Reinado de Juan Carlos I de España
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El reinado de Juan Carlos I de España comenzó el 22 de noviembre de 1975, cuando el entonces príncipe de España Juan Carlos de Borbón juró las Leyes Fundamentales del Reino ante las Cortes franquistas tras el fallecimiento del general Franco, que lo había designado como sucesor en 1969. Terminó el 19 de junio de 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe de Borbón y Grecia, quien juró la Constitución de 1978 y fue proclamado rey por las Cortes Generales con el nombre de Felipe VI.
En los primeros años de su reinado tuvo lugar la transición a la democracia, por lo que España dejó de ser la única dictadura no comunista que quedaba en Europa. El nuevo rey asumió el proyecto del sector reformista de la elite política franquista que, frente a los inmovilistas, defendía la necesidad de introducir cambios graduales en las leyes fundamentales para que la nueva Monarquía fuera aceptada en el conjunto de Europa. Este proyecto fue el que intentó poner en marcha su primer gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, que ya había encabezado el último gobierno del general Franco. Sin embargo, ante la incapacidad demostrada por Arias Navarro, Juan Carlos nombró en julio de 1976 al franquista reformista Adolfo Suárez nuevo jefe del gobierno para que llevara adelante el proceso de transición a la democracia sin que se produjera ninguna «ruptura» con el «régimen anterior». Fue así como surgió la Ley de Reforma Política que fue aprobada por las Cortes franquistas y revalidada en referéndum en diciembre de 1976. Según esta nueva ley fundamental se convocaban elecciones libres a unas Cortes elegidas democráticamente. El problema de Suárez fue conseguir que el proceso de transición «controlada» establecido en la Ley de Reforma Política fuera aceptado por la oposición democrática ya que ésta, a cambio de abandonar la «ruptura democrática» y de participar en las elecciones, exigió que las instituciones franquistas fueran desmanteladas y que todos los partidos sin excepción —lo que suponía incluir al Partido Comunista de España— fueran legalizados. Superando graves dificultades el presidente Suárez logró esos dos objetivos y las primeras elecciones libres desde 1936 pudieron celebrarse el 15 de junio de 1977.
Unión de Centro Democrático (UCD), el partido organizado desde el poder por el presidente Suárez, ganó las elecciones, aunque no por mayoría absoluta, y buscó el consenso del resto de fuerzas políticas —y especialmente del otro gran triunfador, el PSOE— para elaborar el nuevo marco jurídico que debía sustituir al de las leyes fundamentales del franquismo, además de hacer frente a la crisis económica, a la reaparición de la cuestión regional y al incremento del terrorismo de ETA. Así fue como se fraguó el modelo de transición política española a la democracia que estuvo basado en el llamado «pacto del olvido» sobre lo que había sucedido durante la dictadura franquista y en la aprobación de una Constitución de consenso a cambio de que los partidos de izquierda abandonaran su pretensión de instaurar la República. El 6 de diciembre de 1978 se celebró el referéndum que aprobó la nueva Constitución democrática.
Una vez refrendada la Constitución el presidente Suárez convocó elecciones para marzo de 1979 que fueron ganadas por UCD pero de nuevo sin mayoría absoluta. Durante los dos años siguientes el partido del gobierno sufrió un agudo proceso de descomposición interna que culminó con la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981. Al mes siguiente tuvo lugar un intento de golpe de estado por parte de un sector del ejército que pretendía paralizar el proceso democrático y que sólo la decidida intervención del rey Juan Carlos I logró detener. Tras el «23-F» el nuevo gobierno de UCD presidido por Leopoldo Calvo Sotelo logró gobernar en gran medida gracias al apoyo que le dio el PSOE y su líder Felipe González porque la autodestrucción de UCD continuó hasta que en octubre de 1982 se celebraron nuevas elecciones que fueron ganadas de forma aplastante por el PSOE. Así accedió al poder un partido que había sido uno de los vencidos en la guerra civil de 1936-1939.
Después de 1982 el sistema democrático se consolidó y España vivió un largo período de estabilidad política en el que se produjo la alternancia en el gobierno entre la izquierda y la derecha de forma pacífica siguiendo el dictado de las urnas (el PSOE gobernó entre 1982 y 1996 y entre 2004 y 2011; el Partido Popular, surgido de la «refundación» en 1989 de Alianza Popular, entre 1996 y 2004 y entre 2011 y 2014). Resultó decisivo para la consecución de la estabilidad política que las posiciones de los dos grandes partidos sobre los problemas más importantes no fueran antagónicas y que no hubiera grandes «fracturas sociales», esto último gracias al desarrollo del Estado del Bienestar y de las políticas de protección social. Asimismo durante esos años España participó activamente en la transformación de la Comunidad Europea, en la que ingresó en 1986, en la Unión Europea y en el establecimiento de la moneda común, el euro.
Sin embargo, en los últimos seis años del reinado España padeció una durísima crisis económica que condujo a una crisis política, que también afectó a la Corona y que no se había resuelto cuando Juan Carlos I anunció el 2 de junio de 2014 su decisión de abdicar.
La transición democrática (1975-1982)
En los siete primeros años del reinado de Juan Carlos I se completó la transición a la democracia, por lo que España dejó de ser la única dictadura no comunista que quedaba en Europa. La transición española, cuyo final se suele situar en la victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, se inscribe en la llamada tercera «ola democratizadora» del siglo XX, que se inició en Portugal en 1974 con la «revolución de los claveles» y terminó con la caída del muro de Berlín en 1989.[1]
La proclamación de Juan Carlos I
Tras la muerte del general Franco asumió interinamente el poder el Consejo de Regencia, formado por un teniente general, un arzobispo y un miembro del Movimiento Nacional, hasta que dos días después, el 22 de noviembre de 1975, el príncipe de España Juan Carlos de Borbón, designado en julio de 1969 por el Caudillo como su sucesor «a título de rey», fue proclamado con el título de Juan Carlos I ante las Cortes franquistas. Tras la intervención «desde la emoción en el recuerdo de Franco» del presidente de las Cortes Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Juan Carlos I juró las Leyes Fundamentales del Reino y pronunció a continuación un discurso en el que evitó hacer referencia al triunfo franquista en la Guerra Civil Española y en el que, después de manifestar su «respeto y gratitud» a Franco, afirmó que se proponía alcanzar «un efectivo consenso de concordia nacional». De esta forma dejó claro que no apostaba por el puro «continuismo inmovilista» que preconizaba el llamado búnker —que defendía la perpetuación del franquismo bajo la Monarquía instaurada por Franco, siguiendo el modelo establecido en la Ley Orgánica del Estado de 1967—,[2] pero con su mensaje al Ejército de que afrontara el futuro con «serena tranquilidad» dejaba entrever que la reforma se haría desde las propias instituciones del régimen.[3][4] Los aplausos más entusiastas, sin embargo, no se los llevó el nuevo rey sino la familia del general Franco presente en la ceremonia.[2] La oposición antifranquista recibió con frialdad el discurso del rey. El PSOE en una nota afirmó que «no había sorprendido a nadie y ha cumplido su compromiso con el régimen franquista».[3]
Un símbolo de que sus proyectos reformistas contaban con el respaldo internacional fue que a su proclamación como monarca acudieron destacados jefes de Estado o representantes de los mismos de alto nivel, lo que no ocurrió con los funerales del general Franco, a los que sólo acudió el dictador chileno general Augusto Pinochet.[5]
Que también podía contar con una Iglesia católica española que apostaba por la transformación del sistema político, lo puso de manifiesto el cardenal Tarancón en la homilía que pronunció el 27 de noviembre en la ceremonia religiosa que se celebró con presencia de la familia real en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, en la que no mencionó la guerra civil —sólo hizo una referencia a «la figura excepcional, ya histórica» del general Franco— y exhortó al rey a serlo de «todos los españoles» —sin distinciones entre vencedores y vencidos—.[2][6]
Sin embargo, la ratificación en el cargo de presidente del gobierno de Carlos Arias Navarro causó una enorme decepción —el diario clandestino del PCE, Mundo Obrero, afirmó que se trataba del «franquismo con rey» y el pretendiente carlista Carlos Hugo de Borbón Parma dijo que era el gobierno de una «monarquía fascista»—[7] apenas paliada por el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda, antiguo preceptor del príncipe, como nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, instituciones clave en el entramado legado por la dictadura franquista.[8] La decepción se atenuó cuando se conoció la composición del nuevo gobierno, en el que aparecían las más destacadas figuras del «reformismo» franquista como Manuel Fraga Iribarne, José María de Areilza y Antonio Garrigues y Díaz Cañabate. También participaban en este gobierno otros «reformistas» franquistas procedentes de las «familias» católica (Alfonso Osorio) y falangista (los «reformistas azules», Adolfo Suárez y Rodolfo Martin Villa).[9] En realidad los miembros del gobierno le fueron impuestos a Arias Navarro por el rey, y en el caso de Suárez había sido una sugerencia de Fernández Miranda.[10] En la prensa a menudo se denominaba al nuevo gobierno como «gobierno Arias-Fraga-Areilza-Garrigues».[11]
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Arias Navarro carecía de un plan de reforma del régimen franquista —en el Consejo Nacional del Movimiento llegó a declarar que en realidad el propósito de su gobierno era la continuidad del franquismo a través de una «democracia a la española»—[12][13] por lo que su gobierno adoptó el que le presentó Fraga Iribarne —descartando la propuesta de Antonio Garrigues de convocar elecciones a Cortes Constituyentes—. El proyecto de Fraga consistía en alcanzar una democracia «liberal» que fuera homologable con la del resto de países europeos occidentales a partir de un proceso gradual y controlado desde el poder de cambios paulatinos de las «leyes fundamentales» franquistas. Por eso también fue conocido como «reforma en la continuidad» y su base de apoyo sería lo que entonces se llamó «franquismo sociológico».[14]
Para que el proyecto tuviera éxito se deberían vencer dos resistencias: la del búnker inmovilista, que tenía una fuerte presencia en el Consejo Nacional del Movimiento y en las Cortes —que eran las dos instituciones que tendrían que aprobar las reformas de las leyes fundamentales—, además del Ejército y la Organización Sindical Española franquista; y también la de la oposición democrática, con la que no se pensaba negociar ni pactar ningún elemento esencial del proceso, pero a la que sí se iba a permitir su participación electoral, excluidos los «totalitarios», en referencia a los comunistas. En este último punto su modelo era la Restauración de Cánovas.[14] Como ha señalado Javier Tusell, Fraga «pretendía ser ser Cánovas del Castillo sin tener en cuenta que las circunstancias eran muy distintas a las de hacía un siglo».[15]
El proyecto se concretó en la reforma de tres leyes fundamentales, cuyos cambios debían ser examinados por una comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional del Movimiento —propuesta por Fernández Miranda y Suárez—[16], y de las leyes de Reunión y de Asociación, que incluía también la modificación del Código Penal. La nueva Ley de Reunión fue aprobada por las Cortes franquistas el 25 de mayo de 1976 —en ella se establecía que las manifestaciones en la calle debían contar con la autorización del gobierno— y también la de Asociaciones Políticas,[17] defendida por el ministro Adolfo Suárez, quien afirmó que si España era plural las Cortes «no se podían permitir el lujo de ignorarlo» —una intervención que impresionó entre otros a Areilza («dice aquellas cosas que Arias debió decir hace meses») y también al rey—.[12] Pero la reforma encalló cuando el 11 de junio las Cortes rechazaron la modificación del Código Penal que tipificaba como delito la afiliación a un partido político, un requisito imprescindible para que las leyes aprobadas no fueran papel mojado.[18] Los procuradores en su propósito de impedir la legalización del Partido Comunista introdujeron una enmienda en que se prohibían aquellas organizaciones políticas «sometidas a una disciplina internacional» y partidarias de la implantación de un régimen totalitario. Como ha señalado Javier Tusell, «así se daba la paradoja de que quienes en el pasado habían estado tentados por el totalitarismo de un signo ahora se sentían con autoridad como para vetar el totalitarismo de los demás». Tampoco salió adelante el proyecto de reforma de las «leyes fundamentales» de Cortes y de Sucesión, diseñado por Fraga, que pretendía crear unas nuevas Cortes formadas por dos Cámaras, una elegida por sufragio universal y la otra de carácter «orgánico».[19][20]
La ofensiva de la oposición democrática
En los últimos años de la dictadura la oposición antifranquista formó dos organismos unitarios para combatirla: la Junta Democrática, fundada en julio de 1974 por el Partido Comunista de España y otros grupos, y la Plataforma de Convergencia Democrática, fundada en junio de 1975 e integrada por partidos antifranquistas «moderados» y por el PSOE.
La Junta Democrática propugna: 1. La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual (...) — Declaración de la Junta Democrática de España. (1974)
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La Junta Democrática defendía la «ruptura democrática» con el franquismo mediante la movilización ciudadana —que culminaría en una «acción nacional» o una huelga general—, lo que implicaba el rechazo a la sucesión del príncipe Juan Carlos y a la monarquía «franquista», la formación de un gobierno provisional, la convocatoria de un referéndum sobre la forma de gobierno —republicana o monárquica— y la depuración de responsabilidades de los dirigentes franquistas por la represión —a los que no alcanzaría la amnistía, que permitiría la excarcelación de los presos por delitos políticos y la vuelta de los exiliados—.[21]
Por su parte la Plataforma de Convergencia Democrática también propugnaba la «ruptura democrática» con el franquismo, pero sin que ello implicara poner en riesgo la estabilidad social y política, por lo que prefería la vía de la negociación con el gobierno franquista a la movilización social. Además, sus integrantes estaban dispuestos a renunciar a la convocatoria de un referéndum sobre la forma de gobierno —Monarquía o República—, aceptando, por tanto, a la nueva Monarquía, si ésta conducía al país hacia la instauración de un sistema plenamente democrático. Por otro lado, tampoco exigirían responsabilidades a las autoridades franquistas por la represión por lo que la amnistía política que demandaban también los ampararía. Por último, otro de los límites autoimpuestos sería no cuestionar el sistema económico-social vigente. El PSOE apoyaba esta estrategia porque creía que no había otra alternativa para alcanzar la democracia, dada la «debilidad» de la oposición antifranquista.[22]
El PCE y la Junta Democrática impulsaron una gran movilización en contra de la Monarquía «franquista». Hubo agitación en las universidades, se celebraron manifestaciones al grito de «Libertad y Amnistía», disueltas violentamente por la policía, y se desató una oleada de huelgas mucho mayor que las ya muy importantes de 1974 y 1975. Los motivos de las huelgas convocadas por las ilegales Comisiones Obreras[13] eran fundamentalmente económicos —la gravedad de la «crisis del petróleo de 1973» se acentuaba— pero también tenían motivaciones políticas pues las peticiones de aumentos salariales o de mejoras en las condiciones de trabajo iban acompañadas de otras como la libertad sindical, el reconocimiento del derecho de huelga, la libertad de reunión y de asociación, cuando no claramente reclamaban la amnistía para los presos y exiliados políticos.[23]
La respuesta del gobierno fue la represión. El ministro de la Gobernación Manuel Fraga llegó a comparar la huelga general que se declaró en Sabadell a principios de año con la «ocupación de Petrogrado en 1917».[24] El 24 de febrero moría en Elda, por disparos de la policía, un trabajador, y el 3 de marzo tenían lugar en Vitoria los incidentes más graves, que se saldaron con la muerte de cinco personas y más de 100 heridos, también por disparos de la policía. Inmediatamente se declaró una huelga general en el País Vasco y en Navarra en solidaridad con las víctimas que tuvo un enorme seguimiento —también en otras zonas— lo que, según David Ruiz, puso «al descubierto la incapacidad del gobierno central para controlar la situación».[24] Para buena parte de la oposición, los «sucesos de Vitoria» mostraron el auténtico rostro de la «reforma Arias-Fraga» y se recrudecieron las manifestaciones y las huelgas, con los consiguientes enfrentamientos con las fuerzas de orden público —en Basauri, cerca de Bilbao, moría poco después otro trabajador—.[25]
La inmediata liberación de los presos y detenidos políticos y sindicales sin exclusión, el retorno de los exiliados y una amnistía que restituya en todos sus derechos a los privados de ellos por motivos políticos o sindicales. El eficaz y pleno ejercicio de los derechos humanos y de las libertades políticas consagradas en los textos jurídicos internacionales, especialmente la de todos los partidos políticos, sin exclusión alguna. —Objetivos de la Plantajunta (marzo de 1976).
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A principios de mayo tuvieron lugar los sucesos de Montejurra en los que hubo un enfrentamiento entre los dos sectores en los que entonces estaba dividido el carlismo, resultando muertas dos personas y 30 heridas por disparos efectuados por miembros de la facción integrista, partidaria de Sixto Enrique de Borbón Parma frente a la «socialista autogestionaria» encabezada por su hermano Carlos Hugo de Borbón Parma presidente del Partido Carlista, sin que las fuerzas de orden público intervinieran.[26][27]
A pesar de todo, las movilizaciones no tuvieron el suficiente grado de seguimiento como para derribar al gobierno, y mucho menos a la «monarquía franquista». Se hacía, pues, cada vez más evidente que la alternativa de la «ruptura democrática» acompañada de una «acción nacional decisiva» no era viable, por lo que su principal valedor, el Partido Comunista de España, decidió en marzo de 1976 cambiar de estrategia y adoptar la alternativa de la «ruptura democrática pactada» que defendía la oposición moderada y el PSOE, aunque sin abandonar la movilización de los ciudadanos para ejercer una presión continua sobre el gobierno y obligarle a negociar con la oposición.[18][26]
El cambio de estrategia del PCE, permitió la fusión el 26 de marzo de los dos organismos unitarios de la oposición, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, que dio nacimiento a Coordinación Democrática —conocida popularmente como «Platajunta»—. En su primer manifiesto rechazó la «reforma Arias-Fraga» y exigió una inmediata amnistía política, la plena libertad sindical y una «ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un periodo constituyente». Así pues, del primer escenario de ruptura con levantamiento popular se pasó a la exigencia de la convocatoria de elecciones generales de las que se pudiera derivar un proceso constituyente.[28][29]
Poco después de formarse la Platajunta el gobierno toleró que el sindicato socialista UGT celebrara dentro del país su XXX Congreso camuflado bajo el término «Jornadas de Estudio». Según el historiador David Ruiz, esta decisión obedeció a que el gobierno pretendió fortalecer al «renacido y debilitado sindicato socialista frente al peligro que suponían las ilegales Comisiones Obreras estrechamente vinculadas al PCE» como lo demostraría el hecho de que «mientras tenía lugar la celebración del citado congreso con asistencia a él como invitados de una representación de sindicatos europeos, el dirigente de CC OO, Marcelino Camacho, había sido nuevamente encarcelado junto a otros políticos al salir de una reunión de la Platajunta celebrada en un céntrico hotel madrileño».[30]
A principios de junio de 1976 el rey visitó Estados Unidos y en su discurso ante el Congreso, de cuyo contenido exacto no tuvo conocimiento Arias Navarro, ratificó su compromiso para dotar a España de una democracia plena. Juan Carlos anunció la voluntad de la Corona de «asegurar el acceso al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo español libremente expresados».[31] Mes y medio antes, la revista Newsweek había afirmado que el rey Juan Carlos había dicho a uno de sus periodistas —lo que nunca fue desmentido— que «Arias era un desastre sin paliativos».[12]
El nuevo líder español [el rey Juan Carlos] está gravemente preocupado con la resistencia de la derecha al cambio político. Cree que ya ha llegado la hora de la reforma, pero el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, un residuo de los días de Franco, ha demostrado más inmovilismo que movilidad. El rey opina que Arias es un desastre sin paliativos, ya que se ha convertido en el abanderado de ese grupo de leales a Franco conocido como El Búnker. […] Desde que subió al trono, el rey ha hecho todo lo posible para convencer a Arias, y se encuentra con que el presidente, de sesenta y siete años de edad, le responde «Sí, Majestad» y no hace nada, cuando no hace lo contrario de lo que el rey quiere.[…] —Newsweek, 25 de abril de 1976
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Por esas mismas fechas Arias Navarro había realizado una declaraciones por televisión en las que había vertido duros ataques a la oposición democrática, mientras sus relaciones con el rey se habían deteriorado hasta el punto de que Arias le había confesado a uno de sus colaboradores más cercanos: «Me pasa como con los niños; no lo soporto más de diez minutos».[32]
Después de comentarle el rey a Areilza «esto no puede seguir, so pena de perderlo todo…»,[32] el 1 de julio Juan Carlos le exigió a Arias Navarro que le presentara su dimisión, lo que éste hizo inmediatamente. A los pocos días Torcuato Fernández Miranda lograba que el Consejo del Reino incluyera entre los tres aspirantes a presidente del gobierno al «candidato del rey»: Adolfo Suárez, un «reformista azul» que no había destacado demasiado hasta entonces.[33][32]
El nombramiento de Suárez causó un enorme desconcierto y decepción entre la oposición democrática y los círculos diplomáticos, así como en las redacciones de los periódicos.[33] Un comentarista político, que acabaría siendo ministro con Suárez, escribió que su nombramiento había sido un «inmenso error».[34][35]
Según el historiador David Ruiz, la elección de Suárez obedeció a que en su biografía política «concurría la doble ventaja de no provocar suspicacias entre los franquistas más influyentes por el escaso relieve de las funciones que había desempeñado [gobernador civil de Segovia, director general de TVE, ministro con cartera irrelevante en el último gobierno de Arias Navarro], y la de conocer de cerca determinados entramados de la Administración del régimen de Franco, incluida la televisión, desde la que potenciaría en el tardofranquismo la difusión de la imagen favorable del príncipe Juan Carlos, con el que compartirá, además, el hecho de pertenecer a la misma generación y algunas aficiones».[36]
El gobierno Suárez (julio de 1976-junio de 1977): la «reforma como ruptura pactada»
El proyecto reformista del gobierno de Adolfo Suárez: la «Ley para la Reforma Política»
Adolfo Suárez formó un gobierno de jóvenes «reformistas» franquistas, en el que no incluyó a ninguna figura prominente —Fraga y Areilza, se negaron a participar—, pero que no carecía de experiencia política —se dijo que era un «gobierno de PNNs», en referencia a los profesores universitarios no numerarios—[36]. El peso mayor lo tenían los «reformistas» democristianos del grupo Tácito o asimilados (Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Leopoldo Calvo Sotelo,...) seguidos de los «reformistas azules», como el propio Suárez y Rodolfo Martin Villa o Fernando Abril Martorell.[37] Sólo uno de los miembros del gabinete, el almirante Pita da Veiga, había sido ministro con Franco.[38] En referencia a la relativa juventud del gabinete, Fraga Iribarne comentó: «Han jubilado anticipadamente a nuestra generación».[32] Mundo Obrero, el periódico clandestino del PCE, consideró que duraría tan poco que lo llamó «gobierno de verano».[39]
En su primera declaración, hecha ante las cámaras de TVE, el nuevo presidente presentó su proyecto «reformista» que contenía importantes novedades de lenguaje y de objetivos y que causó un enorme impacto en la mayoría de la población. Afirmó que su Gobierno no representaba opciones de partido sino que se constituía en «gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos» y que su meta era conseguir «que los Gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles».[38] Después de manifestar su convicción de que la soberanía residía en el pueblo, anunció que éste se expresaría libremente en unas elecciones generales que se convocarían para antes del 30 de junio del año siguiente. Se trataba de «elevar a la categoría de normal lo que a nivel de la calle es simplemente normal».[40] Además de la concesión de la amnistía más amplia «posible», se ofrecía una vía de diálogo con la oposición democrática, aunque siempre reservándose el gobierno la última palabra sobre la dirección del proceso. Por último, Suárez anunció que la «reforma política» que se iba emprender se sometería a referéndum.[37]
Artículo 1°. 1) La democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo. [...] 2) La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes. Artículo 2°. 1) Las Cortes se componen del Congreso de los Diputados y del Senado. 2) Los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad. 3) Los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. [...] Artículo 3°. 1) La iniciativa de la reforma constitucional corresponderá: a) al gobierno, b) al Congreso de los Diputados. [...] Disposiciones Transitorias. Primera. El gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores a razón de cuatro por provincia y uno más por cada provincia insular, dos por Ceuta y dos por Melilla. Los senadores serán elegidos por sufragio universal. (...) Disposición final. La presente ley tendrá rango de Ley Fundamental. —Ley para la Reforma Política (1976)
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Del fracaso de la «reforma Arias-Fraga» el nuevo gobierno aprendió que cualquier intento de modificación de las «leyes fundamentales» franquistas debería reducirse a una sola y contundente nueva «ley fundamental» que implicara la derogación de hecho de todo lo anterior.[41]
Según el historiador Javier Tusell, el proyecto de ley de la reforma política fue redactado conjuntamente por el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, el vicepresidente del gobierno Alfonso Osorio y el ministro de Justicia Landelino Lavilla, y del mismo hubo varios borradores.[38]
El proyecto era muy sencillo. Se creaban unas nuevas Cortes, formadas por dos cámaras, el Congreso de Diputados y el Senado, compuestas de 350 y 204 miembros, respectivamente, elegidas por sufragio universal, excepto los senadores designados por el rey. Así pues, «lo fundamental de Ley de Reforma Política era la convocatoria de elecciones y la configuración de un marco institucional mínimo para realizarlas».[42] Pero al mismo tiempo quedaban abolidas implícitamente todas las instituciones establecidas en las «leyes fundamentales» que no fueran esas Cortes, es decir, todas las instituciones franquistas sin excepción —el Consejo Nacional del Movimiento y el Movimiento mismo, las Cortes establecidas en la ley de 1942, el Consejo del Reino y el Consejo de Regencia de la ley de 1967, etc.—, por lo que la ley de reforma lo que hacía en realidad era liquidar lo que pretendía reformar.[43] En el preámbulo de la ley al basar la legitimidad en el sufragio universal se introducía una especie «autorruptura» —expresión acuñada por Javier Tusell— con las instituciones franquistas. En el articulado de esta «octava ley fundamental del franquismo», se proponía un cambio sustancial del régimen político aunque sin cuestionar la forma de gobierno, pues no se hacía alusión a la Monarquía.[44]
Pero lo que Suárez tenía que conseguir era mucho más difícil: que las Cortes franquistas se «suicidaran» y votaran a favor de una Ley que suponía su desaparición y la del propio régimen para dar paso a la democracia. Además debería salvar otros muchos obstáculos: convencer a la cúpula militar de la necesidad de la reforma; desalojar de las posiciones de poder a los franquistas inmovilistas; convencer a la oposición democrática de la bondad de la misma y conseguir que participara en el proceso para legitimarlo, tanto interna como internacionalmente.[43]
La aproximación a la oposición democrática y sus límites
El nuevo talante del gobierno y sobre todo de su presidente cambió el clima político superándose la crispación que se había vivido durante las últimas semanas del gobierno de Arias Navarro.[38] En seguida se produjeron los primeros contactos con los partidos de la oposición democrática e incluso, de forma discreta y a través de personas interpuestas, con Santiago Carrillo, el secretario general del PCE. Fruto de los mismos, y de la promesa hecha en su primera declaración, fue la concesión de una amnistía el 31 de julio, pero que no fue completa pues se excluyeron los «delitos de sangre» por lo que aún permanecieron en las cárceles muchos «presos vascos» presuntos miembros de ETA.[43][13][36] La amnistía incluyó a los profesores que habían perdido sus puestos en la Universidad por haber apoyado las protestas estudiantiles de mediados de los años 60.[38]
Sin embargo, el reconocimiento del derecho de reunión y de manifestación aún siguió concediendo una amplia discrecionalidad a las autoridades a la hora de autorizar o no una manifestación, lo que tuvo especial relevancia en el País Vasco y Navarra pues allí eran normalmente prohibidas porque iban unidas a la petición de amnistía de los «presos vascos» y a la reclamación del autogobierno que las autoridades relacionaban inmediatamente con el terrorismo de ETA, que comenzó a atentar contra autoridades civiles —el 4 de octubre fue asesinado Juan María Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa—. La menor tolerancia en el País Vasco y en Navarra sería lo que explicaría que allí el clima de crispación (y de radicalización política) aumentara mientras en el resto de España disminuía, incluso en aquellas «regiones» con reivindicaciones «nacionales», como Cataluña. En Barcelona se congregaron un millón de personas el 11 de septiembre para celebrar la diada de Cataluña.[43]
El 23 de octubre se formó la Plataforma de Organismos Democráticos que agrupaba a Coordinación Democrática, a la Asamblea de Cataluña y a otros organismos unitarios regionales de la oposición. La nueva plataforma reiteró su disposición a negociar con el gobierno siempre que se preguntara en el referéndum sobre la convocatoria de Cortes Constituyentes, se legalizaran todos los partidos políticos, se decretara una «amnistía total», se repusieran los estatutos de autonomía aprobados durante la República, se desmantelaran las instituciones de la dictadura franquista y se formara un gobierno de «amplio consenso democrático» —abandonada ya la reivindicación del gobierno provisional—. Para alcanzar estos objetivos la oposición mantuvo su estrategia de presión «desde abajo» que culminó con la convocatoria de la primera huelga general de la transición para el 12 de noviembre. Esta tuvo un seguimiento apreciable —cerca de un millón de trabajadores la secundaron— pero que no fue suficiente para forzar al gobierno a cambiar la estrategia que se había trazado de una reforma «de la ley a la ley».[43]
La aprobación y refrendo de la Ley para la Reforma Política
El obstáculo que más preocupaba al gobierno para sacar adelante la «reforma política» no era lo que pudiera decir la oposición democrática, sino el Ejército que se consideraba el garante último del «legado de Franco». El 8 de septiembre Adolfo Suárez se reunió con la cúpula militar para convencer a los altos mandos de la necesidad de la reforma. En esa reunión se habló de los límites que nunca se traspasarían: no se cuestionaría ni la Monarquía ni la «unidad de España»; no se exigirían responsabilidades por lo acontecido durante la Dictadura franquista; no se formaría ningún gobierno provisional que abriera un proceso constituyente; no se legalizarían los partidos «revolucionarios» —en este punto los militares incluían al Partido Comunista, su «bestia negra» desde la guerra civil—. En fin, que el proceso que conduciría a las elecciones siempre estaría bajo el control del gobierno. Una vez clarificados los límites, los recelos del Ejército quedaron disipados y Suárez obtuvo el visto bueno para el proceso que iba a emprender.[45][46]
Sin embargo, la primera crisis con los militares no tardó mucho tiempo en producirse cuando el general Fernando de Santiago, vicepresidente del gobierno, se manifestó contrario al desmantelamiento de la Organización Sindical franquista que se estaba planeando y sobre todo a los contactos que estaba manteniendo el gobierno con el sindicato clandestino Comisiones Obreras, por lo que fue cesado de su cargo y retirado del servicio activo, siendo sustituido por el general Manuel Gutiérrez Mellado, un militar «aperturista». También fue enviado a la reserva el general Carlos Iniesta Cano, ex director general de la Guardia Civil, por haberse solidarizado con el general De Santiago.[47][38]
