Conflicto armado interno de Colombia
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El Conflicto Armado Colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde cerca a 1960. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años ochenta cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico.
El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la "época de la Violencia" (conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores y que tiene sus orígenes primigenios cuando Colombia -entonces llamada la Nueva Granada- se independizó de España e inicia una pugna sobre el modelo de Estado que debía adoptar el país), sin embargo, cada etapa de la historia del país ha traído consigo un enfrentamiento diferente. Así, en el siglo XIX a lo largo múltiples guerras, los caudillos regionales levantados contra el gobierno se combatieron entre sí.[3]
Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en una amalgama de elementos entre los que cabe destacar la debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas, o la polarización y la persecución de la población civil debido a su orientación política. También destaca la permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado.[3]
Durante la década de 1980 el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se caracterizó por la intimidación generalizada que produjo la guerrilla en numerosas regiones del país,[4][5] por los asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda a manos de los nacientes grupos paramilitares, así como por la aparición de sectores del narcotráfico que chocan con la guerrilla en desarrollo de sus actividades delincuenciales (en particular, por el secuestro extorsivo de familiares de capos del narcotráfico por parte de la guerrilla).[6] En esa década, el país experimentó transformaciones económicas que se centraron en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria, así como de la minería del carbón, el petróleo y el oro. A esta irrupción de nuevos polos de desarrollo económico se sumo el suroriente del país, donde creció la industria ilegal de la coca.
La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003,[7] pero es en la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación del conflicto debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y políticos;[8][9] el pico de este recrudecimiento se presenta durante la presidencia de Andrés Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen el accionar del Estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares.[7][6]
A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y 2006,[10] sumado al debilitamiento de la guerrilla,[11] se presenta un descenso de la intensidad del conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares no cesaron su accionar sino que siguieron comportándose como carteles de droga con gran capacidad militar (llamados ahora Bacrim), mientras que la guerrilla todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del país.[12][13]
En 2013 un estudio cifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto desde 1958.[14] Sin embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de guerra, la cifra total supera los 6 milones de víctimas. Dentro de estas categorías se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas por el asesinato de un ser querido, víctimas del desplazamiento forzado, víctimas de minas antipersonal, tortura, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual.[15]
Antecedentes
Desde la independencia de Colombia en 1819 y la desintegración de la república creada por Bolívar en 1830, el país no ha estado ajeno a la violencia bipartidista, hecho que fue evidente en las numerosas guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX culminando en la Guerra de los Mil Días (1899–1902).[3]
Solo entre 1902 y 1946, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía conservadora (1886–1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930–1946).[16] No obstante, el conflicto se reactivaría a partir de 1946 cuando el partido Liberal perdió las elecciones cediendo el control al conservador Mariano Ospina Pérez. En las áreas rurales del centro y sur del país (en las regiones andinas), estallaron violentas luchas entre seguidores de uno y otro partido atizadas por la creciente participación de la Policía (denominada PoPol -Policía Política- por la oposición) en favor de las huestes conservadoras. Estas acciones dejaron 14.000 muertos ya en 1947. Sin embargo el verdadero punto de no retorno en la confrontación llegaría poco después.[17]
El 9 de abril de 1948, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aún cuando el magnicidio no tuvo aparentemente un móvil político partidista, este crimen generó un cruento levantamiento popular en la capital, conocido como el Bogotazo; si bien la violencia se extendió ese día a gran parte del país. Al menos 3500 personas murieron en los combates que se extendieron por una semana.
No obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta y el primer mandatario culmino su periodo en 1950. Si bien en un principio accedió a establecer un gobierno de coalición, el intento del partido liberal por juzgar al presidente en el parlamento lo decidió a declarar el Estado de sitio y a asumir poderes dictatoriales.[18] En consecuencia para las elecciones presidenciales de 1950, el partido Liberal alegando falta de garantías, no presentó su candidato.[18] Esto facilitó el triunfo del partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, quien continuó y profundizó la política de seguridad de su antecesor frente a la violencia partidista,[18] política que no contemplaba negociar con los rebeldes y claramente se orientaba hacia una verdadera guerra de exterminio contra sus contradictores políticos.
La política de represión a ultranza provoco la conformación de guerrillas liberales para oponerse al autoritarismo del gobierno conservador.[19] Además de dichas guerrillas, que operaban principalmente en los Llanos Orientales, en varias regiones se conformaron grupos armados irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno como por los miembros del Partido Comunista. La imparable expansión territorial y sobre todo la fuerza adquirida por estos grupos insurgentes, quedó de manifiesto el 12 de julio de 1952, cuando las cuadrillas llaneras al mando de Guadalupe Salcedo, emboscaron a una columna de 90 efectivos del Ejército en El Turpial (Puerto Lopez, Meta) y dieron de baja a 86 soldados.[20]
El fracaso de las políticas oficiales, la agudización del conflicto que derivaba hacia una completa guerra civil y la desconfianza que inspiraban las actitudes personales de Gómez, llevaron a que este perdiera buena parte del apoyo del establecimiento, y a que en junio de 1953 la clase política secundada por el Ejército colombiano, le propinara un golpe de estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla.[3]
Inmediatamente Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizándoles una amnistía parcial.[3] La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó en agosto de 1953, desactivando la aguda situación de Violencia. Sin embargo, el asesinato de varios de los líderes insurgentes amnistiados y el incumplimiento de las promesas oficiales, sumado al hostigamiento sistemático que sufrieron las fuerzas comunistas, contribuyó a que en breve plazo muchas de las cuadrillas subversivas se rearmaran (excepto las llaneras) y volvieran a combatir contra el gobierno, si bien esta segunda insurgencia estaba dirigida claramente contra el Estado y no tenía ya móviles partidistas. En todo caso fue mucho más limitada y se concentró en el sur del Tolima y las regiones cafeteras (Viejo Caldas, Valle y norte del Tolima), zonas que además se vieron sometidas a la violencia terrorista de los denominados “Pájaros”, que estaban al servicio de los terratenientes conservadores.
La clase dirigente tradicional, preocupada por la veleidades populistas de Rojas Pinilla, quien pretendía extender su mandato por 4 años más, promovió apoyada en las clases populares opuestas al régimen militar, un paro nacional en mayo de 1957. Sin el apoyo incondicional del Ejército, que le retiro su beneplácito en el último momento, el Teniente General tuvo que renunciar a la presidencia el 10 de mayo. El poder fue asumido entonces por una junta militar de transición mientras se reanudaba el sistema político democrático tradicional colombiano. Se calcula que aproximadamente 300.000 personas fueron asesinadas,[21] y más de dos millones de colombianos debieron huir del campo hacia las ciudades durante La Violencia.[3]
Los líderes de los partidos Liberal y Conservador finalmente acordaron que durante un nuevo período de transición iniciado en 1958, y que se extendería por los próximos cuatro períodos presidenciales (16 años), ambas agrupaciones se alternarían en el poder. Éste sistema se denominó el Frente Nacional, y fue concebido como una forma de concluir la violencia política bipartidista de los años 50.
Si bien el Frente Nacional logró cumplir ese objetivo, con el tiempo también se hizo claro que las esperanzas de cambio que la paz había traído a la población campesina habían sido defraudadas. Y además que en la practica el Frente Nacional obstaculizaba la posibilidad de participación de grupos políticos distintos a los partidos tradicionales.
| Presidentes de Colombia | |
|---|---|
| durante el conflicto armado | |
| 1962-1966 | Guillermo León Valencia |
| 1966-1970 | Carlos Lleras Restrepo |
| 1970-1974 | Misael Pastrana |
| 1974-1978 | Alfonso López Michelsen |
| 1978-1982 | Julio César Turbay |
| 1982-1986 | Belisario Betancur |
| 1986-1990 | Virgilio Barco Vargas |
| 1990-1994 | César Gaviria Trujillo |
| 1994-1998 | Ernesto Samper Pizano |
| 1998-2002 | Andrés Pastrana Arango |
| 2002-2010 | Álvaro Uribe Vélez |
| 2010-presente | Juan Manuel Santos |
El conflicto durante el Frente Nacional
Pronto el descontento de los campesinos que habían visto defraudadas sus esperanzas en el acuerdo bipartidista de 1958, fue asumido en parte por los denominados “Bandoleros” y del otro por los proyectos políticos revolucionarios emergentes. En efecto, la paz no vino acompañada por reformas de fondo en el campo o por la reparación a las millones de víctimas despojadas, lo que generaría un profundo descontento dentro de la población campesina que halló en las medidas de hecho su forma de expresión. Igualmente el reparto a dedo de los puestos burocráticos entre los 2 partidos tradicionales y la cerrazón a nuevas alternativas y propuestas que no fueran del Oficialismo, se convirtieron en el caldo de cultivo de nuevos conflictos. Los temores propios de la guerra fría, y la idea de que la revolución cubana se acabaría extendiendo por todo el continente, hicieron el resto.[cita requerida]
Nuevas resistencias armadas
En este contexto una de los primeras organizaciones que dieron forma a la lucha armada fue el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino MOEC, confluencia de estudiantes e inconformes que habían participado en las agitaciones estudiantiles de 1958 y 1959, y de intelectuales y ex miembros del partido comunista, quienes habían adelantado fuertes críticas a sus dirigentes, en el marco del entusiasmo provocado por la Revolución cubana.[cita requerida]
El 20 de julio de 1960 se celebró en Cali el primer congreso del MOEC, en el que también participaron exguerrilleros liberales y combatientes contra el régimen militar. El congreso se sumió en un debate sobre la insurrección armada contra la oligarquía, sin el apoyo de organizaciones políticas partidistas que pudieran acceder al pueblo y convocarlo a la revolución. La línea radical, con el líder estudiantil Antonio Larrota al frente trataría de abrir focos guerrilleros en el norte del cauca y en Santa Rita (Vichada) donde actuó el médico Tulio Bayer, pero fue rápidamente derrotada. El mismo Larrota fue asesinado por el jefe de cuadrilla con el que se había aliado. Otra experiencia temprana fue la de Roberto González “Pedro Brincos”, guerrillero liberal calificado por el Frente Nacional como “Bandolero”, que organizó un Ejército Revolucionario de Colombia ERC, que sería aniquilado en Turbo (Antioquia) en octubre de 1961.[cita requerida]
También fue protagonista de estas nuevas resistencias armadas el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR), fundado en 1962 por Luis Emiro Valencia y Gloria Gaitán, quienes profundamente influenciados por la revolución cubana, trataron sin éxito de impulsar un proyecto de insurrección armada. En su conjunto, estas primeras organizaciones habían partido de la convicción de estar viviendo en Colombia unas condiciones pre-revolucionarias que el movimiento armado podía recoger, sin contar con el apoyo de bases sociales organizadas ni partidos.[cita requerida]
Repúblicas independientes
La caída del Dictador Gustavo Rojas Pinilla en mayo de 1957 y la llegada al poder del Frente Nacional en agosto de 1958, generaron una fuerte esperanza de paz en todo el país. Muchas de las cuadrillas guerrilleras liberales que aún quedaban activas se desarmaron y pactaron la paz con la administración de Lleras Camargo, pero a la vez innumerables bandas de antiguos combatientes, ante el incumplimiento en la práctica de las promesas oficiales, el asesinato de algunos líderes subversivos y el patrocinio de los terratenientes locales que buscaban proteger sus territorios, se constituyeron en los famosos bandoleros, que devastaron buena parte del centro del país entre finales de la década de los 50 y principios de los 60. Habiendo perdido para las elites su carácter político -pues los dos partidos habían pactado la paz- en lo sucesivo fueron considerados simples criminales comunes, bandoleros desadaptados a la vida civil.
El otro factor de violencia en ese periodo las denominadas Autodefensas Campesinas, influidas por el partido comunista y replegadas a pequeños enclaves sobre la cordillera oriental a raíz de la violenta persecución de Rojas Pinilla, optaron por cesar sus acciones militares (de finales de 1957 a principios de 1960), pero no entregaron las armas, desconfiando de las intenciones del gobierno. [cita requerida]
En efecto uniformados de las guarniciones rurales y muchos antiguos guerrilleros liberales al servicio de terratenientes locales ansiosos por ocupar nuevas tierras, empezaron a hostigar a las autodefensas, dando muerte a muchos de los cabecillas amnistiados o que se hallaban inactivos. El 11 de enero de 1960 fue asesinado en las calles de Gaitana (Tolima) el principal comandante comunista de la época Jacobo Prías Alape. La lucha se reactivó entonces en torno a los enclaves de las autodefensas campesinas en el sur del Tolima, que quedaron al mando ahora del temido “Tirofijo”, que ocuparía poco después la montañosa región de Marquetalia. En respuesta a la difícil encrucijada y al acoso de las autoridades, se celebró en el mes de junio de 1961 y en el más riguroso secreto el IX Congreso del Partido Comunista, que aprobó por primera vez la tesis de combinar todas las formas de lucha.[cita requerida]
Meses más tarde el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, comenzó a denunciar ante el congreso de la República, la existencia de unas llamadas repúblicas independientes al interior de Colombia: El Pato, Sumapaz, Riochiquito, la región del Ariari y la intendencia del Vichada, (esta última debido a los intentos del MOEC de crear en la zona un foco guerrillero); zonas que según él se hallaban por fuera de la soberanía nacional y bajo el control de los comunistas instruidos desde Moscú.En una intervención ante el parlamento efectuada el 25 de octubre de 1961 señalo:
"...Hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde el Ejército Colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes... Hay la República Independiente de Sumapaz. Hay la República Independiente de Planadas, la de Río chiquito, la de este bandolero que se llama Richard y ahora, tenemos el nacimiento de...la República Independiente de Vichada”.Alvaro Gomez Hurtado.
La pacificación de Valencia
La llegada a la presidencia del conservador, Guillermo León Valencia en agosto de 1962, será el inicio de un esfuerzo masivo por alcanzar la “Pacificación” total del territorio nacional, y cerrar así de una vez por todas el capítulo de la violencia política. En tres años los principales cabecillas del Bandolerismo (Efraín González, Jacinto Cruz Usma “Sangre negra”, William Aranguren “Desquite”, Teófilo Rojas “Chispas”), fueron dados de baja tras una ardua cacería y tomadas las Repúblicas Independientes. La guerra contra estas últimas se llevó a cabo bajo la presión de la clase política tradicional, recelosa del contagio comunista y de los efectos que pudiera tener la revolución cubana en el país, y del gobierno norteamericano, ansioso por apagar el incendio revolucionario en Latinoamérica.[cita requerida]
Enmarcado dentro de la Doctrina de seguridad Nacional y del famoso plan LASO (Latin American Security Operation, un conjunto de operaciones psicológicas, preventivas, ofensivas y destructivas concebidas por los asesores contra-insurgentes de EE.UU para evitar la diseminación del comunismo), el Ministro de Defensa, el General Alberto Ruiz Novoa, un veterano de Corea y prestigioso militar, había diseñado un certero plan para someter las regiones bajo control de las Autodefensas campesinas al arbitrio de la Constitución colombiana. Mientras en el Sumapaz se evito la lucha frontal y el movimiento fue decapitado liquidando sus líderes, la confrontación fue abierta en los demás frentes.[cita requerida]
En Marquetalia las primeras ofensivas se sucedieron en 1962, pero no dieron el resultado esperado y las operaciones se dilataron. Los hostigamientos entre ambos bandos continuaron por varios meses, con alternativas diversas: el 29 de diciembre de 1963 entre Planadas y Gaitania los rebeldes emboscan una columna de abastecimiento dando muerte a 5 soldados y en marzo del 64 derriban un avión de Aerotaxi. Cuando un piloto y un capitán del ejército tratan de rescatar los cadáveres, son asesinados. Las últimas acciones precipitan la ofensiva de castigo que se prevé será la “final”.[cita requerida]
El General Gabriel Rebéiz Pizarro, Comandante de las FF.MM, y el firmante de la directiva operacional que autorizaba la ofensiva contra el núcleo comunista de Marquetalia, había advertido que las regiones en las cuales habría intervención estatal "deberían recibir una decidida y rápida acción del INCORA y otras entidades del Estado con el fin de resolver problemas urgentes" que apremiaban a la población civil de la zona. Sin embargo, sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta y la solución se decantó únicamente por la vía militar. La avanzada quedo bajo responsabilidad del coronel Hernando Currea Cubides, Comandante de la VI Brigada en Ibagué. Con tropas especializadas en contrainsurgencia, grupos de inteligencia y aviones de combate, se dispone de tres batallones para asegurar toda el área.[cita requerida]
A mediados de mayo de 1964 se lanza la Operación Soberanía: 2400 soldados (varios cientos del Batallón Colombia) avanzan sobre el altiplano de Atá e Iquira, en el sur del Tolima, y hacen un primer contacto armado con los rebeldes el 27. Sin embargo, no logran penetrar en la zona, y es entonces cuando las tropas del teniente coronel José Joaquín Matallana asaltan con 4 helicópteros el nudo montañoso y lo ocupan rápidamente el 14 de junio, mientras los comunistas en un número aproximado de 48 y divididos en 3 columnas (lideradas respectivamente por Isauro Yosa “Mayor Lister”, “Tirofijo”, e Isaías Pardo “Sargento Tula”), escapan y se refugian en Riochiquito, controlado a la sazón por Ciro Trujillo. Durante los enfrentamientos que siguen a la retirada, muere a manos del Ejército Isaías Pardo, uno de los dirigentes de la organización más cercanos a Manuel Marulanda. El 17 de junio caen en combate 7 uniformados y 20 mas quedan heridos; el 22 se asegura toda la zona. Las FARC harán ver aquel episodio como su mito fundacional y magnificaran los hechos elevando a 16.000 los atacantes.[22]
Desde el nuevo enclave se formularía el famoso Programa agrario de los guerrilleros en julio de 1964 y más tarde en medio de la 1 conferencia se constituiría el Bloque Sur, con Pedro Antonio Marín alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo como primer comandante, Ciro Trujillo Castaño alias Mayor Ciro como su segundo y Luis Alberto Morante, Jacobo Arenas como ideólogo y enlace con el Partido Comunista. Entre otros jefes de cuadrilla se hallaban, Rigoberto Lozada “Joselo”, Jaime Guaracas, Noel Matta Matta “Efrain Guzman”, Miguel Ángel Pascuas “Sargento Pascuas” y William Alberto Asprilla "Marquetaliano". El 17 de marzo de 1965, una columna de al menos 140 subversivos se tomó la población de Inza (Cauca), matando en la incursión a 16 personas (incluyendo al alcalde de la localidad y a 2 monjas). Pero la ofensiva gubernamental continuo sin tregua: 6 días después, el 22 de marzo, El Pato y Guayabero (cercadas progresivamente desde 1963), fueron sometidos por las fuerzas militares.[23]Pero seria con la caída del enclave de Riochiquito (Cauca) el 15 de septiembre de 1965, cuando se verían obligados a abandonar definitivamente sus bases fijas y a constituirse en guerrilla móvil. Con alrededor de 350 hombres en armas, abrieron operaciones en el Guayabero, El Pato, Natagaima y Chaparral. A finales de 1965 y tras sufrir cuantiosas bajas (75 muertos en 18 meses de operaciones) el Ejército se retiró del área, mientras el Bloque Sur se replegaba al piedemonte amazónico y el páramo del Sumapaz (sobre el Meta). Tras una segunda conferencia que culmino el 5 de mayo de 1966, tomaron oficialmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Además, adoptaron sus primeros estatutos, un reglamento interno, un régimen disciplinario y las normas de comando; acogieron un plan militar nacional y afirmaron que iniciaban una lucha prolongada por la toma del poder.
Sin embargo, el crecimiento del nuevo movimiento hasta 1978 fue bastante limitado y para mediados de los 70 solo tenían unos 900 hombres en armas. Para ese momento ya se habían delimitado los principales 4 núcleos de expansión de las Farc, al que se sumaria un quinto para finales de esa misma década: el primero en las selvas del sur, Meta, Huila y Sumapaz; el segundo en el norte del Cauca, sur de Tolima y Valle; el tercero en el Magdalena Medio: el cuarto en Uraba; y el último en Arauca.[cita requerida]
Nacen el ELN y el EPL
Las consecuencias de la revolución cubana y de la efervescencia “revolucionaria” que vivía Latinoamérica, no dejaron de hacerse sentir en Colombia. Mientras las FARC tenían su génesis en las secuelas generadas por la violencia partidista de los años cincuenta, el ELN lo tendría en la experiencia castrista.[cita requerida]
Un grupo de jóvenes que al mando de Fabio Vásquez Castaño habían recibido entrenamiento militar en Cuba, regresaron al país y constituyeron la “Brigada pro liberación Jose Antonio Galán”, con el objetivo declarado de hacer la revolución en Colombia. Decidieron centrar su actuación en Santander, donde la situación originada por las huelgas petroleras era difícil; y aprovechando los restos de las antiguas guerrillas liberales, conformaron en San Vicente de Chucuri un primer foco insurgente. En el cerro de Los Andes donde se concentraban para recibir entrenamiento tomaron el nombre de Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 4 de julio de 1964, pero sería solo seis meses después que el movimiento se hizo público, cuando el 7 de enero de 1965, 22 guerrilleros se tomaron Simacota y mataron a 5 uniformados y un civil. El pronto enrolamiento en sus filas del sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, defensor de la Teología de la liberación al interior de la Iglesia y jefe del Movimiento político Frente Unido, le daría gran popularidad al grupo subversivo.[24]
El EPL por su lado, se origino a partir de la escisión del partido comunista, acusado de revisionista por sectores que lo tildaban de ser un movimiento “burgués” al “esperar la revolución” y no generarla. Así fue como en 1965 Pedro Hernando Vásquez Rendón, fundo el Partido comunista colombiano Marxista-Leninista, del que el Ejército Popular de Liberación (EPL) se constituiría en brazo armado. Sus dirigentes decidieron abrir operaciones en el noroccidente del país, en las riveras de los ríos Sinu y San Jorge, y conformaron allí su primer núcleo guerrillero (diciembre de 1967). En 1968 pasaron a la acción cuando asesinaron a Orlando Marchena, un hacendado de la región.[cita requerida]
La reforma agraria de Lleras
Una de las formas de aliviar el pesado lastre de la Violencia bipartidista era fortalecer la economía campesina, para restarles fuerza a los enfrentamientos sociales que generaba la mala distribución dela tierra y al mismo tiempo frenar la migración campo-ciudad. Esta política fue concretada por Carlos Lleras Restrepo, quien intento imprimir una dinámica más efectiva a la reforma agraria y a la supresión del latifundio improductivo, ambas medidas contempladas con escaso interés desde principios de la década del 60.[cita requerida]
En este contexto uno de los mayores impulsos que recibió la reforma agraria de Lleras, fue posibilitar la organización del movimiento campesino para de un lado agilizar y multiplicar los servicios del Estado en lo que tenía que ver con la reforma, y del otro convertirse en un instrumento que frenara las exigencias delos terratenientes descontentos con el planteamiento de suprimir los latifundios improductivos. Para tal efecto, el decreto 755 de 1967, legalizo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y las Asociaciones locales de usuarios. La primera fue un eficaz instrumento de organización campesina que ejerció presión sobre la tierra, constituyéndose durante este gobierno en una importante fuerza social. Por su parte las Asociaciones locales de usuarios buscaban que el trabajador del campo participara en los diferentes organismos administrativos agrícolas, como el INCORA. En 1970 cuando se reunió el primer congreso de la ANUC, existían cerca de 500 de estas organizaciones. El problema para el gobierno vino cuando estas agrupaciones se salieron del redil partidista y se politizaron con corrientes de izquierda, incluso ilegal (sobre todo del EPL en el norte del país). Comenzaron a presionar al INCORA para que iniciara la expropiación de tierras cultivadas y se abandonara la tradicional negociación, además de las indemnizaciones. Esto convirtió a la reforma agraria en un problema político y sin dejar de recurrir a la represión, se trató por las vías legales de restarle poder a las organizaciones campesinas.[cita requerida]
Además de la creación de la ANUC, el gobierno de Lleras busco fortalecer la débil redistribución de la tierra. Pero la inestabilidad económica y la necesidad de ampliar el mercado interno para la industria, siguieron favoreciendo la gran propiedad. Para finales de la década del 60 apenas 3263 hectáreas habían sido expropiadas en 27 procesos y de las 935.000 familias con necesidades de adjudicación cuantificadas por el INCORA, solo 5000 salieron beneficiadas. En estas proporciones la reforma agraria había sido tenue y prácticamente nula. El mismo ministro de agricultura Armando Samper declaro: “los cambios y realizaciones logrados durante el presente periodo (1966-1970) en materia de parcelaciones y titulación de tierras, resultan modestos ante la magnitud del problema”.Al final más que reforma agraria, hubo fue una masiva titulación de baldíos, cerca de tres millones de hectáreas.[cita requerida]
En todo caso la ANUC siguió liderando el proceso en los primeros años de la década del 70, por medio de nuevas formas de lucha. El movimiento campesino llevo a cabo más de 2000 invasiones de predios de terratenientes a lo largo de todo el territorio nacional en ese periodo. Todo ello espoleado por el estancamiento del proceso de reforma agraria bajo la administración de Misael Pastrana Borrero, sumado al hecho de que este favoreció a los grandes latifundistas y relego aun segundo plano a la ANUC y los pequeños campesinos en los acuerdos sobre el agro (Pacto de Chicoral, 1972).[cita requerida]
La reforma agraria termino así en un fracaso y cualquier solución de fondo sobre el problema de las tierras en Colombia quedo definitivamente aplazada. El conflicto se agravaría entonces.
Evolución de las guerrillas desde 1966 hasta 1974
Hasta cierto punto las diferentes guerrillas, las FARC, el ELN y el EPL, fracasaron en llevar a cabo sus planes de insurrección general y más bien fueron duramente golpeadas. Sus principales núcleos en las selvas del sur, Cauca, Sur de Tolima, Magdalena Medio y en los ríos Sinu y san Jorge, no les permitían acceder a grandes recursos ni hostigar seriamente al Gobierno y las Fuerza Armadas. Estas últimas encontrarían en la persona del General Álvaro Valencia Tovar, un hábil estratega contraguerrillero, capaz de golpear a la subversión combinando la fuerza bruta con la mano tendida (las denominadas operaciones cívico-militares).[cita requerida]
Los golpes se sucedieron. El 15 de febrero de 1966, Camilo Torres sacerdote y político que se había unido al ELN, murió junto a 5 guerrilleros en Patio Cemento (Santander) al intentar emboscar al Ejército. Un año más tarde cuando hombres de las FARC se arriesgaron a operar en el Quindío, el movimiento sufrió un fuerte descalabro a manos de las tropas regulares. Decenas de militantes fueron dados de baja y se perdió el 70 % de las armas. Ciro Trujillo, segundo comandante de la organización y responsable de la derrota, sería abatido un año después, en octubre de 1968 cuando pretendía abrir un frente en Boyacá. No obstante, esos años de repliegue brindarían a las FARC, múltiples oportunidades. En las selvas del sur lejos de los principales núcleos de poder, se implantaron con facilidad entre los colonos recién llegados a la zona y se constituyeron en la autoridad de facto de estas regiones. La población campesina, esencialmente compuesta por hombres sin tierra o despojados de sus predios en la Gran Violencia, encontraría su base de apoyo en dicho grupo ante la ausencia total del Estado en la periferia. El proceso llevo a lo que algunos llaman “Colonización armada”.
Ese mismo año, el 4 de abril de 1968, el reconocido jefe de la insurgencia liberal de los años 50, Dumar Aljure, quien se había negado a entregar las armas y era el amo y señor de una amplia región de los Llanos orientales, fue abatido tras un violento combate con las fuerzas gubernamentales en el que murieron 10 rebeldes, 2 civiles y 6 soldados. Respaldado por los líderes políticos de la zona que lo utilizaban como elemento de control social, los cambios en la administración regional lo pusieron de nuevo contra el gobierno. Su caída señalo el final del denominado (por el frente nacional) “Bandolerismo”.[25]
Entonces, las operaciones se centraron en el ELN, la principal guerrilla del momento. La organización es minada desde dentro por deserciones y conflictos internos que le cuestan la vida a varios de sus dirigentes en los llamados juicios revolucionarios: Víctor Medina Morón, Julio Cesar Cortés y Heliodoro Ochoa son fusilados el 22 de marzo de 1968 por órdenes de Fabio Vásquez Castaño el jefe máximo del ELN. No obstante, en los años que siguen logran extender su accionar a Antioquia y el sur de Bolívar, donde se toman varias poblaciones y tienden numerosas emboscadas, la mas cruenta de ellas ocurrida el 7 de agosto de 1969 en el río Guayabito cerca de Cimitarra (Santander), dejó un saldo de 7 soldados, un oficial y dos campesinos muertos. Posteriormente, atentan contra el general Álvaro Valencia Tovar frente al Ministerio de Defensa en Bogotá el 8 de octubre de 1971. La respuesta del Ejército vendrá con la operación Anori lanzada el 19 de septiembre de 1973. Con todos los medios al alcance, las tropas cercan y copan una importante columna guerrillera que al mando de los hermanos de Vásquez Castaño, Manuel y Antonio se encuentra en el magdalena medio antioqueño. Tras un mes de combates, los destrozan totalmente dando de baja 30 insurgentes y capturando un número similar. Los 2 cabecillas son finalmente abatidos el 18 de octubre tras un tiroteo a las orillas del río Porce, en la finca el Astillero. Es un golpe decisivo. Un mes después, en noviembre es detenido el segundo al mando, Ricardo Lara Parada, y el 20 de febrero de 1974 muere en combate, Domingo Lain. Derrotado y a punto de ser juzgado por sus propios hombres, en agosto Fabio Vásquez Castaño huye del país y se refugia en Cuba.[cita requerida]
Finalmente, el EPL también encajó una serie de duras derrotas. Solo 5 meses después de la conformación de su primera columna armada, en mayo de 1968, el Ejército emprendió una potente ofensiva que se prolongó hasta agosto del mismo año y en el curso de la cual 20 subversivos fueron dados de baja, incluyendo a Pedro Hernando Vásquez Rendón, su principal comandante. Las continuas operaciones de las fuerzas estatales, la organización de grupos de autodefensa con campesinos de la región, las divisiones internas y las deserciones impidieron la consolidación del EPL, que enfrentó en 1975 una dura derrota con la muerte de su cofundador y líder máximo Pedro León Arboleda.
La excepción a este pobre balance, lo constituirían las acciones de las FARC, que en el intermedio extendieron sus operaciones militares por la zona del Uraba antioqueño y del Carare santandereano, donde el 1 de septiembre de 1970 murieron 11 militares del batallón Ricaurte (área rural de Cimitarra, Santander). Tras un periodo de repliegue y aparente cese de actividades, una columna de medio centenar de guerrilleros se tomó por asalto la población de Colombia (Huila), el 22 de mayo de 1973. A partir de entonces las operaciones militares se extendieron durante varios meses por el norte del Cauca, sur del Tolima y Huila, multiplicandosen los combates y hostigamientos. El 13 de octubre de 1973, en el sitio Bejuqueros de Planadas (Tolima), las FARC matan en una emboscada a 8 soldados y 3 civiles.[23] Sin embargo en el contragolpe, las FF.MM. estuvieron a punto de aniquilar la comandancia del grupo guerrillero. En diciembre, las tropas cercan durante 15 días a una compañía de 30 hombres que guiada personalmente por Manuel Marulanda se movía en la región de La Sonora, en el municipio de Rió Blanco (Tolima). Empero, tras varias jornadas de combate una vez más, el astuto cabecilla burlo el sitio y escapo.[23]
Nacimiento del M-19
Para el último período oficial del Frente Nacional, el candidato del gobierno, el conservador Misael Pastrana Borrero se enfrentó al líder de la ANAPO, el General retirado, Gustavo Rojas Pinilla. Después de una apretada campaña, en las elecciones del 19 de abril de 1970 Pastrana ganó bajo numerosos alegatos de fraude. Esto impulsó a varios jóvenes universitarios a conformar un nuevo grupo subversivo, el Movimiento 19 de Abril.[cita requerida]
El M-19 apareció en escena el 16 de enero de 1973 como respuesta “al descarado robo de las elecciones del 19 de abril de 1970” y se constituyó inicialmente como una guerrilla urbana, tras una audaz campaña de expectativa en la prensa. Su anti dogmatismo, sus acciones espectaculares y el carisma de su líder Jaime Bateman Cayon lo dieron a conocer pronto entre las masas de las ciudades que habían permanecido generalmente ajenas a un conflicto, que hasta ese momento afectaba solo a las zonas marginales del país, lejos de los principales núcleos socio-económicos de la nación. En enero de 1974 en lo que seria su primer gran acto, robaron la espada de Bolívar de la quinta-museo donde se encontraba en Bogotá. El arma pasaría desde entonces a convertirse en un símbolo de su lucha.[cita requerida]
Estado de sitio
Además los distintos gobiernos del Frente nacional, emplearon continuamente la polémica figura constitucional del estado de sitio. Al hacer uso de ella, se suspendía la vigencia de las leyes ordinarias y se introducían decretos extraordinarios del Ejecutivo que entre otras cosas permitían que la autoridad militar reemplazara a la civil en los casos concernientes al orden público. Los delitos contra el orden público fueron entonces juzgados por un tribunal militar según el procedimiento de los consejos verbales de guerra. Con el tiempo, esta cuota de poder fue invadiendo el terreno de la justicia efectiva, mediante la utilización de los sistemas de operación “cívico-militares” en zonas afectadas por el conflicto armado, lo que le permitía al Ejército ejercer un control especial sobre el campesinado de esas regiones. Estas medidas dejaron el terreno libre a las FF.MM para que pudieran actuar con mayor holgura en las áreas rurales y cometer innumerables excesos contra la población civil, que se vio sometida por su parte a una excesiva presencia militar del Estado.[cita requerida]
La figura del estado de sitio se mantuvo con pequeñas alternancias vigente hasta el fin del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala en 1982.[cita requerida]
Gobierno de López Michelsen
Con el amplio entusiasmo popular (voto el 58% de los electores) que traían los recuerdos del MRL (Movimiento de renovación liberal) de los años sesenta, Alfonso López Michelsen fue elegido a la presidencia de la república en las votaciones de 1974. Oficialmente era el final del llamado frente Nacional, pacto político de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador para repartirse el poder y poner fin a la violencia política de los años cincuenta; pacto que le había cerrado el espacio político a terceras fuerzas, como la ANAPO, permitiendo a las guerrillas justificar su existencia. No obstante en la práctica la paridad en los puestos públicos se mantendría hasta el final del Gobierno Betancur.[cita requerida]
Con los propósitos iníciales de la concertación y de la institucionalización de la democracia, bajo el lema del “nuevo trato”, López intento realizar una mayor apertura, por un lado hacia el movimiento sindical, y por el otro incluso se propuso negociar con el ELN, que se creía se hallaba al borde de la extinción tras los duros golpes encajados entre 1973 y 1974. Pero la oposición de los militares que creían poder rematar de una sola vez el problema por la vía armada, hizo fracasar las negociaciones. Otro propuesta semejante salida del seno de las propias FARC, se aborto por la misma causa.
