Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación Argentina
10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015 ​
Vicepresidente	Amado Boudou (2011-2015) Julio Cobos (2007-2011)
Predecesor	Néstor Kirchner
Sucesor	Mauricio Macri
Primera dama de la Nación Argentina (cargo protocolar)
25 de mayo de 2003-10 de diciembre de 2007
Presidente	Néstor Kirchner
Predecesor	Hilda González de Duhalde
Sucesor	Juliana Awada
Senadora de la Nación Argentina por Buenos Aires
10 de diciembre de 2005-28 de noviembre de 2007
Sucesor	Eric Calcagno
Senadora de la Nación Argentina por Santa Cruz
10 de diciembre de 2001-10 de diciembre de 2005
10 de diciembre de 1995-3 de diciembre de 1997
Diputada de la Nación Argentina por Santa Cruz
10 de diciembre de 1997-10 de diciembre de 2001
Diputada de la provincia de Santa Cruz
10 de diciembre de 1989-10 de diciembre de 1995
Información personal
Nacimiento	19 de febrero de 1953 (71 años) Tolosa (Argentina)
Residencia	Buenos Aires El Calafate (provincia de Santa Cruz)
Nacionalidad	Argentina
Religión	Católica​
Lengua materna	Español
Familia
Padres	Ofelia Esther Wilhelm Eduardo Fernández
Cónyuge	Néstor Kirchner (1950-2010), entre 1975 y 2010​
Hijos	Máximo Kirchner Florencia Kirchner
Educación
Educada en	Universidad Nacional de La Plata
Información profesional
Ocupación	Abogada​
Patrimonio	ARS $55,3 millones de pesos​
Empleador	Presidencia de la Nación
Movimiento	Kirchnerismo
Partido político	Partido Justicialista Frente para la Victoria
Sitio web	CFK Argentina
Distinciones	Orden Mexicana del Águila Azteca Orden de Isabel la Católica Orden de Mayo Orden de la Cruz del Sur Orden del Libertador Orden del Libertador San Martín Collar de la Orden de Isabel la Católica (2009) Llave de Oro de Madrid (2009) Orden El Sol del Perú (2010)
Firma

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner​ (La Plata, 19 de febrero de 1953) es una política, empresaria y abogada argentina.​ Fue presidenta de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015.

Realizó sus estudios de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata,​ donde conoció en 1974 a Néstor Kirchner, quien sería su compañero de militancia y, desde 1975, su esposo. Al año siguiente se mudaron a Río Gallegos donde fundaron el Estudio Jurídico Kirchner. El matrimonio tuvo dos hijos: Máximo (1977) y Florencia (1990).

Mientras ejercían su profesión, fundaron en 1981 el Ateneo Juan Domingo Perón, una de las varias corrientes peronistas de la provincia. Su primer cargo electivo lo obtuvo en 1989 como diputada provincial de Santa Cruz. En 1995, Cristina Fernández fue elegida senadora nacional por la misma provincia, mientras Néstor Kirchner era gobernador. En este período, si bien pertenecía a la bancada oficialista, se opuso a varios proyectos del gobierno de Carlos Menem, entre ellos el proyecto presentado durante el litigio del campo de hielo Patagónico Sur, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Pacto Federal para el empleo, la producción y el crecimiento,​ la Reforma Laboral y la Ley de Hidrocarburos. Además, pidió la renuncia del entonces ministro de Defensa Oscar Camilión, involucrado en la venta de armamento a Ecuador y Croacia.​

Permaneció en el cargo hasta el 3 de diciembre de 1997 en que, ya electa diputada nacional por Santa Cruz, renunció por sus diferencias con el bloque del PJ, y el día 10 asumió en su nuevo cargo. Al año siguiente, sus diferencias con el Gobierno nacional le valieron que fuera desafectada de las comisiones que integraba.

Volvió al Senado en 2001 y asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Algunos temas sobre los que se ocupó fueron la modificación de las leyes que trataban la conformación del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. También se ocupó de la investigación sobre la quema de urnas en 2003 en la provincia de Catamarca.

Se mantuvo en el cargo hasta 2005 donde fue elegida también senadora nacional pero por la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta asumir la primera magistratura desde 2007. Cristina fue la primera mujer elegida para el cargo y la segunda en ejercerlo.​ Entre las principales medidas del gobierno de Cristina Fernández se destacan la Asignación Universal por Hijo, la reestatización de los fondos jubilatorios, el programa Conectar Igualdad, el aumento en el presupuesto para ciencia e investigación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de matrimonio igualitario, la reestatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la reforma del Banco Central, la dictación del Código Civil y Comercial y la recomposición de las relaciones con países latinoamericanos, entre otras.

Durante su primer gobierno afrontó un paro agropecuario acompañado por un bloqueo de rutas que se extendió a lo largo de 129 días y sostuvo un prolongado conflicto con el Grupo Clarín.

En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11 % de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, Cristina Fernández logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983, siendo también en términos porcentuales el cuarto resultado más amplio de la historia electoral argentina después del de Hipólito Yrigoyen en 1928, y los de Juan Domingo Perón en 1951 y 1973. Además obtuvo una diferencia del 37,3 % respecto a la segunda lista, la mayor de la historia argentina.​​​​ Para fines de su mandato en 2015, se había convertido en una de las mujeres más poderosas del mundo.​

Biografía personal

Cristina Elisabet Fernández nació en la ciudad La Plata,​ capital de la provincia de Buenos Aires. Es la primera hija de Eduardo Fernández (1921-1982), descendiente de españoles (gallegos y asturianos) y de Ofelia Esther Wilhelm (nacida el 10 de mayo de 1929), descendiente de alemanes.​​ Tiene una hermana dos años menor llamada Gisele (1955).​​

Sus abuelos paternos eran inmigrantes sin profesión. Con los años llegaron a tener un tambo y después una posición económica favorable. Su padre, también sin profesión, se dedicó a varias actividades entre ellas la agropecuaria. Más tarde compró un colectivo, que manejó el resto de su vida, como miembro de una cooperativa.​​

Cristina Fernández en los años 1970.

Su madre era empleada en la Dirección General de Rentas y secretaria general de su gremio, AERI (Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliarios). Según Cristina su madre era una gremialista particular, nunca en los más de veinte años que fue secretaria tomó licencia. Sus padres se casaron cuando ella tenía dos años, antes de que naciera su hermana.​​

Pasó su infancia y adolescencia entre las ciudades de La Plata, Ringuelet y Tolosa.​ El hogar donde creció estaba conformado por sus padres, su hermana, su abuelo Carlos Wilhelm y su tía Noemí Wilhelm. Según Cristina Fernández, este hogar ampliado permitió que su madre pudiera ejercer su tarea gremial. Fue un hogar parecido al que luego formaría con Néstor Kirchner, donde los parientes estuvieron presentes durante el crecimiento de sus hijos.​

La relación con su padre siempre fue cercana pero de poco gesto demostrativo. Era una persona distante. La relación entre sus padres era tensa, nunca se llevaron bien y con los años se divorciaron.​​

En lo político su familia estaba dividida. Su padre era abiertamente antiperonista y su madre peronista. Su abuelo Carlos era del conservadurismo bonaerense, pero luego con las reformas en lo laboral que hizo Juan Domingo Perón se convirtió a dicho partido.​

Su primer contacto con la política fue cuando Roberto Guaresti, padre de unas amigas del barrio, se candidateó a intendente de La Plata en las elecciones de 1962. Cristina Kirchner recuerda cómo se vivió la candidatura desde la casa de los Guaresti, quien ganó pero nunca pudo asumir. Cuando tenía quince años se mudaron a la actual casa donde vive su madre, en Tolosa. Cursó cuarto y quinto año de la secundaria en el colegio de monjas La Misericordia. A esa edad todavía no era una militante peronista, pero ya había comenzado a interesarse en la política.​​

En la secundaria, Cristina Fernández se recibió de perito mercantil. Para inscribirse en la carrera de Derecho debió rendir diecisiete equivalencias ya que exigían un bachillerato en Humanidades. Primero cursó un año la carrera de Psicología y luego ingresó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.​

Cristina Fernández era amiga de Pipa Cédola, quien estaba en pareja con Omar Busqueta. Este último era amigo y compañero de departamento de Néstor y fue así como se conocieron en 1974. Néstor Kirchner hacía tiempo militaba en la FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional), además era vicepresidente del Centro de Estudiantes Santacruceños de La Plata. En cambio Cristina Fernández militaba en la Juventud Peronista de su barrio y participaba de las Mesas de Construcción Nacional que se hacían en la facultad. Tuvieron un noviazgo de seis meses y se casaron el 8 de mayo de 1975.​​​​

Néstor y Cristina Kirchner en un acto en Plaza de Mayo el 18 de junio de 2008. Esta imagen, luego del fallecimiento del expresidente, se ha convertido en una postal usada por los militantes kirchneristas.

La primera casa donde vivieron quedaba en City Bell, prestada por el padre de Cristina Fernández. Vivieron desde mediados de 1975 hasta marzo de 1976 con una pareja conocida de la militancia: Gladis Dalessandro y Carlos Chiche Labolita. Cristina Fernández los había llevado a vivir con ellos porque presumía estaban prontos a ser secuestrados por la dictadura. Ese tiempo fue de una vida modesta ya que todavía no estaban recibidos.​

Ya antes de casarse, tanto Néstor como Cristina Kirchner se oponían a la lucha armada de Montoneros. Decían que siempre el modo era a través de la política. Se alejaron de la FURN, lo que los mantuvo a salvo de los secuestros. Solo fueron arrestados unos días en enero de 1976 cuando estaban de visita en Río Gallegos. Fue luego de un almuerzo con una pareja amiga, Cacho Vázquez y su esposa Mabel. Los detuvieron a los cuatro pero el objetivo era Vázquez. Según Cristina Fernández en las ciudades chicas del país los lazos familiares y las amistades todavía funcionaban.​​

Cuando regresaron a La Plata se enteraron que el Turco Achem y Carlos Miguel, dirigentes históricos de la FURN, habían sido secuestrados. En las semanas posteriores, mientras Néstor Kirchner daba las últimas materias de la carrera, se alojaban en casa de amigos. Gladis y Carlos regresaron a Las Flores de donde ambos eran oriundos. Él fue capturado a las pocas semanas y desde entonces está desaparecido y en 2004 fue incluido en el monumento a los desaparecidos en aquella ciudad.​​​

El golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón y la posterior asunción del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional volvía la militancia política un gran riesgo, por el cual la pareja resolvió trasladarse a la ciudad natal de Néstor, Río Gallegos. Muchos de sus compañeros de militancia resultaron asesinados o desaparecidos.​

Una vez instalados en la Patagonia, ambos se dedicaron a la actividad privada como abogados, formando el estudio jurídico Kirchner. Él ya estaba recibido, a ella le faltaban tres materias al momento de viajar a la provincia, recibiéndose en 1979.​

El matrimonio tuvo dos hijos: Máximo (1977) y Florencia (1990). Cristina pudo dedicarse activamente a la política gracias a la presencia constante de su suegra María Ostoic y de su cuñada Alicia Kirchner.​

El 27 de octubre de 2010 falleció su esposo Néstor Kirchner de un paro cardiorrespiratorio no traumático.

El 22 de diciembre de 2011, en un control médico de rutina, se le detectó un tumor en la glándula tiroidea, por lo que se le realizaron dos punciones. El diagnóstico en la primera muestra fue «citología compatible con carcinoma papilar de células dendríticas foliculares», mientras que en la segunda muestra se le diagnosticó «citología compatible con bocio coloide nodular».​ La conclusión fue que Cristina Kirchner padecía carcinoma papilar y ausencia de compromiso de los ganglios linfáticos e inexistencia de metástasis.​

CFK en su discurso del 25 de enero de 2012 en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, luego de su operación.