El proyecto de Ley para la Reforma Política se comenzó a discutir en las Cortes franquistas el 14 de noviembre, dos días después de la huelga general convocada por la oposición democrática. Sometido a votación el 18 de noviembre[48] el gobierno Suárez obtuvo un éxito resonante al ser aprobado por 435 procuradores, mientas sólo 59 se opusieron, 13 se abstuvieron y 24 no fueron a votar. Para conseguir ese resultado el gobierno se empleó a fondo, contando además con la colaboración inestimable del presidente de las Cortes, Fernández Miranda: la ley se tramitó por el procedimiento de urgencia lo que limitó los debates y la votación final no fue secreta; se advirtió a los procuradores que desempeñaban altos cargos en la administración de que corrían el riesgo de perderlos si no apoyaban el proyecto; se prometió a otros que podrían renovar sus escaños en las nuevas Cortes que iban elegirse al formar parte de candidaturas que el gobierno estaba dispuesto a respaldar. Esto es lo que explicaría que las Cortes franquistas hubieran decidido «suicidarse» —hacerse el harakiri por decisión propia, como titularon algunos diarios al día siguiente de la votación—.[49][50] Con las miras puestas en las próximas elecciones, más de la mitad de los procuradores, 184 exactamente, ingresaron a continuación en Alianza Popular, el partido que acababa de crear Manuel Fraga Iribarne.[48]
Una vez aprobada por las Cortes, el gobierno convocó un referéndum para el día 15 de diciembre sobre la Ley para la Reforma Política. Esto planteó un dilema a la oposición democrática, pues la cuestión que se iba a someter al voto de los ciudadanos no versaría sobre la forma de Estado, Monarquía o República, como habían venido defendiendo las fuerzas políticas antifranquistas desde los años 40, lo que les inclinaba a hacer campaña a favor del NO. Pero el NO era lo que defendían los «ultras» del «búnker», que en su propaganda utilizaron el eslogan: «Franco habría votado no». Finalmente Coordinación Democrática se decantó por la abstención —«porque si votas sí, se quedan, y si votas no, no se van», según el eslogan acuñado por el PCE—[51], aunque la oposición moderada dejó libertad de voto a sus simpatizantes. Sin embargo, el gobierno no dio ninguna oportunidad a la oposición para que pudiera exponer su postura en los medios de comunicación que controlaba, especialmente en el de mayor influencia, la televisión —ni tampoco en la radio—, y desplegó una formidable campaña a favor del SI, por lo que el resultado del referéndum fue el que cabía esperar: sólo se abstuvo un 22,3 % del censo electoral —excepto en el País Vasco, donde se duplicó la media española— y el SI ganó, con el 94,2 % de los votos. El NO sólo consiguió el respaldo del 2,6 % de los votantes y hubo un 3 % de votos en blanco.[43][52] Para conseguir ese resultado el gobierno contó además con toda la maquinaria administrativa y política del Estado, empezando por los cincuenta gobernadores civiles.[53] Otro factor que pudo influir en el resultado fue la inquietud provocada por el secuestro de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, perpetrado por los GRAPO pocos días antes de celebrarse el plebiscito.[54]
La Reforma política, e implícitamente la Monarquía y su gobierno, quedaban así legitimados por el voto popular. A partir de ese momento, ya no tenía sentido la reivindicación de la oposición de que se formara un gobierno de «amplio consenso democrático». Será el gobierno de Suárez el que asumirá la tarea que la oposición había asignado a ese gobierno: convocar elecciones generales.[49][51] Asumiendo que la iniciativa política había pasado al gobierno de Suárez, Felipe González, líder del PSOE, declaró que la oposición democrática tenía que superar «la dialéctica del todo o nada» y participar en el proceso diseñado por aquél.[55]
La crisis de la última semana de enero de 1977
La última semana del mes de enero de 1977 —la semana trágica de la transición o los Siete días de enero—[56] fue el momento más delicado de la transición antes de las elecciones ya que los franquistas del búnker se propusieron detener el proceso de cambio creando un clima de pánico que justificara la intervención del Ejército. La primera provocación se produjo en la Gran Vía de Madrid, cuando un estudiante, Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación proamnistía era asesinado por unos matones del grupo de extrema derecha Fuerza Nueva —en la manifestación de protesta por el crimen murió una manifestante, María Luz Nájera, a causa de un bote de humo de la policía—[56]. Dos días después se produjo el hecho más grave: pistoleros «ultras» irrumpieron en el despacho de unos abogados laboralistas vinculados a «comisiones obreras» y al Partido Comunista, sito en la calle de Atocha de Madrid, y pusieron contra la pared a ocho de ellos y a un conserje, disparando a continuación. Cinco miembros del bufete murieron en el acto y otros cuatro fueron gravemente heridos.[57][55]
Pero la Matanza de Atocha de 1977 no consiguió su objetivo de crear un clima que evocara la guerra civil sino que por el contrario levantó una ola de solidaridad con el Partido Comunista, que congregó en la calle a una multitud ordenada y silenciosa para asistir al entierro de los militantes comunistas asesinados. El Ejército, por tanto, no tuvo ningún motivo para intervenir y ni siquiera el gobierno decretó el estado de excepción, como pretendía la extrema derecha. Como ha señalado Santos Juliá, «la conquista de la legalidad por el PCE que todos, excepto ellos mismos, habían dejado para después de las elecciones, avanzó aquella tarde más que en los dos años anteriores: ese entierro destruyó la imagen del comunista como alguien excluido de la nación, un extranjero, el enemigo, que la Dictadura había construido durante años. Aquel día, la legitimidad simbólicamente alcanzada se convirtió en el más sólido soporte para conseguir la legalidad».[58]
Y cuando parecía que la crisis se había superado irrumpieron los GRAPO, que como la extrema derecha —pero por razones contrarias— también querían detener el proceso de transición política, y secuestraron al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Emilio Villaescusa Quilis —mientras todavía mantenían secuestrado a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado— y asesinaron a tres policías. Pero tampoco en esta ocasión ni el gobierno Suárez ni el Ejército cayeron en la provocación.[59]
La crisis de los «siete días de enero» produjo el efecto contrario de los que pretendían desestabilizar el sistema pues se aceleró el proceso de negociación entre el gobierno y la oposición y de legalización de los partidos políticos y el 18 de marzo se publicó el decreto-ley que regularía las elecciones.[60] Asimismo continuó el proceso de desmantelamiento de las instituciones franquistas, sin llevar a cabo ningún tipo de depuración de sus funcionarios, que pasaron a otros organismos del Estado, manteniendo la misma categoría y sueldos —«la reforma consistía en desmantelar el régimen conservando la Administración», afirma Santos Juliá—. Así, las Cortes franquistas quedaron disueltas para siempre y sucesivos decretos y leyes fueron poniendo fin al Tribunal de Orden Público, al Movimiento Nacional, a la Organización Sindical Española, etc. El 1 de abril un decreto estableció la libertad sindical. En los dos meses siguientes el gobierno ratificó los pactos internacionales sobre derechos humanos y libertades civiles.[61]
El «Sábado Santo Rojo»: la legalización del Partido Comunista de España
La demostración de orden y de disciplina del PCE durante el entierro de los cinco abogados laboralistas asesinados en el atentado de la calle de Atocha de Madrid en la última semana de enero,[62] puso en evidencia que la transición política no sería creíble ni real si se dejaba fuera al Partido Comunista de España. Todo esto obligó al gobierno a replantearse su postura de legalizar al PCE después de las elecciones —tal como se había comprometido Adolfo Suárez en la reunión mantenida con la cúpula militar el 8 de septiembre del año anterior—. Además el PCE intentó por todos los medios forzar al gobierno a tomar una decisión. Tras la presentación pública en Roma del Comité Central del partido, hasta entonces clandestino,[51] su secretario general Santiago Carrillo entró en España para a continuación pasearse tranquilamente por la calles de Madrid y ofrecer una rueda de prensa rodeado de la dirección del PCE, hasta que finalmente a finales de diciembre fue detenido por la policía, junto con otros miembros del comité ejecutivo. El gobierno acabó poniendo en libertad a Carrillo a los pocos días —aunque también barajó la opción de expulsarlo del país—[62]. En aquel momento el PCE no consiguió ser legalizado pero su secretario general pudo abandonar la clandestinidad y convocar una rueda de prensa junto con los otros dos líderes eurocomunistas, el francés Georges Marchais y el italiano Enrico Berlinguer.[63] Por esas mismas fechas Suárez y Carrillo se entrevistaron en secreto, alcanzando un entendimiento que duraría el resto de la transición.[62]
El gobierno remitió la posible legalización del PCE al Tribunal Supremo para que éste dictaminara si según los estatutos que habían presentado se trataba de un grupo político «totalitario» —lo que haría imposible su inscripción en el registro de partidos—, pero el alto tribunal le devolvió el expediente al gobierno para que éste decidiera. En aquel momento las encuestas de opinión arrojaban un resultado favorable a la legalización (un 45 % a favor frente a sólo un 17 % en contra).[62]
Por fin, el 9 de abril, aprovechando que medio país estaba de vacaciones de Semana Santa, el presidente Suárez tomó la decisión más arriesgada de toda la transición: legalizar al PCE.[56][62] Ese día, Sábado Santo, los comunistas salieron a la calle con sus banderas rojas para celebrar que después de treinta y ocho años volvían a ser un partido legal en España. Pero las reacciones no se hicieron esperar. Manuel Fraga calificó la decisión de Suárez como «un auténtico golpe de Estado», aunque poco después rectificó. La más grave fue la de las Fuerzas Armadas. El ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, dimitió y el gobierno tuvo que recurrir a un almirante de la reserva para cubrir su puesto, ya que ninguno en activo quiso sustituirle. El Consejo Supremo del Ejército expresó su acatamiento «en consideración a los intereses nacionales de orden superior», aunque no se abstuvo de expresar su opinión contraria. Algunos otros altos mandos militares manifestaron su opinión de que Suárez les había «mentido» en la reunión que habían tenido con él el 8 de septiembre y que les había «traicionado». Así pues, la legalización del PCE se convirtió en un «punto neurálgico de la transición», como lo ha llamado Santos Juliá, porque «fue la primera decisión política de importancia tomada en España desde la guerra civil sin contar con la aprobación del ejército y contra su parecer mayoritario».[59] El Partido Comunista como contrapartida tuvo que aceptar la Monarquía como forma de gobierno y la bandera rojigualda,[64] y las banderas republicanas desaparecieron de sus mítines.[65]
A finales de ese mismo mes de abril, el 28, fueron legalizados los sindicatos obreros, incluido Comisiones Obreras con fuertes vinculaciones con el Partido Comunista de España, y suprimida la franquista Organización Sindical Española, cuyo patrimonio como el del Movimiento Nacional pasó al Estado, incluidos sus medios de comunicación: 39 diarios, 40 emisoras de radio, 10 revistas y una agencia de prensa (Pyresa). El 13 mayo aterrizaba en Madrid el avión procedente de Moscú que llevaba a bordo a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, que volvía a España después de un exilio de 38 años. Al día siguiente otro exiliado don Juan de Borbón cedía sus derechos a la Corona española a su hijo, el rey Juan Carlos I.[66] A finales de ese mes de mayo Torcuato Fernández Miranda, «artífice importante de la transición como presidente de las Cortes», presentaba la dimisión de su cargo, lo que «pareció indicar el comienzo de una nuev etapa política».[67]
Las elecciones del 15 de junio de 1977
El 18 de marzo de 1977 el gobierno promulgó el decreto-ley que regulaba las elecciones que se iban a celebrar en junio. Para el Congreso de los Diputados establecía un sistema electoral de representación proporcional corregido —por la aplicación del sistema D'Hont y la fijación de un mínimo de dos diputados por provincia, lo que favorecía a las zonas rurales en detrimento de las zonas urbanas e industriales más pobladas—[68] y listas cerradas y bloqueadas; para el Senado un sistema electoral mayoritario y de listas abiertas, en el que 41 escaños, de los 207, no eran elegibles sino que serían designados directamente por el rey.[66] Dos meses después habían solicitado su inscripción en el registro 111 partidos, de los que fueron legalizados 78. La prensa empezó a hablar de sopa de siglas.[60]
Por la izquierda, el panorama estaba dominado por los dos partidos históricos, el PSOE y el PCE. El primero mucho menos implantado, había podido realizar su XXVII Congreso dentro de España en diciembre de 1976 después de cuarenta años, gracias a la tolerancia del gobierno pues aún no había sido legalizado. El PSOE se reafirmó en ese Congreso como un partido socialista marxista y republicano, aunque el programa inmediato que propugnaba era moderado —poner en marcha una serie de reformas sociales y económicas que permitieran alcanzar los niveles de bienestar y de protección social que gozaban los europeos del norte de Europa, después de bastantes años de gobiernos socialdemócratas—.[63][69] En el Congreso, celebrado bajo el lema Socialismo es libertad y al que asistieron importantes líderes socialistas europeos como Willy Brandt y Olof Palme, se ratificó el liderazgo del grupo sevillano encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra.[39]
Pero disputándoles el «espacio socialista» al PSOE se encontraba el Partido Socialista Popular del profesor Enrique Tierno Galván además de otros partidos socialistas de ámbito «regional» —entre los que destacaba el Moviment Socialista de Catalunya— que formaban la Federación de Partidos Socialistas (FPS), que al final optarían por presentar candidaturas conjuntas de Unidad Socialista PSP-FPS, en lugar de integrarse en el PSOE, que se negó a formar coalición con ellos.[70]
Por su parte el PCE, el partido antifranquista hegemónico, había abandonado el marxismo-leninismo y su dependencia del Partido Comunista de la Unión Soviética, y ahora defendía el llamado eurocomunismo, una vía democrática para alcanzar el socialismo −idea que compartía con los partidos comunistas italiano y francés−, aunque sin abandonar del todo el modelo leninista de la Revolución de Octubre de 1917. Junto al PCE y disputándole el «espacio comunista» existía un numeroso grupo de pequeñas organizaciones y partidos de extrema izquierda que no fueron legalizados y que por tanto no pudieron presentarse a las elecciones bajo sus propias siglas —Movimiento Comunista, PCE (marxista-leninista), Partido del Trabajo de España, Liga Comunista Revolucionaria, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Organización Comunista de España (Bandera Roja), etc.—.[70]
Por otro lado, los partidos republicanos, con una escasa implantación, tampoco fueron legalizados y también tuvieron que presentarse a las elecciones camuflados —como fue el caso de la histórica Esquerra Republicana de Cataluña—.[71]
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En la derecha la situación era más confusa que en la izquierda. En la extrema derecha el búnker franquista aparecía muy fragmentado entre diversos grupos falangistas y Fuerza Nueva, que se presentó a las elecciones bajo la candidatura Alianza Nacional del 18 de Julio. Entre los reformistas franquistas, Manuel Fraga Iribarne acabó liderando al sector que pensaba que la reforma de Suárez había ido demasiado lejos con la legalización del PCE y con la consideración de las nuevas Cortes como constituyentes. Así nació, en octubre de 1976, una coalición llamada Alianza Popular integrada por siete exministros franquistas, apodados por un sector de la prensa como los siete magníficos: Manuel Fraga, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Cruz Martínez Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente y Enrique Thomas de Carranza.[72][73] La pretensión de Fraga fue, según Javier Tusell, «vertebrar el franquismo sociológico».[73]
Por su parte, los reformistas franquistas que apoyaban la reforma de Suárez fundaron en noviembre de 1976 un partido que llamaron Partido Popular —tomando el nombre de los partidos democristianos europeos—. De este partido surgió la idea de formar una gran coalición de «centro democrático» que acogiera también a los partidos de la oposición moderada —liberales de Ignacio Camuñas y Joaquín Garrigues Walker; democristianos de Fernando Álvarez de Miranda; socialdemócratas de Francisco Fernández Ordoñez—. Así fue como nació la coalición que finalmente se llamó Unión de Centro Democrático (UCD), a cuyo frente se pusieron el propio Suárez y los principales ministros de su gobierno —los hombres del presidente—, desplazando a los fundadores del Partido Popular —su máximo dirigente José María de Areilza fue obligado a abandonarlo—[74]. Los únicos partidos de la oposición democrática moderada que no se integraron en la operación de UCD fueron los democristianos de Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz Giménez y de Federación Popular Democrática de José María Gil Robles, aliados con dos partidos democristianos «regionales» (Unió Democrática de Catalunya y Unió Democràtica del País Valencià), que formaron el Equipo Demócrata Cristiano del Estado Español. Tampoco se integraron en UCD los nacionalistas vascos del PNV ni los nacionalistas catalanes de la Convergència Democràtica de Catalunya, liderada por Jordi Pujol.[75]
Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977 sin que se produjera ningún incidente y con una participación muy alta, cercana al 80 % del censo. La victoria fue para UCD, aunque no consiguió alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados —obtuvo el 34 % de los votos y 165 escaños: le faltaban 11 para la mayoría absoluta—.[76] La razón de su éxito se relacionó entonces con que la coalición liderada por Suárez había conseguido capitalizar la enorme popularidad del presidente y las enormes ventajas que le concedió el único canal de televisión que entonces existía en España (TVE), así como los generosos créditos que le concedieron los bancos para financiar la campaña electoral.[74]
El segundo triunfador fue el PSOE que se convirtió en el partido hegemónico de la izquierda —al conseguir el 29,3 % de los votos y 118 diputados— desbancando por amplio margen al PCE —que obtuvo el 9,4 % de los votos y se quedó en 20 diputados— a pesar de que era el partido que había soportado el mayor peso en la lucha antifranquista —también quedó desbancado el PSP de Tierno Galván que sólo obtuvo seis diputados y el 4 % de los votos—. El otro gran derrotado de las elecciones, junto con el PCE, fue la Alianza Popular de Fraga que sólo obtuvo el 8,3 % de los votos y 16 diputados —13 de los cuales habían sido ministros con Franco—[77], aunque el descalabro mayor lo padeció la democracia cristiana de Ruiz Giménez y Gil Robles que no obtuvo ningún diputado.[78] Una de las razones del fracaso de la democracia cristiana fue que la jerarquía de la Iglesia católica no la apoyó; otra fue que su programa no conectó con su electorado potencial.[69] Por otro lado, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda consiguieron representación parlamentaria.[68]
Tras las elecciones se dibujó un sistema de partidos llamado de «bipartidismo imperfecto», donde dos grandes partidos o coaliciones (UCD y PSOE), que se situaban hacia el «centro» político, habían recogido el 63 % de los votos y se repartían más del 80 % de los escaños (283 de 350), y otros dos partidos o coaliciones se situaban, con mucho menores apoyos, en los extremos —AP en la derecha, PCE en la izquierda—. La excepción al bipartidismo imperfecto la constituyeron el País Vasco, donde el PNV consiguió 8 escaños, y Cataluña donde el Pacte Democràtic per Catalunya encabezado Jordi Pujol obtuvo 11.[78][79]
El segundo gobierno de Adolfo Suárez (1977-1979): la construcción del sistema democrático
Suárez decidió gobernar en minoría, pues no podía formar coalición con Alianza Popular por sus resonancias franquistas, esperando lograr acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas. Fue así como nació el consenso, «nuevo vocablo que se incorporaría desde entonces al léxico político castellano de la transición española a la democracia».[80]
El presidente no esperó a la apertura de las Cortes para formar su primer gobierno elegido democráticamente. La composición del mismo guardó el equilibrio entre los diversos grupos que se habían integrado en UCD —Joaquín Garrigues Walker e Ignacio Camuñas, de los liberales; Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, José Manuel Otero Novas e Íñigo Cavero, de los democristianos; Francisco Fernández Ordóñez y Juan Antonio García Díez, con el economista independiente Enrique Fuentes Quintana, propuesto por ellos, de los socialdemócratas—, aunque los puestos clave los reservó para personas de su confianza –Fernando Abril Martorell, Rodolfo Martin Villa, y el general Manuel Gutiérrez Mellado, que asumió la nueva cartera de Defensa, que unificaba los tres ministerios militares del franquismo, por lo que este general fue el único militar en el gobierno—.[81][82][83]
La Ley de amnistía y el «pacto del olvido»
La medida que los diputados de las Cortes recién elegidas consideraron más urgente fue la de promulgar una ley de amnistía total que pusiera en libertad a los presos que todavía quedaban en las cárceles por delitos «de motivación política», incluidos los «de sangre». Con esta ley se trataba de dar por acabada una reivindicación muy antigua de la oposición, pero el problema que se le planteaba ahora es que esta amnistía también iba a amparar a las personas que hubieran cometido delitos durante la represión franquista —y que podrían ser denunciadas ahora que se gozaba de libertad— por lo que una vez aprobada la ley ya no se podrían pedir responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos cometidas por los aparatos de represión de la dictadura. La izquierda acabó aceptando esta especie de «pacto del olvido» —que no de amnesia colectiva, según Santos Juliá— porque como dijo el comunista Marcelino Camacho, encarcelado durante la dictadura, «¿cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borráramos ese pasado de una vez para siempre?».[84]
Los Pactos de la Moncloa
El gobierno de Suárez no había abordado la crisis económica iniciada en 1974 debido a la prioridad concedida al proceso de transición política. El nuevo ministro de Economía Fuentes Quintana propuso la firma de un gran «pacto social» que compensara con mejoras sociales y algunas reformas jurídico-políticas —que incluían la despenalización del adulterio o de los anticonceptivos—[85] las duras medidas de ajuste que se tenían que tomar para estabilizar la economía y reducir la inflación, considerada como el principal problema: la reducción del déficit público y el establecimiento de la norma de que las subidas salariales se pactaran en función de la inflación prevista, no de la pasada como sucedía hasta entonces.[86][87] La propuesta de pacto también tenía un componente político pues pretendía asegurar un clima de paz social suficiente para discutir la nueva Constitución.[88] La propuesta fue bien acogida por los partidos de la oposición —especialmente por el PCE, que abogaba por la formación de un gobierno de concentración nacional—[85] y todos ellos junto con UCD acabaron negociando y firmando el 27 de octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, llamados así por el lugar donde se llevó a cabo el acto de la firma —el palacio de La Moncloa, la nueva sede del gobierno en Madrid—.[89][90]
El resultado de los pactos fue que se logró estabilizar la economía y controlar la inflación –del 26,4 % de 1977 se pasó al año siguiente al 16,5—[91], y a cambio se aumentó el gasto social —subsidio de desempleo, pensiones, gastos en educación y sanidad— gracias a la reforma fiscal que puso en marcha el ministro Francisco Fernández Ordóñez. Sin embargo la conflictividad laboral no disminuyó y el número de huelgas continuó aumentando hasta alcanzar su punto culminante en 1979. Entonces comenzaron a descender gracias al Acuerdo Marco Interconfederal firmado en julio por UGT y por la recién creada patronal CEOE, y al que se opuso Comisiones Obreras.[92]
La «cuestión regional»
Otro problema urgente que el gobierno Suárez y las nuevas Cortes tuvieron que abordar fue la «cuestión regional», ya que las demandas de autogobierno por parte del Cataluña y del País Vasco no admitían más demoras. En el caso de Cataluña, la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña las venía reclamando desde su constitución en diciembre de 1975, y tras las elecciones todos los parlamentarios catalanes excepto uno pidieron al gobierno que restableciera el Estatuto de Autonomía aprobado por la República.[93] Pero Suárez optó por contactar con el presidente de la Generalidad republicana en el exilio, Josep Tarradellas, con quien se entrevistó el 27 de junio[94] y tras una ardua negociación éste pudo regresar a Barcelona después de que el gobierno aprobara un decreto-ley de 29 de septiembre de 1977 que restableció «provisionalmente» la Generalidad aunque sin hacer referencia al Estatuto de 1932 y sin atribuciones específicas que fueran más allá de las propias de las diputaciones provinciales. Algunos parlamentarios catalanes recién elegidos criticaron el acuerdo entre Tarradellas y el gobierno porque no se restableció la autonomía de Cataluña, una cuestión que se dejaba para más adelante, una vez que se hubiera aprobado la nueva Constitución.[92][95]
En el caso del País Vasco, Suárez intentó llegar al mismo acuerdo con el Lehendakari en el exilio Jesús María Leizaola pero éste no aceptó, por lo que el gobierno tuvo que negociar con la Asamblea de Parlamentarios Vascos —integrada por 12 diputados de los partidos de ámbito estatal, y 8 del PNV y 1 Euskadiko Ezkerra—. Un primer obstáculo surgió cuando los diputados de UCD por Navarra, que ostentaban la mayoría en ese territorio, se negaron a integrarse en la Asamblea de Parlamentarios Vascos, al contrario de lo que hicieron los diputados por Navarra del PSOE y del PNV. Finalmente en diciembre de 1977 se constituyó el Consejo General Vasco, excluida Navarra, bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial, aunque como en el caso de Cataluña tampoco fue restablecido el Estatuto de Autonomía aprobado por la República.[96][95]
La concesión de un régimen de «preautonomía» a Cataluña y al País Vasco, alentó o «despertó» —en las regiones que carecían de tradición histórica en este aspecto, que eran la mayoría— los movimientos «autonomistas» que el gobierno canalizó procediendo a la constitución de órganos de preautonómicos en todas las regiones que lo reclamaran, aunque los límites de éstas dieron lugar a algunas tensiones, sobre todo con las que estaban constituidas por una única provincia, como Cantabria, La Rioja o la Región de Murcia.[97] Según Javier Tusell el «despertar» autonomista fue obra «de la clase política dirigente que acabó transmitiéndola al resto de la sociedad».[98] Por otro lado, como ha señalado Santos Juliá, «la forma puramente pragmática de atender las demandas autonómicas de todas las regiones dejó pendiente para después de la Constitución un cúmulo de problemas que acabarían por empañar el éxito obtenido por el gobierno en sus tratos con los nacionalismos históricos».[99]
El terrorismo de ETA (y del GRAPO y de la extrema derecha)
A pesar de que la Ley de Amnistía puso en libertad a todos los «presos vascos», ETA no sólo no abandonó la «lucha armada» sino que incrementó el número de atentados terroristas —el mismo día de octubre de 1977 en el que las Cortes aprobaron la ley, ETA asesinó a tres personas[95] y al año siguiente perpetró 71 atentados con el resultado de 85 muertos—, con lo que no se cumplieron en absoluto las expectativas de que una vez instaurada la democracia y lograda la «amnistía total» el terrorismo iría menguando hasta desaparecer. Las «acciones» de ETA encontraron cierta comprensión en el PNV y entre amplios sectores de la Iglesia vasca que, según Santos Juliá, acogió «como héroes y mártires de una causa sagrada a los militantes de ETA muertos en enfrentamientos con la policía o de resultas de la explosión de sus propios artefactos». Además, según Juliá, «la acción represiva de las fuerzas de policía y guardia civil contribuyó a crear en torno a ETA un amplio apoyo social entre la población joven»[97] Así, según Javier Tusell, buena parte de la sociedad vasca consideraba a los militantes de ETA «como heroicos luchadores antifranquistas». Según una encuesta realizada a finales de los setenta, entre un 13 % y un 16 % de los vascos consideraba a los miembros de ETA como patriotas y entre un 29 % y un 35 % como idealistas.[100]
El recurso a la violencia para alcanzar sus objetivos también fue utilizado por otros grupos nacionalistas, aunque ninguno logró «el nivel de profesionalidad y eficacia y el apoyo social que alcanzó ETA». Fue el caso del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, del grupo independentista catalán Terra Lliure y, más tarde, el del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, aunque su actividad fue muy corta y reducida.[101]
El GRAPO siguió actuando, aunque nunca llegó a contar con más de dos o tres grupos operativos, y tampoco desparecieron la actuaciones violentas de la extrema derecha, perpetradas por los Guerrilleros de Cristo Rey o por la Alianza Apostólica Anticomunista, copia de la Alianza Anticomunista Argentina o Triple A, que contaron con la complicidad de sectores involucionistas de la policía.[101]
La discusión y aprobación de la nueva Constitución
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Según la Ley para la Reforma Política las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 no tenían expresamente el carácter de constituyentes. Sin embargo, como la ley derogaba de hecho el resto de Leyes Fundamentales del Reino se hacía necesario elaborar una Constitución que las sustituyera, por lo que las Cortes se comportaron como si fueran constituyentes, aunque sin poner en cuestión la Monarquía. El gobierno Suárez pretendió elaborar por su cuenta un proyecto de Constitución que presentaría a las Cortes, pero la firme oposición de socialistas y comunistas le obligó a rectificar y aceptar la creación de una Comisión de Asuntos Constitucionales en el Congreso de Diputados que sería la encargada de elaborar el proyecto de Constitución que luego sería discutido en el pleno de la Cámara, para su posterior debate en el Senado. La Comisión a su vez nombró una ponencia de siete miembros para que presentara un anteproyecto. La formaban tres diputados de UCD —Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros—, uno del PSOE —Gregorio Peces Barba—, uno del PCE-PSUC —Jordi Solé Tura—, uno de Alianza Popular —Manuel Fraga Iribarne— y uno por las minorías vasca y catalana —Miquel Roca i Junyent—.[102]
Los socialistas cedieron uno de los dos puestos que les correspondían a Miquel Roca para que el nacionalismo catalán estuviera representado en la ponencia, pero por su parte UCD se negó a ceder al PNV uno de los tres que le pertenecían por lo que no hubo ningún representante del nacionalismo vasco en la misma,[103] aunque el PNV no estaba dispuesto a ceder en su aspiración a que fuera reconocida la «soberanía del pueblo vasco», con la que no estaba de acuerdo ningún otro grupo político.[104]
Los ponentes se propusieron lograr una texto de consenso que fuera aceptable para las grandes fuerzas políticas para que cuando éstas se alternaran en el gobierno no tuvieran que cambiar la Constitución.[103] Así pues, como ha señalado Javier Tusell, «a diferencia de lo sucedido en España en los años treinta, en los años setenta hubo un consenso generalizado sobre la necesidad de un texto constitucional que tuviera el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos políticos. A él se llegó tras dieciocho meses y a través de un texto de más de 160 artículos. Pero el final feliz no debe hacer olvidar la dificultad de un proceso del que son testimonio tanto esa duración como la longitud de la Constitución».[104]
La ponencia realizó sus trabajos bajo la confidencialidad más estricta, a resguardo de la vista del público —al contrario de los sucedido con la Constitución de 1931—, lo que facilitó que se produjeran concesiones mutuas entre los diversos partidos para llegar a un texto constitucional que satisficiera a todos. Mientras UCD cedió ante las demandas de la izquierda de un texto amplio en el que se reconocieran todos los derechos y libertades fundamentales, el PSOE y el PCE renunciaron a la forma republicana de Estado en favor de la monarquía sin que mediara la convocatoria de un plebiscito específico sobre el tema, aunque consiguieron que los poderes de la Corona fueran prácticamente nulos.[105] El PSOE mantuvo formalmente su enmienda a favor de la República, pero cuando se produjo la votación de la misma se abstuvo, «una rebuscada fórmula que le permitía aceptar la monarquía… sin pronunciarse a favor de la misma», según el historiador David Ruiz.[106]