En consecuencia, las guerrillas se negaron a rendirse o a desaparecer y continuaron alzadas en armas. Lo que queda del ELN se reorganiza bajo el mando de Nicolás Rodríguez Bautista “Gabino” en el sur de Bolívar y el 8 de septiembre de 1975, protagonizan un atentado que mata al Inspector General de las FF.AA. general Ramón Arturo Rincón Quiñónez. Al año siguiente, se desplazaron a la serranía del Perija, que tomarían como base y cuartel general desde ese momento. Así mismo convirtieron la frontera de Venezuela en punto de apoyo y abrieron operaciones en los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Arauca, donde empezó a gestarse el frente Domingo Laín.[cita requerida]
En ese momento precisamente, pese a las promesas de convertir a Colombia en el Japón de Latinoamérica, y a la misma bonanza económica que vivía el país (gracias a los altos precios del café, y ya a los raudales de dinero que entraba con el tráfico de cocaína), las clases medias y bajas vieron defraudadas sus esperanzas en el Gobierno López: un creciente deterioro del poder adquisitivo afecto a los trabajadores, la inflación se salió de cause, y una fuerte recesión afecto los sectores no cafeteros de la economía desde 1975 hasta 1977. Como respuesta a esta difícil situación, a partir de 1975, se dio un aumento inusitado en los conflictos laborales. José Raquel mercado, dirigente de la unión sindical CTC, fue secuestrado y muerto por la guerrilla del M-19, acusado de “traicionar las clases populares” en abril de 1976. La CSTC más radical y con una mayor influencia comunista en sus filas se fortaleció. Se declaro entonces la emergencia económica y se aumentaron las facultades de los militares con Abraham Varón Valencia a la cabeza del Ministerio de defensa.[cita requerida]
El paro cívico nacional
La difícil situación económica y el inconformismo de las clases populares y medias con el crecimiento de las tasas de inflación y el deterioro de la distribución del ingreso, más la evidencia con las distintas bonanzas de que si había plata en Colombia, llevó a las centrales sindicales a proclamar el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. El gobierno que no vio más que subversión en la protesta, lo reprimió con dureza y en los enfrentamientos con la fuerza pública, murieron 22 personas. Fue el punto de quiebre. La población vio que le era negado hasta el derecho a la protesta, y perdió la confianza en sus instituciones, que no representaban los anhelos del grueso de la sociedad. Las guerrillas aprovecharon entonces la coyuntura y se relanzaron ante la sociedad con una nueva imagen, como la de los auténticos delegados del pueblo. Su lucha que hasta el momento no había logrado despegar limitándose a las zonas periféricas de la nación, toma un nuevo aire: la insurgencia creyó hallarse a las puertas de una situación pre-revolucionaria y se movilizo para ello.
A partir de ese momento, las fuerzas irregulares urbanas toman un mayor protagonismo con el M-19 y el ADO, aunque también las Farc y el ELN reclutan milicianos y expanden su influencia por nuevos territorios. Una generación completa salida de las universidades cree que el país también tomara el rumbo de las naciones del cono sur, la dictadura militar, y se enrola en la insurgencia. La ofensiva anti-popular de la última parte del periodo López, no hace más que ensanchar la brecha entre ambas posiciones.[cita requerida]
Gobierno de Turbay
Para las elecciones presidenciales de 1978, en medio de una abstención electoral bastante alta (solo vota el 45% de la población con capacidad para hacerlo), sale elegido Julio Cesar Turbay Quintero. En base a los rumores alarmantes que le llegaban sobre el crecimiento de las guerrillas y en respuesta a una carta de la oficialidad del Ejército firmada el 17 de diciembre de 1977, en la que reclamaban mayores poderes, Turbay expidió amparado en el Estado de Sitio, el 6 de septiembre de 1978 el polémico Estatuto de seguridad. Se limitaron las libertades de expresión y movilización, se amplio el marco del código penal militar sobre los civiles y se consagró la violación del Habeas Corpus. Cuando días después, fue asesinado por el ADO, el ex ministro de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas, fue desempolvado el artículo 28 de la constitución de 1886, que permitía la detención hasta por 10 días de personas sospechosas de alterar el orden público.[cita requerida]
Se vino una ofensiva durísima contra los sindicatos, continuando el esfuerzo iniciado por López. Las centrales obreras fueron cooptadas, sus líderes represaliados y el movimiento quedó decisivamente debilitado. Además tales recursos jurídicos, facilitaron los excesos de la fuerza pública, al permitirles realizar detenciones arbitrarias y prolongadas, interrogatorios con torturas y procesos militares sin garantías de defensa.[cita requerida]
Auge guerrillero
Las guerrillas maduraron y entre 1978- 1980, el EPL, el ADO y el M-19, constituyeron numerosas milicias en los núcleos urbanos más importantes. Pero serían los golpes de este ultimo los que pondrían fin al aislamiento de una insurgencia relegada hasta ahora a la periferia y la presentaría como un verdadero actor político. Su anti-dogmatismo que los enfrentaba a la intransigencia ideológica de la izquierda tradicional y la astucia de su jefe Jaime Bateman Cayon, los hicieron un fenómeno público. El 31 de diciembre de 1978, los miembros de dicha organización ingresaron por un túnel al cantón Norte en Bogotá y robaron 5000 armas, humillando al Ejército. Este tocado en lo más profundo, desencadenó una fuerte contraofensiva y gracias a las deficiencias organizativas del grupo, les infligió duras derrotas, al desarticular varias de sus redes.[cita requerida] No obstante en febrero de 1980, nuevamente el M-19, en un otro golpe de mano ocupó la residencia de la embajada dominicana en la capital y secuestró a 15 diplomáticos. 67 días después, tras arduas negociaciones con los rebeldes, estos viajaron a Cuba con algunos de los rehenes y allí los liberaron, dando fin a la toma. Después de permanecer maniatado debido a la presión internacional, el Ejército reaccionó con todo y para mediados del mismo año había desbaratado la mayoría de las milicias urbanas del M-19 y capturado a sus principales dirigentes, obligándolo a replegarse a las áreas rurales del sur del país: Caquetá, Huila, Uraba y Cauca inicialmente. Los enfrentamientos armados se desplazaron hacia esas zonas y se hicieron cada vez más fuertes y costosos; y en efecto grandes contingentes de tropa fueron desplazados hacia las selvas del suroriente desde 1981. [cita requerida]
Al mismo tiempo, las FARC multiplicaron sus frentes pasando de 6 en 1978 a 27 en 1982, consolidaron algunas nuevas áreas de influencia en Uraba, Arauca y Valle del Cauca, y pasaron en varias zonas de la autodefensa a la ofensiva. En efecto en un hecho que marcara un antes y un después en la confrontación armada, 3 columnas de la guerrilla comunista que agrupaban al menos a 100 hombres copan en Puerto Crevo (a orillas del rió Duda, Meta) a una patrulla de 20 efectivos del Ejército, el 18 de agosto de 1980. El ataque (denominado Cisne Tres por la subversión) el primero en el que una unidad completa de las FF.MM. es reducida por los irregulares, termina con 3 muertos, 3 heridos y 14 secuestrados en las filas del gobierno.[23]Pero precisamente en el momento que las guerrillas se extendían por la geografía nacional, el tráfico de cocaína desde Perú y Bolivia (presente ya desde principios de los setenta y que tenía como destino principal a EE.UU y Europa), se intensificó entrecruzándose con la expansión insurgente y terminó por favorecerla. Colombia se convirtió en la placa giratoria del funesto negocio. Grandes zonas del sur del país, donde era prácticamente inexistente la presencia del estado, pero en cambio era fuerte la de las Farc, se llenaron inicialmente de pistas clandestinas, cristalizaderos y laboratorios donde era procesada la coca, para más tarde hacer su aparición los llamados cultivos ilícitos. Tras un rechazo inicial a dichas actividades, los frentes presentes en la región terminarían cobrando vacunas, extorsiones y el famoso “Gramaje” a los grandes capos, a los cultivadores y a los raspachines. Ese sería el origen de la disputa con Gonzalo Rodríguez Gacha, a quien miembros de la guerrilla le destruyeron laboratorios de procesamiento y le robaron cargamentos y dinero en efectivo en 1983.[26]
Tampoco, fue casualidad que cuando miembros del M-19 en Antioquia, secuestraron a Martha Nieves Ochoa, hermana de los famosos narcotraficantes y miembros del Cartel de Medellín a finales de 1981, los capos reaccionaran con todos los recursos a su alcance creando el MAS (Muerte A Secuestradores), organización que sería el germen del moderno Paramilitarismo en Colombia. Cada uno de ellos aportó armas, dinero y hombres, poniéndolos a las órdenes del más activo y poderoso de los narcos, que ya entonces contaba con una fuerte organización militar bajo su mando, Pablo Escobar Gaviria. Tras matar a más de 200 personas en su búsqueda, entre milicianos, colaboradores y familiares de estos, Ochoa fue liberada a principios de 1982. Pronto la organización paramilitar, que contó con el activo respaldo de miembros de la fuerza pública, exportaría su modelo a otras regiones del país y pasaría de matar miembros activos de la guerrilla a políticos de izquierda. En efecto en lo que se constituyó en una primera prueba de la exacerbación del proceso paramilitar, entre el 4 y el 12 de agosto de 1983 en las veredas Cañaveral y Altos de Manila del municipio de Remedios (Antioquia), 20 campesinos fueron asesinados por una patrulla mixta de soldados (adscritos al Batallón de Infantería N° 42 “Batalla de Bombona), y civiles al servicio de Fidel Castaño Gil.[27]
Cambio de rumbo y final de la administración Turbay
A finales de 1980 el Gobierno se hallaba en crisis: la economía colapsaba y crecía la oposición de todos los sectores a la política de orden público y a la violación de los DD.HH. Desbaratadas las redes del M-19, una porción de la opinión pública manifestaba su aprobación a las propuestas de acuerdo nacional que difundían los milicianos desde la cárcel, no obstante, que paralelamente ponían en marcha su ofensiva más importante, la llamada invasión por la costa Pacífica, que terminó en fracaso ante la potencia de las fuerzas gubernamentales.[cita requerida]
En efecto una columna de 130 hombres, dividida en 2 grupos y entrenada por militares cubanos, ingreso por la costa pacífica colombiana con el objetivo de abrir operaciones en el interior del país. El primer grupo al mando de José Marín, desembarco a finales de febrero en Choco, mientras que la otra agrupación compuesta por 85 elementos lo hizo en la desembocadura del rio Mira cerca de Tumaco, el 4 de marzo. Sin embargo, el último grupo fue rápidamente detectado por las fuerzas gubernamentales que pasaron de inmediato a la ofensiva. Para finales de abril ambas formaciones habían sido desbaratadas (cerca de 40 muertos y 96 capturados) y los sobrevivientes huido hacia el Ecuador.[28]
Paralelamente y formando parte del mismo plan estratégico, en enero de 1981, el M-19 abría operaciones en las selvas del sur, y 2 meses después (en marzo) se tomaba la capital de la comisaria del Putumayo, Mocoa. Pese a las victorias militares obtenidas por el gobierno, ante el acorralamiento político, la administración Turbay planteó en marzo, una primera ley de amnistía, la ley 37, que a causa de sus múltiples restricciones fue rechazada por las guerrillas, que en respuesta atacaron con disparos de mortero la Casa de Nariño, el 20 de julio de 1981. Fracasada esta primera iniciativa y evitando comprometerse personalmente, el presidente conformó en septiembre de 1981 una comisión nacional de paz, integrada por 9 miembros y encabezada por Carlos Lleras Restrepo. Pero aquel gesto fue desdeñado nuevamente por los insurgentes, que prosiguieron su ofensiva. El 20 de octubre de 1981, guerrilleros del M-19 secuestraron un avión de Aeropesca en Medellín, lo cargaron con armas en la Guajira y finalmente lo hicieron acuatizar en el río Orteguaza en las selvas del sur. Un mes después, el 14 de noviembre, fue hundido el buque Karina, cuando pretendía ingresar un poderoso arsenal por la costa Pacífica. Mientras tanto la comisión continuo con sus labores y propuso una amnistía más funcional aceptada por el Gobierno y expedida por el Decreto-ley 474 de 1982. Un nueva negativa como respuesta. En consecuencia los posteriores intentos de negociación con el M-19 fueron rechazados por Turbay, y la mayoría de sus miembros renunciaron entre abril y mayo de 1982, siendo desmantelada poco después.[cita requerida]
Así el tema de la paz se convirtió en el centro de la campaña presidencial de 1982, disputada entre Belisario Betancur con su “paz nacional” y Alfonso López Michelsen (lanzado nuevamente a la primera magistratura) con la “paz liberal”. Se impondría la primera y para despejarle el camino, Turbay levantó en junio el estado de sitio que regía desde mediados del periodo de López.[cita requerida]
Reorganización de las guerrillas
Luego de que las FARC celebraran sus dos primeras conferencias guerrilleras entre 1964 y 1966, otras cuatro más se realizaron hasta 1978. En ellas se prefiguró el encuadramiento de los insurgentes en frentes, columnas y compañías móviles, se creó el estado mayor y el secretariado, y además se dictaron normas de carácter financiero. Pero sería con la sexta conferencia realizada en enero de 1978, que se inicia realmente el proceso acelerado de crecimiento y expansión de las Farc, con el desdoblamiento de sus frentes que pasan de 6 en ese año a 27 en 1982.[cita requerida]
No obstante, fue la séptima conferencia de mayo de 1982, la que marcó una ruptura. Realizada en el Guayabero (Meta) concluyó con la integración de un ejército revolucionario, lo que quedó consagrado agregando la sigla EP (Ejército del Pueblo) al nombre de las FARC, desde entonces FARC-EP.[29]Además se adoptó un plan militar inmediato, situando el eje del despliegue estratégico en la Cordillera oriental tomando a Bogotá como su centro, mientras se disponía la creación de una cadena de 12 frentes que irían desde La Uribe hasta la frontera de Venezuela y que permitiría aislar el sur-oriente del resto del país. Se ordenó también, duplicar el número de estructuras de 27 a 48, ocupando con ellas las regiones donde la implantación de la organización era débil, y tomar una actitud más ofensiva. Ya no se trataría de emboscar al enemigo sino de buscarlo, coparlo y destruirlo. Multiplicar los ataques, desgastar y desmoralizar a las fuerzas estatales obligándolas a movilizarse constantemente. Paralizar la vida económica a base de sabotajes a la infraestructura nacional. Dar por tierra con el régimen, erosionando sus bases en 8 años.[cita requerida] Aparte de estas decisiones militares, se tomaron disposiciones en el marco financiero, asignando cuotas de dinero a cada frente. Cuotas que deberían recaudar de los grandes capitalistas y empresarios del país, pero también entre los grandes barones de la droga, dando instrucciones en todo caso de que no apareciera el nombre de la organización involucrado.[30] Los cinco años que siguieron serían de una vertiginosa expansión de las FARC-EP por amplios espacios del país. El crecimiento de frentes fue significativo en el Meta, Putumayo, Huila, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Antioquia (nordeste, Bajo Cauca, Uraba), Choco, Valle, Cauca, Tolima y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ello le permitió al secretariado unir sus cuarteles del sur-oriente a una salida al mar por Uraba.[cita requerida]
Mientras tanto, el ELN afectado por una importante ofensiva militar en 1973 y reorganizado en la frontera con Venezuela, celebró en 1983 la llamada Reunión de Héroes y Mártires de Anori. Se eligió una junta directiva de 9 miembros y se nombró jefe político al sacerdote español Manuel Pérez, consolidando la estructura central del grupo. Privilegiando la extorsión, las vacunas y los robos sobre los sectores energéticos, mineros y agropecuarios de la economía, la fuerza insurgente obtuvo cuantiosos recursos financieros que le permitieron pasar de 100 hombres y 3 frentes en 1983 a 14 frentes y 1000 miembros en 1986. Ese mismo año en una nueva asamblea nacional, se conformó el comando central COCE de 5 miembros y se dispuso la creación de los ”frentes de guerra”, que deberían agrupar a un conjunto de frentes de una misma región, dando a la organización una estructura federal. Se constituyeron 4 de estos frentes de guerra: el nor-oriental, norte, nor-occidental y sur-occidental, prefigurándose un quinto en el centro del país.[cita requerida]
El EPL, por su parte se rehízo bajo la férula de los hermanos Calvo. En abril de 1980, el IX congreso del partido Marxista-leninista rompió con las tesis maoístas, puso énfasis en el trabajo político de masas y abrió paso a la conformación de importantes núcleos de milicias urbanas (Bogotá, Cali y Cartagena), combinando este proceso de desarrollo con la utilización de instrumentos legales de lucha democrática. Desde el Noroccidente pronto sus frentes se extenderían hacia el interior de Antioquia, el Eje cafetero y los santanderes.[cita requerida]
La administración Betancur (1982-1986)
El proceso de paz
El gobierno del “Movimiento nacional”, marco un nuevo inicio en la política estatal para el manejo del conflicto armado, al reconocer el carácter político del fenómeno guerrillero. Es así como se abrieron conversaciones con los grupos de “oposición armada”, dejando atrás las soluciones militares. El 18 de noviembre de 1982, el congreso aprobó la ley de amnistía, la ley 35, proyecto de Gerardo Molina. Pese al secuestro y asesinato por el ORP, un oscuro grupo guerrillero, de Gloria Lara de Echeverri (ex directora de las juntas de acción comunal) en noviembre de 1982, y de la emboscada tendida el 4 de febrero de 1983 a un convoy del Ejército que se movilizaba por la carretera que une los departamentos de Huila y Caquetá (con el saldo de un oficial, dos suboficiales y nueve soldados muertos),[31] cientos de guerrilleros presos que fueron amnistiados, quedaron en libertad. Dado ese primer paso, pronto se iniciarían los diálogos exploratorios con las FARC, el ADO y el M-19 -cuyo líder máximo Jaime Bateman Cayon murió en un accidente de aviación en abril de 1983-. Pese a que los primeros contactos fueron directamente realizados por el gobierno, en adelante las conversaciones quedaron a cargo de comisiones de paz autónomas a través de las cuales el diálogo se llevó de forma indirecta. Actuando de esta manera, en la primera parte de la administración Betancur se llegó a acuerdos de tregua y cese al fuego con las FARC, el ADO y el EPL (24 de agosto de 1984).
Con el M-19, las conversaciones exploratorias avanzaron con mayores tropiezos a causa de las continuas operaciones militares del grupo insurgente. Los dos bloques de la organización, el sur (Caqueta) y el occidente (Cauca y Valle) lanzaron múltiples ataques a partir de marzo de 1984: el 14 de ese mes, de 70 a 80 guerrilleros ingresaron a Florencia (Caquetá) y se enfrentaron durante varias horas a las autoridades; y entre el 4 y el 5 de abril, fueron atacadas Corinto y El Palo (Cauca) -los combates que se prolongaron durante una semana dejaron 6 uniformados y 17 guerrilleros muertos-. El Ejército respondió con una fuerte ofensiva sobre el Bloque sur del M-19, al mando de Gustavo Arias “Boris”. En dos meses, hasta mayo de 1984, 54 insurgentes fueron dados de baja (por 20 soldados muertos), obligando así al M-19 a concentrar sus acciones en el occidente, donde fue asaltada la población de Yumbo (Valle) el 11 de agosto siguiente. Solo después de unas jornadas sangrientas en las que fue asesinado Carlos Toledo Plata, y herido en una emboscada Carlos Pizarro Leongomez, se llegó a un acuerdo con el M-19, el 24 de agosto de 1984.
La oposición a la paz
Pero las conversaciones de paz no tardaron en encontrarse con la oposición del estamento militar. El comandante del Ejército, Miguel Vega Uribe mostró abiertamente su desacuerdo con el proceso, y el ministro de defensa, General Fernando Landazábal seria destituido por Betancur a causa de continuas fricciones con el ejecutivo. No por nada el propio presidente de la comisión de diálogo, Otto Morales Benítez, hablo de la oposición que hallaban de "enemigos agazapados de la paz". No obstante, la actitud de los militares se vio favorecida ante la opinión pública por el accionar de los distintos grupos guerrilleros: el Ricardo Franco grupo disidente de las FARC, y el ELN (al mando ahora Manuel Pérez Martinez “cura Pérez”), se negaron a firmar acuerdos con el Gobierno, continuando las hostilidades, los secuestros y las extorsiones. Asimismo, el líder del EPL, Oscar William Calvo, reconoció la implicación de su organización en retenciones y vacunas, pese a encontrarse en medio de un cese al fuego. Con las FARC que había firmado los acuerdos de la Uribe en mayo de 1984, continuaron también las escaramuzas: su ambigüedad quedó de manifiesto en el pleno de 1985, donde se pusieron sobre la mesa unos objetivos esencialmente orientados a lo militar.[cita requerida]
Sin embargo, las mayores dificultades se dieron con el M-19: en diciembre de 1984 un fuerte combate de 18 días enfrento al Ejército y al grupo insurgente en torno al sitio de Yarumales (20 de diciembre de 1984 - 7 de enero de 1985). La operación Garfio que movilizo a cerca de 4000 soldados contra uno de los campamentos madre del M-19, ubicado en el páramo de San Pablo (Corinto, Cauca), terminó con un nuevo acuerdo entre el gobierno y el grupo insurgente, luego de que las tropas regulares no pudieran desalojar a los subversivos de sus posiciones.[32] Pero el dilema siguió abierto, con el establecimiento de una nueva área campamentaría en Los Robles (Cauca). Además se comenzó a denunciar el proselitismo armado desarrollado por este movimiento en los llamados Campamentos de paz, abiertos en las principales urbes del país. En vista de lo que sucedía, el Gobierno prohibió la realización de un congreso del M-19 en Bogotá: al final este se llevaría a cabo en Los Robles (Cauca) a pesar de la insistencia oficial en prohibirlo.[cita requerida]
A partir de ese momento, el clima del proceso se tensionó: los sectores más retardatarios iniciaron una campaña de “Guerra Sucia” contra guerrilleros amnistiados y líderes de izquierda, orientando su actuación al asesinato selectivo. En mayo de 1985 el líder del M-19, Antonio Navarro Wolf fue víctima de un atentado en Cali, que lo dejo gravemente herido. Además, en el congreso de la República, los partidos tradicionales conscientes de la crisis de representatividad alcanzada por sus agrupaciones, se opusieron al “Diálogo Nacional”, que era una instancia de deliberación y de generación de propuestas de cambio social en la que participarían los grupos guerrilleros, los sectores de izquierda y los 2 partidos, el liberal y el conservador. Esta situación terminó con el experimento legal de los subversivos, el proceso sufrió un revés y la mayor parte del movimiento volvió a la lucha armada uniéndose en la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar.
La guerra se recrudece
El M-19 rompió la tregua el 20 de junio de 1985, día del paro cívico nacional convocado por agrupaciones populares, “como reacción al hostigamiento político y al asesinato”. El 28 de junio, dicha organización se tomó la población de Génova (Quindío) y mato a 12 policías y 2 civiles. Estalló entonces la guerra abierta,[33] y se emprendieron importantes operaciones de lado y lado: asaltos y hostigamientos sobre los municipios del Valle que dejaron hasta octubre, 44 uniformados y 60 guerrilleros sin vida; muerte del Comandante Iván Marino Ospina; y atentado contra el General Rafael Samudio Molina. La violencia se intensificó a tal punto que el 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 tomó al asalto el palacio de justicia en Bogotá. Más de 350 personas fueron tomadas como rehenes. El Ejército contraatacó con más de 1000 soldados y 8 tanques, mientras la Policía movía el GOES (Grupo de operaciones especiales) en varios helicópteros sobre la terraza del edificio. Se produjo una batalla que se prolongó por espacio de 28 horas y que se saldó con más de 100 muertos y desaparecidos entre ellos la mayor parte de los miembros de la sala constitucional de la corte suprema de justicia, 11 uniformados y todos los integrantes del comando asaltante.[34] Poco después el EPL rompió también el cese al fuego -tras el asesinato en la capital de su jefe Oscar William Calvo-, y la guerra se generalizó entonces contra todos los grupos subversivos (excepto las FARC y el ADO), agrupados a la sazón alrededor de la Coordinadora Nacional Guerrillera CNG. Sin embargo esta seria disuelta poco después a raíz de la masacre de Tacueyo, efectuada por la guerrilla del Ricardo Franco. Finalmente en diciembre, mientras realizaba una vasta operación contra-insurgente, el Ejército mato a 17 personas en el Barrio Siloe de Cali (3 de diciembre); poco después pese a que había una tregua pactada con las FARC, tendió una emboscada al V frente de esa organización en Cañas Gordas (Antioquia), dando de baja a 22 de sus integrantes.
La situación no vario en 1986, a raíz de la violenta ofensiva del M-19 en el suroccidente colombiano. A partir del 3 de febrero, en el nororiente del Cauca se enfrentaron 6 batallones de tropa con 400 guerrilleros en los combates mas violentos hasta ese entonces. 13 militares murieron y 3 fueron capturados, mientras los alzados en armas sufrieron no menos de 35 bajas. Pocos días después, el 12 de marzo, al menos 300 integrantes del M-19 atacaron Cali desde la región del rio Pance. No obstante para el final de la administración de Betancur dicha guerrilla había sufrido golpes con varios de sus dirigentes asesinados o muertos en combate: Carlos Toledo Plata, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Gustavo Arias “Boris”, Andrés Almarales, Luis Otero y Alfonso Jacquin.
En este marco solo las Farc permanecieron en el proceso de paz y conformaron con el partido comunista y otro grupos de izquierda, la Unión Patriótica, que obtendría en las elecciones de 1986, 11 curules en el parlamento y docenas de puestos en consejos municipales y asambleas departamentales. No obstante estos avances se vieron amenazados por el incremento de la “guerra sucia”, denunciada por múltiples organizaciones. Para agostou de 1986 las guerrillas aglutinaban unos 9000 hombres (de 3000 a 5000 de las Farc en 29 frentes, 1000 del M-19, 1000 el EPL, 1000 el ELN, 150 la guerrilla indígena del Quintín Lame, 100 el Patria Libre y otro centenar el PRT -Partido Revolucionario de los Trabajadores). A ellos se oponían unos 100.000 militares y 40.000 policías.[cita requerida]
Inicios del narcotráfico
La economía del tráfico ilícito de drogas venía operando en Colombia, desde finales de los años sesenta cuando en la costa Caribe especialmente, floreció el cultivo de la marihuana y se dio una primera bonanza, la llamada “Marimbera”. El mercado norteamericano receptor principal de los estupefacientes, empezaría luego a derivar hacia la cocaína, producto originado en la mata de coca y cultivada originalmente en los países andinos (Bolivia, Perú y Ecuador). En este marco jugaría Colombia el papel de placa giratoria: los cargamentos del alcaloide llegaban desde el sur y eran redistribuidos por las mafias locales hacia EE.UU.. A los grupos de narcotraficantes de la primera parte de la década de 1970 presentes sobre todo en Medellín y el centro del país (en parte antiguos contrabandistas) y pronto liquidados en guerras intestinas, le sucedería una generación más activa de la que serían exponentes Pablo Escobar, su primo Gustavo Gaviria, los hermanos Ochoa y Griselda Blanco (sobreviviente de la primera etapa) en Antioquia; Carlos Lehder en Armenia; Gonzalo Rodríguez Gacha en el centro del país; Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño, Helmer Herrera y los hermanos Henao en el Valle del Cauca; y José Abelló en la costa Atlántica.[cita requerida]
Sus profusas redes en Norteamérica y la diáspora colombiana en el exterior les permitieron controlar el negocio y obtener grandes beneficios económicos. A partir de la Administración López la economía de la coca alcanzaría su apogeo. El gobierno Turbay emprendería las primeras acciones al respecto presionado por los EE.UU.. Lanzó una ofensiva contra los cultivos de marihuana en la costa norte, y firmó en 1979 el tratado de extradición con la Administración de Jimmy Carter.
Aunque al principio los narcotraficantes se presentaron solo como empresarios, pronto fue evidente que también eran agentes de desestabilización. Cuando miembros del M-19 en Antioquia, secuestraron a Martha Ochoa hermana de los narcotraficantes de Medellín a finales de 1981, los capos reaccionaran con todos los recursos a su alcance creando el MAS (Muerte a Secuestradores), organización que sería el germen del Paramilitarismo en Colombia. Cada uno de ellos aporto armas, dinero y hombres, poniéndolos a las órdenes de Pablo Escobar, que ya entonces contaba con una organización militar bajo su mando. Tras matar a unas 200 personas en su búsqueda, entre milicianos, colaboradores y familiares de estos, Ochoa fue liberada a principios de 1982.
Consecuencia de estos hechos fue la formación de carteles de la droga con la asociación de jefes narcotraficantes: el de Medellín terminó por alinear a los capos antioqueños y al llamado cartel de Bogotá en una alianza que incluiría a las dos mayores cabezas del negocio: Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. También se constituirían los de la Costa (cercano al primer grupo) y el de Cali y del Norte del Valle, aunque todos con menores recursos y poder que el de Medellín.[cita requerida]
Además pronto el modelo del MAS se aplicaría a la región del Magdalena Medio donde nació la ACDEGAM (Asociación campesina de ganaderos y agricultores del Magdalena medio), una fuerza de autodefensa legal encargada de combatir la presencia de la guerrilla en la zona con apoyo del Ejército. Los homicidios y masacres se multiplicarían ahí a partir de 1982. Pronto Rodríguez Gacha, enemistado con las Farc a causa de la destrucción de algunos de sus laboratorios en el sur del país y del robo de dinero en efectivo y pasta base de coca en 1983, tomó las banderas de la contra-insurgencia y empezó a apoyar con cuantiosos recursos, entrenamiento y armas a los paramilitares de Puerto Boyacá.
La muerte de Lara: empieza la guerra del Narcotráfico
La reforma tributaria de 1983 planteó una nueva relación entre Narcotráfico y Estado ofreciendo la alternativa de incorporar los dineros calientes a la economía legal colombiana. Se sondeó además la posibilidad de la legalización de las drogas y la expedición de un marco legal que permitiera a los barones de la coca su participación en la vida social, legal y política del país. El nacimiento del Movimiento Latino Nacional de Carlos Lehder y de Civismo en Marcha de Pablo Escobar, quien ocupó un puesto en la cámara de representantes, fue una expresión de este proceso. Pero dicho esbozo, fracasó por la oposición de los sectores tradicionales para aceptar estos hechos. El Nuevo Liberalismo, movimiento liderado por Luis Carlos Galán y por Rodrigo Lara Bonilla (nombrado ministro de justicia por Betancur), fue el adalid de esta cruzada contra la narco-política, que convirtió en el objetivo principal de sus críticas a Pablo Escobar.[cita requerida]
En este marco de rechazo a la narco-política se dieron los primeros intentos de diálogo entre los traficantes de droga y el Gobierno sobre el tratado de extradición a los EE.UU.. En una primera conversación con el Procurador Carlos Jiménez Gómez en octubre de 1983, el jefe del ministerio público mostró su rechazo a la extradición y acordó con los narcos, que amagaban con declarar la guerra, su retiro de la política. Así fue que al final, pese a los intentos de sabotear la acción del ministro Lara en el congreso, denunciando su supuesta relación con Evaristo Porras un narcotraficante del Amazonas, Escobar se vio obligado a renunciar definitivamente a la actividad política. La difícil coyuntura que parecía desactivarse se complicó, cuando la policía anti-narcóticos al mando del Coronel Jaime Ramírez (con el ministro Lara detrás del operativo), desmanteló el complejo cocalero de Tranquilandia, en marzo de 1984. Aquel golpe al Cartel de Medellín, fue devuelto el 30 de abril de 1984, cuando 2 sicarios mataron al ministro de justicia en el Norte Bogotá.
