Carapintadas

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Los carapintadas fueron militares de extrema derecha que llevaron a cabo una serie de alzamientos entre 1987 y 1990 contra los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y Carlos Menem en Argentina. El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte de los insurrectos, que tomaron bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados contra los represores durante el Terrorismo de Estado. Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría no recibió castigo, y aún los cabecillas de los alzamientos contra Alfonsín fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1989.

Primer alzamiento[editar]

El primero de los levantamientos tuvo lugar en la Pascua de 1987, en protesta contra las acciones judiciales realizadas contra los responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El mayor Ernesto Barreiro, un elemento de la inteligencia militar que había tenido participación activa en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos de tortura y asesinato que se le imputaban.

Barreiro fue arrestado, a petición del juez competente, por la autoridad militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel (130, entre oficiales y soldados) se amotinó, exigiendo el cese de los juicios.

Otras dependencias militares se sumaron a la acción, ante la férrea oposición de la población civil, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico[1] (entonces al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones)), quien se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército, (planteando que los jefes que impartieron las órdenes "hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen") y la exigencia de una solución política para los juicios a los represores del proceso y "los del otro bando también" según se dijo en el reportaje hecho para el periodista Corbacho en Radio Mitre el 16 de Abril de 1987. Y decía Rico que "si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos".

Si bien el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime: Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los carapintadas.[1]

La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país -UCR, PJ, UCD, PDC, PI, PC y PS- suscribieron el «Acta de Compromiso Democrático», oponiéndose a la actitud de los militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en la represión. Este último punto llevó a las fuerzas de izquierda -el MAS, el PCR, el PO, y las Madres de Plaza de Mayo- a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y la Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Imposibilitado de reprimir y ante situaciones poco claras Alfonsín marchó a Campo de Mayo para exigir la rendición, en lo que se le cuestionaría como una debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.

Barreiro huyó; fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia militar y civil, iniciándole al último una causa en los tribunales de San Isidro.

A causa de este primer alzamiento carapintada,[1] meses más tarde, el gobierno promulgó la Ley de Obediencia Debida, que satisfaría algunos de sus reclamos; sin embargo, la misma fue anunciada un mes antes del levantamiento, el 24 de marzo de 1987 en la localidad de Las Perdices, Córdoba, por el presidente Alfonsín[2] y se basaba en la promesa electoral de campaña de 1983 de los tres niveles de responsabilidad. Los juicios prosiguieron durante el período del Dr. Alfonsín. Los cuadros superiores del terrorismo de Estado y algunos subalternos siguieron presos.

Segundo alzamiento[editar]

Sería de nuevo Rico la principal figura del segundo conato de rebelión, que tuvo lugar en enero de 1988 en la localidad correntina de Monte Caseros. El 30 de diciembre se le había concedido el privilegio de arresto domiciliario; dos más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general José Segundo Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el ministerio de Defensa ordenó su captura y lo declaró en disponibilidad (destitución).

Tres días más tarde se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, bautizado como «Operación Dignidad». Rico volvió a emitir el comunicado como "Ejercito Nacional en Operaciones". Caridi, al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas, las que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que la duda es la jactancia de los intelectuales, regresó a prisión. Unos 430 oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos; aunque los casos relativos al terrorismo de Estado y la tortura durante la dictadura disminuyeron para los oficiales de baja graduación, la protesta de las facciones promilitares no cesó. Rico, desde su celda, se convirtió en la principal figura del Movimiento por la Dignidad Nacional y líder del Ejército Nacional en Operaciones que realizó numerosos atentados entre 1988 y 1989 (bombas a los cines de Lavalle).

Un comando de ex-agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea que tomó el Aeroparque Metropolitano en apoyo a Rico, fue reducido por la Gendarmería y la Policía Federal, juzgado en el fuero civil y militar en 1988 e indultado por Menem con el cambio de gobierno.

Tercer alzamiento[editar]

El último de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsín tuvo lugar el 1 de diciembre de 1988, cuando unos 45 oficiales de la unidad Albatros, un cuerpo de élite de la Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en Zárate, provincia de Buenos Aires, y se rebeló. Alfonsín, a su regreso del exterior, consideró el problema menor, al no provenir del Ejército, pero los rebeldes se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que coparon el cuartel. Su líder era el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, un carismático veterano de la guerra de Malvinas, asesor de Manuel Noriega en la formación de comandos, y declarado miembro de la rama más nacionalista del Ejército, afirmó que el objetivo era "salvar el honor" de las Fuerzas Armadas, pero ya en contacto con dirigentes justicialistas lo que buscaba era que Alfonsín firmara la amnistía general e irrestricta también para los miembros de las organizaciones político-militares de la década del '70.

