Atentado a la AMIA

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Atentado terrorista a la AMIA
AMIA Actual.JPG
Sitio donde se encontraba el edificio de la AMIA totalmente destruido por el atentado terrorista de 1994.
Lugar Calle Pasteur, 633
Buenos Aires,
Argentina Bandera de Argentina
Coordenadas 34°36′07″S 58°23′58″O / -34.60180556, -58.39944444Coordenadas: 34°36′07″S 58°23′58″O / -34.60180556, -58.39944444
Blanco(s) Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Fecha 18 de julio de 1994
9:53 am (UTC-3)
Tipo de ataque Coche bomba o explosivos escondidos en un volquete
Muertos 86 (incluyendo un atacante suicida)[1] [2]
Heridos 300+
Sospechoso(s) Hezbolá[3]
Motivo Suspensión de la transferencia de tecnología nuclear argentina a Irán[4]
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El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba[5] que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeoargentina con casi 300.000 personas, de las cuales más del 80% vive en Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina y sexta o séptima mayor del mundo.[6] [7]

En 2001 se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín.[8] El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano y APEMIA rechazó el juicio oral al considerarlo una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino.[9]

En 2003, después de 9 años de investigación, la justicia argentina, acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbolá de ejecutarlo, imputando a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas, de ser los autores.[10] [11] [12] [3] [13] [14] [15] Según la investigación del juez Galeano, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.[4]

En septiembre de 2003, uno de los imputados iraníes, el ex embajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña pero se rechazó su extradición y fue liberado.[11] Irán, como respuesta, ordenó la captura de cinco ciudadanos argentinos, Carlos Corach (Ministro del Interior), Rubén Beraja (dirigente de DAIA), Juan José Galeano (juez), Eamon Mullen y José Barbaccia (fiscales).[16]

En diciembre de 2003 el Juez Galeano fue apartado de la causa.[17] [18]

El 13 de setiembre de 2004 se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual quedó designado Alberto Nisman, la llamada Unidad Fiscal AMIA.

El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados argentinos del juicio oral.[19] También ordenó investigar a Carlos Telleldín, acusado de cobrar una recompensa de 400 mil dólares para involucrar a los policías bonaerenses. Telledín permaneció encarcelado. También ordenó inevstigar las irregularidades de algunos funcionarios y dirigentes, entre ellos el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro del interior, Carlos Corach, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el juez Juan José Galeano, por haber habilitado el pago a Telleldín, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ruben Beraja, y el comisario Jorge "Fino" Palacios.[20]

Luego se inició una nueva causa por encubrimiento contra los funcionarios que se había ordenado investigar. En noviembre de 2005 fue separado el Juez Claudio Bonadío de este juicio, acusado de falta de imparcialidad, y fue reemplazado por el Juez Ariel Lijo. [21]

En 2006 el nuevo fiscal, Alberto Nisman, luego de reexaminar toda la causa y cruzar cerca de 300 millones de llamados telefónicos, aseguró tener nuevas pruebas.[22] Entonces el nuevo juez de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplazaba al Juez Galeano, volvió a ordenar la captura de los ocho ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.[23] [24] [4] [25] [26] [27] [12] [28]

El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las decisiones de la justicia argentina, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a Mugniyah y cinco de los fugitivos iraníes, y llevarlos ante la justicia.[29] [30] Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero, pero Irán se ha negado a acatar el fallo de la justicia argentina.[31] [32] [33]

El segundo juicio fue por encubrimiento y complicidad de autoridades argentinas. Se inició el 6 de agosto de 2015, contra trece ciudadanos argentinos, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex juez de la causa AMIA Juan José Galeano, dos de los fiscales actuantes Eamon Mullen y José Barbaccia, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Isrealitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja, el ex jefe del servicio de inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex comisario de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios.

