Corrupción urbanística en España

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La corrupción urbanística es el abuso del poder de los cargos públicos vinculado a la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con objeto enriquecimiento ilícito.

Sus causas son muchas y muy diversas, y un punto clave es la financiación de los ayuntamientos. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos[1] se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central.

Competencias urbanísticas[editar]

Las competencias urbanísticas es España vienen estipuladas en la Constitución Española, en su artículo 148:

... permite a las comunidades autónomas asumir competencias en materia de ordenación de territorio, salvando los derechos estatales dictaminados en el Art 146 de la constitución Española.

Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

  • Ordenación del territorio, urbanismo y viviendas
  • Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. ...


Intentos de cambio en la Ley de Suelo[editar]

La Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional modificó el régimen de competencias en materia de urbanismo en España, siendo el pistoletazo de salida a la asunción de dichas competencias por parte de las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional, en sentencia del 20 de marzo de 1997, derogaría casi en su totalidad la ley de 1990/92. Los recursos presentados por varias Comunidades autónomas se basaban en que la ley invadía sus competencias sobre ordenación del territorio.

Recae de nuevo toda la responsabilidad sobre las comunidades Autónomas, generando los nuevos planes urbaniticos en su territorio, sin que el Estado tenga potestad sobre ellos, quién a partir de ahora solo legislará en materia de valoraciones, para así mantener la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos.[2] Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa[cita requerida] de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años.

La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces o más, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo.[3] Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.

La consecuencia indeseada es que, al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.[4]

La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2.006 señaló: “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.

Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el Informe Auken[5] (elaborado por la eurodiputada verde danesa Magrete Auken) elaborado tras 5 años de estudios con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. Este informe (aunque no vinculante) pedía, entre otras cosas a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, recordaba que la Comisión [...] está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión y criticaba los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales. La aprobación del Europarlamento se llevó a cabo a pesar de la campaña de los partidos mayoritarios españoles PP y PSOE en su contra.[6] [7]

Casos denunciados[editar]

Actualmente se investigan judicialmente los siguientes casos de corrupción urbanística.[8]

Andalucía[editar]

Hotel El Algarrobico (Almería).

Almería

  • Carboneras: El 10 de mayo de 2007 el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, comunicó que la Junta de Andalucía va a comprar los terrenos sobre los que se asienta el hotel ilegal El Algarrobico, y los terrenos adyacentes con el fin de restaurar la playa del Algarrobico para devolverla, en la medida de lo posible, a su estado original (situada en el Par). El hotel era el primero de lo que estaba proyectado como un complejo de ocho hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf. Su construcción se inició gracias a una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, en base a una modificación municipal que convirtió en urbanizable una playa virgen situada a cuatro kilómetros del casco urbano.[14]. En junio de 2.012, el TSJ de Andalucía, restableció la zona como Suelo Rústico de Especial Protección, denegando la clasificación de suelo urbanizable otorgada por la Junta de Andalucía.[15]
  • Casares: El ex-alcalde de este municipio fue detenido en mayo de 2012, en relación a una trama de corrupción urbanística. [16]
  • Ohanes: Juan Antonio Sierra PSOE fue imputado en 2009 por presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Se publicó un vídeo, según él, un montaje, en el que aparecía recibiendo dinero de un promotor a cambio de la licencia de primera ocupación de una promoción de viviendas.[9] [10]
  • Sorbas: En el año 2008, el juez imputó al Alcalde de Sorbas y representante del PP en la Diputación Provincial, por dos delitos de prevaricación urbanística, al permitir la ejecución de 8 viviendas en suelo no urbanizable, enfrentándose a una pena de dos años y medio de prisión.[18] En el año 2012, el juicio fue aplazado, por no haberse notificado el señalamiento de un imputado. [19]
  • Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable. El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, Tomás Zurano, también presidente del grupo inmobiliario 'Dizu' y que integró el Comité de Expertos para la redacción del programa electoral del PSOE de Almería en las pasadas elecciones autonómicas, es una de las seis personas detenidas por su presunta implicación en la la trama urbanística de Zurgena (Almería). [20] El alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, fue detenido por la Guardia Civil en una operación coordinada con el Fiscal de Medio Ambiente de Almería que investiga desde hace más de un año diferentes delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. También fue detenido el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, también del Partido Andalucista, el arquitecto municipal Carlos Berbel, además del arquitecto técnico y un constructor de la comarca de la Almanzora.[21]