Por otra parte, los partidos de ámbito estatal admitieron la propuesta del nacionalista catalán, Miquel Roca, de introducir el término nacionalidades en la Constitución, aunque fue rechazado por un sector de UCD y de AP cuando se produjeron las primeras filtraciones del anteproyecto. Uno de los momentos más críticos, que estuvo a punto de romper el consenso fue la discusión del artículo 27 relacionado con la cuestión religiosa, pero finalmente se llegaría a una redacción consensuada en la que se reconocía la «libertad de enseñanza» y la «libertad de creación de centros docentes» —y por tanto, el derecho de la Iglesia Católica a mantener sus centros religiosos—, pero se admitía que «los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos» —es decir, no sólo los centros estatales, sino también los centros privados o religiosos subvencionados por el Estado—.[107]
Otros temas conflictivos, como el derecho de huelga, el aborto, la pena de muerte, la intervención del Estado en la economía o las autonomías, fueron acordados mediante concesiones de uno y otro lado o mediante el recurso a redacciones ambiguas de los artículos, como ocurrió con el aborto —la propuesta socialista de «todas las personas tienen derecho a la vida» fue sustituida por «todos tienen derecho a la vida», lo que contentaba tanto a los antiabortistas de UCD, que en ese «todos» incluían al feto, como a los socialistas proabortistas, que no lo incluían—.[108]
La ponencia acabó sus trabajos en abril de 1978 y la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzó a debatir el anteproyecto el 5 de mayo. Pero la verdadera negociación la llevaron al margen de la comisión Fernando Abril Martorell en nombre de UCD y del gobierno y el vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra, que se reunieron en privado para consensuar los temas conflictivos, lo que permitió la rápida aprobación de los artículos del anteproyecto por centristas y socialistas que sumaban 30 diputados de un total de 36 miembros. El consenso se amplió a comunistas y a nacionalistas catalanes que aportaron sus propiestas propuestas, pero una parte de Alianza Popular y el PNV no se sumaron al mismo.[109] Hubo un intento de última hora de Abril Martorell para que los nacionalistas vascos se sumaran al consenso proponiéndoles añadir una enmienda que aludiera a las libertades históricas, pero el PNV siguió exigiendo el reconocimiento de la soberanía nacional de los vascos, por lo que no se llegó a ningún acuerdo.[110]
Un sector de Alianza Popular rechazó entre otras cosas la incorporación del término nacionalidades y el PNV no consideró suficiente como reconocimiento de los «derechos del pueblo vasco» lo que decía la disposición adicional primera: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».[108]
Finalmente el 31 de octubre de 1978 fue votado en el Congreso y en el Senado el proyecto de Constitución. En el Congreso votaron a favor 325 diputados, 6 en contra —cinco diputados de AP y el diputado de Euskadiko Ezkerra— y 14 se abstuvieron —los 8 diputados del PNV, más 6 de AP y del grupo mixto—.[111] En el Senado la apoyaron 226 senadores y votaron en contra 5. La Constitución obtuvo así un eneorme respaldo parlamentario.[103]
El 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue sometida a referéndum, siendo aprobada por el 88 % de los votantes, y rechazada por el 8 %, con una participación del 67,11 % del censo, diez puntos inferior a la del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, de dos años antes. En el País Vasco la campaña abstencionista promovida por el PNV tuvo éxito por lo que allí la Constitución fue aprobada sólo por el 43,6 % del censo electoral.[112] También fue en el País Vasco donde se registró un mayor porcentaje de votos negativos (el 23,5 %). Una situación diferente a la de Cataluña, donde el nivel de participación fue similar al del resto de España, y los votos afirmativos superaron el 90 %.[113]
El tercer gobierno de Suárez, el «23-F» y el gobierno de Calvo Sotelo (1979-1982)
Las elecciones generales y las municipales de 1979
Aprobada la Constitución, Adolfo Suárez decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Las dos fuerzas políticas mayoritarias se habían reforzado en el año anterior —UCD convirtiéndose en partido político en su primer Congreso celebrado en octubre; el PSOE unificando el socialismo español al absorber al Partido Socialista Popular de Tierno Galván y a otros partidos socialistas de ámbito regional— y aspiraban a ganar. Por eso en la campaña electoral quedó enterrado el consenso y los ataques entre los dos partidos fueron frecuentes —en una intervención en televisión Suárez llegó a decir en un tono apocalíptico que lo que estaba en juego era «nada más y nada menos que la propia definición del modelo de sociedad en que aspiramos a vivir»—.[114][115]
Una novedad de la campaña fue el papel preponderante que jugó la televisión para difundir los mensajes de los partidos en detrimento de los mítines cuyo número descendió drásticamente respecto de las elecciones de 1977,[116] aunque algunos historiadores lo atribuyen al «desencanto».[115]
El resultado de las elecciones no satisfizo a ninguno de los dos grandes partidos ya que las cosas quedaron como estaban en 1977. UCD volvió a ganar —obtuvo el 34,3 % de los votos—, pero sin alcanzar la mayoría absoluta como pretendía —consiguió 168 diputados—, y el PSOE no mejoró sensiblemente sus resultados y siguió en la oposición —se quedó en el 30 % de los votos y obtuvo sólo tres diputados más, pasando de 118 a 121, a pesar de que había absorbido al PSP de Tierno Galván—. Lo mismo sucedió con AP —que se presentó bajo el nombre de Coalición Democrática y eliminó de sus candidaturas a los exministros franquistas, excluido Fraga— y el PCE, que tampoco ganaron posiciones —el PCE obtuvo el 10,6 % de los votos y 23 escaños, mientras que AP bajaba al 5,6 % y perdía 7 diputados, pasando de 16 a 9, un resultado que estuvo a punto de provocar que Fraga abandonara la política—. Además aumentó la abstención respecto a las de 1977 –pasó del 21 al 32 por ciento— atribuyéndose a lo que entonces se empezó a llamar el «desencanto» de los españoles con la clase política al no resolver los dos grandes problemas que más les preocupaban: la crisis económica y el terrorismo.[117][118][119]
Se confirmaba el bipartidismo imperfecto —UCD y PSOE habían obtenido dos tercios de los votos y más del 80 % de los escaños— pero los resultados ofrecieron algunas novedades respecto a 1977: los nacionalistas vascos radicales obtuvieron representación parlamentaria —Herri Batasuna, al que se consideraba "brazo político" de ETA-Militar, y Euskadiko Ezkerra, vinculada a ETA político-militar—; el Partido Socialista de Andalucía consiguió cinco diputados y otros partidos "regionales" como Unión del Pueblo Canario, Unión del Pueblo Navarro y Partido Aragonés Regionalista, uno cada uno; Esquerra Republicana de Cataluña, que pudo presentarse con sus propias siglas, también consiguió representación; y la candidatura de extrema derecha Unión Nacional encabezada por Blas Piñar obtuvo un escaño por Madrid.[120][121]
Un mes después de las generales tuvieron lugar las primeras elecciones municipales desde la II República, que se saldaron esta vez con la victoria de la izquierda, que ocupó las alcaldías de la mayoría de las grandes ciudades gracias a los pactos postelectorales que suscribieron el PSOE y el PCE. Mientras los socialistas Enrique Tierno Galván y Narcís Serra, ocupaban las alcaldías de Madrid y de Barcelona, respectivamente, el comunista Julio Anguita se convertía en el primer alcalde comunista de una gran ciudad española de toda su historia.[122]
A partir de entonces, según David Ruiz, «la vida municipal cobraría enorme vigor», a pesar de los escasos medios económicos y personales con que contaban los ayuntamientos, «permitiendo el saneamiento y adecentamiento de los espacios urbanos, racionalizando la circulación en ellos y propiciando la recuperación de tradiciones y fiestas populares».[123]
La crisis del PSOE y el fortalecimiento del liderazgo de Felipe González
No conseguir la victoria en las elecciones generales supuso una profunda decepción en el seno del PSOE y abrió el debate interno sobre cómo conseguirla. El sector más a la izquierda del partido abogaba por abandonar la contemporización con la derecha, mientras que la dirección defendía que la asunción de una política radical alejaría al partido de la posibilidad de alcanzar el poder. Para ello se debía eliminar la definición del PSOE como un partido «marxista». La confrontación de las dos posturas se produjo en el XXVIII Congreso del PSOE que se celebró en mayo de 1979, sólo un mes después de haberse celebrado las elecciones municipales, y que abrió una grave crisis.[124]
En el Congreso la mayoría de los delegados se opuso a la propuesta de la dirección de eliminar el marxismo de la definición del partido —un partido «de clase, de masas, marxista y democrático» se había acordado en el Congreso de Suresnes—, como ya habían hecho la mayoría de los partidos socialistas europeos durante las dos décadas anteriores, con el argumento de que la renuncia al marxismo era un requisito imprescindible para poder ganar las elecciones. En cuanto se conoció el resultado de la votación el secretario general Felipe González y el resto del comité ejecutivo presentaron la dimisión. Sin embargo, los socialistas que habían defendido el mantenimiento del marxismo, encabezados por Luis Gómez Llorente, Francisco Bustelo y Pablo Castellano no presentaron una candidatura alternativa a la dirección del partido, por lo que se tuvo que nombrar una comisión gestora hasta la celebración de un Congreso Extraordinario pasado el verano.[125][124] Como haseñalado Javier Tusell, la «indigencia estratégica de la izquierda del partido» —al no haber previsto la dimisión de González— tuvo como consecuencia la exaltación del secretario general dimitido, provocando «entre los militantes una especie de sentimiento de orfandad».[126]
En el Congreso Extraordinario celebrado en septiembre de 1979 Felipe González fue aclamado por los delegados y el marxismo fue eliminado de la definición del partido —a partir de entonces se definió como «de clase, de masas, democrático y federal» que «asume el marxismo como un instrumento teórico, crítico y no dogmático, para el análisis de la realidad social, recogiendo las distintas aportaciones, marxistas y no marxistas, que han contribuido a hacer del socialismo la gran alternativa emancipadora de nuestro tiempo y respetando plenamente las creencias personales»—[127]. Según David Ruiz, el cambio que se produjo entre un Congreso y otro se debió a la modificación que se introdujo en los estatutos del partido en el sentido de primar las delegaciones provinciales sobre las locales, lo que permitió un mayor control de la elección de los delegados por parte del aparato del partido dirigido por el número dos del PSOE Alfonso Guerra —de hecho el número de delegado pasó de unos mil a algo más de cuatrocientos—[128]. El resultado fue el reforzamiento del liderazgo de Felipe González y la culminación de la «refundación» del PSOE iniciada cinco años antes en el Congreso de Suresnes y propiciada por los grandes partidos socialistas europeos. Solventada la crisis el PSOE endureció su campaña de oposición al gobierno de UCD y en especial a su presidente. Felipe González llegó a elogiar a Manuel Fraga, a quien «le cabía el Estado en la cabeza», para zaherir a Suárez.[129]
El cambio ideológico del PSOE también se debió a que a diferencia de los años treinta la mayoría de sus afiliados ya no eran obreros industriales y ahora contaba con apoyos importantes entre las clases medias.[130]
La «cuestión autonómica»
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Como en 1977 Suárez optó por formar un gobierno en minoría que recurriría a acuerdos puntuales con las diferentes fuerzas políticas, especialmente los andalucistas y el resto de regionalistas, para sacar adelante sus proyectos de ley. Un error que cometió Suárez fue rehuir el debate de investidura, «lo que suponía un testimonio de sus temores a la actuación ante el Congreso».[131]
La cuestión más urgente que tuvo que abordar fue la «autonómica», pues tanto catalanes como vascos reclamaban la tramitación inmediata de sus respectivos proyectos de estatuto, el de Sau y el de Guernica.[132]
En el verano de 1979 Suárez negoció con el nuevo presidente del Consejo General Vasco, el nacionalista vasco Carlos Garaikoetxea, el Estatuto del País Vasco, alcanzando un acuerdo, lo que constituyó un enorme éxito ya que se entendió que era la vía por la que el PNV se incorporaba a la Constitución. En el texto final se reconoció un amplio nivel de autogobierno, con la creación de una policía propia, por ejemplo, y se restablecieron los conciertos económicos. El 25 de octubre fue sometido a referéndum en el que participó el 59,7 % del censo, resultando aprobado por una amplísima mayoría.[133][134]
También culminó con éxito la negociación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que obtuvo un nivel similar de autogobierno —aunque allí no se aplicaría el régimen de conciertos— y unas instituciones propias similares. Fue sometido a referéndum el mismo día que el del País Vasco, resultando aprobado con una participación electoral similar a la del referéndum vasco.[133]
Poco después se celebrarían las primeras elecciones a los parlamentos respectivos, que dieron la victoria a los nacionalistas del PNV en el País Vasco —con Carlos Garaikoetxea como nuevo lehendakari— y a los nacionalistas de Convergència en Cataluña —con Jordi Pujol como nuevo Presidente de la Generalidad de Cataluña—.[135][136][137]
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La aprobación de los Estatutos vasco y catalán —y la discusión del gallego— disparó las expectativas autonómicas de muchas regiones para acceder a la autonomía por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución y alcanzar así el mayor nivel de competencias posible desde el primer momento y tener un Parlamento y un tribunal de Justicia propios —lo que por la vía lenta del artículo 143 sólo se conseguiría después de cinco años de autonomía—. Ante la perspectiva de que se desencadenara un «carrusel» de referéndums autonómicos el gobierno decidió «racionalizar» el proceso.[138]
El problema se planteó en Andalucía donde ya se habían dado los primeros pasos que establecía el artículo 151 —las ocho diputaciones y tres cuartas partes de los municipios habían solicitado el Estatuto— por lo que el gobierno se vio obligado a convocar el referéndum autonómico recomendando al mismo tiempo la abstención de los votantes, lo que motivó la dimisión del ministro de cultura, el andaluz Manuel Clavero Arévalo. El PSOE y los andalucistas del PSA, en cambio, hicieron campaña a favor del sí. El referéndum se celebró el 28 de febrero de 1980 y el resultado fue que la iniciativa autonómica fue aprobada por la mayoría absoluta de los electores censados en las 8 provincias andaluzas, excepto en la de Almería lo que supuso desastre para el gobierno y para UCD.[135] El beneficiario fue el PSOE que a partir de entonces se convirtió en la fuerza política hegemónica en Andalucía.[139]
La descomposición de UCD y la dimisión de Suárez
El revés que sufrió UCD en Andalucía se sumó a la derrota en las elecciones municipales y en las autonómicas de Cataluña y el País Vasco. A ello se añadió el agravamiento de la situación económica a consecuencia de la «segunda crisis del petróleo» de 1979 —se superó el millón de parados—, el recrudecimiento de las acciones terroristas de ETA que en 1979 y 1980 marcaron el punto álgido de su actividad —174 muertos en atentados perpetrados por ETA en esos dos años, buena parte de ellos militares.—, el creciente «desencanto» ciudadano, etc.[135][140]
Todo esto acabó acentuando las diferencias políticas entre los grupos que integraban UCD sobre diversos temas, como la política exterior —Suárez pareció que pretendía integrar a España en el bloque de los países no alineados y no en la OTAN—, la educativa —sobre la financiación de los colegios privados religiosos—, el divorcio —a cuya legalización se oponía el sector democristiano al igual que la Iglesia Católica—, la autonomía universitaria, la televisión privada, etc. Estas discrepancias provocaron la apertura de una crisis de gobierno a mediados de abril de 1980 que se saldó con la formación de uno nuevo cuyo hombre fuerte era el amigo del presidente, Fernando Abril Martorell.[141][142][143]
Cuando a principios de mayo el nuevo gobierno iba a ser presentado en las Cortes, el PSOE, superada ya su crisis interna, presentó una moción de censura en la que Felipe González se ofrecía como alternativa de gobierno con un programa de consolidación de la democracia y de reformas sociales. Aunque no consiguió que la moción de censura saliera adelante —lo que era previsible dada la correlación de fuerzas que existía en el Congreso de Diputados—, Felipe González salió muy fortalecido y pasó a ser el líder político mejor valorado en todas las encuestas de opinión, desbancando por primera vez a Adolfo Suárez que ocupaba ese puesto desde 1976.[141] El debate de la moción de censura celebrado el 30 de mayo fue retransmitido por televisión a todo el país y el PSOE se confirmó desde entonces como una verdadera alternativa de gobierno.[144] Las encuestas colocaron ya al PSOE por delante de UCD en intención de voto.[143]
Suárez salió muy debilitado de la moción de censura socialista —«la opinión pública interesada pudo contemplar en directo el calamitoso estado político en que se encontraba el presidente Suárez, mientras Felipe González alcanzaba momentos estelares en sus intervenciones», afirma David Ruiz—[144] lo que fue aprovechado por los barones de su propio partido para imponerle la participación en el gobierno. Así es como se formó en septiembre de 1980 el tercer gobierno de Suárez desde las elecciones de 1979 y del que salió el anterior hombre fuerte Fernando Abril Martorell. Sin embargo, el sector democristiano no quedó satisfecho e inició «una rebelión en toda regla», según Santos Juliá, como se pudo comprobar durante la elección del nuevo portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de Diputados en el que lograron que su candidato Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón se impusiera al del gobierno, por 103 votos contra 45.[145]
La elección de Herrero de Miñón puso en evidencia la debilidad de Suárez dentro de su propio partido, lo que coincidió con un deterioro de la situación económica, un brutal incremento de los atentados terroristas de ETA —en sólo dos semanas de octubre fueron asesinados tres policías, tres guardias civiles, un militar, dos civiles y un miembro de la ejecutiva de UCD en Guipúzcoa—, y los rumores sobre una posible intentona del Ejército, que era alentada desde ciertos periódicos —como el colectivo Almendros que escribía en el ultraderechista El Alcázar—[146] y que ponían como ejemplo el golpe de Estado militar que acababa de triunfar en Turquía. Los socialistas propusieron entonces la formación de un gobierno de concentración presidido por una personalidad independiente —dos miembros de la dirección del PSOE mantuvieron una entrevista con el general Alfonso Armada en la que éste les propuso la formación de un gobierno de coalición presidido por él—[147] y el denominado sector crítico presentó un documento a debatir en el próximo II Congreso de UCD en el que exigían mayor democracia interna en el partido, lo que equivalía a cuestionar el liderazgo de Suárez.[148] Lo que pretendía en última instancia este "sector crítico" era que UCD abandonara sus veleidades "izquierdistas" y formara un gobierno de coalición con la Alianza Popular de Manuel Fraga.[149]
El 29 de enero de 1981, el mismo día en que estaba previsto que comenzara el II Congreso de UCD en Mallorca pero que había sido suspendido a causa de una huelga de controladores aéreos, Adolfo Suárez hizo pública por televisión su decisión de dimitir de la presidencia del gobierno y del partido. La justificó con la enigmática frase: «No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la vida de España».[150][151] Dos días después Suárez reunió a los barones de UCD que acordaron proponer a Leopoldo Calvo Sotelo, vicepresidente del gobierno y número dos del partido, como candidato a la presidencia del gobierno.[152][153][154]
La crisis política que vivía el país se agudizó cuando se conoció que ETA había asesinado a José María Ryan, ingeniero industrial de la central nuclear de Lemóniz que había sido secuestrado unos días antes, y que coincidió con la muerte por torturas en el Hospital Penitenciario de Carabanchel del presunto etarra José Ignacio Arregui.[155] También alimentó la tensión las muestras de rechazo que recibieron los reyes por parte de los representantes de Herri Batasuna cuando visitaron la Casa de Juntas de Guernica junto al lehendakari Carlos Garaikoetxea.[147]
El 22 de febrero, Calvo Sotelo sometió su programa de gobierno a la aprobación del Congreso de Diputados pero no alcanzó la mayoría absoluta, por lo que habría que volver a repetir la votación al día siguiente, y entonces bastaría con la mayoría simple para obtener la investidura de la Cámara. Suárez hasta ese momento seguiría siendo presidente del gobierno en funciones.[155]
El fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981
A las seis y veinte de la tarde del 23 de febrero de 1981, cuando se estaba procediendo a la segunda votación de la investidura de Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, irrumpieron en el hemiciclo del Congreso de Diputados un grupo de guardias civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero, un militar muy conocido por haber participado antes en una conspiración involucionista llamada Operación Galaxia que pretendía tomar al asalto el Palacio de la Moncloa y por la que sólo fue sancionado con un arresto de siete meses.[156][157][158] Después de disparar al aire, de ordenar «¡al suelo todo el mundo!» y de intentar derribar al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado que se enfrentó a él, Tejero comunicó a los diputados que quedaban todos retenidos a la espera de la llegada de la «autoridad competente, militar por supuesto», como manifestó uno de los guardias civiles que estaban a sus órdenes.[156]
A esa misma hora, el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, declaraba el «estado de guerra» en su demarcación al grito de «¡Viva el Rey y viva siempre España!», establecía el toque de queda y ordenaba que carros de combate ocuparan la ciudad de Valencia, sede la capitanía general. Milans también se puso en contacto con el resto de capitanes generales para que secundaran su iniciativa alegando que estaba a la espera de las órdenes del rey. Se iniciaba así un golpe de estado que llevaba meses preparándose y en el que confluyeron dos iniciativas diferentes. Una encabezada por el general Alfonso Armada, que pretendía formar un gobierno de concentración presidido por él, y otra encabezada por Milans del Bosch, y cuyo brazo ejecutor era el teniente coronel Tejero, que pretendía el establecimiento de una junta militar que asumiera el poder.[159]
Cuándo el Rey tuvo noticias de lo que estaba ocurriendo, ordenó a todos los capitanes generales que permanecieran en sus puestos y que no sacaran las tropas a la calle, y a Milans del Bosch que mandara volver a sus cuarteles a los tanques y a los soldados que ocupaban Valencia. Asimismo respaldó la formación de un gobierno de emergencia integrado por los subsecretarios de los diferentes ministerios y presidido por el secretario de Estado para la Seguridad. Fue crucial que el capitán general de Madrid Quintana Lacazzi se negara a sumarse a la sublevación, lo que impidió que los conjurados pudieran hacerse con el control de la estratégica División Acorazada Brunete que tenía sus cuarteles muy cerca de Madrid, y que el general Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, tampoco lo hiciera.[160] Uno de sus colaboradores consiguió que las unidades militares que habían ocupado las instalaciones de TVE las abandonaran.[161]
Mientras tanto, el general Armada, otro de los conjurados, pretendió que el rey le autorizara a presentarse en su nombre en el Congreso de Diputados, pero Juan Carlos I se negó. A pesar de ello Armada acudió al Congreso donde se entrevistó con Tejero, al que le explicó su plan para formar un gobierno de concentración presidido por él y le pidió que le dejara dirigirse a los diputados. Tejero se negó en redondo porque él quería un gobierno puramente militar.[160][161]
La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actividades de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. —Discurso del rey Juan Carlos I en la madrugada del 24 de febrero
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A la una de la madrugada, el rey, vestido de capitán general como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se dirigió al país condenando el golpe militar y defendiendo el sistema democrático. Fue «el momento decisivo para la derrota del golpe».[162] Dos horas más tarde Milans del Bosch ordenaba la retirada de sus tropas y a la mañana del día siguiente Tejero se rendía, siendo liberados el gobierno y los diputados. El golpe del «23-F» había fracasado.[163]
Poco después se convocaron manifestaciones de apoyo a la Constitución y en defensa de la democracia que fueron las más multitudinarias de las celebradas hasta entonces, alentadas por el hecho de que todos los ciudadanos habían podido contemplar por televisión lo que había sucedido en el hemiciclo del Congreso de los Diputados ya que los golpistas creyeron que las cámaras estaban apagadas cuando en realidad seguían grabando.[164]
Según David Ruiz, el 23-F fue «un episodio anacrónico» pero fue también un «acontecimiento capital de la Transición». «El desencanto político que había hecho acto de presencia tras el consenso constitucional… pareció disiparse repentinamente».[165]
El gobierno de Calvo Sotelo (1981-1982): desintegración de UCD, crisis del PCE y ascenso del PSOE
Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente del gobierno por 185 votos a favor —los de su partido UCD y los de la minoría catalana y los andalucistas— y 158 en contra, después de rechazar la oferta de Felipe González de formar un gobierno de amplia base parlamentaria. La novedad principal que presentó el nuevo gobierno fue que no había en él ningún militar, por primera vez desde la República —el ministerio de Defensa lo ocupó Alberto Oliart—.[146]
Calvo Sotelo se propuso hacer frente a los problemas que habían acuciado al gobierno anterior, y para ello buscó el acuerdo con el PSOE. En la cuestión militar lo encontró, y Felipe González aceptó que sólo se juzgara a 32 de los más de 200 militares implicados en el golpe y a un solo civil. También le apoyó más adelante en el recurso que presentó el gobierno ante el Tribunal Supremo para que se agravaran las penas a que habían sido condenados por el tribunal militar que juzgó a los golpistas.[166] Algunas de las penas impuestas inicialmente eran tan leves que hubieran permitido a los principales encausados seguir en el Ejército —el Supremo condenó a Tejero, a Armada y a Milans del Bosch a la pena máxima de treinta años de cárcel—.[167] El PSOE también apoyó la Ley de Defensa de la Constitución dirigida a prevenir cualquier nueva intentona de golpe de Estado y que incluía la suspensión de los periódicos que los alentaran.[168] Sin embargo, en determinados casos el gobierno no se mostró tan firme en el sometimiento al poder civil de los militares como cuando sólo condenó a un mes de arresto a un hijo de Milans del Bosch, oficial del ejército, que había insultado públicamente al rey llamándolo «cerdo».[169]
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Comunidades autónomas de España |
Asimismo el gobierno de Calvo Sotelo encontró el apoyo de los socialistas en la cuestión regional con los que firmó el 31 de julio un «pacto autonómico» que pretendía reordenar todo el proceso, cerrando la vía del artículo 151 a las regiones que no fueran las cuatro que ya lo habían conseguido (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía). A cambio, se generalizarían los estatutos de autonomía a todas ellas —configurando el llamado Estado de las Autonomías— y se igualarían en el nivel institucional: todas las comunidades contarían con un parlamento y un Tribunal Superior de Justicia propios. Asimismo, se acordó que todas las comunidades autónomas irían adquiriendo progresivamente unos niveles de competencias similares a los de del artículo 151.[170] Los nacionalistas catalanes y vascos y otros sectores acusaron al gobierno de que el «parón» autonómico pretendía contentar a los militares que habrían impuesto así una especie de «democracia vigilada», pero Calvo Sotelo siempre negó rotundamente esta acusación.[169]
El acuerdo UCD-PSOE se plasmó en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que fue recurrida al Tribunal Constitucional por los partidos nacionalistas.[168] El 5 de agosto de 1983 el Tribunal declaró inconstitucional el Título I de la ley porque las Cortes no tenían la potestad de interpretar la Constitución.[171][172] El resto del articulado de la LOAPA fue declarado constitucional, por lo que se dio validez al proceso por el que se había «cerrado» el proceso autonómico. Así cuando Calvo Sotelo disolvió las Cortes en agosto de 1982 para convocar nuevas elecciones sólo quedaban por aprobar los estatutos de Baleares, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Ceuta y Melilla.[173]
El gobierno Calvo Sotelo también consiguió que el sindicato Comisiones Obreras se uniera a la política de concertación social para afrontar la crisis que hasta entonces había rechazado con la firma junto con la UGT y la patronal CEOE del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE).[172]
En lo que el gobierno no encontró el apoyo del PSOE fue en la decisión de solicitar el ingreso de España en la OTAN, lo que ponía fin al supuesto "neutralismo" del gobierno de Adolfo Suárez.[174] Sin embargo éste en su discurso de investidura de marzo de 1979 ya había fijado como objetivo de la política exterior española la entrada en la OTAN —aunque sin fijar fecha para la misma— como complemento a la petición de adhesión a la Comunidad Económica Europea que había presentado dos años antes, el 28 de julio de 1977. Esta misma idea había sido expuesta por Calvo Sotelo en su discurso de investidura antes del golpe en el que había argumentado que la posición geopolítica de España no le permitía ser neutral —y que además España ya estaba integrada en la defensa occidental a través de los pactos firmados con Estados Unidos, aunque de forma colateral y sin participar en las decisiones—[175] y en el que había ligado la entrada en la OTAN con el ingreso en la CEE en un momento en que las negociaciones estaban paralizadas a causa de las presiones del presidente francés Giscard d'Estaing. El golpe del 23-F, según Santos Juliá, lo que hizo fue añadir un nuevo argumento: «que la integración de los militares españoles en una organización internacional acabaría con sus veleidades golpistas».[176]
El PSOE se opuso a la pretensión del gobierno de aprobar la entrada de España en la OTAN con una votación en el Congreso y cuando finalmente el 29 de octubre de 1981 ésta se produjo —186 diputados votaron a favor y 146 en contra— Felipe González prometió que cuando llegara al poder convocaría un referéndum sobre la permanencia. Así el PSOE lanzó la campaña contra la decisión del gobierno con el equívoco y ambiguo lema[177] «OTAN, de entrada no. Exige un referéndum».[178] El PCE también participó en la campaña con su propio lema «Por la paz y el desarme».[177] El resultado fue que se redujo el apoyo de la opinión pública a la OTAN que pasó del 57 % a tan sólo un 17 %.[179] Sin embargo, la campaña no hizo cambiar de opinión al gobierno y el 6 de junio de 1982 el Consejo Atlántico reunido en Bonn, la entonces capital de la República Federal Alemana, aceptó a España como el decimosexto país miembro de la OTAN.[177]
Durante los primeros meses Calvo Sotelo consiguió mejorar la valoración del gobierno respecto de la época final de Suárez, pasando del 26 % al 40 % pero a partir del otoño de 1981 cayó en picado debido a la sensación de «giro a la derecha» que provocaron algunas de sus decisiones —como el nombramiento de Carlos Robles Piquer al frente de RTVE— y sobre todo a la creciente desunión de UCD,[180] pues por un lado el sector crítico democristiano encabezado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Oscar Alzaga se acercó a Alianza Popular y por el otro el sector socialdemócrata se aproximó al PSOE —su líder Francisco Fernández Ordóñez abandonó el gobierno y la mayoría de los diputados de esta tendencia se pasaron al grupo mixto en noviembre de 1981—.[178][181]
Uno de los momentos en que se hizo más evidente la división interna de UCD fue durante la tramitación de la ley de divorcio, porque dio lugar al primer caso de indisciplina parlamentaria. El sector socialdemócrata, principal impulsor de la ley, votó con la oposición en el Senado cuando los democristianos intentaron introducir una «cláusula de dureza» que se había acordado previamente —y que también había sido pactada con la jerarquía de la Iglesia Católica—[182], por lo que no fue aprobada. UCD también se mostró completamente dividida cuando se debatió la Ley de Autonomía Universitaria o la de la televisión privada, por lo que ninguna de las dos leyes llegó a aprobarse.[168]
Según Javier Tusell, el desencadenante de la desmembración de UCD fue el abandono de Suárez de la presidencia del partido, ya que era él quien lo mantenía unido, y tras su marcha los diversos sectores de UCD «no encontraron un modo de organizar el consenso interno»" y se desataron las disputas personales entre los líderes de los diversos sectores. «Hubo divergencias de tipo ideológico, ninguna de ellas insalvable, pero fueron mucho más graves las personales. Fue la inconsciencia practicada en las disputas internas quien liquidó a UCD como partido».[183]
más de 5000 casos: Madrid. 5000-1001: León y Valladolid. 1000-501: Segovia y Palencia. 500-101: Zamora, Salamanca, Ávila, Toledo, Burgos, Soria y Guadalajara. 100-51: Cantabria. 50-11: Asturias, Orense y Vizcaya.
