, se mantuvo relativamente estable, partiendo de un 3,8% en octubre de 1975 y dejando un 3,9% en octubre de 1983, con un pico del 6% en mayo de 1982 (durante la Guerra de Malvinas).[74]

Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó, a fines de 1978, un sistema de devaluación programada, apodado «la tablita». Junto con la Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.

El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa, que fue producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada,[75] se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983.[76] El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso «Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación».[77]

AÑOS[78] PÚBLICA PRIVADA TOTAL BASE 1975= 100
1975 4.941 3.144 7.875 100
1976 6.648 3.091 9.736 120
1977 8.127 3.695 11.822 146
1978 9.453 4.210 13.663 169
1979 9.960 9.074 19.034 235
1980 14.459 12.703 27.162 336
1981 20.024 15.647 35.671 441
1982 28.626 15.018 43.634 540
1983 31.709 13.360 45.087 557
1984 35.527 10.644 46.171 571
1985 40.868 8.458 49.326 610
1986 44.726 6.696 51.422 636
1987 51.793 6.531 58.324 721
1988 53.298 5.038 58.336 722
1989 57.926 4.917 62.843 777

Con posterioridad a la renuncia de Martínez de Hoz se sucedieron como ministros de Economía:

Política cultural y educativa[editar]

El Proceso tuvo una política cultural y educativa en sintonía con su política represiva del Terrorismo de Estado. Esta política incluyó una estricta censura previa. El gobierno militar creó un grupo especial encargado de controlar y censurar todo tipo de producción científica, cultural, política o artística.

El Proceso quema los libros[editar]

El Proceso llevó a cabo una sistemática labor de censura, en la cual se quemaron cientos de miles de libros. Así pues, de editoriales como el Centro Editor de América Latina se quemaron 1.500.000 de ejemplares, y de Eudeba unos 90.000.[79]

El 29 de abril de 1976, los ocupantes del Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera (en Córdoba) hicieron arder una montaña de libros. El comunicado oficial decía: «Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: “Dios, Patria y Hogar”». Arden, entre muchas obras, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, las investigaciones de Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se pergeña la Operación Claridad: plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar.

En la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. La Vigil era una institución que a principios de los años setenta tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos. El 25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto n.º 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva fueron detenidos ilegalmente, y el control de préstamos de libros fue utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortiz. El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primer novela fue quemada junto a una de Eduardo Mignogna. [Enrique] Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes, según Invernizzi y Gociol. Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las tumbas, como Sólo ángeles, cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior.

La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow, quien además tuvo un juicio «por publicación y venta de material subversivo». Él fue sobreseído, pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí.

Marcelo Massarino, revista Sudestada, 46, 18 de marzo de 2006

Si bien el grueso del accionar censurador del Proceso se concentró en el material bibliográfico que pudiera ser sospechoso de contener ideología izquierdista o peronista, durante la dictadura se dictaron varios decretos prohibiendo la venta y distribución y ordenando secuestrar todos los ejemplares disponibles de diversos libros de orientación nazi o de ultraderecha, entre ellos:

  • Beveraggi Allende, Walter: Del yugo sionista a la Argentina posible: esquema económico de la dependencia y la liberación argentina. Confederación Nacionalista Argentina.
    • Prohibido por decreto 3209/76 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de diciembre de 1976, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-A-182).
  • El Shulján Aruj: código de leyes judías (edición crítica de un libro de 1549).
    • Prohibido por decreto 2579/77 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 6 de septiembre de 1977, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-D-3821.
  • Ediciones Mi lucha (Biblioteca de Esclarecimiento Popular n.º 2).
    • Prohibido por decreto 2579/77 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 6 de septiembre de 1977, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-D-3821.
  • Hermann y Ritach: La economía nacional socialista. Editorial Occidente.
    • Prohibido por decreto 3006/76 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 30 de noviembre de 1976, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVI-D-2959.
  • Revista Cabildo
    • Levantamiento de su prohibición. Por decreto 944/76 de junio de 1976 (publicado en Anales de Legislación Argentina XXXVI—1215) se dejaron sin efecto los decretos 394/75 y 1159/75 firmados por María Estela Martínez de Perón que prohibían la publicación de la revista.
    • La edición del 13 de junio de 1977 fue prohibida y secuestrada por decreto 1711/77 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de junio de 1977, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-C-2612. En el artículo 3.º se aclaraba que el secuestro de la edición «...no impedirá la realización de las tareas administrativas inherentes a la revista Cabildo...», la que se siguió publicando de manera intermitente.
  • Tribuna Popular, edición del 23 de junio de 1976.
    • Prohibido y secuestrado por decreto 999/76 (publicado en Anales de Legislación Argentina XXXVI—2138).
  • La yesca, ejemplar n° 3.
    • Prohibido y secuestrado por decreto 1306/76 (publicado en Anales de Legislación Argentina XXXVI—2173).
  • Revista Cambio 16 editada en España, n° 250 y 251
    • Prohibido su ingreso al país y ordenado su secuestro por decreto 3022/76 del 12-9-1976 (publicado en Anales de Legislación Argentina XXXVI—2933).
  • Los Principios, diario de Córdoba.
    • Clausurado por 6 días desde el 12-9-76 al 18-6-1976 por decreto 2310/76 del 1-10-1976 (publicado en Anales de Legislación Argentina XXXVI—2933).
  • Semanario Correo de la Semana.
    • Prohibidos y secuestrados el ejemplar n° 2117 del 7-11-1977 por decreto 3392/77 y el ejemplar n° 2118 del 14-11-1977 por decreto 3438/77 (publicados en Anales de Legislación Argentina XXXVI—3878).
  • Boletín político Convicción.
    • Prohibido y secuestrado el ejemplar del 21-9-1977 y clausurada la Editorial Convicción por tres meses por decreto 2877/77 (publicado en Anales de Legislación Argentina XXXVI—3843).
  • La Opinión
    • Ejemplar n° 31 de la revista), prohibido y secuestrado por decreto 259/77 (publicado en Anales de Legislación Argentina XXXVII—2173.
    • Ejemplar del 9-1-1977, prohibido y secuestrado por decreto 210/77 (publicado en Anales de Legislación Argentina XXXVI-C—4124

A pesar de estos actos de censura puntuales, en realidad el Proceso permitió una amplia difusión de la literatura nazi y antisemita durante la dictadura.[80]

Todos eran subversivos[editar]

Durante el Proceso, la conducción militar definió en un sentido sumamente amplio el concepto de "subversión". Para la Junta Militar y sus principales personeros, todo aquel que no estuviera alineado con los criterios y objetivos de los golpistas, estaba "infiltrado" por el "germen" subversivo. Los principales jefes de las Fuerzas Armadas compartían esta posición y lo explicitaron en sucesivas declaraciones públicas, que potencialmente ubicaban dentro del espectro "subversivo" a gran parte de la población:

Para obtener sus objetivos [los subversivos] han usado y tratan de usar todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión...

Almirante Armando Lambruschini

El teatro, el cine y la música se constituyeron en un arma temible del agresor subversivo. Las canciones de protesta, por ejemplo, jugaban un papel relevante en la formación del clima de subversión que se gestaba: ellas denunciaban situaciones de injusticia social, algunas reales, otras inventadas o deformadas.

Teniente General Roberto Viola

En nuestros días, se ha consumado lo peor que podía ocurrir y de las más funestas consecuencias: la infiltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional y, más aún, en el nacionalismo argentino y en la Iglesia Católica Apostólica Romana.

General Manuel Bayón, director de la Escuela Superior de Guerra, 1977

Hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión no hemos tocado más que la parte alta del iceberg [...] Ahora es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias. La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en el extranjero, y más precisamente en la Sorbona, Dauphine y Grenoble, que de inmediato transmiten el veneno con el cual intoxican a la juventud argentina.