Fue el divorcio entre la sociedad y los barones de la droga. El gobierno amplió el estado de sitio a todo el país con el decreto 1038 y con el artículo 121 generó casi toda la legislación regulatoria del narcotráfico en Colombia, en especial el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986). Con este marco legal Betancur inició la primera gran guerra contra el narcotráfico: se dispuso del embargo y del secuestro de bienes y del aumento de penas y multas para delitos asociados al tráfico de drogas, pasando estos al conocimiento de la Justicia Penal Militar. Los principales cabecillas del Cartel debieron refugiarse en el istmo e intentaron en mayo de 1984 en medio de los llamados Diálogos de Panamá, un último intento de acercamiento al Estado. Su fracaso trajo una importante consecuencia: el dinero fue reemplazado por el terror como principal recurso de enfrentamiento y diálogo. Meses después regresarían clandestinamente al país y la guerra total sería cuestión de tiempo.[35]
El narcoterrorismo: 1984-1986
Un año después del asesinato del ministro Lara Bonilla, pese a los anuncios del gobierno de combatirlos, los narcotraficantes del cartel de Medellín renombrados ahora como “Los Extraditables”, permanecían impunes expandiendo su aparato criminal por amplias zonas del país y abriendo nuevas rutas de tráfico de cocaína por Nicaragua y Cuba. En cambio los efectos corrosivos del narcotraficante seguían creciendo, y contribuyendo al progreso de la corrupción dentro del gobierno -en sus múltiples estamentos-, los partidos políticos, y sobre todo las fuerzas de seguridad, sobornadas con profusión por Escobar y sus secuaces. Solo esto último permitió al cartel de Medellín, continuar golpeando impunemente al estado colombiano. En noviembre de 1984 “Los Extraditables” hicieron estallar un carro-bomba frente a la embajada estadounidense en la capital y en junio de 1985 ordenaron la muerte del juez Tulio Manuel Castro Gil. Pablo Escobar, ambiguo en sus relaciones con la guerrilla luego del episodio del MAS, se acercó al M-19 por intermedio del comandante Iván Marino Ospina y de algún modo estuvo al tanto de los hechos que se iban a desarrollar en la toma del Palacio de Justicia ofreciendo apoyo económico para la operación; si bien los hechos no están dilucidados del todo. En cualquier caso las relaciones fueron cercanas y motivaron cierto alejamiento de la cúpula del M-19 con Ospina. Carlos Lehder por su parte busco refugio entre varios frentes guerrilleros para escapar a la arremetida del gobierno y se declaro luchador contra el Imperialismo estadounidense.[cita requerida]
Las grandes ciudades Bogotá y Medellín inicialmente, luego otras, conocerán a partir de ese momento un terrorismo que sin estar ligado directamente al Conflicto armado, hará estremecerse a las instituciones y a la sociedad con más fuerza que lo hecho por la guerrilla. A la vez la violencia irrumpe con fuerza en el mundo urbano, rodeado de áreas periféricas pobres y marginadas: bandas de sicarios en la capital antioqueña pasan a controlar de facto más o menos desde 1985, las barriadas y comunas de la ciudad, actuando o no al servicio del cartel. La misma situación se extenderá pronto a Cali, Pereira y Bogotá. Las tasas de homicidio aumentarán exponencialmente en todo el país desde mediados de la década de los ochenta y alcanzaran más de 20.000 anuales a contar de 1988. La criminalidad ligada o no al narcotráfico también crecerá y la respuesta de la Policía en la forma de sangrientas represalias y campañas de “Limpieza social” solo aumentara progresivamente las dimensiones del problema.[cita requerida]
La campaña de terror continuaría contra sus enemigos en el Gobierno, contra los que apoyaran el tratado de extradición -hecho efectivo en enero de 1985 con el envió de los primeros capturados a EE.UU.-, y todos los que denunciaran sus negocios y redes mafiosas: “los Extraditables” asesinaron en febrero de 1986 en Baton Rouge (Florida) al piloto y testigo ante la justicia estadounidense Barry Seal, en julio al magistrado Hernando Baquero Borda y al periodista de El Espectador Roberto Camacho Prada, y el 18 de agosto ya posesionado el nuevo presidente de Colombia Virgilio Barco, al Capitán de la policía anti-narcóticos Luis Alfredo Macana. Además, demostrarían su poder de corrupción cuando evitaron que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela capturados en España y ambos reconocidos narcotraficantes, fueran extraditados a EE.UU. y más bien fueran deportados a Colombia donde pagaron irrisorias penas de cárcel. Hasta ese momento los principales grupos exportadores de droga mantuvieron buenas relaciones entre si, aunque la atención de las autoridades se centraba esencialmente sobre los violentos cabecillas de Medellín, que controlaban hasta un 80% del lucrativo negocio. Y a pesar de que los jefes de Cali optaron principalmente por la corrupción y por la infiltración dentro de las instituciones como medio de lidiar con el Estado, en septiembre de 1986 ordenaron el crimen del periodista del Diario Occidente Raúl Echavarría Barrientos.[35]
La administración Barco (1986-1990)
En las elecciones presidenciales de 1986, el liberal Virgilio Barco ganó con 4,8 millones de votos, imponiéndose por un amplio margen a sus contrincantes. Al declarar el Gobierno de partido, puso fin a la partición equitativa de puestos con los conservadores, dando así por terminado el periodo del Frente Nacional.[cita requerida]
Compartiendo el diagnóstico de su predecesor respecto a la existencia de causas objetivas y subjetivas de la violencia, manifestó sus intenciones de diálogo y puso en marcha programas de aspecto reformista para las zonas más afectadas por el conflicto. Retomó y fortaleció el Programa Nacional de Rehabilitación (PNR) y reinició las conversaciones de paz con la guerrilla.[cita requerida] La llamada Política de cambio para la reconciliación, normalización y rehabilitación, intentó institucionalizar y ampliar la política de paz de Betancur, acercando el Estado y sus instituciones a la comunidad. Esta iniciativa se precisó al final del primer año de gobierno con la formulación del PNR, la Erradicación de la Pobreza Absoluta (EPA), y el Plan integral de desarrollo campesino-PIC, que amplió los programas del fondo de Desarrollo Integral Campesino (DRI). Pese a los amplios esfuerzos del Estado ninguno tuvo mayor impacto en la situación que vivía el país: el PNR manejado con una visión tecnócrata no alcanzó a tener repercusión sobre el terreno, debido a la misma violencia que impidió su desarrollo en las áreas con mayores problemas de orden público; y no hubo erradicación de la pobreza absoluta o integración de las mismas áreas a la economía nacional. La EPA terminaría opacada por sus bajos resultados frente al PNR.[cita requerida]
Esta apuesta institucional vino acompañada de la implementación de reformas democráticas que, en la primera elección popular de alcaldes en 1988, dieron el paso definitivo hacia la concreción de la descentralización política y administrativa. De esta forma se intentó reforzar una concepción más civilista del orden público, reflejada en la intención de ejercer cierto control sobre las Fuerzas Armadas, mediante el nombramiento de un civil como Procurador para las Fuerzas Armadas y la creación de una Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Todo este paquete de medidas, junto con el reconocimiento de fuerzas políticas de la izquierda dentro del juego político, incluyendo el reconocimiento de la Unión Patriótica y la vigencia de los acuerdos de paz (pese a la ruptura del proceso con las FARC), hacían parte de una intervención democratizadora que intentaba incidir en una guerra en desarrollo y en una crisis política continuamente postergada.
Sin embargo, el aislamiento del presidente Barco de la clase política tradicional, su falta de habilidad para lograr un consenso en la sociedad, y su distanciamiento de la opinión pública, impidieron la aprobación de todas las reformas que debieron acompañar la política de rehabilitación y la descentralización político-administrativa en curso. El conflicto entró en una fase de recrudecimiento progresivo y las guerrillas multiplicaron sus acciones, justificando su creciente radicalizacion con los hechos de la "guerra sucia". Uno de esos golpes a la confianza mutua ocurrió 15 de febrero de 1987, cuando fue detenido, torturado y luego presentado como muerto en combate, uno de los jefes máximos del EPL, Jairo de Jesús Calvo "Ernesto Rojas".[cita requerida]
Ofensiva guerrillera y conversaciones de paz
La violencia guerrillera se intensificaría a niveles desconocidos con numerosos ataques a infraestructura, emboscadas y tomas de pueblos. El M-19 a la ofensiva entre noviembre de 1985 y marzo de 1986, sufrió una potente arremetida del Ejército a partir de abril de 1986 cuando fueron trasladados miles de hombres desde el fuerte Tolemaida hacia el sur-occidente de Colombia. Se movilizaron nada menos que quince mil soldados de las Brigadas III (Cali) y X (Melgar), con refuerzos mecanizados provenientes de la XIII (Bogotá), y respaldados por artillería, tanques Urutú y Cascabel, helicópteros artillados y aviones de bombardeo T-33 y T-37. En verdad, luego del resultado de la operación del palacio de justicia, la organización no pudo volver a levantar cabeza. El peso del esfuerzo recayó entonces cada vez más en los otros grupos que desplegaron una fuerte escalada en todo el país. El ELN multiplicó sus atentados y extorsiones contra la infraestructura petrolera en las postrimeras de 1986, lanzando también una incursión hacia Venezuela el 12 de junio de 1987 (incursión que le costo la vida a 15 efectivos de la Guardia Nacional); mientras que las FARC sacaron como única conclusión del episodio de la UP, que había que continuar solo en el frente militar y reactivar su aparato bélico, acrecentado y extendido a lo largo de 5 años en las sombras de un fallido proceso de paz.[36] El 16 de junio de 1987 los frentes 14 y 15 atacaron en la carretera entre Puerto Rico y San Vicente del Caguan (Caquetá), a una columna contraguerrilla del Batallón Cazadores del Ejército, matando a 26 soldados y un civil.[37]La tregua con el Gobierno se rompió y el proceso sufrió un serio traspié del que nunca se recuperaría. El EPL por su parte apostaba por operar simultáneamente en el campo político y militar, constituyendo el denominado Frente Popular en 1988 con el cual pretendía avanzar en las elecciones locales de ese año. A la vez su estrategia “revolucionaria” pasaba por apoyar insurrecciones parciales en las regiones, utilizando para ello las movilizaciones sociales. En uno de los ataques lanzados por esta organización el 22 de marzo de 1987, fue emboscada una patrulla de 18 policías antinarcóticos en Necocli (Antioquia). 11 uniformados murieron y 3 más fueron secuestrados.
La expansión territorial de las guerrillas, en todo caso solo fue posible gracias a nuevos factores que entraron en escena en la década de los 80. El país experimentó profundas transformaciones económicas que multiplicaron los conflictos sociales y crearon polos de desarrollo en las antiguas periferias, brindando así valiosos recursos a la expansión de los grupos irregulares. Esos cambios se centraron en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria con el banano (Uraba), las flores y la palma africana (sur del Cesar); y de la minería con el carbón, el petróleo (Arauca) y el oro (Bajo Cauca y Nordeste antioqueño).[cita requerida]
Rotas definitivamente las conversaciones, los enfrentamientos se sucedieron sin tregua en las selvas del sur, en Arauca, Córdoba, Uraba y el Magdalena Medio. El 21 de noviembre de 1987 miembros de las Farc mataron a 10 soldados y un civil en Florencia (Caquetá); el 25 de enero de 1988 cayeron 8 policías en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander); y el 30 del mismo mes, el EPL asesinó en Uraba a 6 militares y 9 civiles.[cita requerida]
Estos ataques solo marcarían el principio de un año particularmente sangriento: el 29 de mayo tras una emboscada que mató a 4, el Ejército emprendió una potente contraofensiva con carros blindados y 3 helicópteros artillados en el Eje bananero. Tras una semana de enfrentamientos el resultado fue de 41 víctimas mortales (9 soldados y 32 insurgentes). Dos meses más tarde en la madrugada del 23 de agosto de 1988, el pueblo de Saiza (Córdoba) fue escenario de otra batalla. Al menos 200 subversivos de las Farc y el EPL, atacaron a un pelotón de 31 soldados que acampaba a las afueras de la población y al cuartel de la policía, guarnecido por 18 uniformados ubicado en el centro del mismo. Después de 12 horas de combate, se reportaron 38 muertos (9 soldados, 2 policías, 12 civiles y 15 guerrilleros) y 23 miembros de la fuerza pública secuestrados.[38]
La subsiguiente propuesta de paz lanzada por el Ejecutivo el 1 de septiembre, solo sirvió para envalentonar más a la Coordinadora Simón Bolívar. Desde esa fecha hasta el 6 de octubre siguiente, decenas de acciones violentas dejaron 81 personas muertas y 29 heridas. Además fueron secuestrados otros 52 efectivos del gobierno.[39]En el hecho más grave, ocurrido el 2 de octubre de 1988, fueron asesinados 12 soldados y 2 civiles cuando fue atacado un bus del Ejército en el Caquetá.[40]Por añadidura, el 27 de octubre de 1988, día del Paro Cívico Nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores − cut, y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos − anuc, entre otras organizaciones, el EPL trato de llevar adelante su apuesta por la revolución popular, proponiendo esa fecha como inicio de la insurrección contra el Estado. El resultado fue desastroso.[cita requerida]
Poco después de esta última embestida terrorista, el presidente denegó la autorización al ministro de Defensa, General Rafael Samudio, de conducir una estrategia de tierra quemada contra la rebelión, forzando al alto oficial a dimitir. El 22 de noviembre un coche-bomba estallo en Bogotá al paso de la caravana de su sucesor en la cartera de guerra, General Manuel Jaime Guerrero Paz, pereciendo en el acto 3 de sus escoltas.[41]1988 culminó así con 371 muertos entre las filas gubernamentales contra los 270 de 1987. A estos se sumaron cerca de 600 guerrilleros dados de baja.[cita requerida]
En este marco las FARC realizaron en mayo de 1989 un nuevo pleno de su organización, donde confirmando lo decidido 2 años atrás, se llegó a la conclusión que los esfuerzos políticos, como la búsqueda de la paz no eran durables y en consecuencia que la guerrilla debía prepararse para un mayor escalamiento del conflicto: escalamiento que derivaría hacia la guerra civil. Las estructuras insurgentes entrarían a hostigar frontalmente al Ejército colombiano. En adelante lo militar iría en detrimento de cualquier otra opción.[cita requerida]
Negociaciones con el M-19
En vista de la situación de violencia que envolvía el país en todos los frentes, en septiembre de 1988 el Gobierno reconoció un interlocutor político válido en la insurgencia. Dependiendo del grado de radicalización alcanzado y de su localización geográfica, el Estado se acercó a negociar unilateralmente con los distintos grupos guerrilleros reunidos alrededor de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar en septiembre de 1987. El gobierno creó para ello la consejería para la paz de la presidencia y a diferencia de Betancur con sus comisiones autónomas, comprometió directamente al ejecutivo en las conversaciones. Pero la administración Barco confrontando una oleada de violencia ilimitada alimentada desde todos los frentes, no redujo su accionar solo a la búsqueda de la paz por medio de las conversaciones, sino que también aumentó el presupuesto del renglón de la defensa y multiplicó los efectivos de las Fuerzas Armadas pasando estos de 150.000 en 1988 a 210.000 al año siguiente. El ejército que contaba ahora en sus filas 140.000 hombres, empezó a reclutar los primeros contingentes de soldados profesionales (unos 2000 inicialmente), orientados básicamente a la lucha contra-guerrilla y adquirió armamento más moderno entre ellos los helicópteros Black Hawk estadounidenses. Los resultados de esta nueva estrategia llegaron en octubre de 1989 cuando unidades aero-transportadas atacaron un campamento madre del EPL en Puerto Libertadores (Córdoba) y dieron de baja a 18 insurgentes. A la par las pérdidas de la FF.AA. disminuyeron sustancialmente y por última vez caerían a la cifra de 238 en 1989.[cita requerida]
Luego de liberar al político conservador Alvaro Gomez Hurtado secuestrado en mayo de 1988, el M-19, debilitado política y militarmente se acogió a la fórmula del gobierno e inicio conversaciones con la Consejería de paz en enero de 1989. Como resultado de dicho proceso el 9 de marzo de 1990 se desmovilizaron sus 900 miembros, reincorporándose a la vida civil. Su exitosa participación en las elecciones locales y parlamentarias como Alianza Democrática M-19, donde agrupado con otros movimientos de izquierda obtuvo 100.000 votos, llevó a la administración Barco a concretar su política de pacificación y a que el EPL aceptara también entrar a negociar. Efectivamente esta última guerrilla, se hallaba debilitada luego de la muerte de los Hermanos Calvo y del desastroso resultado de la incursión a Tenjo (Cundinamarca), en donde fue masacrado su grupo de milicias bogotanas (9 de marzo de 1989). Pese a que no era la agrupación más fuerte dentro de la insurgencia, el PRT y el Quintín Lame siguieron el mismo camino y se entregaron a comienzos de 1991. Las Farc y el ELN obcecadas en seguir con la guerra continuaron al margen del proceso y no definieron ninguna política de negociación y diálogo, multiplicando sus acciones desde 1990.[cita requerida]
Expansión de las autodefensas, guerra sucia y masacres paramilitares
Luego de que las guerrillas fueron expulsadas del sur del Magdalena Medio por los paramilitares que atacaron principalmente a sus redes de apoyo y a la población que consideraban era su colaboradora, el modelo de Puerto Boyacá fue exportado al resto del país. Amparados en dos leyes de la década de los 60 que permitían la existencia de las Autodefensas, grupos con experiencia en la zona, entrenaron a sus pares en Córdoba, Uraba, Putumayo y la región del Ariari.[42]
En este punto los narcotraficantes, convertidos en los nuevos terratenientes y en los poseedores de amplias extensiones de tierra, ansiosos de verse libres de las exigencias económicas de la guerrilla y de los impuestos que ponían a sus infraestructuras cocaleras del sur del país, entraron a apoyar activamente el proceso conformando sus propios ejércitos privados y brindando cuantiosos recursos a los demás grupos que constituyeron ganaderos y grandes hacendados, cansados también de extorsiones y secuestros. No menos contribuyó la actitud de los subversivos que cometieron abusos contra la población civil empujándola a los brazos de su enemigo. Tampoco estuvieron al margen miembros de la fuerza pública, que vieron en estas estructuras la oportunidad de combatir más eficazmente a la insurgencia, dejándoles el trabajo sucio que ellos no podrían realizar. Proceso que además estaba respaldado por el hecho de que las Autodefensas eran constitucionalmente legales y de que en los manuales de contrainsurgencia del Ejército, como el EJC-3-10 aprobado en noviembre de 1987 por el general Oscar Botero, se les considerara como apoyos indispensables en la lucha contra la subversión.[42]
El resultado fue un fortalecimiento desmedido de los grupos paramilitares en las zonas rurales y su expansión generalizada sobre todo en dos áreas estratégicas: Córdoba, Uraba y el nordeste antioqueño de un lado, y el Magdalena Medio, algunas provincias de Boyacá y Cundinamarca, más los llanos orientales del otro. En 1987 el Ministro de Gobierno Cesar Gaviria reconocía la existencia de 128 organizaciones de “justicia privada”. Conocidos como "Los Tangueros" por el nombre de la finca desde donde operaban, Fidel Castaño y sus hermanos serían los protagonistas de una brutal cruzada anti-comunista en el norte: conformaron Muerte a revolucionaros del Nordeste antioqueño MRN (más tarde Autodefensas Campesinas de Córdoba) con unos 300 hombres, y emprendieron con apoyo narcotraficante una oleada de asesinatos y masacres. El médico y activista Héctor Abad Gómez estuvo entre sus primeras víctimas destacadas en 1987.
Más al sur en el otro frente, el barón de la droga más poderoso de Colombia después de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, era el jefe de un ejército privado de 1000 hombres entrenado por mercenarios británicos e israelíes; mientras que en Puerto Boyacá se centraba la facción que actuaba con la fachada de la ACDEGAM. Comandado por Henry Pérez y Ariel Otero tras el asesinato de Guarín a manos de las FARC en 1987, tenía al menos medio millar de integrantes. Su alianza con Rodríguez y sectores de la fuerza pública (Batallón Bárbula), les permitía operar aún con mayor impunidad y apuntar a objetivos de alto valor. A su vez Rodríguez no solo financiaba a estos grupos sino que extendía sus bandas armadas hasta los llanos orientales y el Putumayo donde los Masetos, controlaban la zona del Guamuez.
En este punto la UP, considerada el brazo político de las FARC, se convirtió en el blanco de sus ataques. En septiembre de 1986 el senador Pedro Nel Jiménez y el representante a la cámara Leonardo Posada, militantes ambos de este movimiento, fueron asesinados en distintos hechos en Villavicencio y Barrancabermeja. Sería el comienzo de una campaña de exterminio. Sicarios, paramilitares e incluso agentes corruptos del Estado al servicio de uno u otro grupo se verían involucrados en los homicidios de decenas de líderes y miembros del partido. El 11 de octubre de 1987, pistoleros al servicio de El Mexicano asesinaron al presidente de la UP Jaime Pardo Leal. El 24 de noviembre, 5 miembros de la JUCO fueron acribillados a tiros en la sede de la organización en Medellín.[cita requerida]
Sin embargo la mayor ola de violencia vendría en 1988. A la par que la guerrilla multiplicaba sus frentes y presencia en amplias regiones, la llamada guerra sucia alcanzó su apogeo. Cientos cayeron víctimas de masacres y ataques selectivos, centrados sobre todo en el norte del país. El año lo abrieron los paramilitares del Moens (Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista), con el ataque a una gallera en Vistahermosa (Meta), donde murieron 14 campesinos (21 de febrero). El 4 de marzo, efectivos de la Acdegam, transportados con complicidad de las autoridades militares desde Puerto Boyacá hasta Uraba, mataron en las fincas de La Honduras y La Negra a 20 sindicalistas bananeros. Un mes después en la Mejor Esquina (Córdoba), la banda de los Magníficos ejecuto a 28 campesinos, acusándolos a todos de ser colaboradores de la guerrilla;[43]el 11 del mismo mes las víctimas son 23 civiles ultimados con ráfagas de fusil en la Vereda Punta Coquitos de Turbo.[44]Por añadidura, el Ejército entregado a una violenta campaña contra las guerrillas, masacro entre el 14 y el 15 de junio a 17 mineros pertenecientes a la UP (vereda El Topacio, municipio de San Rafael, Antioquia). El 30 de agosto fueron acribillados 16 jornaleros en El Tomate (Córdoba), y finalmente el 11 de noviembre, "los Tangueros" perpetraron la masacre de Segovia (Antioquia), asesinando a 43 personas, empezando por la alcaldesa del municipio perteneciente a la UP.[45]
La tendencia se mantuvo en 1989 y marcó un punto culminante el 18 de enero cuando una comisión judicial que investigaba en La Rochela, Magdalena medio santandereano, las masacres y asesinatos que se venían cometiendo en la zona, fue atacada y 12 de sus integrantes ejecutados.[46]Quedó de relevo que los paramilitares cada vez más relacionados con los narcotraficantes del cartel de Medellín, podían también dirigir su actuación contra los agentes y funcionarios del Estado. Poco después en otra serie de atentados ordenados por Rodríguez Gacha, Teófilo Forero, el secretario del partido comunista y 3 personas que lo acompañaban fueron acribillados en Bogotá (27 de febrero) y el 3 de marzo, el dirigente de la UP, José Antequera, cayó asesinado en el aeropuerto El Dorado. En este último ataque también salió herido de gravedad Ernesto Samper Pizano, precandidato a la presidencia por el Partido liberal. Antes de terminar el año, en octubre, hombres de los Castaño mataron en su propia oficina de Medellín al segundo vicepresidente de la Asamblea de Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría.[cita requerida]
El gobierno Barco enfrentado crecientemente a Escobar y sus alfiles, se percató del peligro que representaban las estructuras de ultraderecha convertidas en ejércitos al servicio de la mafia, y derogó el decreto 3398 de 1965, declarando ilegales las autodefensas. Aunque la Acdegam trató de camuflarse en las banderas de un nuevo movimiento político, MORENA (Movimiento de restauración nacional) guiado por Ernesto Báez, la consiguiente campaña terrorista emprendida contra el estado por Los Extraditables, no dejó dudas al respecto: el matrimonio entre tráfico de drogas y paramilitarismo era indisoluble. El 15 de diciembre de 1989, Gonzalo Rodríguez Gacha fue abatido por las autoridades;[47] pero su muerte no marco el final del paramilitarismo como fenómeno devorador de la protesta social ni autor de las masacres colectivas. En efecto el 14 de enero de 1990, los Tangueros desaparecen a 43 personas en el corregimiento de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia).[48]
Como si fuera poco antes de finalizar el periodo Barco, 2 candidatos presidenciales para sucederle en el cargo fueron asesinados por las Autodefensas de Córdoba (Hermanos Castaño). El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa de la UP fue acribillado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por un sicario que le disparó a quemarropa. Un mes después el 26 de abril, Carlos Pizarro Leongomez, el desmovilizado comandante del M-19 y candidato por este movimiento, fue ultimado en un avión en pleno vuelo por un pistolero suicida.[49]
Inicio de la guerra entre carteles
A la par que la violencia guerrillera y paramilitar envolvía progresivamente a todo el país, el terrorismo de los narcotraficantes, dirigido o indiscriminado fue adquiriendo características de otra guerra. Luego del ascenso a la presidencia de Virgilio Barco, las muertes a manos de sicarios motorizados del juez Gustavo Zuluaga en octubre de 1986, del coronel de la policía anti-narcóticos Jaime Ramírez Gómez un mes después y sobre todo del Director del diario El Espectador Guillermo Cano el 17 de diciembre, más el atentado que sufrió en Budapest (Hungría), el ex ministro de justicia Enrique Parejo González en enero de 1987, le dejaron entrever al presidente a qué problema se estaba enfrentando. Problema acrecentado por los contactos entre las fuerzas paramilitares y la cúpula de Los Extraditables: como ahora los narcos eran los poseedores de la tierra y necesitaban proteger sus negocios e infraestructura ilegal, y las autodefensas buscaban financiación, la confluencia de intereses los hizo aliados.
No obstante, la intimidación y el asesinato selectivo no se quedaron relegados solo a sus enemigos de izquierda. Tras la captura y extradición a los EE.UU. de Carlos Lehder, uno de los principales cabecillas del Cartel de Medellín, el 4 de febrero de 1987, Pablo Escobar y el resto de la cúpula tomaron conciencia del peligro que la famosa extradición representaba a sus intereses. Decididos a combatirla, robustecieron su aparato militar y económico, para poder financiar el previsible escalamiento que vendría. Las tensiones creadas y la ambición de Escobar por dominarlo todo, motivaron una primera purga dentro de la organización y el secuestro de varios traficantes ligados al Valle. Su posterior asesinato, motivó el rompimiento entre ambos carteles. La captura en noviembre de 1987 de Jorge Luis Ochoa en Buga (Valle), fue vista como producto de una delación de los traficantes de Cali.[cita requerida]
Pocos días después el candidato a la alcaldía de Medellín Juan Gómez Martínez, se salvó de un intento de secuestro reivindicado por Los Extraditables. Y si bien Ochoa fue liberado amparado en el derecho de Habeas Corpus, la confrontación no se detuvo. El gobierno profirió órdenes de extradición contra los principales miembros de la organización en los primeros días de enero, y Helmer Herrera atacó a Escobar en su propio hogar al dinamitar el Edificio Mónaco, donde vivía su familia, el 13 del mismo mes. La respuesta llegó en la forma de una sangrienta guerra de sicarios entre ambos carteles y con el estallido de numerosos petardos en las Droguerías La Rebaja propiedad de los Rodríguez Orejuela.[cita requerida]
Contra el Estado a su vez, respondió secuestrando, primero al aspirante a la alcaldía de Bogotá Andrés Pastrana Arango el 16 de enero, y después al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el 25 siguiente, en el momento que este se dirigía al aeropuerto de Rionegro (Antioquia). En medio de la balacera murieron 2 escoltas y un pistolero. El posterior rescate -el mismo día- de Pastrana, dictaminó la muerte de Hoyos, ultimado a balazos.[cita requerida]
Se llegó a un punto de no retorno. De un lado se multiplicaron los operativos y allanamientos, del otro la violencia criminal y terrorista del Cartel. En marzo varios cientos de uniformados cayeron sobre la finca El Bizcocho propiedad de Escobar, pero este logro romper el cerco y escapo.[35]
Negociaciones y sicariato. Muerte de Galán
A partir de julio de 1988, el secretario general de la Presidencia, Germán Montoya había entrado en conversaciones con los líderes de Los Extraditables. Subsecuentes declaraciones del gobierno fueron interpretadas por los narcotraficantes como una invitación al diálogo, por lo que el 15 de septiembre siguiente, estos respondieron con una carta a la administración Barco, e hicieron llegar a Montoya un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Sin embargo, ante la intransigencia de los EE.UU., renuente a la posibilidad de dialogar con los narcos, se dilataron las conversaciones y al final se las presentó como iniciativa personal del intermediario, desligando al primer mandatario de ellas.[cita requerida]
Como una reacción a este diálogo sin resultados, el cartel de Medellín inicio una cadena de crímenes de jueces, de funcionarios del gobierno y de personajes de la vida pública. A la ya difícil coyuntura se termino de añadir un nuevo ingrediente: la guerra del capo cundinamarques con los esmeralderos de Boyacá, tras la muerte del jefe de estos, Gilberto Molina y 17 personas más en la masacre de Sasaima (febrero 27 de 1989). En marzo del 89 Los Extraditables mataron a Héctor Giraldo Gálvez apoderado del caso Lara, y dos meses después dinamitaron la sede de la televisora Mundo Visión. El 30 de mayo una potente explosión al paso de la caravana del jefe del DAS, General Miguel Maza Márquez, mato a 7 personas en Bogotá. En Medellín, el 4 de julio, muere en un atentado el Gobernador de Antioquia, Antonio Roldan Betancur y el 28 es víctima de sicarios la jueza Maria Helena Diaz. Por los mismos días, en medio de la lucha de Gacha contra los esmeralderos, la capital es escenario de numerosas acciones: 4 personas son masacradas en el edificio Altos del Portal y 2 explosiones destruyen las instalaciones de Tecminas -propiedad de Víctor Carranza-.[cita requerida]
Era solo el preludio de un golpe más espectacular: el 16 de agosto cayó el magistrado del tribunal superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia, y el 18 en la capital antioqueña el coronel Valdemar Franklin Quintero, acribillado en las calles de la ciudad. No bien la noticia del crimen ocurrido en las horas de la mañana estaba siendo digerida, cuando en la noche durante un mitin político en Soacha, pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha dieron muerte al precandidato presidencial por el partido liberal, Luis Carlos Galán. Enemigo de los narcotraficantes, era el más opcionado para alcanzar la primera magistratura de la nación. Herido de muerte por Jaime Eduardo Rueda Rocha, falleció horas después a causa de una fuerte hemorragia. Era el comienzo de la guerra total con el cartel de Medellín y Los Extraditables.[35]
Doble ofensiva narcoterrorista. Muerte de Rodríguez Gacha
Inmediatamente después del asesinato de Galán, los diálogos se interrumpieron del todo y el presidente declaró la guerra al narcotráfico de la misma manera que lo había hecho Betancur 5 años atrás, poniendo precio a la cabeza de los terroristas en una alocucion televisada (inicialmente se ofrecieron 100 millones de pesos por Escobar Gaviria y Rodriguez Gacha).[50]
Con el decreto 1830 del 19 de agosto, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia; con el Decreto 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se presumía o existían indicios de personas u objetos relacionados con algún delito; con el Decreto 1856 ordenó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los narcos; y con el 1859 autorizó la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo que excedía las normas constitucionales, de personas de las que se tuvieran graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Además se dispuso la creación del Grupo Élite con 500 hombres, esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas y lo puso al mando del Coronel Hugo Martínez. En los días posteriores el Ejército y la Policía llevaron a cabo más de 450 allanamientos en todo el territorio nacional y detuvieron a cerca de 13.000 personas acusadas de estar vinculadas al narcotráfico.[cita requerida]
El 23 de agosto Los Extraditables respondieron al gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo el reto de la guerra total. Con 3000 sicarios en armas, el asocio del paramilitarismo y el respaldo de una porción importante de la población bajo su dominio, a lo que se sumaba el músculo financiero que le daba el control de al menos un 90% del tráfico de cocaína hacia el exterior, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos. El terrorismo se multiplicó y puso en jaque como nunca antes al establecimiento: entre septiembre y diciembre de 1989 más de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, contra edificios gubernamentales, instalaciones bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. En total, sumando los ataques sicariales, los narcoterroristas fueron los responsables de 289 acciones bélicas en ese periodo, con un fatídico saldo de 300 víctimas mortales y más de 1500 lesionados.[cita requerida]
Desde el 24 de agosto las primeras bombas hacen explosión en Medellín, el 2 de septiembre fueron destruidas las instalaciones del diario El Espectador, el 11 es asesinado el líder liberal Pedro Peláez González, el 21 son dinamitadas 9 sedes políticas en Teusaquillo y el 25 es atacado el Hotel Hilton en Cartagena. Las autoridades multiplicaron los allanamientos y capturaron a 2 capos: a Eduardo Martínez y a Rafael Abelló, para luego extraditarlos. Como respuesta, el 16 de octubre un coche-bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga y mató a 4 personas. Ahora el aparato criminal de los narcotraficantes se enfiló contra las clases dirigentes y los círculos de poder: son ultimados por sicarios el magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, el periodista Jorge Enrique Pulido, el representante a la cámara Luis Francisco Madero, y la jueza del tribunal antioqueño, María Elena Espinosa. A finales de octubre, 7 policías son dados de baja en la capital antioqueña, 5 de ellos en el bombazo a un bus, frente al Club de oficiales de la ciudad.[cita requerida]
Solo tras el operativo relámpago lanzado el 23 de noviembre sobre la hacienda El Oro en Cocorna, Antioquia (en la que se hallaban Escobar y Jorge Luis Ochoa), empezó la persecución sobre el capo. Pese a que logró escapar, 2 de sus hombres murieron (uno de los cuales era su cuñado Fabio Henao) y otros 55 fueron detenidos. Pero al final la ofensiva, sirvió también para que "Los extraditables" se envalentonaran aun más y para que en represalia empezaran a recurrir a las masacres indiscriminadas. Cuatro días después, el 27, un avión de Avianca fue volado en el aire con sus 107 tripulantes a bordo; pensaban que Cesar Gaviria, el sucesor de Galán en la consulta liberal tomaría el vuelo y por eso lo hicieron estallar. Empero, Gaviria se salvo gracias a las advertencias de su cuerpo de seguridad y no abordo la aeronave. Finalmente como culminación de su campaña contra el Estado, el 6 de diciembre los narcos nuevamente atentaron contra el General Maza y dinamitaron con 500 kilos la sede del DAS. El bus-bomba destruyó parcialmente la edificación y más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor, pero el objetivo salió ileso. 63 personas murieron y 500 quedaron heridas.[cita requerida]
El gobierno Barco no pudo impedir los actos, cada vez más indiscriminados, pero se anotó un éxito cuando el 15 de diciembre, Gonzalo Rodríguez Gacha fue fue dado de baja tras una persecución entre los municipios de Tolú y Coveñas en Sucre, junto a su hijo Freddy, a Gilberto Rendón Hurtado y a 4 hombres de su cuerpo de seguridad. Atribuyéndosele a él, la mayor parte de las acciones de los últimos meses, Los Extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo y negociación con el Estado, queriéndolo presionar con el secuestro del hijo del secretario de presidencia, Álvaro Diego Montoya y de 2 parientes del presidente de la República.