Un suceso relacionado con la salud pública empeoró aún más la credibilidad del gobierno porque reaccionó tarde y mal —el ministro de Sanidad dimitió—. Se trató de una intoxicación masiva provocada por el desvío para el consumo humano de una partida de aceite de colza de uso industrial y que por tanto estaba adulterada. Unas 20 000 personas de extracción social popular se vieron afectadas y hubo víctimas mortales.[185]
Los sucesivos reveses electorales acentuaron aún más la disgregación de UCD. En las elecciones gallegas del 20 de octubre de 1981 los centristas fueron superados por Alianza Popular que consiguió el 30 por ciento de los votos.[186] Calvo Sotelo intentó entonces recomponer la unidad del partido asumiendo personalmente la presidencia del mismo en sustitución de Agustín Rodríguez Sahagún, elegido en el Congreso de Palma de Mallorca, y remodelando su gobierno, en el que el hombre fuerte pasó a ser el vicepresidente Rodolfo Martín Villa, «la figura más destacada de los centristas procedentes del régimen anterior», según Javier Tusell. Pero a principios de 1982 comenzó la fuga de diputados a Alianza Popular. En mayo de 1982 UCD sufrió un nuevo revés en las elecciones autonómicas andaluzas, en las que el PSOE consiguió la mayoría absoluta,[187] pero en las que de nuevo Alianza Popular superó en votos a UCD. Entonces Landelino Lavilla se hizo cargo de la presidencia del partido pero tampoco consiguió detener la «sangría de escisiones». Los democristianos fundaron un nuevo partido, el Partido Demócrata Popular, y hasta el propio Suárez abandonó UCD para formar el suyo, el Centro Democrático y Social.[188] Ante esta situación, un partido roto y en desbandada, Calvo Sotelo disolvió las Cortes en agosto de 1982 y convocó nuevas elecciones para el 28 de octubre.[186][185]
Al mismo tiempo que UCD se desmoronaba iba ganando apoyos el PSOE gracias a la imagen contraria que estaba proyectando: la de ser un partido unido, serio y responsable, el partido del cambio.[186] Tras el congreso extraordinario el PSOE había abandonado la retórica radical para adoptar «una postura reformista que conectaba mucho mejor con la actitud mayoritaria de la sociedad española». La «modernización» fue la nueva palabra clave, en lugar de «socialismo».[189]
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La unidad y el liderazgo del partido quedaron confirmados en el XXIX Congreso que se celebró en el otoño de 1981. En él la gestión de la ejecutiva fue aprobada por el 99,6 por ciento de los compromisarios y el secretario general fue reelegido por el 100 %, lo que no había ocurrido nunca en la historia del PSOE, ni siquiera en el tiempos de su fundador Pablo Iglesias. En el Congreso se aprobó el programa de gobierno a aplicar cuando el PSOE alcanzara el poder, que se caracterizó por la moderación: no se trataba de alcanzar el socialismo sino de consolidar la democracia, «modernizar» la sociedad y hacer frente a la crisis económica. Así pues no habría nacionalizaciones de empresas, ni planificación de la economía, ni liquidación de la enseñanza religiosa.[190]
El ascenso del PSOE también se vio favorecido por la crisis interna que vivió el otro gran partido de la izquierda española, el Partido Comunista de España.[186] La eliminación del "leninismo" de sus principios ideológicos en el IX Congreso celebrado en abril de 1978 ya fue objeto de críticas[191] por parte del llamado sector prosoviético pero, como ocurrió en el PSOE, la crisis se desató después de las elecciones de marzo de 1979 cuando las expectativas de que el PCE obtendría un resultado mucho mejor que el obtenido en 1977 no se cumplieron. Arreciaron entonces las críticas a la dirección personificada en el secretario general Santiago Carrillo no sólo por parte de los prosoviéticos sino también del llamado sector renovador pero Carrillo recurrió paradójicamente al viejo principio leninista del centralismo democrático para acallar las voces disidentes.[192]
Las elecciones del 28 de octubre de 1982
La elecciones des 28 de octubre de 1982 fueron las que tuvieron el mayor índice de participación de la democracia —fue del 79,8 %, lo que significó más de veinte millones de votantes—[193], por lo que tuvieron un «efecto relegitimador», en palabras de Santos Juliá, de la democracia y del proceso de transición política.[194]
Bajo el lema Por el cambio, el PSOE cosechó un resonante triunfo al obtener más de diez millones de votos, cerca de cinco millones más que en 1979, lo que suponía el 50 % de los votantes y la mayoría absoluta en el Congreso de Diputados (202 diputados) y en el Senado. El segundo partido más votado, Alianza Popular (106 diputados), obtuvo la mitad de los votos (5 millones y medio) y se quedó a 20 puntos porcentuales de distancia, aunque había mejorado de forma espectacular sus resultados respecto a 1979 al pasar del 6 % al 26 % de votos, convirtiéndose a partir de entonces en la nueva alternativa conservadora al poder socialista. El PCE (con cuatro diputados) y UCD (con 12) fueron prácticamente barridos del mapa, así como el Centro Democrático y Social de Suárez (que sólo obtuvo dos diputados). Por otro lado la extrema derecha perdió el único diputado que tenía y el partido Solidaridad Española promovido por el golpista Antonio Tejero, no llegó a alcanzar ni los 30 000 votos.[194][195]
Con este resultado, calificado como de auténtico «terremoto electoral», el sistema de partidos experimentó un vuelco radical pues del bipartidismo imperfecto (UCD/PSOE) de 1977 y 1979 se había pasado a un sistema de partido dominante (el PSOE).[196] El nuevo sistema de partidos se vio confirmado en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 1983 que de nuevo supusieron un triunfo arrollador del PSOE, ya que 12 de las 17 comunidades autónomas pasaron a estar regidas por socialistas —por mayoría absoluta en siete de ellas—[191], mientras que siguieron ostentando las alcaldías de las principales ciudades. Sólo los gobiernos autonómicos de Galicia, Cantabria y Baleares (de Alianza Popular), y de Cataluña (de CiU) y el País Vasco (del PNV), escapaban al control socialista.[197]
Las elecciones de 1982 han sido consideradas por la mayoría de los historiadores que se han ocupado del tema como el final del proceso de transición política iniciado en 1975. En primer lugar, por la elevada participación que se produjo, la más alta de las registradas hasta entonces (79,8 %), lo que revalidó el compromiso de los ciudadanos con el sistema democrático y demostró que la "vuelta atrás" que defendían los sectores "involucionistas" no contaba con ningún respaldo del pueblo. En segundo lugar, porque por primera vez se producía la alternancia política propia de las democracias, gracias al libre ejercicio del voto por los ciudadanos. En tercer lugar, porque accedía al gobierno un partido que nada tenía ver con el franquismo ya que era uno de los vencidos en la guerra civil.[198]
La primera etapa de gobierno socialista (1982-1996)
Tras su victoria en las elecciones de octubre de 1982, el PSOE se mantuvo en el gobierno durante casi catorce años, una «proeza» «en la historia parlamentaria española, e incluso europea». Revalidó su mayoría absoluta en las dos elecciones siguientes (1986 y 1989) y a partir de 1993, aunque la perdió, siguió siendo el partido más votado y pudo seguir gobernando gracias al apoyo de otros grupos. Durante este largo período de tiempo se produjo la consolidación de la democracia en España, que se convirtió en una sociedad completamente homologable a la de sus vecinos europeos.[193]
El proyecto socialista: la «modernización» de España
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El programa político que desarrollaron los gobiernos presididos por Felipe González no fue un proyecto de «transformación socialista» —la única nacionalización que se llevó a cabo fue la de la red eléctrica de alta tensión— sino de «modernización» de la sociedad española para equipararla con el resto de las sociedades democráticas «avanzadas». Su referente histórico era el socialismo moderado de Indalecio Prieto.[199]
El programa de gobierno que presentó el PSOE durante la campaña de las elecciones de 1982 era muy ambicioso. Se proponía consolidar la democracia y hacer frente a la crisis económica —su promesa estrella era la creación de 800 000 puestos de trabajo— así como adecuar las estructuras productivas a una economía más eficiente y competitiva —ayudando a las pequeñas y medianas empresas y reconvirtiendo las grandes empresas industriales públicas— y también alcanzar una sociedad más justa e igualitaria con la universalización de la sanidad, la educación y las pensiones. Como ha destacado Santos Juliá el PSOE se comprometía a «cambiarlo todo sin revolucionar nada» dentro de un «proyecto de regeneración del Estado y de la sociedad» que Felipe González sintetizó con el lema «Que España funcione» gracias a un «gobierno que gobierna».[200]
Sin embargo la situación económica y política que le legó el gobierno de Calvo Sotelo era muy complicada. Seguía el estancamiento económico, con un desempleo que superaba el 16 %, una inflación que no bajaba del 15 % y un déficit presupuestario desbocado. El terrorismo de ETA continuaba y la amenaza golpista no había desparecido, como lo demostró el nuevo intento de golpe de Estado que el gobierno de Calvo Sotelo consiguió desarticular y que estaba previsto para la víspera de la celebración de las elecciones de 28 de octubre.[201] Gracias a las informaciones obtenidas por los servicios secretos, el 30 de septiembre fueron detenidos cuatro jefes y oficiales que habían planeado que un elevado número de comandos civiles y militares se apoderaran de los puntos estratégicos de Madrid, para a continuación declarar el "estado de guerra". De los hechos no se informó a la opinión pública y en abril de 1984 fueron condenados por los mismos dos coroneles y dos tenientes coroneles a doce años de prisión y expulsión del ejército.[202]
La consolidación del sistema democrático
La política militar: el fin de la amenaza golpista
El gobierno socialista entendió que para consolidar el régimen democrático en España había que acabar con sus dos enemigos principales: el «golpismo» y el «terrorismo». En cuanto al primero, se pusieron en marcha una serie de medidas encaminadas a la profesionalización del ejército y a su subordinación al poder civil con lo que la idea de un poder militar «autónomo» quedó completamente descartada. Así, como ha destacado Santos Juliá, «la sombra del golpe militar dejó de planear sobre la política española por vez primera desde los inicios de la transición».[203]
El ministro de Defensa del primer gobierno socialista Narcís Serra llevó a las Cortes una Ley de Plantillas del Ejército de Tierra que preveía la reducción progresiva en un 20 % del número de generales, jefes, oficiales y suboficiales. Como la reforma militar de Azaña de la Segunda República, pretendía crear un ejército más profesional y eficaz acabando con el mal endémico del excesivo número de mandos —de los 66 000 de 1982 se pasó a 57 600 en 1991—[204]. Serra también presentó en 1984 la Ley Orgánica de la Defensa y Organización Militar, que puso a la Junta de Jefes de Estado Mayor bajo la autoridad directa del ministro e integró en un mismo organigrama a la Marina, al Ejército del Aire y al Ejército mediante la creación de la nueva figura del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que estaba bajo las órdenes inmediatas del ministro.[203] Asimismo integró la jurisdicción militar en la civil mediante la creación de una Sala Especial del Tribunal Supremo y redujo de nueve a seis las regiones militares históricas.[205]
El gobierno socialista aún tuvo que hacer frente a una última intentona golpista en junio de 1985 que fue desarticulada por los servicios de información y de la que no se dio noticia a la opinión pública hasta más de diez años después. El plan consistía en activar una carga explosiva debajo de la tribuna presidencial del desfile del Día de las Fuerzas Armadas que se iba a realizar el primer domingo de junio en La Coruña y culpar a ETA. Tras este último caso, el golpismo desapareció completamente de la vida política española.[206]
Por otro lado se redujo el tiempo del servicio militar obligatorio que pasó de 15 a 12 meses en 1984 y de 12 a 9 en 1991 y se reguló la objeción de conciencia que desde su entrada en vigor en 1988 dio lugar a la masiva afluencia de miles jóvenes dispuestos a realizar la prestación social sustitutoria del servicio en filas —también hubo insumisos que fueron condenados por negarse a realizar ni una cosa ni la otra—.[204]
La política educativa y la extensión de los derechos y libertades
El equipo del ministro de Educación del primer gobierno socialista José María Maravall elaboró el proyecto de Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en la que entre otras cosas se reconocieron y regularon las subvenciones que recibirían los centros educativos privados, en su mayoría religiosos, que impartieran la enseñanza básica, llamados a partir de entonces centros «concertados», y en cuya gestión intervendrían los profesores y los padres de los alumnos a través de los consejos escolares. Aunque fue atacada desde los sectores conservadores —Alianza Popular, con el apoyo de la Confederación Católica de Padres y la Federación de Religiosos de la Enseñanza, recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional aunque éste desestimó el recurso—[207], según Santos Juliá, «la Ley fue recibida con alivio por la Comisión Episcopal de Enseñanza, que vio en ella la garantía necesaria para seguir obteniendo del Estado las cuantiosas sumas —más de 100 000 millones de pesetas— que la enseñanza privada venía recibiendo sin regulación legal».[208]
El ministro Maravall también sacó adelante la Ley de Reforma Universitaria que concedió una amplia autonomía económica y académica a las Universidades y estableció un sistema para alcanzar la estabilidad del profesorado.[208] Los llamados Profesores No Numerarios (PNNs) accedieron al estatus de funcionarios del Estado mediante un «excepcional y controvertido» concurso de «idoneidad».[209] La reforma universitaria estuvo acompañada por la creación de nuevas universidades y el notable incremento del número de becas, lo que se tradujo en un aumento de los estudiantes universitarios cuyo número superó por primera vez el millón en 1990.[210]
Las Cortes también aprobaron varias leyes que desarrollaron los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, como la de Hábeas Corpus, la de Derecho de reunión, de extranjeros y de Libertad Sindical.[211] La más controvertida fue la ley del aborto, aprobada en la primavera de 1985, que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: violación, malformación del feto y grave riesgo físico o psicológico para la madre. La Iglesia católica se movilizó en defensa del «derecho a la vida» y Alianza Popular la recurrió ante el Tribunal Constitucional pero éste dictó una sentencia favorable a la ley.[212]
En julio de 1985 se modificó el sistema de elección de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial pasando a ser todos ellos nombrados por las Cortes –hasta entonces sólo nombraban a ocho y los otros doce correspondían a las asociaciones de jueces y magistrados—. La Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por los socialistas fue recurrida al Tribunal Constitucional pero éste rechazó el recurso.[213] Según David Ruiz, este cambio en la normativa de la elección del Consejo tenía «la finalidad de neutralizar la ideología conservadora, si no reaccionaria, de una notable proporción de jueces y magistrados».[214]
La finalización del «Estado de las autonomías»
Además de aprobarse los pocos estatutos de autonomía que quedaban pendientes, se procedió a una enorme descentralización del gasto público, al transferirse a las comunidades autónomas las competencias que determinaban sus respectivos estatutos y que hasta entonces había venido ejerciendo el Estado central. Hacia 1988 el gasto medio de las comunidades autónomas ya alcanzaba el 20 % del gasto público total y desde esa fecha siguió aumentando. Así en poco tiempo, como ha destacado Santos Juliá, «España pasó de ser el Estado más centralista de Europa a uno de los más descentralizados».[215] Sin embargo, tanto el gobierno del País Vasco, presidido desde 1984 por el peneuvista José Antonio Ardanza como el de Cataluña, presidido desde 1980 por el líder de CiU Jordi Pujol, siguieron reivindicando mayores cotas de autogobierno y se opusieron a la «nivelación» de todas las comunidades autónomas, acusando también al gobierno de recortar sus competencias mediante el recurso a las leyes orgánicas, todo ello agravado por la continuidad del terrorismo de ETA.