Cádiz

  • Chiclana:En la operación policial "Obra Nueva", agentes de la Guardia Civil desmatelaron un entramado formado por técnicos del Ayuntamiento y agentes inmobiliarios. Los autores de la trama se acercaban a los propietarios de parcelas de zonas como El Marquesado, el Pinar de los Franceses o Los Gallos (parajes urbanos no consolidados) y se ofrecían a gestionar la venta del terreno. Para ello, el propietario les entregaba un poder notarial que les daba vía libre para actuar. Así, dividían la finca en parcelas y emitían un certificado garantizando la existencia de varias viviendas que en realidad no existían, aunque en los documentos figuraba que tenían más de cuatro años de antigüedad. De este modo conseguirían eludir responsabilidades penales o económicas, puesto que el delito había prescrito. El arquitecto imputado, había ya sido condenado por el mismo delito con anterioridad. [22].
  • Los Barrios: En Enero de 2012 fue imputado por delito urbanístico el Alcalde de Los Barrios Jorge Romero, y cuatro de sus ediles por un presunto delito urbanístico cometido en el año 2006. [11] . Se da la circunstancia de que fue condendo también a dos años de inhabilitación por un delito contra los derechos cívicos al ocultar información a la oposición. [12] [13]
  • Puerto de Santa María: El juzgado número 3 del municipio del Puerto de Santa María ordenó las detenciones de cinco imputados por un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio. Entre los detenidos figuran el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez (del grupo Independientes Portuenses) y el actual jefe del servicio de licencias urbanísticas del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell. [23]Fueron condenados a ocho años de inhabilitación en el año 2009, por el derribo de un edificio protegido del Si. XVII, mientras que los promotores, padre e hijo fueron condenados a año y medio de cárcel.[14]

Málaga

  • Alcaucín: La Guardia Civil detuvo el 28 de febrero de 2009 a 13 personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en las provincias andaluzas de Málaga y Huelva[24]. El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados. Además entre los detenidos estaban, dos hijas del alcalde y José Mora, jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. A los detenidos se les imputó por parte de la Fiscalía, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa, según la información facilitada por la Guardia Civil. La 'operación Arcos' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La investigación, en la que colaboró activamente el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.
  • Alhaurín el Grande: En la llamada Operación Troya, el alcalde Juan Martín Serón, y el concejal de urbanismo, ambos del PP, fueron detenidos bajo los cargos de cohecho y prevaricación. La juez decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Otras 18 personas, en su mayoría empresarios de la construcción, han sido detenidas bajo la imputación inicial el delito de cohecho.[15] Por tales hechos, el Alcalde de Alhaurín fue condenado a un año de inhabilitación para cargo público. [16]
  • Almáchar: El juez imputó al Presidente de la Diputación, y anterior Alcalde de Almachar, el delito de prevaricación omisiva, al permitir la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Están imputados en la causa, además de Fernández España, un ex técnico municipal del Ayuntamiento de Almáchar y otras tres personas, todas ellas por acción u omisión en la edificación de varias viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable entre 2003 y 2007.[25]
  • Estepona: El ex-alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), tuvo que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Caso Malaya. Barrientos tuvo que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas. [26]
  • Marbella: En Octubre de 2013, más de 40 personas fueron condenadas en el marco de la Operación Malaya a diversas penas de cárcel en un macro-proceso que se inició en el año 2006. Miguel Angel Roca, cerebro de la trama amasó un patrimonio irregular de más de 100 millones de euros[17] . El mismo Roca reconoció en el juicio que recibió los pagos de los empresarios y que repartió una parte de esas mordidas entre los ediles para “mantener la cohesión” del gobierno tripartito del Grupo Independiente Liberal (GIL), el PSOE y el Partido Andalucista que derrocó en agosto de 2003 al exalcalde Julián Muñoz, en una moción de censura. Dicho municipio fue descrito por el Ministerio Fiscal como "la corrupción generalizada".[18] [19] [20]
  • Mijas: Se dieron casos de corrupción, tanto en la concesión del Hipódromo, [27], como en la ejecución de la Urbanización "El Chaparral".[28].[21]