General Acdel Edgardo Vilas, comandante de la V Región Militar, 1976

A partir de una simple composición sobre las estaciones del año, un maestro subversivo o un idiota útil comentará a sus alumnos la posibilidad de combatir el frío según los ingresos de cada familia (…) Para los educadores: inculcar el respeto por las normas establecidas; inculcar una fe profunda en la grandeza del destino del país; consagrarse por entero a la causa de la Patria, actuando espontáneamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, aceptando sus sugerencias y cooperando con ellas para desenmascarar y señalar a las personas culpables de subversión, o que desarrollan su propaganda bajo el disfraz de profesor o de alumno (…) Para los alumnos: comprender que deben estudiar y obedecer, para madurar moral e intelectualmente; creer y tener absoluta confianzas en las Fuerzas Armadas, triunfadoras invencibles de todos los enemigos pasados y presentes de la Patria.

Luciano Benjamín Menéndez, general de división, comandante de la III Región Militar

Actos de censura y espionaje[editar]

El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para «neutralizar el germen subversivo». Estas fueron algunas de las acciones emprendidas:

En 1977, se distribuyó en las escuelas un material gráfico dirigido a los padres con hijos en edad escolar, titulado Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas:[81]

Léxico marxista para uso de los alumnos: [...] Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario que, aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar este «trasbordo ideológico» que nos preocupa. Así, aparecerán frecuentemente los vocablos diálogo, burguesía, proletariado, América latina, explotación, cambio de estructuras, capitalismo.

Historia, Formación Cívica, Economía, Geografía y Catequesis en los colegios religiosos, suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento subversivo. Algo similar ocurre con Castellano y Literatura, disciplinas de las que han sido erradicados los autores clásicos, para poner en su lugar a «novelistas latinoamericanos» o «literatura comprometida» en general.

Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas, que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas las conclusiones.

Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituido a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrarlo a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento por alumnos previamente seleccionados y entrenados para «pasar» ideas.

En el mismo año, el decreto 3155 prohibió la distribución, venta y circulación de los relatos infantiles Un elefante ocupa mucho espacio (de Elsa Bornemann), y El nacimiento, los niños y el amor (de Agnes Rosenstichl) —ambos de Ediciones Librerías Fausto—, por tratarse de «cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo».[82] El decreto 538, de mayo de 1978, estableció para profesores y maestros la lectura y comentario obligatorio del folleto Conozcamos a nuestros enemigos, cuyo contenido resumió el diario La Prensa en ese mismo mes:

El texto tiende a facilitar a los docentes la comprensión del proceso subversivo en el país, especialmente en el medio educativo, y brinda elementos de juicio sobre la forma de obrar del marxismo. Expone también la estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo, sus modos de acción en todos los niveles educativos y en la actividad gremial del ámbito educativo [sic]. En las conclusiones del trabajo, cuya lectura y aceptación por parte del personal docente y administrativo es obligatoria, se expresa que 'es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes las falsedades de las doctrinas y concepciones que durante tantos años les fueron inculcando en mayor o menor grado.

En octubre de 1978, una resolución del Ministerio del Interior prohibió dos obras del pedagogo brasileño Paulo Freire: La educación como práctica de la libertad (editorial Siglo XXI) y Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia (editorial La Aurora), ya que, según las autoridades, «sirven como medio para la penetración ideológica marxista en los ámbitos educativos. Por otra parte, su metodología para interpretar la realidad, el hombre y la historia es manifiestamente tendenciosa. Las fuentes de pensamiento del autor, como los modelos y ejemplos que expone, son de clara inspiración marxista y toda su doctrina pedagógica atenta contra los valores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana».

También en octubre de 1978 se prohibió la distribución de la novela La tía Julia y el escribidor, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, argumentando que «revela distorsiones e intencionalidad, así como reiteradas ofensas a la familia, la religión, las instituciones armadas y los principios morales y éticos que sustentan la estructura espiritual e institucional de las sociedades hispanoamericanas y, dentro de éstas, a nuestra Nación, contribuyendo a mantener y expandir las causas que determinaron la implantación del estado de sitio».

Días antes de celebrarse en Buenos Aires la Semana del Cine Español (del 23 al 31 de julio de 1979) el interventor del Instituto Nacional de Cinematografía, capitán Bitleston, señaló la «inconveniencia» de presentar varios de los filmes seleccionados por la Dirección General de Cinematografía de España para ser exhibidos en Buenos Aires. Los directores y productores españoles, enterados de la censura previa, se negaron a enviar sus películas, lo que motivó la postergación sine die del evento.

