Conflicto armado interno de Colombia entre 1990 y 2002

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Conflicto armado interno de Colombia entre 1990 y 2002
Parte de Conflicto armado interno de Colombia
Fecha 1990-2002
Lugar ColombiaFlag of Colombia.svg Colombia
Conflicto

Conflicto militar en Colombia, cuyas partes son el gobierno colombiano, los grupos guerrilleros de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha

Resultado En desarrollo
Beligerantes
Grupos paramilitares
Grupos paramilitares y de contraguerrillas
Bandera de Colombia
Gobierno de Colombia
Grupos guerrilleros
  • Flag of ELN.svg ELN(1964)
  • Flag of the FARC-EP.svg FARC-EP (1966)
  • EPLflag.png EPL (1967)
  • Flag of M-19.svg M-19 (1974)
  • El Conflicto armado interno de Colombia entre 1990 y 2002 es la tercera etapa del Conflicto armado interno de Colombia entre los años de 1990 y 2002, comprendiendo los gobiernos de César Gaviria(1990-1994), Ernesto Samper(1994-1998) y Andrés Pastrana(1998-2002). En este periodo a pesar de las desmovilizaciones de los grupos guerrilleros M-19, MA Quintín Lame, PRT y del 95% del EPL, las conversaciones en distintos periodos con las FARC-EP y el ELN,y la elaboración de la nueva Constitución Política de Colombia en 1991, se escalona la violencia debido a la guerra contra el narcotráfico (Carteles de Medellín y Cali), la creación de las Convivir, que en 1998 pasarían a ser las AUC, y el fortalecimiento y expansión territorial de las FARC-EP y el ELN. También se presentan los asesinatos de excombatientes, periodistas como Jaime Garzón, líderes políticos como Álvaro Gómez Hurtado y continuaría el genocidio de la Unión Patriótica, el secuestro de políticos, figuras públicas y miembros de la fuerza pública, atentados terroristas, masacres y un incremento del desplazamiento interno.

    Gobierno de César Gaviria (1990-1994)[editar]

    La estrategia del gobierno Barco que le dio cabida en la sociedad civil a la guerrilla del M-19, dejó empero sin concluir las negociaciones para la desmovilización y reinserción de tres grupos armados menores que se habían acogido a ella: el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame. Movimientos que al momento del cambio de mandatario en agosto de 1990, hacían parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar junto a las FARC y el ELN. El gobierno de César Gaviria, elegido en las presidenciales de 1990 al recibir las banderas del asesinado candidato liberal Luis Carlos Galán por parte de su hijo Juan Manuel Galán, retomó las negociaciones garantizando las ofertas ya pactadas, que consistían en reincorporar los miembros de dichas organizaciones a la vida civil en condición de actores políticos y la implementación de planes de desarrollo a través del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) para las regiones que se hallaban bajo su influencia, aprovechó la decisión ya tomada de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para presionar a los insurgentes a desmovilizarse rápidamente si querían participar en ella, y concretar la firma de los acuerdos finales sin contemplar reformas al sistema vigente, pues ya habría lugar a ello en la Constituyente; pero con el compromiso, que efectivamente se cumplió, de financiar una comisión especial que se encargara de analizar las causas de la violencia en las zonas de actividad del EPL y el Quintín Lame. En acatamiento de lo así dispuesto, las 3 organizaciones depusieron sus armas entre enero y mayo de 1991, cesando las hostilidades unos 2.300 guerrilleros. En el caso del EPL, que tenía en 1990 16 frentes de guerra, una ruptura interna entre el ala más dura, comandada por Francisco Caraballo, y la aperturista de Bernardo Gutiérrez (antiguo integrante de las FARC) marcó el proceso de desmovilización de esta guerrilla. Caraballo continuó en armas con algo más de 100 hombres, pero el grueso de la organización se acogió a los términos del acuerdo de paz con el gobierno.[1]

    Aparte de un proceso de paz inconcluso, Gaviria heredó la “guerra contra el narcotráfico” con la que su predecesor había pretendido reducir al Cartel de Medellín y su red de sicarios, enemigos declarados del Estado. Aunque durante su campaña presidencial había demostrado total respaldo tanto a la ofensiva como a las medidas tomadas por el primer mandatario, entre ellas la más temida por los narcoterroristas, que era la extradición por vía administrativa; una vez posesionado dejó entrever que el elevado costo económico y humano de esta guerra ameritaba la búsqueda de una salida alterna en la que el fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave.