Granada

  • Armilla: El ex-alcalde, Jose Antonio Morales Cara, y el ex-edil de urbanismo de dicho municipio, fueron condenados a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística referido con la construcción de un centro comercial en el término municipal de dicho municipio.[22]

Sevilla

  • Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.[29]

Aragón[editar]

Zaragoza

  • Zaragoza: El vicealcalde de Zaragoza, así como varios Ex-Consejeros del Gobierno de Aragón, como Carlos Escó, ex-viceconsejero de obras publicas (ya imputado en otro proceso del mismo caso); los exconsejeros socialistas del Gobierno de Aragón Alberto Larraz y María Teresa Verde. Completan la lista el empresario Fernando Casasnovas; José Luis Rodrigo, que fue representante de Ibercaja en el Consejo de Administración; José Luis Abad Martínez, exconsejero delegado de la Sociedad Pública Zaragoza Alta Velocidad; y Agustín García Inda, secretario general técnico de Educación.[23]
  • La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado. El 18 de marzo de 2009, la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, fueron detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística, llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular. [30] [24] . En este tiempo, el juez que instruye el caso ha llegado a imputar a 43 personas, entre ellas la exalcaldesa de esta localidad María Victoria Pinilla, su marido y dos de sus hijos. [25]

Baleares[editar]

  • Palma Arena: El pabellón polideportivo de Palma Arena, sufrió un desfase presupuestario de más de 60 millones de euros (de 48 a 110 millones de euros),[26] por lo que la Fiscalía Anticorrupción sostiene su principal acusación en el caso Palma Arena, la de la malversación de caudales públicos, basándose en el peritaje técnico elaborado a petición del juez José Castro por los actuales responsables del Consorcio para la Construcción del velódromo palmesano.[27]
  • Caso Can Domenge: 25. Julio 2013. La expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar está condenada a 6 años de cárcel en una sentencia pendiente de revisión por el Tribunal Supremo.[29]

Canarias[editar]

  • Firgas: El alcalde, Francisco Ponce, fue condenado en 2002 a 9 años de inhabilitación por un caso de prevariación, estando pendiente en otro caso por irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas. [30]
  • Telde: En el año 2006 se destapó una presunta trama de financiación ilegal del PP, entonces en la Alcaldía, a través del trato de favor a ciertas empresas de construcción amigas y de la que se beneficiaron presuntamente el alcalde Francisco Valido y los concejales Toñi Torres, Carmelo Oliva y María del Carmen Castellano, además de numerosos técnicos municipales.[31]
  • Santa Cruz de Tenerife:  En 2007 Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, fue imputado formalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por la expropiación, recalificación y posterior venta de los terrenos en torno a la playa de las Teresitas. El Tribunal Supremo en mayo de 2007 anuló la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas por ser «contraria al ordenamiento jurídico». La Intervención General de la Administración del Estado en un informe calificó esta operación como «pelotazo de libro».[32] Asímismo, el mismo Alcalde, Miguel Zerolo junto con el Teniente de Alcalde, fué condenado en Julio de 2014, a ocho años de inhabilitación para cargo público por la prevaricación en la adjudicación irregular de unas obras en un edificio municipal. [33]

Cantabria[editar]