El 4 de enero de 2012 se le realizó una tiroidectomía. La comprobación del diagnóstico original,​ concluyó que se trataba de un adenoma folicular, es decir, un tumor epitelial benigno. Este tipo de patología tiene alrededor de un 2 % de casos con falso positivo cuando el diagnóstico se basa en análisis citológicos, aunque en ningún caso la operación podía evitarse.​

El 14 de julio de 2013 Cristina fue abuela de Néstor Iván, el primogénito de su hijo Máximo con Rocío García. Dos años antes, en 2011, Cristina había anunciado que se convertiría en abuela, sin embargo en aquella oportunidad el embarazo no pudo seguir los cauces normales.​

El 8 de octubre de 2013, Cristina fue sometida a una intervención quirúrgica debido a un hematoma subdural crónico.​

Biografía política

Comienzos de su actividad política

Cristina y Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2010 visitan la ESMA convertida en espacio de la memoria. Los acompañan Julio Alak, Aníbal Fernández, Florencio Randazzo, Eduardo Luis Duhalde, Eduardo Jozami y Oscar Parrilli.

A comienzos de los años ochenta, el matrimonio Kirchner fundó el ateneo Juan Domingo Perón, plataforma política con la que Néstor pelearía la intendencia de Río Gallegos en 1983. Los acompañaban Pepe Salvini (con quien Néstor había fundado el Centro de Estudiantes Santacruceños), Daniel Varizat, Alicia Kirchner, el Negro Chávez, Carlos Zannini y Cacho Vázquez. Se denominaban el Grupo Calafate. La capital santacruceña tenía en aquella época 70 000 habitantes, 30 unidades básicas y 3 listas dentro del peronismo, todas con militancia activa.​ Su referente a nivel provincial era Jorge Cepernic.​

Su primer cargo electivo fue en 1989 como legisladora provincial en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Ya en aquella época habían fundado el Frente para la Victoria Santacruceña. Néstor fue elegido intendente de la ciudad en 1987 y luego gobernador de la provincia en 1991.​ Cristina Fernández encabezaba la Secretaría Legal y Técnica de la provincia.​​​

Durante la campaña electoral a la primera gobernación de Néstor Kirchner en 1991, Cristina Fernández fue su jefa de campaña. Liliana Mazure, dueña de una imprenta de Buenos Aires, recuerda sus viajes y cómo diseñaban a mano los afiches, y que era Cristina Fernández quien los modificaba.​

Desde lo político se identificaban con el peronismo renovador, cuya cabeza a nivel nacional era Antonio Cafiero. Este sector del partido estaba enfrentado al Gobierno menemista, cuyo bloque no acordó en el congreso con el proyecto de ley presentado por Néstor Kirchner sobre zonas francas para la Patagonia. Según Cristina Fernández, con su esposo siempre estuvieron en contra del modelo neoliberal, hecho que algunos medios de comunicación reflejaron, principalmente cerca de la elecciones legislativas de 1997 y luego de las elecciones presidenciales de 2003.​​​​​​​

Durante el debate por la privatización de YPF, tanto Néstor como Cristina Kirchner se manifestaron a favor de la aprobación de la transferencia del dominio del petróleo a las provincias, proyecto que incluía la privatización de YPF. Asimismo, Cristina Fernández pronunció un discurso en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz en la que declaró la necesidad de sanción del «proyecto de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales».​

El traspaso efectivo del dominio se hizo recién en 2003.​ Según el gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo,​ existía un pacto donde el Estado nacional reconocía que tenía una deuda con la provincia de Santa Cruz por 480 millones de dólares, pero que supeditaba su pago a la aprobación de la privatización. La provincia de Santa Cruz recibió luego 654 millones de dólares en 1993. Uno de los diez puntos del Consenso de Washington fue también lo que motivo la privatización de YPF, ya que el mismo expresaba entre otras cosas, la necesidad de privatizar empresas públicas. Fue establecido por organismos como el FMI y el Banco Mundial. De aquí surgió la privatización de varios servicios estatales, como Ferrocarriles Argentinos, la ya citada YPF, Gas del Estado, Entel y Aerolíneas Argentinas.​​

Sobre la privatización, en 2012 durante la presentación del proyecto de ley para expropiar el 51 % de las acciones de Repsol YPF, Cristina Kirchner dijo «Por la reforma de 1994, la propiedad de los yacimientos se transfirió precisamente a las provincias. He estado casada doce años con un gobernador, y sé lo que significa administrar todos los días las urgencias, las necesidades, y muchas veces se adoptan decisiones. Y no porque los gobernadores no quieran defender los intereses de sus provincias, sino que muchas veces se encuentran acuciados por necesidades muy importantes que tienen que cubrir como la educación, la salud, obras importantes que les quitan y les restan poder de negociación».​

En 1994 junto a su marido, fue Convencional Constituyente en la reforma constitucional de ese año.​ En dicha reforma apoyó la incorporación del derecho a réplica y el habeas data así como la creación de la Jefatura de Gabinete de Ministros que atenúa el sistema presidencialista.

En el año 1995 ingresó al Senado Nacional representando a la provincia de Santa Cruz por el Partido Justicialista. Se opuso a varios proyectos del Gobierno menemista como el proyecto sobre los Hielos Continentales, la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Pacto Fiscal II, la Reforma Laboral. También se opuso al texto de la luego aprobada Ley de Hidrocarburos. En la comisión participaban provincias que no eran productoras y durante el debate dijo: «¿Por qué si ustedes no producen hidrocarburos quieren estar en esta comisión?; Santa Cruz nunca pidió un lugar en la Junta Nacional de Granos».​

Se opuso a la eximición de pagar el Impuesto a las ganancias que votó el Senado en 1997. En dicha sesión dijo «a ningún Peronista le resultará fácil de explicar que votó en favor de declinar una porción de la coparticipación que le corresponde» y «Nosotros históricamente, a través del Peronismo, incentivamos la movilidad social hacia arriba. Ahora aparecemos cristalizando la situación de los menos protegidos social y económicamente y empujando a la clase media hacia abajo».​

También votó en contra a la reforma hecha al Consejo de la Magistratura y a la privatización de la Represa de Yacyretá.​ Fue tildada de «revoltosa» y expulsada en 1997 del bloque del Partido Justicialista.​​

Renunció a su banca de senadora e ingresó ese mismo año como diputada también por Santa Cruz. La primera aparición a nivel nacional fue en 1998 durante el debate por el litigio con Chile por los límites en el Campo de Hielo Patagónico Sur. La posición oficial en ambos países era su aprobación sin más. Los medios de comunicación trataban el tema de la pérdida de cientos de kilómetros de glaciares de agua dulce como «el precio de la paz con Chile». Cristina Kirchner recorrió varias universidades del país expresando sus razones para oponerse, lo mismo que Néstor como gobernador. Ese año recibió un memorándum en el que se le comunicaba que quedaba desafectada de todas las comisiones en las que participaba, que eran Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, Coparticipación Federal, Economías Regionales, Educación, Familia y Minoridad, Relaciones Exteriores y Culto.​

En 1999 presidió la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA. Según Diego Buranello ―quien trabajó junto a Cristina Kirchner―, en aquellos años no había una política oficial que buscara esclarecer el caso AMIA. La comisión logró que Juan Carlos Passero, jefe de la Policía Federal Argentina declarara que «hubo graves negligencias y errores administrativos en la fuerza». Esto ocurrió durante la interpelación que le hizo varias horas Cristina Kirchner, luego de la desaparición en el juzgado del juez Juan José Galeano, de 66 casetes que contenían escuchas al teléfono de Carlos Telleldín.​

Fue vicepresidenta segunda de la Comisión Especial Investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con el lavado de dinero en la Cámara de Diputados de la Nación en 2000. La comisión, presidida por Elisa Carrió y de la que también formaba parte Alicia Castro, realizó un trabajo que Cristina Kirchner no firmó porque según ella tenía contradicciones entre los capítulos I y III, por lo que terminó avalando otro informe.​​

Ese año fue uno de los pocos legisladores que se opuso a la aprobación de la ley de concursos y quiebras, que era parte de una serie de medidas impuestas por el FMI. Durante el debate dijo «en unos meses más a la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente. Y no precisamente aquel “infame trapo” que algunos creían que iba a flamear en la Argentina allá en la década de los años setenta, sino bandera roja de remate».​

Durante un debate con David Viñas, ese año declaró «Yo soy más optimista, en el sentido que pienso que el voto directo de la gente va obligar a la aparición de otros dirigentes políticos. Yo también quiero decirle a la gente que es importante que construya sus propias representaciones. Que cuando toma una lista, vea quién está y que decida en consecuencia. Y que a los que no están conformes, como tantísima gente que no está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido político, pero que participe».​

En 2001 fue elegida nuevamente senadora por la provincia de Santa Cruz. Asumió la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Junto a ella trabajaba la penalista Valeria Loira, quien recuerda que el trabajo con Cristina Kirchner siempre fue arduo. La senadora rechazaba los resúmenes, además todos los trabajos que se hacían debían tener fuente fiable y verificable de los autores principales de cada tema legal, versiones de los principales medios y las transcripciones taquigráficas de debates en el Senado. Algunos de los proyectos que trató la comisión fue la modificación del Consejo de la Magistratura, la modificación a la ley que luego permitió la actual conformación de la Corte Suprema y la ley de Acceso a la Información Pública.​

Como presidenta de la Comisión, fue agredida físicamente cuando su comisión investigaba al senador peronista Luis Barrionuevo por la quema de urnas durante la elección a gobernador en la provincia de Catamarca en 2003. La Comisión pidió que se lo apartara del cargo, pero el Senado decidió que permaneciera.​

Para las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005 fue elegida senadora por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Durante la presidencia de Néstor Kirchner ejerció un papel importante desde el Senado y como compañera en las decisiones políticas del presidente. En este período mantuvo un perfil de activa defensa de los derechos humanos tanto en Argentina como en América Latina. Ha sido promotora de la actividad política de las mujeres.

El 19 de julio de 2007 lanzó oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones presidenciales de Argentina de 2007. El acto se realizó en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Ya había sido mencionada repetidas veces como «cuadro político presidenciable» por varios miembros del Partido Justicialista y del gabinete del Gobierno kirchnerista.​​

Resumen del discurso de CFK del 25 de mayo de 2013.

El 28 de octubre del citado año, Cristina se consagra ganadora en primera vuelta con el 45,29 % de los votos positivos ―con uno de los más holgados márgenes de ventaja desde el retorno de la democracia en 1983―, en una elección donde la abstención fue la mayor desde las elecciones de 1922,​ sucediendo el 10 de diciembre a su esposo Néstor Kirchner, quien había desempeñado el cargo hasta esa fecha.

El 21 de junio de 2011 confirmó públicamente su postulación para la reelección,​ la misma fue una decisión que, según sus propias declaraciones, había tomado desde la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner, firme candidato del Frente para la Victoria para los comicios presidenciales.​

Recibió el apoyo manifiesto de diversos sectores, entre ellos: el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Hugo Moyano,​ el secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) Antonio Caló,​ el secretario general de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y Central de Movimientos Populares (CMP) Luis D'Elía,​ así como también el de varios gobernadores, legisladores, funcionarios, las asociaciones de Madres y [[Abuelas de Plaza de Mayo (presididas por Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, respectivamente)​ y Hugo Chávez (presidente de Venezuela) quien afirmó, durante la entrega de una distinción en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que la mandataria «es la mujer que Argentina necesita ahora para seguir con el rumbo de esta nave».​ Su compañero de fórmula fue Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas en el período 2009-2011.​

En las Elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11 % de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, el Frente para la Victoria logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1973.

Presidencia

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura el período ordinario de sesiones en el Senado de la Nación.