En julio de 1980, por decreto 2038, se prohibió la utilización en el ámbito escolar de la obra Universitas, Gran Enciclopedia del Saber, de editorial Salvat, editada en Barcelona, por «incurrir en falseamiento de la verdad histórica [...] analizando uno de los períodos más importantes de la historia moderna, como es el proceso de industrialización, bajo la metodología inspirada en el materialismo dialéctico». En el mismo decreto se prohibía el Diccionario Salvat: «Las dos obras revelan un proceso editorial sistemático, en el cual la enciclopedia y el diccionario cumplen la función expresa de ofrecer al estudiante [...] un léxico definitivamente marxista, mediante la utilización de palabras y acepciones que, lejos de corresponder fielmente a los significados propios de la lengua, tienden a sustituir estos por otros que responden y son típicos de esa ideología».

En septiembre de 1980, un comunicado ministerial prohibió el uso en las escuelas de los textos de Antoine de Saint-Exupéry, autor, entre otros, de El Principito.

Editores, periodistas, escritores, poetas, cantantes, fueron prohibidos:

Otros fueron asesinados.

Entre algunos casos paradigmáticos se prohibió la enseñanza de la matemática moderna, o los temas musicales en los que Carlos Gardel era acompañado solo por guitarras. Grupos de censores marcaban con una cruz los temas musicales que no podían ser transmitidos por las emisoras radiales.

Las universidades fueron intervenidas, y se enviaron cientos de espías con el fin de detectar opositores y detenerlos. Asimismo, los programas de enseñanza fueron «depurados» de todo contenido considerado contrario a la cultura «occidental y cristiana».

Conflictos internacionales[editar]

El conflicto del Beagle[editar]

En 1971 los presidentes Salvador Allende de Chile y Alejandro Agustín Lanusse de la Argentina habían acordado someter el diferendo por las islas al sur del Canal Beagle formalmente al Reino Unido, pero en su contenido a un tribunal arbitral compuesto por jueces elegidos consensuadamente por ambos gobiernos, todo esto en el marco del derecho internacional y los tratados vigentes.

El 22 de mayo de 1977 se da a conocer en Londres el laudo arbitral de 1977 que otorga a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox junto a las islas adyacentes. Argentina obtiene la mitad norte del canal y las islas correspondientes.

La junta militar argentina declaró la sentencia «insanablemente nula» e inició la planificación de una guerra de agresión contra Chile para revertir el laudo arbitral. Los comandantes de las fuerzas armadas argentinas pusieron en marcha la Operación Soberanía la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, que fue abortada horas después cuando la junta aceptó la mediación papal en el conflicto.

Ninguno de los dictadores argentinos dio solución al conflicto desatado con el desconocimiento del laudo arbitral, recién en 1984 el Presidente Raúl Alfonsín, elegido democráticamente en 1983, reconoció lo resuelto por la mediación del Papa Juan Pablo II, poniendo fin así al conflicto con Chile.

La Guerra de las Malvinas[editar]

Artículo de tapa de la revista Gente de 1982: «¿Qué pasó con el chocolate que le envié a un soldado?» (aludiendo al sistemático robo de las donaciones que perpetró la dictadura durante la guerra).

Durante el Proceso, el 2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, cuya soberanía ha sido ocasión de diferendos con Gran Bretaña desde el siglo XIX; dando así comienzo a la Guerra de las Malvinas. El inicial éxito de la operación provocó un apasionado fervor nacionalista e hizo que decenas de miles de argentinos se manifestaran en apoyo a la Junta en la Plaza de Mayo, cambiando así por un tiempo la tendencia a la creciente impopularidad del régimen.[84] [85]

La guerra finalizó el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final fue la reocupación de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la Junta militar que gobernaba el país y la asunción del general Reynaldo Bignone, quien inició un proceso de restauración del sistema democrático.

Actualmente la Argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con base en lo estipulado en diferentes laudos y mapas coloniales españoles, así como en lo enunciado en la constitución nacional.[86]

Resistencia a la dictadura[editar]

Tradicional pintada de las Madres de la Plaza de Mayo.