  • Castro Urdiales: A mediados de enero de 2010 el juez imputó a un total de 32 personas, entre concejales, funcionarios, empresarios y técnicos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.[35]
  • Piélagos: A finales de febrero de 2011 el juzgado de lo penal número dos de Santander ha condenado al alcalde a prisión e inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística, cuya consecuencia ha sido la orden de demolición de casi 400 viviendas en cinco urbanizaciones de Liencres y el Alto del Cuco.[36]

Castilla-La Mancha[editar]

Albacete

  • Chinchilla de Montearagón. Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, denunciaron la urbanización a realizar en el término municipal de Chinchilla, y conocida como La Losilla, de más de 2.000 viviendas con campo de golf, por considerarla una modificación encubierta del Plan de Ordenación Municipal de Albacete.[37] Así mismo, Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, por haber concedido licencias de edificación sin carecer de los correspondientes permisos para el abastecimiento de agua potable.[38]
  • Alcalá del Júcar: En Octubre de 2014 la Alcaldesa de la citada localidad declaró como imputada ante la Guardia Civil, por el delito de prevaricación. [39]
  • Albacete: Los tribunales anularon, a raíz del Contencioso Administrativo interpuesto por Izquierda Unida, los presupuestos del año 2.006, al no destinarse el dinero generado por los convenios urbanísticos a su fin de comprar suelo para ejecutar vivienda protegida.[40] En abril de 2.012, treinta y siete trabajadores del Ayuntamiento de Albacete fueron condenados en sentencia ratificada en el TSJ de Castilla la Mancha, a devolver honorarios injustamente cobrados y que ascendían a más de 300.000 euros.[41]
  • Elche de la Sierra: La la alcaldesa socialista Carmen Ruiz Escudero, y de su teniente de alcalde, Juan Carlos Belmonte Merenciano, con registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado 14 de noviembre de 2008, presentaron su dimisión, tras ser imputados por las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Hellín por prevaricación urbanística continuada en el municipio[42] [43]
  • Munera: En Diciembre del año 2011, la exalcaldesa de este municipio, L.M. fue condenada a siete años de inhabilitación por el delito de prevaricación en la adjudicación de una obra de alumbrado público.[44]
  • Villarrobledo: El alcalde de Villarrobledo y presidente de la Diputación provincial, Pedro Antonio Ruiz Santos, junto con los once concejales del PSOE en el consistorio roblense fueron acusados por el juez del Juzgado de Instrucción nº2 de Villarrobledo por la aprobación en pleno municipal del acuerdo marco 2007-2011 que incluía un incremento retributivo para los funcionarios «por encima de lo que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el 2%». El Alcalde el alcalde tiene pendientes 14 procesos judiciales, todos por actuar en contra del personal laboral, y los más significativos con «dos por acoso laboral y uno por la subida de sueldo del 31% a cerca de 12 empleados del organismo autónomo Miguel de Cervantes» [45]