Contexto[editar]

En 1991 el presidente Carlos Menem -de ascendencia árabe y religión musulmana-, sin autorización del Congreso Nacional, ordenó la participación de Argentina en la Guerra del Golfo, enviando dos fragatas a combatir contra Irak bajo las órdenes de Estados Unidos.[34] [35]

El atentado contra la AMIA registra un antecedente inmediato que es el atentado a la embajada de Israel en Argentina, también ubicada en Buenos Aires, dinamitada con una bomba dos años antes el 17 de marzo de 1992, causando 22 muertos y más de doscientos heridos. Este atentado, por tratarse de una sede diplomática, fue investigado directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que jamás terminó la investigación ni elevó la causa a juicio.

Al año siguiente del atentado a la AMIA, fue asesinado también en un atentado terrorista el primer ministro de Israel Isaac Rabin, quien estaba llevando adelante un exitoso proceso de paz en Medio Oriente por el que recibió el Premio Nobel de la Paz, junto a Shimon Peres y el líder palestino Yasir Arafat.

El atentado y las víctimas[editar]

Frente del edificio de la AMIA reconstruido, con los nombres de 84 víctimas del atentado, sin incluir la que no fue identificada.
Bandera recordando los 6 000 000 de muertos en el holocausto judío y a los muertos en los atentados terroristas realizados en Buenos Aires de la Embajada de Israel y de la AMIA.

El 18 de julio de 1994 a las 9:53, una bomba estalló en la sede de las Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), ubicada en la calle Pasteur 633, en pleno barrio Once de la Ciudad de Buenos Aires, demoliendo el edificio y dañando seriamente los inmuebles cercanos, causando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

El atentado sacudió a la sociedad argentina y especialmente a la de Buenos Aires. Miles de personas se acercaron al lugar para colaborar con las tareas de rescate, tanto de las víctimas, como de libros, documentos y esculturas que constituían una parte importante de la memoria de la comunidad judía argentina.[36]

Hasta 2001 se había informado oficialmente que las víctimas fallecidas eran 86, a las que había que sumar otra personas más a la que se atribuía ser autora del atentado y haberse suicidado con la explosión.[37] En 2001 se descubrió que una de las supuestas víctimas, Patricio Irala, había simulado su muerte para cobrar la indemnización por medio de su esposa.[37]

Oficialmente la AMIA contabiliza 85 víctimas, pero en el listado solo menciona 84.[38] La persona fallecida adicional se trata de un varón que no fue identificado, al que se le realizó la autopsia nº 1766, que se encuentra en las fojas 208/211 del anexo de autopsias II del expediente judicial.[39]

Organizaciones de familiares[editar]

Estación de subterráneo Pasteur-Amia, a pocas cuadras del lugar del atentado. Un reloj está detenido en la hora que se produjo.

Víctimas, sus familiares y amigos, fundaron varias tres organizaciones, Memoria Activa, Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado contra la AMIA 18-J y Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), con el fin de seguir la investigación judicial, preservar la memoria y difundir información.

Estas organizaciones se presentaron como querellantes en las causas judiciales y desempeñaron un papel crucial en el descubrimiento de las operaciones ilegales realizadas por la justicia argentina y los servicios de inteligencia, para encubrir el atentado.

Investigación[editar]

La investigación inicial quedó a cargo del fiscal federal Eamón Mullen y su adjunto José Barbaccia y del juez federal Juan José Galeano.[40] La investigación de inteligencia, que ya se venía realizando desde antes del atentado, quedó en manos de Jaime Stiuso, en ese momento Jefe de Operaciones de Contrainteligencia de la SIDE, y Jorge Luis Lucas.[41] En la Policía Federal estuvo a cargo el comisario Jorge Fino Palacios.