Las madres y abuelas de los desaparecidos[editar]

Las Madres de la Plaza de Mayo son madres de los desaparecidos que comenzaron a organizarse durante la dictadura con el objetivo de descubrir el destino de sus hijos.

En 1977 el grupo inicial fue infiltrado por el integrante de la Armada Argentina y represor Alfredo Astiz, resultando secuestrados, torturados y muertos una cantidad importante de miembros del grupo, incluidas algunas fundadoras.

Las madres y abuelas de los desaparecidos han llevado a cabo una militancia desde los mismos comienzos de la dictadura hasta la actualidad.

Los periodistas[editar]

Una orden de la Secretaría de Información Pública prohibió la publicación de información relacionada con desapariciones, descubrimientos de cadáveres, enfrentamientos armados y cualquier otro hecho de este tipo. Testimonió Cox que todos los funcionarios de diferentes escalas del gobierno que entrevistó en esa época, le sugirieron que no efectuara publicaciones de ese tipo, aunque nunca nadie le exhibió un decreto firmado que lo dispusiera, ya que incluso en el caso de la orden de la Secretaría de Información Pública, sólo se le entregó, a su pedido, el contenido de la disposición por escrito, pero en papel sin membrete y sin firma.[87]

Los canales de televisión y las estaciones de radio, en su mayoría estatales, estuvieron íntegramente al servicio del régimen. En la prensa escrita, con la excepción del Buenos Aires Herald de Roberto Cox, alguna otra dirigida a la comunidad judía (Nueva Presencia) o a la irlandesa (The Southern Cross) y Humor sobre el final del período dictatorial, el apoyo a la junta y el ataque a las organizaciones de derechos humanos fue lo habitual.[88]

Además de la labor de exaltación del régimen llevada a cabo por los principales medios gráficos de la época (las revistas Somos, Para ti y Gente, los periódicos La Prensa, Clarín, La Nación, La Tarde[89] y La Razón)[88] la afinidad con el gobierno también sirvió a algunos grupos editoriales para hacerse con el control de empresas rivales, las cuales tenían sus propietarios detenidos, como fue el caso de la empresa Papel Prensa, que acabó siendo propiedad de Clarín, La Nación y La Razón.[88]

  • El periodismo clandestino de Rodolfo Walsh. El periodista, escritor y militante de la agrupación Montoneros Rodolfo Walsh, que acabó siendo secuestrado y muerto por un grupo de tareas de la ESMA al cumplirse un año del golpe,[90] acometió un proyecto de periodismo clandestino llamado Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA)[90] repartiendo distintas notas informativas en forma individual, como por ejemplo su Carta de un escritor a la Junta Militar de 1977.[91] Las comunicaciones de ANCLA se iniciaron inmediatamente después del golpe.[90]
  • La Revista Humor fue, también, otro de los pocos ejemplos del periodismo argentino que tuvo una actitud crítica hacia el Proceso.[88] Dirigida por Andrés Cascioli, aprovechó el humor para hablar de temas que estaban proscritos por la política cultural del gobierno de facto.[93]
  • Los medios de comunicación extranjeros publicados en la Argentina. Además de los pocos medios de comunicación y periodistas que hicieron frente a la dictadura, también hubo casos de periódicos en lengua inglesa que publicaron críticas al gobierno, como es el caso del Buenos Aires Herald, el primero en hablar de desaparecidos o el periódico irlandés The Southern Cross.[88]

Las juventudes políticas[editar]

Pocas semanas después de concretado el golpe, dirigentes de las agrupaciones juveniles de algunos partidos políticos comenzaron reuniones clandestinas o semipúblicas en embajadas, clubes y hasta locales partidarios; participaron sectores de la diezmada Juventud Peronista (JP, Nilda Garré y Juan Pablo Unamuno), la Juventud Radical (JR, Federico Storani, Marcelo Stubrin), la Federación Juvenil Comunista (FJC, Patricio Echegaray, Enrique Dratman y Alberto Nadra), socialistas ("unificados", Eduardo Lázara) y ("auténticos", Mario Mazzitelli, Adrián Camps), democristianos de izquierda (Carlos Bermúdez) y de la Juventud Intransigente  (JI, Martín Andicoechea, Roberto Garín). Era el inmediato renacer de lo que fueron las Juventudes Políticas Argentinas (JPA) hasta el 24 de marzo de 1976, y lo que luego de la Guerra de Malvinas reaparecería públicamente como Movimiento de Juventudes Políticas (MOJUPO).