Toledo

  • Chozas de Canales: El ex-alcalde de Chozas de Canales (Toledo), Ignacio Pitaluga, del PSOE, y otros cinco concejales de la anterior corporación, entre ellos una tránsfuga del P, fueron acusados por dos presuntos delitos de prevaricación, uno de tipo urbanístico y otro de índole administrativa. Los seis encausados estaban acusados, tras la querella presentada por el siguiente alcalde, D. Julián Agudo (PP), de tratar de legalizar en 2009 mediante un acuerdo plenario una urbanización, la denominada Z-9, a pesar de haber sido anulada previamente por el Tribunal Superior de Justicia, para lo cual se sirvieron del voto de una tránsfuga del PP, a la que le luego le aprobaron un sueldo.[46] [47] Por tales hechos, el ex-Alcalde D. Ignacio Pitaluga fue condenado en enero de 2014 a un año y seis de inhabilitación para cargo público. [48]
  • Fuensalida: En Noviembre de 2006, El Fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, José Javier Polo, ordenó al Juzgado de Instrucción Decano de Torrijos la incoación de diligencias previas contra el alcalde de Fuensalida (Toledo), Víctor Fernández, por un supuesto delito de prevaricación, sobre la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos y coacciones. [49] [50] [51]
  • Ocaña: El 19 de septiembre de 2009, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Toledo, declaró ilegal un Programa de Actuación Urbanizadora aprobado por el Ayuntamiento, tras recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Se da la circunstancia de que existían informes desfavorables de la Secretaría municipal y en el propio acta de la sesión en la que se adoptó el acuerdo se reconoce el desaguisado.[52]
  • Portillo: En Abril de 2008, El alcalde de Portillo, Luis Gómez Rodríguez (PP), fue condenado a ocho años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. Además, el juez de lo Penal número 1 de Toledo condenó por los mismos hechos a siete años de inhabilitación a cinco concejales del equipo de Gobierno de la anterior corporación. El caso arrancó el 23 de diciembre de 2003 cuando el pleno de la corporación de Portillo aprueba el PAU-UE 18 con la adjudicación de la ejecución y la aprobación de un convenio urbanístico, ya que el mismo contravenía la legislación urbanística vigente. [53]
  • Seseña: El Juzgado número 4 de Illescas anunció la apertura de juicio oral contra el Alcalde de Seseña, D. José Luis Martín, acusado junto a sus hijos de un delito de prevaricación y blanqueo de capitales. Desde el Ministerio Fiscal se pidió la pena de siete años de inhabilitación para cargo público, debido al delito de prevaricación, además de cuatro años de prisión y una multa de más de 2 millones de euros por la pena de blanqueo. [54] [55]


Cuenca

  • Cuenca: El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía de la institución "tienen conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse responsabilidades penales y contables.[31]
  • Sisante: Noticias Quatro grabó un presunto soborno para conseguir la adjudicación de un polígono industrial en el municipio. [32]


Ciudad Real

  • Fontanarejo: El Alcalde de dicho municipio, Abraham Martín, dejó el cargo por mandato judicial al ser condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa. [56] [57]
  • Puertollano: El juez del Juzgado número uno de Ciudad Real, imputó en Octubre de 2014 al secretario del Ayuntamiento, la técnico municipal y dos arquitectos más por los delitos de tráfico de influencias y contra la administración de justicia en la adjudicación de las obras de remodelación de la plaza de toros de dicha localidad.[58] [59]

Castilla y León[editar]

Ávila

  • Navas del Mrqués: En el mrco del Caso de la Ciudad del Golf, el ayuntamiento de Las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra. [33] Por tales hechos, el Fiscal imputó a cuatro altos cargos, el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega; el director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre Antón, y el ex delegado de la Junta en Ávila, ex presidente de la Comisión de urbanismo y ex senador Félix San Segundo, acusados de de delito contra el medio ambiente y el territorio, prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias. [60] El alcalde fue absuelto en Abril de 2014, continuando en Valladolid el juicio contra los altos cargos de la Junta. [61] [62]


Burgos

Valladolid

  • Arroyo de la Encomienda: el PSOE denuncia un pelotazo urbanístico, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.[64]
  • Valladolid: El juez imputó en junio de 2.012 al alcalde de Valladolid a raiz de los incrementos de edificabilidad realizados en el POM del año 2.003.[65]
  • Villalba de los Alcores: es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.[66]

Cataluña[editar]

  • Cataluña: el ex presidente de la Generalidad Pasqual Maragall, sacó a la luz pública las presuntas comisiones que miembros de CIU cobraban en los ayuntamientos donde gobernaban. A cambio de licencias para construir, los cargos de dicho partido hubieran recibido el 3 por ciento del precio final de las viviendas.[67] De tal acusación, se retractó inmediatamente.