La política antiterrorista: el GAL y las conversaciones de Argel
En cuanto a las fuerzas de seguridad se creó la Policía Nacional pero se mantuvo el carácter militar de la Guardia Civil.[216]
En la política antiterrorista los primeros gobiernos socialistas mantuvieron la política de reinserción social de terroristas encarcelados que condenaran la violencia de ETA y se desvincularan de ella,[202] pero bajo su mandato se incrementó la guerra sucia contra ETA protagonizada por el GAL, un autodenominado Grupo Antiterrorista de Liberación nacido en 1981 durante el último gobierno de UCD y que siguió «enquistado» en «la estructura de la seguridad del Estado» después de que los socialistas llegaran al poder.[217] Según el historiador David Ruiz, el GAL fue un «grupo integrado inicialmente por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y engrosado después por algunos mercenarios españoles y extranjeros vinculados a la anterior Brigada Político-Social del franquismo, quienes, haciendo uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior, decidieron tomarse la justicia por su mano y responder con las armas al terrorismo de ETA, confiando en provocar la colaboración política del Gobierno francés en la lucha antiterrorista». La primera acción de los GAL fue el secuestro de dos ciudadanos franceses en Hendaya en 1981, al que siguió el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un ciudadano español residente en Hendaya que fue confundido con un colaborador de ETA y al que soltaron nueve días después. Hasta 1987 los atentados de los GAL causaron 28 víctimas mortales, en su inmensa mayoría en el «santuario francés».[216]
El gobierno intentó una negociación directa con la dirección de ETA para iniciar un proceso parecido al que llevó a la autodisolución de ETA político-militar en 1981. Sin embargo, las llamadas conversaciones de Argel no llevaron a ningún resultado, por lo que entonces el gobierno buscó alcanzar un gran pacto antiterrorista que incluyera también al nacionalismo vasco democrático, lo que finalmente se logró con la firma del Pacto de Ajuria Enea en enero de 1988.[218]
Pocos meses después de la firma del Pacto de Ajuria Enea eran detenidos dos policías, José Amedo y Michel Domínguez acusados de estar implicados en el secuestro de Segundo Marey entre otros delitos cometidos por los GAL, y con el agravante de que para realizar los atentados habían contado con los fondos reservados del Ministerio del Interior. El conocimiento de este hecho obligó al ministro del Interior José Barrionuevo a dimitir siendo sustituido por José Luis Corcuera, que tuvo que hacerse cargo de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como «la ley de la patada en la puerta» pues autorizaba a las fuerzas de orden público a irrumpir en un domicilio en el que se los agentes creyeran que se estaba cometiendo un delito sin autorización judicial. Una ley que sería anulada por una sentencia del Tribunal Constitucional.[219]
Las relaciones exteriores: la integración en la CEE y la permanencia en la OTAN
Desde un primer momento, los gobiernos socialistas se propusieron la integración plena de España en Europa. Por fin en 1985 culminaron las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE, entonces formada por diez miembros) y el 12 de junio tuvo lugar la firma en Madrid del Tratado de Adhesión. El 1 de enero de 1986 se producía la entrada efectiva de España —junto con Portugal— en la CEE. Sin embargo, la otra gran apuesta de la política exterior socialista, el mantenimiento de España en la OTAN en determinadas condiciones, «desencadenó la mayor confrontación política de la década de los ochenta».[220]
El ingreso en la Comunidad Económica Europea
Cuando los socialistas llegaron al gobierno las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea continuaban bloqueadas a causa de la pausa en la ampliación impuesta por el presidente francés Giscard d'Estaing. Para acelerar el proceso el gobierno de Felipe González procuró suavizar las relaciones con Francia, cuya presidencia estaba ahora ocupada por el socialista François Mitterrand, lo que permitió un rápido progreso de las negociaciones y a finales de marzo de 1985 el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán y el secretario de Estado para la Comunidad, Manuel Marín, anunciaron el final del proceso. Así el 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión a la CEE y el 1 de enero de 1986 se produjo el ingreso efectivo de España junto con Portugal en la CEE que pasó así de 10 a 12 miembros.[221] Como ha destacado David Ruiz, el ingreso en la CEE fue «un acontecimiento de alto significado en cuanto que concluía el secular aislamiento de España».[220]
El referéndum sobre la permanencia en la OTAN
Tras la entrada de España en la CEE llegó el momento de convocar el prometido referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Pero Felipe González y su gobierno anunciaron que iban a defender que España siguiera en la OTAN, aunque bajo tres condiciones atenuantes: la no incorporación a la estructura militar, la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares y la reducción de las bases militares norteamericanas en España. Previamente González había tenido que convencer a su propio partido en el XXX Congreso celebrado en diciembre de 1984, y además el giro respecto de la OTAN provocó la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán en desacuerdo con él.[222]
Según Santos Juliá, los principales factores que influyeron en el cambio de actitud del gobierno del PSOE fueron «las presiones de Estados Unidos y de varios países europeos; la relación entre la permanencia en la OTAN y la incorporación de España a la CEE y la actitud favorable a un estrechamiento de vínculos con la Alianza adoptada desde muy pronto por el Ministerio de Defensa». A esto se añadió la idea de que era imprudente salirse de la OTAN en un momento en que se agudizaban las tensiones de la segunda guerra fría.[223]
Ante el «viraje» del PSOE, la bandera del rechazo a la OTAN fue recogida por el Partido Comunista de España —ahora dirigido por el asturiano Gerardo Iglesias que había sustituido a Santiago Carrillo, quien acabó abandonando el PCE para fundar Mesa de Unidad Comunista— que formó una amplia coalición de organizaciones y de partidos de izquierda —incluidos socialistas que abandonaron el PSOE al estar en desacuerdo con el cambio de posición de su partido—, de la que surgiría Izquierda Unida, coalición que se presentó a las elecciones generales de octubre de 1986. Por su parte, la proatlantista Alianza Popular optó paradójicamente por la abstención, dejando solo al gobierno, lo que constituyó, en palabras de David Ruiz, una «penosa estrategia… que desacreditará la carrera política de su fundador, Manuel Fraga, en tanto que aspirante al gobierno del Estado».[224]
En contra de lo esperado, Felipe González —que anunció que dimitiría si ganaba el "NO", lo que parece que influyó en muchos votantes— consiguió finalmente darle la vuelta a las encuestas y el "SÍ" acabó imponiéndose en el referéndum que se celebró el 12 de marzo de 1986, aunque por un estrecho margen. Votaron a favor de la permanencia 11,7 millones de votantes (el 52 %) y en contra 9 millones (el 40 %), mientras que 6,5 millones votaron en blanco. El "NO" triunfó en cuatro comunidades: Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias.[225] En el País Vasco la campaña antiOTAN favoreció el crecimiento de Herri Batasuna, el partido de la izquierda abertzale, que conseguiría cinco escaños en las elecciones de octubre de 1986.[226]
El resultado del referéndum, «la más dura prueba de su prolongado mandato»,[227] reforzó el liderazgo de Felipe González, tanto en su partido como en el conjunto del país, como se pudo comprobar en las elecciones generales celebradas ese mismo año en las que el PSOE volvió a conseguir la mayoría absoluta, aunque con 18 diputados menos que en 1982. No fue ajeno a ello que se había superado la crisis económica y se había entrado en una fase de fuerte expansión que se prolongará hasta 1992.[228][226]
Las políticas sociales: la culminación del «Estado del Bienestar»
Aunque su construcción se inició durante la última etapa de la dictadura franquista y fue desarrollado durante la transición bajo los gobiernos de UCD, el «Estado del Bienestar» homologable al del resto de países europeos avanzados se culminó durante la etapa socialista ya que fue entonces cuando se extendió la sanidad —en 1986 se aprobó la Ley General de Sandidad— y la educación a toda la población —en 1990 con la aprobación de la LOGSE se puso en marcha una nueva ordenación del sistema educativo y se extendió la enseñanza obligatoria hasta los 16 años—, y se aumentó de forma considerable el gasto social en pensiones y en subsidios de desempleo, además de otras prestaciones sociales.[229]
Esto fue posible gracias a que los gobiernos socialistas incrementaron la presión fiscal, que en 1993 suponía el 49,7 % del PIB, frente al 22,7 % de veinte años antes,[211] aprovechando la favorable coyuntura económica de los años 1985-1992 en los que la economía española superó la crisis y creció por encima de la media europea.[229]
La política económica
El saneamiento de la economía y la «reconversión industrial»
El ministro de Economía y Hacienda del primer gobierno socialista Miguel Boyer y su sucesor a partir de 1985 Carlos Solchaga aplicaron una política de ajustes y de moderación salarial para sanear la economía y reducir la inflación —situada en el 16 % anual cuando llegaron al poder los socialistas—. Consiguieron situar la subida de los precios por debajo del 10 % pero a costa del aumento del desempleo que en 1985 superó el 20 % de la población activa, una cifra histórica —en 1985 había 10,6 millones de ocupados, dos millones menos que nueve años antes—.[230] Pero en el crecimiento del desempleo intervinieron otras dos variables: la llegada al mercado de trabajo de la generación del baby boom de los años sesenta y la incorporación masiva de las mujeres. Así pues, el gobierno no sólo no creó los prometidos 800 000 puestos de trabajo sino que incrementó el número de parados en aproxiamadamente la misma cifra.[231]
Asimismo, el primer gobierno socialista reformó en 1984 el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de «flexibilizar» el mercado de trabajo lo que acabó provocando una «precarización» del empleo, al aumentar de forma considerable los contratos temporales frente a los indefinidos.[211]
Al mismo tiempo también se ocupó de la «modernización» de las estructuras productivas, mediante un ambicioso programa de «reconversión industrial» que los gobiernos de UCD no se habían atrevido a aplicar por el coste electoral que tendría. Siguiendo las directrices del Libro Blanco de la Reindustralización presentado en mayo de 1983 por el ministro Carlos Solchaga, se cerraron empresas obsoletas o ruinosas, se dieron créditos a las empresas para que introdujeran las mejoras tecnológicas imprescindibles para aumentar su productividad y hacerlas más competitivas, etc. Los sectores más afectados fueron la siderurgia y la construcción naval, especialmente las sobredimensionadas empresas públicas heredadas del franquismo. No es casualidad pues que fueran en estos sectores donde se produjeran los mayores conflictos, proliferando los enfrentamientos entre los obreros y las fuerzas de orden público. El lugar donde se produjeron los choques más duros fue la localidad valenciana de Sagunto cuyos Altos Hornos se pretendían cerrar, como finalmente sucedió. La «reconversión industrial» también incluía la privatización de empresas públicas, como el caso de SEAT que fue vendida a la multinacional alemana Volkswagen.[232]
Este programa fue acompañado de fuertes inversiones en infraestructuras —gracias también a la llegada de fondos europeos tras la entrada en la CEE—, que permitió que España se dotara de una red de autovías y de autopistas e iniciara la construcción de la primera línea de ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, que entró en funcionamiento en 1992.[229]
La ruptura entre el PSOE y UGT: la huelga general del «14-D» de 1988
Los efectos positivos de la política económica se empezaron a notar a partir de 1985 cuando la economía española inició una fuerte expansión que se prolongaría hasta 1992.[233] Sin embargo, durante esos años también crecieron los movimientos de capital de carácter especulativo protagonizados por personas vinculadas al mundo de las finanzas que buscaban el enriquecimiento fácil y que fueron presentados por determinados medios conservadores como ejemplos a imitar: Mario Conde, los Albertos (Alberto Cortina y Alberto Alcocer), Javier de la Rosa, etc.[234]
En este contexto se produjo la ruptura de UGT y el PSOE por primera vez en su historia. El distanciamiento comenzó cuando el gobierno dejó de aplicar el programa electoral que en materia económica y social había pactado el PSOE con UGT y en su lugar puso en marcha una dura política económica de ajustes, flexibilizó el mercado de trabajo y comenzó la reconversión industrial, además de retrasar la introducción de la jornada de cuarenta horas semanales. El secretario general de UGT Nicolás Redondo acusó al gobierno de «prepotencia tremenda», aunque en 1984 UGT aún participó en la política de concertación social firmando un Acuerdo Económico Social con la patronal CEOE, del que Comisiones Obreras se autoexcluyó.[235][236]
La primera confrontación pública se produjo en 1985 con motivo del proyecto Ley de Pensiones que el gobierno no pactó con UGT y que incrementaba los años de cotización para cobrar una pensión, pasando de 10 a 15 años, y ampliaba de dos a ocho años el cómputo para el cálculo de la misma. El secretario general de UGT Nicolás Redondo diputado socialista en el Congreso votó en contra de la ley y por su parte Felipe González dejó de asistir a la manifestación del 1 de mayo.[237]
La ruptura definitiva entre UGT y el gobierno socialista fue escenificada ante las cámaras de televisión el 19 de febrero de 1987 durante el debate que mantuvieron en directo Nicolás Redondo y el entonces ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, que se había opuesto a la subida de un 2 % de los salarios para compensar el sacrificio de los trabajadores durante la crisis. En un momento del debate Redondo le espetó al ministro: «Tu problema, Carlos, son los trabajadores; te has equivocado de trinchera». Unos meses más tarde Redondo abandonaba su escaño en el Congreso de los Diputados, junto con el también dirigente de UGT Antón Saracíbar.[238]
La ruptura se tradujo en enfrentamiento cuando el gobierno presentó su Plan de Empleo Juvenil que UGT y Comisiones Obreras rechazaron —según los sindicatos el plan introducía lo que más adelante se conocería como «contratos basura»— y que motivó la convocatoria de una huelga general para el 14 de diciembre de 1988 bajo el lema «Por el giro social».[239]
La huelga fue un éxito total y el país quedó completamente paralizado —se estimó que el paro lo secundaron ocho millones de trabajadores, además de autónomos y estudiantes— sin que se produjeran incidentes. Los empresarios por su parte calificaron la huelga de «antisocial, ilegítima e inoportuna».[240]
Según Santos Juliá la huega general respondía a «un creciente desconento por el modo de hacer política más que por las políticas desarrolladas por el gobierno».[241] Un punto de vista que es compartido por David Ruiz, quien añade que la huelga general del 14-D «significó la abstención laboral de mayor volumen contra una decisión del Goberno registrada en la histoira española, planteada, además, sin la motivación política, sin las exigencias de cambios de gobierno y/o de forma del Estado que acompañó a las dos más resonantes huelgas generales del siglo, las registradas en agosto de 1917 y en octubre de 1934».[242]
Como consecuencia del éxito de la huelga el presidente del gobierno se planteó la dimisión pero finalmente no lo hizo aunque retiró el polémico Plan de Empleo Juvenil. Por otro lado, gracias al crecimiento económico se pudieron revalorizar las pensiones y aumentar la cobertura del desempleo, especialmente la de los parados de larga duración, produciéndose, pues, una considerable expansión del gasto social.[243] Además se crearon las pensiones no contributivas que en 1992 beneficiaron a 123 000 personas. Ese año el presupuesto de la Seguridad Social superó los ocho billones de pesetas, cuando en 1982 era de tres billones.[244]
El declive socialista (1989-1996)
La IV Legislatura (1989-1993): la pérdida de confianza en el gobierno socialista y los dos grandes eventos de 1992
Felipe González convocó elecciones generales para octubre de 1989, en las que volvió a renovar la mayoría absoluta pero esta vez por un solo escaño —un relativo retroceso que ya se había producido en las elecciones municipales de 1987 en las que los socialistas perdieron la mayoría en las grandes ciudades, aunque la mantuvieron en los municipios de menos de 50 000 habitantes—. Como ha destacado Santos Juliá, «la luna de miel entre el partido socialista y la opinión iniciada en 1982, llegaba a su fin, aunque los electores no mostraban ninguna prisa por votar al partido rival».[245]
A las elecciones se presentó el Partido Popular, nacido de la refundación de Alianza Popular llevada a cabo en el Congreso extraordinario celebrado en enero de ese mismo año y en el que se definió como «un partido de ancha base donde quepan y convivan cómodamente las ideas liberales, conservadoras y democristianas», homologable por tanto con el centro derecha europeo. Como cabeza de lista para las elecciones Manuel Fraga, que había recuperado la presidencia del partido después del fracaso de Antonio Hernández Mancha a quien había cedido la dirección de Alianza Popular tras la derrota en las elecciones generales de 1986, propuso a José María Aznar, entonces presidente de la Junta de Castilla y León, quien en el X Congreso de marzo de 1990 fue elegido presidente del PP, mientras que Manuel Fraga ocupaba la presidencia de la Xunta de Galicia tras haber ganado las elecciones autonómicas celebradas en diciembre de 1989. El refundado PP consiguió el 25,6 % de los votos y 107 escaños, muy lejos todavía de los 176 del PSOE.[246]
Por otro lado Izquierda Unida aumentó el número de votos (obtuvo el 9,1 %) que se tradujo en 17 escaños. El Centro Democrático y Social de Suárez no superó el 8 %, retroceso que se confirmó en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 1991 en los que obtuvo el 4 %. En esas elecciones el PSOE sufrió un fuerte castigo como consecuencia del estallido del primer escándalo de corrupción, el «caso Juan Guerra», que le hizo perder casi la mitad de las alcaldías de las ciudades más importantes que ostentaba desde 1979, entre ellas Madrid, Sevilla y Valencia. Sin embargo, mantuvo las comunidades autónomas que gobernaba excepto Navarra, donde el PP y Unión del Pueblo Navarro obtuvieron la mayoría.[247]
El llamado «caso Juan Guerra», destapado en 1989, fue el primer escándalo que minó la confianza en el PSOE y en su gobierno. Se llamó así por el nombre del hermano del vicepresidente del gobierno que fue acusado de enriquecimiento ilícito y de tráfico de influencias realizadas desde el despacho que ocupaba en la Delegación del Gobierno en Sevilla sin ostentar cargo alguno, por su condición de «asistente» de su hermano. Alfonso Guerra restó importancia al asunto y desafiante se negó a dimitir.[248] La dirección del PSOE le apoyó y el grupo parlamentario socialista se opuso a la petición de la oposición para que se constituyera en el Congreso una comisión de investigación sobre el caso. La consecuencia de esta negativa fue el enrarecimiento de las relaciones entre el PSOE, por una parte, y el PP e Izquierda Unida, por otra, que se tradujo en el «enconamiento de la vida parlamentaria».[249] Finalmente Felipe González optó por destituir a Alfonso Guerra en enero de 1991. Por su parte Juan Guerra fue condenado en 1995 a dos años de cárcel, 50 millones de pesetas de multa y seis años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos.[250]
La salida del gobierno de Alfonso Guerra ahondó la división interna del PSOE que se había manifestado en el XXXII Congreso celebrado en noviembre de 1990 y durante el cual se enfrentaron el sector guerrista, fiel al todavía vicepresidente y crítico con el gobierno, y el sector renovador, afín al presidente González. Se desató entonces una sorda lucha que se agudizó con el estallido en mayo de 1991 de un nuevo escándalo de corrupción desvelado por el diario El Mundo, el «caso Filesa» que esta vez involucraba a todo el partido.[251][250]
Filesa era el nombre de una de las tres empresas fantasma creadas para financiar ilegalmente al PSOE mediante el cobro de informes inexistentes a industriales y banqueros entre 1989 y 1991, a cambio de la adjudicación de contratos públicos, y por los que las empresas de la trama no pagaron los correspondiente impuestos. En marzo de 1993 un informe de los peritos del Ministerio de Hacienda estableció que Filesa había recibido más de 1000 millones de pesetas por este medio.[252][250] El presidente Felipe González se desentendió del asunto afirmando que «se había enterado por la prensa».[253] El juez Marino Barbero imputó a 39 personas, ocho de las cuales serían condenadas en 1997 por el Tribunal Supremo a penas comprendidas entre once años de cárcel y seis meses de arresto, sentencia que sería ratificada por el Tribunal Constitucional cuatro años después y en la que sólo se castigó el delito fiscal por no existir entonces el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.[254]
Un tercer caso de corrupción que salpicó al PSOE fue el llamado «caso Ibercorp», también destapado por el diario El Mundo en febrero de 1992. El gobernador del Banco de España Mariano Rubio fue acusado y encarcelado por mantener una cuenta con dinero negro en Ibercorp, la entidad financiera de su amigo Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa Madrid, también procesado. El exministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga que había nombrado a Rubio tuvo que dimitir como diputado.[255] Este escándalo mostró las conexiones entre el gobierno socialista y la llamada beautiful people ('gente guapa'), anglicismo con el que se designaba a los hombres de negocios y nuevos ricos que habían surgido en la «era socialista».[254]
Como ha señalado David Ruiz, esta acumulación de escándalos de corrupción dio lugar «a una casi generalizada decepción política de la ciudadanía. No sólo se incrementó de modo considerable la hostilidad de la oposición en el parlamento al grupo socialista, sino que se convertirá casi en clamor popular la recuperación de la ética pública». El PSOE quedó tan cuestionado que careció de credibilidad cuando presentó la denuncia de un caso de corrupción que afectaba al Partido Popular, el llamado «caso Naseiro», por el nombre del tesorero del PP Rosendo Naseiro. Finalmente el caso fue sobreseído por el Tribunal Supremo al anular como prueba las grabaciones de conversaciones telefónicas en que se basaba la acusación.[256]
En medio de este clima político se celebraron los dos grandes eventos previstos para 1992 y que colocaron a España en las primeras páginas de los medios de comunicación de todo el mundo —fue «el gran año de España en el mundo», según David Ruiz—. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, los primeros de la «posguerra fría» por lo que participaron 171 países, la cifra más elevada de las registradas hasta entonces, fueron un completo éxito —también para los atletas españoles que obtuvieron 32 medallas, cuando en las anteriores olimpiadas de Seúl sólo habían conseguido 4—. Por su parte en la Exposición Universal de Sevilla (1992) estuvieron representados 112 países y 23 organismos internacionales y fue visitada por 18 millones de personas, muchas de ellas llegadas a la capital andaluza en el AVE Madrid-Sevilla. Los dos eventos brindaron «la oportunidad de presentar a España en el V Centenario del Descubrimiento de América como un país moderno, definitivamente alejado del estereotipo romántico (de charanga, pandereta, bandoleros y toreros)».[257]
La nueva imagen de España se vio acompañada del reforzamiento de su papel internacional, como lo pusieron de manifiesto el nacimiento de las Cumbres Iberoamericanas —la primera celebrada en 1991 en en Guadalajara (México)—, la celebración en Madrid de la Conferencia de Paz sobre Oriente Próximo y la activa participación de España en la construcción europea, como el Acuerdo de Schengen en mayo de 1991 y sobre todo el Tratado de Maastricht que tranformó la Comunidad Europea en la nueva Unión Europea. Asimismo se dio cumplimiento a lo acordado en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y las bases norteamericanas de Zaragoza y Torrejón de Ardoz fueron desmanteladas, permaneciendo las de Rota y Morón de la Frontera, y el gobierno español envió tres unidades de la Armada para que sirvieran de apoyo a las operaciones militares aliadas lideradas por Estados Unidos durante la Primera guerra del Golfo de 1990-1991.[258]
Los dos grandes eventos de 1992 ocultaron que se había iniciado una fuerte recesión económica que se tradujo en un aumento brutal del desempleo que llegaría a alcanzar una cifra sin precedentes, 3,5 millones de personas, lo que suponía el 24 % de la población activa. Los dirigentes socialistas reconocieron que el año 1992, que iba a ser el de la proyección al mundo de la modernidad de España, fue «catastrófico».[259] En mayo de 1992 ya tuvo lugar una huelga general convocada por UGT y Comisiones Obreras como protesta por el «decretazo» del gobierno que recortaba las prestaciones por desempleo.[260] Sin embargo, en 1992 el gobierno obtuvo un resonante éxito en la política antiterrorista gracias a la colaboración francesa: los tres máximos dirigentes de ETA eran detenidos en la localidad de Bidart cerca de la frontera española.[244]
La ruptura de la unidad del partido se volvió a poner en evidencia durante la discusión del proyecto de ley de huelga presentado por el gobierno que fue criticado por el grupo parlamentario socialista en el que los «guerristas» tenían la mayoría. La disputa se zanjó con el adelanto de las elecciones a junio de 1993.[251][261]
La «legislatura de la crispación» (1993-1996)
Sorprendentemente en las elecciones de junio de 1993 el PSOE volvió a ganar y el Partido Popular de José María Aznar, que estaba convencido de su victoria, fue derrotado.[251] El PSOE obtuvo 159 escaños por 141 el PP, mientras que Izquierda Unida, liderada por Julio Anguita consiguió 18 diputados.[262] Según Santos Julià, la clave del inesperado triunfo del PSOE «se debió en muy destacada medida al liderazgo de Felipe González, que aseguró a sus electores haber entendido el mensaje y se hizo acompañar, como número dos en la candidatura de Madrid, de Baltasar Garzón, el juez que más se había significado por sus investigaciones sobre la guerra sucia contra ETA y el dinero negro del narcotráfico».[263] Sin embargo, los socialistas no renovaron la mayoría absoluta que tenían desde 1982 —se quedaron a 17 escaños—, por lo que para poder gobernar Felipe González tuvo que llegar a un acuerdo parlamentario con los nacionalistas catalanes y vascos —descartando el pacto con Izquierda Unida, como habían insinuado algunos miembros del sector «guerrista»—.[263]
La tarea más urgente del nuevo gobierno fue afrontar la crisis económica. El ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes presentó a finales de 1993 un paquete de Medidas Urgentes para el Fomento del Empleo entre las que se volvían a incluir los contratos a tiempo parcial y en prácticas del anterior Plan de Empleo Juvenil, además de la legalización de las agencias de trabajo temporal. La oposición a los llamados por los sindicatos «contratos basura» culminó con la convocatoria por UGT y CC OO de una huelga general para el 27 de enero de 1994, que obtuvo un gran éxito, constituyendo según David Ruiz «la última huelga general obrera del siglo».[264] Por el contrario, el gobierno socialista sí alcanzó el consenso con el resto de las fuerzas políticas y con los sindicatos en el tema de las pensiones, fruto del cual fue el acuerdo llamado Pacto de Toledo de abril de 1995.[264]
Otro campo importante de la actuación del gobierno fue la política exterior, en la que destacó la participación española en la intervención de la OTAN en la Guerra de Yugoslavia —dos cazas F-18 españoles, junto con otros del resto de países de la OTAN, bombardearon las posiciones serbias en Bosnia—. Este renovado compromiso con la Alianza Atlántica se tradujo en el nombramiento del entonces ministro socialista de Asuntos Exteriores Javier Solana como secretario general de la OTAN.[265]
Sin embargo, el principal problema al que tuvo que hacer frente el gobierno socialista de Felipe González fue la aparición de nuevos escándalos, que se tradujeron en un duro enfrentamiento con la oposición, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, por lo que el cuarto mandato socialista sería conocido como la «legislatura de la crispación».[266]
A finales de 1993 el Banco de España, respaldado por el gobierno, intervino el Banco Español de Crédito y su presidente Mario Conde fue destituido del cargo. Un año después Conde fue procesado por estafa y encarcelado. Otro «tiburón» de las finanzas, Javier de la Rosa, también fue detenido por estafa y malversación de fondos en la empresa Gran Tibidabo y como representante en España del grupo inversor kuwaití KIO. Fue encarcelado en octubre de 1994, abandonando la prisión en febrero después del pago de una fianza de mil millones de pesetas.[267]
Entre los nuevos escándalos, el más espectacular y el de mayor impacto popular y mediático fue el «caso Roldán». En noviembre de 1993 Luis Roldán, primer director no militar de la Guardia Civil de toda su historia, fue detenido acusado de haber amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones ilegales de los contratistas de obras de la Benemérita y a la apropiación de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Cuatro meses después, en abril de 1994, Roldán se dio a la fuga.[268] El antiguo ministro del Interior que nombró a Roldán, José Luis Corcuera, tuvo que dimitir como diputado, así como el ministro del Interior del momento, Antoni Asunción, por haberlo dejado escapar.[255] Roldán fue detenido un año después de su fuga en Laos y devuelto a España donde fue juzgado y condenado a 28 años de cárcel y al pago de una multa de 1600 millones de pesetas —aunque algunos medios estimaron que su fortuna, depositada en bancos suizos, superaba los 5000 millones—. Otro caso de arribismo dentro del PSOE fue el de Gabriel Urralburu, un excura que llegó a ocupar la presidencia de la Comunidad Foral de Navarra y que será condenado a once años de prisión por el cobro a las constructoras que obtenían contratos públicos de comisiones que iban a parar a su bolsillo o el de sus amigos y familiares.[269]
Estos escándalos abrieron de nuevo una crisis de confianza en el gobierno socialista que se tradujo en la exigencia de la dimisión del presidente del gobierno por parte de José María Aznar, líder del Partido Popular, y de Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida.[270]
En este contexto se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, en las que el Partido Popular por primera vez sobrepasó al PSOE en número de votos —obtuvo el 40 % de los sufragios frente al 30 % de los socialistas—[271], lo que le llevó a exigir la celebración de elecciones generales, pero Felipe González se negó una vez confirmó que seguía teniendo el apoyo de CiU.[270] José María Aznar a partir de entonces en cada intervención parlamentaria utilizará la «machacona invectiva» de «Váyase, señor González» jaleada por los diputados del grupo parlamentario popular.[272]
Un mes antes de celebrarse las elecciones europeas de junio de 1994 el juez Baltasar Garzón había dejado su escaño de diputado en el Congreso y el cargo de Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, al parecer decepcionado por la falta de voluntad política del Felipe González para atajar la corrupción, y había vuelto a su juzgado de la Audiencia Nacional. En seguida reabrió el caso GAL y concedió la libertad provisional a los policías José Amedo y Michel Domínguez que habían sido condenados en 1988 por su participación en varios atentados atribuidos al «Grupo Antiterrorista de Liberación» y que estaban dispuestos a contar todo lo que sabían una vez el gobierno no aprobó su indulto tal como se les había prometido. Las declaraciones de Amedo y Domínguez condujeron a la detención de varios altos cargos de la administración socialista por su presunta participación en el secuestro y asesinato frustrado del ciudadano francés Segundo Marey, confundido con un miembro de ETA por un comando de los GAL. En diciembre de 1994 fue detenido Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya y director general de la Seguridad del Estado durante el primer gobierno socialista, al que siguieron Rafael Vera, ex Secretario de Estado para la Seguridad, y Ricardo García Damborenea, secretario general de los socialistas de Vizcaya cuando Marey fue secuestrado. Como también apareció implicado el ex ministro del Interior José Barrionuevo, diputado socialista, Garzón tuvo que pasar el caso Marey al Tribunal Supremo que inmediatamente presentó el suplicatorio a las Cortes para poderlo procesar que le fue concedido por 159 votos a favor y 122 en contra. En enero de 1996 el magistrado del Supremo Eduardo Moner imputaba a Barrionuevo como presunto jefe de una banda armada dirigida desde el Ministerio del Interior, confirmando la acusación de Garzón de que se había organizado «una trama terrorista vinculada a responsables de Interior» y amparada presumiblemente, aunque no se pudo demostrar, por el presidente del gobierno Felipe González, señalado por algunos medios como el «señor X» de la trama. Sin embargo, la dirección del PSOE no dejó de mostrar su solidaridad con sus compañeros de partido acusados. Finalmente Barrionuevo y su sucesor en el ministerio del Interior, José Luis Corcuera fueron absueltos en enero de 2002 de la acusación de haberse apropiado de fondos reservados, mientras que Vera y Sancristóbal eran condenados a penas entre siete y seis años de prisión.[273][274]
En marzo de 1995 se destapó otro gran escándalo relacionado con la «guerra sucia» contra ETA. En esa fecha se produjo la detención por orden del juez de la Audienda Nacional Javier Gómez de Liaño del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por su presunta implicación en el «caso Lasa y Zabala», el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros de ETA capturados en Francia por los GAL en 1983 y cuyos cadáveres, enterrados en cal viva, fueron encontrados en Bussot (Alicante) dos años después. El juicio se celebró en abril de 2000 y Rodríguez Galindo y otros mandos y guardias civiles del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (Guipúzcoa), junto con el ex gobernador de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, fueron condenados a penas comprendidas entre los 67 y 71 años de cárcel.[275][276]