Pese al clima represivo plasmaron pronunciamientos conjuntos: el repudio al plan económico de Martínez de Hoz; la adhesión a la Central Única de Trabajadores Argentinos (CUTA), por la libertad de los presos y el esclarecimiento de la situación de los desaparecidos

Esa coordinación de juventudes impulsó al renacer de los reclamos de los jóvenes productores (como se evidenció el I, II y III Encuentro de la Juventud de la Federación Agraria con centenares de delegados), de los obreros, protagonistas de los trabajos "a tristeza" en las automotrices o en el ferrocarril, de las revistas estudiantiles de los colegios secundarios –de las que llegaron a distribuirse 4.000 sólo en la Capital Federal, y de la que fue una de las más destacadas –y golpeadas— "Aristócratas del Saber", del Nacional Buenos Aires, de la reorganización de los centros estudiantiles, enfrentando a Moyano Llerena, de la resistencia al cierre de la Universidad de Luján y de las actividades en los clubes de barrio

En 1977 hubo un pronunciamiento conjunto contra la política económica que personificaba José Alfredo Martínez de Hoz, y en 1978 por la Paz con Chile. En 1979, se constituyó la Confluencia Multisectorial Juvenil por la Paz en el Beagle –con León Gieco cantando “Solo le pido a Dios” en Vélez, en el acto de cierre– cuando las dictaduras pusieron al borde de la guerra.

Las juventudes también organizaron marchas conjuntas a la Iglesia de San Cayetano, con el movimiento obrero (sucesivamente la CUTA, los 25, la CGT-Ubaldini) por "Pan, Paz y Trabajo", enfrentando la represión militar con enfrentamientos en todo el barrio de Liniers.

También co-impulsaron la movilización ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con miles de personas desafiando los Falcon, las fotos y las amenazas, en Avenida de Mayo al760, donde funcionó la OEA. Familiares y amigos, formularon denuncias, con el apoyo de centenares de comités partidarios y juveniles de "recepción de denuncias y apoyo a los familiares". Las  juventudes políticas tuvieron su propio encuentro, y entregaran una declaración conjunta y documentación de casos concretos.

Ya antes, en 1978, se había constituido el Seminario Juvenil de la ADPH, que acuño la consigna-denuncia acerca de "el delito de ser joven", pues los estudios realizados en plena dictadura demostraron que más del 80% de los desaparecidos eran jóvenes; la mayoría trabajadores, seguidos por los estudiantes. Una delegación de dirigentes juveniles acompañaron, asimismo, a las Madres de Plaza de Mayo en sus primeras movilizaciones, recibiendo los gases con los que pretendieron intimidar a las mujeres del pañuelo blanco.

Sobre el fin del régimen, las juventudes políticas participaron organizadamente en la movilización convocada por la CGT a la Plaza el 30 de marzo de 1982.

El 2 de abril de 1982, marcharon a la Plaza de Mayo junto con los que concurrieron espontanemente, pero levantando consignas, escritas en panfletos y carteles de la época, como "Malvinas sí, dictadura no" o “Malvinas sí, democracia también”. Estos hechos no fueron “espontáneos”, sino organizados, producto de la marcha acordada en decenas de comités conformados con reclamos y banderas propias en colegios, universidades, barrios, que fueron los mismos que concurrieron a repudiar a la cúpula militar cuando su derrota y rendición.[94]

Fin y consecuencias del Proceso[editar]

Autoindulgente "Informe Final" de la dictadura militar, emitido por Cadena Nacional en 1983, antes de entregar el poder al gobierno democrático.
Discurso de asunción del presidente Raúl Alfonsín (1983).
Manifestación del 26 de octubre de 1983 sobre la Avenida 9 de Julio, un día antes de las elecciones generales.

Puesto en Jaque por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el Proceso decidió finalmente entregar el poder en 1983. Bignone, el último líder de la Junta Militar, se vio obligado a llamar a elecciones.