Barcelona

  • Estafa en la remodelación (PERI) de las Viviendas Gobernador en Barcelona [34].
  • Barcelona: La jueza mantuvo la imputación sobre el ex concejal de Urbanismo de la ciudad de Barcelona, Ramón García Bragado, y el ex gerente de Urbanismo, Ramon Massagué, y entidades municipales en el gobierno de Xavier Trias. El auto destaca que existen varios indicios de que los ex responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, presionaron a varios miembros del Ayuntamiento de Barcelona para hacer el hotel.[68] [69]
  • L'Ametlla del Vallés: Según publicó el diario El Pais , Felix Millet pagó presuntamente comisiones a políticos del municipio de L'Ametlla del Vallès, que después votaron a favor de una recalificación urbanística de terrenos de su propiedad. En concreto, Millet pagaba cada mes 1.500 euros al ex alcalde, el independiente Albert Palay, y 900 euros al socio de este, Jaume Codina, de Convergència i Unió, para conseguir la recalificación de unos terrenos en los que construir 55 viviendas.[70] [71] En noviembre de 2009, el Juez Juli Solaz decidió instruir tales hechos en una causa separada del Caso Palau.[72]
  • Sabadell: En Noviembre de 2012, el juez del Juzgado Número 1 de dicha localidad, imputó al Alcalde, Manuel Bustos Garrido (PSOE) así como a otras 26 personas, en el marco de la Operación Mercurio. Según la Fiscalía, la red organizada desde el consistorio exigía el ingreso de cantidades que variaban en función del presupuesto de la obra -desde un mínimo de 120.000 euros hacia arriba- que servía, posteriormente, para ser repartida "entre los políticos y funcionarios involucrados".[35] [36] En Enero de 2013, el Juez decidió dividir la causa en 31 piezas distintas. [37]
  • Santa Coloma de Gramanet: (PSC) El alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz junto con el concejal de Urbanismo, han sido detenidos por un posible caso de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. También se está investigando el Consistorio de Badalona (PSC) y el de San Andrés de Llavaneras (CIU). La operación judicial, está a cargo del juez Baltasar Garzón, y gestionado por la Audiencia Nacional.[73] En Marzo de 2013, Manuel Bustos presentó su dimisión de la alcaldía de Sabadell.[38]

Gerona

Tarragona

  • Torredembarra: La Guardia Civil detuvo el 26 de Junio de 2014 al alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué (CiU) y a seis de los nueve integrantes de su junta de Gobierno (integrada por CiU, PP e independientes), entre los que se encuentran los tenientes de alcalde José Oviedo (PP), Francisca Falguera, Santiago Ardevol, Elia Rodríguez e Ignasi Durán. Dichas detenciones se realizaron en el marco de una investigación realizada por el Juzgado número 1 de El Vendrell, que investigaba una trama de adjudicaciones corruptas, contratas irregulares y alquileres de difícil justificación. [75]

Comunidad Valenciana[editar]