Caridi movilizó tropas leales y rodeó la guarnición de Campo de Mayo. Luego de un combate de morteros donde un rebelde fue herido de muerte, Seineldín huyó a Villa Martelli. Sin embargo, varios otros grupos declararon su apoyo a los carapintadas en la provincia de Buenos Aires, así como en la de Córdoba y Salta; la rebelión más importante fue la del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, en la periferia del Gran Buenos Aires, donde se dirigieron los rebeldes de Campo de Mayo evadiendo el cerco. El general Isidro Cáceres fue destacado por el mando leal para enfrentarlos, pero con órdenes de no iniciar acciones armadas salvo en caso de extrema necesidad.

Acantonados, el 4 de diciembre anunciaron sus exigencias: la destitución de Caridi, la extensión de la ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto a los miembros de la Junta, amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores, e impunidad para todos los participantes en éste excepto Seineldín. Los tanques leales rompieron el cerco y ya sin poder conseguir sus objetivos y en soledad, Seineldín fue procesado y detenido en Palermo al igual que el resto del personal que participó tanto de la Prefectura Naval como del Ejército, así como el mayor Hugo Abete, que no depuso las armas hasta días más tarde. Caridi pidió su pase a retiro. Seineldín permaneció detenido y procesado hasta que, con el cambio de gobierno, Menem le otorgó el indulto.

Cuarto alzamiento[editar]

A pesar de los entonces recientes indultos realizados por el Presidente Carlos Menem que incluyeron a condenados, detenidos y procesados por terrorismo de Estado, alzamientos carapintadas y guerra de Malvinas y a jefes de las organizaciones político-militares de la década del 70'. Seineldín rompió con Menem y fue puesto bajo arresto militar, y planeó una rebelión que se materializó el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar.[3] Uno de los principales impulsores de la asonada fue el Capitán Gustavo Breide Obeid, subordinado del Coronel Mohamed Alí Seineldín.[4]

En la madrugada del 3 de diciembre un grupo de poco más de cincuenta militares ocupó el Edificio Libertador, las instalaciones del Regimiento I de Infantería, la fábrica de tanques Tamse, el Batallón de Intendencia 601 y otras unidades. Según los sublevados, sólo exigían la remoción del generalato del Ejército Argentino.[3] [5]

Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el titular del Ejército, teniente general Martín Félix Bonnet, sofocaron con violencia la rebelión y recuperaron los objetivos tomados. El saldo fue de trece fallecidos (cinco, civiles) y decenas de heridos.[5] [3]

Segunda serie de indultos del gobierno de Menem[editar]

A pocos días del tercer alzamiento, Menem completaría los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex jefe de la Policía Federal Argentina Ovidio Ricchieri. Sólo Seineldín, una figura afecta a los gestos desmesurados, permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes hasta mayo de 2003, cuando fue indultado por el presidente interino Eduardo Duhalde.

Actualidad[editar]

Además de las incursiones políticas de los integrantes más conspicuos de estas agrupaciones, se ha señalado a ex carapintadas en tareas de asesoramiento de grupos ultraderechistas y golpistas de Bolivia.[6] En 2010 el carapintada Víctor Alejandro Gallo fue imputado por la apropiación ilegal de un menor hijo de una desaparecida.[7]

Referencias[editar]

  1. a b c El desafío de la democracia, páginas 26 y 27.
  2. Archivo:La Nación, 24-3-1987 discurso presidencial
  3. a b c "Seineldín se declara responsable del pronunciamiento abortado en Argentina". Diario ABC, miércoles 5 de diciembre de 1990, sección "Internacional", pág. 27.
  4. Datos personales de Breide Obeid
  5. a b Seineldín pidió el indulto para sus compañeros
  6. Vinculan a "carapintadas" con los ultraderechistas bolivianos "UnaAmérica" pretende ser la contracara de Unasur. Artículo en el periódico uruguayo La República, de 2009.
  7. «Gallo enjaulado». Página/12. 20/02/2010. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-140701-2010-02-20.html. Consultado el 18/04/2010. 

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]