Los apartados siguientes reflejan la política oficial adoptada en el Gobierno Nacional en los diferentes temas del país. La manera en que esta política se manifiesta tiene diversas formas, entre ellas, los pronunciamientos y las decisiones gubernamentales de la Presidente, los decretos del Poder Ejecutivo y las resoluciones los ministerios, los proyectos de ley girados desde el Ejecutivo al Congreso, los proyectos presentados por legisladores del Frente Para la Victoria así como proyectos presentados por otros legisladores que han tenido apoyo de la bancada oficial.

Ciencia y tecnología

CFK ante el Congreso Nacional en la apertura de sesiones ordinarias de 2015.

Archivo:Mural-ARSAT-VillaLuro-Capital.jpg

Mural pintado en el barrio de Villa Luro, Buenos Aires, con motivo del lanzamiento en 2014 del satélite argentino ARSAT-1, conteniendo los colores de la bandera nacional.

Una de las primeras medidas adoptadas por la presidenta fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, designando para el cargo a Lino Barañao, un reconocido biólogo molecular.

Desde el comienzo de su Gobierno se instalaron, principalmente en Tierra del Fuego, decenas de fábricas de productos electrónicos complejos como celulares y computadoras de marca nacional.​​

Los técnicos tanto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales como de la Comisión Nacional de Energía Atómica recibieron un aumento sostenido de presupuesto y sueldos. Se reinició el proyecto espacial argentino con el logro de la puesta en órbita del SAC-D en 2011 construido casi en su totalidad por INVAP,​ así como la finalización de la Central nuclear Atucha. Las transferencias hacia los investigadores del CONICET se han multiplicado varias veces. Estas políticas de Estado, junto con un programa especial de repatriación, permitió que cientos de científicos e investigadores regresaran al país.​​​​ Otro logro tecnológico durante su Gobierno fue la producción nacional de radares militares y civiles para control del tráfico aéreo y control del narcotráfico construidos en su totalidad por INVAP.​​

En 2008, por iniciativa de la presidenta, el Estado adquirió el paquete accionario de las privatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. De esa manera el país recuperó la línea de bandera. En 2009 se reestatizó la histórica Fábrica Argentina de Aviones, privatizada por Carlos Menem en 1995, ubicada en Córdoba. En 2012 se acordó con la brasileña Embraer el ensamblaje de aviones en la planta.​

En 2010, la Ansés (Administración Nacional de la Seguridad Social) inició el plan Conectar Igualdad de entrega y puesta en funcionamiento de tres millones de netbooks con acceso a Internet a todas los alumnos de públicas primarias y secundarias del país. A comienzos de 2013 se habían entregado 2,5 millones de computadoras y está planificado alcanzar la meta de 3,5 millones a fin de año.​

En esta área también sobresale la creación, a mediados del 2011, de Tecnópolis, una megamuestra ubicada en Villa Martelli y el Polo Científico Tecnológico en Palermo.​

En julio de 2013 se entregaron 264 becas del programa Bec.Ar, que tiene por objetivo especializar a profesionales argentinos en Universidades del exterior en áreas como biotecnología, nanotecnología, TIC, entre otras. El programa tiene una duración inicial de cuatro años y planea especializar a mil profesionales de áreas denominadas «estratégicas» para el desarrollo del país.​​

También se destaca el patentamiento por parte del INTA de semillas y leche maternizada. Asimismo se sancionó la Ley de Promoción de software nacional.​

Política ambiental

La política ambiental del Gobierno de Cristina Kirchner tuvo básicamente como ejes la reglamentación de las leyes de bosques en 2007 y sanción de la ley de glaciares en 2010. Sobre esta última, la presidenta había vetado la ley original aprobada en 2008 aduciendo que las actividades que ordenaba dicha ley, al disponer sobre recursos provinciales, excedía el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.​​

La ley exige que el poder ejecutivo debe encargarse de realizar un inventario sobre áreas glaciares. Como hasta inicios del año 2012, dicho registro no comenzó y el Gobierno de la Nación Argentina demora en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno Nacional, la ley todavía no puede aplicarse.​

Política de derechos humanos

Inauguración del Jardín de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en París. En la foto de izquierda a derecha: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela B. de Carlotto, la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el alcalde de París, Bertrand Delanoë.

Durante su presidencia, Cristina continuó con la política de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), que se había caracterizado por promover la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos de los noventa, que impidieron juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

Uno de los aspectos centrales de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner fue la política de derechos humanos. En general, contó con un abierto apoyo de varias organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, e inversamente ha sido objeto de fuertes críticas por parte de las asociaciones que defienden el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura.​

A mediados de 2015 entró en vigor el Código Civil y Comercial de la Nación, poniendo fin a los 144 años de uso del Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield y a los 152 años de utilización del Código de Comercio redactado por Eduardo Acevedo y Vélez Sarsfield, reuniendo así las bases del ordenamiento jurídico en materia civil y comercial de Argentina, una medida considerada polémica.​​

Durante el Gobierno de Cristina Kirchner, varios altos funcionarios pertenecientes al último golpe de Estado, fueron juzgados y condenados en distintas provincias por crímenes contra la humanidad.

En lo que respecta a los pueblos originarios, desde 2007 se relevaron 3,5 millones de hectáreas de 18 Provincias correspondientes a 310 comunidades.​

Política de derechos individuales

En su gestión, Cristina Fernández impulsó cambios en temas relacionados a los derechos personalísimos. En 2010 se modificó la legislación sobre matrimonio civil permitiendo que personas del mismo sexo puedan casarse y adoptar. En dicho año Argentina se convirtió en el segundo país de América en tener este derecho y el décimo en el mundo.

En 2012 el Congreso aprobó la ley 26.743, denominada de Identidad de Género por la cual el Estado reconoce el derecho a elegir la propia identidad siendo esta una «vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo». Entre otras cosas esta ley permite que la persona pueda solicitar un nuevo documento de identidad rectificado, siendo el mismo oponible a terceros desde su emisión.​

En 2013 el Congreso sancionó la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, por la cual se garantiza el acceso gratuito a los tratamientos médicos necesarios para la fecundación e implantación de embriones así como su criopreservación.​

En 2011 en la ciudad de Río Cuarto se inaugura la ampliación de la Central Termoeléctrica Modesto Maranzana, con inversión de alrededor de 200 millones de pesos, compuesta por dos Turbogrupos en p de 35 MW, cada uno.​

En 2012 se inauguró la central Guillermo Brown, ubicada en las afueras de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, que demandó una inversión de 550 millones de dólares para la compra, instalación y puesta en operación de dos turbinas a gas ya aportan 580 megavatios a la oferta existente en el Sistema Interconectado Nacional.​

Política distributiva

El 28 de octubre de 2009, mediante el Decreto 1602/09, la presidenta creó la Asignación Universal por Hijo, que consiste en una transferencia que el Estado hace a los padres por cada hijo de entre 12 semanas de gestación y los 18 años. Los padres deben acreditar estar desocupados u ocupados en la economía informal, además deben ganar como máximo el salario mínimo y acreditar el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. Esta medida es progresiva desde el punto de vista de la distribución de la renta, y posicionó a Argentina como el país con mejor y más amplia seguridad social de Latinoamérica.

Según un informe de 2011 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se ubicaba en 5,7 %, lo que significa una reducción significativa desde los 33,8 puntos porcentuales de pobreza que había al iniciar su mandato,​ ubicándose como la más baja en América Latina, por delante de Uruguay (6,7 %). La indigencia disminuyó del 7,2 al 1,9 %, siendo la segunda más baja de la región.​ Además, según informes del Banco Mundial, entre 2003 y 2009 Argentina duplicó su clase media, pasando de 9,3 millones a 18,6 millones de personas, casi la mitad de la población.​

En 2009 el Estado Nacional adquirió los derechos de televisación del fútbol de Primera División y creó el programa Fútbol Para Todos, permitiendo la transmisión por televisión abierta de todos los encuentros. Posteriormente en 2011 la presidenta, a través del Consejo Federal de comunicación Audiovisual, firmó un convenio por el cual se liberó la transmisión de todos los eventos deportivos de interés masivo. Entre los eventos acordados se destacan la participación argentina en campeonatos mundiales, olímpicos y panamericanos, todas las instancias finales de esos torneos, torneos de fútbol organizados por la Confederación Sudamericana, encuentros de fútbol de Nacional B, Torneo Federal A, Torneo Federal B y Torneo Federal C, donde el equipo participante tenga relevancia local o nacional, Turismo Carretera, TC2000 y Top Race, Liga Nacional de Básquet y los torneos locales de rugby y vóley, para la zona donde el equipo tenga relevancia.

La estatización de todos los fondos jubilatorios y la moratoria previsional que creó el Gobierno, incorporó a más de dos millones y medio de personas lo que acompañado de dos aumentos anuales por ley, generaron una redistribución hacia sectores de bajos ingresos y colocó a Argentina en el primer lugar de América Latina en cobertura previsional.​ Desde el Gobierno del expresidente Néstor Kirchner en 2003 hasta agosto del 2012, el aumento para los jubilados fue del 1253 %.​

Respecto a la construcción de viviendas sociales, a septiembre de 2011 se concluyeron en todo el país más de 630 000 soluciones habitacionales que benefician alrededor de 2,8 millones de personas. Los planes más importantes son el Programa Federal de Construcción de Viviendas con más de 166 000 viviendas, el Fondo Nacional de la Vivienda con más de 160 000, y el Programa Federal Mejor Vivir con más de 75 000.​ En el año 2012 se creó el plan PRO.CRE.AR que tiene como objetivo la construcción de 400 000 viviendas en 4 años (100 000  por año), y créditos a bajas tasas para familias que ya poseen un terreno propio y para las que no lo poseen.​

Sistema previsional

La primera acción concreta del Gobierno kirchnerista sobre el sistema previsional fue en 2004 cuando se lanzó el Plan de inclusión previsional con el objetivo de regularizar e incluir contribuyentes al sistema de aporte.

El 21 de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que elevaba un proyecto al Congreso para poner fin al sistema de AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y organizar un nuevo sistema de reparto estatal de jubilaciones y pensiones.​​​​​​ Esta decisión se fundamentaba en el hecho de que la Constitución Argentina (Artículo 14 bis) ordena que la seguridad social sea otorgada por el Estado​ y en la poca eficiencia del sistema privado, una vez que era el mismo Estado quien ya pagaba, en ese momento y en la práctica, la mayor parte de las jubilaciones.​​​​​​

Cristina Fernández de Kirchner en Wall Street, junto a Amado Boudou, entonces titular de la Ansés y luego vicepresidente de la Nación

Pese a la amenaza por parte del representante de las AFJP, quien aseguraba que recurriría a «todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados»​ y la existencia de posteriores excepciones (en casos puntuales) al traspaso de los fondos a la Ansés que se tramitaron en la justicia,​​​​​​​ el proyecto fue enviado para su apreciación en la Cámara de Diputados, siendo aprobado por esta cámara el 7 de noviembre de 2008, por 160 votos afirmativos, 75 negativos y dos abstenciones.​​

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto fue encaminado al Senado, donde se sometió a votación en la noche del 19 de noviembre del mismo año, siendo sancionado por una amplia mayoría​ de 46 votos afirmativos, contra 18 negativos y una abstención.​​​​ Con esta sanción por parte de Senado, el proyecto se convertía entonces en la Ley 26.425, que estatizaba el sistema provisional y ponía fin a las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Esta Ley entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina el 9 de diciembre de 2008.​

De acuerdo con un informe de la Ansés publicado a mediados de 2011, el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se había duplicado desde la estatización de las AFJP​​ y el fondo para resguardar el pago de jubilaciones superó los 200 000 millones de pesos. La cifra es más del doble de lo que habían acumulado las AFJP cuando dejaron de operar en diciembre de 2008. Catorce años de administración privada de los aportes previsionales concluyeron con un saldo de 98 224 millones de pesos, mientras que, en menos de dos años, el Estado logró más que duplicar ese monto, que en aquel momento llegó a 201 027 millones de pesos.​