Alicante

  • Alicante: El Tribunal Superior de Justicia de Valencia imputó a la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, y a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, por un presunto amaño del Plan de Ordenación Urbana de dicha ciudad, como parte de la investigación del Caso Brugal. [39][40]
  • Benitachell. El alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB) fueron detenidos por la Guardia Civil el 9 de julio de 2008 acusados de un delito de corrupción urbanística. [41]
  • Denia: el ex-Gerente de Urbanismo de este municipio fue imputado por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, tras la denuncia presentada por la Alcaldesa, la popular Ana Kringe. Se da la circunstancia de que el propio Ex-Gerente de Urbanismo denunció a la actual alcaldesa por prevaricación en su despido, así como al Concejal de Hacienda, por injurias.[42]
  • Elche: En Junio de 2012, el alcalde de este municipio fue citado a declarar como imputado por la compraventa y posterior recalificación de unos terrenos propiedad de unos familiares suyos. [76] Dicha denuncia se remonta al año 2007. [77]
  • Guardamar de la Safor: El Alcalde del citado Municipio fue imputado en Noviembre de 2014, a raiz de una reparcelación forzosa. José Martínez Moncho, del Bloc Nacionalista Valencià, está acusado de los delitos de prevaricación, falsedad documental, actividades prohibidas a funcionarios y estafa. [78] [79]
  • Ibi: En Mayo de 2.012, fue imputado el exconcejal de Hacienda del municipio, Miguel Ángel Agüera, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, negocios prohibidos a los funcionarios y prevaricación. [43] En Frebrero de 2014, el juzgado mantuvo las imputaciones de Agüera y el también exconcejal José Antonio Onsurbe, que estaban acusados de presuntos delitos de cohecho, en el segundo caso, y de un total de cinco delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales y también cohecho, en el primero, tras levantar el secreto de sumario tres años después. [44]
  • Llíber: En Diciembre del año 2009, fueron imputados por delito contra la ordenación del territorio, el alcalde de Llíber en aquellos años, José Mas Avellá, del PP, y el entonces arquitecto técnico municipal, Amador Signes. El Ayuntamiento permitía que en parcelas de menos de 10.000 metros (en esa superficie sí se podía construir una vivienda) se levantaran varios chalés [80] Por tales ehchos, el Alcalde y el Aparejador Municipal de dicho municipio fueron encarcelados durante tres meses. [81]
  • Teulada: el Juzgado de Denia investiga la concesión de una licencia para un supermercado, realizada en el año 2004. Diez años después, los tribunales anularon la licencia de obras, la ambiental y la de actividad por ser contrarias a la normativa urbanística y medioambiental. Los presuntos responsables de aprobar la construcción de este supermercado, dos antiguos técnicos municipales y dos exconcejales, han sido acusados de dos delitos de prevaricación, uno de carácter general y otro específico.[45]
  • Torrevieja: El Tribunal Supremo, confirmó la ilegalidad del Paseo Marítimo Juan Aparicio, ya que el mismo se había construido en zona de Dominio Público, incumpliendo la Ley de Costas, e imponiendo una sanción económica al Ayuntamiento de 833.000 euros. Se da la circunstancia, que a raíz de la mala ejecución de dichas obras, una niña de dieciséis años, quedó tetrapléjica el 30 de junio de 1999, por lo que también se condenó al Ayuntamiento a una sanción de más de 600.000 euros como responsable de dichas obras.[46] En diciembre de 2012, el ex-alcalde de Torrevieja fue condenado a tres años de prisión por el amaño en la licitación de la contratación del servicio de basuras en dicha ciudad.[47]
  • Villajoyosa: La promotora del Hotel Atrium Beach, ha sido sancionada por por la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana por un exceso de edificabilidad, sanciones en base a las cuales la promotora tiene que derribar 14.470 metros cuadrados del hotel, además de hacer frente a una multa de 12 millones de euros.[82] Finalmente el Tribunal Supremo le impone una multa de 3,8 millones de euros.[83]


Valencia

  • Valencia: la Asociación de vecinos del barrio de El Cabanyal, lleva años oponiéndose al plan de la Corporación municipal de demoler parte del barrio y ampliar la Avenida Blasco Ibáñez hasta llegar a la playa.[48]


Castellón

  • Vila-real: El Alcalde de la citada localidad, D. Manuel Vilanova, fue Condenado en 2006 a un año y seis meses de prisión, así como a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. [85]

Galicia[editar]

La Coruña

  • Orense: Caso Pokemon. La operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Orense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueijón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, así como otras 100 personas más.[49]</ref>
  • Sangenjo: En noviembre de 2013, el Juzgado número 2 de Cambados acusó de los delitos de cohecho -percepción de sobornos- , prevaricación urbanística y tráfico de influencias al que fue gerente de urbanismo y arquitecto municipal de Sangenjo, Rafael Vázquez Abal, así como a una asesora suya, Ana Belén Louro Pais. Hasta 13 técnicos y políticos del área de Urbanismo de dicha localidad fueron imputados por tales hechos.[50][51]

Lugo

  • Lugo: En el marco de la Operación Pokemon, fue imputado el Alcalde de Lugo. [87] [88]

Orense

  • Orense: el día 19 de septiembre de 2.012 es detenido el Alcalde de Orense, acusado de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. [52]

Comunidad de Madrid[editar]