Poco después estallaba otro nuevo escándalo conocido como el de los papeles del CESID, que mostraría, según David Ruiz, las «cotas insólitas» que llegó a alcanzar «la estrategia de acoso al Gobierno presidido por Felipe González». Se trataba de la sustracción por parte del segundo jefe del servicio secreto, el coronel Juan Alberto Perote, de una serie de documentos que al parecer implicaban a más políticos socialistas en el «caso de los GAL» y que Perote, según informó el diario El País, había entregado a Mario Conde para que chantajeara a las altas instancias del Estado para que neutralizaran las acciones judiciales emprendidas contra él y contra Javier de la Rosa. Una parte de los documentos eran transcripciones de las escuchas telefónicas ilegales, por lo que el vicepresidente del gobierno Narcís Serra, ministro de Defensa cuando se realizaron las escuchas, y su sucesor en el cargo, Julián García Vargas, se vieron obligados a presentar la dimisión.[277][276] García Vargas también dimitió por su presunta implicación en unas actuaciones especulativas sobre unos terrenos de Renfe cuando ocupó la presidencia de la empresa ferroviaria antes de ser nombrado ministro de Defensa.[256] En 2001, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audienca Nacional que condenó por las escuchas ilegales a siete miembros del CESID, entre los que se encontraban el general Emilio Alonso Manglano y el coronel Perote.[278]
En mayo de 1995 se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, en un clima marcado por el atentado perpetrado por ETA el 20 de abril y del que salió milagrosamente ileso el líder de la oposición, José María Aznar, y la detención y entrega en Laos del fugado Luis Roldán. La victoria fue de nuevo para el Partido Popular que aventajó en casi cinco puntos al PSOE —consiguió el 35,2 % de los votos emitidos frente al 30,8 % de los socialistas—. Casi todas las capitales de provincia y las ciudades de más habitantes pasaron a estar gobernadas por el PP.[279]
Ante el cúmulo de escándalos el líder de CiU y presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, retiró el apoyo parlamentario de los diputados de CiU al gobierno, por lo que éste quedó en minoría en las Cortes. El presidente del gobierno Felipe González no tuvo más remedio que convocar elecciones generales para el día 3 de marzo de 1996.[277][280]
El Partido Popular ganó las elecciones pero no por el amplio margen que se esperaba pues sólo superó al PSOE en 300 000 votos —9,7 millones frente a 9,4 millones— y se quedó lejos de la mayoría absoluta —consiguió 156 diputados, 15 más que el PSOE—. De todas formas el PP logró su objetivo de desalojar a los socialistas del poder,[277] «después de intentarlo con denuedo durante más de una década».[272]
La gran decepción por el resultado electoral se la llevó Izquierda Unida que esperaba acercarse al PSOE, e incluso superarle, y se tuvo que conformar con 21 diputados.[277]
La primera etapa de gobierno del Partido Popular (1996-2004)
El Partido Popular (PP) ocupó el gobierno bajo la presidencia de José María Aznar durante ocho años. En su primer mandato (1996-2000), al no haber obtenido la mayoría absoluta, el PP tuvo que recurrir al apoyo de los nacionalistas catalanes de CiU para gobernar,[281] pero en su segundo mandato (2000-2004) no tuvo necesidad de pactos al haber obtenido la mayoría absoluta en las elecciones generales de marzo de 2000.[282][283]
En este segundo periodo de gobierno el PP se encontró con una mayor oposición por parte del PSOE que tras la elección de un nuevo equipo dirigente encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero superó por fin la larga crisis que había vivido tras las derrotas sucesivas de las elecciones de 1996 y de 2000.[284][285]
Asimismo entre 2000 y 2004 el PP tuvo que hacer frente a una mayor movilización social en contra de algunas de sus políticas —como la educativa o el Plan Hidrológico Nacional que preveía el trasvase del Ebro hacia Valencia, Murcia y Almería—[286] que alcanzó su punto culminante el 20 de junio de 2002 con la huelga general que convocaron los dos grandes sindicatos CC OO y UGT para mostrar su rechazo al «decretazo» que preveía recortes en el subsidio de desempleo y que finalmente fue retirado.[287] La movilización callejera continuó a causa de la gestión del gobierno de la catástrofe ecológica del petrolero Prestige —que en noviembre de 2002 sufrió la ruptura de su casco frente a las costas de Galicia produciéndose el vertido al mar de una parte del fuel-oil que transportaba y que en pocos días contaminó la costa gallega con toneladas de chapapote— y sobre todo por el rechazo a la guerra de Irak, apoyada por el gobierno de Aznar.[288]
La política económica y social
La modernización económica, la adopción del euro y la «burbuja inmobiliaria»
El programa económico que puso en práctica el Partido Popular se fijó como objetivos inmediatos mejorar la eficiencia y la competitividad de la economía con la liberalización de los mercados de determinados sectores[289] y con la completa privatización de empresas públicas, como Telefónica o Repsol; reducir la inflación mediante el control del gasto público y la consiguiente disminución del déficit presupuestario —hasta alcanzar el déficit 0— y la «moderación salarial» que se pactaría con los sindicatos; y «flexibilizar» el mercado de trabajo, impulsando el «diálogo social» para reducir las indemnizaciones por despido e incentivar así las contrataciones indefinidas —el acuerdo entre la CEOE, UGT y CC OO y el gobierno fue firmado efectivamente en abril de 1997—.[290][291][292]
La finalidad última de estas medidas era cumplir con los requisitos impuestos por la Unión Europea —inflación, déficit público, deuda pública, tipos de interés— para poder adoptar la nueva moneda común, el euro. Y en este campo el éxito fue completo porque la economía española experimentó un fuerte crecimiento, se redujo el paro y la inflación bajó a mínimos históricos, por lo que en mayo de 1998 España pudo formar parte del grupo de once países de la Unión Europea que adoptaron el euro, aunque hasta el 1 enero de 2002 los billetes y monedas de euros no comenzaron físicamente a circular.[293][294][295]
Una de las claves de este éxito fue la política de privatizaciones de las grandes empresas públicas que proporcionaron al Estado unos enormes ingresos extraordinarios que sirvieron para reducir la deuda pública y el déficit.[296][297]
La otra cara del fuerte crecimiento económico de estos años fue la burbuja inmobiliaria que generó ya que el principal motor económico fue la construcción de viviendas y la demanda de las mismas se debía a que muchos ahorradores no las compraban para habitarlas sino como inversión para venderlas más adelante a un precio mayor, gracias al alza constante de su valor. Asimismo la adquisición de una vivienda se convirtió en uno de los problemas más acuciantes para muchas personas, especialmente para los jóvenes.[298]
El mantenimiento del estado del bienestar y el nuevo fenómeno de la inmigración
La favorable coyuntura económica permitió hacer compatible el mantenimiento del gasto social (educación, sanidad, pensiones) con la reducción del déficit público y con la rebaja de los impuestos directos. Esto eliminó los temores que había suscitado entre ciertos sectores la llegada al poder del Partido Popular por la posible reducción de las prestaciones sociales.[293][299]
En el tema de las pensiones, por ejemplo, el PP reafirmó la validez del llamado Pacto de Toledo, firmado en 1995, por el que se garantizaba el mantenimiento y la viabilidad del sistema público de pensiones basado en las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Además, gracias al aumento espectacular del número de afiliados, la Seguridad Social consiguió superar el déficit que tenía en 1995. Eso es lo que indujo al gobierno a presentar en las Cortes un proyecto de ley —que fue aprobado en 1999— de revalorización automática de las pensiones —que sería igual a la inflación registrada cada año—.[290][300]
El gobierno Aznar no obtuvo los mismos apoyos cuando planteó la reforma de la Ley de Extranjería de 1985 que había quedado obsoleta para abordar el nuevo fenómeno de la inmigración, algo completamente nuevo en la historia reciente de España. Así a finales de 1999 se produjo la paradoja de que la ley finalmente aprobada por las Cortes no contó con el apoyo del PP, ya que CiU votó junto con la oposición,[301] pero en cuanto obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2000 el PP cambió la ley con el fin de restringir la entrada de emigrantes y limitar los derechos de los que no estuvieran regularizados —los llamados «sin papeles», que en 2000 eran unos 250 000 de un total de 800 000 emigrantes—.[cita requerida]
Por otro lado, los sucesos que se produjeron en El Ejido (Almería) a principios del año 2000 —decenas de marroquíes fueron agredidos por un numeroso grupo de vecinos como respuesta al asesinato de una mujer atribuido a un enfermo mental de origen magrebí— pusieron de manifiesto con toda crudeza el problema de la xenofobia en relación con la emigración.[302]
El giro en la política antiterrorista y el enfrentamiento con los nacionalismos «periféricos»
La política antiterrorista y la reafirmación del nacionalismo español
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El gobierno del PP desarrolló una política antiterrorista basada en una idea que ningún gobierno democrático había defendido hasta entonces: que exclusivamente con medidas policiales se podía acabar con ETA. Así pues, el único «diálogo» posible con ETA era el de la entrega de las armas.[303][304]
El gobierno cosechó un resonante primer éxito al conseguir liberar a principios de julio de 1997 a José Ortega Lara, un funcionario de prisiones militante del PP que llevaba secuestrado por ETA 532 días (el secuestro más largo de la historia de la democracia). Pero pocos días después, el 11 de julio, se producía un hecho que abriría una nueva etapa en la historia del «conflicto vasco». Ese día ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua, y amenazaba con «ejecutarlo» si antes de 48 horas el gobierno no accedía a trasladar a los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Al conocerse la noticia se produjo la mayor movilización social que se recordaba en contra del terrorismo, especialmente en el País Vasco y Navarra, lo que era aún más significativo, pera transcurrido el plazo ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Esto no hizo sino acrecentar aún más el rechazo a ETA, que se extendió también a su «brazo político», Herri Batasuna, que no condenó el asesinato —y en mayo de 1998 el juez Garzón ordenaba el cierre del diario abertzale Egin por su presunta vinculación con ETA—. La prensa comenzó a utilizar el término «espíritu de Ermua» para explicar aquella inmensa movilización social antiterrorista.[302][305]
La política antiterrorista del gobierno del PP iba unida a una reafirmación del nacionalismo español, ya que el PP no consideraba a España como «una nación de naciones» y menos aún como un «Estado plurinacional» sino una «nación única», aunque «diversa culturalmente».[306] Por eso, el gobierno de Aznar desarrolló una política de «uniformización» del Estado de las Autonomías a la que se opusieron los partidos nacionalistas subestatales de Cataluña (CiU), el País Vasco (PNV) y Galicia (BNG), que firmaron en julio de 1998 la Declaración de Barcelona en la que acordaron llevar adelante una política conjunta para el reconocimiento de sus respectivas «realidades nacionales».[307]
La respuesta del nacionalismo vasco: el pacto de Lizarra y la tregua de ETA
El «espíritu de Ermua» fue interpretado por el PNV como una ofensiva «españolista» que pretendía acabar con la hegemonía que había ostentado el nacionalismo vasco desde la recuperación de la democracia. Así en marzo de 1998 el lehendakari José Antonio Ardanza daba a conocer un «Plan de Pacificación» en el que, partiendo del Pacto de Ajuria Enea de 1988, defendía la necesidad de dar respuesta a la «disidencia cívico-política de una notable porción de la sociedad que, girando en torno al "terrorismo" [entre comillas en el original], no está dispuesta a aceptar el statu quo». Para ello proponía que tras conseguir el cese de la violencia de ETA se abriera un diálogo de todas las fuerzas políticas vascas cuyo resultado debería ser aceptado por el gobierno central y el resto de las instituciones del Estado. Tanto el PP como el PSOE se negaron a participar en el diálogo propuesto en esas condiciones, lo que supuso «la defunción de la Mesa de Ajuria Enea, que nunca volvería a reunirse», como ha señalado Charles Powell.[308]
El fracaso del Plan Ardanza llevó a la dirección del PNV —y de Eusko Alkartasuna— a ponerse en contacto con la dirección de ETA para que declarara una tregua indefinida y, a cambio, pactaría con HB una alternativa que «superara» el marco del Estatuto de Autonomía de 1980. El 12 de septiembre de 1998 PNV, EA y HB —y también Izquierda Unida del País Vasco— firmaban el Pacto de Lizarra-Estella y cuatro días después ETA anunciaba el cese indefinido de la violencia. Así, 1999 fue el primer año desde 1971 en que no hubo muertos a causa de los atentados terroristas de ETA, aunque la violencia callejera de la kale borroka protagonizada por las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale no desapareció.[309][310]
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Durante la tregua, el gobierno del PP llegó a entablar contactos con la cúpula de ETA pero sin hacer concesiones «políticas» —aunque más de un centenar de presos de ETA fueron trasladados a prisiones del País Vasco— y manteniendo la idea expresada por el ministro del Interior Jaime Mayor Oreja de que se trataba de una «tregua trampa», es decir, de que ETA había proclamado el cese de la violencia sólo para reorganizarse después de los duros golpes policiales que había recibido.[311][312][313]
En noviembre de 1999 ETA anunciaba la ruptura de la tregua al no haberse avanzado en el «proceso de construcción nacional» vasco —ni PNV ni EA habían aceptado su propuesta de constituir un «Parlamento constitucional soberano» elegido al margen del Estatuto— y en enero de 2000 perpetraba un nuevo atentado, el asesinato en Madrid del teniente coronel Antonio Gracia Blanco. Otra de las razones para poner fin a la tregua había sido que las elecciones al Parlamento Vasco de 1998 no habían supuesto un triunfo arrollador de los partidos que apoyaban el Pacto de Lizarra frente a los partidos «constitucionalistas» —el PP y el PSOE, defensores de la validez del Estatuto de 1982— y tampoco las elecciones forales y municipales de junio de 1999, en las que además los «constitucionalistas» lograron la mayoría en la diputación foral de Álava y en el ayuntamiento de Vitoria, gobernados ambos a partir de entonces por el Partido Popular y Unidad Alavesa.[314][315]
El pacto antiterrorista PP-PSOE y el «giro soberanista» del PNV
A lo largo del año 2000 ETA cometió varios atentados contra dirigentes y cargos electos de los partidos «constitucionalistas» que se habían opuesto al Pacto de Lizarra y el PP y el PSOE decidieron firmar un Pacto Antiterrorista, al que no se sumaron ni el PNV ni EA. Este pacto, junto con el cerco legal a Batasuna, y la creciente efectividad policial debilitaron hasta tal punto a ETA que el número de atentados se redujo y en 2003 sólo hubo tres con víctimas mortales y en 2004 ninguno. Sin embargo, el enfrentamiento entre «nacionalistas» y «constitucionalistas» no se redujo ya que los primeros siguieron manteniendo la validez del «giro soberanista» que habían dado con la firma del Pacto de Lizarra, aunque el pacto quedó en suspenso al negarse Batasuna a condenar el atentado contra el dirigente socialista Fernando Buesa. El momento de máxima tensión se alcanzó en las elecciones vascas de mayo de 2001 en las que triunfó el «frente nacionalista», aunque por estrecho margen, lo que aseguró la continuidad del gobierno vasco del peneuvista Juan José Ibarretxe gracias al apoyo que recibió de Izquierda Unida, liderada en el País Vasco por Javier Madrazo.[316]
La ilegalización de Batasuna y el «Plan Ibarretxe»
A raíz del relativo fracaso del «frente constitucionalista» en las elecciones vascas de mayo de 2001, el gobierno del PP planteó la ilegalización de Herri Batasuna —entonces integrada en la coalición Euskal Herritarrok—, para lo que pactó con el PSOE y CiU una nueva Ley de Partidos Políticos. Así, después del atentado que perpetró ETA en Santa Pola en agosto de 2002 —que causó la muerte a dos personas y que Batasuna no condenó—, se inició el proceso de ilegalización que fue acompañado por la «suspensión» de las actividades de Batasuna por orden del juez Garzón al haber hallado pruebas de su conexión con ETA.[310]
A principios de 2003 el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna al considerarla el «brazo político» de ETA, por lo que ya no pudo presentar candidaturas en las elecciones municipales y forales de mayo de 2003, ni en las elecciones generales del año siguiente. Tanto la nueva Ley de Partidos como el proceso de ilegalización de Batasuna fueron muy contestados por los partidos nacionalistas vascos y, como alternativa, el lehendakari Juan José Ibarretxe propuso un «plan de pacificación» basado en la celebración de un referéndum que regulara «la libre asociación de Euskadi al Estado plurinacional Español». La propuesta, conocida como Plan Ibarretxe acentuó aún más el enfrentamiento entre «nacionalistas» y «constitucionalistas» y entre los gobiernos de Madrid y de Vitoria.[317]
El triunfo de la izquierda en las elecciones catalanas de noviembre de 2003 y sus consecuencias: el «caso Carod»
En las elecciones catalanas de noviembre de 2003 ningún partido logró la mayoría absoluta pero gracias al acuerdo alcanzado entre el PSC-PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC, un partido independentista que había experimentado un fulgurante ascenso), e Iniciativa per Catalunya (partido asociado con Izquierda Unida) se formó el primer gobierno de izquierdas en Cataluña desde 1936, que fue presidido por el socialista Pasqual Maragall (desalojando a CiU del poder que había monopolizado durante 23 años). El pacte del Tinell del PSC-PSOE, IC y ERC (en el que se acordó el programa del tripartit que expresamente excluía cualquier acuerdo con el PP) fue criticado duramente por el gobierno de Aznar y por el nuevo líder del PP Mariano Rajoy —quien a finales de agosto de 2003 había sido propuesto por Aznar para sustituirle como candidato en las elecciones del año siguiente—[318] porque suponía la entrada en el gobierno catalán de un partido independentista como ERC —lo que se sumaba al reto "soberanista" vasco del Plan Ibarretxe—. También se alzaron voces en contra del tripartit dentro del PSOE.[319]
A finales de enero de 2004 estalló un escándalo que hizo tambalearse al gobierno catalán del tripartit. En su edición del día 24 el diario ABC publicaba que el líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, conseller en cap de la Generalidad, se había entrevistado en Perpiñán con la cúpula dirigente de ETA para negociar una tregua exclusiva para Cataluña. Carod abandonó el cargo de conceller en cap y más tarde el gobierno tras reconocer que la entrevista con ETA se había producido pero afirmando que no había negociado nada y menos una tregua restringida a Cataluña. Sin embargo, pocos días después ETA declaraba una tregua «sólo para Cataluña con efectos del 1 de enero de 2004». El presidente del gobierno José María Aznar y el candidato del PP Mariano Rajoy exigieron entonces al líder del PSOE Rodríguez Zapatero la ruptura inmediata del "tripartito catalán", pero este hecho no se produjo y la nueva crisis se solucionó con la renuncia implícita de Carod Rovira a volver al gobierno catalán pasadas las elecciones del 14 de marzo —así Maragall nombró un nuevo conceller en cap, el también miembro de ERC, Josep Bargalló»—.[320]
El giro en la política exterior: el apoyo a la invasión de Irak y la oposición en la calle
Desde un principio, el gobierno Aznar apostó por una mayor implicación de España en acciones internacionales, como lo demostró la decisión de integrar a España en la estructura militar de la OTAN a partir del 1 de enero de 1997.[321][322] Así se planteó la necesidad de buscar un nuevo modelo de Fuerzas Armadas que las hiciera más operativas, lo que junto con el crecimiento espectacular de la objeción de conciencia, inclinó al PP hacia la fórmula de un ejército exclusivamente profesional poniendo fin al servicio militar obligatorio —abandonando así el modelo mixto implantado por los socialistas—.[323][324]
Por otro lado, el PP apostó por un mayor alineamiento con los Estados Unidos,[325] lo que tuvo su reflejo inmediato en la política europea especialmente cuando en 2003 se abrió el debate sobre el proyecto de Constitución Europea al que el gobierno español —junto con el polaco— se opuso al no aceptar el reparto de votos que se proponía para la adopción de decisiones en los Consejos Europeos. Esta política de «reafirmación internacional» tuvo su reflejo también en el deterioro de las relaciones con Marruecos que llegaron a una tensión máxima en el verano de 2002 con motivo de la ocupación por gendarmes marroquíes del deshabitado islote de Perejil, cercano a Ceuta, y que España consideraba bajo su soberanía. El gobierno español envió varias unidades militares para que desalojaran a los marroquíes del islote y el conflicto sólo se solucionó porque Estados Unidos intervino e impuso la vuelta al status quo ante −es decir, que las tropas españolas lo abandonaran y que el islote continuara deshabitado−.[326]
El gobierno de Aznar apoyó de forma decidida la «guerra contra el terrorismo» declarada por el presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, por lo que cuando Estados Unidos inició la guerra de Afganistán en octubre de 2001 y la de Irak en marzo de 2003 contó con su respaldo, a pesar de que en el segundo caso la opinión pública se manifestó mayoritariamente en contra. Así el 16 de marzo de 2003 se reunieron en las islas Azores José María Aznar, el presidente norteamericano George W. Bush y el primer ministro británico, Tony Blair, y allí los tres dirigentes dieron un ultimátum a Sadam Hussein para que entregara las armas de destrucción masiva que supuestamente poseía y a continuación hicieron un llamamiento a todos los países del mundo para que se sumaran a la nueva «Alianza Trasatlántica» contra el terrorismo. Cuatro días después se inició la invasión de Irak y Aznar envió una «unidad conjunta de apoyo humanitario», que llegó a Irak un día después de la caída de Bagdad, el 9 de abril. Mientras tanto se siguieron produciendo manifestaciones en contra de la guerra —algunas encabezadas por el líder socialista Rodríguez Zapatero— aunque este descontento no se tradujo en votos en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003 ya que éstas no supusieron ningún descalabro para el Partido Popular —aunque el PSOE superó en número de votos totales al PP por primera vez desde 1993—. Después de las elecciones, Aznar envió un contingente militar a Irak (integrado por 1300 soldados) para colaborar en la «reconstrucción» y en la «seguridad» de ese país ocupado. Rodríguez Zapatero respondió con el anuncio de que si ganaba las elecciones generales del año siguiente haría volver a las tropas.[327]
Los atentados del «11-M» y las elecciones de marzo de 2004
El jueves 11 de marzo de 2004, tres días antes de la fecha señalada para la celebración de las elecciones generales, estallan en Madrid diez bombas en cuatro trenes de cercanías causando la muerte a 191 personas e hiriendo a más de 1.500. Se trató del mayor atentado terrorista de la historia española y europea y los partidos políticos decidieron dar por concluida la campaña electoral. Inicialmente se pensó que había sido obra de ETA, sospecha que confirmó el ministro del Interior Angel Acebes pocas horas después. Sin embargo, la investigación de la policía pronto se inclinó por la pista del terrorismo islamista vinculado a Al-Qaeda —responsable de los atentados del 11-S—, aunque el gobierno mantuvo que la principal hipótesis seguía siendo ETA. La confusión sobre la autoría del atentado se puso de manifiesto en las masivas manifestaciones de rechazo al terrorismo que tuvieron lugar al día siguiente —las mayores de la historia de España, pues se calculó que unos 11 de millones de personas salieron a la calle ese día, viernes 12 de marzo— cuando parte de los asistentes gritaban «Quién ha sido» y «Queremos saber la verdad» y otros «ETA asesina».[328]
En la tarde del sábado 13 de marzo, jornada de reflexión de las elecciones del día siguiente, varios miles de manifestantes se concentraronn ante las sedes del PP en las principales ciudades acusando al gobierno de «ocultar la verdad» y exigiendo «saber la verdad antes de votar», además de proferir gritos de «No a la guerra». A las 8 de la tarde compareció el ministro Acebes para informar de la detención de cinco marroquíes como presuntos responsables de los atentados. La supuesta autoría de ETA quedó en entredicho definitivamente cuando cuatro horas más tarde el ministro volvió a comparecer para comunicar que se había hallado un vídeo reivindicando el atentado en el que aparecía un individuo que, en árabe con acento marroquí, decía en nombre de Al-Qaeda:
Lo que ha ocurrido en Madrid… es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales de Bush y sus aliados… [y] a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán y habrá más si Dios quiere.
El domingo 14 de marzo de 2004 se celebraron las elecciones y hacia las diez de la noche se confirmó que la victoria había sido para el PSOE, que consiguió 164 diputados −le habían faltado 12 para la mayoría absoluta−, mientras que el PP se quedó en 148. Un mes después, el 16 de abril, se produjo la tercera alternancia desde la recuperación de la democracia en España: José Luis Rodríguez Zapatero quedaba investido como nuevo presidente del gobierno, el quinto desde 1977. En el Congreso votaron a favor los diputados de su propio partido, el PSOE, más los de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego y Chunta Aragonesista. CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai se abstuvieron. El PP votó en contra.[329]
La segunda etapa de gobierno socialista (2004-2011)
La segunda etapa de gobierno socialista del reinado de Juan Carlos I se prolongó durante dos legislaturas, que fueron muy diferentes. «La primera legislatura estuvo centrada en grandes debates políticos en torno a los derechos civiles y sociales, el modelo territorial, la negociación con ETA y la memoria histórica; la segunda, en cambio, quedó marcada por la crisis económica, que se llevó por delante todos proyectos del Gobierno. La actuación de Zapatero fue también muy diferente en cada caso. En la primera legislatura asumió enormes riesgos políticos, fue audaz y original en muchas de sus iniciativas y gracias a ello consiguió un respaldo abrumador entre los ciudadanos de izquierdas en 2008… En la segunda, Zapatero fue a remolque de los acontecimientos…». Así, según el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, la primera legislatura (2004-2008) fueron «años de cambios» y la segunda (2008-2011) «años de crisis».[330]
La legislatura de los cambios (2004-2008)
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El giro en la política exterior: la retirada de Irak y el retorno a la «vieja Europa»
La primera decisión que adoptó el nuevo gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero fue ordenar la retirada de las tropas españolas de Irak, cumpliendo así lo prometido durante la campaña electoral. Esta decisión enfrió notablemente las relaciones con Estados Unidos porque se tomó mucho antes del plazo prometido —el 30 de junio— y sobre todo porque fue seguida de un llamamiento de Rodríguez Zapatero al resto de los países con tropas en Irak para que también las retiraran.[331]
El abandono de la política «atlantista» del anterior gobierno presidido por Aznar fue acompañado del acercamiento a Alemania y a Francia, los dos países de la «vieja Europa» que habían encabezado la oposición a la invasión de Irak, lo que hizo posible, por otro lado, el desbloqueo de las negociaciones del nuevo Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, al que se había opuesto Aznar, que fue firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. Zapatero se apresuró a convocar un referéndum de ratificación del tratado celebrado el 20 de febrero de 2005. Consiguió la aprobación del 75 % de los votantes pero se registró la abstención más alta de toda la democracia.[332]
Sin embargo, Rodríguez Zapatero quedó aislado internacionalmente cuando el proyecto de la Constitución Europea naufragó —sumiendo a la Unión Europea en la peor crisis institucional de su historia— y, sobre todo, cuando Alemania y Francia se reconciliaron con Estados Unidos tras abandonar el poder sus dos principales aliados, el canciller alemán Gerhard Schroëder y el presidente francés Jacques Chirac, sustituidos por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, respectivamente. Además la propuesta de Zapatero de la Alianza de Civilizaciones presentada ante la Asamblea General de la ONU de 2004 como alternativa a la guerra contra el terrorismo del presidente Bush encontró poco respaldo internacional.[333]
La oposición del PP: el «11-M» y la «estrategia de la crispación»
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El Partido Popular culpó de su derrota en las elecciones a la «manipulación» de la opinión pública durante los dos días siguientes al atentado del «11-M» por parte del PSOE y de los medios de comunicación afines. Así, el PP cuestionó implícitamente la legitimidad del nuevo gobierno y exigió que se formara una comisión de investigación en el parlamento para determinar la autoría del atentado. El PSOE aceptó pero ampliando el objeto de la comisión al análisis de los sucedido entre el «11-M» y el «14-M». Durante las sesiones de la comisión los portavoces del PP encabezados por Eduardo Zaplana asumieron la versión del «11-M» que fueron difundiendo dos medios de comunicación, el diario El Mundo y la cadena de radio COPE, según la cual detrás del atentado se encontrarían ETA y los servicios secretos de Marruecos y de otros países e incluso policías y agentes españoles afines al PSOE que se habrían ocupado de sembrar de pistas falsas la investigación con el objetivo de atribuirlo al terrorismo islamista y de esa forma derribar al gobierno del PP.[334]
En octubre de 2007 el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el caso determinó en la sentencia que los autores del «11-M» habían sido los islamistas radicales que se suicidaron en un piso de la localidad de Leganés un mes después de perpetrar el atentado cuando la policía los tenía completamente cercados.
La «ampliación de derechos» y la movilización de la Iglesia Católica
El gobierno de Rodríguez Zapatero llevó al parlamento una serie de reformas legales para la «ampliación de derechos» ciudadanos, algunas de las cuales encontraron una dura oposición por parte de los sectores conservadores, especialmente la ley del reconocimiento del matrimonio homosexual, la llamada ley de divorcio exprés —que agilizaba de los trámites del divorcio—, la ley de igualdad —que establecía garantías para asegurar la presencia «paritaria» de las mujeres en la vida pública y laboral— o la Ley de la Memoria Histórica —que reconocía a las víctimas del bando vencido en la Guerra Civil Española, como ya lo hizo la dictadura franquista en su momento con las del bando vencedor—.[335]
En las movilizaciones contra estas reformas tuvo especial protagonismo la jerarquía de la Iglesia católica española, que contó con el apoyo del papa Juan Pablo II que llegó a «denunciar públicamente al gobierno de Zapatero por impulsar el laicismo y la indiferencia religiosa».[336] Así diversas organizaciones católicas, como el Foro de la Familia, convocaron y encabezaron varias manifestaciones multitudinarias en «defensa de la familia» y de la «libertad religiosa», a las que dio su apoyo el Partido Popular.
Asimismo los obispos católicos —y también el PP— se opusieron frontalmente a la reforma educativa de la LOE promovida por el gobierno y especialmente a la introducción en las escuelas de la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía por constituir, a su juicio, un «ataque a la moral» de los católicos y promover el «laicismo radical» que no «respeta la Constitución». Ni las concesiones que realizó el gobierno, por ejemplo en los contenidos de la nueva asignatura, ni el generoso acuerdo que se alcanzó para financiar a la Iglesia Católica a través del Impuesto de la renta, sirvieron de mucho para poner fin a la movilización católica dirigida por los obispos e impulsada desde la Cadena Cope (propiedad de la Iglesia).[337]
La polémica del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña
Después de muchos meses de intensos debates, el Parlamento de Cataluña aprobó el 30 de septiembre de 2005, con el voto a favor de 105 diputados [los de PSC, ERC, ICV y CiU] y el voto en contra de los 15 diputados del PP, el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña en el que se afirmaba en su artículo 1º que «Cataluña es una nación». Además se proponía un nuevo sistema de financiación que se aproximaba al sistema del concierto económico del que disfrutaban el País Vasco y Navarra; se ampliaban las competencias de la Generalidad y se «blindaban» para que el gobierno central no pudiera limitarlas mediante «leyes básicas»; y en fin se proponía una relación «bilateral» entre España y Cataluña que implícitamente reconocía la soberanía del «pueblo catalán». En seguida arreciaron las críticas contra la propuesta de nuevo Estatuto fundamentalmente por parte del PP y de los medios de comunicación afines porque suponía la instauración de un nuevo modelo «federal» o «confederal» del Estado que rompía abiertamente con la Constitución de 1978.[338]
La dudosa constitucionalidad de la propuesta del nuevo Estatuto de Cataluña colocó en una difícil situación a Rodríguez Zapatero porque éste durante la campaña electoral se había comprometido a apoyar en las Cortes de Madrid el proyecto que aprobara el Parlamento de Cataluña. Los problemas de Zapatero se pusieron en evidencia cuando dentro de su propio partido, el PSOE, se alzaron voces en contra del Estatuto y arreciaron las críticas contra el «catalanismo» y el «soberanismo» del principal impulsor del proyecto, el presidente de la Generalidad de Cataluña Pasqual Maragall, del PSC. Mientras el PP apoyado y alentado por los medios de comunicación conservadores convocaba actos y manifestaciones «en defensa de España».[339]
Se inició así un duro debate en las Cortes generales para eliminar de la propuesta del Parlament los elementos más claramente anticonstitucionales, pero uno de los socios del tripartito catalán, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se opuso a los «recortes», por lo que Rodríguez Zapatero decidió negociar directamente con el dirigente de CiU Artur Mas, otro de los impulsores del nuevo Estatuto, alcanzando el 22 de enero de 2006 un acuerdo: la definición de Cataluña como nación fue relegada al preámbulo del Estatuto y se matizaron sus elementos «soberanistas», incluida la financiación autonómica y la relación «bilateral» entre el Estado Español y Cataluña.[339]
Esquerra Republicana de Cataluña rechazó el acuerdo entre Zapatero y Mas por lo que se produjo la paradoja de que en el referéndum que se celebró en Cataluña el 18 de junio de 2006 para aprobar el nuevo Estatuto ERC, uno de los impulsores del mismo, pidió el NO,[340] lo que obligó a disolver el gobierno tripartito y a convocar nuevas elecciones para el 1 de noviembre de 2006, a las que ya no se presentó Pasqual Maragall obligado a retirarse por su propio partido, el también socialista José Montilla sería el nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña, gracias a que se alcanzó un nuevo acuerdo tripartito y el líder de ERC Josep Lluís Carod Rovira fue nombrado Vicepresidente de la Generalidad de Cataluña.
