Ley para la Reforma Política

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda
Leyes Fundamentales del Reino
(1938–1977)

COA Spain 1945 1977.svg

Ley para la Reforma Política
Ratificación: En referéndum el 15 de diciembre de 1976
Entrada en vigor: Enero de 1977
Otras: Fuero del Trabajo
Ley Constitutiva de las Cortes
Fuero de los Españoles
Ley del Referéndum Nacional
Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado
Ley de Principios del Movimiento Nacional
Ley Orgánica del Estado

La Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977 de 4 de enero) fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes Franquistas, recibiendo el apoyo de 435 de los 531 procuradores (81% a favor), y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976, con una participación del 77% del censo y un 94,17% de votos a favor. Tenía el carácter de Ley Fundamental, siendo la última de las Leyes Fundamentales del Reino del franquismo.

Antecedentes[editar]

Siete asociaciones políticas, constituidas al abrigo de la ley de Arias Navarro, para dar cauce en democracia al llamado franquismo sociológico, fundaron el 9 de octubre de 1976 un nuevo partido político, Alianza Popular (AP), Sus líderes eran Manuel Fraga (Reforma Democrática), Licinio de la Fuente (Democracia Social), Federico Silva (Acción Democrática Española) , Laureano López Rodó (Acción Regional), Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española), Enrique Thomas de Carranza (Unión Social Popular) y Cruz Martínez Esteruelas (Unión Nacional Española).[1] Para frenar esta tendencia, hubo en AP veleidades de provocar con sus votos negativos la dimisión de Adolfo Suárez, José María de Areilza y Pío Cabanillas fundan el Partido Popular.

Tanto Adolfo Suárez como Torcuato Fernández Miranda estaban dipuestos a disolver las Cortes Españolas en el supuesto de encontrar oposición ya que se había cumplido su mandato.[2]

Tras la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros se presenta ante el Consejo Nacional del Movimiento, siendo aprobado el 16 de octubre por 80 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones. Este organismo prologaba su propia disolución:

"... El Proyecto de Ley presente, que pretende y que busca, preferencialmente, que la mayoría popular se constituya en instancia decisoria de la reforma, sólo incardinando en el órden político vigente puede encontrar fuente y base para su legítimo planteamiento..."

Contenido[editar]

La Ley para la Reforma Política fue el instrumento jurídico que permitió articular la Transición española del régimen dictatorial del General Franco (una dictadura que provenía de la Guerra Civil Española) a un sistema constitucional democrático (una monarquía parlamentaria tal como se definió por la Constitución española de 1978 tras las elecciones generales de 1977).

El origen de esta trascendental ley se encuentra en el vigente régimen legal en el año 1975. España estaba regida por un sistema normativo pseudo-constitucional que se encontraba en las Leyes Fundamentales del Reino y en los Principios Fundamentales del Movimiento. Entre unas y otros sujetaban el modelo de Estado franquista. En estos textos legales se incluían, además, los procedimientos para enmendarlos o reformarlos. Esta fue la forma que recomendó Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino para pasar de un régimen autoritario a otro de libertades respetando las leyes vigentes. Desde esa perspectiva, la nueva norma sería una especie de octava ley fundamental del franquismo, que cumpliera la idea de Fernández-Miranda de avanzar hacia la democracia de "de la ley a la ley a través de la ley", lo que evitaría vacíos de norma, que derivaran en una inestabilidad política. El resultado final constituyó una "voladura controlada del régimen".[3]

"... El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado..." "... Si el objeto de la consulta se refiere a materia de competencia de las Cortes y éstas no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referendúm, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones..."

Artículo quinto.

La reforma[editar]

El Gobierno de Adolfo Suárez no encontraba una fórmula viable para impulsar la urgente reforma del sistema franquista, a pesar de los esfuerzos que realizaron Manuel Fraga y Alfonso Osorio con sendos proyectos de reforma. El tiempo se echaba encima y las prometidas reformas hechas a los grupos de oposición democrática no llegaban por la fuerte oposición del llamado búnker. Éste no era sino la representación gráfica del sector inmovilista franquista que veía como se trataba de desmantelar el régimen. Por tal motivo, desde los organismos de poder que controlaban, Consejo Nacional del Movimiento, Consejo del Reino y Cortes Españolas, mantenían una durísima resistencia a cualquier cambio.

Así pues, el Presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda redactó un breve texto articulado con su correspondiente exposición de motivos, entregándolo a Adolfo Suárez. Durante el proceso de estudio y aprobación por parte del Consejo de Ministros se retocan algunos detalles y se varía la exposición de motivos que, tras el informe del Consejo Nacional del Movimiento, y antes de su presentación a las Cortes es suprimida definitivamente .

Trámite parlamentario[editar]

Tras la defensa del proyecto por parte de Miguel Primo de Rivera y Urquijo, quien expresó que era indiscutible que la autoridad de Franco había que sustituirla por otra autoridad política y, sobre todo de Fernando Suárez en nombre de la ponencia, y diferentes y argumentados discursos en contra por parte de procuradores.

Votación[editar]

El proyecto se sometió a votación a las 21:35 horas del 18 de noviembre de 1976 (a pocas horas del primer aniversario de la muerte de Franco —20-N de 1975—) con el resultado de 425 votos a favor, 59 votos en contra y 13 abstenciones. Esta votación y la consecuente aprobación de la Ley para la Reforma Política se conoce como el «hara-kiri de las Cortes franquistas».

Sin embargo, la historiografía posterior ha contribuido a desmitificar esta equívoca afirmación que parecería sugerir la renuncia voluntaria a esa misma línea de legitimidad franquista que nunca dejó de vertebrar el curso y discurso político de los asistentes a Cortes y aún del ejecutivo encabezado por Adolfo Suárez. Frente al cerramiento de minúsculos sectores del búnker o de Alianza Popular, atrincherados en posiciones integristas más puramente suicidas, el sí dado a la Ley para la Reforma Política constituyó la adopción de una senda políticamente definida al margen de la autodenominada como oposición democrática (esto es, la Platajunta o Coordinación Democrática), que permitió reconducir la transición desde posiciones aún más asimétricas. Un fortalecimiento que además se permitió el lujo de maquillarse en esa hipérbole de la inmolación programática, convirtiéndose en una ordalía casi poética de un régimen que se entregaba a sí mismo como víctima primero irredenta y luego propiciatoria hacia una democracia intachable.[4]

Votaron en contra los siguientes procuradores:

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. Francisco Moreno Sáez PARTIDOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE DURANTE LA TRANSICIÓN (1974-1982)
  2. Por Decreto 1823/1975, de 31 de julio, se prorroga la X Legislatura de las Cortes Españolas (1971-1977) hasta el 30 de junio de 1977 (BOE nº 183, de 1 de agosto de 1975)
  3. Frase de Javier Pérez Royo.
  4. Sobre la desmitificación de este y otros episodios, acúdase a GALLEGO, Ferran, El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Crítica, Barcelona, 2008, Pág. 472-482.

Enlaces externos[editar]