Decretos de aniquilamiento de 1975 (Argentina)

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Por el nombre de "decretos de aniquilamiento" se conocen a los cuatro decretos dictados por el Poder Ejecutivo de la República Argentina, durante el año 1975, redactados durante el gobierno constitucional peronista con el fin de "aniquilar a los elementos subversivos". El primer decreto llevó la firma de la presidenta María Estela Martínez de Perón, y se originó como consecuencia del "Operativo Independencia" para aniquilar la subversión en la Provincia de Tucumán. Los otros tres restantes decretos fueron firmados por el presidente interino Ítalo Argentino Luder y ratificados por el Congreso Nacional tras la conmoción que generó en el país el violento y luctuoso ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 en la ciudad de Formosa por parte de la guerrilla de los Montoneros.

Las Fuerzas Armadas se valieron de los decretos para aniquilar a los insurgentes y para, finalmente, realizar el golpe de estado de 1976.

El primer decreto de aniquilamiento[editar]

Isabel Martínez de Perón, quien firmó el primer decreto de aniquilamiento de la subversión

Fallecido el presidente Juan Domingo Perón, y frente al aumento de los ataques terroristas contra las autoridades constitucionales manifestados principalmente en asesinatos, secuestros, extorsiones y otros crímenes perpetrados contra civles y militares, su esposa, la presidenta María Estela Martínez de Perón, ordenó a las fuerzas armadas intervenir y "aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la Provincia de Tucumán", mediante el Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975. A esta acción bélica se la denominó Operativo Independencia, y durante su desarrollo el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina accionaron contra Monteros, en la provincia, para aniquilar a la Compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, y a los militantes Montoneros enviados a apoyarlos, que buscaban crear un "foco revolucionario" en el monte tucumano.[1]

Los tres decretos posteriores de aniquilamiento[editar]

El domingo 5 de octubre de 1975, la organización guerrillera Montoneros atacó los cuarteles del Regimiento de Infantería Monte 29, el Casino de Suboficiales de dicha fuerza y el Aeropuerto "El Pucú" de la Ciudad de Formosa en la provincia homónima, Argentina. La intención era demostrarle al Ejército y a la opinión pública que Montoneros había desarrollado la suficiente capacidad militar como para atacar al Ejército.[2]

El enfrentamiento armado le ocasionó al Ejército, entre muertos y heridos, 30 bajas, 10 de las cuales eran soldados muy jóvenes[nota 1] que estaban realizando el servicio militar obligatorio, es decir, eran lo que en la Argentina se denominaba como "conscriptos".

El ataque provocó una conmoción nacional y todas las fuerzas políticas condenaron el asalto, que apuntaba al muy deteriorado gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien ya había solicitado y obtenido el 13 de septiembre una licencia en su cargo, alegando motivos de salud. De manera que el presidente interino o presidente provisional de la República Argentina -quien era el presidente Provisional de la Cámara de Senadores de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo-, en el momento del ataque, era Ítalo Argentino Luder, cargo que ejerció hasta el 17 de octubre, en que la presidenta reasumió sus funciones a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

Luder extendió a todo el país la política de "aniquilar" el accionar de los elementos "subversivos" que había sido iniciada pocos meses antes, con el mencionado Operativo Independencia, solo en la provincia de Tucumán. La orden la impartió a través del dictado de tres nuevos decretos de aniquilamiento: el Decreto 2770/75, el Decreto 2771/75 y el Decreto 2772/75.

  • El decreto número 2770 creaba dos Consejos:
    El Consejo de Seguridad Interna, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros y los tres jefes militares para dirigir “los esfuerzos para la lucha contra la subversión”.
    El Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa e integrado por los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, era el que más le interesaba a los militares por sus funciones, y le permitía entre otras cosas conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión y planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales.
  • El decreto 2771 disponía que el Ministerio del Interior firmara convenios con los gobernadores para que la policía y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo control del Consejo de Defensa.
  • El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.

Los tres decretos fueron ratificados por el Congreso de la Nación el 29 de octubre de 1975.