Por su parte, el Partido Popular, que también hizo campaña por el "NO" en el referéndum —aunque por razones diametralmente opuestas a las de ERC—, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional.[340]
El giro en la política antiterrorista: el «proceso de paz»
Poco después de haber rechazado el 1 de febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados —con el apoyo del PP— el Plan Ibarretxe que proponía convertir al País Vasco en un «Estado libre asociado» a España,[341] Rodríguez Zapatero, sin consultarlo previamente con el líder del PP Mariano Rajoy, anunció que estaba dispuesto a «dialogar» con ETA para poner fin al terrorismo si mostraba una clara disposición a abandonar la violencia.[342]
Casi un año después, el 22 de marzo de 2006, ETA anunciaba un «alto el fuego permanente» y que hablaría con el gobierno sobre el «fin de la violencia» si paralelamente se formaba una «mesa de partidos» que incluiría a la ilegalizada Batasuna y en la que se discutirían los temas «políticos» del «conflicto». La respuesta del PP ante estos hechos fue acusar al gobierno de haber roto unilateralmente el Pacto Antiterrorista de 2000 y a continuación lo sometió a un intenso acoso tanto en las Cortes —donde Mariano Rajoy llegó a acusar a Zapatero de «haber traicionado a los muertos»— como en la calle, apoyando la larga serie de manifestaciones contra la «rendición» ante ETA que convocó la Asociación de Víctimas del Terrorismo y que congregaron en Madrid a cientos de miles de personas.[343]
Sin embargo, la movilización contra el «proceso de paz», como lo llamaron sus defensores, no impidió que se iniciaran los contactos de los enviados del gobierno con la dirección de ETA, aunque pronto se comprobó que la banda terrorista no estaba dispuesta a abandonar las armas si no conseguía sus objetivos «políticos» —el reconocimiento del «derecho de autodeterminación» de Euskal Herria, que incluía también a Navarra—. Así para presionar al gobierno ETA intensificó la lucha callejera (kale borroka) y finalmente el 30 de diciembre de 2006 puso una bomba de gran potencia en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte de dos personas y enormes daños materiales. Un día antes del atentado el presidente Rodríguez Zapatero había manifestado públicamente su confianza en el éxito del «proceso de paz».[344]
El gobierno dio por «suspendido» el «proceso de paz», aunque aún mantuvo unos últimos contactos en los meses siguientes con la cúpula de ETA y de Batasuna, hasta que ETA anunció el 4 de junio de 2007 el fin de la tregua —las primeras víctimas mortales de la nueva oleada terrorista de ETA fueron dos guardias civiles asesinados en Capbreton, un pueblo del País Vasco francés, el 1 de diciembre de 2007—. La respuesta del gobierno fue volver a la presión policial y judicial contra ETA y Batasuna: la cúpula de Batasuna fue detenida y encarcelada, incluido su principal dirigente Arnaldo Otegi; el etarra José Ignacio de Juana Chaos perdió su prisión atenuada y volvió a la cárcel; se inició el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas —que en las elecciones autonómicas vascas de abril de 2005 había podido presentarse recogiendo el voto de Batasuna— y de Acción Nacionalista Vasca —que en las elecciones municipales y forales de mayo de 2007 había podido presentar candidaturas en la mitad de los municipios vascos y navarros, a pesar de que se sospechaba de que detrás se encontraba Batasuna—. Como respuesta ETA asesinó a sangre fría a un exconcejal socialista de la localidad guipuzcoana de Arrasate-Mondragón la víspera de las elecciones generales de marzo de 2008.[345]
«El proceso de paz, que en algunos aspectos no estuvo bien diseñado por parte del Gobierno, no dio los resultados esperados, pero generó las condiciones para que la izquierda abertzale decidiera distanciarse del terrorismo. La actitud dialogante del Gobierno y su disposición a explorar vías de solución mostró ante la sociedad vasca que el principal obstáculo para el final de la violencia era el cerrilismo de ETA y no el del Estado. ETA rompió el alto el fuego y lanzó una nueva oleada de violencia, aunque de alcance muy limitado comparada con la de 2000-2003. Las fuerzas de seguridad fueron muy eficaces en la desarticulación de los comandos: ETA, muy debilitada, no tuvo más remedio que seguir la apuesta por las vías pacíficas de su brazo político y retirarse del escenario poniendo fin al terrorismo».[346]
El «boom económico» y sus consecuencias
Cuando el PSOE llegó al gobierno se encontró con una economía en plena expansión, iniciada a mediados de los años noventa del siglo anterior. El ciclo expansivo continuó durante casi toda la legislatura obteniendo en algunos parámetros mejores resultados que en la «era de Aznar».[347]
El gobierno intentó que el crecimiento se basara en el aumento de la productividad, que se había estancado durante los gobiernos de Aznar, pero el Plan Nacional de Reformas aprobado en 2005, que incrementó la inversión en I+D, no tuvo el efecto que se esperaba, y la productividad sólo mejoró ligeramente. Por otro lado el gobierno no acometió la reforma fiscal que había prometido durante la campaña electoral.[348]
El espectacular crecimiento económico iniciado a mediados de la década anterior había sido posible por la presencia de cientos de miles de emigrantes procedentes de América Latina, el Magreb y Europa oriental —y que convirtieron a España en el principal foco de inmigración de la Unión Europea—. Pero la mayoría de ellos eran emigrantes sin papeles por lo que el gobierno decidió proceder a una «regularización» masiva a lo largo de 2005 que afectó a unas 700 000 personas que obtuvieron el permiso de residencia presentando un contrato de trabajo. El PP acusó al gobierno de que con la medida había provocado un «efecto llamada» de nuevos emigrantes que esperaban conseguir fácilmente la legalización de su estancia en España. Una vez acabada la gran regularización de 2005 —que también fue criticada por la Unión Europea ya que no se le había consultado— el gobierno decidió endurecer su política inmigratoria para evitar la entrada de nuevos «ilegales». La integración de los cuatro millones de emigrantes que habían llegado a España en los últimos 10 años —por lo que los extranjeros suponían ya casi el 10 % de la población— planteó un enorme reto para la sociedad española, pero no se produjeron graves incidentes racistas o xenófobos ni surgió un partido de extrema derecha populista o neofascista, lo que hizo de España una excepción en el contexto europeo —aunque el Partido Popular durante la campaña de las elecciones generales de marzo de 2008 utilizó el lema de «aquí no cabemos todos» para referirse al «problema» de la emigración—.
El fin de la «burbuja inmobiliaria» y el inicio de la «desaceleración» (2007-2008)
El principal «motor» del crecimiento económico en los años del «boom» fue el sector de la construcción, cuya progresión se vio favorecida por la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y por las decisiones de los Gobiernos de Aznar como la Ley del Suelo de 1998 y la desgravación fiscal por la compra de vivienda. El gobierno de Zapatero continuó con esta política: mantuvo la desgravación por vivienda y sólo en 2007 reformó la ley del suelo.[348]
La construcción de viviendas —en 2006 se alcanzó el cénit con el inicio de cerca de 800 000 viviendas nuevas— estaba motivada por el crecimiento de la demanda, pero gran parte de ella era el resultado de un movimiento especulativo en torno al «ladrillo» ya que muchas personas no compraban las viviendas para habitarlas sino para colocar sus ahorros esperando venderlas más tarde a un precio superior. Así fue como se alimentó la «burbuja inmobiliaria en España».[349]
Pero en el verano de 2007 el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos tuvo una inmediata repercusión en Europa y especialmente en España, donde los precios de la vivienda dejaron de aumentar, el sector de la construcción se paralizó y ello arrastró al conjunto de la economía que comenzó a a crecer a menor ritmo con el consiguiente incremento del desempleo —que en junio de 2007 había alcanzado mínimos históricos, al situarse la tasa de paro por debajo del 8 %—. La «desaceleración», como llamó el gobierno al inicio de la crisis, estuvo acompañada inicialmente de un aumento de la inflación, como consecuencia de la escalada de los precios del petróleo, de determinadas materias primas y de los alimentos. Así a partir del otoño de 2007 el debate político pasó a centrarse en la economía y se convirtió en el tema estrella de la campaña de las elecciones generales de marzo de 2008. Rodríguez Zapatero prometió que se alcanzaría el pleno empleo en la siguiente legislatura, lo que constituyó una «irresponsabilidad política» porque ya entonces existía «un cierto consenso en que la situación económica internacional iba a atravesar por dificultades y, por lo tanto, muchos esperaban que la evolución del empleo no fuera tan halagüeña como lo había sido en los años anteriores».[350]
La legislatura de la crisis (2008-2011)
Las elecciones generales de marzo de 2008
El PSOE revalidó su triunfo de 2004 en las elecciones generales de marzo de 2008 en las que superó los 11 millones de votos y obtuvo 5 diputados más que en 2004 (169 en total), aunque siguió sin alcanzar la mayoría absoluta.[351] Según el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, el PSOE ganó cerca de dos puntos porcentuales de voto respecto a 2004 gracias a «una activación considerable del voto de izquierdas».[352]
Por su parte, el PP creció en votos —sobrepasando los 10 millones— y en diputados (158), pero no logró su objetivo de desalojar a Rodríguez Zapatero del poder, por lo que el liderazgo de Mariano Rajoy fue cuestionado, abriéndose así una crisis interna que sólo se resolvió en el congreso del partido celebrado en junio en Valencia y en el que Rajoy salió reelegido al frente de un PP renovado. Crisis parecidas padecieron los otros dos grandes derrotados en las elecciones: Izquierda Unida (que se quedó con dos diputados) y Esquerra Republicana de Catalunya (que pasó de 8 a 3).[351]
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En esta ocasión Rodríguez Zapatero no quiso negociar ningún apoyo para lograr la investidura como presidente del gobierno, por lo que salió elegido únicamente con los votos de su partido el 11 de abril de 2008. El PP votó en contra, así como los 3 diputados de ERC, su antiguo aliado, y la diputada del nuevo partido Unión Progreso y Democracia Rosa Díez —una antigua dirigente socialista que abandonó el PSOE por estar en completo desacuerdo con la política territorial y antiterrorista de Rodríguez Zapatero—. Se abstuvieron CiU (10 diputados), PNV (6), Coalición Canaria (2), BNG (2) y Nafarroa Bai (1).
La crisis económica
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Tras las elecciones las perspectivas económicas no sólo no mejoraron sino que a partir de septiembre empeoraron notablemente como consecuencia del impacto de la crisis internacional desencadenada por la quiebra del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers. Así en lugar de avanzar hacia el «pleno empleo» como Rodríguez Zapatero había prometido en la campaña electoral, la economía española entró en recesión y el paro se disparó, inicialmente en el sector de la construcción —la burbuja inmobiliaria española también estalló— y luego en el resto. Como ha señalado Ignacio Sánchez-Cuena, «Zapatero y su Gobierno fueron engullidos por la crisis».[347] Los primeros y más afectados por el desempleo fueron los emigrantes que a menudo carecían de las redes sociales y familiares que actuaban de «amortiguadores».[353]
Inicialmente el presidente se negó a utilizar la palabra «crisis» y prefirió hablar de «desaceleración del crecimiento», lo que provocó «una ruptura entre Zapatero y una opinión pública que, por lo general, había apoyado anteriormente su gestión. Dicha ruptura se ahondó con los numerosos vaticinios económicos optimistas que hizo Zapatero y que fueron refutados una y otra vez por hechos tozudos que anunciaban una crisis más profunda de lo que el Gobierno estaba dispuesto a admitir».[354]
El gobierno se enfrentó a la crisis con medidas típicamente keynesianas de estímulo de la demanda, entre las que destacó el Plan Español para el Estímulo de la Economía, más conocido como «Plan E», aprobado a finales de 2008. Sin embargo, el PIB cayó en 2009 un 3,7 % y la tasa de paro superó el 20 % de la población activa, aunque algunos estudiosos estiman que sin el paquete de estímulo del gobierno la caída del PIB habría sido aún mayor.[355]
Como consecuencia del incremento del gasto para estimular la demanda y la caída de los ingresos a causa de la recesión, el déficit público se disparó hasta aproximarse al 10 % del PIB. El ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes defendió entonces la necesidad de aplicar medidas de ajuste para sanear las cuentas públicas pero el presidente Rodríguez Zapatero no estuvo de acuerdo por lo que Solbes abandonó el gobierno con la remodelación del gabinete del 7 de abril de 2009, siendo sustituido por Elena Salgado. Por esas mismas fechas el desempleo superaba la barrera de los cuatro millones de parados.[356]
Zapatero también se negó al principio a introducir las medidas de «flexibilización» del mercado de trabajo que le exigían los empresarios y ciertos grupos liberales. Como alternativa presentó la Ley de Economía Sostenible aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009. Se trataba de una «ley ómnibus» que se ocupaba de los más diversos temas con el objetivo de alcanzar un «patrón de crecimiento que concilie el desarrollo, económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales». Sin embargo, el proyecto de ley apenas tuvo repercusión entre la opinión pública, excepto el apartado conocido como la «Ley Sinde» que establecía el canon digital, y su tramitación parlamentaria fue extremadamente lenta por lo que no se aprobó hasta el 4 de marzo de 2011.[357]
Un mes antes de la dimisión de Solbes el Banco de España intervino la Caja Castilla-La Mancha que se encontraba técnicamente en quiebra, lo que puso en evidencia la fragilidad del sistema financiero, y sobre todo de las Cajas de Ahorro, lo que contradecía las afirmaciones del gobierno sobre su fortaleza y buena salud. Durante los años del «boom» las Cajas de Ahorro habían sido las principales financiadoras de constructoras y urbanizadoras y de sus clientes por lo que cuando la burbuja inmobiliaria española estalló en 2007-2008 se encontraron con que muchos de los créditos que habían concedido no iban a poderlos recuperar, creando un enorme agujero en sus cuentas. Para hacer frente a las dificultades ya no pudieron recurrir al mercado exterior como habían hecho hasta entonces a causa de la crisis internacional, por lo que restringieron el crédito, con el consiguiente impacto recesivo sobre la actividad económica, agravando con ello la crisis.[358]
Las cajas más expuestas al negocio del «ladrillo» se encontraron al borde de la bancarrota, por lo que el Banco de España impulsó la fusión de las más problemáticas con las más sanas para «limpiar» los balances junto con su «bancarización», al privatizarse su patrimonio dejando de ser entidades públicas. Así se pasó de las 45 cajas de antes de la crisis a 15 en 2010, pero el Estado tuvo que aportar dinero público a través del FROB para sanear algunas de ellas y hacer posible las fusiones. La más importante fue la de CajaMadrid y de la valenciana Bancaja, que dio nacimiento a Bankia, convertida en la tercera entidad financiera del país.[359]
El giro hacia las «políticas de ajuste» (mayo de 2010)
En los primeros meses de 2010 la difícil situación económica se agravó a causa del estallido de la crisis de la deuda soberana europea iniciada por la declaración de insolvencia de Grecia.[360] Enseguida la deuda del resto de los países de la zona euro que, como Grecia, presentaban un fuerte déficit en su balanza de pagos —fundamentalmente Irlanda y los países del sur, incluida España— comenzó a ser «atacada» en los mercados financieros con el consiguiente aumento de la prima de riesgo respecto del bono alemán, que era el título de referencia, y ello a pesar de que la deuda del Estado en España sólo representaba un 20 % de la deuda total –y hasta 2007 había mantenido unas cuentas saneadas—, mientras que el 80 % restante correspondía a las familias y a las empresas. Entonces los países acreedores de la zona euro, encabezados por Alemania, y con el apoyo del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, impusieron a los deudores la disminución de su gasto público para reducir el déficit presupuestario generado por la caída de los ingresos fiscales a causa de la recesión y por la aplicación de los paquetes de estímulo para salir de ella.[361]
En el caso de España el déficit público se había disparado hasta alcanzar el 11,2 % del PIB en 2009 a causa fundamentalmente de la caída de los ingresos que entre 2007 y 2010 se redujeron un 20,5 % —sobre todo por el descenso de la recaudación en el impuesto de sociedades—, con lo que la prima de riesgo de la deuda española empezó a crecer hasta situarse cerca de los 200 puntos básicos respecto del bono alemán. El ultimátum de las instituciones europeas al gobierno español para que redujera el déficit presupuestario se produjo en la reunión del Consejo Europeo del 9 de mayo de 2010. Tres días después, el 12 de mayo, el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero anunció en el Congreso una drástica reducción del gasto público por valor de 15 000 millones de euros. El «ajuste», que pretendía reducir el déficit público hasta en 3 % en 2014, consistió en la reducción de los sueldos de los funcionarios un 5 % de media, la congelación de las pensiones —excepto las no contributivas—, la eliminación del cheque-bebé, el recorte de 6000 millones en inversión pública y la reducción de las prestaciones previstas en la ley de dependencia. Se consumó así el giro de la política económica del gobierno socialista que asumió la tesis —o se vio obligado a asumirla pues no podía seguir aplicando políticas expansivas con la prima de riesgo subiendo—[362] de que las políticas de austeridad y de «reformas estructurales» eran las únicas posibles para salir de la crisis. El efecto inmediato de la nueva política de «ajuste» —también llamada de «consolidación fiscal»— fue cortar de raíz la incipiente recuperación y provocar el estancamiento de la economía y finalmente la caída en una nueva recesión a finales de 2011, con el consiguiente aumento del desempleo.[363] Aunque Zapatero consiguió evitar el rescate, a diferencia de Grecia, Irlanda y Portugal,[364] el cambio de orientación de la política económica «tendrá notables repercusiones en la imagen del gobierno Zapatero, ya deteriorada por su política errática de la crisis económica, y ahora gravemente lesionada».[365]
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La política de ajuste fue acompañada de la reforma de las Cajas de Ahorros —que eran las entidades de crédito más endeudadas como consecuencia del estallido de la «burbuja inmobiliaria»— y de la introducción de tres importantes «reformas estructurales» referidas al mercado de trabajo, a las pensiones y a la negociación colectiva, y que siguieron las directrices de las instituciones europeas, que las consideraban imprescindibles para salir de la crisis. El gobierno aprobó la reforma del mercado de trabajo en septiembre de 2010 con el propósito de hacerlo más «flexible» pero evitando al mismo tiempo el abaratamiento del despido, lo que no contentó ni a los sindicatos ni a la patronal —entre otras medidas se extendió el despido procedente, con una indemnización de 20 días por año trabajado, a los casos en los que las empresas que tuvieran pérdidas «actuales o previstas» y se estableció una duración máxima para los contratos de obra, para impedir que se utilizaran como contratos indefinidos sin los derechos que acarreaban éstos—. En cuanto a las pensiones, la nueva ley aprobada en junio de 2011 elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y amplió el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, además de aumentar de 35 a 38 años y medio el periodo de cotización para cobrar la pensión máxima. Por último, ante la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal el gobierno aprobó también en junio de 2011 un Real Decreto Ley que «flexibilizaba» el sistema de negociación colectiva.[366]
La nueva política económica fue muy criticada por los sindicatos y otros sectores de la izquierda sobre todo porque actuó sobre el gasto y dejó los ingresos sin tocar —los impuestos directos se mantuvieron como estaban y sólo se subió el tipo general del IVA del 16 al 18 %—. Así los sindicatos CC OO y UGT convocaron una huelga general para el 29 de septiembre de 2010, la primera desde que Zapatero estaba en el poder, y aunque tuvo un seguimiento desigual selló la ruptura de las buenas relaciones que habían mantenido hasta entonces las dos centrales sindicales mayoritarias con el gobierno.[367]
Las políticas de «ajuste» y las «reformas estructurales» emprendidas por el gobierno, sin embargo, no consiguieron aliviar la presión sobre la deuda pública cuya prima de riesgo siguió subiendo. En el verano de 2011 la situación se hizo insostenible y el Banco Central Europeo se decidió a actuar comprando deuda pública española e italiana —cuya prima de riesgo también se había disparado, como anteriormente la de Grecia, Portugal e Irlanda, lo que les había obligado a pedir el «rescate europeo»—.[368] A cambio el BCE, con el apoyo de Alemania, exigió nuevas «reformas estructurales» tanto a Italia como a España. La respuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero fue proceder rápidamente a la reforma del artículo 135 de la Constitución de 1978, en lo que contó con el inmediato apoyo del Partido Popular, para establecer el compromiso del Estado y de las Comunidades Autónomas de no «incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros». Según Ignacio Sánchez-Cuenca, esta reforma de la Constitución hecha a toda prisa y sin el debate público necesario «fue la decisión de Zapatero más cuestionable de toda su etapa de presidente».[369]
La percepción generalizada sobre la gestión económica del gobierno de Rodríguez Zapatero durante la «legislatura de la crisis» fue que había fracasado, a pesar de haber conseguido evitar el rescate. Esa percepción fue clave para la aplastante victoria del Partido Popular en las elecciones generales de noviembre de 2011.[370]
La crisis política
La profunda crisis económica se tradujo en una crisis política desde el momento en que la falta de confianza en la capacidad del gobierno para afrontarla se trasladó al toda la «clase política» y al conjunto del sistema. Como ha señalado Ignacio Sánchez-Cuenca, «cuando la tasa de paro se dispara y hay tanta gente sin ningún horizonte laboral, cunde el desánimo y la irritación que se canaliza a los políticos. […] Y lo mismo vale para el empobrecimiento de amplias capas de la población, los desahucios, la pobreza energética, la desnutrición infantil y otros problemas sociales que han surgido durante la crisis: todos ellos constituyen una razón muy poderosa para que el ciudadano se sienta fuertemente decepcionado con la política». A esto habría que añadir la extendida sensación de que la crisis se había cebado con los más débiles, y de que por tanto la distribución de los sacrificios estaba siendo injusta, y también la percepción de que los gobiernos eran impotentes ante los poderes financieros y las instituciones supranacionales que como el FMI, el BCE o la Comisión Europea no estaban sometidas a ningún control democrático.[371]
Otro factor para explicar la crisis política fueron los escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos bastantes políticos. En 2009 saltaba a la luz el caso Gürtel que afectó al Partido Popular, especialmente el de la Comunidad Valenciana —el presidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps tuvo que dimitir en julio de 2011, sólo tres meses después de haber vuelto a ganar las elecciones autonómicas valencianas, aunque luego fue declarado inocente por un jurado popular—, y el de la Comunidad de Madrid. Un año antes se había iniciado la instrucción del caso Palma Arena que afectó al PP de Baleares y en el que fue imputado el expresidente balear Jaume Matas, y del que derivó la imputación en 2011 del yerno del rey Iñaki Urdangarín, un caso que tuvo una enorme repercusión mediática y que hizo un daño enorme a la imagen de la monarquía —pasó de una valoración de 5,54 en 2008 a 4,89 en 2011, según el barómetro del CIS—. El PSOE también se vio afectado por los escándalos, siendo el de mayor repercusión el caso de los ERE de Andalucía cuya instrucción comenzó en marzo de 2011.[372][373]
La valoración del gobierno, de su presidente y del PSOE fue cayendo en las encuestas. Lo que García de Cortázar y González Vesga han llamado el «particular vía crucis del PSOE» comenzó en marzo de 2009 cuando se celebraron las elecciones a los Parlamentos gallego y vasco. Aunque en Euskadi el socialista Patxi López fue investido como lehendakari —gracias al apoyo de los diputados del PP—, en Galicia el Partido Popular encabezado por Alberto Núñez Feijoo consiguió la mayoría absoluta y desalojó del poder a la coalición PSG-BNG que había gobernado Galicia desde 2005. El retroceso socialista y el avance popular se confirmó en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, en las que el PP venció por primera vez al PSOE en unas elecciones generales desde 2004.[374]
La caída en la valoración del gobierno socialista hasta alcanzar valores ínfimos se produjo sobre todo después del giro de la política económica de mayo de 2010. Sólo en los cuatro meses siguientes se registró una pérdida de cuatro puntos en la intención de voto socialista.[375] La primera confirmación del desplome se produjo en las elecciones catalanas de noviembre de 2010 en las que el Partido de los Socialistas de Cataluña perdió nueve diputados, y el tripartit que llevaba gobernando Cataluña desde 2003 fue desalojado del poder por CiU gracias al apoyo del Partido Popular —el convergente Artur Mas sustituyó al socialista José Montilla al frente de la Generalidad—.[376]
A partir de entonces comenzó la presión de los dirigentes del PSOE para que Rodríguez Zapatero anunciara si se presentaría o no a las siguientes elecciones generales. El 2 de abril de 2011, mes y medio antes de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas, Zapatero comunicó que no sería el cabeza de lista en las próximas elecciones. Sin embargo, la renuncia de Zapatero no evitó el descalabro socialista ya que el PSOE se situó 10 puntos por debajo del Partido Popular.[370] El Partido Popular se hizo con el gobierno de 34 capitales de provincia, mientras que el PSOE sólo mantuvo nueve, además de la ciudades de Vigo y Hospitalet de Llobregat entre las ciudades de más de 250 000 habitantes. Y de las 13 comunidades en disputa sólo Asturias, Navarra y Canarias escaparon al control del Partido Popular, y de las tres únicamente Asturias fue gobernada por el PSOE. Posiblemente el triunfo más significativo del PP fue el de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que desde su constitución había estado gobernada por el PSOE y que ahora pasaba a presidirla la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Otro gobierno emblemático que obtuvo el PP fue el de Extremadura, en este caso gracias a la abstención de Izquierda Unida que se negó a apoyar al candidato socialista.[377]
Tras las elecciones municipales y autonómicas se abrió el proceso de primarias en el PSOE para que los militantes eligieran al candidato del partido a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones generales. Se presentaron el vicepresidente del gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba y la ministra de Defensa Carme Chacón, pero ésta se retiró cuando «se produjo una oscura e inquietante operación» para suspender las primarias y proclamar por aclamación a Rubalcaba.[378] Sin embargo, «a la vista de los [desastrosos] resultados del 20-N, no parece que el liderazgo de Rubalcaba consiguiera suavizar la derrota traumática y sin paliativos que ese día se produjo».[379]
El domingo anterior a la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, 15 de mayo de 2011, se produjeron manifestaciones de «indignados», en su mayoría jóvenes, en las principales ciudades españolas convocadas por la plataforma «¡Democracia Real Ya!». Al día siguiente un grupo de ellos decidió acampar en la puerta del Sol de Madrid, tomando como ejemplo la plaza Tahrir de El Cairo, cuya revuelta había iniciado la «primavera árabe» de Egipto. El desalojo por la policía no hizo sino aumentar el número de acampados que acabaron ocupando toda la plaza y consiguiendo una gran cobertura mediática nacional e internacional, además de que su ejemplo se extendió rápidamente a las plazas de muchas ciudades, como la plaza de Cataluña de Barcelona. Allí permanecieron durante varias semanas.[380]
Uno de los eslóganes más repetidos en las asambleas que celebraron los acampados fue el de «¡No nos representan!» en referencia a los grandes partidos políticos, con lo que «transmitían con gran contundencia la frustración de muchos ciudadanos ante las elites políticas y económicas del país».[381] Así nació el que sería conocido como el movimiento 15-M que entre otros objetivos se proponía acabar con los privilegios de los «poderosos», especialmente onerosos en el contexto de la crisis.[382] Fue, en fin, «una expresión de ira contenida y de crítica profunda a la democracia representativa de partidos políticos».[381]
La «cuestión territorial»: el desafío del independentismo en Cataluña y el fin de ETA
Otro elemento importante de la crisis política fue el espectacular crecimiento del independentismo en Cataluña especialmente a raíz de la publicación a finales de junio de 2010 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006,[383][384] que después de cuatro años de deliberaciones supuso un duro golpe a las aspiraciones del nacionalismo catalán en temas tan sensibles como la identidad «nacional», la lengua, la administración de justicia o la posibilidad de disponer de una Hacienda propia. El 9 de julio de 2010 se celebró en Barcelona una gran manifestación de rechazo a la sentencia con el lema Som una nació, nosaltres decidim, a la que acudieron todos los partidos catalanes excepto el Partido Popular y Ciutadans, y que derivó en un plebiscito a favor de la independencia. Durante la misma el presidente de la Generalidad, el socialista José Montilla, se vio obligado a abandonar la manifestación entre fuertes medidas de seguridad presionado por grupos independentistas radicales. Cuatro meses después se celebraron las elecciones al parlamento catalán que ganó CiU y su líder Artur Mas fue investido como nuevo presidente de la Generalidad.[383][385]
En el País Vasco el parlamento aprobó por estrecho margen el proyecto del lehendakari Juan José Ibarretxe de convocar una consulta sobre el «derecho a decidir» del «pueblo vasco» pero fue anulada por el Tribunal Constitucional. Como respuesta el gobierno vasco convocó una manifestación en Bilbao para el mismo día en que estaba previsto realizar la consulta, el 25 de octubre de 2008, bajo el lema «Sí a Eukalherria. Sí a la paz. Sí a decidir». Al año siguiente se celebraron las elecciones al parlamento vasco en las que no se pudo presentar ningún grupo de la izquierda abertzale y en las que el Partido Socialista de Euskadi-PSOE formó gobierno gracias al apoyo de los diputados del Partido Popular. Así por primera vez desde la recuperación de la democracia, el PNV fue desalojado del poder y un político no nacionalista vasco, el socialista Patxi López, ocupó la presidencia del gobierno vasco.[386]
El cambio de gobierno en Euskadi, la salida de las instituciones de los grupos herederos de Batasuna y la eficaz lucha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra ETA —en menos de dos años fueron detenidos todos los miembros de la dirección que había impuesto en 2007 la ruptura de la tregua—, entre otras razones, obligaron a la izquierda abertzale a replantearse su estrategia política. Así en febrero de 2010, Batasuna presentó un primer documento en el que apostaba por un «proceso democrático en ausencia de violencia», que fue seguido de la llamada «Declaración de Bruselas» en la que un grupo de intermediación internacional encabezado por el abogado sudafricano Brian Currin hizo un llamamiento a ETA para que declarara un alto el fuego permanente.[387]
Tras el primer intento fallido con Sortu, la izquierda abertzale consiguió el aval del Tribunal Constitucional para la coalición Bildu que había formado con otras fuerzas, por lo que pudo presentarse a las elecciones municipales y forales de mayo de 2011 y en las que consiguió muy buenos resultados —la alcaldía de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa, pasaron a estar presididas por un miembro de Bildu—.[388]
El 20 de octubre, a un mes de las elecciones generales españolas en las que la izquierda abertzale se presentaba dentro de la coalición Amaiur, ETA anunciaba el abandono definitivo de la «lucha armada» lo que abrió un nuevo escenario político en el País Vasco.[389] Según Ignacio Sánchez-Cuenca, el fin del terrorismo constituyó «uno de los mayores logros de Zapatero» conseguido gracias al «proceso de paz» iniciado en la legislatura anterior que, a pesar de que ETA rompió la tregua, puso las condiciones para que la izquierda abertzale apostara por la vías pacíficas y para que ETA quedara aislada, lo que finalmente le condujo al cese definitivo de la violencia. En este sentido, Sánchez Cuenca afirma que «el Gobierno acabó con el terrorismo de ETA».[346] Sin embargo, Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga, advierten que «la gestión del final de ETA queda... muy abierta por el cambio de gobierno en Madrid, la falta de una declaración explícita de disolución de la banda y la complejidad jurídica y emocional para encontrar un arreglo aceptable a los presos y a la integración del abertzalismo en la vida política».[390]
La segunda etapa de gobierno del Partido Popular (2011-2014)
Las elecciones de noviembre de 2011
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Ante la pérdida de apoyos a su gobierno, el presidente Rodríguez Zapatero decidió adelantar las elecciones generales previstas para marzo de 2012 al 20 de noviembre de 2011. El resultado fue una victoria aplastante del Partido Popular que consiguió la mayoría absoluta —186 diputados, tres más que en la anterior mayoría absoluta del PP en las elecciones de 2000— mientras que el PSOE registró el peor resultado de todo el reinado de Juan Carlos I pues sólo logró 110 diputados, perdiendo 59 de los que obtuvo en las elecciones de 2008.[370] El PSOE fue «víctima de la oleada conservadora, que arrasó en feudos socialistas en anteriores comicios, y de la huida en masa de los votantes izquierdistas, muchos de los cuales se refugiaron en la abstención o dirigieron sus esperanzas a IU», encabezada por Cayo Lara, que obtuvo 11 diputados. Las mayores sorpresas de las elecciones la constituyeron la UPyD de Rosa Díez que consiguió 5 diputados, la coalición vasca Amaiur —formada por Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba y la izquierda abertzale, ya presente en Bildu— que consiguió otros seis escaños con un programa de defensa del derecho de autodeterminación de Euskadi, y CiU que creció de 10 a 16 diputados, desplazando al PSC como partido más votado en Cataluña.[391]
Los socialistas, los grandes perdedores de las elecciones, celebraron a principios de febrero de 2012 en Sevilla el XXXVIII Congreso del PSOE en el que Alfredo Pérez Rubalcaba resultó elegido secretario general por estrecho margen —sólo consiguió 22 votos más que su rival Carme Chacón, de un total de 956 delegados—.[392]
La crisis económica y la contestación social
El 20 de diciembre de 2011 el líder del PP Mariano Rajoy fue investido presidente del gobierno. Nada más constituirse, el nuevo gabinete, con Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta y portavoz y con Luis de Guindos y Cristóbal Montoro al frente de los ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administración Pública, respectivamente, acordó una fuerte reducción del gasto público para controlar el déficit presupuestario —que superaba el 8 % del PIB, por encima del límite pactado por Rodríguez Zapatero con la Comisión Europea—, continuando así con las políticas de ajuste del gobierno anterior y con las «reformas estructurales», la más importante de las cuales fue la reforma laboral diseñada por la ministra de empleo Fátima Báñez y aprobada por el gobierno en febrero de 2012.[393] La reforma laboral fue rechazada por los sindicatos que convocaron una huelga general para el 29 de marzo de 2012, que fue seguida siete meses después por la huelga general europea de 2012.