En 2013, la cantidad de trabajadores con cobertura social ascendió a 5,89 millones (86 % más que los 3,16 millones de 2003), siendo el 45 % obtenidos a través de los planes de inclusión del Gobierno. En 2008 el Fondo de Sustentabilidad ―básicamente aportes de los trabajadores más aportes patronales― era de 80 000 millones de pesos y a comienzos de 2013 de 254 000 millones. Parte de dicho fondo se destina a atender el 94,3 % de la población jubilada, siendo la jubilación mínima 1443 % mayor que en 2003. La Asignación Universal por Hijo en 2012 tenía como destinatarias 1,7 millones de familias, alrededor de 3,3 millones de niños. Según la presidenta, la misma no desalienta la búsqueda de trabajo, ya que cuando los padres consiguen empleo la misma se cobra en el salario como «asignación familiar», la cual está exenta del impuesto a las ganancias.​

En el rubro previsional, de 3 millones de jubilados en 2004, la cifra aumentó a 4,5 millones en 2012. Se incrementó del 30 % al 90 % la cantidad de jubilados que utilizan los servicios que presta PAMI. La cantidad de jubilados con cobertura 100 % en medicamentos se incrementó de 9 000 a 1 400 000 jubilados. En 2006 se creó el Plan de Asistencia para Situaciones de Alto Riesgo, que implica asistencia 100 % para enfermos oncológicos, VIH, hemofílicos, entre otras enfermedades, pasando la cantidad de beneficiarios de 20 000 a 150 000. La cantidad de solicitudes para el programa alimentario Pro Bienestar ―jubilados que piden asistencia alimentaria― se mantuvo estable desde 2004 en alrededor de 400 000 jubilados, lo que implica que no hubo desmejoramiento en el poder adquisitivo de la población jubilada. Las pensiones no contributivas pasaron de 0,18 millones de beneficiarios (en 2003) a 1,3 millones (en 2012). Se crearon 741 centros integradores comunitarios y el Plan Ahí, de asistencia social en los barrios considerados núcleos duros de pobreza.​

Política económica

La política económica que siguió fue expansionista. Se registró un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.​ La política cambiaria consistió en mantener un dólar estadounidense alto. Por su parte, la política fiscal representó una presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica.​ Se criticó la regresividad del sistema impositivo argentino. El Impuesto a las ganancias de las personas físicas representa algo más del 5 % del Producto Interno Bruto, por debajo de Brasil (7,7 %), Chile (8,4 %) o Estados Unidos (10,2 %).​ Algunos productos de primera necesidad estuvieron exentos de tributar IVA, mientras otros tenían una tasa reducida a la mitad.

Según el mismo Instituto, la pobreza y la indigencia pasaron del 54 % y 27,7 % en 2003 respectivamente a 6,5 % y 1,7 % respectivamente en 2012. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social en 2003 era de 1781 millones de pesos y de 31 972 millones en 2012. La actividad industrial en 2012 disminuyó un 1,2 %, siguiendo la tendencia mundial.​

Variación del coeficiente salarial a nivel país. Base cuarto trimestre 2001 = 100. Se observa una recomposición ininterrumpida del salario real.​

Serie desestacionalizada del estimador mensual de la actividad industrial. Base 2006 = 100. Se observa que creció hasta llegar a su máximo en marzo de 2012 con un 35 % más de actividad industrial.​

Anteriores economistas de su Gobierno ―como Martín Lousteau y Martín Redrado― propusieron bajar el gasto y así reducir la presión distributiva, método que Cristina Kirchner rechazó.​​ El objetivo según el Gobierno no era bajar el crecimiento a costa de los que menos tienen sino ampliar la oferta.​ Otro de los puntos destacados fue la creación de programas de distribución de alimentos a precio de costo. Entre ellos «Carne para todos», «Lácteos para todos» y «Milanesas para todos». Varios economistas de la oposición criticaron estos programas por considerarlos insuficientes para contrarrestar la inflación.

Asimismo otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Producción, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13 200 millones de pesos (4400 millones de dólares), distribuidos a través de la banca privada, a bajo interés.

La inversión extranjera directa en la Argentina alcanzó los 9.753 millones de dólares en 2008, experimentando un gran crecimiento con respecto a años anteriores y por sobre el promedio del período 1992-2008 de 5.300 millones de dólares. ​ En el primer semestre del 2012, los ingresos de IED al país fueron un 42% superiores a los de igual período del 2011. ​ Durante el año 2012 la inversión extranjera directa llegó a 12.551 millones de dólares, la cifra más alta en la última década. Registró un aumento del 27% respecto del 2011, frente a un crecimiento de 6,7% del resto de América Latina. ​ La medidas impulsadas por el gobierno han alentado la reinversión de ganancias en el mercado interno argentino, que alcanzaron en 2012 los 7.984 millones de dólares, más del doble que en 2011. ​ Argentina se convirtió en el quinto país latinoamericano con mayor recepción de IED, por detrás de México (12.659 millones) y por delante de Perú (12.240 millones). ​

El viernes 3 de agosto de 2012 se abonaron 2300 millones de dólares para el pago del Boden 2012, la última cuota de la herramienta financiera puesta en marcha por el Gobierno argentino para solucionar el corralito y la pesificación asimétrica de los bancos después de la crisis. Saldados los 19 600 millones de dólares en concepto de capital e intereses, el Gobierno kirchnerista devolvió a los ciudadanos el dinero adeudado después del corralito. Esto se sumó a la política de desendeudamiento iniciada en el 2003 por el Gobierno de Néstor Kirchner (cuando la deuda representaba un 166 % del PBI), hasta el 2012 (cuando solo representa un 41,8 %). Así mismo la deuda en dólares se redujo de un 92 % del PBI al 8,4 %.​

En los últimos años se crearon 200 000 nuevas empresas en los sectores industria, comercio y servicios. Desde 2003 se duplicó el PBI industrial, sustituyendo importaciones por 15 000 millones de dólares. Del total de exportaciones del país, las manufacturas de origen industrial eran las principales, seguidas de manufacturas de origen agropecuario y luego materia prima. La producción lechera de 2012 fue la mayor de la historia, con 11 500 millones de litros. En 2008, el 98 % de los teléfonos celulares del mercado eran importados, en cambio en 2012, el 99 % eran fabricados en el país. El mercado de tractores pasó en 2003 del 13 % de origen nacional al 42 % en 2012.​

La cantidad de parques industriales pasó en 2003 de 80 a 330 en 2012. En dichos parques industriales se localizan 8600 empresas con 267 000 trabajadores. Uno de los principales es el polo electrónico en Tierra del Fuego con 9000 trabajadores. Por su parte el INTI elevó su presupuesto de 30 millones de pesos anuales a 450 millones. También el INPI incrementó la cantidad de patentes argentinas registradas.​

Política de educación

Cristina Kirchner junto a estudiantes el 17 de agosto de 2011 en Tecnópolis, presentando la ley de promoción de software argentino y entregando la netbook un millón.

La política educativa del Gobierno de Cristina ha sido una continuación de la gestión de su marido. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64 % en 2003 a 6,81 % en 2012.​ Después del Plan Quinquenal del Gobierno de Perón entre 1947 y 1951, el período 2003-2010 es el de mayor construcción de escuelas de la historia argentina. Entre 1969 y 2003 los diferentes Gobiernos nacionales financiaron la construcción de un total de 427 escuelas, mientras que entre 2003 y 2010 se construyeron más de mil escuelas que beneficiaron a medio millón de alumnos.​ Hacía el año 2012 el gasto en educación superó el 6,8 % del PBI.​

Este crecimiento en los aportes del Estado a la educación permitió aumentar las transferencias a las universidades nacionales y la creación de nuevas universidades como la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza,​ la Universidad Nacional de Avellaneda,​ la Universidad Nacional de José C. Paz​ la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Oeste.​ Además de aumento de los recursos destinados a otras universidades, como la Universidad de La Matanza, cuyo presupuesto creció un 820 %.​ Este aumento se vio reflejado en la formación de nuevos institutos de investigación.

La matrícula de estudiantes se elevó entre 2001 y 2010 un 17,2 % para el nivel inicial, asimismo la tasa de escolaridad en el nivel primario es del 99 % y del 82,2 % en el nivel secundario. Se creó el Programa Fines, para aquellos que no pudieron terminar el primario y/o secundario. Se invirtió 7000 millones de pesos en equipamiento para escuelas técnicas, se distribuyeron más de 54 millones de libros. La inversión en salarios docentes universitarios fue de 19 000 millones de pesos en 2012 siendo el incremento salarial de más del 1000 % desde 2001.​

Ferrocarriles

En 2008, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, se compraron 40 locomotoras, 25 coches eléctricos y 20 trenes diésel. En 2009, 50 coches eléctricos, 20 trenes diésel y 10 locomotoras. Se trataba de material rodante proveniente de España y Portugal. Gran parte de estos trenes no funcionan, y se encontraban en malas condiciones para su uso. La compra de este material ferroviario había sido impulsada por el secretario de Transportes Ricardo Jaime, quien renunció al cargo en 2009.​​

El 22 de febrero de 2012 sucedió un accidente ferroviario en la estación de Once, cuando un tren no llegó a frenar y chocó contra los paragolpes de la estación. La tragedia causó 52 víctimas fatales y la discusión consiguiente por el estado de los ferrocarriles en la Argentina causó la renuncia de algunos funcionarios del gobierno.​​​​

El 29 de diciembre de 2015, Ricardo Jaime fue declarado culpable del delito de defraudación y condenado a seis años de prisión, mientras que Juan Pablo Schiavi ―quien se ocupaba de la Secretaría de Transporte al momento de accidente― fue declarado culpable con una condena de ocho años de prisión por su responsabilidad en el accidente ferroviario.​

En enero de 2013 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al ministro Randazzo anunció la adquisición de 409 coches eléctricos para las líneas Mitre y Sarmiento a la empresa china CSR Sifang.​​ En mayo de ese mismo año, firmó con la misma empresa un nuevo contrato por 300 coches eléctricos para la línea Roca.​​

En julio de 2015 se inauguró la estación Rosario Sur de la línea Mitre con una superficie de 1200 m2 la estación se complementa con la renovación total de las vías y el servicio con formaciones 0km de la ruta Retiro-Rosario.​​ Todo ello enmarcado en la renovación del corredor ferroviario Buenos Aires –Rosario, con la renovación total de 558 kilómetros de vía ascendente y descendente.​

Política energética

Uno de los primeros planes fue el total reemplazo a nivel nacional de las lámparas incadescentes por las de bajo consumo, como consecuencia se vieron descendidos los consumos de energía eléctrica. Es plan incluyó la entrega gratuita de tres lámparas por hogar. Posteriormente se implementó a través de la norma IRAM 11900 el etiquetado energético de los artefactos eléctricos.

Esto se acompañó con la construcción de decenas de nuevas centrales eléctricas que se unen al Sistema Interconectado Nacional. Se concluyó junto al Paraguay la construcción de la represa de Yacyretá, se concluyó el proyecto Atucha II.

Está en construcción el Gasoducto del Noreste, que llevará gas natural a las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Salta y norte de Santa Fe únicas zonas del país que todavía no cuentan con este servicio.

Proceso de expropiación de Repsol YPF

Cristina Kirchner en su discurso antes de enviar al Senado de la Nación Argentina el Mensaje número 529 para el tratamiento del proyecto de ley que declara de utilidad pública a la petrolera Repsol YPF y por la cual se decide expropiar el 51 % de sus acciones.

