Caso Filesa
El llamado caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura.
Esta financiación ilegal consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente. Muchos de los cargos fueron retirados porque en el momento de los supuestos hechos delictivos no existía el delito tipificado como "finaciación irregular" de los partidos políticos.
[editar] Investigación
Fue realizada por Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo. El 5 de mayo de 1995, el juez instructor del “caso Filesa” dictó auto de conclusión del sumario contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De la investigación se desglosó posteriormente el Caso Ave.
[editar] Juicio
Comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a 12 (José María Sala y Grisó, Carlos Navarro Gómez, Luis Oliveró Capellades, Alberto Flores Valencia, Aida Álvarez Álvarez, Miguel Guillermo Molledo Martí, Luis Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias Díaz, Julio Calleja González Camino, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio García Mansilla y Diego Ramos Ramos) por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.
La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de que el instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique Bacigalupo. José María Sala, condenado a tres años de prisión cumplió sólo dos de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional.