Para reducir el déficit el gobierno no sólo recortó el gasto público —los sueldos de los funcionarios siguieron congelados así como las oposiciones, por lo que no se cubrirían las jubilaciones; se recortaron los beneficiarios de la Ley de dependencia; no se aumentó el salario mínimo interprofesional; se disminuyeron las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronales; etc.— sino que también acordó subidas de impuestos en contra de lo que había prometido en la campaña electoral. En cuanto a las pensiones decretó un mínimo aumento de 1 %, para diferenciarse de la congelación decidida por el gobierno de Zapatero en mayo de 2010.[394]
Las políticas de ajuste tuvieron un efecto negativo en la actividad económica provocando la segunda recesión de la crisis económica española de 2008-2014 que tuvo mayor duración que la primera de 2009, ya que abarcó desde el último trimestre de 2011 hasta el segundo de 2013, lo que se tradujo en un aumento del desempleo en un millón de personas desde que el PP comenzó a gobernar —de 5 273 600 parados en diciembre de 2013, un 22,85 % de la población activa, se pasó al récord histórico de 6 202 700 parados en marzo de 2013, situándose la tasa de paro en el 27,1 % y la tasa de paro juvenil en el 57,22 %—.
En abril de 2012 el gobierno anunció un recorte adicional del gasto en educación y sanidad de 10 000 millones de euros, lo que levantó las protestas de los sectores afectados. El 22 de mayo de 2012 tenía lugar la primera huelga educativa general de la historia de España. Sólo tres días después, el 25 de mayo, se conoció que Bankia, nacionalizada dos semanas antes, necesitaría una inyección de 19 000 millones de euros de dinero público para ser saneada, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema bancario español. El 9 de junio el ministro de economía Luis de Guindos anunciaba que España iba a pedir un rescate financiero a la Unión Europea por un valor máximo de 100 000 millones de euros para sanear las cajas de ahorros con problemas, aunque se negó a utilizar el término «rescate» y prefirió el de «crédito en condiciones muy favorables». Lo mismo hizo el presidente Mariano Rajoy en su intervención del día siguiente que utilizó el término «línea de crédito».
A pesar de todo, las duras políticas de ajuste y de «reformas estructurales» aplicadas por el gobierno no consiguieron detener la escalada de la prima de riesgo que en julio de 2012 superó los 600 puntos básicos respecto del bono alemán, un nivel que hacía prácticamente imposible la financiación de la deuda española en los mercados, por lo que parecía inevitable que el gobierno pidiera el «rescate europeo» como habían hecho ya Grecia, Irlanda y Portugal.[395] El 11 de julio el presidente Rajoy dijo en el Congreso de los Diputados:[396]
Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo; o rechazar los sacrificios y renunciar a todo.
Sin embargo, el 26 de julio de 2012, ante el peligro de colapso de toda la zona euro —la prima de riesgo de Italia también se había disparado, y España e Italia eran 'demasiado grandes para caer', too bif to fail— intervino el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi para asegurar que el BCE iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para sostener el euro, comportándose por fin como prestamista en última instancia —las palabras de Draghi fueron: «el BCE hará todo lo necesario para sostener el euro. Y, créanme, eso será suficiente»—. Inmediatamente la presión de los mercados sobre la deuda se relajó y las primas de riesgo española e italiana comenzaron a descender, alejándose la amenaza del rescate.[397]
El «desafío soberanista» de Cataluña
Junto a la crisis económica, el otro gran problema al que tuvo que hacer frente el gobierno de Mariano Rajoy fue el «desafío soberanista» de Cataluña. El crecimiento del independentismo catalán tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que motivó una gran manifestación de rechazo celebrada en Barcelona el 9 de julio de 2010 bajo el lema Som una nació, nosaltres decidim, se puso claramente en evidencia en la gran manifestación convocada en Barcelona el 11 de septiembre de 2012, Diada de Cataluña, con el lema Catalunya, nou estat d'Europa y organizada por la autodenominada Asamblea Nacional de Cataluña. Dos semanas después el Parlament de Cataluña aprobaba una resolución en la que instaba al gobierno la celebración de una «consulta» en la que «el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo». A continuación el presidente de la Generalidad Artur Mas adelantó en dos años las elecciones al parlamento de Cataluña previstas para 2014 y éstas se celebraron el 25 de noviembre. Aunque CiU perdió algunos diputados, tanto Esquerra Republicana como Iniciativa per Cataluña aumentaron su representación parlamentaria, y además la CUP entró en el Parlamento con tres diputados, por lo que se configuró en el Parlamento de Cataluña una mayoría «soberanista». Así el 23 de enero de 2013 el Parlamento aprobó la «Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña» cuyo artículo primero anuló el Tribunal Constitucional al año siguiente. El 11 de septiembre de 2013 una gran cadena humana unió de norte a sur el territorio de Cataluña en la que se llamó la «Vía Catalana hacia la Independencia» y tres meses después los partidos defensores de la «consulta» acordaron la pregunta y la fecha de la misma, fijada para el 9 de noviembre de 2014. En enero de 2014 el parlamento de Cataluña aprobó una moción por la que se solicitaba al Congreso de los Diputados la cesión de la competencia para la celebración del referéndum, pero el 8 de abril la petición fue rechazada por el pleno por una abrumadora mayoría.
En cuanto a la crisis política, la llegada al poder del Partido Popular no mejoró la percepción ciudadana sobre la política. En noviembre de 2012 el barómetro del CIS indicaba que el porcentaje de personas bastante o muy satisfechas con el funcionamiento de la democracia en España era inferior al 30 % cuando diez años antes, gobernando también el Partido Popular —pero en un periodo de fuerte crecimiento económico— estaba cercano al 60 %.[398] Asimismo muchas de las instituciones políticas sufrían una fuerte caída en la valoración de la opinión pública como los partidos políticos, el gobierno, el Congreso de los Diputados, los sindicatos y las organizaciones empresariales, todas ellas por debajo de la nota de 3 (en una escala de 0 a 10), según el barómetro del CIS de 2013, y de la que no se libraba la monarquía valorada con un 3,68.[399]
La abdicación del rey Juan Carlos I
La implicación del yerno del rey Iñaki Urdangarín en el escándalo de corrupción conocido como el caso Nóos causó un daño enorme a la imagen de la monarquía, como reflejaron inmediatamente las encuestas —la monarquía pasó de una valoración de 5,54 en 2008 a 4,89 en 2011, según el barómetro del CIS—.[372][373] La primera reacción oficial de la Casa del Rey se produjo el 12 de diciembre de 2011, cuando la casa real manifestó su «respeto absoluto al trabajo de jueces y fiscales en esta instrucción» y decidió apartar a Urdangarín de los actos oficiales debido a que su comportamiento «no ejemplar».[400] En el Mensaje de Navidad el rey habló de que la «justicia es igual para todos». Cuatro días después Undargarín era imputado y entre el sábado 25 y el domingo 26 de febrero de 2012 tuvo que declarar ante el juez en Palma de Mallorca.
Otro duro golpe para el prestigio de la Monarquía se produjo dos meses después, cuando el 14 de abril de 2012 se supo que el rey Juan Carlos se había roto la cadera en una cacería de elefantes en Botsuana —a la que había ido en compañía de una «entrañable amiga», la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein— y que había sido trasladado urgentemente a Madrid para ser operado. Mientras que ni el Partido Popular, ni el PSOE hicieron ningún comentario sobre el accidente, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmó que «el Rey está demostrando una falta de ética y respeto a mucha gente en este país que está sufriendo mucho». La noticia desató una enorme polémica lo que obligó al rey a pedir disculpas cuando abandonó la clínica.«Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir», dijo, disculpa sin precedentes desde que comenzara su reinado, y calificada como un episodio absolutamente nuevo en toda la historia de la realeza.[401]
A principios de abril de 2013 el caso Urdangarín dio un nuevo giro cuando la propia infanta Cristina de Borbón y Grecia fue imputada por el juez del caso Nóos. Finalmente el auto fue revocado por la Audiencia de Palma de Mallorca, la implicación de la infanta tuvo un gran impacto en la opinión, junto con un descrédito generalizado hacia todas las instituciones del Estado, como consecuencia de la grave crisis económica del país y los numerosos cargos políticos y sindicales implicados en casos de corrupción,[402] se puso de manifiesto en el resultado del barómetro del CIS del mes de mayo en el que la Monarquía empeoró su nota (obtuvo un 3,68, en una escala de 0 a 10). Dicha encuesta mostró una desafección popular hacia todas las instituciones del Estado, siendo la corona la institución política mejor valorada.[403]
El 21 noviembre de 2013 el rey fue operado de nuevo de la cadera. Era la tercera intervención quirúrgica en menos de un año, y la novena de los últimos cinco. En el primer acto oficial en que intervino, la celebración de la Pascua Militar del 6 enero de 2014, apareció cansado y desmejorado, como nunca antes le había sucedido. Sólo un día después, el juez del caso Noos, José Castro Aragón, volvía a imputar a la infanta Cristina de Borbón por blanqueo de capitales y delito fiscal, pero en esta ocasión su abogado, Miquel Roca, decidió no recurrir y anunció que la infanta se presentaría a declarar en el juzgado de Palma de Mallorca. La comparecencia se produjo el 8 de febrero en medio de una gran expectación mediática nacional e internacional. El impacto en la opinión pública lo volvió a reflejar el barómetro del CIS de mayo en el que la Monarquía volvió a suspender con una nota de 3,72 —nota levemente mejor que la obtenida un año antes—; aunque obteniendo una valoración superior con respecto al resto de la instituciones políticas de España: los partidos políticos (suspendidos con un 1,8), los sindicatos (suspendidos con un 2,5), los gobiernos (tanto los autonómicos como el estatal, con un 3 y 2,4 respectivamente), etc...[403]
El lunes 2 de junio de 2014 Juan Carlos I anunciaba su abdicación, tras casi treinta y nueve años de reinado. La decisión la había tomado cinco meses antes, el 5 de enero, día de su cumpleaños, y se la había comunicado al presidente del gobierno Mariano Rajoy el 31 de marzo.[404] En el mensaje televisado en el que comunicó su decisión aseguró que «el Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación».
El mismo día en que el rey hizo pública su decisión de abdicar, hubo concentraciones en varias ciudades a favor de la República convocadas a través de las redes sociales por Izquierda Unida, Equo, Podemos, y otras organizaciones de izquierda. La más numerosa fue la de la puerta del Sol de Madrid, donde, como en otros lugares, se pidió la convocatoria de un referéndum para decidir la forma de gobierno. Las concentraciones se volvieron a reproducir el sábado 7 de junio. En una encuesta publicada por el diario El País al día siguiente el 62 % de los entrevistados se mostró favorable a que «en algún momento» se convoque «un referéndum para que los españoles digan si prefieren que España siga siendo o no una Monarquía», mientras que el 34 % se manifestó en contra; aunque el estudio también manifestaba que la mayoría, un 49,9 %, votaría favorablemente la continuidad de la monarquía encarnada en Felipe VI frente a un 36 % que se opondría. La misma encuesta valoraba positivamente a Felipe de Borbón dándole una nota de 7,3 sobre 10 y mostraba que el 83 % aprobaba la abdicación del rey.[405]Una encuesta realizada por la La Sexta reveló que el 53,1 % de los españoles es favorable a la continuidad de la monarquía frente a un 36 % que se decanta por la república; asimismo el 63,1 % esta a favor de que el príncipe Felipe herede la corona frente al 32 % que está en contra.[406][407] El diario El Mundo publicó una encuesta, en donde se recogía que la abdicación ha mejorado la imagen de la Corona, pasando de un apoyo del 49,9 % a un 55,7 % a favor de la continuidad de la institución monárquica. La encuesta también muestra un aumento y apoyo entre los diferentes votantes de los distintos partidos políticos hacia la Corona: aumentando del 77,7 % al 80,3 % entre los votantes del PP, del 45,2 % al 52,7 % entre los votantes del PSOE y del 14,1 % al 22,6 % entre los votantes de IU.[408]
La reivindicación del referéndum sobre la forma de gobierno volvió a aparecer en el debate que se celebró en el Congreso de los Diputados el 11 de junio para aprobar la ley orgánica de abdicación. Reivindicación que fue presentada y respaldada por las formaciones que votaron en contra de dicha ley: los 19 escaños que sumaban Izquierda Unida-Izquierda Plural, Geroa Bai, Compromís, Nueva Canarias, Esquerra Republicana de Catalunya y BNG (estos dos últimas partidos solicitaban además el derecho de autodeterminación para Cataluña y Galicia). Frente a estos, la ley orgánica de abdicación contó con el voto favorable de la inmensa y abrumadora mayoría de los escaños del congreso: 299 diputados del PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. El resto de grupos como CiU, PNV, Coalición Canaria, así como el diputado del PSOE Odón Elorza, que sumaban 23 escaños se abstuvieron.[409][410] El 17 de junio la ley fue aprobada por el Senado, siendo firmada por el rey Juan Carlos el 18 de junio, lo que constituyó el último acto oficial de su reinado. Al día siguiente, Felipe VI era proclamado Rey por las Cortes.
Referencias
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- ↑ Tusell, 1997, p. 13. "Tarancón hizo una alabanza de Franco a su entrega, pero también mencionó sus inevitables errores y realizó una meridiana alusión a la necesidad de serenidad y tacto"
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- ↑ Tusell, 1997, p. 16-18. "[El rey] era consciente de que el primer gobierno de la monarquía había de ser de transición"
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- ↑ Tusell, 1997, p. 26-27. "[Los dirigenes de la oposición] fueron conscientes de que el marco ideal para la transición –un Gobierno provisional de consenso o un referéndum previo antes de iniciarse todo el proceso de transformación– distaba mucho de ser posible
- ↑ Ruiz, 2002, p. 25.
- ↑ Ruiz, 2002, p. 27. "Fue un discurso de contenido sustancialmente diferente… del pronunciado por el rey medio año antes en Madrid ante los procuradores de las Cortes con motivo de su proclamación"
- ↑ a b c d Tusell, 1997, p. 30.
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- ↑ a b c Ruiz, 2002, p. 35.
- ↑ Juliá, 1999, p. 223.
- ↑ Juliá, 1999, p. 224. "La opinión pública sufrió un vuelco espectacular: si en octubre de 1976, sólo se declaraban a favor de la legalización del PCE un 25 por 100 de los españoles, mientras otro 35 se manifestaba en contra, en abril de 1977 la proporción se había más que invertido: 55 a favor contra sólo un 12 por 100 en contra"
- ↑ a b Juliá, 1999, p. 224-225.
- ↑ a b Juliá, 1999, p. 225.
- ↑ Juliá, 1999, p. 222-223. "Suárez culminaba así la primera fase de una transición legal de la Dictadura a la Democracia, con la neutralización de la capacidad de bloqueo de sus adversarios, el desplazamiento de legitimidad hacia la Corona y al gobierno, la derogación de hecho de las Leyes Fundamentales, la disolución de las instituciones de la Dictadura y la paulatina incorporación de la oposición a un proceso controlado desde el gobierno"
- ↑ a b c d e Tusell, 1997, p. 42.
- ↑ a b Juliá, 1999, p. 226.
- ↑ Juliá, 1999, p. 226-227.
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- ↑ a b Ruiz, 2002, p. 37-39. Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; el nombre «FOOTNOTERuiz200237-39» está definido varias veces con contenidos diferentes - ↑ Tusell, 1997, p. 52.
- ↑ Ruiz, 2002, p. 39.
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- ↑ Juliá, 1999, p. 233-235. "Olvidar es no recordar lo ocurrido; echar al olvido es olvidarse voluntariamente, enfrentarse al pasado para llegar a la conclusión que no determinará el futuro"
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- ↑ Juliá, 1999, p. 252.
- ↑ Ruiz, 2002, p. 56.
- ↑ [[#CITAREFRuiz2002"Y veinte años después de su dimisión, en declaraciones a algunos medios de comunicación, Adolfo Suárez volvió a reiterar que fueron la crisis de su propio partido, el acoso del PSOE y la defensa de la monarquía de Juan Carlos I los que le habían llevado a presentar la dimisión, descartando la influencia de los aún entonces poderes fácticos, como el ejército, la banca y los empresarios de la CEOE"|Ruiz y 2002, "Y veinte años después de su dimisión, en declaraciones a algunos medios de comunicación, Adolfo Suárez volvió a reiterar que fueron la crisis de su propio partido, el acoso del PSOE y la defensa de la monarquía de Juan Carlos I los que le habían llevado a presentar la dimisión, descartando la influencia de los aún entonces poderes fácticos, como el ejército, la banca y los empresarios de la CEOE"]], p. 57-58.
- ↑ Tusell, 1997, p. 75. "A estas alturas Adolfo Suárez sabía que despertaba una oposición creciente no sólo entre sus adversarios sino también entre sus propios seguidores. Se daba cuenta de sus limitaciones. Le perdió su falta de formación, que le hacía temer el debate, su desconfianza, su exceso de osadía y sus consejeros, que nunca fueron los mejores. El presidente no fue empujado a dimitir por el monarca, ni por los poderes económicos, ni por el Ejército. Lo que en realidad le sucedió a Suárez fue que se derrumbó psicológicamente después de una estancia en el poder de cinco años superando unas circunstancias gravísimas. Tuvo la suficiente grandeza moral como para aceptar esta situación y expresarla con sinceridad ante sus compatriotas"
- ↑ Juliá, 1999, p. 252-253.
- ↑ Tusell, 1997, p. 82. "El nombre de Leopoldo Calvo Sotelo para la Presidencia del Gobierno fue sugerido por el mismo Suárez. Colaborador estrecho de éste, el nuevo presidente nunca se adscribió a una tendencia en el seno de UCD. […] Inteligente, culto y hábil e incluso mordaz parlamentario, Calvo Sotelo parecía más derechista que Suárez, pero también más sólido que él"."
- ↑ Ruiz, 2002, p. 64.
- ↑ a b Juliá, 1999, p. 253.
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- ↑ Juliá, 1999, p. 254-255.
- ↑ Ruiz, 2002, p. 65. "La condena de los principales golpistas brindaría por primera vez a los demócratas españoles, desde los tiempos del general Sanjurjo en 1932, la posibilidad de presencias la subordinación del poder militar al civil, cumpliéndose de ese modo con el precepto constitucional"
- ↑ a b c Tusell, 1997, p. 84.
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- ↑ Tusell, 1997, p. 112. "En realidad, no hubo más que algunos signos superficiales de esta actitud [neutralista] como, por ejemplo, recibir a Yasir Arafat o enviar representación a la conferencia de países convocada por Fidel Castro en La Habana"
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- ↑ Juliá, 1999, p. 261. "Se ha atribuido a las elecciones de octubre de 1982 un efecto religitimador de la Democracia y se ha visto en ellas el fin del proceso de la transición política. En verdad, las elecciones cortaron en seco la tendencia hacia una creciente abstención y despejaron todas las dudas respecto al nivel de legitimidad que la Democracia pudiera disfrutar entre los españoles"
- ↑ Ruiz, 2002, p. 71-72.
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- ↑ Juliá, 1999, p. 270-271. "El resultado de las urnas, que le permitía gobernar por tercera vez sin necesidad de coaliciones, debe atribuirse en buena medida a la reluctancia de los electores a votar un partido que aparecía anclado en la derecha, y para muchos en la extrema derecha, del mapa político"
- ↑ Ruiz, 2002, p. 85; 93-94.
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- ↑ Powell, 2002, p. 597-598.
- ↑ Powell, 2002, p. 602-603. "El fracaso del lehendakari, cuya iniciativa había suscitado el malestar de algunos sectores de su propio partido por considerarla excesivamente fiel al Estatuto, marcó también el final de su carrera política".
- ↑ Powell, 2002, p. 603-605.
- ↑ a b García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 643-644.
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- ↑ a b Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 97-98.
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- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 695-696.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 45-46.
- ↑ Sánchez-Cuenca , 2012, p. 76-79.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 91-92. "De haberlas llevado a cabo [las políticas expansivas] la prima de riesgo se habría elevado aún más en el corto plazo y España habría acabado intervenida como Irlanda y Portugal. Las exigencias de las instituciones europeas y, muy especialmente, de Alemania, más las presiones del FMI y otros organismos internacionales, impedían cualquier política económica que no fuera la austeridad. […] [Aunque] el Gobierno podía al menos haber hecho oír su voz en las instituciones europeas, proponiendo alternativas y estableciendo alianzas estratégicas con otros países"
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, p. 80-82.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 92.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 711.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 84-87.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 711-712.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 87-90. "La limitación constitucional del déficit impide que los Gobiernos puedan llevar a cabo políticas contracíclicas en tiempos adversos. Supone, en este sentido, una restricción ideológica al principio de autogobierno, pues deben ser los ciudadanos y no la Constitución quienes decidan si quieren tener Gobiernos que en época de crisis llevan a cabo políticas de estímulo o no. Teniendo en cuenta que la política monetaria está ya en manos de un banco central independiente, una limitación constitucional del déficit supone abdicar casi completamente de la política económica"
- ↑ a b c Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 93.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 15-18.
- ↑ a b Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 67-71.
- ↑ a b García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 706-707.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 712-713.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 98-99. "Durante la segunda legislatura hubo un vuelco en la opinión pública. Unos se distanciaron ideológicamente del partido en el Gobierno, acusando a este de haber tirado por la borda los principios progresistas en la gestión de la crisis. Otros juzgaron que los miembros del Gobierno no estaban bien preparados para resolver los problemas económicos, o al menos que los del PP lo estaban mejor. Las dudas sobre la coherencia ideológica del PSOE y sobre su capacidad minaron sus apoyos electorales"
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 713.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 714-715.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 100-101. "El resultado de esta maniobra política fue que las reglas del partido y la democracia interna quedaron hechas añicos"
- ↑ Sánchez-Cuenca , 2012, pp. 101.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 704-705.
- ↑ a b Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 64.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 103-105.
- ↑ a b Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 97.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 72.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 699-700.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 702-703.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 703.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 703-704. "Aunque el comunicado se quedó corto por la ausencia de un compromiso de disolución y entrega de las armas, después de cincuenta años de terrorismo y 857 asesinatos, puede decirse que constituye un claro testimonio de la victoria de la democracia frente a la sinrazón de la violencia y el totalitarismo"
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 704.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 716-717.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 101. "La elección de Rubalcaba marca el final de la etapa de Zapatero en un sentido muy especial. Al representar Rubalcaba la política de los años de Felipe González, el periodo de Zapatero aparece como un paréntesis en la historia del partido, como si fuera una anomalía que hubiera que rectificar devolviendo el poder a un político de la etapa anterior"
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 717-718.
- ↑ García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 718-720.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 58.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 19-20.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 57-58. "Que se resolviera de forma tan sencilla y barata el problema de las primas de riesgo pone de manifiesto lo absurdo de las políticas que se han venido siguiendo en los países periféricos para ganarse la confianza de los inversores… Si las [palabras de Draghi] las hubiera pronunciado dos años antes, los países más afectados podrían haberse librado de los penosos sacrificios que se vieron forzados a realizar y que tan magros resultados han producido hasta el momento"
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 65-66.
- ↑ Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 66-68.
- ↑ «La Casa Real aparta a Urdangarín por su comportamiento «no ejemplar»». 15 de diciembre de 2011.
- ↑ «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir': rey Juan Carlos». 18 de abril de 2014.
- ↑ [1]
- ↑ a b «La Monarquía es la institución política mejor valorada, aunque su puntuación se queda al 3,77 de confianza. Los partidos políticos suspenden con el 1,8; el Gobierno, con el 2,4; los sindicatos, con el 2,5; los Parlamentos autonómicos, con el 2,9; los Gobiernos autonómicos, con el 3; el Consejo General del Poder Judicial, con el 3,3; y el Tribunal Constitucional, con el 3,3».«LA INSTITUCIÓN POLÍTICA MEJOR VALORADA». 13 de junio de 2014.
- ↑ Luz Sánchez Mellado, "La retirada del rey cansado", El País, 2 de junio de 2014
- ↑ "La mayoría desea decidir 'en algún momento' sobre la Monarquía", El País, 8 de junio de 2014.
- ↑ El 53% de la población prefiere una Monarquía parlamentaria frente al 36;%, según el barómetro de laSexta
- ↑ Mayoría de españoles quieren la monarquía
- ↑ La Corona gana apoyo y el 73% cree que Felipe VI será buen Rey
- ↑ Fernando Garea, "El Congreso da luz verde a Felipe VI", El País, 12 de junio de 2014.
- ↑ partidos presentan cinco enmiendas contra la ley de abdicación y piden un referéndum
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