En la última semana de marzo de 2012, algunos Gobiernos provinciales cancelaron por incumplimiento de contrato las concesiones de áreas con yacimientos petroleros que estaban en manos de Repsol YPF, debido a la baja producción de la empresa y a la falta de inversiones durante muchos años. La provincia del Neuquén canceló tres concesiones: Don Ruiz (de 109 km^2.), Chihuido de la Salina Sur y Portezuelo Minas,​ que suman en total una superficie de 242,4 km². En consecuencia, las acciones de YPF decayeron un 15 % en las bolsas.​ Inmediatamente, las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz retiraron las concesiones a Repsol YPF.​​​

El 16 de abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional, en el cual se declaró de «interés público y nacional» al «autoabastecimiento de hidrocarburos» y por lo tanto el Gobierno nacional en uso de sus facultades constitucionales expropia el 51 % de las acciones de Repsol YPF. Durante su discurso afirmó que se trataba de «una recuperación de la soberanía» y «no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada».​

Política internacional

Fernández con Xi Jinping durante la visita de éste último al país en 2011.

Cristina Fernández con Barack Obama durante la Cumbre del G-20 de Cannes.

Mapa oficial de la plataforma continental argentina elaborado en 2009 por la Cancillería argentina, que formó parte del pedido de extensión de la frontera de la plataforma continental aprobado por las Naciones Unidas en 2016. En verde claro puede verse la plataforma continental bajo soberanía nacional.

CFK y Dilma Rousseff en Caracas en la cumbre 2011 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Cristina Kirchner y su hija Florencia junto a Hugo Chávez en el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores.

Cristina Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante los gobiernos de Cristina Fernández, Argentina mantuvo la relación estrecha con los miembros del Mercosur, especialmente Brasil y Venezuela, mostrándose también cercano de mandatarios sudamericanos como Evo Morales, José Mujica y Rafael Correa. En este período Argentina fue uno de los países que integró en 2008 el G20, ocupó la presidencia del Grupo de los 77 y la secretaría general de la Unasur, participó de la creación de la CELAC y estableció una relación de socio estratégico con China.

Argentina dio prioridad a la participación en las Cumbres de jefes de estado del G20 -creada luego del estallido de la crisis mundial de 2008. Allí propuso junto a Brasil y a pedido de las organizaciones sindicales internacionales, la inclusión en el G20 de la Organización Internacional del Trabajo, propuesta que fue aprobada por el grupo. En 2011 Cristina Kirchner ejerció la presidencia del Grupo de los 77.

El Gobierno argentino intervino en 2008 en el rescate de Ingrid Betancourt, por lo que el Gobierno francés agradeció el compromiso argentino. Asimismo, y luego de varios años de gestión por parte de Cristina Fernández, en 2009 el Gobierno de Cuba autorizó a Hilda Molina a salir de ese país, con el fin de visitar a su madre enferma, su hijo y dos nietos, residentes en Argentina.

El 23 de mayo de 2008 Cristina Fernández firmó el tratado constitutivo de la Unasur que constituyó por primera vez en la historia un bloque de naciones suramericanas. Poco después el gobierno argentino logró que el expresidente argentino Néstor Kirchner fuera elegido como primer secretario general del organismo. Durante su mandato la Unasur jugó un papel importante en la crisis política en Bolivia de 2008, la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela de 2010 y en la crisis política de Ecuador de 2010 conocida como 30S.

En 2009 la Cancillería argentina presentó a las Naciones Unidas un pedido de expansión de la plataforma continental, que abarca un área de 1.782.500 km2, equivalente a más de la mitad del territorio emergido, aplicando las reglas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), vigente para Argentina desde 1995. El área reclamada se corresponde también con la zona en la que se encuentran las Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur sobre las que Argentina mantiene una disputa de soberanía con Gran Bretaña. En marzo de 2016 las Naciones Unidas aprobó la petición argentina por unanimidad.​​​

En 2010 la Argentina participó en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), primera vez en la historia que se logró conformar un organismo regional, sin la participación de Estados Unidos. En el marco de la CELAC el gobierno de Cristina Fernández, por medio de la gestión del canciller Héctor Timerman, logró que el organismo apoyara decididamente, mediante la Declaración Especial sobre la Cuestión de las Islas Malvinas de 2014, «los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», así como la exigencia argentina de que Gran Bretaña cumpla la orden de la ONU de dialogar sobre la soberanía de dichos territorios. A la importancia de la declaración se suma el apoyo de varios países caribeños que integran la Mancomunidad de Naciones, encabezada por la Corona británica.​

En 2014 Argentina firmó una serie de acuerdos con China, estableciendo el estatus entre ambos países de «socio estratégico integrado», estatus que en América solo tenía Brasil.​

En 2015 la Argentina logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara una resolución estableciendo los Principios Básicos en Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana, con una mayoría de 136 votos a favor, 41 abstenciones y solo 6 votos en contra. La resolución establece nueve principios, entre ellos el derecho de los estados a elaborar su política macroeconómica, incluida la reestructuración de su deuda; la inmunidad de los estados ante tribunales extranjeros; el principio de sostenibilidad exigiendo que los acuerdos no pongan en riesgo la estabilidad de los países deudores ni las políticas de inclusión social; y la obligación de los grupos minoritarios de acreedores de respetar los acuerdos alcanzados con la mayoría de los acreedores.​

Durante la Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010 Cristina Fernández logró ante el Mercosur ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay) que se aprobara una resolución por la que se flexibilizaba el derecho de patentamiento que tenían los laboratorios sobre la vacuna contra la gripe, una medida inédita.

Entre otros asuntos personalmente atendidos por Cristina Fernández se encuentra el desagravio al Paraguay por la Guerra de la Triple Alianza y nombró como «Mariscal Francisco Solano López» al Grupo de Artillería Blindado 2 con base en Rosario del Tala (provincia de Entre Ríos). También viajó a Perú para reafirmar lazos luego del Escándalo por venta de armas a Ecuador y Croacia durante los años noventa cuando se sucedió el último de los conflictos limítrofes entre Perú y Ecuador. Este desagravio tiene su explicación en que Perú ayudó abiertamente a Argentina en la Guerra de las Malvinas.

Desde la presidencia de Cristina Fernández además se reafirmaron lazos de amistad con España e Italia.

Política laboral

La política laboral del Gobierno de Cristina Kirchner consiste en profundizar la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, política iniciada por el presidente Néstor Kirchner.

Más del 90 % de los convenios se realizaron por rama de actividad económica (y subrama) y los restantes por empresa. Las cláusulas más habituales fueron las salariales, pero también se registró un aumento de la cantidad de cláusulas sobre regulación de las relaciones laborales en la empresa y condiciones de trabajo.​

El Gobierno de Cristina Kirchner continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el Gobierno anterior, con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron documentos argentinos a 144 549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 714 907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006. La cifra representa casi la mitad de los 1,53 millones de extranjeros registrados en el censo de 2001.​

También se aumentaron las indemnizaciones por riesgos del trabajo, modificando el régimen legal y eliminando el tope máximo que había impuesto la legislación anterior.​

El 26 de agosto de 2011 anunció un incremento del 25 % del salario mínimo convirtiéndose en el más alto de Latinoamérica en términos adquisitivos, llegando a los 2300 pesos argentinos.​

El 3 de septiembre de 2012, Paolo Rocca, dueño de Techint, el grupo empresarial más grande de Argentina, criticó al Gobierno de Kirchner por los altos salarios alcanzados, dando a conocer que un obrero en Argentina ganaba en ese momento 24 dólares por hora, el doble de lo que ganaba un obrero mexicano (12 dólares) y casi el triple de lo que ganaba un obrero brasileño (9 dólares), aunque reconociendo también que el obrero argentino estaba mejor calificado.​ Con motivo de estas declaraciones Rocca envió una carta a la presidenta Kirchner en la que confirma que en dicha ocasión «he presentado los valores del costo horario de la mano de obra en nuestras instalaciones industriales en la región».​

En 2013 se homologaron 1500 convenios colectivos. En comparación, en 2003 se habían homologado 200. El Gobierno kirchnerista, principalmente a través del Ministerio de Trabajo aunque también con injerencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, consiguió la que la cantidad de trabajadores registrados sea la mayor en 38 años, aunque reconoce que más del 30 % de la población activa siguen en condiciones precarias. El salario mínimo creció 1338 % en 10 años, siendo según la presidente un «salario testigo» ya que «todos los convenios están por encima». Entre otras políticas se destacan los microcréditos para empresarios ―320 000 hasta 2013― y el Plan Argentina Trabaja que incrementó la cantidad de cooperativas en más de 6600.​

Asimismo la cantidad de trabajadores capacitados pasó en 2003 de 15 000, con una inversión de 15 millones de pesos a 316 738 con una inversión de 1027 millones de pesos. Entre 2003 y 2013 se invirtieron 2233 millones de pesos en más de 2 millones de trabajadores capacitados.​

Política de comunicación

Véase también: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión 22.285 creada por la última dictadura. Este proyecto había sido una de las plataformas electorales de ambos Gobiernos kirchneristas. Poco después de sancionada la ley, se suspendió judicialmente la aplicación del 161, que impone como límite un año desde la reglamentación para que los propietarios de los grandes medios audiovisuales enajenen activos para adaptarse a la misma; tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia,​ la ley entró completamente en vigor el 29 de octubre de 2013.​ Como consecuencia de la ley, se concedieron 1000 nuevas licencias de radio y televisión, y ha creado cerca de 100 000 puestos de trabajo.​

Argentina se encuentra en plena migración hacia la televisión digital abierta y esto, junto a la nueva ley de medios audiovisuales, dio como resultado la multiplicación de la cantidad de señales audiovisuales​​​ y espacios relacionados a la creación estatal de contenido y demás,​​ principalmente en el interior del país, donde todavía se consumen productos de la televisión de Buenos Aires.

Otros aspectos que resaltan son la aparición de varios nuevos diarios de tirada nacional​ y la despenalización de las calumnias e injurias para expresiones de interés público, tema vinculado a la libertad de expresión y la libertad de prensa.​​​​

A través de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.),​ inició un programa integral para la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento para la población de la Ciudad de Buenos Aires y 17 municipios del primer cordón del conurbano bonaerense. El plan llevado adelante por AySA implicó entre los años 2007 y 2015 una inversión ejecutada de $ 26.174 millones, 727 obras terminadas que benefician a 8 millones de personas dentro del área de concesión de la empresa. La cobertura de agua potable que en 2003 era del 71,1% de la población pasó al 82% en 2015, incorporando 3.881.047 habitantes. Mientras que la cobertura de cloacas pasó del 43,1% en 2003, al 54,4% en 2015, incorporando al servicio a 3.130.225 habitantes.​ AYSA, desde que fue nacionalizada, lleva ejecutadas obras por 26.714 millones, 727 obras terminadas, más de 8 millones de beneficiarios.​

Festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo

En la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional organizó el principal evento conmemorativo del aniversario de la Revolución de Mayo, que se desarrolló principalmente en un tramo de la más importante arteria de la ciudad, la avenida Nueve de Julio. El festejo comenzó el día 21 de mayo de 2010 y finalizó el 25 de mayo, Día del Bicentenario. Si bien la conmemoración se realizó durante todo 2010 en el país, este evento fue el único en el que se encontraron representadas las provincias y países invitados.​

Soberanía de las Islas Malvinas

Cristina Kirchner en Londres el 2 de abril de 2009 en el homenaje a los caídos en la Guerra de las Malvinas.

Fernández en un monumento a los caídos en la Guerra de Malvinas.

En lo que respecta a la soberanía de las Islas Malvinas, como los presidentes que la precedieron, Cristina Fernández ha mantenido una constante presencia en la Organización de las Naciones Unidas, quien siempre ha fallado favorable a Argentina, incluyendo a las islas entre los territorios no autónomos​ a ser descolonizados bajo supervisión de dicha organización.

Ante la escalada de tensión por la exploración petrolífera de las mismas por parte de Gran Bretaña, la presidenta respondió con una prohibición de utilizar puertos argentinos para proveer bienes a las islas Malvinas, posición apoyada por la Unasur en su conjunto. Este reclamo fue escuchado por Hillary Clinton, quién se mostró personalmente dispuesta a mediar, situación que causó desconcierto en los británicos.