El juez Galeano viajó a Venezuela para entrevistarse con un ex diplomático iraní de nombre Manoucher Motamer, quien le dio a Galeano los nombres de cuatro diplomáticos iraníes en Buenos Aires, a quienes señaló como los autores del atentado.[42] Motamer sería luego señalado como agente de la CIA.[40]

En 1995 se conformó una Comisión Especial Investigadora mediante la Resolución n.º 1501 de 1995 del Senado de la Nación.[43] Más tarde se conformó una Unidad Especial de Investigación que funcionaba en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos cuyo titular representaba al Poder Ejecutivo Nacional ante la Comisión Especial Investigadora, integrada por:

  • El Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina.
  • La Dirección de Terrorismo Internacional y Delitos Trasnacionales de la Secretaria de Inteligencia de Estado.
  • La División Antiterrorista de la Prefectura Naval Argentina.
  • La División Coordinación de Actividades Antiterroristas de la Dirección Nacional de Gendarmería Nacional.
  • El Departamento de Inteligencia de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.
  • La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Unidad Especial de Investigación presentó un informe en el que mostraba sus lineamientos para la investigación en los que sugerían profundizar las líneas de pesquisa que pudieran derivarse del informe de inteligencia titulado Temática: AMIA. La Conexión Internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores, confeccionado por la Secretaría de Inteligencia en el marco de la investigación del atentado.[44] [45]

Para la investigación se autorizó el acceso a la documentación de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), se ofreció una recompensa de tres millones de pesos, protección a los testigos, identidad reservada, amparo en la ley del arrepentido hasta incluso la conmutación de la pena a quien pudiera aportar información verídica para resolver el caso.[46] [47] [48]

En 2001 se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín.[49] El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano. Apemia rechazó el juicio oral y lo consideró una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino.[50]

En 2003, después de 9 años de investigación, la justicia argentina acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbolá de ejecutarlo, imputando a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de ser los autores, contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas.[51] [11] [12] [3] [52] [53] [15] Según la investigación del juez Galeano, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.[4]

Irán, como respuesta, ordenó la captura de cinco ciudadanos argentinos, Carlos Corach (Ministro del Interior), Rubén Beraja (dirigente de DAIA), Juan José Galeano (juez), Eamon Mullen y José Barbaccia (fiscales).[16]

En septiembre de 2003, uno de los imputados iraníes, el exembajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña, pero luego de ser examinado su caso, Gran Bretaña concluyó que no había pruebas para detenerlo, negándose a acatar el fallo argentino, rechazando la extradición y ordenando su liberación.[11] En diciembre de 2003 el Juez Galeano fue apartado de la causa.[54]

El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados argentinos del juicio oral.[55] También ordenó investigar a Carlos Telleldín, quien permaneció encarcelado, acusado de cobrar una recompensa de 400 mil dólares para involucrar a policías bonaerenses, y las irregularidades de algunos funcionarios y dirigentes, entre ellos el ex presidente Carlos Menem, el juez Juan José Galeano, por haber habilitado el pago a Telleldín, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ruben Beraja, y el comisario Jorge "Fino" Palacios.[20]

El 28 de junio de 2013, la Cámara Federal ordenó al juez Ariel Lijo investigar al ex ministro del Interior Carlos Corach por el encubrimiento del atentado, en relación con el pago ilegal de 400 000 dólares al acusado Carlos Telleldín y el desvío de la llamada pista siria.[56]

Hipótesis de la investigación[editar]

Monumento en memoria a las víctimas del ataque terrorista a la AMIA de 1994, ubicado en Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia. Obra de la escultora Mirta Kupfermick.

La Justicia argentina sostiene la conexión iraní y que las pruebas demuestran que el ataque fue cometido por el movimiento islámico libanés Hezbolá con el apoyo estratégico y económico del gobierno de Irán. Según la justicia, el ataque habría sido perpetrado por Ibrahim Hussein Berro, un militante de Hezbolá de 29 años que tiene una placa conmemorando su «martirio» en el sur del Líbano. Berro fue reconocido por una testigo.[57] Hezbolá niega haber tenido que ver con el atentado.[58] En 2006, el Estado argentino acusó oficialmente al gobierno de Irán por el atentado y realizó un pedido de captura internacional a Interpol para ocho exfuncionarios iraníes.[59] También se tomó en cuenta un cablegrama de la Cancillería argentina, dos meses antes del atentado, avisando a la Secretaría de Inteligencia, sobre una represalia con la que Hezbollah amenazó a Argentina por el secuestro de Moustapha Dirani en el Líbano, cuando el Sheik Fadlallah seguró que «la resistencia tiene mucho oxígeno, el enemigo ha dicho que tiene la mano muy larga pero los combatientes musulmanes han probado luego del asesinato de Abbas Mussaui, que sus manos pueden llegar a la Argentina. El frente se ha extendido a todo el mundo y la batalla se desarrollará a lo largo del tiempo».[45] [60]