Tanto el decreto 261 del 5 de febrero, como el 2772, de octubre, fueron conocidos públicamente recién el 24 de septiembre de 1983, cuando los publicara el Diario La Prensa, de Buenos Aires el 24 de septiembre de 1983, en su página 4.[3]

Firmantes de los decretos[editar]

Además de la Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, en los decretos de aniquilamiento aparecen las firmas de los siguientes funcionarios:[4]

Consecuencias[editar]

Los decretos de aniquilamiento no lograron detener la violencia entre los bandos de derecha e izquierda; por el contrario, la incrementó. Las Fuerzas Armadas lograron que el poder constituido les otorgara la autoridad que habían estado buscado durante mucho tiempo para asumir la lucha contra los terroristas, la cual hasta este momento había sido en gran medida manejada por la Policía Federal. Esto ayudó a que se llegase al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la última y más violenta dictadura vivida en la historia del país.

La introducción del polémico término militar "aniquilar" en los decretos 261 y 2772 resultaba muy duro en el lenguaje legal. Años después hubo fuertes discusiones sobre su significado y alcance en vinculación directa al concepto de guerra sucia, ya que el resultado concreto de la orden fue el aniquilamiento personal de los insurgentes y no solo de sus estructuras o su accionar.

Carlos Ruckauf, que era ministro de Trabajo en aquel entonces, iba a recordar años más tarde que Luder dijo que había que ampliar el área de influencia de las Fuerzas Armadas a todo el país y que iban a enviarse esos decretos de inmediato al Congreso, y que se iban a mandar, además, dos proyectos de ley que explicaban la forma de aplicar los decretos y el mecanismo de control que iba a haber por parte del poder político sobre las fuerzas militares, que obviamente nunca se ejecutó: los tipos hacían lo que querían e inclusive detenían a compañeros nuestros y no sabíamos qué pasaba.

Ya en el ocaso del "Proceso de Reorganización Nacional", previendo problemas judiciales por las violaciones a los derechos humanos, los jefes militares sostuvieron que había sido una guerra y que no habían hecho más que obedecer los decretos, emitidos por un gobierno democrático. Ése mismo argumento fue esgrimido por los defensores de los comandantes juzgados en 1985, y siguió siendo utilizado por los partidarios de los militares presos.

Sin embargo, en el juicio contra los comandantes, Luder precisó que "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" aludía a "inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal".[5] [6] En la acusación contra los militares, los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo destacaron las explicaciones de Luder y resaltaron que ninguno de los oficiales superiores citados a declarar por la defensa (de los comandantes) entendió que la orden de aniquilar autorizaba a secuestrar, torturar y matar. En la sentencia, leída por León Arslanián el 9 de diciembre de 1985, los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal coincidieron en que la orden de Luder no podía entenderse fuera del contexto jurídico de aquel momento, cuando la Carta Magna, las leyes de la Nación y los tratados con las naciones extranjeras seguían siendo la ley suprema de la Nación.

Notas[editar]

  1. El servicio militar era obligatorio en la Argentina en esos años, y a menos que se diese alguna justificación, debía realizarse a los 21 años.

Referencias[editar]

  1. Elsinger, Rubén. «En Tucumán, identifican restos de 2 desaparecidos». Clarín.com:  pp. Viernes 11, Diciembre 2009. http://www.clarin.com/diario/2009/12/11/elpais/p-02059533.htm. 
  2. Los Kirchner utilizan ese pasado ideal para sus batallas políticas en La Mañana, Neuquén. Por Pablo Montanaro 27/09/2010.
  3. www.desaparecidos.org/arg/doc/secretos/aniq75.html página web, de Proyectos desaparecidos.
  4. Los decretos de aniquilamiento de la subversión del gobierno peronista.
  5. Juicio a la impunidad, Mona Moncalvillo, Alberto Ángel Fernández, Manuel Martín, Ediciones Tarso, 1985 p174
  6. Ciancaglini, Sergio; Granovsky, Martín (1995). Nada más que la verdad: el juicio a las juntas. (p36). Buenos Aires: Planeta. ISBN 950-742-664-7. 

Fuentes consultadas[editar]