Surgió entonces una propuesta del ex presidente Alfonso López Michelsen consistente en la formación de una comisión de Notables para negociar con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, estos respondieron a dicha propuesta presentándose en un comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial. Inmediatamente después liberaron los secuestrados, entregaron un bus con una tonelada de dinamita, y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de droga en el Choco. Como contraparte los narcos esperaban del gobierno la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de los procedimientos legales que permitirían su rendición. Sin embargo, esto nunca sucedió y el intento de diálogo y negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo.[cita requerida]
Enfrentados a una potente ofensiva militar en Envigado, declarado zona de operaciones militares por la IV Brigada del Ejército (al mando del General Harold Bedoya), Los extraditables declararon que ponían fin a su tregua con el Estado y ofrecieron 2 millones de pesos por cada policía que fuera muerto (30 de marzo). Medellín y su área metropolitana se vieron envueltos en una guerra urbana, tras las primeras ejecuciones de uniformados y después del ataque contra un bus del Grupo Élite, ocurrido en un puente de Itagüí el 11 de abril. Este atentado que dejó 13 muertos y 100 heridos fue el primero de los 18 que se sucedieron hasta finales de julio con un saldo de 90 víctimas fatales y 450 heridos. El 12 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Madre hicieron explosión en 2 centros comerciales de Bogotá sendas bombas que mataron a 21 personas. El mismo día en Cali otro acto terrorista cobró la vida de 9 civiles. A fines de mes a la vez que un nuevo atentado frente al Hotel Intercontinental de Medellín, mataba a 3 policías y 7 transeúntes (mas los 2 tripulantes), fue acribillado el senador Federico Estrada Vélez y su conductor. [cita requerida]
La violencia en la capital antioqueña se recrudecio y las víctimas se contaron por miles: en represalia por el asesinato de 215 uniformados, caídos entre abril y julio de 1990, escuadrones de la muerte emprendieron "Operaciones de limpieza" en las comunas. Después de que el jefe militar de Escobar, John Jairo Arias Tascon “Pinina”, cayera abatido por las autoridades el 14 de junio, llegó una nueva ola de atentados: 17 jóvenes de la alta clase antioqueña fueron masacrados en el Bar Oporto, y un coche-bomba estallo frente a la Estación Libertadores de la Policía matando a 13 civiles (28 de junio). Solo a finales de julio luego de un operativo en el Magdalena Medio antioqueño del que una vez más escapó Escobar, Los Extraditables decretaron una nueva tregua y se situaron a la defensiva, en espera de las decisiones que pudiera tomar la nueva administración de Cesar Gaviria.[35]
La administración Gaviria (1990-1994)
La estrategia del gobierno Barco que le dio cabida en la sociedad civil a la guerrilla del M-19, dejó empero sin concluir las negociaciones para la desmovilización y reinserción de tres grupos armados menores que se habían acogido a ella: el EPL a excepción de la disidencia comandada por Bernardo Caraballo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame. Movimientos que al momento del cambio de mandatario en agosto de 1990, hacían parte de la coordinadora Guerrillera Simón Bolívar junto a las Farc y el ELN. Aunque el gobierno de Cesar Gaviria retomó las negociaciones garantizando las ofertas ya pactadas, que consistían en reincorporar los miembros de dichas organizaciones a la vida civil en condición de actores políticos y la implementación de planes de desarrollo a través del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) para las regiones que se hallaban bajo su influencia, aprovechó la decisión ya tomada de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para presionar a los insurgentes a desmovilizarse rápidamente si querían participar en ella, y concretar la firma de los acuerdos finales sin contemplar reformas al sistema vigente, pues ya habría lugar a ello en la Constituyente; pero con el compromiso, que efectivamente se cumplió, de financiar una comisión especial que se encargara de analizar las causas de la violencia en las zonas de actividad del EPL y el Quintín Lame. En acatamiento de lo así dispuesto, las 3 organizaciones depusieron las armas entre enero y mayo de 1991, cesando las hostilidades unos 2300 guerrilleros.
Aparte de un proceso de paz inconcluso, Gaviria heredó la “guerra contra el narcotráfico” con la que su predecesor había pretendido reducir al Cartel de Medellín y su red de sicarios, enemigos declarados del Estado. Aunque durante su campaña presidencial había demostrado total respaldo tanto a la ofensiva como a las medidas tomadas por el primer mandatario, entre ellas la más temida por los narcoterroristas, que era la extradición por vía administrativa; una vez posesionado dejó entrever que el elevado costo económico y humano de esta guerra ameritaba la búsqueda de una salida alterna en la que el fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave.
Las FARC y el ELN continúan el belicismo
En contra de las expectativas de quienes consideraban que el éxito de tales negociaciones incidiría en atraer hacia la concertación democrática a los 2 principales grupos rebeldes, estos se mantuvieron remisos a cualquier acercamiento y continuaron con sus acciones bélicas. Las Farc, bajo el mando único de Manuel Marulanda tras la muerte de “Jacobo Arenas” en agosto del 90, y el ELN, se entregaron a una ronda de ataques que se saldó con la muerte de 56 uniformados y 30 campesinos entre el 16 de septiembre y el 9 de diciembre de 1990. El 10 de noviembre, en el curso del más importante golpe de la subversión, fueron asaltadas simultáneamente la base militar de Taraza y el cuartel de la policía en Cáceres (Antioquia). 9 efectivos del gobierno, incluyendo al Teniente Coronel del Batallón Girardot, fueron asesinados y 16 quedaron heridos.[51][52]
El 9 de diciembre, día que coincidía con las elecciones para la Constituyente, 640 hombres del Ejército se tomaron “Casa Verde”, sede del secretariado de las FARC en La Uribe (Meta), inmensa área campamentaria ocupada por no menos de 800 subversivos. El bombardeo de aviones seguido del desembarco de las tropas aerotransportadas encontró una feroz resistencia. Un Bell 212 fue derribado y sus 4 tripulantes perdieron la vida. Tras varias jornadas de sangrientos combates los militares aseguraron el área a costa de 19 muertos propios, dando de baja al menos a medio centenar de guerrilleros. Pero el objetivo principal de la operación no fue alcanzado pues la cúpula de las Farc logró replegarse incólume y más bien desató en respuesta, una serie de atentados.[53][54][55] Finalmente el año terminó con 364 uniformados muertos a manos de la subversión y 93 más secuestrados, agregando a estas cifras los cerca de 300 agentes de policía ultimados por órdenes del Cartel de Medellín.[cita requerida]
El gobierno justificó el operativo militar como un acto de soberanía interna dado como respuesta a los continuos ataques de una organización que mostraba nulos deseos de paz. Como lo expresó el Consejero para la paz, Jesús Antonio Bejarano era el anticipo de una nueva estrategia de paz en la que “el diálogo y la acción militar no se excluyen”.
Pero las FARC golpearon primero. El 2 de enero de 1991 como anticipo de lo que vendría luego, 12 agentes antinarcóticos son masacrados entre Ciénaga (Magdalena) y Santa Marta, y el 8 del mismo mes, el cerro Girasol en Mesetas (Meta), es tomado por Víctor Julio Suárez, alias el “Mono Jojoy” en represalia a la destrucción de Casa Verde. Guarnecido por 41 soldados, 2 de ellos mueren y 17 son hechos prisioneros en el asalto, que también le cuesta la vida a 30 subversivos.[56] Seguidamente, en febrero, las guerrillas iniciaron una escalada terrorista contra las tropas del gobierno y la infraestructura económica; oleada que por su extensión (seis meses) y su número de acciones se constituiría como la más grande en la historia de este grupo armado. En este marco arreciaron todos los ataques contra la fuerza pública, entre ellos los asaltos a bases militares, los hostigamientos, los sabotajes a instalaciones, las emboscadas a patrullas y los golpes urbanos. De 169 hechos de este tipo en 1990 se pasó a 425 en 1991, representando ello un incremento del 151%. Al finalizar el año, 416 uniformados habían sido asesinados y otros 276 habían sido capturados.[cita requerida]
La reacción contrainsurgente del Ejército también fue durísima y en el transcurso de 1991 se lanzaron una serie de masivas ofensivas aéreo-terrestres en todo el país; 9 operaciones en total: Neptuno, Oro Negro, Apolo, Dignidad (en Antioquia), Saturno (en septiembre de 1991 en la serranía de La Macarena y el Caquetá), Luz Blanca, Reconquista y Destrucción. 14 frentes de las FARC y 16 del ELN, sufrieron contundentes golpes: 639 guerrilleros fueron dados de baja, 438 son capturados, y 106 campamentos quedaron destruidos. Sin embargo, también se multiplicaron los abusos de la Fuerza Pública, que en el curso de ese mismo año cometió dos violentas masacres en el Cauca: la primera en Los Uvos el 7 de abril de 1991 que le costo la vida a 17 campesinos; y la segunda en la hacienda El Nilo de Caloto, donde caen asesinados por la Policía 21 indígenas (16 de diciembre).[57][58]
La estrategia de orden público y el “revolcón militar”
En plena coincidencia con la propuesta del presidente Gaviria en su propio proyecto de reforma institucional, la nueva Constitución reemplazó la figura autoritaria de Estado de Sitio por la de Estado de Conmoción interior, con la necesidad de poder limitar la autonomía que la primera le concedía a los militares en el manejo del orden público. Sin embargo, por decisión unánime, los constituyentes dejaron por fuera de los debates otros importantes asuntos referentes a las Fuerzas Armadas, entre ellos el fuero castrense y la reforma de las instituciones de seguridad, dejando estos temas en manos del Ejecutivo.[cita requerida]
El número de homicidios había alcanzado en este momento su punto cumbre: de 24.304 asesinatos en 1990 se pasó a 28.280 en 1991, con una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Medellín con 8954 crímenes se alcanzó el récord de 381 por 100.000. Por lo tanto apareció a la luz pública en mayo de 1991 “La estrategia nacional contra la violencia”, un documento que formulaba una política para afrontar el Conflicto interno con base en tres objetivos: garantizar el monopolio del uso de la fuerza por parte de las instituciones armadas gubernamentales; recuperar la capacidad de la justicia para sancionar el delito y combatir la impunidad; y ampliar el cubrimiento institucional del Estado en todo el territorio nacional.[cita requerida]
La novedad de la estrategia esbozada consistía en que contrario a la regla heredada del Frente Nacional, depositaba en el Ejecutivo y en su ministro de defensa (un civil) la responsabilidad del diseño general de los planes de seguridad, así como su financiación y en las fuerzas militares las decisiones estrictamente operativas, en el marco de su “acción legítima contra la subversión”. En concordancia con esta filosofía, en agosto de 1991 el presidente colocó en el ministerio de Defensa a Rafael Pardo, reconocido gestor de paz de la administración Barco y hasta entonces concejero para la Defensa y la Seguridad, en reemplazo del General Oscar Botero. Aunque el relevo de mando se llevó a cabo en los términos más cordiales, algunos oficiales en retiro criticaron la medida, tomada en plenas negociaciones con la Coordinadora guerrillera. Sin embargo, entre las facultades otorgadas a Pardo no figuraban ni la supervisión de las operaciones ni el control de las cortes militares. También en el marco ofrecido por la Estrategia Nacional Contra la Violencia, se llevaron a cabo la reestructuración de la Policía Nacional (Ley 62 de 1993), complementada con un nuevo Estatuto de Policía (artículo 34 de la ley 62), y la modernización de las Fuerzas Armadas. Tanto en una como en otra institución se mejoraron los salarios y en consideración a las denuncias, nacionales e internacionales, que vinculaban a algunas unidades militares a graves violaciones del Derecho internacional humanitario, se introdujeron cursos de instrucción de esta materia en ambos organismos de seguridad.[cita requerida]
Por otra parte, para racionalizar y definir adecuadamente el gasto público asignado a la Defensa en el Plan Nacional de Desarrollo, se creó la unidad de justicia y seguridad, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del Ejército en el marco de una guerra irregular que exigía considerables esfuerzos ofensivos para neutralizar al enemigo, se importó material bélico de dotación por casi 500 millones de dólares, se crearon 21 nuevas unidades contraguerrillas así como las Brigadas móviles 1, 2 y 16, todas ellas integradas por soldados profesionales cuyo número pasó de 2000 en 1990 a 15.000 en 1993. La inteligencia militar o sexta arma se reorganizó en 1991 con ayuda de una comisión asesora de los EE.UU. y para su debido funcionamiento se destinaron cuantiosos recursos a partir de 1992 y especialmente en 1993, cuando se diseñó una campaña de delación de guerrilleros y criminales que operaba por medio de recompensas en dinero. En noviembre de ese mismo año entró a operar la segunda fase, llamada “Seguridad de la gente”, de la Estrategia nacional contra la violencia que enfatizaba en la seguridad de la ciudadanía, de la que eran responsables las fuerzas del orden. Con esto concluyó la reforma a las Fuerzas Armadas o “revolcón militar”.[cita requerida]
Empero todas las medidas adoptadas, la dinámica de la violencia solo había sufrido disminución casi imperceptible: 28.225 homicidios en 1992 y 28.048 en 1993.[cita requerida]
El fracaso de Caracas y Tlaxcala
El escalamiento progresivo del conflicto, terminó por abrir de nuevo la posibilidad de dialogar con la Coordinadora. Primero en Caracas, Venezuela (3 de junio a septiembre 30 de 1991), y luego en Tlaxcala, México (del 10 de marzo al 4 de mayo de 1992), los representantes de ambos bandos intentaron infructuosamente llegar a un acuerdo. Pero el irrespeto a las exigencias mutuas que condicionaban los diálogos, cese de hostilidades por parte de las guerrillas, y renuencia del gobierno a discutir la agenda suscrita al comienzo de las conversaciones en el orden que pedían los insurgentes, condujeron las deliberaciones a un punto muerto y la política del orden público inicio una fase más encarnizada conflicto. La muerte en cautiverio del ex ministro Argelino Duran Quintero, sería el golpe de gracia que terminaría de hundir el proceso.[cita requerida] El cierre de las conversaciones en Tlaxcala, iba a traer sus consecuencias inmediatamente. En otra violenta oleada que se prolongó por mayo y junio de 1992, un centenar de personas resultaron muertas: 70 guerrilleros y 30 uniformados.[59]Una batalla se desencadenó el 23 de mayo, cuando unos 650 irregulares que se dirigían a Dabeiba (Antioquia), emboscaron y mataron a 15 militares que les salieron al paso en el Cañón de la Llorona. Los posteriores bombardeos y ametrallamientos, más una operación rastrillo por tierra dejo una treintena de bajas entre las filas de la subversión.[60]
En este punto, pese a los esfuerzos de un gobierno que multiplicó los recursos del sector defensa y reclutó miles de nuevas tropas, las guerrillas continuaron su expansión: la insurgencia contaba con 16.000 hombres y cerca de 50.000 millones de pesos al año -producto del secuestro y la extorsión a ganaderos, industriales y contratistas del sector petrolero-, para hacerle frente al Estado. En consecuencia el agravamiento de la situación de orden público fue evidente en el segundo semestre de 1992: el 14 de agosto, 7 agentes de policía fueron asesinados cerca al aeropuerto Cravo Norte en Arauca y el 5 de septiembre siguiente en una serie de emboscadas perecieron 15 uniformados más, 9 de ellos en el perímetro urbano de Villavicencio.[61]
El 31 de octubre debían reanudarse las conversaciones entre ambos bandos, pero nuevamente la estrategia de guerrilla, hizo abortar esta última tentativa de acercamiento mutuo. En octubre fueron ejecutados decenas de ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública, los oleoductos, las vías de comunicación y las torres de energía en respuesta a la muerte en combate del comandante de las FARC, Rigoberto Lozada Perdomo alias “Joselo”, uno de los fundadores de la organización.[62]A punta de terrorismo también fue paralizado el transporte, y hubo retaliaciones contra la población civil en amplias regiones del país. El 20 de ese mes, 9 soldados murieron en Las Mirlas cerca de Barrancabermeja. Gaviria respondió descartando el inicio de nuevas negociaciones, declarando con ello que el conflicto se iba a desarrollar a partir de ese momento en el plano estrictamente militar. Las FARC se encargaron de corroborarlo, el 7 de noviembre, cuando no menos de 300 insurgentes asesinaron a 26 policías que custodiaban un tramo de oleoducto en el departamento del Putumayo.[63]El Ejecutivo se vio obligado a decretar por segunda vez el Estado de Conmoción Interior y llamó a calificar servicios a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para conformar una línea de mando.
Ofensivas guerrilleras
La actitud refractaria de la guerrilla al diálogo con el Estado, sumado a sus tácticas progresivamente más terroristas les desprestigiaron ante la opinión pública. No obstante, las cifras de sus ataques demostraban un poderío que hacía imposible someterlos por la vía armada en los 18 meses anunciados por el Ministro de Defensa Rafael Pardo, luego de las medidas que se tomaron para fortalecer las Fuerzas del Estado. 2110 acciones bélicas de las Farc y 1764 del ELN, entre 1990 y 1994, más 337 atentados cometidos en el mismo periodo contra la infraestructura petrolera (principalmente por el segundo grupo), causaron innumerables pérdidas humanas y materiales. Solamente Ecopetrol reportó en 1994 daños por un valor de $ 7.700 millones.[cita requerida]
Asimismo, la decisión de gravar a los gremios con un impuesto de guerra destinado a incrementar los efectivos militares y los primeros efectos palpables de la política económica del gobierno en materia de apertura y privatizaciones, desataron dos nuevas ofensivas nacionales por parte de las guerrillas.[cita requerida]
En abril de 1993, las FARC celebraron su octava conferencia. En ella reajustaron su Plan Estratégico, adaptándolo a la coyuntura más favorable ahora para pasar a la guerra de movimientos, creando para esto los Bloques de frentes y los Comandos Conjuntos. Se diseñaron también las normas de funcionamiento de los Estados Mayores y se conformó un Comando general encargado de dirigir la ofensiva insurgente. Se ordenó además a los Frentes operar en Compañías móviles de combate. Terminaría así por consolidarse 5 Bloques guerrilleros y 2 comandos conjuntos: el oriental (Víctor Julio Suarez “Mono Jojoy”) en Meta, Guaviare, Cundinamarca, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía y Vaupés; el sur (Luis Edgar Devia “Raúl Reyes”) en el oriente de Nariño, Caquetá, Putumayo, la Bota Caucana, el sur y oriente del Huila; el Magdalena Medio (Rodrigo Londoño Echeverri “Timochenko”) en Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, nordeste antioqueño y parte de Boyacá; el Norte en Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Guajira y Cesar; el Nordoccidental o José María Córdoba (Luciano Marín Arango “Iván Márquez”) el más potente en ese momento, en Antioquia, Córdoba, Choco y parte del eje Cafetero; el central en Tolima, norte y occidente del Huila, más Quindío; y el sur-occidental (Guillermo León Sáenz “Alfonso Cano”) en Valle, Cauca y Nariño.[cita requerida]
Por último el secretariado formuló la “plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”, documento de 10 puntos en donde se precisaba su nuevo modelo de Estado. Entre otras cosas proponían la realización de profundas reformas a las instituciones y a la justicia, la implementación de mecanismos de control popular, la transformación de las FF.MM bajo una nueva doctrina bolivariana de defensa nacional, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, la asignación de un 50% del presupuesto a gastos sociales y de otro 10% a la investigación científica.[cita requerida]
La primera evidencia de las nuevas tácticas adoptadas llega con el “Septiembre negro”, en la segunda mitad de 1993, tras varios meses de un aparente cese de hostilidades. El 28 de agosto, en La regadera a 58 km de Bogotá 13 policías son muertos en una emboscada y solo 4 días después el 2 de septiembre en la vía Carolina del Príncipe- Santa Rosa de Osos (Antioquia) las víctimas son 14 soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, ultimados con cargas explosivas.[64] Paralelamente, en Mutata otros 3 uniformados son dados de baja. El ELN también multiplica sus acciones: el 18 de diciembre un feroz combate en Gican (Boyacá) enfrenta a 250 tropas de las Brigadas I y XVI, con 160 guerrilleros del frente Domingo Laín. Catorce militares y diez subversivos mueren.[65]No obstante, 1993 termina con una ligera disminución en la tasa de bajas de la fuerza pública, respecto al año inmediatamente anterior: de 481 fatalidades en 1992 se pasa a 454.[cita requerida]
En julio de 1994, como “Despedida al gobierno Gaviria”, la coordinadora emprende otra serie de ataques. Previamente la administración Gaviria se había anotado dos grandes victorias sobre la subversión con la captura de Francisco Galán miembro del COCE del ELN (diciembre de 1992) y de Bernardo Caraballo, jefe máximo de la facción no desmovilizada del EPL (junio de 1994). Pero ello no repercutió en las filas de la mayor fuerza al margen de la ley, las FARC, cada vez más fortalecida gracias a los recursos de la coca. El 15 de julio, al menos 300 guerrilleros del Bloque sur asaltaron una estación de bombeo de Ecopetrol en Guamuez, zona rural de Orito (Putumayo). Los 29 soldados que la guarnecían fueron sorprendidos en medio de la noche y 17 de ellos murieron.[66]El 19 fue asesinado en Villavicencio el Mayor General Carlos Julio Gil Coronado, comandante de la IV División del Ejército[67] y fueron tomadas simultáneamente las poblaciones de La Calera, Chuza y Pasca así como el cerro Cruz Verde, cerca a Bogotá. El Putumayo quedo paralizado por un paro armado y poco después del 22 al 24 de julio, unas jornadas bélicas que se extendieron por Bogotá, Antioquia, Cauca, Santander, Norte de Santander, Sucre, Arauca y Tolima, culminaron con 13 militares, 6 policías, 1 civil y 70 irregulares muertos.[68]En Dabeiba una vez más, perdieron la vida 10 miembros de la Brigada XVII[69]y en el sector bogotano de Ciudad Bolívar, fue hostigado un centro de atención inmediata.[70]Ya en agosto, y mostrando los dientes al nuevo presidente, siguio la ofensiva: el día 9, fue copado un cuartel policial en Cartagena del Chaira (Caquetá), con un saldo de 4 muertos y 5 secuestrados; el 16 en una emboscada a una patrulla antinarcóticos entre Toribio y Tacueyo, perecieron 6 policiales; y el 18, el ELN masacró a 8 militares y 14 civiles al incinerar un bus en Tado, Choco.[71] Evidenciando el encarnizamiento de la guerra y el giro que estaba tomando la situación de orden póblico, el año terminaría con 571 uniformados dados de baja, superando por primera vez la línea del medio millar.[cita requerida]
Pese a la violencia imperante en las postrimeras de la administración Gaviria, decenas de milicianos de Medellín se acogieron a la paz, camino que siguieron la Corriente de Renovación Socialista y el Frente Francisco Garnica del EPL. A su vez, la fracción del EPL comandada por Caraballo, capturado recientemente, se dislocaba al no contar con un mando claro y terminaría por desbandarse 2 años después. No obstante, la política de desmovilización resultó magra en sus resultados, exceptuando tal vez al Quintín Lame y las milicias urbanas. Al menos 600 antiguos militantes del EPL, 400 de ellos solo en Uraba fueron asesinados por las FARC y por sus correligionarios que no se entregaron. Una gran parte de los que no perecieron, empujados por la persecución de la cual eran víctimas, se enrolaron en las Autodefensas y constituirían más tarde el núcleo de las AUC. En el más aleve de estos hechos, miembros del V frente dieron muerte el 23 de enero de 1994 a 33 civiles en la masacre de La Chinita en Apartado (Antioquia).[72]
Negociación de penas con el Cartel de Medellín y los paramilitares. Se rinde Escobar
Aprovechando el respiro de la tregua unilateral indefinida anunciada en julio de 1990 por Los Extraditables, el ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel diseñó la legislación de estado de sitio que se haría pública como “Política de sometimiento a la justicia”. Dicha política, que se materializó en cinco decretos que posteriormente, serían elevados después de una depuración, a legislación permanente en el nuevo Código de Procesamiento Penal, aspiraba en términos simplificados, a favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran un delito, con la garantía, en algunos casos condicional, de ser juzgados en el país y recluidos en pabellones de alta seguridad. Escobar receloso de las intenciones del gobierno, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas de renombre y de personajes influyentes en la vida nacional (Diana Turbay, Marina Montoya, Francisco Santos, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y 5 periodistas más), presionando de ese modo al presidente para que fuera tratado como un delincuente político, haciéndose beneficiario de paso de los indultos reservados a los guerrilleros.[cita requerida]
Los primeros en acogerse a la oferta, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, fueron los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, socios cercanos de Escobar. Sin embargo, este último pretendía arrancarle al Ejecutivo un acuerdo hecho a su medida y siguió presionando nuevamente por la vía armada, amenazando con ejecutar a los rehenes y con reiniciar su ofensiva terrorista. El 12 de diciembre de 1990 una bomba mató a 7 policías en Medellín y otros 7 más serían ultimados por sicarios en los 3 primeros días de enero. Poco después el 22, resultaron abatidos en un doble operativo lanzado en el departamento de Antioquia, 2 de los hermanos Prisco, jefes de una banda transformada en el brazo armado del capo. El informante que los delató entregó luego, la ubicación de 2 de los secuestrados, pero en la confusa operación de rescate que se adelantó el 24 de enero, Diana Turbay y 3 de sus captores murieron.[cita requerida]
La respuesta no demoró en llegar, en la forma de la ejecución de uno de los rehenes, Marina Montoya, hermana del antiguo secretario de Presidencia, Germán Montoya, y con una nueva racha de atentados: una decena de efectivos policiales fueron víctimas de sicariato, una explosión en un bus dejó 6 muertos y el 16 de febrero un bombazo contra una patrulla del F-2 en Medellín -frente a la plaza de toros de la ciudad- se saldó con 23 fallecidos. Dos meses después el ex ministró de Justicia Enrique Low Murtra, perdió la vida a manos de pistoleros en la capital de la República.[cita requerida] Su estrategia le dio excelentes resultados, y el gobierno cedió a sus demandas. Escobar liberó entonces al resto de los secuestrados como gesto de “buena fe”, pero solo cuando estuvo seguro de que la Constituyente había votado y aprobado el 19 de junio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos, se entregó en la capital antioqueña, en compañía del sacerdote Rafael García Herreros y Alberto Villamizar. Luego sería recluido en la Cárcel de La Catedral en Envigado. Desde allí siguió controlando los hilos del negocio ilegal a través de otros 2 aliados suyos que no se entregaron: Fernando “el negro” Galeano y Gerardo “Kiko” Moncada.[35]
Como la política de negociación de penas también cobijaba a los paramilitares, muchos miembros de las organizaciones afincadas en Córdoba, el Magdalena Medio, la Sierra Nevada, Boyacá, el Valle del Cauca y los Llanos Orientales se allanaron a las autoridades confesando solamente el delito de porte ilegal de armas. El grupo más grande al mando de Ariel Otero desmovilizó a 400 de sus integrantes en Puerto Boyacá, mientras en Córdoba la estructura de Fidel Castaño entregaba 600 fusiles, y algunas porciones de tierra como supuesta compensación a los campesinos despojados de sus parcelas. También un reducto de cerca de 200 hombres, antiguamente mandados por Gonzalo Rodríguez Gacha se acogió a la amnistía en Pacho (Cundinamarca). En consecuencia, a partir de 1992, se observa una importante reducción de los asesinatos de civiles, atribuidos a las autodefensas en los años anteriores, pero en la práctica estas estructuras siguieron activas.