La campaña presidencial de 1983 opuso al candidato peronista Ítalo Luder, quien rechazaba una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 30 de octubre Alfonsín venció con el 52 % de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.

Apenas asumida la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (19831989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.

El Fiscal Julio César Strassera solicita la pena de reclusión perpetua para la Junta Militar y menciona la famosa frase "Nunca Más"

El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal, Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a penas por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua de los principales reponsables. Era la primera vez que se enjuiciaba a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la república desde 1922. Éste fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.

Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes del Terrorismo de Estado.

En 1990 el presidente Carlos Menem concedería el indulto a los líderes militares, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres.

El 15 de abril de 1998, por la ley 24952[95] se derogaron las leyes de Punto Final (N.º 23492) y Obediencia Debida (N.º 23521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas «insanablemente nulas» (Artículo 1.º) por la Ley 25779[96] El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad.

Día Nacional de la Memoria[editar]

Marcha por los desaparecidos en ocasión del trigésimo aniversario del Proceso de Reorganización Nacional.

El 15 de marzo de 2006, la ley 26085[97] declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.

Concepto de genocidio vs delitos de lesa humanidad[editar]

El Tribunal Federal Nº 1 de La Plata utilizó por primera vez en el país la figura de genocidio para describir las acciones realizadas por el Estado argentino durante los años del Proceso. Si bien citó el hecho de que durante algunos años la legislación internacional contemplaba los motivos políticos en la definición, la fundamentación para aplicar la definición se centró principalmente en el hecho de que las víctimas pertenecían a un grupo nacional: el argentino. La sentencia se refiere a la condena al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz por casos relacionados con detenidos-desaparecidos, leída el 19 de septiembre de 2006.[98]

El 9 de octubre de 2007 el Tribunal Federal Oral N.º1 de La Plata condenó a reclusión perpetua por genocidio a Christian Von Wernich, sacerdote católico y ex capellán de la Policía bonaerense durante la dictadura militar.

Pero en 2011, en el juicio por los delitos cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) del Tribunal Oral Federal Nº 5 se debatieron dos posiciones doctrinales diferentes, una que sostenía debía aplicarse el derecho internacional y sus actos aberrantes ser calificados como «crímenes contra la humanidad» y, por ende, delitos de lesa humanidad, y la otra que sostenía que se trataba del tipo penal «genocidio y terrorismo». Tanto la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como la Sala Segunda del Tribunal Supremo se definieron por la primera opción. El tribunal declaró que los hechos objeto de ese proceso resultaban constitutivos de crímenes de lesa humanidad y debían ser calificados según el artículo 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad, aprobada por ley argentina n°24.584.[99] [100]

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. La dictadura argentina es denominada militar[17] [18] [19] [20] [21] [22] o cívico-militar[23] [24] en distintos contextos políticos y académicos, en el sentido de ir incorporando el segundo término como denominación preferida,[25] aunque el uso popular sigue reconociéndola como «dictadura», «dictadura militar», «gobierno militar» o «régimen militar».[26] [27] [28] [29]
  2. Esta simplificación es un disfemismo subversivo del significado que los dictadores pretendían para sí. La connotación kafkiana es evidente (Girona, 1995).
  3. Un comando atentó contra la principal fragata de la Armada; otro derribó en Tucumán un avión de la Fuerza Aérea que transportaba a personal especializado en lucha antiguerrillera; por último, el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 golpeó al Ejército. Las tres operaciones se realizaron con gran precisión.(García, 1994, p. 85) A estas acciones de Montoneros hay que añadir los constantes ataques del ERP, que desde la victoria electoral de Cámpora en 1973 había anunciado que no atentaría contra el Gobierno pero sí contra las Fuerzas Armadas. Sus acciones, mucho menos eficientes que las de los montoneros, incluyeron un fallido intento de crear una guerrilla rural en Tucumán y culminaron con el ataque al Batallón de Monte Chingolo.(García, 1994, pp. 73-75)
  4. Desde la presidencia de Viola, el Ministerio de Justicia estuvo a cargo del político demócrata mendocino Amadeo Frúgoli (29 de marzo de 1981 al 12 de diciembre de 1981) y el abogado Lucas Jaime Lennon (12 de diciembre de 1981 al 10 de diciembre de 1983).
  5. A partir de la "presidencia" de Viola, el Ministerio de Relaciones Internacionales estuvo a cargo de civiles, sucediéndose Oscar Camilión (29 de marzo de 1981 al 12 de diciembre de 1981), Nicanor Costa Méndez (12 de diciembre de 1981 al 7 de junio de 1982) y Juan Ramón Aguirre Lanari (7 de junio de 1982 al 10 de diciembre de 1983).
  6. A partir de la "presidencia" de Galtieri, el Ministerio de Defensa estuvo a cargo de civiles, sucediéndose el político demócrata mendocino Amadeo Frúgoli (12 de diciembre de 1981 al 7 de junio de 1982) y el abogado Julio Martínez Vivot (7 de junio de 1982 al 10 de diciembre de 1983).
  7. El médico Horacio Rodríguez Castells fue ministro de Salud del 12 de diciembre de 1981 al 10 de diciembre de 1983.