Cabe mencionar que Argentina obtuvo el respaldo de la comunidad latinoamericana y el Caribe en torno a la postura de recuperar las islas mediante la vía pacífica mientras que el Reino Unido a través de los dichos de su primer ministro británico David Cameron señalaron que la soberanía de las Malvinas la deciden los mismos isleños por su derecho de autodeterminación. A pesar de la militarización del océano Atlántico Sur denunciada por el Gobierno argentino ante las Naciones Unidas, el primer ministro Cameron respondió que dicho envió de buques no es una acción de militarización de la región de las islas y el Atlántico sur, sino son partes de ejercicios rutinarios.​​

Ministerios

El miércoles 14 de noviembre de 2007, todavía en la etapa de transición, se dio a conocer el gabinete de ministros para su Gobierno. De los doce elegidos, siete ya ocupaban carteras en el Gobierno de Néstor Kirchner y cinco asumieron por primera vez un ministerio.

Jefatura de Gabinete y Ministerios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
Cartera	Titular	Período
Jefatura de Gabinete de Ministros	Alberto Fernández Sergio Massa Aníbal Fernández Juan Manuel Abal Medina Jorge Capitanich Aníbal Fernández	10 de diciembre de 2007-23 de julio de 2008 23 de julio de 2008-7 de julio de 2009 8 de julio de 2009-10 de diciembre de 2011 10 de diciembre de 2011-20 de noviembre de 2013 20 de noviembre de 2013-26 de febrero de 2015 26 de febrero de 2015-9 de diciembre de 2015
Ministerio del Interior y Transporte	Florencio Randazzo	10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	Jorge Taiana Héctor Timerman	10 de diciembre de 2007-19 de junio de 2010 22 de junio de 2010-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Defensa	Nilda Garré Arturo Puricelli Agustín Rossi	10 de diciembre de 2007-15 de diciembre de 2010 15 de diciembre de 2010-30 de mayo de 2013 30 de mayo de 2013-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	Martín Lousteau Carlos Fernández Amado Boudou Hernán Lorenzino Axel Kicillof	10 de diciembre de 2007-25 de abril de 2008 25 de abril de 2008-7 de julio de 2009 8 de julio de 2009-10 de diciembre de 2011 10 de diciembre de 2011-20 de noviembre de 2013 20 de noviembre de 2013-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Industria	Débora Giorgi	26 de noviembre de 2008-9 de diciembre de 2015​
Ministerio de Turismo	Enrique Meyer	1 de julio de 2010-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	Julio de Vido	10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Seguridad	Nilda Garré Arturo Puricelli María Cecilia Rodríguez	15 de diciembre de 2010-30 de mayo de 2013 30 de mayo de 2013-2 de diciembre de 2013 2 de diciembre de 2013-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Aníbal Fernández Julio Alak	10 de diciembre de 2007-7 de julio de 2009 8 de julio de 2009-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	Carlos Tomada	10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Salud y Ambiente	Graciela Ocaña Juan Luis Manzur Daniel Gollán	10 de diciembre de 2007-29 de junio de 2009 29 de junio de 2009-26 de febrero de 2015 26 de febrero de 2015-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Desarrollo Social	Alicia Kirchner	10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Educación	Juan Carlos Tedesco Alberto Sileoni	10 de diciembre de 2007-20 de julio de 2009 20 de julio de 2009 -9 de diciembre de 2015
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva	Lino Barañao	10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Cultura	Teresa Parodi	7 de mayo de 2014-9 de diciembre de 2015
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	Julián Domínguez Norberto Yahuar Carlos Casamiquela	1 de octubre de 2009-10 de diciembre de 2011 10 de diciembre de 2011-20 de noviembre de 2013 20 de noviembre de 2013-9 de diciembre de 2015

Secretarías de Estado del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
Cartera	Titular	Período
Secretaría General	Oscar Parrilli Aníbal Fernández Eduardo de Pedro	10 de diciembre de 2007-16 de diciembre de 2014 16 de diciembre de 2014-26 de febrero de 2015 26 de febrero de 2015-9 de diciembre de 2015
Secretaría Legal y Técnica	Carlos Zannini	10 de diciembre de 2007-9 de diciembre de 2015
Secretaría de Inteligencia del Estado	Héctor Icazuriaga Oscar Parrilli	10 de diciembre de 2007-16 de diciembre de 2014 16 de diciembre de 2014-9 de diciembre de 2015
Secretaría de Cultura (elevada a ministerio).	José Nun Jorge Coscia	10 de diciembre de 2007-8 de julio de 2009 8 de julio de 2009-7 de mayo de 2014
Sedronar	José Ramón Granero Rafael Bielsa Juan Carlos Molina Gabriel Lerner	10 de diciembre de 2007-10 de diciembre de 2011 30 de diciembre de 2011-20 de marzo de 2013 30 de noviembre de 2013-14 de mayo de 2015 19 de mayo de 2015-9 de diciembre de 2015

Polémicas y conflictos

El caso Antonini Wilson

Tres días después de asumir el mando, un fiscal federal de los Estados Unidos dijo que uno de los venezolanos acusados en el juicio de espionaje "le advirtió a Antonini que los 800 000 dólares estaban dirigidos para la campaña" electoral y había sido enviado desde Venezuela.​ El anuncio provocó una dura respuesta de la presidenta, que calificó el hecho como una «operación basura»​ proveniente de los «basurales de la política internacional», impulsado por países que, «más que países amigos, quieren países empleados y subordinados»,​ para ratificar su decisión de profundizar las relaciones de unidad con los demás países de América Latina.​ La respuesta de la presidenta significó un deterioro en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Argentina, las cuales comenzaron a recomponerse a principios de febrero de 2008 tras una reunión de la presidenta con el embajador Anthony Wayne.​

Paro agropecuario patronal

Corte de ruta de productores agropecuarios durante el paro agropecuario patronal en Argentina de 2008.

El 11 de marzo de 2008, en un contexto de fuerte aumento nacional e internacional del precio de los alimentos, influenciados por los movimientos especulativos en los mercados de materias primas de los Estados Unidos en los momentos previos a la declaración abierta de la crisis económica de 2008-2009, el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de cuatro productos y sus derivados: soja, girasol, maíz y trigo.​

La medida tenía como objetivo atenuar las oscilaciones bruscas de los precios internacionales, combatir la llamada sojización del campo argentino y preservar la «política de dólar alto».​ Adicionalmente se anunciaron incentivos para la industria lechera y una mesa de negociación para el sector de la carne bovina.

La medida significó, en lo inmediato, un incremento del 35 % al 44,1 % en promedio de la tasa de retención sobre la soja, un incremento del 32 % al 39,1 % para el girasol y reducción sobre las alícuotas al maíz del 25 % al 24,2 % y del trigo del 28 % al 27,2 % en promedio.​​

La Resolución 125 fue rechazada por las cuatro organizaciones que reúnen al sector empleador de la producción agro-ganadera en la Argentina, las que, a partir del 13 de marzo de 2008, declararon un paro patronal (lockout) con bloqueos de rutas, que se extendería durante 129 días.​

En lo político el «campo» ―como lo definieron varios medios de comunicación― era un conjunto heterogéneo con sectores históricamente enfrentados, como la Federación Agraria Argentina (que representa a los pequeños y medianos productores) y la Sociedad Rural Argentina (que representa a los terratenientes o las clases altas porteñas) y militantes trotskistas. Asimismo incluyó sectores políticos relegados durante las elecciones de 2007.​

El conflicto se agravó el 25 de marzo, cuando las patronales agroganaderas decidieron que el paro fuera «por tiempo indeterminado», hasta que el Gobierno dejara sin efecto el incremento dispuesto, y la presidenta Cristina Kirchner declaró que no negociaría hasta que el lock out fuera levantado.​ El paro afectó el comercio nacional e internacional, principalmente de alimentos y el abastecimiento de las ciudades.

El agravamiento del conflicto llevó a que miles de manifestantes en todo el país salieran a las calles tanto para oponerse como para apoyar las medidas del Gobierno. En el curso de las manifestaciones se produjeron enfrentamientos entre partidarios de ambas posiciones.​

El sistema de retenciones móviles fue modificado en tres oportunidades. En la primera, se corrigieron los defectos en las tablas de aplicación de porcentajes ya que «destruían» el mercado de futuros. En la segunda modificación se dispuso el reintegro de retenciones a los pequeños productores y, finalmente, se eliminaron las tasas marginales más altas que llegaban al 95 % de retención en caso de una subida «extrema» del precio. Incluso con estas modificaciones, el ministro Lousteau renunció. Asimismo el Gobierno decidió mantener vigente la medida a pesar de la renuncia de su autor.​​

El 17 de junio la presidenta Cristina envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto.​​

Imagen del Gobierno y la oposición

El último día de su mandato, una manifestación de apoyo y agradecimiento reunió cientos de miles de manifestantes en la Plaza de Mayo.

El paro de las patronales agropecuarias de 2008 y la derogación del sistema de retenciones móviles por el Congreso, significaron una importante caída de la imagen de Cristina Kirchner, sobre todo entre los sectores medios y altos. Debido a ello, al finalizar el conflicto, algunos medios de comunicación y políticos opositores sostuvieron que el kirchnerismo era «un cadáver político al que solamente faltaba ponerle fecha de entierro».​

Pasados unos meses y ya iniciada la crisis económica mundial de 2008, también la oposición habría alcanzado altas tasas de imagen negativa.​

A pesar de la caída de su imagen positiva, a fines de noviembre de 2008, Cristina era la candidata preferida por los argentinos ―según una encuesta realizada por Canal 26 en su página web― en la cual figura con el 32,43 % de las preferencias, seguida por Elisa Carrió con 23,67 % y Mauricio Macri con el 23,39 %.​

En febrero de 2009 la imagen negativa de la presidenta creció del 39 % al 41 %, mientras que la imagen positiva se mantuvo sin cambios en un 29 %.​ La encuesta fue realizada telefónicamente sobre una muestra de 1000 casos, entre el 3 y el 12 de febrero de 2009.​ La evolución se produjo en el contexto de la fuerte recesión global, lo que acarreó un enfriamiento de la actividad económica.​

Un sondeo de la encuestadora CEOP publicado en noviembre de 2009 ubicaba la imagen positiva de la presidenta entre el 46 % y el 52 %.​

En marzo de 2011, una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo ―publicada en los diarios Perfil​ y El Mundo (Madrid)―​ ubicó a Cristina Fernández con un 64 % de imagen positiva.

En 2009, Fernández de Kirchner fue considerada por la revista Forbes como la undécima entre las cien mujeres más poderosas del mundo.​​ Ascendió dos posiciones más con respecto al año anterior, 2008.​ En 2010 cayó al puesto número 68 en dicho ránking.​ En 2011 ascendió al puesto 17 y en 2012 volvió a ascender al puesto 16 de la misma publicación.​

Situación del vicepresidente Cobos

Daniel Scioli, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner y Julio Cobos en la campaña electoral de 2007.

El voto de desempate del entonces vicepresidente Julio Cobos en contra del proyecto de retenciones a las exportaciones agropecuarias de la presidenta, que causó el rechazo del mismo por el Congreso, llevó a una ruptura entre ambos y a un realineamiento político de un sector de los llamados radicales K, liderados por el primero, que se ubicó en la oposición mismo sin dejar de ocupar el cargo de vicepresidente.

Pocos días antes, Elisa Carrió ―una de las principales dirigentes de la oposición― había acusado a Cobos de formar parte de una conspiración golpista contra la presidenta Fernández, junto con el expresidente Eduardo Duhalde.​ El hecho produjo una situación anómala, porque por un lado Cobos se ubicó como uno de los principales referentes de la oposición al Gobierno del Cristina Kirchner, pero por otro lado, en su condición de vicepresidente, debía reemplazar a la presidenta cada vez que esta se ausentaba del país, encontrándose en condiciones de tomar en ese caso medidas contrarias a la línea política marcada por la titular del Poder Ejecutivo.

