Intervención federal

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La intervención federal es una institución que prevé la Constitución Argentina ante una situación de conflicto en una o varias provincias en caso de una invasión exterior, invasión de otra provincia o destitución de sus autoridades.

Funciona como garantía federal, esto significa que el Estado federal asegura y protege las autonomías provinciales en el marco de la forma de Estado federal propia del sistema argentino.

Procedimiento[editar]

La intervención federal puede ser dispuesta unilateralmente por el gobierno federal o a requision de las autoridades provinciales.[1]

Por disposición del gobierno federal[editar]

En este caso la intervención está dispuesta por el Poder Legislativo Nacional sin pedido de la provincia (art. 75 inc. 31 de la Constitución Argentina), no pudiendo el Ejecutivo disponerla salvo en caso de receso de éste, y, en tal caso, ordenando la simultánea convocatoria para su tratamiento (arts. 99, inc. 20 y 75, inc. 31, párr. 2°).

Causales[editar]
  • Para garantizar la forma republicana de gobierno o
  • Repeler invasiones exteriores

Por pedido de la provincia (La provincia afectada solicita la intervención)[editar]

Causales[editar]
  • Para Sostener o restablecer a las autoridades si han sido destituidas o se encuentran amenazadas por sedición o invasión de otra provincia.

Órgano Competente[editar]

La declaración de intervención federal corresponde de manera exclusiva al gobierno federal, por lo tanto le corresponde disponerla al Congreso de la Nación, y en caso de receso de este, corresponde declararlo al Presidente de la Nación con inmediata comunicación al congreso para su confirmación.

Amplitud[editar]

La amplitud deberá estar definida por el órgano que declara la intervención, pudiendo ser intervenidos los tres poderes del estado, o solo el poder ejecutivo, o solo el poder legislativo, respecto del judicial el interventor no puede arrogarse funciones judiciales pero si puede comisionar a los jueces.

Interventor[editar]

No cabe duda que el interventor es un funcionario del gobierno federal y representante del poder ejecutivo federal, por tanto corresponde su nombramiento exclusivamente al Presidente de la Nación, además es responsable político frente a este

Historia[editar]

Históricamente, la intervención federal se usó en Argentina como una suerte de arma política, por parte del gobierno central en contra de gobiernos provinciales administrados por opositores.[2] En la etapa 1880-1916 se desarrolla la llamada República Liberal-Conservadora, que comprende las presidencias de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña, José E. Uriburu, Roca nuevamente, Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza. Durante esta etapa no se llevaron a cabo prácticamente intervenciones federales.

Etapa de los gobiernos radicales Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear[editar]

El ex presidente radical Hipólito Yrigoyen es conocido por la cantidad de intervenciones federales que se desataron en su gestión, donde la mayoría de las provincias seguía en manos conservadoras y continuaba aplicándose el fraude electoral en violación de la Ley N° 8871 Sáenz Peña, que establecía el sufragio universal, secreto y obligatorio, la justificación jurídico-política de la intervención durante la primera presidencia de Yrigoyen fue la dada ante la protesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, sosteniendo el presidente que la "autonomía era para los pueblos, no para los gobiernos". El caudillo radical intervino la provincia de Buenos Aires por decreto del 24 de abril de 1917, la provincia de Corrientes por decreto del 23 de noviembre de 1917, la provincia de Mendoza por decreto del 24 de noviembre de 1917, la provincia de Córdoba por decreto, la provincia de La Rioja y la provincia de Santa Fe en diciembre; colocando en cada una de ellas a interventores radicales. Todas las intervenciones de su mandato fueron hechas por decreto, sin autorización del Senado.[3]

El presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear (1922-28), continúo la política de su antecesor de intervenir federalmente a las provincias opositoras, durante su mandato dispuso diez intervenciones federales, sobre un total de 14 provincias existentes en 1920, intervino siete por decreto,y apenas tres por ley; entre ellas: Tucumán (1923), Mendoza (1924), San Juan (1925), dos veces a Santiago del Estero (1924 y 1928), La Rioja (1924 y 1925), Jujuy (1923), Catamarca (1928) y Salta (1928). Un claro ejemplo de la aplicación masiva de la intervención federal la dio el presidente Frondizi tras las elecciones de 1962, cuando el peronismo ganó diez de las catorce gobernaciones en juego, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación Frondizi intervino todas las provincias adversas a su gobierno.[4]

Décadas del 30, 40 y 50[editar]