Fin del Cartel de Medellín. Fuga y muerte de Escobar
A casi un año de su encierro a principios de julio de 1992, Escobar, se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando de sus aliados, ejecutó a Fernando “el negro” Galeano y Gerardo “Kiko” Moncada, pretextando que estos le ocultaban $20 millones. La posterior purga entre los más cercanos a ambos capos y entre sus familiares dejó unos 50 muertos.[cita requerida]
El gobierno y la fiscalía general de la nación al conocer de los hechos y para evitar que el “Patrón” siguiera delinquiendo desde su prisión, ordenó el traslado de este hacia un nuevo penal. Pero en condiciones oscuras que demostraron una vez más el poder de corrupción y el temor que generaba el narcotraficante, él, su hermano Roberto y 8 de sus lugartenientes se fugaron de La Catedral el 22 de julio de 1992. El gobierno creó entonces el Bloque de Búsqueda, integrado por miembros de la policía y el Ejército, para cazar a los prófugos.[cita requerida]
Los terroristas de Cali se encargaron de desencadenar nuevamente la guerra, al activar un coche bomba en Medellín que atribuyeron a sus enemigos antioqueños. Estos ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y una juez, entre septiembre y octubre de 1992. Pero esta vez la situación había cambiado bruscamente para el Cartel: la muerte de Galeno y Moncada generó una fractura al interior de la organización. Diego Fernando Murillo, jefe de seguridad de los capos asesinados y los hermanos Castaño, se alinearon con los narcos del Valle contra Escobar, en una alianza que incluía a oficiales del Bloque de Búsqueda y varios de sus antiguos socios y testaferros. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades se asestaron durísimos golpes a las redes del “Patrón”. El 28 de octubre, Brances Alexander Muñoz unos de sus jefes militares más importantes del cartel, fue abatido en una operación especial.[cita requerida]
Escobar que trataba en ese momento de negociar su reentrega y había autorizado la rendición de varios de sus lugartenientes más cercanos, entre ellos su hermano Roberto, alias “Popeye”, “Otto” y el “Mugre”, desencadenó en respuesta una nueva guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero y los coches bomba reaparecieron en las grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Si bien los mecanismos ya no eran tan sofisticados como antes, las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas, pues los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que eran totalmente indiscriminados. En Medellín murieron 19 personas, en la capital de la república 41 y en Barrancabermeja 16.[73]El Valle de Aburra se vio afectado por 3 ataques en diciembre del 92 y en Bogotá las explosiones se sucedieron a partir de enero de 1993: el 20 en el norte, el 30 frente a la Cámara de comercio, mediando febrero en dos áreas comerciales, el 5 de marzo en las instalaciones de Telecom y en abril 15 en la calle 93.[35]
Pese a la dura arremetida de los terroristas, en el curso de una ardua cacería las autoridades dieron de baja hasta marzo de 1993, a 100 sicarios y 10 jefes militares del Cartel, entre los que se contaban Mario Castaño Molina “El chopo”, Hernán Darío Henao “HH” y Jhonny Edison Rivera “El palomo”, todos hombres de confianza de Escobar. También fueron apresados 1900 sospechosos de pertenecer a la organización y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar. Esto sumado a la derrota por bandas rivales de sus grupos de gatilleros, en una guerra que dejó 300 muertos, terminó por debilitar decisivamente al grupo de Medellín que perdió en 8 meses el 80% de su capacidad bélica. Como añadidura, el 30 de enero hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenomino “Los Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), detrás de la que estaban los Castaño y que se dedicaría a matar a los testaferros, contadores, abogados y familiares del capo, como también a destruir sus propiedades y minar sus finanzas.[35]
Escobar, arrinconado por las fuerzas armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia interrumpió del todo su campaña terrorista. Trato de renegociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el Ejecutivo. Si bien logró evadir al Bloque de Búsqueda por 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad León Puerta Muñoz “El angelito”, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa refugiada en el Hotel Tequendama bajo vigilancia policial, lo llevó a utilizar un radio de comunicaciones, revelando su ubicación. En la tarde del 2 de diciembre de 1993 sería abatido por un comando de 20 hombres al mando del Mayor Hugo Aguilar.
Su muerte y la de su único guardaespaldas significó el final del Cartel de Medellín y del narcoterrorismo como actor bélico, pero en ningún modo afectó como tal al negocio lucrativo del tráfico de cocaína, en manos ahora de los narcotraficantes de Cali y el Norte del Valle.[cita requerida]
Auge del cartel de Cali e inicios de las ACCU
En vez de desaparecer como tal, el Cartel de Medellín se atomizó en estructuras, como la denominada Oficina de Envigado, fomentando el surgimiento de organizaciones y el fortalecimiento indirecto del grupo de Cali, el cual no solo llegó a controlar el 80% del negocio, sino que perfeccionó sus métodos de inteligencia y reforzó su infiltración dentro de las autoridades. Y si bien la atención de la opinión pública se había centrado en Escobar y sus socios, las otras redes de narcotraficantes, específicamente la del norte del Valle no era menos violenta. En Trujillo (Valle) los capos Henry Loaiza “El alacrán” y Diego Montoya “Don Diego”, ejecutaron a principios de la década del 90, a no menos de 250 personas en medio del silencio de las autoridades locales.
El gobierno de EE.UU. que había observado con cautela los resultados de la política de sometimiento a la justicia, empezó a exigirle a Colombia más contundencia en las acciones contra los nuevos amos del narcotráfico y aunque el Bloque de Búsqueda logro apuntarse algunos éxitos con la captura de Jaime Orejuela e Iván Urdinola, el núcleo de la organización se mantuvo intacto hasta la llegada de la nueva administración. Además, ahora se añadía un nuevo ingrediente a la ecuación: los cultivos ilícitos empezaron a expandir su frontera aceleradamente a finales del cuatrienio Gaviria. De placa giratoria del tráfico de cocaína, pasó a ser el primer productor del mundo, desbancando de su puesto a Perú y Bolivia. Con el impulso del Cartel de Cali y sobre todo con la participación cada vez mayor de las FARC y los paramilitares en el negocio, el fenómeno se extendería rápidamente por gran parte del territorio, en las selvas del sur sobre todo pero también en otras áreas como el Catatumbo y Antioquia. Pese a la reducción de los aportes de los EE.UU. a la lucha antinarcóticos, el gobierno multiplicó la erradicación de las zonas sembradas de coca y amapola, iniciando en 1992 las polémicas fumigaciones con glifosato, a la vez que desarrollaba programas de sustitución de cultivos.
Por su parte, los paramilitares presentes en el Magdalena Medio, se vieron envueltas en una lucha con sus antiguos socios narcotraficantes a partir de 1990. Henry Pérez, su primer comandante había sido asesinado por un pistolero en julio de 1991, y Ariel Otero el sucesor suyo que se alineó con el Cartel de Cali, correría la misma suerte a principios de 1992. La fuerza sobreviviente se atomizó y algunos de sus restos entraron al servicio de Escobar, mientras otras bandas como la encabezada por Ramón Isaza, se replegaron de la zona. Mientras tanto, en la parte sur de la región, cerca a Honda, cobró protagonismo Jaime Eduardo Rueda Rocha, el asesino de Luis Carlos Galán, evadido de la cárcel hacia un año y ahora jefe de una partida de 150 criminales. Buscando posicionarse como líder máximo mató al alcalde de Puerto Boyacá en marzo de 1992. Pero su ascenso fue cortado por una patrulla del GOES que lo abatió a él y a 6 miembros de su cuerpo de seguridad en un restaurante de Honda el 23 de abril del mismo año. Tras su muerte, la actividad de las autodefensas en la zona disminuyó considerablemente, ya que estas optaron por mimetizar sus actividades delincuenciales. Eliminado Escobar en diciembre de 1993, Ramón Isaza retomaría el control del estratégico territorio.[cita requerida]
No obstante los esfuerzos realizados en los primeros años de la década del noventa para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas, los grupos paramilitares tuvieron un nuevo impulso a finales del cuatrienio Gaviria. Fue así como, con posterioridad a la muerte de Escobar, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el mando de Fidel (asesinado o muerto en combate en enero de 1994) y Carlos Castaño protagonizaron una significativa expansión; esto con el apoyo de cientos de desmovilizados del EPL, masacrados metódicamente por las Farc y la disidencia de Francisco Caraballo. Por último, y como efecto colateral de la paz fallida, los paramilitares se trabaron en feroces disputas territoriales con la guerrilla, lo que contribuyó al desplazamiento forzado de al menos 600.000 personas y a la multiplicación de las masacres, culminando así la labor de exterminio contra la UP, cuyo último senador Manuel Cepeda Vargas cayó víctima de sicarios en Bogotá en 1994.[74]
El cuatrienio Samper: la violencia desborda el Estado
La posesión del nuevo mandatario de la república, Ernesto Samper el 7 de agosto de 1994, fue seguida por los acostumbrados mensajes de paz de la guerrilla, emitidos esta vez separadamente por las FARC, el ELN y el EPL, anunciando con ello la disolución definitiva de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En lo sucesivo cada grupo, se enfrentaría al Estado por separado.
La crisis del Proceso 8000
La elección de Ernesto Samper como presidente para el periodo 1994–1998, estuvo acompañada por una serie de sondeos y propuestas exploratorias para dialogar con las guerrillas que seguían en armas. No obstante el pronto estallido del narco-escándalo, ocupó la agenda del ejecutivo, le restó credibilidad a sus iniciativas y minó también todos sus proyectos.[cita requerida]
Tan pronto como se conoció el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1994, Samper había sido acusado por su rival Andrés Pastrana de haber recibido del cártel de Cali 3,7 millones de dólares para financiar su campaña. Tras un período de calma, las acusaciones resurgieron con fuerza en 1995 a instancias del fiscal general Alfonso Valdivieso. Finalmente el conocido como narcoescándalo llegó al Congreso, que el 4 de agosto de aquel año inició una investigación contra el presidente. Dio comienzo entonces el llamado Proceso 8.000. El 13 de diciembre de 1995 la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes exoneró a Samper y archivó el caso. Sin embargo, las declaraciones incriminatorias del cesado ministro de Defensa, Fernando Botero Zea (quien se encontraba encarcelado en espera de juicio) y del tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, en el sentido de que al menos 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico habrían afluido a la campaña de 1994 con el conocimiento del candidato, desembocaron en la reapertura del caso el 27 de febrero de 1996. Finalmente, el 6 de julio de ese año, la Cámara, por 111 votos contra 43, absolvió por falta de pruebas a Samper de los cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad, fraude electoral y encubrimiento.[75]
Pese a su absolución la controversia generada por la entrada de dineros calientes a la campaña del presidente, no termino ahí y se extendió durante todo el mandato Samper, generando una ola de oposición sin precedentes contra el Gobierno. Este en consecuencia se vio impelido cada vez más a limitar su actuación a legitimarse en el cargo y a mantenerse en el poder dejando de lado la realización de cualquier política coherente. El mandatario defendió su inocencia con vigor en todo momento. Declaró sentirse "víctima de un atentado moral" y presentó las últimas detenciones de jefes del cártel de Cali o la confiscación por ley de sus propiedades como pruebas del compromiso de su Administración con la lucha contra el crimen organizado. La política de seguridad en consecuencia no fue tomada como un punto referente en la acción gubernamental y los planes diseñados por la administración anterior un tanto coherentes, no tuvieron continuidad. Adicionalmente el curso de la economía no proporcionó a Samper mayores satisfacciones.
En 1997 se repitió la moderada tasa de crecimiento registrada en el año anterior mientras que el desempleo se alzó hasta el 13% de la población activa, el mayor índice en diez años. El peso experimentó una notable devaluación frente al dólar y a todo ello se añadió el descenso de los ingresos por las exportaciones del café y el petróleo, en lo que mucho tuvo que ver la decisión de Estados Unidos de restringir tanto la entrada de productos colombianos como las líneas de crédito. Samper privatizó entonces empresas del Estado para poder mejorar la tesorería del Gobierno.[75]
La ofensiva de las guerrillas
Las Farc no dejarían de aprovechar la coyuntura para fortalecerse al amparo de los recursos obtenidos del tráfico de coca en el sur del país, terreno que quedó libre de competición tras la caída de los grandes carteles de la droga, y lanzó una ofensiva evidenciando su capacidad para adaptarse a la guerra de posiciones. Su plan de expansión afinado en la Octava conferencia del secretariado celebrada en 1993, se concretó con el avance progresivo por la cordillera oriental sobre Bogotá, hostigando a la vez a las tropas del gobierno en todo el territorio, disipando sus esfuerzos, mientras que el grueso de las columnas consolidaba el control de las selvas del sur golpeando a las fuerzas del Ejército allí apostadas. Ya no vacilarían en comprometer cientos e incluso más de un millar de hombres en una sola operación, todas apoyadas por artillera artesanal. Aparte de los ataques masivos contra bases e instalaciones militares, también pasaron a bloquear ejes centrales de comunicación como los que conducen a Uraba o Arauca, a amenazar carreteras neurálgicas como la vía Bogotá- Medellín o Bogotá-Villavicencio, y a destruir infraestructura de importancia estratégica (torres de energía, hidroeléctricas del nororiente antiqueño, oleoductos en los Llanos orientales). Hábiles en el manejo de explosivos, empezaran a utilizar profusamente los coches bomba, y con ellos reapareció el terrorismo tipo Cartel de Medellín en las ciudades, si bien no conocerá sus extremos. El impacto para la economía nacional llegará a ser de 1 a 2 puntos del PIB, y sus consecuencias en el ámbito local y regional aun más devastadoras.[cita requerida]
De otro lado el ELN se vio debilitado ostensiblemente de un lado por el avance paramilitar en el Magdalena Medio y Antioquia, y del otro por la expansión acelerada de las Farc, lo que le privó de importantes recursos financieros. Contando desde 1995 la organización concentraría sus actos en el saboteo sobre la infraestructura petrolera y en los hostigamientos, si bien tampoco decayó del todo su accionar en grandes operaciones. Solo tras la muerte de su líder el “Cura Pérez” a principios de 1998, sería que empezaría a descender ostensiblemente la capacidad del grupo armado.[cita requerida]
A mediados de 1995, el Ministro de Defensa Fernando Botero Zea presentó su renuncia al cargo a raíz del escándalo del proceso 8000. Los sucesivos funcionarios que le siguieron en la cartera de seguridad, no ejecutaron ningún plan de orden público coherente: no existió una política de seguridad clara y establecida. Como si fuera poco, el estamento militar no fue ajeno al escándalo del proceso 8000 y se vio involucrado en él, como consecuencia de las continuas fricciones de su comandante Harold Bedoya con el presidente, lo que al final llevaría a su destitución 2 años después. En este punto, está claro que los grandes éxitos obtenidos por la guerrilla comunista, debieron mucho a las vacilaciones de Samper y a la falta de preparación de las FF.AA. El porcentaje del PIB destinado a la lucha contrainsurgente, era bastante bajo para el grado de violencia que enfrentaba el país, la Fuerza aérea era prácticamente testimonial con solo 30 helicópteros operativos para un territorio de más de un millón de Km, la coordinación entre las distintas armas era nula y la inteligencia pésima. La corrupción, la violación a los derechos humanos y el maridaje con grupos de extrema derecha campeaban en todos los niveles. El sesgo desfavorable que tomó el conflicto para el establecimiento quedo de manifiesto, cuando 1995 terminó con 650 uniformados muertos y cerca de 1200 heridos, las cifras más elevadas hasta ese momento.[cita requerida]
Por añadidura las consecuencias corrosivas del proceso 8000 no se limitaron solo al ámbito nacional y muy pronto EE.UU. se vio involucrado en una agria disputa con el gobierno colombiano, descalificándolo en la lucha contra el tráfico de narcóticos el 1 de marzo de 1996 y retirándole al presidente su visado personal de entrada al país del norte el 1 de julio siguiente. Samper decidido a mostrar el esfuerzo realizado por su administración en la campaña anti-drogas, profundizó la amplia ofensiva que se venía realizando desde mediados de 1995 contra los cultivos ilícitos en el sur del país (la Operación Conquista desarrollada en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo). Como respuesta a la ofensiva del Ejército, más de 80.000 raspachines se movilizaron en violentas manifestaciones promovidas por las FARC. Precisamente y en parte como represalia a la Operación Conquista, en abril del 96 comenzó la serie de ataques masivos contra bases militares, emboscadas y tomas guerrilleras que marcaron el inicio de la mayor ofensiva subversiva de la historia del conflicto armado; ofensiva que desde las selvas sería pronto extendida al resto de la nación y que por su magnitud hizo pensar a muchos que el gobierno estaba siendo desbordado y perdiendo la guerra. El 12 de marzo de 1996, en lo que seria solo un preludio de lo que vendría después, los frentes 35 y 37 de las FARC, masacran a 11 policías y queman sus cuerpos en Chalan (Sucre).[cita requerida]
De Puerres a El Billar
El 15 de abril de 1996 en Puerres (Nariño) ocurrió el primero de estos golpes. Ese día al menos 150 insurgentes de las FARC y el ELN atacaron con explosivos a una unidad de caballería mecanizada. 31 militares murieron. El 20 de junio fue asesinado el gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias. El 30 de agosto, en el marco de una ofensiva nacional que causo en una sola semana 80 muertos en las filas del Estado, 450 miembros del Bloque sur asaltaron la base de las Delicias en Putumayo, donde se hallaban destacados 110 uniformados adscritos al Batallón de selva 49 Juan Bautista Solarte, al mando del Capitán Orlando Mazo. Tras una brutal batalla de 17 horas en la que cayeron 27 soldados y 9 guerrilleros, el resto de la tropa, 60 hombres faltos de refuerzos, se rindió.[76][77] Solo siete días después en La Carpa, Guaviare, el Bloque Oriental dio de baja a 24 efectivos de la Brigada Móvil No 2, en medio de una emboscada. Al mismo tiempo entre julio y agosto una serie de hostigamientos en Bogotá y Cundinamarca dejo 17 víctimas fatales entre los fuerzas del gobierno.[cita requerida]
Pese a estos golpes, el Ejército no cejó en su esfuerzo por detener a la subversión y lanzo constantes operativos contra sus estructuras en Antioquia y Uraba, bajo el mando del General Rito Alejo del Río. En efecto las FARC sufrirían un importante descalabro cuando fueron expulsadas de la región bananera en 1998 y perdieron el estratégico corredor al mar. El Bloque José María Córdova, considerado el más potente de la organización en 1993, fue duramente vapuleado, debiendo replegarse a la región de Dabeiba, Mutata y el Cañón de la Llorona, que tomó como cuartel general. Iván Márquez destituido de su comandancia que le fue entregada al veterano Efraín Guzmán, es enviado al Bloque Caribe.
Sin embargo su táctica de dividir a las fuerzas gubernamentales les dio apreciables resultados a los irregulares: en enero de 1997, asesinaron a 3 infantes de marina y secuestraron a 10 más en Jurado (Choco), y en febrero emboscaron y mataron a 16 militares cuando estos desembarcaban de un helicóptero en San Juanito (Meta).[cita requerida] La captura y retención de los 70 militares en Las Delicias y Jurado llevó al gobierno, pese a la oposición del estamento militar, a conceder una zona desmilitarizada de 14.000 Kilómetros cuadrados en el municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá), cediendo así a las exigencias de las Farc. Allí fueron entregados todos soldados retenidos el 15 de junio de 1997.
Pese a este gesto de paz, la violencia no hizo más sino arreciar. El desconcierto era grande al interior de las Fuerzas Armadas y la Administración Samper desprestigiada e impotente para adelantar alguna política de orden público coherente, destituyó al General Bedoya por criticar al Gobierno. El Ejército minado en su moral y mal equipado se halló dirigiendo solo el esfuerzo de guerra; contaba con 120.000 efectivos pero estos en su mayor parte se hallaban “amarrados” custodiando la infraestructura nacional, con unos 30.000 apenas dispuestos para lucha contra-insurgente. Sobre el terreno frente a los cerca de 20.000 guerrilleros en armas y no menos de 15.000 milicianos las cuentas se hallaban parejas. Ni la Armada ni la Fuerza Aérea realizaban un aporte decisivo y la segunda no era capaz de asistir realmente a los hombres en tierra, mientras la Policía con 100.000 efectivos, aunque monopolizaba la totalidad de los recursos proporcionados por los EE.UU. para la lucha antinarcóticos, se hallaba también en franco retroceso ante los irregulares y más de 100 cabeceras municipales e innumerables corregimientos carecían de su presencia.
Adicionalmente a partir de 1995 se verificó un avance lento pero constante sobre las principales ciudades, Medellín y Bogotá esencialmente. Contra la capital, las FARC emprenden un asedio progresivo, instalando sus frentes en los municipios que la dominan por el oriente, e infiltrando armas y recursos desde el Sumapaz para las milicias de Ciudad Bolívar, en el sur. En Medellín pasaran a controlar al menos 600 barrios y la mayoría de las entradas de la ciudad, para principios de la década del 2000.[cita requerida]
Los ataques de la subversión fueron haciéndose más contundentes y aumentaron de escala. El 6 de julio de 1997, 20 soldados murieron al ser derribado un helicóptero MI-17 en Arauca y solo cuatro días después en Arauquita, cayeron 10 más en una emboscada. Ambos hechos marcaron el inicio de la avanzada "fariana" en esa zona, controlada hasta ese momento por el ELN. En octubre las acciones bélicas nuevamente escalaron: las elecciones locales fueron saboteadas sistemáticamente por las FARC; las autodefensas del Casanare emboscaron en San Carlos de Guaroa a una patrulla del Gaula matando a 11 de sus integrantes; y en San Juan de Arama (Meta) fueron asesinados mediante la activación de una carga explosiva, 17 policías. El día 17, 3500 tropas del Ejército se desplegaron en los llanos del Yari buscando a miembros del secretariado de las FARC (Operación Destructor II). Para los medios empleados, los resultados no pudieron ser más mediocres: 1 capturado. Finalmente y para rematar el año, el 22 de diciembre de 1997, el Bloque Sur tomó el Cerro Patascoy en menos de 15 minutos, matando a 11 uniformados del Batallón Boyacá y haciendo prisioneros a 18 más.[78][79]
La situación no variaría con la llegada de 1998 y más bien tomaría signos de desastre. Entre el 1 y 3 de marzo de ese año una operación que buscaba interceptar a altos mandos de las Farc en el Bajo Caguán, sobre la Quebrada El Billar degeneró en una batalla campal que enfrentó a 600 guerrilleros del Bloque sur y oriental, y a 153 soldados del batallón de contraguerrillas No. 52 al mando del Mayor John Jairo Aguilar. Copadas totalmente sus 3 compañías, el descalabro fue contundente: 64 muertos, 19 heridos, 43 secuestrados y 3 helicópteros impactados. En los posteriores combates murieron 30 subversivos. Otras acciones se presentaron en todo el país durante los mismos días, vísperas de las elecciones legislativas: una decena de alcaldes y funcionarios fueron secuestrados; varios retenes cortaron las vías de comunicación; bombazos en Neiva, Barranquilla y San Vicente del Caguan; 8 soldados y un civil del Ejército muertos en una emboscada del ELN en La Alejandra, cerca de El Zulia (Norte de Santander); y hostigamientos en Sucre, Casanare y Bolívar que dejan otros 3 uniformados sin vida. Un mes después a mediados de abril en una avanzada que trataba despejar la vía al Llano constantemente bloqueada por las «Pescas milagrosas», violentos enfrentamientos terminaron con una veintena de bajas en ambos bandos. Tres semanas antes allí mismo miembros del frente 53, habían secuestrado al menos a 25 personas, entre ellas a cuatro estadounidenses y un italiano.[80]
En este marco de aguda expansión insurgente, del que las Farc eran las principales protagonistas, el Bloque Oriental, con una amplia margen de maniobra en el sur y oriente del país y al mando del Mono Jojoy, fue el que obtuvo los éxitos más relevantes y el que más avanzó en su plan estratégico, amenazando cada vez más con sus ataques y la progresiva infiltración de sus estructuras, el centro de la nación y la capital de la república. Protagonista esencial de las tomas del 96 – 98 fue alias “Urias Cuellar”, un táctico hábil en el copamiento de bases fijas, y su columna móvil, la Juan José Rondón. Todo este esfuerzo fue realizado, con los recursos obtenidos del tráfico de cocaína en Guaviare, Meta, Vichada, Guainía y parte del Vaupés, territorio sobre los que su predominio era casi absoluto. Con unos 7000 a 8000 hombres en armas, 22 frentes y 18 columnas móviles, sus redes de milicianos también multiplicaron los secuestros y extorsiones a veces en complicidad con las bandas de delincuencia común de la capital. Uno de sus comandantes, alias "Romaña" se hizo famoso al bloquear constantemente la vía al llano e inaugurar la práctica de "Las Pescas Milagrosas".[cita requerida]
A su vez aunque el bloque sur contaba con menos militantes, unos 3000, emprendía en llave con el oriental numerosas operaciones militares. Al mando de Raúl Reyes y Joaquín Gómez su control del Putumayo y gran parte de Caquetá era indiscutible. La presencia en este grupo de Fabián Ramírez un comandante involucrado en el narcotráfico, le brindaba además los necesarios recursos económicos para mantener en pie su maquinaria de guerra.[cita requerida]
Los demás bloques de las Farc eran de menos tamaño y a su vez también su operatividad. El Occidental con 2000 irregulares subordinados Alfonso Cano era bastante activo en Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Nariño pero no era en lo absoluto, salvo casos excepcionales capaz de realizar ataques masivos como los acaecidos en el sur-oriente del país, limitando su accionar a hostigamientos, emboscadas y asaltos a cuarteles de policía. Igual sucedía con el Caribe y sobre todo con el Magdalena Medio, en lo sucesivo cada vez más acorralados por la ofensiva paramilitar de las AUC, si bien Martín Caballero, era el responsable de acciones que dejaron cientos de muertos en los Montes de María, Bolívar y Sucre.[cita requerida]
Respecto al último bloque, el Nor-occidental comandado por Efraín Guzmán y presente en Antioquia y Choco fue el que recibió primero la doble embestida de las autodefensas y el ejército, encajando una derrota que más tarde resultaría decisiva para frenar el avance guerrillero, la pérdida del estratégico corredor de Uraba. Pese a esto, resistió la dura arremetida militar controlando amplios núcleos a lo largo de toda la región (como el nudo de Paramillo) y en su apoyo fueron enviados un millar largo de subversivos desde el sur del país. La contraofensiva de los guerrilleros en este frente, iniciada en agosto de 1998 se cobró cientos de vidas entre las Fuerzas gubernamentales, que sufrieron descalabros semejantes a los acaecidos en Meta, Guaviare y Caquetá.[cita requerida]
Al final del periodo Samper la situación de violencia que vivía el país era crudísima; las bajas de los efectivos del Gobierno se contaban por cientos: 797 muertos en 1996, 670 en 1997 y 817 en 1998, estas últimas las cifras más elevadas del conflicto, a lo que se sumaban los 350 secuestrados y los no menos de 3500 heridos. Pero pese a todas las observaciones hechas, el Ejército se hallaba aún lejos del colapso y contaba con suficientes reservas para sostener indefinidamente la lucha. En muchas regiones del país la única cara del Estado que conocía la población era la del Ejército y ello no dejaba de ser paradójico.[81]
La ofensiva Paramilitar
A la vez que ganaba terreno la insurgencia, el Paramilitarismo se extendía por amplias áreas del país, la costa atlántica principalmente, de la mano de los intereses de numerosos hacendados, militares, políticos y empresarios identificados contra la lucha de la guerrilla. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), bajo el mando de Carlos Castaño, se convierte en el grupo más activo. La avanzada liderada por las ACCU se manifiesta, inicialmente, en el norte de Urabá apoyada por antiguos miembros del EPL perseguidos a muerte por las Farc y por las disidencias del movimiento que no se desmovilizaron. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión a la región del Atrato, Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar, bajo la forma de violentas incursiones de tierra quemada.[cita requerida] Las Cooperativas de seguridad rural o Convivir, nuevas asociaciones de autodefensa autorizadas por la administración Samper por medio del Decreto 356 de 1994, sirvieron en este marco de fachada para que los ultraderechistas pudieran consolidar sus avances territoriales y a la vez se mostraran ante la opinión pública, cobijados por una nebulosa entre lo legal y lo ilegal. La falta de supervisión del gobierno central, le abrió camino a muchas irregularidades, verificándose en las zonas donde se implantaron una multiplicación de las estructuras paramilitares. Las Convivir proliferarían bastante en Antioquia, con el impulso del entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez.[cita requerida]
Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se traduce, por una parte, en que las guerrillas, sobre todo el ELN, registran pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener a estas estructuras. Y es en medio de la misma lucha, que tanto los irregulares de derecha como los de izquierda, convierten a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que comienza a experimentar el conflicto armado. En efecto las FARC asumirían una clara actitud predatoria hacia los civiles en el Eje bananero, donde en respuesta a la masacre del Bar Aracatazo (cometida por las ACCU) ocurrida el 12 de agosto de 1995, se desató una ola de cruentas retaliaciones. No menos de 800 personas murieron en la guerra de exterminio que azoto a Uraba en 1995, mientras que varios cientos de miles tuvieron que desplazarse fuera de sus hogares.[cita requerida]
Es así como las masacres cometidas por el V Frente de las FARC se suceden escalonadamente a partir de agosto de 1995: el 29 de agosto en los terrenos de la hacienda Los Kunas (Carepa, Antioquia) son asesinados 19 campesinos; el 20 de septiembre las víctimas son 26 trabajadores bajados de un bus y fusilados en el sitio denominado Bajo del Oso; el 14 de febrero de 1996, 11 civiles son rafagueados en la finca Osaka; y el 5 de mayo, 16 labriegos habitantes de las localidades de Alto de Mulatos y Pueblo Bello (Antioquia) son ejecutados.[cita requerida]
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), dando forma a un proyecto contrainsurgente de envergadura nacional. En la práctica se trató de una federación de facciones regionales, que se agruparon bajo una bandera común, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan definido, una coordinación multi-regional de las acciones bélicas y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político. A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionan en las zonas donde estos grupos tienen su principal fuente de financiamiento: el narcotráfico. Siguiendo este propósito, en la segunda mitad de 1997, los paramilitares penetran en los cuarteles generales de la subversión y ponen de manifiesto su voluntad de realizar campañas de exterminio en todo el país, por medio de rápidas y sangrientas incursiones. La primera evidencia de su nueva estrategia viene con el ataque lanzado sobre Mapiripan (Meta) en julio de 1997, donde fueron asesinadas una decena de personas, y la masacre de El Aro (Antioquia) cometida en el nudo de Paramillo, el 22 de octubre del mismo año.[cita requerida]
El narcotráfico durante la era Samper
Los "narcocasetes" obtenidos por la DEA en la sede de la Campaña Samper Presidente sirvieron para que Estados Unidos ejerciera con mayor fuerza su diplomacia coercitiva iniciada durante la administración anterior. Para ello, contaba con el proceso de certificación como instrumento táctico y la exigencia de extradición de nacionales como herramienta jurídica. Con este perfil y con la inclusión del criterio de nivel de narco-corrupción, en 1995 se certificó condicionalmente a Colombia "por razones de interés nacional".[cita requerida]
Pero al año siguiente, Colombia se convirtió en el primer país formalmente democrático en ser desertificado, aunque no se aplicaron las sanciones económicas discrecionales previstas en la medida. En 1997 Colombia volvió a ser desertificada, y en vísperas de la salida de Samper en 1998, el país fue certificado de manera condicional.[cita requerida]
Gilberto Rodríguez fue sentenciado a quince años de prisión, los cuales se redujeron a siete años por confesión y buena conducta. Otro instrumento de presión de Estados Unidos fue la extradición. El artículo 35 de la Carta de 1991 la prohibió, de alguna manera por influencia de los narcotraficantes y por consideraciones nacionalistas de los constituyentes. Durante el gobierno de Samper, la diplomacia de Estados Unidos se orientó a presionar la revocatoria de ese artículo. Luego de varios llamados de autoridades nacionales y con el fantasma de una próxima descertificación en el ambiente político, finalmente, mediante el acto legislativo 01 de diciembre de 1997, el Congreso aprobó la extradición sin retroactividad ni aplicación a los delitos políticos. Esta medida estuvo antecedida por la aprobación, mediante la Ley 333 de diciembre de 1996, de la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita, y de la Ley 365 de febrero de 1997, que aumentó las penas a los narcotraficantes.[cita requerida]
La retórica nacionalista de Samper contrastó con su permanente preocupación por satisfacer las exigencias de Estados Unidos en medio de la crisis política que lo envolvió. Pero su preocupación se disimuló no sólo con la retórica presidencial, sino también con el protagonismo que ejerció el embajador de este país, Myles Frechette, quien le dio aún más notoriedad a la relación del gobierno con los Estados Unidos. Este embajador se posesionó poco antes de terminado el gobierno Gaviria y se retiró en marzo de 1998, en vísperas de las elecciones presidenciales. La personalidad del embajador propició frecuentes enfrentamientos públicos con funcionarios del gobierno que hicieron más difíciles las de por si problemáticas relaciones con el país del norte. La debilidad del gobierno y su dependencia frente a Estados Unidos hicieron posible que esa situación se mantuviera durante tanto tiempo. Debido a ese afán presidencial por responder a la presión externa, el narcotráfico se convirtió en el factor preponderante de la seguridad nacional durante su gobierno. En la década anterior, el narcotráfico también había sido un problema destacado de orden público y de seguridad nacional, pero no sólo como respuesta a la presión externa, sino también como respuesta al terrorismo. El énfasis en el narcotráfico durante el gobierno Samper llevó a que la subversión y el paramilitarismo no recibieran la atención que ameritaban. Los consecuentes descuidos e improvisaciones de los dirigentes políticos y los militares, facilitaron la inusitada expansión tanto de las guerrillas como de los paramilitares.[cita requerida]
Las operaciones Conquista I y Conquista II, adelantadas en el sur del país contra el narcotráfico por la IV División del Ejército y sus brigadas, entre junio de 1996 y febrero de 1997 afirmaron la tendencia de militarización de la lucha antinarcóticos. Así fue posible combinar, y confundir, la represión antisubversiva con la guerra contra las drogas. Ya desde antes el Ejército había realizado operaciones que combinaban la lucha militar de las tropas antiguerrilleras con la fumigación de cultivos ilegales por parte de la Policía en busca del apoyo directo de Estados Unidos a sus actividades antisubversivas. La importancia progresiva que adquirió el Comando Sur de Estados Unidos -ubicado hasta fines de los años noventa en la Zona del Canal de Panamá-para el país tiene que ver no sólo con su papel de mediador de la absorbente política militar estadounidense para el área, sino también con esa búsqueda de apoyo por parte del ejército nacional.[cita requerida]
La preponderancia del narcotráfico como factor central de la seguridad nacional se percibió desde el inicio del gobierno, siempre bajo los dictámenes norteamericanos. A finales de 1994 el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la extensa fumigación de cultivos de coca y amapola con glifosato, contrariando los acuerdos gubernamentales suscritos poco antes con los campesinos del Guaviare a raíz de un paro cívico de protesta por las fumigaciones. Los acontecimientos subsiguientes ratificaron la decisión: en febrero de 1995 el presidente Samper anuncio el Plan Antinarcóticos 1995-1997 y su "Operación Resplandor" destinados a la erradicación total de cultivos ilícitos, en abril el gobierno compró equipos técnicos y de aviación por la suma de 2.000 millones de dólares, y en mayo el mismo Consejo aprobó el Plan "Compromiso de Colombia frente al Problema Mundial de la Droga". Además, en noviembre, el ministro de Defensa anunció la instalación de un radar de Estados Unidos en Marandua, Departamento de Vichada, como parte de la lucha antinarcóticos, En 1996 con el fin de reforzar las fumigaciones se ensayo el imazapyr, herbicida granulado más potente que el glifosato.[cita requerida]
La ofensiva en contra de los cultivos ilícitos provocó la movilización campesina más importante desde los años sesenta. El anuncio de fumigación de finales de 1994 generó un paro cívico en enero de 1995 de los cultivadores del Putumayo, que culminó tras las promesas del gobierno de hacer inversión social en la región. Dicho anuncio también causó inconformidad en los campesinos del Guaviare y hostilidades por parte de las Farc en esa zona, cuyo momento crítico fue la toma de la ciudad de Miraflores a mediados del año. Sin embargo, la reacción más fuerte estaba por venir. En julio de 1996, millares de campesinos del departamento de Putumayo se movilizaron en contra de las fumigaciones del programa gubernamental de erradicación de cultivos ilícitos. Esta protesta se extendió a los departamentos de Guaviare, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander, con las marchas de doscientos mil campesinos cocaleros. La organización de la movilización estuvo a cargo de las Farc, que obligó a los campesinos a participar, lo que sirvió de excusa al gobierno para reprimirlos de manera indiscriminada. La reacción del gobierno sirvió para darle mayor legitimidad a la guerrilla entre la población vinculada a los cultivos de coca. La guerrilla aprovechó el momento para adelantar una ofensiva en varios lugares del país, de la que resultó el desastre militar derivado del ataque a la base de Las Delicias en el Putumayo.[cita requerida]
La acción del gobierno se dirigió también contra los narcotraficantes. La presión ejercida por una replica del llamado "bloque de búsqueda" que eliminó a Pablo Escobar, conformada por militares, policía, DAS y Fiscalía, y la acción de la política de entrega y negociación promulgada por la Fiscalía, lograron la captura y entrega de la cúpula del cartel de Cali a mediados de 1995. En junio fueron capturados Gilberto Rodríguez Orejuela y Phanor Arizabaleta, en julio José Santacruz Londoño y en agosto Miguel Rodríguez Orejuela. En el transcurso de esos meses se entregaron Tulio Enrique Murcillo, Henry Loaiza y Víctor Patino Fomeque. Además fue desmantelada gran parte de la red de ese cartel, con la incautación de documentos y la ocupación de parte de sus propiedades. En septiembre se entregó a la justicia estadounidense, a través de la DEA, Guillermo Pallomari, tesorero de esa organización delictiva. Por otra parte, la fuga y posterior muerte, por parte de la Fuerza Pública, del narcotraficante José Santacruz, en los primeros meses de 1996, sirvió de excusa para que el gobierno estadounidense insistiera en su pedido de revivir la extradición.[cita requerida]
La política antidroga del gobierno de Samper tuvo muchos opositores, buena parte de ellos alentados por sus vínculos económicos y políticos con los narcotraficantes. La conducta del Congreso de la República fue notoria: varias de las iniciativas legislativas del Ejecutivo fueron contrarrestadas o alteradas en el curso de los debates, inclusive con la abierta participación de grupos políticos afines al gobierno. La discusión sobre la extradición formó parte de esa situación, reforzada con la negativa inicial del Presidente de revivirla. También hubo iniciativas del Congreso destinadas a entrabar la acción en contra del narcotráfico. Entre ellas sobresale el llamado narcoproyecto, que era una reforma al Código de Procedimiento Penal que restringía la órbita de acción de los jueces de la justicia regional, denominados sin rostro, convertía el enriquecimiento ilícito en un delito secundario y prácticamente lo liberaba de sanciones punitivas. La discusión de este proyecto absorbió la segunda mitad de 1994 hasta que fracaso con la intervención del gobierno. Así mismo, en 1995 apareció lo que se llamo el narcomico a la ley de seguridad ciudadana, que buscaba que el enriquecimiento ilícito fuera tratado como delito conexo y no como delito independiente. La Cámara finalmente lo eliminó, y esa acción fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Corte Constitucional.[cita requerida]
Los resultados de la lucha contra las drogas del gobierno de Samper fueron desalentadores a pesar del creciente apoyo del gobierno de Estados Unidos, instigador de la política. Por ejemplo, en 1996 se destinaron dos y medio millones de dólares para la construcción de bases antinarcóticos en los departamentos del Valle del Cauca y Putumayo, y en 1997 se adicionaron 100 millones en ayuda militar para esos menesteres. Sin embargo, los cultivos ilícitos en Colombia pasaron de 40.100 hectáreas en 1990, a 50.900 en 1995, 79.500 en 1997 y cerca de 100.000 en 1998. En este último año, el país ocupaba ya el primer lugar como productor de coca a nivel mundial, con más del 40 por ciento del área cultivada total. Ni la fumigación ni los programas de desarrollo alternativo lograron frenar la expansión de los cultivos. Entre 1990 y 1998 se fumigaron más de 120.000 hectáreas, una superficie semejante a la cultivada en 1999. La fumigación, además de ser ineficiente, produjo daños ecológicos y problemas sociales difíciles de estimar. El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo, Plante, no logró encontrar sustitutos para la coca y la amapola, ya que la rentabilidad de los cultivos alternativos esta lejos de competir con la de los ilícitos, entre otras cosas debido a la ausencia de infraestructura y a la falta de una organización adecuada para su comercialización.[82]
Pastrana y el Proceso del Caguan. El Plan Colombia
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Dos años de continuas derrotas, tenían postrado moralmente al cuarto de millón de soldados y policías que combatían a una insurgencia venida a más en medio del caos que representaron los 4 años de la Administración Samper. Desde el norte a base de masacres, avanzaban las AUC, mientras el suroriente del país escapaba casi que totalmente al arbitrio del Estado que controlaba solo las capitales y las poblaciones más grandes. El nuevo mandatario, Andrés Pastrana, si bien se la jugo por el proceso de paz, no descuido el frente militar. La caótica situación empezó a cambiar con la llegada al Ministerio de Defensa de Rodrigo Lloreda Caicedo y el relevo de los altos mandos militares de la última fase del cuatrienio anterior, con los generales Manuel José Bonet y Mario Hugo Galán al frente.[cita requerida]
El objetivo del cambio de cúpula era recuperar la moral de la tropa, prácticamente destruida tras dos años de múltiples debacles bélicos, reestructurar las Fuerzas Militares y retomar la iniciativa del conflicto. Los Generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, fueron escogidos como comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército respectivamente. La cúpula fue complementada con oficiales como Rafael Hernández López, quien venía de liderar la Fuerza de Tarea del Caguan y pasó a ocupar el cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto y el General Néstor Ramírez, comandante de la Tercera División, nombrado segundo al mando.[cita requerida]
Junto con la conformación de la nueva cúpula, el Ministro Lloreda creó una comisión de reestructuración integrada por civiles y militares, encargada de revisar todos los aspectos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Este proceso seria continuado y profundizado por el Ministro Luis Fernando Ramírez, quien asumió el cargo tras la renuncia de Lloreda en mayo del 99.