Referencias[editar]

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  31. Proclama del 24 de marzo de 1976
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  33. "http://www.ceid.edu.ar/serie/2010/ceid_serie_dt_17_marcelo_javier_de_los_reyes_argentina_la_aplicacion_de_las_politicas.pdf"|"La aplicación de las políticas Neoliberales en la Argentina a partir de 1970 - Marcelo De los Reyes - Presidente del Centro de Estudios Internacionales para el desarrollo - pág. 6, "El Retorno del liberalismo", párr. 2 y 3
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  47. Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo, punto 1.2.
  48. Artículo 3.2.1. del Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo.
  49. El 22 de noviembre de 1977 el ministro del Interior Albano Harguindeguy realizó declaraciones sobre las etapas que pretendía atravesar la dictadura. Allí Harguindeguy dijo que "nosotros no queremos hablar de plazos sino de objetivos a alcanzar". Conf. "¿Hasta 1987"? (editorial de Bernardo Neustadt), Revista Extra, Nº 150, diciembre 1977, p. 22.
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  54. Luego fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Adolfo Jáuregui.
  55. Luego fue reemplazado por Antonio Domingo Bussi y José Antonio Vaquero.
  56. Luego fue reemplazado por Cristino Nicolaides, Santiago Omar Riveros y Fernando Humberto Santiago.
  57. Luego fue reemplazado por José Antonio Vaquero.
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  60. Mariano Grondona, uno de los ideólogos del Proceso, en 1977 escribía en su revista Carta Política artículos como Los Judíos, en el que argumentaba contra la "timidez del pluralismo disolvente", o que "en países en formación como el nuestro era necesaria cierta homogeneidad étnica y religiosa para ‘construir’ una nación. Los judíos, en tanto minoría nacional, podían optar por el exilio o la conversión" (citado en Historia de los judíos argentinos, página 387).
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  70. Se llamaban grupos de tareas (GT) a los escuadrones de represores que tenían la función de realizar los secuestros. Ver: CONADEP. Eudeba (ed.): «Nunca Más». «Los Grupos de Tareas estaban conformados con personal de las diversas Fuerzas Armadas y de Seguridid. Si bien se hallaban alojados en determinadas dependencias militares o de Seguridad, las que otorgaban su infraestructura, y en algunos casos se hacían cargo de las Jefaturas, los GT no dependían directamente de esos lugares sino de la Fuerza en la que tenían su sede: GTI y GT2 de Ejército (con las aclaraciones que más adelante se formulan), con sede en la CENTRAL DE REUNIÓN del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército (Callao y Viamonte, Capital Federal). El GT3 dependía del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de Marina de Guerra. El GT4 del Servicio de Inteligencia Aérea (SIA) de Aeronáutica y el GT5 de la SIDE. (Testimonio Legajo N° 7170 de un ex integrante de estos grupos).».
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Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]

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  • Madres.org (sitio oficial de la Madres de la Plaza de Mayo).
  • ME.gov.ar (sitio del Ministerio de Educación argentino sobre el Proceso).
  • 24DeMarzo.gov.ar (sitio del gobierno argentino acerca del pasado Proceso de Reorganización Nacional).