Nacionalidades históricas de España

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Nacionalidades históricas en España.      Nacionalidad histórica      Nacionalidad histórica, pero sin estatuto durante la república      Comunidad histórica      Resto de CCAA

Nacionalidad histórica ,[1] o simplemente nacionalidad,[2] es un término recurrente en la política española usado para designar a aquellas comunidades autónomas con una identidad colectiva, lingüística o cultural diferenciada del resto del Estado.

Las «nacionalidades» en la Constitución de 1978[editar]

«Nación» y «nacionalidad»[editar]

La mayoría de los ponentes de la Constitución interpretaron, durante el debate de ésta en el Congreso de los Diputados, que el concepto constitucional «nacionalidad» es sinónimo de «nación»:

El concepto de nación no se puede acuñar a voluntad; no basta una particularidad lingüística, étnica o administrativa; sólo la suma de un gran territorio compacto, de tradición cultural común y con proyección universal; una viabilidad económica; una organización política global, probada por siglos de Historia, sólo eso constituye una nación. Y no es el momento de volver sobre el hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo.

Manuel Fraga

Pero, centrándonos ya en el tema «nacionalidades», tengo que decir que nosotros no participamos del catastrofismo con que se enfoca en la enmienda que combatimos y en la inteligente intervención que el señor Silva ha hecho para defender su posición. Primero, nosotros hemos dicho en Comisión, y lo afirmamos de nuevo aquí, que el término «nacionalidad» es un término sinónimo de nación, y por eso hemos hablado de España como nación de naciones.

Gregorio Peces-Barba

Nación de naciones es un concepto nuevo, es un concepto -se dice- que no figura en otros Estados o que no figura en otras realidades, quizá sí; pero es que, señores, ayer ya se decía que nosotros tendremos que innovar.

Y no es necesario; en los procesos de pura asimilación histórica no se trata de saber si los otros han resuelto de una o de otra manera sus propios problemas. Lo que estamos intentando es encontrar soluciones propias a los problemas propios.

El ignorar que el problema de las nacionalidades ha mantenido en vilo la estabilidad democrática de las instituciones españolas, desde hace centenares de años, es un grave error.
Miquel Roca

Se define, en consecuencia, que España es una nación de naciones, y éste es un término que no es extraño en nuestra reflexión política y teórica como han demostrado algunos historiadores. Me refiero al senador catalán Josep Benet, que ha escrito un sugestivo artículo sobre el tema, ni es un término que política y sociológicamente sea tampoco tan extraño.

Jordi Solé Tura

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional determina que el concepto de nación y nacionalidad no son sinónimos, declarando que la carta magna sólo admite una nación, que es la nación española.[3] [4]

la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Española(...)En el contexto del Estado democrático instaurado por la Constitución, es obvio que, como tenemos reiterado, caben cuantas ideas quieran defenderse sin recurrir a la infracción de los procedimientos instaurados por el Ordenamiento para la formación de la voluntad general expresada en las leyes (por todas, STC 48/2003, de 12 de marzo). Y cabe, en particular, la defensa de concepciones ideológicas que, basadas en un determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediando la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica. En tanto, sin embargo, ello no ocurra, las normas del Ordenamiento no pueden desconocer ni inducir al equívoco en punto a la «indisoluble unidad de la Nación española» proclamada en el art. 2 CE, pues en ningún caso pueden reclamar para sí otra legitimidad que la que resulta de la Constitución proclamada por la voluntad de esa Nación, ni pueden tampoco, al amparo de una polisemia por completo irrelevante en el contexto jurídico-constitucional que para este Tribunal es el único que debe atender, referir el término «nación» a otro sujeto que no sea el pueblo titular de la soberanía.

Sentencia 2010[5]

Se puede precisar la significación de nacionalidad como una realidad social preexistente, que refuerza el carácter peculiar histórico-cultural de unos determinados territorios con una idiosincracia fuertemente arraigada, en lo que se ha venido a denominar hechos diferenciales, frente a otros que son región.[6] Lo que sí es seguro es que el autorreconocimiento de nacionalidad frente al de región comporta una relevancia de cáracter político, sin otorgarle privilegios jurídicos, lo que significa que nunca podría ser el criterio para reflejar posibles diferencias organizativas, competenciales o de participación en las decisiones del Estado y compartiendo ambos términos su pertenencia a la nación española y su carencia de potestad soberana.[7]

El ordenamiento constitucional[editar]

La Constitución Española de 1978 reconoce la existencia de regiones y nacionalidades, y les concede la autonomía sin establecer diferencias administrativas entre ellas.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Constitución española de 1978#GGC11C

No se puede considerar sinónimas (aun a pesar de determinados enfoques ideológicos), nacionalidades históricas con Comunidades Autónomas históricas, que son aquéllas que obtuvieron su autonomía por el artículo 151 de la Constitución Española de 1978 ("vía rápida"), dado que ya habían iniciado un proceso de constitución en la II República: Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía emplearon el procedimiento rápido regulado en dicho precepto constitucional y se constituyeron en Comunidades Autónomas con un alto nivel de competencias. El resto de las Comunidades Autónomas (exceptuando a Navarra, que lo hizo por un camino particular de acuerdo a su régimen foral) se constituyeron por el procedimiento señalado por el artículo 143 de la Constitución ("vía lenta"), que les impone la limitación temporal de 5 años para poder reformar sus Estatutos y ampliar las competencias asumidas.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Constitución española de 1978#GGC11C