La estructura del Ejército se transformo, con la creación de cuatro nuevas jefaturas: personal, logística, operaciones, y entrenamiento y doctrina, cada una de ellas bajo el mando de un mayor general. Estas reemplazaron la antigua estructura y eliminaron o fusionaron varias oficinas, permitiendo al General Mora entenderse con solo 4 subalternos sobre los aspectos estratégicos. Además se desarrolló un sistema de comando, control y comunicaciones en base al Centro de Operaciones Conjuntas (COC), que permitió a las distintas armas coordinar las acciones sobre el terreno. Estas ofensivas lanzadas por las fuerzas gubernamentales fueron desarrolladas a partir de la segunda mitad 1999 por unidades de asalto de 120 hombres (1 compañía), evitando así que se repitieran los desastrosos resultados de las batallas del 98, donde las tropas contraguerrilla se movilizaban en grupos de 50 y se veían copadas rápidamente por cientos de insurgentes. Igualmente, la permanencia de la cúpula durante los cuatro años del mandato de Pastrana, contribuyó a darle continuidad a este proceso, que pasaría con el respaldo económico de los EE.UU., por la profesionalización de las FF.MM., la capacidad de realizar operaciones nocturnas, la creación de la FUDRA, la activación de nuevas brigadas móviles, el perfeccionamiento de la inteligencia y el fortalecimiento de la capacidad aerotactica. También se reformaron los estatutos de carrera, de evaluación y de ascenso del personal uniformado, a través de la expedición de decretos-ley en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno por el Congreso de la República en el año 2000.[cita requerida]
La ofensiva del 3 de agosto y el ascenso de Pastrana
La prioridad otorgada por el candidato del partido conservador, Andres Pastrana, a las propuestas de iniciar negociaciones de paz con las guerrillas comunistas de las FARC (unos 17.000 hombres) y el ELN (unos 5.000), sumado a su incidencia en los mensajes sociales, alimentaron las esperanzas de una población estragada por cuatro décadas de violencia en múltiples frentes y otros déficits de tipo económico. Por otro lado, su oferta de restaurar el nivel de cooperación con Estados Unidos vigente hasta 1996, cuando la Agencia para la Lucha contra la Droga (DEA) desertificó al Gobierno de Samper, fue acogida positivamente en Washington. Aún y todo, Pastrana, al que se le asociaban contactos con las élites económicas y políticas de Estados Unidos, precisó que de llegar a la Presidencia no estaría dispuesto a acoger asesores militares de ese país para no hacer un "excesivo énfasis en las medidas represivas".[cita requerida]
En la elección del 31 de mayo de 1998 Pastrana fue, con el 34,4% de los sufragios, el segundo candidato más votado, aunque tan sólo con una décima menos que el liberal Horacio Serpa, que había desarrollado una campaña populista y planteado similares propuestas, si bien en el electorado pesaba la defensa que en su momento hizo de Samper. Sin embargo, en el desempate del 21 de junio Pastrana obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes con el 52% de los sufragios. Los comicios se celebraron en un clima relativamente pacífico para los estándares colombianos y registraron un índice de participación histórico, el 59%.
Pastrana tomaba posesión de su mandato cuatrienal, primero para el Partido Conservador desde 1986, el 7 de agosto, pero no esperó hasta entonces para mover sus piezas en el frente de la guerrilla. Así, el 9 de julio el mandatario electo se internó en la selva para reunirse con el comandante Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, líder histórico de las FARC. El encuentro, primero directo de un mandatario colombiano con la guerrilla, sentó las bases para futuras negociaciones encaminadas a finalizar el conflicto armado.[cita requerida]
Al mismo tiempo, el ELN y el Consejo Nacional de Paz (CNP), foro integrado por organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil colombiana, llevaban tres meses dialogando en un convento en las cercanías de Maguncia (Alemania). De esta "mesa de sondeo" surgió, el 15 de julio, un acuerdo de principio para convocar antes de octubre una Convención Nacional como conferencia consolidación del proceso. Todo ello parecía indicar que la elección de Pastrana había sido un catalizador de las iniciativas de paz. No obstante, bien pronto quedaron decepcionadas las perspectivas más optimistas y cobraron argumentos quienes venían advirtiendo que el proceso de paz iba a ser largo. El 22 de julio el ELN rompió su compromiso de tregua y comenzó una campaña de atentados. El mismo 7 de agosto, la ceremonia de asunción de Pastrana quedó deslucida por la ola de violencia guerrillera sin precedentes que asolaba el país, que quedó conmovido en particular por el desastre militar del 3 de agosto, con cientos de soldados y civiles muertos o desaparecidos en los combates. Se habló de un desaire de la insurgencia a Pastrana y, ciertamente, esta situación no iba a ser excepcional en los cuatro años siguientes.[75]
La ofensiva subversiva del 3 de agosto de 1998, lanzada como «despedida al Gobierno Samper», fue la mayor en toda la historia de las guerrillas colombianas. Se atacaron en todo el país 62 objetivos del Gobierno con asaltos masivos de instalaciones militares, hostigamientos, sabotajes y carros bomba, dejando 81 uniformados muertos, 120 heridos y más de 150 secuestrados. En Miraflores Guaviare, escenario de un autentico desastre militar, la base antinarcóticos de la policía y el cuartel del Batallón Joaquín París, donde estaban destacados 190 hombres, fueron totalmente arrasados tras 26 horas de violentos enfrentamientos que se saldaron con 16 muertos, 30 heridos y 129 capturados entre las fuerzas gubernamentales.[83][84] Otros combates asolaron La Uribe (Meta) donde fue golpeado el Batallón No. 21 Vargas (29 soldados y 1 policía muertos, 30 heridos, 7 secuestrados y 1 helicóptero derribado), Pavarandó (9 soldados muertos y 7 capturados) y San Carlos (Antioquia) (9 policías rendidos).[cita requerida]
La toma de Mitú y la desmilitarizacion del Caguan
Pero con la llegada a la presidencia de Pastrana, tampoco se detuvieron los ataques: en Tamborales (Riosucio, Chocó) el 14 de agosto de 1998 murieron 42 militares y 21 más fueron hechos prisioneros en una nueva batalla campal entre 200 contraguerrilla del Ejército que pretendían rescatar a los secuestrados de Pavarando y 1.000 guerrilleros (que contaron en sus filas 60 bajas); en septiembre el EPL y el ELN asaltaron el corregimiento de Las Mercedes en Norte de Santander, sometiendo a los 20 uniformados que ocupaban el cuartel de policía local; y finalmente, el 18 de octubre nuevamente el ELN, dinamitó un oleoducto en Machuca (Antioquia) y provocó una masacre que le costo la vida a 80 civiles.[cita requerida]
Pese a estos gestos desalentadores el 14 de octubre, tres días después de hacer lo propio con el ELN, el Gobierno arrancó las conversaciones con las FARC. Éstas vieron reconocido un estatuto político y el Ejército comenzó a abandonar una vasta zona selvática en los departamentos de Caquetá y Meta, al sur del país, de 42.130 km² (extensión ligeramente superior a la de Suiza y que comprendía cinco municipios), satisfaciendo la precondición planteada por Marulanda a Pastrana de levantar un "laboratorio de paz" en esta región dominada por la guerrilla. El 7 de noviembre los militares completaron la evacuación y la llamada Zona de Distensión de San Vicente del Caguán se hizo efectiva. Pero antes de que se terminara de concretar el despeje total del área, las FARC lanzaron su más atrevido plan de guerra al tomarse por asalto una capital departamental, Mitú, ubicada en medio de las selvas del Vaupés. Aproximadamente 1.500 hombres se lanzaron contra la exigua guarnición compuesta por 120 elementos (5 oficiales, 2 suboficiales, 77 patrulleros, 6 agentes y 30 auxiliares bachilleres) al mando del Coronel Luis Mendieta. Tras 12 horas de feroces combates contra los cerca de 90 policías parapetados en la Estación y sus alrededores, sobre las 4:30 de la tarde la posición fue copada, con un saldo de 16 policías muertos y 61 capturados, entre ellos el mismo Comandante de la Ponal en el Vaupés.[85]
Los guerrilleros ocuparon Mitú por 72 horas, aprovechando la impotencia del Gobierno para enviar refuerzos, ya que la pista aérea había sido destruida, y esa era la única forma de acceso a la distante población. Sin embargo las FF.AA preparaban el contraataque. Luego del desembarco nocturno de 220 efectivos de fuerzas especiales (a 6 Km de la población), seguido por la llegada de medio millar más de uniformados a Cuererí (60 Km de Mitú), las tropas avanzaron en medio de enfrentamientos hacia la ciudad apoyados por un inmenso dispositivo aéreo, retomándola al atardecer del día 3 tras el repliegue de los guerrilleros (que la habían abandonado sobre el mediodía con no menos de un centenar de bajas), que huyeron hacia el Guaviare. Fue el primer descalabro serio sufrido por el bloque oriental, en el curso de su aparente inexorable cadena de triunfos.[86][87]
Las operaciones no se detuvieron y a fines de mes entre El Retorno y Calamar (Guaviare) cuando 1000 hombres de la Brigada Móvil Número 3, trataban de cercar a 800 guerrilleros que huían desde Mitu, se desataron nuevos combates. 20 militares murieron y 3 fueron secuestrados, a la vez que se contaron más de 40 bajas en las filas de la subversión.[cita requerida]
Los diálogos del Caguan
El 7 de enero de 1999 comenzaron las negociaciones de manera oficial, y lo hicieron con mal pie: al encuentro inaugural en San Vicente del Caguan, en Caquetá, no compareció Marulanda, dejando a Pastrana en situación embarazosa, como señal de advertencia al Gobierno contra la concesión de un estatuto político similar y garantías de amnistía a las organizaciones paramilitares de extrema derecha, unos 7.000 hombres agrupados desde abril de 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y bajo el mando de Carlos Castaño.[88] Precisamente, estos grupos, responsables de violaciones de los Derechos Humanos, habían desencadenado en la víspera una campaña de masacres contra civiles sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla, para obligar al Gobierno a sentarse con ellos en una mesa de negociaciones y obtener beneficios políticos también en plano de igualdad. El 9 de enero las organizaciones de extrema derecha ejecutaron a 55 civiles en El Tigre (Putumayo) y en Playon de Orozco (Magdalena).[cita requerida]
En todo caso las FARC dilataron las conversaciones argumentando la poca efectividad del gobierno en la lucha contra los paramilitares y nuevamente la emprendieron contra las FF.AA., buscando posicionarse en la mesa de diálogos. Pero esta vez los golpes vendrían de lado y lado.
El 18 febrero de 1999 entre los corregimientos del Oasis y La Esmeralda en Arauquita (Arauca), 12 militares murieron en un ataque del 10 frente, que sufrió en el contragolpe medio centenar de bajas. El 12 de marzo el comandante del frente 51, Miller Perdomo murió en una celada tendida por el Ejército en Cundinamarca; y cuatro días más tarde el 16, el avance de una columna de no menos 1000 militantes de las FARC que se dirigían hacia el Uraba por el cañón de la Llorona, vio cortada su marcha por un batallón de 100 contraguerrilla. Reforzados por 2000 uniformados más y decenas de helicópteros, las FF.MM., obtuvieron una estratégica victoria y abortaron los planes de guerra del bloque noroccidental, negándole su entrada al eje bananero (60 muertos de la subversión frente a 6 del gobierno).[cita requerida]
La siguiente ronda la protagonizaría la insurgencia: el 12 de abril, cuando un convoy de 43 efectivos del batallón Cacique Lutaima al mando del mayor Henry Gómez Navas, se movilizaba por el puente sobre el rio Tasido, en Uraba, un numeroso grupo de guerrilleros los embosco, muriendo en el ataque 19 uniformados (entre ellos el mayor y su segundo, el teniente Fabián Chica Mosquera). El ELN por su parte, fue el responsable de 2 secuestros masivos: el primero en abril, de 41 pasajeros de un avión de Avianca, que fue obligado a aterrizar en Santander y el segundo en mayo, a las afueras de Cali de más de 200 personas en la iglesia la María.[cita requerida]
El mismo mes las operaciones Némesis y Llanura, terminaron con 28 guerrilleros dados de baja en enfrentamientos ocurridos en el Vichada y Arauca. Entre los abatidos se encontraba alias Esteban, comandante del frente 16 y principal comprador de armamento para las Farc en sur- oriente del país.[cita requerida]
Ofensivas de las FARC
El 2 de mayo de 1999 Pastrana y el jefe de las FARC celebraron una conferencia por sorpresa y desbloquearon la situación empantanada desde el 25 de enero por decisión unilateral de la guerrilla, y cuatro días después se reanudó el proceso negociador. Pero en los meses siguientes la coyuntura no hizo más que empeorar en todos los frentes. Por un lado, las guerrillas no le concedieron ninguna facilidad, incrementando los asesinatos y los secuestros de personajes públicos o de grupos en masa (pesca milagrosa), las voladuras de instalaciones como oleoductos y torres de energía y las emboscadas a militares y policías. Sin duda crecidas por los resultados obtenidos hasta entonces, las FARC optaron por las grandes demostraciones de fuerza a fin de obtener del Gobierno las máximas ganancias. La tesis de Pastrana de perseverar contra viento y marea no encontraba eco en buena parte de la opinión pública, cada vez más escéptica ante un proceso de paz percibido sólo como una sucesión de concesiones y gestos de apaciguamiento, que a cambio sólo producían en los alzados en armas declaraciones arrogantes y una espiral de agresiones. El 26 de mayo de 1999 se abrió una crisis sin precedentes en el Ejército por la dimisión de 14 generales y coroneles, con el ministro de Defensa a la cabeza, en protesta por la desmilitarización de una parte del país en aras del proceso de paz.[cita requerida]
En todo caso las FARC iniciaron en el último tercio del mes de junio una importante ofensiva en todo el país, destinada a repetir los golpes de marzo y agosto de 1998. Pero como ya dejaban entrever los resultados de los combates producidos entre febrero y mayo de 1999, la situación general de las FF.AA. había evolucionado positivamente desde el año anterior y ahora con un mayor respaldo de la fuerza aérea, el Ejército seria capaz de responder con eficacia los ataques de la subversión.[cita requerida]
Con todo, el 23 de junio, este sufrió un primer descalabro, cuando 50 hombres pertenecientes a una compañía del batallón Rifles adscrita a la XI Brigada, cruzaba el río San Jorge en jurisdicción del corregimiento Juan José (Puerto Libertador (Córdoba), para impedir el avance de más de 500 guerrilleros de las Farc. En el momento en que un helicóptero estaba desembarcando a un segundo grupo de soldados, ambas formaciones se vieron atacadas por todos los flancos. En los combates perecieron 36 militares y 30 subversivos.[cita requerida]
Seria solo el primero de una vasta escalada. Un sangriento combate enfrento en Gutiérrez (Cundinamarca) el 8 de julio siguiente, a una columna de 80 uniformados, sorprendidos en medio de la noche, con unos 500 insurgentes de los frentes 51, 53, 54 y la móvil Abelardo Romero del bloque oriental, al mando de alias Romaña. Esta vez si bien perdieron la vida 38 miembros de la brigada XIII, también las Farc sufrieron un fuerte castigo (36 muertos) y vieron fracasado su intento de tomarse la vía al Llano y atacar varios puntos estratégicos en el suroriente de la capital del país.[cita requerida]
El 10 de julio, no menos de 600 guerrilleros con dos tanquetas hechizas, asaltaron Puerto Rico (Meta) y cercaron el cuartel de la localidad, defendido por 34 policías. Tres días después la posición cayo y 29 hombres se rindieron. Un numero igualmente grande de insurrectos se dirigió a Puerto Lleras también en el Meta y hostigo la guarnición de la población, que al mando del Teniente Wilson Andrés Delgadillo, estaba compuesta por 10 efectivos. Pero el ataque fallo a pesar de 36 horas consecutivas de combate que dejaron 4 muertos (2 policías y 2 civiles) y el centro del pueblo destruido. La exigua estación, resistió los embates con cilindros de gas, granadas de mortero y ráfagas de fusil. Al mismo tiempo sufrieron hostigamientos El Doncello y Puerto Rico (Caquetá), en límites con la zona de distensión; Arauquita (Arauca); San Carlos (Antioquia); Toledo y Labateca (Norte de Santander); Hato Corozal (Casanare); San José del Guaviare; El Líbano, entre Paujil y La Unión Peneya (Caquetá); Mesitas del Colegio, Boquerón y Tibacuy (Cundinamarca); Algeciras (Huila); y Santana y Puerto Caicedo (Putumayo).[cita requerida]
En total perdieron la vida 4 militares y 17 policías, pero las Farc tuvieron que soportar un tremendo descalabro. El contraataque de las fuerzas militares se cebó principalmente en las columnas que cercaban las poblaciones del Meta: apoyados por decenas de helicópteros y aviones, miles de soldados de la recién constituida FUDRA (Fuerza de despliegue rápido) mataron a 162 guerrilleros del Bloque Oriental en medio de la Operación Independencia, obligando al resto a replegarse desordenadamente hacia el Caguan dejando decenas de cuerpos sobre el terreno. Lo mismo paso en Doncello (Caquetá); en Hato Corozal (Casanare), cuando la flotilla aérea que entró a repeler el ataque de los frentes 28 y 45 bombardeo siete de sus transportes; en Puerto Rondón (Arauca); en el río Putumayo (una lancha hundida); y en Puerto rico (Caquetá) donde otros 40 insurgentes son abatidos en la retoma de la población por el Ejército. Al final en la jornada más negra sufrida por las FARC en toda su historia, 242 irregulares fueron dados de baja en 72 horas de combates y bombardeos. Los planes de las Farc para llegar fortalecidos a la mesa de dialogo el 20 de julio siguiente se vieron frustrados, y la estruendosa derrota desbarato su paso de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones. En adelante pasarían preferiblemente de atacar grandes unidades militares, a golpear sobre todo a la policía y destruir sus cuarteles en las cabeceras municipales y los corregimientos más aislados, no renunciando empero a las embestidas ocasionales con cientos de hombres a puestos fijos.[cita requerida]
En represalia el 30 de julio siguiente, el frente 47 al mando de la "Negra Karina" (Elda Neyis Mosquera) ataco la población antioqueña de Nariño con una violencia extraordinaria. Después de 2 días de combates y de castigar el comando con un centenar de cilindros bomba, la guerrilla copo la plaza matando 9 agentes y capturando 7 mas. También perecieron 8 civiles y un 80% del pueblo quedo destruido. No obstante, el 1 de septiembre, como corroborando el cambio de tornas, medio centenar de alzados en armas fue liquidado en Hato Corozal (Casanare), cuando sus estructuras intentaban replegarse del área tras atacar el municipio llanero. Fue la quinta derrota consecutiva del año para el frente Oriental y las guerrillas izquierdistas, que encajaron casi un millar de muertos en 1999.[cita requerida]
La nueva política anti-narcóticos y el plan Colombia
En agosto de 1999, durante su visita a Colombia, el secretario de Estado estadounidense Thomas Pickering le había sugerido al Gobierno Colombiano revaluar su “Política de Pacificación y su estrategia antinarcóticos”, para encauzar eficazmente la ayuda ofrecida por los EE.UU. en unos objetivos concretos. Este entendimiento redundo en la redacción del plan Colombia. A diferencia del original, que se centraba en la sustitución de cultivos ilícitos y en la atención a la población desplazada, el nuevo dio preeminencia a la guerra contra las drogas y por ende a la asistencia de carácter militar, que en últimas se dirigiría a aplastar a las guerrillas.[89]
Finalizando el año, las FARC protagonizarían otro ataque en Jurado (Choco). Más de 500 guerrilleros, entraron a la población por las 2 desembocaduras del rio Baudo a la medianoche del 11 de diciembre. Mientras varios centenares de hombres atacaban por el norte el puesto naval, en el que se encontraban 2 oficiales, 11 suboficiales y 123 infantes, otro grupo de subversivos combatía contra los 16 agentes del puesto de Policía, enclavado en la parte sur del municipio. Los militares resistieron el ataque durante más de 15 horas, mientras esperaban apoyo aéreo. Pero el mal tiempo bloqueó la entrada de los refuerzos. A las cinco de la tarde del día siguiente 78 uniformados tuvieron que entregarse.[cita requerida]
23 marinos, 1 policía, 1 civil y 42 irregulares habían muerto en las 18 horas de enfrentamientos. Otros 33 efectivos del gobierno quedaron heridos. Esa misma tarde, 75 de los capturados fueron entregados en la plaza aledaña a la Alcaldía, al párroco Bernardo Niño. Tres quedaron en poder de sus captores.[cita requerida]
El 11 de enero del 2000 Clinton dio a conocer públicamente el nuevo plan Colombia y el 5 de mayo durante el XXX consejo de las Américas, expuso que la ayuda solicitada por Colombia era igualmente vital para la seguridad de Estados Unidos. El 13 de julio del 2000 firmo la Ley 106-246 que aprobaba el monto del paquete de ayuda destinado a la nación sudamericana: US$ 1.3 millones, con el 82% para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado en sus labores de erradicación de cultivos ilícitos principalmente en el Putumayo y Caquetá, 9% para el desarrollo alternativo, 3% para ayudar a los desplazados, 2% para la reforma judicial, 1% para la defensa de los derechos humanos y menos del 1% para la paz.[cita requerida]
El 22 de agosto para liberar la ayuda financiera a Colombia de las restricciones impuestas en relación con el respeto de los Derechos Humanos, Clinton invoco, haciendo caso omiso de los informes que comprometían a las fuerzas armadas en la constante violación de aquellos, la sección cuarta del artículo 3201 que permite soslayar dicha norma si a consideración del Presidente la integridad Nacional de Estados Unidos así lo amerita. Ocho días después los dos mandatarios oficializaron el inicio del plan Colombia como parte de su compromiso bilateral contra el flagelo mundial del narcotráfico.[cita requerida]
Para muchos observadores la transformación del plan Colombia es una estrategia básicamente antinarcóticos privo al país de una ocasión única en la consecución de la paz. Así mismo las organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watchs, demostraron su desacuerdo con una estrategia que favorecía la capacidad operativa de unas fuerzas militares “de dudoso record en la materia” de los Derechos humanos y acusadas además de mantener vínculos de vieja data con los paramilitares. Los países fronterizos también se manifestaron en contra, especialmente Ecuador que argumento que la agudización de la lucha armada acarrearía migraciones masivas de refugiados a la par que desplazarían los focos de cultivo a las zonas limítrofes del norte.[cita requerida]
Desde sus inicios, el plan Colombia fue concebido como una estrategia que demandaba la participación económica de otras naciones para su cabal cumplimiento. Aun después de las modificaciones sufridas y de la promesa segura del aporte estadounidense, faltaba atraer más inversionistas. Aunque líderes y organizaciones no gubernamentales de diversas naciones europeas habían demostrado su apoyo al proceso de paz gracias al esfuerzo de la “Diplomacia por la Paz” de Pastrana, su solicitud de contribuir con $1,5 billones – elevada en julio de 2000 ante 26 países congregados en Madrid- solo encontró acogida en España, Noruega y Japón. Esta reticencia europea a cooperar específicamente con el plan tenía razones de peso que fueron recogidas en una resolución del Parlamento Europeo en febrero de 2001; una estrategia que solo competía a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, había sido concebida sin una consulta amplia a la sociedad civil y en su raíz privilegiaba la lucha contra la producción y el trafico de drogas por encima de prioridades nacionales como la recuperación social y económica, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo social. Asimismo porque contenía aspectos militaristas “contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos ya comprometidos por la Unión Europea y proclives a escalar el conflicto en la Región.[90] En consecuencia, el Parlamento Europeo había optado más bien por contribuir al proceso del Caguan con 105 millones de euros para el periodo 2000-2006.[cita requerida]
El 3 de mayo siguiente, luego de instar a las guerrillas y gobierno de Colombia a mantener vivas las negociaciones, y reiterar su intención de combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas, la Unión Europea anuncio que como resultado de un esfuerzo coordinado entre la Comisión Europea y los Estados miembro aportaría 230 millones más a la causa.[cita requerida]
Fortalecimiento de las FF.AA.
Como eslabón importante en el restablecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, el secretario de Defensa y el Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda firmaron en diciembre de 1998 un acuerdo destinado a propiciar una mayor cooperación militar en la lucha antinarcóticos. Si bien las FF.AA. se sumaron a la Policía en la guerra contra las drogas desde 1988, a juicio de los norteamericanos, aquellas debían contar con una mayor potencia bélica y más personal para convertirse en un apoyo real y decisivo.