Previamente, otras personas plantearon distintas hipótesis, como la conexión siria. Carlos Escudé sostuvo que fue un atentado contra el presidente Carlos Menem al cancelar el proyecto de venta de reactores nucleares a Siria y del proyecto Cóndor, que fue vendido a Egipto y que, según Escudé, habría indicios que apuntan a Siria como país planificador del atentado a la AMIA. [61] [62] [63]

También se sospecha una conexión interna con responsabilidad de la Policía Bonaerense. Hasta ahora nadie está preso por este atentado. El proceso en Argentina fue desprolijo y con numerosas idas y venidas. En el 2005 el presidente Néstor Kirchner llamó a estas investigaciones incompetentes sin resolver como una «deshonra nacional». El juez que llevaba adelante la causa, Juan José Galeano, fue destituido y dejó de investigarse la hipótesis de una conexión local que habría sido cómplice del atentado ya que involucraba a la policía de la Provincia de Buenos Aires.[64]

Artículos de WikiLeaks sugirieron que la investigación en torno al atentado estuvo fuertemente influenciada por Estados Unidos.[65]

En 2003 fue elaborado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina, con la colaboración del FBI, el Mossad y otros servicios europeos un informe donde se identificaba a un ciudadano apellidado Berro, Brru o Borro, como el atacante suicida y se afirmaba que el ingreso al país se había producido por la Triple Frontera junto con Ahmed Saad.[57] El 9 de noviembre de 2005 el fiscal Alberto Nisman dijo que habían identificado al conductor suicida como Ibrahim Hussein Berro, de 21 años. Sus investigaciones fueron puestas en duda porque nunca se identificaron los restos.[66] En el año 2005 se anunció que iba a realizarse un cotejo de ADN entre los restos encontrados en la AMIA atribuidos al conductor suicida y familiares de Berro, señalándose que en Estados Unidos era legal forzarlos a entregar material genético para la comparación.[67] sin que hasta la fecha se haya informado más al respecto.

Pedidos de captura[editar]

2014: cada año miles de personas se reúnen en el mismo día y horario en que explotó la bomba para rememorar el atentado.
2015: 21 años después miles de personas se continúan reuniendo en el mismo lugar a la misma hora para recordar a los muertos y pedir justicia.

En marzo de 2003, los fiscales Barbaccia, Mullen y Nisman y el juez Galeano pidieron la captura internacional de varios funcionarios iraníes señalados como sospechosos: Moshen Rabbani, Barat Alí Balesh Abadi, Alí Fallahijan, Alí Akbar Parvaresh y Hadi Soleimapour.[68] [69] Interpol libró las órdenes internacionales de captura.

En septiembre de 2003, uno de los imputados, el ex embajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña, pero luego de ser examinado su caso, Gran Bretaña concluyó que no había pruebas para detenerlo, negándose a acatar el fallo argentino, rechazando la extradición y ordenando su liberación.[11]

El fiscal general de Irán respondió a dicho pedido pidiendo a su vez la captura del juez Galeano y el fiscal del caso, afirmando que el pedido argentino carecía de fundamento jurídico y que se trataría de un delito ante la ley internacional.[70]

El gobierno argentino rechazó de «manera categórica» las amenazas del gobierno de Irán frente al pedido de detención internacional a través de la Interpol que pesa sobre el expresidente Ali Bahramie Rafsanjani y otros ocho cómplices sospechados de perpetrar el ataque terrorista contra la AMIA, y afirmó que las declaraciones formuladas por los funcionarios de Teherán «constituyen una injerencia en los asuntos internos de la República Argentina».[71] El exjuez Juan José Galeano respondió que la decisión de Irán de avanzar en un pedido de captura internacional contra él y contra otros funcionarios judiciales argentinos que llevan la causa por el ataque contra la AMIA —el fiscal, Alberto Nisman— le parecía «una represalia, una actitud “compadrita” e irreflexiva».[72]