Esta última situación se produjo el 21 de septiembre de 2008, cuando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia de la Nación a causa del viaje de la presidenta a Nueva York, recibió al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, uno de los líderes opositores, y transmitió al jefe de Gabinete un reclamo financiero de Macri, con el que la presidenta discrepaba.​

Otro caso similar se produjo en ocasión de la sanción del proyecto de ley presentado por la presidenta Fernández, reestatizando el sistema de jubilaciones y pensiones que había privatizado el presidente Carlos Menem. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y, en noviembre de 2008, al momento de ser promulgado como ley por el Poder Ejecutivo, la presidenta se encontraba realizando una gira por África del Norte, razón por la cual estaba siendo reemplazada por el vicepresidente Cobos. En esa circunstancia, el partido PRO (macrismo) le pidió a Cobos que vetara la ley de la presidenta sancionada por el Congreso.​

Cristina, Néstor, Máximo y Florencia. Detrás, el vicepresidente Julio Cobos.

Esta situación, que permitía al vicepresidente dejar sin efecto decisiones tomadas por la presidenta, o tomar decisiones que la presidenta desaprobaba, generó un debate entre políticos, periodistas y especialistas. Algunos han sostenido que, por razones morales, el vicepresidente debía renunciar.​ Otros han reflexionado que la Constitución Nacional no prohíbe que el vicepresidente realice actos opuestos al presidente, y que por lo tanto está habilitado para hacerlo.​

Conflicto por el Fondo del Bicentenario

Véase también: Fondo del Bicentenario

El 14 de diciembre de 2009, Cristina Fernández creó el Fondo del Bicentenario, un fondo especial para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa, creado mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/2009.​

La intención de la presidenta Fernández fue recurrir a fondos de baja tasa de interés, con el fin de reducir la carga financiera sobre el tesoro nacional y promover la recuperación económica luego de la Crisis económica global de 2008-2009. Algunos partidos opositores criticaron la decisión, defendiendo la «independencia» o la autonomía del Banco Central,​ y actuaron en el Congreso Nacional y el Poder Judicial con el fin de dejar sin efecto la medida, dando lugar a un fuerte enfrentamiento entre los tres poderes del país. Adicionalmente, el presidente del Banco Central, Martín Redrado, decidió por su parte no cumplir con el DNU que creó el fondo, originando una seria confrontación con el Poder Ejecutivo Nacional.​

Ante la demora en la implementación del fondo, el 7 de enero de 2010, la Presidenta firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 18/2010, para destituirlo como presidente del BCRA por incumplimiento y fraude de los deberes de funcionario público.​​ Para ello, la Presidenta de la Nación convocó de urgencia a todos los ministros que integran el Gabinete Nacional, los cuales refrendaron dicho decreto de necesidad y urgencia.​​

El 29 de enero de 2010, Redrado presentó su renuncia como presidente del Banco Central de la República Argentina,​​ pero el jefe de gabinete Aníbal Fernández, aseguró que la presidenta no se la aceptaría.​

El 3 de febrero de 2010 la destitución de Redrado fue confirmada por una comisión bicameral del Congreso y asumió en su lugar Mercedes Marcó del Pont.​ Finalmente la presidenta derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, que fue luego declarado nulo por el Congreso, y mediante otro DNU creó otro fondo similar llamado Fondo del Desendeudamiento.​

Relación con la prensa

Durante el conflicto por la ley de retenciones al sector agropecuario en 2007, el Grupo Clarín había mantenido una línea editorial crítica contra Cristina. Después de que el Senado rechazara el proyecto de Ley de Retenciones, el Gobierno mantuvo un abierto enfrentamiento con el grupo de multimedios. Esto incluyó acusaciones, "escraches" y pegatinas de afiches en contra de los diarios Clarín y La Nación. Una de las primeras campañas en contra del Grupo Clarín se realizó en mayo de 2008, cuando la Juventud Kirchnerista realizó pegatinas por varias partes del país, con afiches que mostraban frases como "Clarín Miente, Clarín contamina", "TN: Todo Negativo", etc. Según el propio diario Clarín, esas pegatinas costarían unos 200 000 pesos diarios.​ En un día de abril de 2008, la Plaza del Congreso amaneció empapelada con afiches que se expresaban en contra del diario Clarín. Tenían el lema de "Clarín miente" y debajo "Moyano conducción".​

Hubo casos de periodistas que al dar críticas negativas sobre la gestión del gobierno fueron desvinculados de sus puestos, como el caso de Juan Miceli, en el estatal Canal 7.​

Después de que se aprobase la Ley de Medios Audiovisuales, la Sociedad Interamericana de Prensa —que nuclea a los empresarios de los medios más poderosos del continente americano— criticó duramente al Gobierno argentino, por actos sospechosos en contra de La Nación y Clarín; también criticó la nueva ley de medios, y comparó a Argentina con Cuba, Venezuela y Ecuador.​

En noviembre de 2009, militantes del gremio de los camioneros de Hugo Moyano, bloquearon el reparto de los diarios Clarín y La Nación (entre otros), estacionando camiones Mercedes Benz en la puerta de los establecimientos de repartición de diarios, además no dejaban salir ni entrar a los trabajadores de allí.​​

En agosto de 2010, la presidenta afirmó que enviaría al Congreso un proyecto de ley para brindar más controles a la planta productora de papel de diario Papel Prensa SA, y sobre el mercado de diarios que consumen ese insumo. Además dijo que se investigaría la adquisición de Papel Prensa, argumentando que la familia Graiver había vendido la empresa tras ser extorsionada por miembros de la última dictadura militar. Cabe destacar que estos dos diarios mantuvieron una posición a favor de la dictadura.​ El 31 de agosto de 2010, el Boletín Oficial publicó el Decreto 1210/2010, el cual dispone a la Secretaría de Derechos Humanos poner a disposición del Poder Judicial el informe Papel Prensa SA: la verdad, y que intervenga como parte querellante en las causas que resulten y en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de la firma Papel Prensa SA y de otras personas con las que aquellos tenían alguna vinculación.​ En abril de 2011 la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó como «crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa entre 1976 y 1977». Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro destacaron que «las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos».^{[cita requerida]}

Estas campañas en contra de los medios de prensa motivó que en 2010 el abogado Enrique Piragini denunciara a la jefa de Estado por "subversión institucional, discriminación y abuso de autoridad".​

Quita de subsidios

Cristina Kirchner junto a Amado Boudou en su discurso luego de ser reelecta.

El 16 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional ―a través de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Economía Amado Boudou y el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido― anunció la quita de subsidios a los consumos en agua, electricidad y gas a los barrios de ingresos altos del país.​

La aplicación de subsidios había sido impuesta de manera gradual durante la presidencia de Néstor Kirchner, como parte de un plan para aumentar de manera indirecta el salario real. Pero ya desde el comienzo de la presidencia de Cristina Kirchner la política de subsidios fue criticada por la oposición con el argumento de que beneficiaba a la clase media y la clase alta.​​​

A raíz de las críticas surgidas por la medida, el Gobierno implementó un sistema de renuncia voluntaria, que también fue criticado por medios opositores. ^{[cita requerida]}

Movilizaciones y protestas contra su gobierno

Protesta contra la presidenta en septiembre de 2012.

Algunos intelectuales y políticos opositores catalogan la gestión como de "marcado corte populista"​​​​​ haciéndose eco también algunos medios internacionales.​​​

El Gobierno fue criticado por el reparto a las provincias de los fondos coparticipables, establecido durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), existiendo provincias ―como San Luis,​ Santa Fe​ y Córdoba―​ que realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina solicitando una reparación ante lo que consideraron avasallamiento de sus derechos constitucionales por parte del Gobierno nacional. El ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni consideró que «un fallo de la Corte no resolverá la pelea por coparticipación» y que «habría que discutirlos en una mesa de negociación».​

La gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha debido enfrentar tres multitudinarias manifestaciones populares de protesta en todo el país: una denominada 13S, el 13 de septiembre de 2012,​​​ otra denominada 8N, ocurrida el 8 de noviembre de 2012,​​​​ y otra denominada 18A por el 18 de abril de 2013.​​

Las consignas y reclamos de los manifestantes fueron principalmente contra la corrupción, la inflación, la inseguridad, los presuntos avances contra la Justicia y el supuesto proyecto de modificar la Constitución para permitir una re-reelección de la presidenta.​​​​​​​

La agrupación La Solano Lima, perteneciente a la juventud del PRO, exhibió imágenes de funcionarios con trajes de presidiarios y colgando de una horca.​​

Además hubo una cuarta marcha multitudinaria de protesta, llamada 18F, el 18 de febrero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman apareció muerto.​​​​​

Ley antiterrorista

En octubre de 2011 el Poder Ejecutivo Nacional giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modificó la Ley 26.268 y que duplica las penas de los delitos de asociación ilícita cuando se los comete con el propósito de «aterrorizar a la población o de obligar a las autoridades públicas nacionales o Gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo».​

Según el periodista Reynaldo Sietecase, esta Ley 26.734 ―sancionada el 22 de diciembre de 2011― respondió al proceso regional de endurecimiento de las penas contra el terrorismo. También según el mismo autor, su sanción obedeció a la exigencia del GAFI de endurecer las penas contra el terrorismo, a la vez que se amenazó a la Argentina de ser expulsada del G-20 si no se cumplía este requisito.​​

El proyecto original fue criticado ya que dejaba al arbitrio del juez la interpretación de lo que puede ser una «finalidad terrorista». En la interpretación del principio constitucional de Legalidad, se exige que la tipificación penal sea lo menos laxa posible, por lo que el Ejecutivo introdujo un párrafo al artículo 41 quinquies en el que se establece «Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional». También dicha Ley modificó el artículo 33 del Código Procesal Penal estableciendo que solo entenderán los Jueces con competencia federal, evitando así la intervención de los jueces provinciales.​

Acusación por el caso de la AMIA y desestimación

El 13 de enero de 2015 el fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, interrumpió sus vacaciones en España para regresar a la Argentina y realizar una denuncia penal contra la presidenta Cristina Fernández, el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y otros ciudadanos argentinos, por haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán, con la supuesta intención de exculpar a los acusados iraníes del atentado. Al día siguiente, por la tarde, el fiscal fue citado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, fijando la fecha del día 19 de enero para que se presente.​ Pocas horas después, Nisman se presentó en el programa televisivo A dos voces del canal TN.​

Ese mismo día la organización Memoria Activa integrada por familiares y víctimas del atentado contra la AMIA, sostuvo que la denuncia de Nisman "ensuciaba la causa" y exigía que se procediera a iniciar el demorado juicio oral por encubrimiento del atentado contra "el ex juez (Juan José Galeano), los ex fiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia), (el ex titular de la SIDE, Jorge) Anzorreguy, (el ex titular de la DAIA, Rubén) Beraja, (Carlos) Menem, (el ex ministro del Interior Carlos) Corach y demás".​ Simultáneamente desde la agrupación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, se denunció que la denuncia de Nisman era una operación de inteligencia liderada por el exagente Jaime Stiuso, colaborador principal de Nisman que había sido despedido pocas semanas antes.​​

En la madrugada del 19 de enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza, en su departamento de Puerto Madero (Buenos Aires), horas antes de cuando debía exponer su denuncia frente a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.​​​ La causa en la que se investiga la muerte de Nisman daría lugar a una fuerte confrontación entre la exesposa de Nisman y la fiscal a cargo de la investigación.​

El 3 de febrero se confirmó el hallazgo de un escrito en el que el fiscal Nisman había redactado un pedido de detención de Cristina Fernández de Kirchner, que nunca presentó. El texto había sido escrito en junio de 2014, y ocupa al menos 26 páginas. En la foja 67, el fiscal solicita "al Sr. Magistrado" lo siguiente:

...se disponga “la detención de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, de HÉCTOR MARCOS TIMERMAN, de ANDRÉS LARROQUE (previo procesos de desafuero, remoción o juicio político, según corresponda, en virtud de sus respectivas condiciones de Presidente de la Nación, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y Diputado Nacional -arts. 53, 59, 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional)”. ​

Diez días después, el 13 de febrero de 2015, el fiscal federal Gerardo Pollicita acusó formalmente a Cristina Fernández por la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, por supuestamente haber encubierto a los sospechosos iraníes de llevar a cabo este atentado.​ La denuncia fue desestimada en primera instancia por el juez Daniel Rafecas por resolución del 26 de febrero de 2015 por entender que no había elementos suficientes para abrir una causa penal. Entre los extensos fundamentos dijo:

Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento se sostienen mínimamente. […] La primera [«Comisión de la Verdad»] porque el presunto delito nunca se cometió. Y la segunda [«baja de las notificaciones rojas de Interpol»] porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito.