Si bien estos argumentos parecían indicar que el fortalecimiento del aparato militar obedecía apenas al objetivo de mejorar los programas antidrogas, en 1997 la Agencia de Inteligencia de Defensa de los EE.UU., había diagnosticado que, en vista de estado de precariedad del ejército la subversión estaba en condiciones de derrotarlo militarmente; en consecuencia, era difícil descartar la idea de que en algún momento la lucha antinarcóticos terminara dirigida también contra las guerrillas, no obstante que la asistencia Estadounidense excluía por principio la acción contra insurgente y había limitado el numero de asesores comprometidos en el desarrollo del plan Colombia, tanto civiles como militares, a 800 y en caso excepcionales a 1000.[cita requerida]
Bien fuere por una o ambas razones, el caso es que la Administración Pastrana se dedico a robustecer a sus Fuerzas Militares empleando el 40% del presupuesto Nacional además a los recursos del Plan Colombia destinados a tal fin. Según cifras proporcionadas por el primer mandatario a mediados del tercer año de su gobierno, el número de soldados profesionales había pasado de 22.000 en 1998 a 55.000 en el 2001 y el de los soldados regulares de 57.000 a 73.000 con la meta de llegar a 103.000 en el 2004. Por otra parte, el establecimiento de una Fuerza de despliegue rápido FUDRA, integrada por 5.000 uniformados seria complementado al finalizar el periodo con la adición de un contingente nuevo de 2.500 efectivos que contribuiría a fortalecer la acción del Ejército en gran parte del territorio Nacional. También se logro la puesta en marcha de una Brigada Antinarcóticos, con sede en Tres Esquinas y de tres batallones Antinarcóticos, de 950 hombres cada uno, entrenados y asistidos en labores de inteligencia por oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estos nuevos Batallones junto con la Central de Inteligencia conjunta y la Brigada Fluvial de Infantería de Marina de la Armada Nacional, deberían socavar las actividades del Narcotráfico en los departamentos del Sur del País.[cita requerida]
Aparte de su misión antinarcóticos y contra insurgente, en el Ejército recayó además el deber de salvaguardar la infraestructura petrolera, vial y energética de los atentados guerrilleros. Se permitió la adquisición de 18 helicópteros Black Hawk y 42 Huey (UH-1h) que fueron destinados a garantizar las operaciones en el Putumayo y Caqueta así como la movilidad y eficacia ofensiva de las tropas. Las normas relativas a la Institución Castrense tomaron cuerpo en un nuevo código penal militar, que tras ser presentado como proyecto ante el Congreso de la República durante la legislatura de 1998 se convirtió en 1999 en la Ley 522. La ley 684, que entre otros aspectos le otorgaban funciones de Policía judicial al Ejército y permitía el nombramiento de alcaldes militares en la zona de mayor perturbación publica, fue por el contrario declarada inexequible por la Corte Constitucional gracias a la presión, entre otras, del Alto comisionado para los derechos humanos de la ONU en Colombia.[cita requerida]
Logros y reveses de la política antinarcoticos
Para cumplir con los compromisos suscritos en el plan Colombia y con la meta de reducir hasta el 2006, en 50% el cultivo, procesamiento y trafico de narcóticos, el Gobierno Colombiano dio inicio a finales del 2000 a los dos programas de erradicación de cultivos ilícitos previstos para el departamento de Putumayo, que serian complementados con la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y la interceptación de la ruta de acopio de insumos y embarque de la droga. El primero, dirigido a las plantaciones de tipo individual contemplaba la sustitución de ilícitos con apoyo gubernamental y la posibilidad de una erradicación voluntaria que debía demostrar resultados en doce meses, al cabo de los cuales se procedería a discreción de las autoridades a la fumigación aérea. El segundo, enfocado a los cultivos a gran escala, comprendía una intensa y sistemática labor de aspersión aérea apoyada en los dos batallones antinarcóticos, ya existentes así como los nuevos helicópteros UH- 1h.[cita requerida]
Pero el solo anuncio de estos objetivos del Plan Colombia en los que las FARC-EP intuían el inicio de una guerra mejor dotada contra ellos, a la vez que socavaba sus finanzas fue suficiente para que en abril estas le exigieran a los empresarios con ingresos demás de dos mil millones de pesos el pago de un impuesto de paz (ley dos). Asimismo ofrecieron recompensas por la captura de pilotos de combate, declararon objetivos legítimos de las operaciones guerrilleras al personal militar de EE.UU. presente en la zona y comenzaron a armar a la población civil para que ofrecida resistencia a las fumigaciones. Cuatro meses después impusieron un paro armado en el departamento de Putumayo que redundo en pérdidas económicas cercanas a los cincuenta millones de pesos, la muerte del alcalde Carlos Julio Rosas y el acorralamiento de sus trescientos mil habitantes. A esta situación de emergencia social se aunó la potente contraofensiva de las FF.MM. interesadas en recuperar el terreno cedido desde mediados de los noventa, lo que derivo en durísimos combates que provocaron el éxodo de la población nativa hacia los departamentos de Nariño, Tolima y la frontera con el Ecuador. Estos sucesos fueron suficientes para verificar en la practica lo que ya se sospechaba serán las consecuencias del plan Colombia. Sin embargo, la nueva estrategia de erradicación de cultivos logro satisfacer las aspiraciones prácticas del gobierno. Al año siguiente el presidente aseguro que gracias a ella había sido posible erradicar, hasta mediados del 2001, 174.000 hectáreas de coca y 19.800 hectáreas de amapola, destruir 1732 laboratorios y 305 pistas clandestinas e incautar más de un 1.800.000 kilos de insumos sólidos y 2.400.000 galones de insumos líquidos. Según datos contenidos en el informe sobre la actividad cocalera en Colombia de diciembre de 2002 realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la evolución global de los cultivos de coca empezó a descender desde su pico más elevado: 101.800 hectáreas en 1998, 160.000 en 1999,163.000 en 2000, 145.000 en 2001 y 102.000 en 2002. Es decir, desde la aplicación de Plan Colombia apenas se había logrado erradicar un sexto de cantidad de hectáreas mencionada por Pastrana. Por su lado la Policía antinarcóticos aporto cifras relativas a la aspersión de cultivos de coca más cercanas a los estimativos del gobierno que mostraban que entre los años 2000 al 2001 se habían destruido 152.226,32 hectáreas de esta planta en todo el país, de ellas 46.015,05 en el Putumayo y 26.669,07 en el Caqueta. La aspersión de amapola por su parte, redundo para el mismo periodo la eliminación de 11.535,01 hectáreas en el total de los departamentos involucrados en se siembra.[cita requerida]
Para remediar sus precarias condiciones de vida muchos campesinos habían optado por exiliarse en los departamentos limítrofes –mas diez mil entre finales de 2000 y mediados de 2001-, unirse a las FARC–EP, mimetizar nuevos plantíos de coca entre los de subsistencia o adentrarse en Nariño para continuar a salvo con los cultivos ilícitos; de hecho este departamento reporto en el 2002 un incremento en las hectáreas cultivadas con coca de 102% respecto al año anterior. Por otra parte, la circunscripción de la estrategia antinarcóticos a los departamentos del sur dejo por fuera aquellos del norte del país donde se sabia que los grupos paramilitares se dedicaban al negocio con tal capacidad que podía no solo abastecer con creces a los mercados europeo y norteamericanos, sino aportar en un 70% a la financiación de estos grupos ilegales responsables del 80% de las violaciones de derechos humanos en Colombia.
Crisis del Proceso de paz
El 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguan, Pastrana había inaugurado oficialmente los diálogos de paz y el 6 de mayo las dos partes habían suscrito una agenda de 12 puntos que serviría de guía para la Mesa Nacional de Negociación prevista para el 20 de julio siguiente. Entre sus puntos relevantes las conversaciones incluían la reforma a los sistemas político y judicial, al modelo de desarrollo y la estructura agraria así como tópicos relativos al Derecho Internacional Humanitario, las relaciones internacionales, el narcotráfico, el medio ambiente y el fenómeno paramilitar. El último tema provocó el repudio inmediato del líder de las AUC, Carlos Castaño, quien ya había demostrado en enero con una serie de masacres que dejaron 140 muertos, la poca estima en la que tenía a un proceso de paz que no ofrecía a su organización las mismas prerrogativas políticas que a los insurgentes. Las negociaciones con las FARC, recuperadas el 24 de octubre de 1999 tras otro nuevo parón, volvieron a colapsar en mayo de 2000 a raíz del anuncio por la guerrilla de la creación de un impuesto revolucionario a los particulares con un patrimonio superior al millón de dólares: quien no pagara esa exacción se exponía a ser secuestrado.[cita requerida]
Como contrapartida, el 24 de julio de 2000, tras dos años de estériles encuentros, representantes del ELN y el Comité Nacional de Paz se reunieron en Ginebra (Suiza) para explorar si se podía alcanzar un consenso básico sobre el calendario de conversaciones, que incluyera un alto al fuego firme y la convocatoria de la Convención Nacional (entendida como un foro de discusión de propuestas abierto a todos los sectores sociales). Sin embargo, el ELN reiteró la exigencia de que se crearan "zonas de convivencia" (áreas desmilitarizadas) dentro del departamento de Bolívar, a pesar de que la población local se había movilizado en contra de esa posibilidad.[91]
No obstante estos avances la falta de eficacia que a juicio de las guerrillas demostró el gobierno tanto para verificar el control efectivo del Ejército sobre los paramilitares, así como para propiciar su desmantelamiento, conspiro para congelar varias veces los diálogos con las FARC-EP y enrarecer los acercamientos de paz con el Ejército de Liberación Nacional; organización que le atribuyo a la estrategia paramilitar la movilización ciudadana que impidió el despeje del noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar para instalar la Mesa de Negociaciones y llevar a cabo la Convención Nacional acordada con el Presidente el año anterior.[cita requerida] En diciembre del 2000 en un claro gesto de paz que pretendía destrabar las negociaciones, el ELN libero a 29 policías, 10 soldados y 3 agentes del Das que permanecían en su poder.
Finalmente este grupo opto por romper los diálogos unilateralmente en abril de 2001 por la "falta de voluntad del Gobierno para luchar contra los paramilitares" (la razón de fondo era la negativa a concedérsele una zona desmilitarizada), si bien el Ejecutivo inculpo a su vez al ELN, de haber obstaculizado su desarrollo por la vía militar (secuestro de 70 civiles en el Km 18 de la vía Cali-Buenaventura en septiembre del 2000); afirmación que el COCE no reconoció sin tener en cuenta que acciones como los secuestros masivos, el hostigamiento continuo a las FF.MM y los atentados contra la infraestructura económica del país, habían minado la confianza del gobierno y de la sociedad civil. En todo caso la capacidad bélica de la estructura insurgente, había comenzado a decaer desde 1998 y no volvería a recuperarse posteriormente. Las autodefensas le arrebataron importantes territorios en el Magdalena Medio, Antioquia y la costa Atlántica, mientras una guerra intestina con las FARC, que duraría una década, terminaría por amenazar sus últimos bastiones.[cita requerida]
El otro gran tema de discordia con las guerrillas fue el plan Colombia, que a juicio suyo no solo era una agresión contra ellas “sino contra el pueblo colombiano”. Las medidas ya aludidas que tomaron para hacerse sentir al respecto, así como la continuidad en sus ataques contra la fuerza pública, el uso de armas de efectos indiscriminados, las ejecuciones fuera de combate, el reclutamiento forzoso- masivo de menores-, las masacres, los secuestros y asesinatos de funcionarios públicos, entre otros actos cotidianos, terminaron por enrarecer el ambiente del proceso.[91]
Las FARC entre dos vías
Las FARC en todo caso dejaron pasar la oportunidad de presentarse como una opción real de poder. El despeje de 42.000 km2 entre Caqueta y Meta, les permite consolidar aun más sus bastiones sureños: desde allí se extienden con los cultivos de coca sobre el Guaviare y amenazan constantemente Huila y su capital Neiva. La base antinarcóticos de Miraflores, reconstruida tras la toma de agosto fue evacuada en octubre de 1998, dejando la zona en manos de los subversivos. Lo que alguno de sus comandantes evocara como un “Estado en formación”, les llevara a expulsar a las autoridades locales que no son de su agrado y a sabotear insistentemente las elecciones.[cita requerida]
Pero no perderán de vista, tampoco el objetivo central esbozado por las conferencias de 1982 y 1993, que es el avance sobre la Cordillera oriental y el cerco progresivo de las ciudades del triangulo Bogotá-Medellín-Cali. Los nuevos polos de producción de drogas y los corredores que permiten su exportación y a la vez la importación de armas, toman para ellos (perdido el de Urabá) importancia capital: el primero que va por el norte del Choco al Pacifico, reemplaza al anteriormente citado del Urabá y se convierte en escenario de una temible guerra con paramilitares y fuerzas del Estado; el segundo el que desde el Caqueta desemboca en Cauca y Nariño por Huila, esta en manos de la Columna Teófilo Forero; y por último los que van hacia Venezuela por Arauca y el Catatumbo, también defendidos palmo a palmo de las AUC, que se abren paso a base de masacres. El plan lo complementaria una red política clandestina, el Movimiento Bolivariano creado el 29 de abril del 2000 en el Caguan y puesto bajo la dirección de Alfonso Cano. Es según el secretariado un componente de las “nuevas fuerzas armadas” y esbozo de una “Fuerza Pública dependiente del poder civil, nacida del pueblo”. El potencial de las Farc era en todo caso menor del aparente y si bien contaba con una potente fuerza de combate, altamente entrenada y armada profusamente de fusiles y artillería artesanal, esta última era bastante imprecisa, los medios de comunicación utilizados eran anticuados y se carecía de antiaéreos, cosa que se revelaría decisiva en un futuro cercano.[cita requerida]
Sin embargo, su ofensiva no mermaría por el momento y antes adquiriría características de tierra arrasada en el norte de Colombia donde se disputaban amplios territorios palmo a palmo con las AUC. Entre el 25 y el 26 de marzo del año 2000, cerca de 400 guerrilleros pertenecientes a los frentes 34 y 57 de las Farc, atacaron las poblaciones de Bellavista (Choco) y Vigía del Fuerte (Antioquia), separadas ambas por el curso del rió Atrato. Tras 10 horas de violentos combates, los insurgentes coparon el cuartel de policía de Vigia del Fuerte, asesinando a 21 uniformados y 8 civiles (incluido el alcalde de la localidad y sus escoltas, muertos a sangre fría). Los ataques cada vez mas indiscriminados y sangrientos se sucedieron en el resto del país: el 14 de julio, Roncesvalles (Tolima), fue asaltada por un centenar de guerrilleros de las FARC que mataron en la toma a 13 efectivos de la policía; y diez días después, el 24 de julio, otros nueve policías murieron y 12 quedaron heridos, luego de que 200 miembros del frente 13 emboscaron una caravana con 45 uniformados en La Cruz (Nariño).
La ofensiva del 2000: la batalla de Dabeiba
A la vez que paralizaban el Putumayo en medio de una ofensiva nacional lanzada en respuesta al estancamiento de las negociaciones con Pastrana, a la aprobación del Plan Colombia y la expansión paramilitar, las FARC dieron inicio a una nueva táctica de guerra consistente en el secuestro de reconocidos miembros del estamento político nacional. El 5 de agosto del 2000, retuvieron al congresista Oscar Tulio Lizcano y el 14 de diciembre del mismo año al exministro Fernando Araujo. A la vez destruyeron 287 torres de energía y tomaron varios municipios de Antioquia, Caldas y Choco. El 29 de julio, 300 subversivos pertenecientes a los frentes 47 y 9 encabezados por la "Negra Karina", arrasaron el corregimiento de Arboleda, municipio de Pensilvania (Caldas). Doce policías y cuatro civiles murieron en el asalto, que concluyo luego de 36 horas de combate.[92] El 1 de septiembre, cayo en acción el teniente coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, comandante del Batallón de Artillería No 8 San Mateo, cuando lideraba una ofensiva del Ejército en una zona montañosa en límites de los departamentos de Risaralda y Chocó. El 16 de septiembre, 200 militares del Batallón Pedro justo Berrio y 350 guerrilleros del Bloque José María Córdova se enfrentarían en un primer choque en la zona rural de Dabeiba. El resultado: 19 efectivos del gobierno asesinados.[cita requerida]
Un mes después, en la noche del 18 de octubre, más de 650 irregulares entraron a la cabecera municipal de Dabeiba y cercaron la estación de policía atacándola con una lluvia de cilindros bomba. La guarnición de 28 elementos resistió la embestida a costa de 2 bajas, pero cuando efectivos del Ejército trataron al día siguiente de liberar la población con un asalto helitransportado, uno de los 4 aparatos que participaba en la operación fue derribado con 22 hombres a bordo, mientras las otras 3 aeronaves, averiadas debían volver a su base. Los 80 uniformados que si lograron desembarcar quedaron aislados en las colinas que rodeaban la ciudad, envueltos en una batalla que se prolongo hasta la madrugada del 20. Los combates terminaron con 54 uniformados muertos.[93]
Sin embargo, un intento similar de la guerrilla en los santanderes, terminó en fracaso. Desde la zona de despeje, medio millar de insurgentes fue enviado al norte, para recuperar el terreno perdido en el Magdalena medio a manos de los paramilitares y simultáneamente golpear al Ejército. Pero esta vez las FF.MM. se adelantaron a sus planes y miles de soldados de la V Brigada al mando del General Martin Orlando Carreño, coparon en el paramo Berlín (Surata, Santander), a la vanguardia de 240 elementos que abría paso al grueso de la columna. Después de 20 días de operaciones que se extendieron desde el 26 de noviembre hasta el 20 de diciembre, la avanzada fue aniquilada contando en sus filas más de 62 muertos y 120 capturados, por solo 4 bajas del enemigo. Únicamente lograría retirarse incólume su comandante alias “Rogelio”, con 50 sobrevivientes.[cita requerida]
Mientras tanto , la violencia siguió azotando el departamento de Antioquia: el 3 de noviembre, varios paramilitares ingresaron disparando indiscriminadamente a la población de Granada y mataron a 19 personas; un mes después, el 6 de diciembre, miembros de las FARC activaron un poderoso carro bomba frente a la estación de policía de la misma localidad asesinando a 16 civiles y 4 uniformados. [94] [95]Finalmente el 29 de diciembre, el frente 14 de las FARC, ejecuto en una carretera de Florencia (Caqueta) al parlamentario Diego Turbay Cote y a 5 personas mas.[96]
Agonía del Proceso de paz
Gracias a los cuantiosos recursos proporcionados por los EE.UU., pero sobre todo a la reforma militar, las fuerzas gubernamentales pudieron demostrar crecientemente sobre el terreno su estruendosa transformación. El 11 de febrero 3550 tropas se tomaron Barrancominas (Guainía), cuartel general del frente 16 en el oriente del país.[97] Tras 2 meses de continuas operaciones que permitieron la total destrucción de la infraestructura cocalera de la región, fue capturado el 21 de abril el narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa alias “Fernadinho Beira Mar”, protegido del Negro Acacio (Tomas Medina Caracas) y las FARC. Aquello no solo demostró la estrecha relación del movimiento insurgente con las redes de tráfico de estupefacientes, sino que fue un profundo mentís a las declaraciones del Secretariado, cuyos miembros negaban constantemente su implicación en el lucrativo negocio, achacándolo todo a una campaña de desprestigio del Estado colombiano.[98][99]
Debido sobre todo a los contundentes golpes recibidos, y a que ya no podían operar con grandes masas de combatientes, las FARC optaron por evitar los asaltos masivos a instalaciones militares centrando su actuación en los atentados urbanos, la toma de cuarteles de policía y los secuestros de personalidades del mundo político. La excepción fueron 2 grandes ataques, emprendidos contra puestos aislados y relativamente fáciles de copar: en el primero de ellos el 10 de marzo del 2001, 300 hombres al mando de JJ (Milton Sierra Gómez), irrumpieron en Cerro Tokio (Dagua, Valle), base de un importante nudo de telecomunicaciones custodiado por 75 elementos de la Infantería de Marina. 16 infantes y un civil murieron en la toma facilitada por la acción de 2 infiltrados. Tres meses después, el 22 de junio, 500 guerrilleros del Bloque sur dirigidos por Fabián Ramírez, se lanzaron con todo sobre La Granja o Coreguaje entre La Tagua y Puerto Leguizamo (Putumayo), sede de una escuela de entrenamiento del Batallón de selva No 49. Tras un primer asalto sobre los 100 soldados que guarnecían la posición, 800 tropas transportadas en 6 helicópteros artillados reforzaron el fuerte. Pero los subversivos, no rehuyeron el combate que degenero en una autentica batalla. Solo tras 2 nuevas embestidas y bajo el ametrallamiento de la Fuerza Aérea se retiraron al atardecer, dejando 26 muertos sobre el terreno. 30 militares fueron dados de baja.[cita requerida]
Asimismo la guerrilla de las FARC contraataco con saña en las regiones dominadas por las AUC sobre todo en el norte del país, buscando golpear las estructuras militares de esta organización y a la vez debilitar sus redes de apoyo entre la población civil. Es así como la violenta ofensiva emprendida por el Bloque Noroccidental en el nudo de Paramillo y el sur de Córdoba, degenera pronto en una batalla abierta: a finales de marzo una base paramilitar en Ituango (Antioquia) es copada por la insurgencia que mata en el asalto a 30 autodefensas; y a principios de abril en el área de Montelíbano y Puerto Libertador (Cordoba), mueren 20 guerrilleros y 10 paramilitares en otra serie de combates. Sin embargo, la acción que marco el punto culminante de la embestida, fue el secuestro y posterior ejecución por parte de las FARC, de 33 campesinos en Rio Manso (Tierralta, Cordoba) entre el 22 y el 24 de mayo de 2001.[100]
De otro lado conscientes del peso político, militar y financiero que representaba tener más de 400 uniformados retenidos, y como único resultado plausible dela política de paz de Pastrana, el Secretariado de las FARC, soltó lastre y en el mes de junio de 2001 dejo en libertad a todos los soldados y policías regulares que tenía en su poder (unos 310), quedando no obstante otros 50 oficiales y suboficiales secuestrados en espera de un efectivo intercambio humanitario.[101][102]
En espera de que capturando políticos esta vez el establecimiento cedería al final, la organización profundizo dicha estrategia. El senador Luis Eladio Pérez (11 de junio), el gobernador del Meta Alan Jara (15 de julio), Gloria Polanco y sus 2 hijos (retenidos por la Columna móvil Teófilo Forero en un audaz asalto al edificio Miraflores de Neiva el 26 de julio), los congresistas Orlando Beltrán (28 de agosto) y Consuelo González (11 de septiembre) fueron las víctimas de esta nueva táctica. El 24 de septiembre el turno fue para la “Cacica” Consuelo Araujo, asesinada poco después en medio de la persecución de las autoridades.
Es entonces cuando la solución militar termina por imponerse contra la guerrilla. En agosto de 2001, 1300 guerrilleros del Bloque Oriental, avanzaron desde la zona del Caguan hacia el oriente del Meta, para retomarlo de manos de las AUC. 5000 tropas de la FUDRA al mando del General Carlos Alberto Fracica, apoyados en un despliegue aéreo que incluyo 28 helicópteros y 15 aviones (Operación 7 de agosto), les salieron al paso el día 13 y le infligieron a las FARC una contundente derrota. Murieron 80 insurgentes, entre ellos su comandante Urias Cuellar (dado de baja el 19) artífice de muchas de las victoriosas tomas de los años noventa. Evidenciando el nuevo equilibrio alcanzado, el año terminó con 1028 insurgentes abatidos, superando por primera vez la línea del millar, y 1766 fueron capturados. No obstante las duras derrotas sufridas, el influjo territorial y el poder bélico de las FARC no se vieron disminuidos sustancialmente.
El 9 de enero de 2002 Pastrana, en respuesta a la última campaña de ataques, declaró suspendido el proceso de paz con las FARC y el día 12, previo rechazo de su demanda de que terminaran las medidas de control de su territorio mediante sobrevuelos, retenes militares en el perímetro exterior y restricciones a las visitas de extranjeros, les lanzó un ultimátum de 48 horas para que clarificaran sus propuestas de cese de hostilidades antes de ordenar al Ejército la retoma de la zona de distensión. En el último momento, el 14 de enero el proceso de paz se libró del colapso al suscribir ambas partes un documento propiciado por la ONU y los países facilitadores en el que se declaraba que existían garantías para seguir negociando.[91]
Pero este logro in extremis sólo fue un espejismo.[91] Las FARC desatarían otra embestida terrorista contra civiles y militares en febrero de 2002 que dejo casi un centenar de víctimas fatales: el 18 de enero en curso de un operativo antinarcóticos perecieron 5 comandos jungla y un helicóptero fue destruido; el 19 dos emboscadas contra el Gaula del Ejército en los farallones de Cali se saldaron con 12 muertos; el 25 estallo una bicicleta bomba en el sur de Bogotá matando a 4 uniformados y una niña; el 29 fueron masacrados 29 soldados de la Brigada Móvil No 2 en El Dorado (Meta) al hacer explosión una casa cargada con 2 toneladas de dinamita; y finalmente en la madrugada del 11 de febrero es atacado con morteros el alojamiento del batallón de infantería número 27 del Ejército, en Pitalito (Huila). Diez militares perdieron la vida y cuarenta quedaron heridos.[cita requerida]
Fin del proceso de paz y ascenso de Uribe
Un proceso de paz cada vez más desprestigiado, sufrió el golpe mortal de manos de las FARC. Estas que habían visto una oportunidad estratégica en la desmilitarización del inmenso territorio selvático, ahondaron su campaña bélica (que le costo la vida a 2000 civiles y 1500 uniformados entre enero del 2000 y agosto de 2002) y el 20 de febrero de 2002, secuestraron al senador Eduardo Gechem Turbay, haciendo aterrizar el avión que lo transportaba en una carretera del Huila.[103] Su retención justifico el mismo día de febrero, la decisión del Presidente de terminar la parodia de paz con esta organización y mantener la solución de fuerza a la que se había visto compelido desde mediados del año anterior.[91][104]
"...por eso he tomado la determinación de no continuar el Proceso de paz con las FARC...Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe y no solo a mi sino a todo el pueblo colombiano...Decretamos una zona para sostener las negociaciones, cumplimos con la promesa de despejarla de las Fuerzas Armadas y ud. la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un deposito de armas, dinamita y carros robados...He decidido poner fin a la zona de distensión a partir de la 00:00 AM (mirando su reloj) de hoy...Andrés Pastrana. Alocución Presidencial febrero 20 de 2002
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A pesar de los esfuerzos de los países amigos del proceso de paz y de los oficios del asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas, James Lemoyne, en pro de una reactivación de los entendimientos, el gobierno se mantuvo y ordeno a las Fuerzas Armadas proceder a la recuperación de la zona de distensión, por medio de la Operación TH.[91]
La Fuerza aérea y la aviación del Ejército castigaron duramente los campamentos subversivos desde la madrugada del 21, mientras 20.000 tropas avanzaban sobre las 5 cabeceras municipales despejadas, recuperándolas en menos de 24 horas. La bandera de las FARC izada en el centro de San Vicente del Caguan fue echada abajo por los soldados, marcando con ello el epilogo de un proceso frustrado. Las más de 121 operaciones de bombardeo y los combates en tierra terminaron con más de 350 insurgentes muertos, rendidos o capturados, mientras el grueso de sus fuerzas se replegaba a las áreas selváticas contiguas.[cita requerida]
Por otra parte, los atentados contra Estados Unidos perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la red Al Qaeda, opacaron la guerra contra las drogas y la activaron contra el terrorismo. Gracias a la presión del Presidente George W. Bush, el Congreso de su país autorizo en julio de 2002, la extensión de los recursos del Plan Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales como parte de “una campaña unificada contra el trafico de narcóticos y las organizaciones designadas como terroristas" (FARC-EP, UC-ELN, AUC); es decir, le brindo al gobierno nacional argumentos adicionales para restarles a las guerrillas cualquier vestigio de legitimidad que hubiera podido quedarles luego de su pobre papel en el proceso de paz. Además, la designación de las FARC-EP como el grupo terrorista más peligroso del hemisferio y la presunción estadounidense de sus vínculos con la ETA, el IRA e incluso el Al Qaeda, fueron utilizadas por el gobierno para ponerles precio a las cabezas del Secretariado de este grupo y lograr que la Unión Europea lo incluyera en su propia lista de organizaciones terroristas.[cita requerida]
En respuesta al fracaso de las negociaciones de paz y a la nueva coyuntura internacional, las FARC-EP, fortalecidas como nunca antes en efectivos (unos 20.000 hombres en armas y 15.000 milicianos en 2002, frente a 295.000 uniformados) y pertrechos gracias al amparo de la zona de distensión y de tres años de continuas dilaciones, optaron por profundizar en su táctica de urbanizar el conflicto estrechando el cerco sobre Bogotá, Cali y Medellín y continuar con la estrategia de consolidación de su poder local mediante la intimidación, el destierro o asesinato de las autoridades locales.[cita requerida]
La campaña a la presidencia del candidato Álvaro Uribe Vélez, personalmente partidario de la guerra total contra la subversión y de su aplastamiento militar, propuesta que se hizo popular entre el electorado colombiano gracias a los errores de un proceso fracasado y al cansancio de una sociedad harta de un conflicto sin fin, terminaría por ahondar la ofensiva terrorista de las FARC.[cita requerida]
Esta pese al repliegue territorial ante los paramilitares y a los golpes infligidos por el Gobierno, conserva toda su capacidad militar intacta. Entre el final de la Administración Pastrana y el comienzo del primer cuatrienio de Uribe, las acciones bélicas aumentan a un número superior de 700, afectando sobre todo a Antioquia, Arauca, Meta, Nariño y Cauca. Ya no hay operaciones de gran impacto, pero se multiplican las emboscadas, los hostigamientos, los sabotajes a infraestructura y la destrucción de ejes de comunicación. Más de 690 uniformados pierden la vida en 2002 frente a 499 en 2001. Adicionalmente las FARC, toman como objetivo las autoridades locales: matan a 12 alcaldes y 60 concejales, obligan a más de 300 a despachar desde otros municipios y amenazan de muerte a 6000 de 12.000 funcionarios públicos. El 16 de marzo sicarios ultiman a la salida de una iglesia al arzobispo de Cali, Isaias Duarte Cancino. El 7 de abril un coche bomba activado en la zona rosa de Villavicencio deja sin vida a 10 civiles. El 11 de abril en un operativo cinematográfico el comandante JJ (Milton Sierra Gómez) saca de la Asamblea del Valle a 12 diputados haciendo pasar a sus hombres como miembros del Ejército y el 21 de abril, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri, son secuestrados en medio de una marcha por la paz. 172 cabeceras municipales carecen de presencia estatal en 2002. Además sus frentes multiplican los enfrentamientos con las autodefensas, que a la sazón se encuentran en pleno apogeo de su capacidad bélica. El 2 de mayo, en medio de feroces combates con paramilitares en el Choco, miembros de las FARC, lanzan un cilindro bomba sobre la iglesia de Bojaya donde se refugian cientos de civiles. 79 personas mueren.[105]
Por añadidura preparándose para un larga ofensiva del ejecutivo, tuvieron la suerte de hacerse de un importante botín de guerra, en la persona de la candidata presidencial Ingrid Betancur y su formula vicepresidencial Clara Rojas, retenidas el 23 de febrero, cuando se aventuraron a entrar a la recién tomada zona de despeje. Si bien estaba rezagada en las encuestas, su doble nacionalidad, colombo-francesa, fue vista como una oportunidad para las FARC de internacionalizar el conflicto y sacar réditos políticos.[cita requerida]
Desde este momento, Pastrana se limitó a gobernar con una agenda del día a día, sin propuestas ni iniciativas, hasta la terminación de su mandato, dejando a su sucesor un efectivo aparato de disuasión, encarnado en unas Fuerzas Armadas con un poder ofensivo real.
El 7 de agosto se posesionaba Álvaro Uribe y la guerrilla lo recibía en pie de guerra al bombardear con morteros la misma Casa de Nariño.[106] Pese a que no alcanzaron su objetivo, 18 personas mueren y la confrontación queda más abierta que nunca.
Apogeo de las AUC: las masacres paramilitares
El Urabá es solo la primera fase de la reconquista paramilitar. Desde sus bastiones costeños y antioqueños avanzan luego sobre el Magdalena medio. El ELN que compartía la región con las FARC se ve debilitado militarmente de manera irremediable y cede el control de la zona a sus enemigos, que comienzan a partir de mayo de 1998, con la masacre de 32 personas, a hostigar el importante puerto petrolero de Barrancabermeja, sede de una gran refinería y núcleo de un fuerte movimiento sindical. Los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año, estarán marcados por la contraofensiva de ambas guerrillas en el sur de Bolívar y en el eje bananero, operación que se saldara con más de 200 bajas en los 2 bandos. Incluso los frentes V y XVIII del Bloque Noroccidental, se atreverán a atacar el 28 de diciembre el campamento madre de Carlos Castaño en la vereda El Diamante de Tierralta (Córdoba). El jefe de las AUC escapa por poco al asalto, en el que caen una treintena de personas (15 civiles, 12 subversivos y 8 miembros de la guardia personal de Castaño). No obstante a la larga las autodefensas prosiguen su arremetida y a fines de 1999 ocupan definitivamente Barrancabermeja, procediendo a ultimar a más de 500 civiles en los meses siguientes.[cita requerida]
Las AUC ya no limitan su acción como las autodefensas de los años ochenta a golpear solo a las redes de apoyo de la guerrilla sino que ahora lanzan una verdadera cruzada de limpieza, que pasa por la expulsión total, gracias al terror y las masacres colectivas de la población de las áreas antiguamente controladas por la insurgencia. El número de desplazados que llegaba en 1995 a medio millón se dispara a raíz de la arremetida paramilitar a cientos de miles anuales hasta 2003. La expulsión de los civiles que vivieron bajo el arbitrio de las FARC y el ELN, engrosa los cinturones de miseria en Medellín, Cartagena, Cali y Cúcuta principalmente.[cita requerida]
Moviéndose desde el norte de los ganaderos y bananeros, las AUC se enfrentan a las FARC por el domino de amplios territorios del país. A base de masacres,[107][108] de la desaparición forzada, de la tortura sistemática y de los asesinatos selectivos se abren paso hacia el Catatumbo y la costa Caribe, eliminando al grueso de la subversión de Magdalena, Sucre y la Sierra Nevada, cercando además a Martin Caballero y lo que queda del Bloque Norte en los Montes de María. En una verdadera tenaza, cuya pinza izquierda se mueve con Salvatore Mancuso por Córdoba y la derecha con Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40” a través del Cesar, atrapan a los 7 departamentos de la costa atlántica.