El 3 de agosto del 2005, Galeano fue destituido de su cargo por la Corte Suprema de Justicia debido a las irregularidades que cometió cuando estuvo al frente de la causa. Entre otras irregularidades cabe mencionar el principal cargo en su contra: el pago secreto a Telleldín para que declarase contra policías bonaerenses en la causa. El tribunal oral absolvió a todos los acusados por el entonces magistrado y lo denunció penalmente.

El 25 de octubre de 2006 la fiscalía, con el nuevo fiscal y nuevas pruebas, volvió a acusar al gobierno de Irán y al Hezbolá como el ejecutor del atentado, solicitando al nuevo juez de la causa la renovación de los pedidos de captura, extendidos ahora a cinco funcionarios iraníes y un ciudadano libanés.[73]

El juez Rodolfo Canicoba Corral, ordenó la captura de siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.[74] [4] [75] [76] [77] [12] [78]

El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las decisiones de la justicia argentina, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar seis personas por valor acusados de participar en el ataque terrorista:[79] [80] [81]

Los juicios[editar]

Primer juicio[editar]

En 2001, luego de años de investigaciones realizadas por los fiscales federales Eamón Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman y el juez Juan José Galeano, la justicia argentina llevó finalmente a juicio a varios acusados de haber formado parte de la llamada "conexión local" que causó el atentado, entre los que se destacaban Carlos Telleldín y el comisario Juan José Ribelli.

El juicio se inició el 24 de septiembre de 2001, ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, con la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigida por Memoria Activa, a raíz de las sospechas planteadas por esa organización contra el Estado argentino.[20]

Se trató de un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín.[86] El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano. Apemia rechazó el juicio oral y lo consideró una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino.[87]

Durante el curso del juicio, la SIDE y la DAIA se opusieron a que se levantara la restricción para declarar sobre los agentes de inteligencia.[20] Al levantarse las restricciones para declarar, quedó expuesto en el juicio una amplia operación para encubrir el atentado que involucraba al Poder Ejecutivo Nacional, la SIDE, el Poder Judicial, la Policía Federal y El presidente de la DAIA.[20]

El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenando investigar por encubrimiento a los funcionarios y dirigentes que quedaron expuestos durante el juicio, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el comisario Jorge "Fino" Palacios.[20]

Segundo juicio[editar]

Luego de once años del atentado, en agosto de 2015 comenzó el segundo juicio, esta vez contra trece personas procesadas por el fiscal Alberto Nisman por participación y encubrimiento del atentado a la AMIA, relacionados con la "conexión local":[88] [89]

Se los acusa de presionar indebidamente a funcionarios, encubrimiento, falsedad ideológica de documento público, violación de medios de prueba, abuso de autoridad, peculado, ofrecer sobornos, posible fabricación de pruebas, compartir información sensible con sospechosos, coacción y privación abusiva de la libertad agravada.

El juicio es dirigido y será sentenciado por el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel. En total actúan treinta y una querellas unificadas en seis cabezas: Memoria Activa (Asociación de amigos y familiares de las víctimas), 18J (Asociación de familiares), Apemia (Asociación de familiares), AMIA-DAIA, policías bonaerenses, Unidad AMIA (Estado argentino).[89] Las audiencias se realizan todos los martes y jueves, de 9:30 a 17:00.[89]

Denuncia contra Argentina en la CIDH[editar]

En 2003 Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acusaron al juez Juan José Galeano y al estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la pérdida y destrucción de pruebas relevantes.[90]

El caso finalizó en 2005 con el reconocimiento formal del Estado argentino de su responsabilidad por la ausencia de medidas de prevención y el encubrimiento posterior del atentado contra la AMIA, reconocimiento formalizado por Decreto 81/2005 del presidente Néstor Kirchner.[91]