Daniel Rafecas​

El 26 de marzo de 2015 la Sala I de la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia, decisión confirmada por la Cámara de Casación el 12 de mayo.

La inflación en Argentina según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) fue de alrededor del 11 % anual, aunque según consultoras privadas fue del 25,6 %.​ Uno de los puntos más criticados de la gestión de los Kirchner fue el cambio que se produjo dentro del citado organismo desde enero de 2007. La oposición política criticó los índices basándose en el ingreso de nuevos empleados al instituto y se acusó al Gobierno de ocultar los «verdaderos números» de la economía.​​ Por su parte el Fondo Monetario Internacional amenazó con sanciones si no se «corregía» el índice de precios al consumidor.​ El Gobierno defendió su posición diciendo que lo que cambió fue la metodología de relevamiento: se redujo la canasta que se utiliza como base de análisis de 818 productos a 440, eliminando artículos de lujo y servicios como castración de felinos, viajes a Cancún y servicio doméstico. Sobre este tema, el vicepresidente Amado Boudou afirmó: «Claramente [el servicio doméstico] no es parte del costo de vida [...] ¿Sabe cómo lo medían? Telefónicamente, entre tres o cuatro amigos, para ver cuánto pagaba cada uno en su casa».​

A finales de 2015 Cristina Kirchner inauguró la usina de Río Turbio, una central termoeléctrica alimentada a carbón.​ Hubo críticas por parte de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, que afirmaron que el 90 % de la energía que usa Argentina la explota gracias a combustibles fósiles, en lugar de invertir en energías renovables.​

Aumento de su patrimonio

Para 2010, Según la declaración jurada de aquel año presentada ante la Oficina Anticorrupción, el patrimonio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a 70.554.419 pesos, 15 millones más que en 2009. Según esa presentación, la riqueza acumulada junto a su marido, el fallecido Néstor Kirchner, trepó a $ 70.554.419, es decir, un 27,04% más que en 2009 cuando había declarado alrededor de 55 millones. Así, el matrimonio Kirchner multiplicó casi diez veces su fortuna desde que llegó al poder en 2003: creció 929%.​

En su última declaración jurada de 2016, Cristina Fernández aumentó un 20% su patrimonio con respecto a la de 2015, al declarar $77 millones. En 2015 había declarado $ 64 millones.​

Causas judiciales

Causa por la venta de dólares a futuro

La expresidenta fue citada por el juez federal Claudio Bonadío para prestar declaración indagatoria el 13 de abril de 2016 por supuestas irregularidades en la venta de dólares a futuro por parte del Banco Central (BCRA), dado que —según el magistrado— las mismas «no pudieron concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional». Junto a ella fueron citados varios funcionarios de su gobierno entre los que se encuentra el exministro de Economía y Finanzas Públicas Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli.​​

Tras responder por escrito, Cristina Fernández solicitó el juicio político de Bonadío ante el Consejo de la Magistratura, por el allanamiento del Banco Central para buscar información que ya había sido presentada, por enjuiciar a los responsables de la operatoria original y no a los responsables de la devaluación que generó las pérdidas para el Estado nacional, y porque el propio juez Bonadío había autorizado el pago de los dólares a futuro cuya creación —según el mismo— habría configurado un delito.​ El 5 de mayo, Cristina Fernández pidió la indagatoria al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y al director del Banco Central, Pablo Curat, por haber participado en la decisión de devaluar y de determinar el precio final de los dólares futuro tras haber celebrado contratos de dólares a futuro, con lo que habrían obtenido beneficios económicos de sus propias decisiones como funcionarios.​ Días después el fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y a Claudio Bonadío por habilitar el pago de los contratos dólar futuro incrementados tras la devaluación ordenada por el gobierno de Mauricio Macri. Según la imputación, Bonadío habría cometido «prevaricato, al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos» e incurrió en «tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad mediante la alteración de la base fáctica de la causa con el propósito de dar sustento a medidas cautelares restrictivas de la libertad».​

El 13 de mayo de 2016 el juez Bonadío procesó a la expresidenta junto a varios funcionarios de su gobierno, a pesar de que ella no figurara en la denuncia original.​ Fue procesada según el concepto de «autoría mediata» y la figura del «hombre (o la mujer) de atrás del escritorio» provenientes de la tesis jurídica «teoría del dominio del hecho», la cual fue aplicada en el pasado a otra persona que también fue titular del poder ejecutivo nacional, el dictador Jorge Rafael Videla.​​

Causa por lavado de dinero

En enero de 2015, durante la feria judicial, Stolbizer realizó una denuncia sobre una "presunta asociación ilícita fiscal" entre Lázaro Báez y Ricardo Echegaray, entonces titular de la AFIP ante el Juez Casanello, por la supuesta utilización de facturas apócrifas para evadir dinero a través de una red de empresas ubicadas en la ciudad de Bahía Blanca.​

Cristina Fernández se encuentra imputada desde el 9 de abril de 2016 por el juez federal Sebastián Casanello en el llamado caso Lázaro Báez, aparentemente a raíz de la declaración de Leonardo Fariña del día anterior. Entre los imputados se encuentra también el exministro de Planificación Julio de Vido.​​​

Causa Hotesur

En noviembre de 2014, luego de una investigación del programa Periodismo para Todos, la diputada Margarita Stolbizer presentó una denuncia penal ante el juez Claudio Bonadío para que se investiguen las irregularidades vinculadas a la empresa Hotesur S.A., el incumplimiento de normas de inscripción y publicación en la Inspección General de Justicia.​ Luego de varios allanamientos en los domicilios de la empresa, Hotesur reconoció haber incurrido en en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia.​ Stolbizer misma aclaró que no denunció a Cristina Fernández de Kirchner y que «ninguna de las faltas cometidas por la sociedad son delito».​ Sin embargo, después amplió su denuncia contra la entonces presidenta por la titularidad de acciones y un posible lavado de dinero. ​ En julio de 2015, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal apartó al juez Bonadío, haciendo lugar a un pedido de la defensa, por la parcialidad del juez y las irregularidades cometidas en la causa.​ Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la causa es «una copia de la que un año antes formularon» Elisa Carrió y Fernando Sánchez, en la cual había sido sobreseída.​

Causa Los Sauces

En abril de 2016, la diputada Margarita Stolbizer realizó otra denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por un posible lavado de dinero, falsificaciones de documentos públicos y violación de la Ley de Sociedades en la empresa Los Sauces S.A.​ Al denuncia sostenía que la empresa «habría sido usada para cobrar precios por encima de los de mercado por otros alquileres y ventas de inmuebles».​

Causa Cajas de seguridad

En junio de 2016, la diputada Margarita Stolbizer realizó otra denuncia contra la Familia Kirchner, y los acusó de ser una asociación ilícita, al punto de calificar a dicha familia como "la cabeza de la banda", vinculando a la ex presidenta como "la jefa de una organización delictiva vinculada a la obra pública".​ La diputada presentó un escrito sobre presuntas cajas de seguridad que atesoran dinero a nombre de la familia Kirchner. Stolbizer dijo que tomó conocimiento de "extraños movimientos bancarios" en las cuentas de las empresas de la familia, así como en sus cuentas personales. La diputada afirmó —recordando una vieja denuncia suya— que existen diferencias entre los depósitos a plazos fijo que informó CFK en sus declaraciones juradas con otros documentos públicos suscriptos por ella, haciendo nuevamente hincapié en la sucesión de Néstor Kirchner, donde se informaron 19 plazos fijos en 2014. Sin embargo, la expresidenta declaró ante la Oficina Anticorrupción, desde 2011 a la fecha, solo 9 plazos fijos, todos en el Banco de Santa Cruz.​ A raíz de esta denuncia, la justicia ordenó abrir las dos cajas de seguridad de Florencia Kirchner.​ Antes de que se abriesen las cajas, Cristina Fernández de Kirchner declaró que en la primera de ellas encontrarían 2 250 000 dólares, y en la segunda 2 414 000; aclaró que ambos importes correspondían a una donación para sus hijos por la sucesión por la muerte de Néstor Kirchner. Adicionalmente, denunció a la diputada Stolbizer por haber iniciado la denuncia con información de origen ilícito, que habría provenido del juzgado del juez Bonadío.​ Las cajas fueron abiertas el 14 de julio, y en ellas se encontraron exactamente los 4 664 000 dólares que había declarado Cristina Fernández de Kirchner, aunque todo el importe estaba en una sola caja.​ Junto a 800 000 dólares de una caja de ahorro que no estaba incluida en la denuncia, el contenido de la caja de seguridad fue embargado como medida preventiva por el juez Julián Ercolini.​​

Reconocimientos

Cristina Fernández de Kirchner con el Gran Collar de la Orden Nacional de la Cruz del Sur

Gran Collar de la Orden Nacional de la Cruz del Sur

El 17 de julio de 2015, con motivo de la visita de Cristina Fernández de Kirchner a Brasil por la cumbre del Mercosur, le fue otorgada por la presidenta anfitriona Dilma Rousseff el Gran Collar de la Orden Nacional de la Cruz del Sur, conferida sólo a extranjeros.​

El 28 de mayo de 2016 se inauguró en Avellaneda el «Centro Integral de los Derechos de los Niños Cristina Fernández de Kirchner», un edificio municipal ubicado en San Martín 1351 que tendrá en una de las fachadas un mural con la cara de la expresidenta. Queda a 100 metros de otra dependencia municipal que lleva el nombre de Néstor Kirchner.​

Véase también

• Kirchnerismo
• Peronismo
• Historia de la Argentina

Bibliografía

• Godio, Julio; y Robles, Alberto José (2008): El tiempo de CFK. Entre la movilización y la institucionalidad. Buenos Aires: Corregidor. ISBN 978-950-05-1767-6.
• Montenegro, Maximiliano (2011). Es la ekonomía, estúpido (primera edición). Buenos Aires: Planeta. ISBN 978-950-49-2599-6. 
• Musgrave, Richard (2000). Hacienda Pública teórica y aplicada. Universidad de Harvard (quinta edición). Boston: McGraw-Hill. ISBN 84-7615-756-8. 
• Russo, Sandra; y Guebel, Daniel (editor): La Presidenta: historia de una vida. Buenos Aires: Sudamericana, segunda edición, 2011. ISBN 978-950-07-3623-7.
• Sietecase, Reynaldo (2012). Kamikazes: los mejores peores años de la Argentina (primera edición). Buenos Aires: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara. ISBN 978-987-04-2683-7. 

Enlaces externos

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• Sitio oficial
• Senado.gov.ar (biografía de Fernández de Kirchner en el sitio del Senado de la Nación Argentina).
• Biografía por CIDOB

Predecesor: Néstor Kirchner

51.er Presidente de la Nación Argentina 2007 - 2015

Sucesor: Mauricio Macri

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