Asimismo el Bloque Central Bolívar, grupo que confederado a las ACCU formaba las AUC y tenía en sus filas una fuerte influencia narcotraficante lidero la embestida paramilitar en el centro del país. Tras el envió de contingentes de hombres a los llanos orientales (llamados urabeños por la población local) las autodefensas penetraron en los bastiones sureños de las FARC, adueñándose de parte del Meta, Vichada y Arauca. El Bloque Centauros que lidero esta avanzada fue más tarde comprado por el narcotraficante Miguel Arroyave, que lo encabezo entre 2002-2004. Hasta el Valle (con el Bloque Calima), Nariño, Caqueta y Putumayo llegaran sus fuerzas; en el último departamento, zona de cultivo de coca disputada palmo a palmo con los comunistas cometerán innumerables crímenes. En las ciudades Medellín principalmente, pero en muchas otras intermedias aniquilan al grueso de las milicias bolivarianas y montan bandas que les son adeptas; en la capital antioqueña Diego Fernando Murillo “Don Berna” antiguo narcotraficante del Cartel y ex miembro del EPL dirige la creación del Bloque Cacique Nutibara en 2001, encargado de reconquistar más de 600 barrios en manos enemigas.[cita requerida]
La precaria unidad del movimiento, del que fue víctima su propio líder Carlos Castaño (quien seria retirado de la jefatura suprema antes de ser asesinado en 2004) y los continuos enfrentamientos entre Bloques de la misma organización (guerra entre los Bloque Metro de alias “Doble cero” y Cacique Nutibara de “Don Berna”), no impidieron su fortalecimiento al amparo de los dividendos que dejaba el narcotráfico, que llegó a representar un 70 % del financiamiento de las AUC. Progresivamente los narcos afianzaron su poder en las estructuras paramilitares, adquiriendo franquicias enteras de hombres. Además numerosas figuras regionales de la política y la economía se involucraron en nombre de la lucha contra insurgente en las Autodefensas, brindándoles cobertura legal y recursos financieros.[109]
Aunque desde el punto de vista militar, esta amalgama de grupos armados no estaba en condiciones de enfrentar directamente a las FARC, lograron arrebatarles amplios territorios desde la Guajira hasta el Amazonas pues les aventajaban en otros frentes. La falta de unidad, la fragmentación y diversidad de las AUC, le permitió a las distintas facciones que la componían adaptarse a las condiciones de cada región, compitiendo primero por el control de la zona y luego expulsando a la guerrilla atacando sus bases de apoyo y redes de milicianos. La segunda ventaja derivaba del hecho que se presentaban como un movimiento político antisubversivo; en las múltiples entrevistas que concedió Carlos Castaño a la prensa, el, presento a las autodefensas como una simple respuesta de la población civil contra la insurgencia. El hecho de que el mismo jefe de las AUC, reconociera sus actos y no escondiera la cara, a diferencia del secretariado siempre reticente a aceptar responsabilidades, le atrajo la atención de amplios sectores de la población colombiana. Un ejemplo de ello fue cuando un movimiento cívico respaldado o generado por Castaño, impidió el despeje de una segunda zona desmilitarizada en el sur de Bolívar. El fiasco del Caguan y lo que muchos vieron como debilidad de Pastrana “entregando el país a los violentos” hizo el resto. Finalmente los paramilitares contaron con la complacencia (abierta en unos casos) de numerosas unidades policiales y militares, gustosas de que los irregulares de derecha hicieran el trabajo sucio por ellas. Pero no solo hallaron apoyo en las FF.MM. sino también en líderes políticos regionales y nacionales, varias agremiaciones, renglones de la economía legal y empresas exportadoras. En 2002 declaraban que un 35% del congreso había salido elegido con su respaldo.[cita requerida]
Con todas esas ventajas en su haber, las AUC no se conformaron solamente (como anteriores grupos paramilitares) con hacer el trabajo de refuerzo al Estado, sino que ocuparon ellos mismos por lo menos una cuarta parte del país. La ofensiva total contra la izquierda que incluyo en ella el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza en abril del 98 y del humorista Jaime Garzón en agosto de 1999, los llevo a atacar de manera sistemática a la población campesina supuestamente colaboradora de la subversión: solo entre 2000 y 2002, en crímenes colectivos las autodefensas mataron a casi 3100 civiles, sin contar las miles de víctimas de desaparición forzada y asesinato selectivo; quizá 25.000 desde 1997 hasta 2005.[cita requerida]
Solo enumerando las incursiones más sangrientas, las AUC ejecutaron a alrededor de 35 personas en la región de La Gabarra (Norte de Santander) en agosto de 1999; a 66 habitantes del salado (Bolívar) el 18 de febrero del 2000;[110] a 15 campesinos muertos a garrote y piedra en Macayepo (Bolívar) el 16 de octubre del mimo año;[111] a 38 civiles en la Ciénaga Grande de santa Marta (Magdalena) el 22 de noviembre siguiente; a 27 labriegos liquidados a mazazos en el corregimiento del Chengue (Ovejas, Sucre) el 17 de enero del 2001;[112] a 40 indígenas entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (Alto Naya) en abril de 2001; y finalmente a 140 inocentes en todo el país en los primeros 10 días de octubre del 2001, 24 de ellos en Buga (Valle).[cita requerida]
El terror como estrategia de guerra les permitió alcanzar grandes victorias sobre la subversión, pero le significo la muerte a más de 25.000 colombianos y el desplazamiento a dos millones mas. El repliegue de las FARC hasta 2003 debió en todo caso mucho a la táctica de tierra quemada de las AUC.[cita requerida]
Gobierno Uribe
Con una contundente victoria en primera vuelta, Álvaro Uribe Vélez llegó al poder, movilizando a un gran numero de colombianos en torno al lema de campaña “mano firme, corazón grande”, que contenía la reiterada inconformidad del país frente al fracaso de un proceso de paz, que antes de debilitar el poder de la insurgencia, multiplico sus zonas de influencia y permitió la expansión del paramilitarismo.[cita requerida]
El debut presidencial de Uribe aconteció en unas circunstancias especialmente difíciles. El 11 de agosto, la intensificación de los ataques de las FARC le empujó a declarar el estado de conmoción interior o de excepción por un período de 90 días prorrogable. Al facultar al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias por decreto y asumir funciones legislativas, la excepcionalidad constitucional reforzó los temores en sectores de la oposición liberal e izquierdista de un debilitamiento del equilibrio institucional y del menoscabo de los derechos y libertades fundamentales. Así, en septiembre, el Gobierno estableció en los departamentos de Arauca, Bolívar y Sucre dos Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación, donde miembros de la Fuerza Pública estaban habilitados para realizar detenciones de sospechosos sin orden judicial, interceptar las comunicaciones privadas y restringir los movimientos de las personas, asumiendo las funciones de policía judicial. Pronto se previo la creación de otras 5 áreas similares en los Departamentos del Meta, Guaviare, Guainía, Choco, Antioquia, Huila, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca, y Tolima. Pero a pesar de la magnitud y alcances de esta iniciativa, el fracaso de las zonas de rehabilitación fue inevitable como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional de no extender el Estado de conmoción interior más allá de 2 prorrogas iníciales y de declarar fuera de ley, las Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación.[cita requerida]
Sin embargo, el grueso de la opinión pública acogió favorablemente estas medidas como también la aplicación del nuevo impuesto sobre el Patrimonio para financiar el esfuerzo de guerra y la puesta en marcha, con la creación de las primeras redes de cooperantes e informadores civiles, de la Política de Seguridad Democrática (PSD), cuyo documento marco fue presentado por el presidente y la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en el departamento de Putumayo el 29 de junio de 2003.[cita requerida]
En su exhaustivo articulado, la PSD diagnosticaba los tipos de amenazas que infligían las diversas "organizaciones armadas ilegales" activas en Colombia, como son el terrorismo, el homicidio, el secuestro y la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de armas y las finanzas ilícitas. En consecuencia, fijaba seis "líneas de acción". Éstas eran: la coordinación de todas las actuaciones del Estado a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y la Junta de Inteligencia Conjunta; el fortalecimiento del sistema judicial y las instituciones armadas y de seguridad (Fuerzas Militares, Policía, aparato de inteligencia); la recuperación y consolidación del control del territorio nacional que había estado o seguía en manos de guerrilleros y autodefensas, así como la eliminación del negocio de las drogas ilícitas y la desarticulación de las finanzas de las organizaciones narco-terroristas; la protección de las personas y las infraestructuras; la promoción de la "cooperación voluntaria y patriótica de los ciudadanos en cumplimiento de sus deberes constitucionales y en aplicación del principio de solidaridad que exige el moderno Estado social de derecho", a través de redes de cooperantes y programas de recompensas, más el refuerzo de la cooperación internacional en este terreno; y por último, la comunicación a la población de las políticas y acciones del Estado.[cita requerida]
Optimista el gobierno se concedió a si mismo un plazo máximo de un año y medio para debilitar a los ilegales, antes de abordar eventuales procesos de paz individuales con cada organización. El estimulo a la deserción iba a ser la táctica más empleada por las autoridades. El marco asimétrico de la PSD, que otorgaba en todo momento la primacía al Estado y negaba a los irregulares la posibilidad de negociar en pie de igualdad, fue despreciado por las FARC, acogido con cautela por el ELN y tomado positivamente, según hicieron constar a mediados de octubre, por unas AUC sumidas en una crisis de identidad por las divisiones internas y la participación de algunos de sus dirigentes en actividades no contra guerrilleras como el narcotráfico y la extorsión. La desmovilización de los paramilitares fue, por tanto, el primer proceso gestionado por el Ejecutivo en el marco de la Seguridad Democrática.[113]
La negociación con los paramilitares
Sin dejar de lado la política de mano dura, encaminada a combatir la subversión, rasgo esencial de la política de seguridad democrática instaurada por Álvaro Uribe, el gobierno emprende el cuestionado proceso de negociación con los grupos paramilitares. Proceso que debería terminar con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatientes a la vida civil. En resumidas cuentas, mano dura para unos, mientras para los otros una total voluntad de paz. Esta desequilibrada relación no solo rompe la lógica de los gobiernos anteriores, para los cuales los diálogos con los paramilitares serian el producto de la negociación de paz con la guerrilla, sino que pone en evidencia el fracaso en los intentos de acercamiento entre gobierno e insurgencia. De ahí que se halla optado por desmovilizar primero las autodefensas, para luego avanzar en los diálogos con la guerrilla.[cita requerida]
Tomada la decisión de parlamentar con los paramilitares, Álvaro Uribe se dispone a abonar el terreno legal para conceder estatus político al grupo armado, como condición para adelantar las negociaciones. Es así como prorroga y reforma La ley 418 de 1997, a través de la cual se determinaba el estatus político del grupo armado, como uno de los prerrequisitos para poder negociaron con el, y emite el decreto 128 de 2003, mediante el cual se extienden los beneficios jurídicos para la reincorporación socioeconómica de los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley que decidan desmovilizarse.[cita requerida]
Las AUC abordaban el Proceso de paz en un momento crítico. Carlos Castaño inquieto por la inclusión de las Autodefensas en la lista de organizaciones terroristas de los EE.UU. y la Unión Europea, trato de darle a estas un giro radical en su estrategia política y sobre todo en su organización interna, consiente del peso que iba ganando el narcotráfico en las filas del paramilitarismo. Por eso mismo se intereso en buscar caminos que le permitieran el regreso a la legalidad, aunque implicaran la negociación con las autoridades estadounidenses. Esos bandazos sin embargo van conduciendo a Castaño al aislamiento y a su posterior defenestración de la jefatura máxima de las AUC.[114]
El pacto de Ralito; crisis interna de las AUC
Si bien el terreno se venia abonando en materia jurídica, el proceso de acercamiento con los paramilitares en términos prácticos avanzaba a pasos agigantados: el 29 de noviembre de 2002, como culminación de la "fase de acercamiento" transcurrida en las últimas semanas, Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, jefes máximos de las AUC, notificaron el comienzo de una tregua unilateral indefinida el 1 de diciembre. El Bloque Central Bolívar y la Alianza Oriente, siguientes organizaciones paramilitares en importancia, adoptaron igual medida días después. Satisfecho el principal e innegociable prerrequisito, Uribe creo el 23 de diciembre una Comisión Exploratoria de Paz para canalizar los contactos con los irregulares de derecha, a cuyo frente puso al Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo.[113]
Las conversaciones formales con las AUC arrancaron el 22 de enero de 2003 y el 15 de julio siguiente alumbraron en Santa Fe de Ralito, área rural del municipio de Tierralta (base de operaciones de Mancuso en Córdoba), un Acuerdo para contribuir a la paz en Colombia que daba por finiquitada la "fase exploratoria" y abría camino a una etapa de negociación oficial. Los signatarios asumían una serie de compromisos: los paramilitares, la desmovilización gradual de sus aproximadamente 15.000 hombres desde finales del año en curso hasta el 31 de diciembre 2005 a más tardar; el Estado, la facilitación de dicho proceso estableciendo "zonas de concentración" con garantías jurídicas temporales y adelantando los mecanismos de reinserción de los ex combatientes en la sociedad civil. La verificación del proceso correría a cargo de la OEA.[113]
Estos avances en la negociación no solo iban dejando a su paso la desmovilización y el desarme de grupos paramilitares en Antioquia y Cauca, sino que reclamaba un marco jurídico más sólido, que garantizara por un lado herramientas necesarias para avanzar en el proceso (beneficios para los paramilitares), y por el otro reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos irregulares de extrema derecha. En consecuencia en agosto de 2003 inicia su trámite en el Congreso un controvertido proyecto de Ley llamado, en su primera versión, de Alternatividad penal; este contemplaba beneficios Jurídicos a los paramilitares que iban desde una sustantiva rebaja de penas hasta la posibilidad de no cumplir ninguna condena. De hay que esta primera versión pronto recibió una lluvia de criticas provenientes de diferentes sectores de oposición e incluso de la bancada Uribista, que obligaron al Alto Comisionado para la paz a retirar el proyecto.[cita requerida]
Procurando corregir los vacíos jurídicos del primer intento frustrado, el Gobierno presenta en el 2004 al Congreso un nuevo proyecto de Ley denominado “Justicia y Reparación”, a través del cual se contemplaba el cumplimiento de unas penas mínimas de cárcel por parte de los miembros de las autodefensas y la creación de un Tribunal de verdad y justicia para que juzgara los delitos cometidos por los paramilitares.[cita requerida]
En tanto el marco jurídico se abre camino, las denuncias frente al incumplimiento por parte de los paramilitares al cese de hostilidades acordado en Santa Fe de Ralito (al menos 2400 civiles fueron ejecutados por esta organización entre 2003 y 2005, 1000 de ellos en masacres colectivas) y la puja al interior de las AUC, que culmina con la desaparición y asesinato de Carlos Castaño, jefe supremo y principal vocero de esta organización en el proceso de negociación, pone de presente la crisis del proceso de paz, y con esta, el endurecimiento de la administración Uribe frente a las violaciones denunciadas y el llamado vehemente a los grupos de Autodefensa para que demostraran una genuina voluntad de paz. Como lo advirtieron muchos periodistas en Colombia y las autoridades estadounidenses, varios capos del narcotráfico estaban comprando Bloques enteros de la organización o montando franquicias falsas, para hacerse pasar como jefes paramilitares, y de ese modo recibir status de delincuentes políticos, legalizando su situación en la reinserción; de paso así también esquivarían la temida extradición. En efecto Carlos Castaño luego de haberle retirado los demás comandantes el rol interlocutor en las negociaciones con el Gobierno (puesto que se disponía a denunciar la progresiva infiltración del narco en su organización), fue mandado a asesinar por su propio hermano, Vicente Castaño en abril de 2004.[115][116][117]
Al mismo tiempo en los Llanos Orientales, las ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare al mando de los hermanos Buitrago, se vieron involucradas en una violenta guerra contra el Bloque Centauros de las AUC (desde 2003). La contienda que se prolongo por 15 meses y dejo 1000 muertos, solo concluyo con la ejecución de Miguel Arrollave “Arcangel”, el 19 de septiembre de 2004, a manos de sus propios hombres (entre ellos Pedro Oliviero Guerrero Castillo “Cuchillo”); y con la intervención del Ejército, que descargo todo su peso sobre las estructuras ilegales que combatían en el sur de Casanare. La primera intervención contra las ACC de “Martin Llanos”, la Operación Astuto se lanzo el 29 de agosto de 2004 y dejo 16 paramilitares muertos. Pero la más grande embestida solo llegó a finales de septiembre, cuando 2500 tropas de las brigadas móviles 1 y 16 avanzaron sobre Tauramena y Monterrey, en los límites de Casanare y Boyacá. La operación Santuario que buscaba pacificar la zona culmino con el desmantelamiento total de la estructura de los hermanos Buitrago, que conto en sus filas 27 muertos, 95 capturados y 87 desertores. Otros 15 miembros del Bloque Centauros también resultaron abatidos en la arremetida que culmino en los primeros días de octubre.[cita requerida]
La ley de Justicia y paz
Con su desaparición y muerte, el papel jugado por Carlos Castaño en el proceso de negociación fue asumido por Salvatore Mancuso, quien había empezado a ganar un mayor protagonismo en la mesa de negociación, lo que le permitió tomar la vocería de las AUC y firmar el 13 de mayo de 2004 un segundo pacto en Santa fe de Ralito, el Acuerdo de Fátima. Este acuerdo desempantano las negociaciones y le devolvió la legitimidad a partir del establecimiento de una “zona de ubicación”; permitió también la consecución de cuatro objetivos: 1. Facilitar la consolidación del proceso de paz que se adelanta con las AUC. 2. Alcanzar el cese de hostilidades. 3. Avanzar hacia la definición de un cronograma de concentración y desmovilización de los integrantes de las AUC. 4. Permitir la interlocución de la mesa de dialogo con todos los sectores Nacionales e Internacionales.[cita requerida]
Con el terreno más despejado, el gobierno emprendió nuevamente la tarea de viabilizar ante el congreso el marco jurídico que fijaría las condiciones para una efectiva desmovilización de los grupos paramilitares, a través de un proyecto de Ley presentado por un grupo de Congresistas Uribistas. No obstante, este primer proyecto duramente criticado por la oposición naufrago, y el que le siguió, presentado por el ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, se asemejaba en su articulado un 95% al anterior. Además se debió sortear con los condicionamientos impuestos por los norteamericanos, reticentes a que capos del narcotráfico se colaran en las filas de las AUC, y por esa vía evitaran su extradición.[cita requerida]
Este desencuentro entre proyectos que emanaban de la fuente oficial y que intentaban legislar sobre el mismo tema, dejo en claro las contradicciones del Gobierno Uribe y de su bancada entorno al elemento que debería privilegiarse. Mientras para unos era claro que la justicia primaba sobre la paz y por ende debería castigarse los abusos cometidos por los paramilitares, como es el caso del proyecto Pardo-Parody, para otros debería primar la búsqueda de la paz, como lo dejo ver el proyecto de Ley presentado por el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo y un grupo de congresistas entre los que se encontraba Armando Benedetti, Sandra Ceballos, Adriana Gutiérrez, Zulema Jattin y William Vélez.[cita requerida]
Una vez presentado el proyecto del alto Comisionado al congreso, el Gobierno tuvo que condicionarlo a los intereses enfrentados de las distintas partes. Así es como en poco tiempo se genera una serie de fuertes críticas y temores entre los parlamentarios, entorno al fantasma del Narcotráfico evidenciado en la nueva definición de “delito político” consignada en el artículo 64. Estos temores no eran infundados, puesto que empezaron a surgir rumores (ciertos en todo caso) respecto al hecho de que importantes capos (Gordo Lindo El Tuso Sierra, los Mellizos Mejía Munera, y un largo etcétera) estaban comprando bloques de Autodefensas próximos a desmovilizarse para adquirir los beneficios que otorgaba la Ley y de paso librarse de la extradición. Estas inconsistencias en el proyecto del Comisionado Restrepo y el peligro que representaba la ambigüedad de algunos artículos, fueron objetos de preocupación de ONG, de organismos Internacionales como la OEA y del gobierno norteamericano, quien condiciono su ayuda económica al Estado colombiano justamente al hecho de que este “extradite a los miembros de las organizaciones que tengan cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos”.[cita requerida]
El 1 de julio de 2004, arriesgado a última hora por el breve secuestro del ex senador José Eduardo Gnecco Cerchar, principiaron en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito el proceso de concentración de las autodefensas y el diálogo oficial sobre el desarme, la reinserción subsidiada, la sustitución de los cultivos de coca y los aspectos judiciales. El 25 de noviembre, con casi un año de retraso sobre el calendario esbozado en el Acuerdo de 2003, depusieron las armas 452 integrantes del Bloque Bananero de las AUC. El 10 de diciembre les siguieron Mancuso, el comandante Camilo del Bloque Catatumbo y los 1.585 hombres a sus órdenes. [113]
En los meses siguientes, nuevos contingentes de paramilitares renunciaron a la violencia, pero en sectores de la opinión pública cundió la sensación de que quienes eran responsables de terribles violaciones de los Derechos Humanos podrían no responder de sus crímenes ante la justicia, recibiendo impunidad a cambio de la paz. Como si fuera poco el hecho de que al final se terminaran entregando más de 30.000 hombres, y no los 15.000 que se suponía conformaban las AUC, termino por confirmar el hecho de que la infiltración del narco en la filas de la organización ultraderechista era una realidad.[cita requerida]
Los múltiples proyectos de ley, la confusión y el trasiego de versiones y enmiendas precedieron la aprobación por el Congreso el 22 de junio de 2005 del marco jurídico del proceso de desmovilización de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz, que establecía penas máximas de cinco a ocho años de privación de libertad para los acusados de delitos graves, confesados en "versión libre" por los propios desmovilizados como requisito para recibir los beneficios legales o que el Estado pudiera probar a posteriori, y que protegía contra la apertura de procesos de extradición a Estados Unidos, excluidos aquellos que ya estuvieran en curso. Los múltiples vacíos a que daba lugar no demoraron en levantar una aguda polémica.[113]
Los primeros en manifestarse en contra fueron los editorialistas del New York Times, quienes calificaron a la ley de justicia y paz “como una ley de impunidad para asesinos, terroristas y traficantes de cocaína”. Pronto les siguieron la ONU, políticos de distintas tendencias y con más énfasis las ONG defensoras de los Derechos Humanos y las propias víctimas: les parecía un pacto demasiado indulgente con los paras, que recibían un estatus de delincuentes políticos y que además se hacían acreedores de retribuciones económicas, hasta el punto de recordarles una "amnistía encubierta". Los miembros del oficialismo, por el contrario, destacaron la salvaguardia de los principios de justicia y reparación, y de manera más o menos explícita indicaron que si el rigor penal hubiese sido mayor, las autodefensas no habrían aceptado reinsertarse.[cita requerida]
Pese a las garantías brindadas por el Ejecutivo, muchas de las estructuras paramilitares se negaron a entregarse al amparo del lucrativo negocio del narcotráfico y todas las actividades ilícitas conexas (la extorsión, el tráfico de gasolina, el contrabando, el chance, etc.), en el marco de una narcotización y criminalización ya casi total (las famosas Bandas Criminales, Bacrim).[cita requerida]
Fin de mandato
El 10 de enero del 2008 Venezuela llevó a cabo la "Operación Emmanuel", con la autorización de Colombia y el apoyo de la Cruz Roja, la cual consistió en concretar la liberación de dos de los secuestrados que había sido previamente anunciada por las FARC. Fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo de Perdomo. Emmanuel, hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio, ya no se encontraba en manos de los guerrilleros sino en las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pudiendo reunirse con su madre biológica después de casi dos años de separación.
El 1 de marzo a las 12:25, alias Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, murió a causa de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Colombia en la Operación Fénix, en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, constituyendo el golpe más duro a las FARC. En el operativo, murieron varios guerrilleros más. Dicho operativo desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador, principalmente, al igual que entre Colombia y Venezuela.
"Uribe nos quiso acusar de contubernio y de albergar lo que llama terroristas. Es un insulto. El país que más los alberga es Colombia, narcotraficantes, paramilitares y guerrilla; las FARC tienen en Colombia 500 campos. Quién alberga a quién?"[118]Rafael Correa, Presidente de Ecuador
El 13 de mayo de 2008, 14 jefes de las autodefensas (Entre ellos "Jorge 40" y Salvatore Mancuso) fueron extraditados a Estados Unidos. El argumento que dio el gobierno para dar vía libre a la extradición fue que ellos seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la ley de justicia y paz.
El 2 de julio de 2008, Íngrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano en una zona selvática del departamento del Guaviare de Colombia en una operación de inteligencia militar denominada "Operación Jaque", junto a tres ciudadanos estadounidenses y siete miembros del Ejército de Colombia y cuatro miembros de la Policía Nacional de Colombia.
Gobierno de Santos
Diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC
Efectos
El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales.[119][120] Desde 1964 se han presentado innumerables combates, asaltos a bases militares, tomas de cabeceras municipales, masacres y atentados terroristas que han dejado miles de muertos, heridos o desaparecidos.
Pérdidas y abusos a los derechos humanos
Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos. "Desde 1970 hasta marzo de 1981 se presentaron 1.053 asesinatos y 7.571 casos de torturas provocados principalmente por las Fuerzas Armadas."[123] Por su parte, Amnistía Internacional, entre 2006 y 2008, los casos de las personas y comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza por el conflicto, son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que han sido víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado. En 2007 hubo alrededor de 1.400 homicidios de civiles, superior a los 1.300 que se dieron en 2006. En los casos en los que se logró identificar a los autores, las fuerzas estatales fueron responsables de al menos 330, los grupos paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.[124]
Los reclutamientos forzados, las retaliaciones, masacres, falsos positivos y toda la especificidad alienante en el conflicto, han puesto a Colombia en un lugar donde se presenta una continuidad en las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas.
En cuanto ejecuciones extrajudiciales, generalmente se trata de población campesina, líderes comunitarios, indígenas, trabajadores, y personas socialmente marginadas, previamente detenidas de manera arbitraria, señaladas por informantes que buscan obtener recompensas o beneficios judiciales, y asesinadas posteriormente para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate.
Por otra parte, de acuerdo a reportes del Comité para los Refugiados de Naciones Unidas, en el 2008 se presentararon hechos de reclutamiento forzado de menores de edad por partes de las fuerzas del estado para recopilar información de inteligencia de los grupos armados ilegales. Según el mismo organismo, las guerrillas de las FARC y el ELN, además de grupos paramilitares no desmovilizados, practicaron el reclutamiento forzado de niños y el cual han extendido a regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador.[125]
Cabe destacar que Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas.[126]
El desplazamiento en el país es una causa directa del conflicto armado de Colombia. Con casi 400.000 refugiados y entre 4,9 y 5,5 millones de desplazados internos en 2012, el país es protagonista del mayor drama humanitario del América latina, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).[127][122]
Así mismo, se calcula que en Colombia hay sembradas unas 100 mil minas antipersonal, donde las principales víctimas son los civiles que han contribuido a aumentar las cifras de muertes o lisiados.[128]
Opinión pública sobre la guerra
A lo largo del conflicto armado colombiano se han producido protestas populares contra los hechos violentos causados por los diferentes actores del conflicto armado, y en otros en apoyo a alguno de los actores. Los más importantes han sido el Movimiento de la "Séptima papeleta" que en parte se le atribuyó el impulso para la creación de la Constitución de Colombia de 1991, el del Mandato por la Paz de 1997.[129] A principios del siglo XXI se llevaron a cabo Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado, Un millón de voces contra las FARC y el Gran Concierto por la Paz del 20 de julio de 2008.[130]
Internacionalmente, en países que se presentan fenómenos de mafias y narcotraficantes se le empezó a denominar "Colombianización", donde hacen convergencia el narcotráfico, la violencia y la corrupción. El término ha sido utilizado por la prensa de países como España,[131] Guatemala[132] México,[133] Venezuela,[134] Nicaragua y Ecuador.[135][136] A Colombia se le ha asociado incluso con Afganistán por la asociación entre mafias terroristas y narcotráfico.[137]
Impacto ambiental
En relación con el impacto ambiental, un periodista británico que investigo sus efectos, revelo que la aspersión de los cultivos de coca había arrasado tanto la vegetación natural como sembrados lícitos (entre estos 3.000 hectáreas de cultivos alternativos). Aparte de estas perdidas que afectaban la supervivencia humana de la región la ayuda prometida de US$81millones para adelantar la sustitución de cultivos había ido aparar, presumiblemente, a manos de políticos corruptos. Por otro lado contradiciendo las aseveraciones del Plan Colombia según las cuales el glifosato es un herbicida inofensivo, tras cada fumigación aérea el hospital de Puerto Asís atendió numerosos casos de envenenamiento y de problemas respiratorios severos sobre todo de niños que habían entrado en contacto con el químico o habían bebido agua contaminada por este.
Debate político por definición de "conflicto interno" y beligerancia
El debate por la definición de «conflicto interno», al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante la presidencia de Álvaro Uribe. El 7 de febrero de 2008, el principal asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, calificó a las guerrillas de amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un "conflicto interno" les daría cierto poder a las FARC y eso entorpecería lograr la paz.[138] Las FARC perdieron el estatus de 'beligerante' tras el término de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo beligerante, es aquel "grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal y vigente establecido". En el Derecho Internacional, para que pueda un Movimiento, Comunidad o Grupo beligerante ser reconocido, es necesario que se les otorgue reconocimiento jurídico internacional por parte de otros sujetos del sistema jurídico internacional, además de reunir las siguientes condiciones:[139]
- «Dominio real y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado»:[139] El gobierno de Colombia aduce que las FARC y ELN dejaron de controlar territorios, después que el gobierno anunciara que la fuerza pública había logrado recuperar el control de todos los municipios del país.[138]
- «Constitución de un aparato político-militar»:[139] Contrario a la autodefinición de las FARC y el ELN, el gobierno colombiano, como el de Álvaro Uribe han aducido en ocasiones que las guerrillas utilizan la política para escudar otras acciones ilegales de las que se benefician integrantes de los grupos irregulares, como el narcotráfico, tráfico de armas y otros productos, el abigeato, el robo, el secuestro y la extorsión.[140]
- «Aplicación irrestricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario»:[139] El gobierno colombiano acusa a las FARC de violar constantemente el Derecho Internacional Humanitario, por lo que niega que cumpla con los requerimientos de beligerancia. Las guerrillas como las Farc han acusado al gobierno de ser ilegítimo por hechos de corrupción en los procesos de elección. Organizaciones como Human Rights Watch han instado tanto al gobierno colombiano como a las grupos irregulares a respetar y seguir las normas del DIH.[141]
En virtud de la Ley 762 que reemplazó lo proveído en la Ley 418, no es necesario calificar como grupo "político" a un grupo "terrorista" para negociar.[142][143]
En la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) de iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se reconoce la existencia de un conflicto armado interno.[144] De acuerdo con Santos, el reconocimiento del conflicto no implica un reconocimiento a la beligerancia de los grupos armados ilegales.[145] Esta decisión, sin embargo, ha sido criticada por el ex presidente Uribe y sectores afines.
Véase también
- Cronología del conflicto armado colombiano
- Lista de hechos de violencia del conflicto armado interno en Colombia
- Época de la Violencia en Colombia (1948-1960)
- Categoría:Víctimas del conflicto armado en Colombia
- Implicación de la CIA en el tráfico de drogas
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<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasperiodo1 - ↑ a b Revista Semana: La dinámica del conflicto colombiano, 1988-2003
- ↑ Artículo en la revista Semana
- ↑ Panorama general del desplazamiento causado por el conflicto armado
- ↑ Artículo en VerdadAbierta.com
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<ref>no válida; el nombre «Samper pizano biografia» está definido varias veces con contenidos diferentes - ↑ Revista Semana: Golpes de Pecho
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