Denuncia contra Irán en las Naciones Unidas[editar]

El 25 de septiembre de 2007 el presidente de Argentina Néstor Kirchner denunció a Irán por su falta de colaboración para esclarecer el atentado en la AMIA, ante la 62.ª Asamblea General de las Naciones Unidas:

Esperamos que la República Islámica de Irán acepte y respete la decisión de la Justicia y colabore eficazmente... Estamos pidiendo que Irán cumpla. Nada más, pero tampoco nada menos... Hasta hoy lamentablemente La República Islámica de Irán no ha brindado una total colaboración pedida por la Justicia argentina para el esclarecimiento del hecho.[92]

La denuncia fue duramente respondida por Irán a través del portavoz de su cancillería, Mohamed Ali Hoseini.

Otras acusaciones[editar]

Todos somos AMIA

El 24 de mayo de 2013, dos de los sospechosos iraníes acusados de planificar el atentado a la AMIA, Mohsén Rezaí y Alí Akbar Velayatí, fueron anunciados como candidatos para las elecciones presidenciales iraníes.[93] [94] [95] En mayo de 2013, el fiscal Alberto Nisman emitió un nuevo dictamen con más de 500 páginas acusando a Irán de infiltrarse en Sudamérica para establecer redes de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. También atribuyó al ex agregado cultural iraní en la Argentina, Moshen Rabbani, acusado por el ataque a la AMIA, la coordinación de la penetración en Sudamérica y especialmente en Guyana a través de su discípulo Abdul Kadir, quien fue sentenciado en 2010 a prisión perpetua por su responsabilidad en el frustrado atentado al aeropuerto de Nueva York. Respecto del ataque a la AMIA, Nisman reafirmó que no fue un hecho aislado, sino que fue «un engranaje, una parte de un entramado mucho mayor, dominado por una fuerte penetración iraní en la región».[96] [97] [98]

Acuerdo Argentina-Irán y Comisión por la verdad[editar]

El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner confirmó que firmó con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán que incluía la creación de una Comisión de la Verdad con el objetivo de «avanzar en la investigación del atentado». El acuerdo contemplaba la creación de una comisión integrada por «cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional» y además señalaba que los mismos «no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países». El acuerdo quedaría firme una vez que sea aprobado tanto por el Poder Legislativo argentino como por el Parlamento iraní.[99] [100] A partir de eso el gobierno reflotó la pista siria poniendo en duda la investigación el fiscal Nisman.

La comunidad judía se opuso firmemente a través de sus dos principales entidades judías argentinas, la AMIA y la [[DAIA], y llevó el caso a los tribunales.[101] [102] [103] [104] [105] La primera reacción de la agrupación Memoria Activa fue de rechazó pero después de una reunión con Héctor Timerman, cambiaron de opinión y lo apoyaron a pesar de que antes habían negado la posibilidad de la existencia de un pacto con Irán y habían tratado de mentiroso al periodista José Eliaschev al denunciarlo.[106] Sergio Burstein, de la Agrupación 18J (Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas), quien había sido excluido de los actos de la AMIA por su cercanía con el gobierno kirchnerista y sus críticas a dirigentes de la comunidad judía, apoyó el acuerdo desde el principio firmemente.[107] [108] Ambos grupos vieron con optimismo el acuerdo, aunque la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, reconoció que tenía muchas dudas de que el acuerdo sirviera para algo y afirmó que el memorándum no era lo que ellos hubiesen querido porque decía que los ciudadanos iraníes serían indagados y no interrogados.[109]

El acuerdo entre Irán y Argentina provocó una intensa polémica en la Argentina,[110] [111] [112] [113] [114] dentro de la comunidad judía,[115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] y tuvo repercusión internacional.[125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133]

La comunidad judía, a través de sus organizaciones representativas, la DAIA y la AMIA, decidió llevar el caso a los tribunales solicitando una acción de amparo.[134] [135] El fiscal de la causa AMIA, Nisman, también. El juez de la causa Canicoba Corral resolvió que el tratado era válido. El 21 de febrero de 2013 la Cámara de Senadores ratificó el memorándum y el 27 de febrero de 2013 hizo lo propio la Cámara de Diputados.