  • Brunete: el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).[53]
  • Getafe: La Concejal de obras de Getafe declara en los juzgados como imputada por un caso de presunta corrupción urbanística[89]
  • Las Rozas: Las confesiones de David Merino, ex Director General de DICO[90]
  • Lozoyuela: Reclasificación irregular de la dehesa de Lozoyuela[91]
  • Madrid: La Guardia Civil desmanteló en la Operación Guateque una trama de funcionarios del Ayuntamiento que exigía dinero a cambio de acelerar las licencias de actividad a diversos locales de ocio y restauración en dicha ciudad. De resultas de dicha operación, se detuvieron a 16 funcionarios y técnicos de dicho Ayuntamiento.[54]
  • Villanueva de la Cañada: el alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructores Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo Barrena cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País. En un auto de fecha 16 de enero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles ha decidido inhibirse en favor del número 4 de la misma localidad en relación a las diligencias previas 6598/2006 iniciadas a partir de la presentación de una querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción en relación al llamado caso Porto Rey en Villanueva de la Cañada. El motivo de la inhibición es que se ha comprobado que existe una denuncia anterior, de febrero de 2005, de Ecologistas en Acción que estaba en trámite en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles. Dicha denuncia había pasado inadvertida inicialmente para el Decanato de los Juzgados. Ecologistas en Acción denunció el 20 de febrero de 2005 una larga lista de irregularidades en el proceso de aprobación de los Planes Parciales del sector 1 “Los Pocillos” y también del sector 3 “El Castillo” de Villanueva de la Cañada. Entre ellas estaba, la recalificación de facto de montes preservados y de áreas del Parque Regional del Guadarrama, el aumento de la edificabilidad que ello comportaba y la falta de informes ambientales básicos en el procedimiento de aprobación.[55]

Región de Murcia[editar]

  • Cartagena: El delegado del Gobierno en Murcia, la alcaldesa de Cartagena y otros cinco altos cargos del PP en esa comunidad fueron imputados en Junio de 2014 por un presunto caso de corrupción urbanística. La justicia les acusaba de "volar por los aires las leyes" por aprobar en un humedal protegido un plan para levantar 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf en el conocido como caso Novo Carthago.[56] [57]
  • Caravaca de la Cruz: En octubre de 2014, más de 30 personas fueron imputadas, entre ellas el Alcalde del citado municipio, Don Fernando Aranda,así como el que fuera concejal de Urbanismo del municipio, Amador López, actualmente secretario general de la consejería de Fomento y Obras Públicas de Murcia, y el subdirector general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, José María Ródenas por un presunto delito de prevaricación urbanística en la recalificación de una finca denominada "El Roblecillo". El caso se encontraba bajo secreto de sumario desde junio de 2013, cuando la Guardia Civil registró el ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y se incautó de numerosa documentación relacionada con la construcción de 8.000 viviendas y un campo de golf en un paraje protegido a las afueras de la localidad.[92] [93]
  • Cieza: el alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización. El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales. [58]
  • San Javier: el gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso. También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.[94]
  • Librilla: cinco personas fueron detenidas en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que están implicados el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, ambos encargados de redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librilla.[59]
  • Murcia: la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia. Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.[60] [61]
  • Totana. La Guardia Civil, detuvo a seis personas por una supuesta trama de recalificación de terrenos en dicho municipio. Entre los imputados se encuentra el ex-alcalde. Actualmente, dicho caso está en fase de instrucción sumarial.[62]
  • Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco (Murcia), Daniel García Madrid, del PP, detenido, está acusado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, informaron fuentes de la investigación. Además, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, José Luis Hernández de Arce, presidente del grupo empresarial Polaris World, y Juan Marcos Fernández Ferrugia, que hasta hace un año fue el director financiero del citado grupo.[63]

Navarra[editar]

  • Valle de Egüés: el ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho y seis de prevaricación, e imputó a otras nueve personas.[95]

Referencias[editar]

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  94. Detenidos el ex alcalde de San Javier y otras tres personas por corrupción
  95. Caso Egüés: la sentencia imposible

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]