El artículo 151 de la Constitución Española permitía el acceso a la autonomía de aquellas regiones que en el pasado hubieran votado algún proyecto de Estatuto de Autonomía y en el momento de promulgarse la Constitución tuvieran regímenes preautonómicos:

En los casos de Aragón (en 1936) y la actual Comunidad Valenciana (en 1937) se establecieron Gobiernos regionales autónomos en un contexto "revolucionario", durante la Guerra Civil, pero no existe consenso como para ser considerados precedentes legales. El caso de Aragón es singular. Se organiza el Congreso pro Autonomía de Aragón (similar, por cierto, al que ya impulsara en 1921 Gaspar Torrente en Barcelona, del que salió la aprobación de unas Bases del Estatuto de Autonomía). En Caspe, se elige una comisión encargada de redactar un Estatuto de Autonomía que se ultimaría en junio de 1936 y que se iba a presentar y debatir en el Congreso de los Diputados, frenado al estallar la guerra civil.

Estas nacionalidades no tuvieron más límite que el del artículo 149 de la Constitución para la atribución de competencias políticas y administrativas desde un primer momento, mientras que el resto de las comunidades tuvieron que esperar un período de cinco años a partir de la aprobación de su Estatuto de Autonomía. Este plazo constitucional fue evadido, en los casos de Canarias y Valencia con leyes orgánicas fundamentadas en el artículo 150 de la Constitución Española, consideradas por la mayoría de la doctrina como de más que dudosa constitucionalidad.[8] Este hecho ha dado lugar a que se denominen Estatutos o Autonomías de "vía rápida" o de "vía lenta", refiriéndose respectivamente a los ya mencionados artículos 151 y 143. En el caso de la Comunidad Valenciana,[9] aunque accedió a la autonomía por el artículo 143, es decir, por vía lenta, se le equiparó competencialmente en menos de un año a las comunidades históricas con la aprobación de una ley específica para tal fin,[10] es decir, por vía rápida.

La extensión del concepto de «nacionalidad»[editar]

Con la nueva etapa de reformas estatutarias iniciada con el Plan Ibarretxe en 2003, el concepto de nacionalidad se basa en motivaciones histórico-culturales en vez de motivaciones legalistas, puesto que comunidades como Aragón, Islas Baleares o Canarias ya incluyen en sus proyectos de reforma de sus respectivos Estatutos el reconocimiento como nacionalidad, a pesar de no haber dispuesto anteriormente de autonomía durante la Segunda República Española. En 2006 se reforma el Estatuto de Autonomía Valenciano, con nuevas competencias, y en la que se declara la Comunidad Valenciana como nacionalidad histórica en el primer artículo.

Otras comunidades autónomas no han accedido al nivel de competencias de las nacionalidades históricas anteriormente mencionadas, aunque existen diversos partidos políticos y colectivos que reivindican este calificativo para estas comunidades junto a la igualación en el nivel de competencias. Tal es el caso de Asturias o Castilla (como unidad de las actuales comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y la Comunidad de Madrid).

Otro caso reconocido en la Constitución es el reconocimiento de regiones diferenciadas históricamente, al mismo nivel que las nacionalidades citadas. Tal es el caso de Navarra, constituida como "Comunidad Foral" y que posee un mayor grado de autonomía que el resto de las comunidades autónomas, en virtud de los derechos históricos reconocidos a los territorios forales en la disposición adicional primera de la Constitución, siendo también distinto al resto de las comunidades su proceso de constitución.

Las comunidades autónomas que incluyen en su Estatuto de Autonomía un autorreconocimiento como nacionalidad o nacionalidad histórica,[11] y que por tanto son legalmente reconocidas como tales, son Andalucía (1981 y 2006), Aragón (1996 y 2007),[12] Islas Baleares (1983 y 2007), Canarias (1996), Cataluña (1979 y 2006), Comunidad Valenciana (2006), Galicia (1981) y País Vasco (1979).

Referencias[editar]

  1. Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (reformado en 2006, edición de las Cortes Valencianas) (PDF). Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares ([1]).
  2. Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981 ([2]) Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 ([3]), Reforma de Estatuto de las Islas Canarias ([4])
  3. [5]
  4. [6]
  5. [7]
  6. «Revista juridica».
  7. Pueblo,Nacionalidades y Regiones[8]
  8. "Las fuentes del derecho" Javier Pérez Royo, Tecnos, Editorial S.A., 2007 - 229 páginas
  9. Proyecto de Ley del Estatuto de Autonomía del País Valenciano Página informativa y archivos (pdf) del Congreso de los Diputados, sobre la tramitación del proyecto de Ley del Estatuto de Autonomía del País Valenciano y aprobación final del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1982
  10. Ley Orgánica de Transferencia de Competencias de Titularidad Estatal a la Comunidad Valenciana, abreviadamente, LOTRAVA.
  11. Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas Españolas ([9]) Estatuto de Autonomía de Cataluña ([10])
  12. Estatuto de Autonomía. Cortes de Aragón (http://www.cortesaragon.es/fileadmin/templates/fich/LO5.07.pdf)

Enlaces externos[editar]