En mayo de 2014, la Cámara Federal declaró inconstitucional el memorándum.[136]

El 18 de julio de 2014, al cumplirse 20 años del atentado, en un acto multitudinario, el vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, reclamó nuevamente la derogación del memorándum de entendimiento Argentina-Irán y exigió medidas concretas para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado.[137]

El 11 de diciembre de 2015, se confirmó que la nueva gestión del Presidente recientemente electo Mauricio Macri dejaría caer el trámite que buscaba revocar la inconstitucionalidad de aquel pacto. Con esta decisión, el Memorándum con Irán ya no tendrá vigencia para ser aplicado. [138] Este hecho fue celebrado tanto por la comunidad judía como oficialmente por el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. [139]

Muerte del fiscal de la causa del atentado a la AMIA[editar]

2015: el nombre del fiscal agregado a la lista de los mártires asesinados en el atentado en el frente de la AMIA
2016: conmemoración por un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman en la que una multitud pide justicia por el atentado a la AMIA y por el esclarecimiento de la muerte del fiscal.

El 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, denunció a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner por «decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán», junto al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y al piquetero Luis D'Elía, y pidió la indagatoria de todos ellos.[140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] El gobierno negó terminantemente las acusaciones.

El lunes 19 de enero de 2015 Natalio Alberto Nisman, debía presentarse ante el Congreso Nacional para presentar las supuestas evidencias, entre las que se encontraban escuchas telefónicas, pero el mismo día, a primeras horas de la madrugada, apareció muerto de un tiro calibre 22. Las hipótesis que se evalúan son suicidio, suicidio inducido o asesinato.[147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] La muerte del fiscal Alberto Nisman generó manifestaciones multitudinarias en todo el país.

El 13 de febrero de 2015 el fiscal federal Gerardo Pollicita, imputó a Cristina Fernández por la denuncia presentada por Alberto Nisman, por supuestamente encubrir a los sospechosos iraníes de llevar a cabo este atentado.[154] La denuncia fue rechazada por el juez Daniel Rafecas por resolución del 26 de febrero de 2015 por entender que no había elementos suficientes para abrir una causa penal.[155]

En diciembre de 2015 se dio a conocer la grabación de un audio entre el canciller argentino, Héctor Timerman y el dirigente de la AMIA, Guillermo Berger, en el cual el canciller presionaba al dirigente judío para que aceptara las negociaciones con Irán y no siguiera emitiendo comunicados cuestionando el memorándum.[156] En el mismo se escucha a Timerman reconocer que fue Irán la responsable del atentado a la AMIA.[157] [158] [159] [160] [161] [162] El ex canciller fue denunciado por el abogado Santiago Dupuy por traición a la patria y encubrimiento y el fiscal Eduardo Taiano pidió investigarlo. Timerman quedó imputado por haber reconocido la responsabilidad iraní en el atentado y, a pesar de saber eso, haber pactado con el gobierno iraní en el que eran funcionarios los mismos acusados.[163] [164] [165]

El 18 de enero de 2016, 22 años después del atentado terrorista y todavía sin ninguna persona condenada o encarcelada, se realizó una conmemoración al cumplirse un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman en la que una multitud pidió justicia por el atentado a la AMIA y por el esclarecimiento de la muerte del fiscal, que es considerado el muerto número 86 producto del atentado.[166] [167] [168]

El 26 de febrero de 2016 el fiscal Ricardo Sáenz declaró que la muerte de Nisman fue un homicidio y pidió que la causa sea trasladada a la justicia federal. [169] En febrero de 2016 la Jueza de la causa, Fabiana Palmaghini, se declaró incompetente.[170] La causa pasó al fuero federal.[171]

Desde la muerte de Nisman, la Unidad Fiscal AMIA está a cargo de Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini.[172]

Véase también[editar]

Referencias en la cultura popular[editar]

Referencias[editar]

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Enlaces externos[editar]