Con el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930, el gobierno de facto de José Félix Uriburu intervino todas las provincias, a excepción de Entre Ríos y San Luis. Luego, es recordada la intervención al gobierno demócrata progresista de la provincia de Santa Fe en 1935, a efectos de asegurarse el triunfo en el colegio electoral de la Concordancia, coalición conformada pro conservadores y radicales que gobernó mediante el fraude el país entre 1932 y 1943.[5]

La etapa 1946-1955 es el período del peronismo que abarca las dos presidencias consecutivas de Juan Domingo Perón. Tras las elecciones generales de 1946 -nuevamente bajo la ley Sáenz Peña, el peronismo logró la mayoría de las bancas del Congreso, y la casi totalidad de los gobiernos provinciales. El 4 de septiembre de 1947 el Senado de la Nación sancionó la intervención federal a la provincia de Corrientes, donde gobernaba el radical Blas Benjamín de la Vega, electo por el colegio electoral en una reñida elección.[6]

Tras el Golpe de Estado de 1955, se instaura la dictadura auto titulada revolución Libertadora, que interviene todas las provincias del país, deponiendo a los gobernadores electos e instalando en su lugar a interventores adictos. Tras la caída de la dictadura y el retorno a la democracia asume Illia. El gobierno de Arturo Umberto Illia, donde convivían una mayoría de gobiernos de la UCR del Pueblo con otros de la UCRI, conservadores, peronistas y partidos provinciales, se realizó la intervención de la provincia de Jujuy por circunstancias políticas propias de la provincia, no generadas por el gobierno nacional ni por su partido (dos gobernadores electos, conflicto abierto entre sectores de la Legislatura).[cita requerida], tras negarse a anular las elecciones donde ganó ampliamente el peronismo, Illia fue derrocado por sectores antiperonismo de las Fuerzas Armadas, en su lugar asumió como presidente de facto José María Guido que cumplió las órdenes militares, anuló las elecciones, clausuró el Congreso, volvió a proscribir al peronismo, intervino todas las provincias y designó un equipo económico de derecha (Federico Pinedo, José Alfredo Martínez de Hoz, etc.).

Luego de la presidencia de facto de Guido asume el presidente Frondizi, quién fue el tercer presidente que más utilizo las intervenciones federales, tras sus correligionarios Marcelo T de Alvear e Hipólito Yrigoyen. En las elecciones de 1962 el peronismo ganó diez de las catorce gobernaciones en juego, entre ellas la de la provincia de Buenos Aires, Frondizi anuló las elecciones e intervino todas las provincias que le eran adversas a su gobierno.[7] Tras las elecciones de 1962, todas las provincias en donde ganó el peronismo fueron intervenidas.

Regreso a la democracia[editar]

Desde la reinstauración de la democracia (1983), la intervención federal se usó de un modo más sensible, ateniéndose a los criterios impuestos por la Constitución de 1853.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) no se registró ninguna intervención. Su sucesor, Carlos Menem (1989-1999), dispuso la intervención de Tucumán (1991) por la crispación generada por el retorno al poder de un ex-gobernador de facto; de Catamarca (1991) por las graves irregularidades que surgieron a la luz tras el asesinato de una adolescente; y de Santiago del Estero (1993) por la violencia desatada en la administración provincial, que desbordó a la policía.

En 1999 el radical Fernando de la Rúa (199-2001) dispuso la intervención a la Provincia de Corrientes, por causa de la mala administración de sus autoridades y luego de una rebelión popular en el Puente General Belgrano, conocida como la "Masacre del Puente", por haberse cobrado dos víctimas fatales.

En 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner se realizó una intervención federal a la Provincia de Santiago del Estero ante graves denuncias de corrupción y persecución política por parte del gobierno provincial encabezado por la gobernadora Nina Juárez y su marido, el veterano político local Carlos Juárez.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Bidart Campos, German J. Manual de la Constitución Reformada - Tomo I. EDIAR. pp. 460–468. 
  2. La Nación: Intervenciones en la historia, por Pablo Mendelevich, 11/04/2004, consultado el 10/08/2010
  3. ROSA, José María, "Historia Argentina, El Radicalismo" Vol. 10, Editorial Oriente, Bs. As, 1977.p 123- 124
  4. ROSA, José María, "Historia Argentina, El Radicalismo" Vol. 10, Editorial Oriente, Bs. As, 1977. p 179
  5. Sommariva, Luis H.Historia de las intervenciones federales en las provincias, Buenos Aires : El Ateneo, 1929-1931
  6. PALMA, Federico. "Corrientes (1862-1930)". Historia Argentina Contemporánea. Tomo 4, Capítulo V, página 281. Buenos Aires, 1967.
  7. ROSA, José María, "Historia Argentina, El Radicalismo" Vol. 10, Editorial Oriente, Bs. As, 1977. p 179