    Las FARC y el ELN continúan el belicismo[editar]

    En contra de las expectativas de quienes consideraban que el éxito de tales negociaciones incidiría en atraer hacia la concertación democrática a los 2 principales grupos rebeldes, estos se mantuvieron remisos a cualquier acercamiento y continuaron con sus acciones bélicas. Las Farc, bajo el mando único de Manuel Marulanda tras la muerte de “Jacobo Arenas” en agosto del 90, y el ELN, se entregaron a una ronda de ataques que se saldó con la muerte de 56 uniformados y 30 civiles entre el 16 de septiembre y el 9 de diciembre de 1990. El 10 de noviembre, en el curso del más importante golpe de la subversión, fueron asaltadas simultáneamente la base militar de Taraza y el cuartel de la policía en Cáceres (Antioquia). 9 efectivos del gobierno, incluyendo al Teniente Coronel del Batallón Girardot, Jaime Fajardo Cifuentes fueron asesinados y 16 quedaron heridos.[2][3]

    El 9 de diciembre, día que coincidía con las elecciones para la Constituyente, 640 hombres del Ejército se tomaron “Casa Verde”, sede del secretariado de las FARC en La Uribe, inmensa área campamentaria ocupada por no menos de 800 subversivos. El bombardeo de aviones seguido del desembarco de las tropas aerotransportadas encontró una feroz resistencia. Un Bell 212 fue derribado y sus 4 tripulantes perdieron la vida. Tras varias jornadas de sangrientos combates los militares aseguraron el área a costa de 19 muertos propios, dando de baja al menos a medio centenar de guerrilleros. Pero el objetivo principal de la operación no fue alcanzado, pues la cúpula de las FARC logró replegarse incólume y más bien desató en respuesta, una serie de atentados.[4][5][6]​ Finalmente, el año terminó con 364 uniformados muertos a manos de la subversión y 93 más secuestrados, agregando a estas cifras los cerca de 300 agentes de policía ultimados por órdenes del Cartel de Medellín.[cita requerida]

    El gobierno justificó el operativo militar como un acto de soberanía interna dado como respuesta a los continuos ataques de una organización que mostraba nulos deseos de paz. Como lo expresó el Consejero para la paz, Jesús Antonio Bejarano, era el anticipo de una nueva estrategia de paz en la que “el diálogo y la acción militar no se excluyen”.

    Pero las FARC golpearon primero. El 2 de enero de 1991 como anticipo de lo que vendría luego, 12 agentes antinarcóticos son masacrados entre Ciénaga (Magdalena) y Santa Marta, y el 8 del mismo mes, el cerro Girasol en Mesetas (Meta), es tomado por Víctor Julio Suárez, alias el ‘Mono Jojoy’ en represalia a la destrucción de Casa Verde. Guarnecido por 41 soldados, 2 de ellos mueren y 17 son hechos prisioneros en el asalto, que también le cuesta la vida a 30 subversivos.[7]​ Seguidamente, en febrero, las guerrillas iniciaron una escalada terrorista contra las tropas del gobierno y la infraestructura económica; oleada que por su extensión (seis meses) y su número de acciones se constituiría como la más grande en la historia de este grupo armado. En este marco arreciaron todos los ataques contra la fuerza pública, entre ellos los asaltos a bases militares, los hostigamientos, los sabotajes a instalaciones, las emboscadas a patrullas y los golpes urbanos. De 169 hechos de este tipo en 1990 se pasó a 425 en 1991, representando ello un incremento del 151 %. Al finalizar el año, 416 uniformados habían sido asesinados y otros 276 habían sido capturados.[cita requerida]

    La reacción contrainsurgente del Ejército también fue durísima y en el transcurso de 1991 se lanzaron una serie de masivas ofensivas aéreo-terrestres en todo el país; 9 operaciones en total: Neptuno, Oro Negro, Apolo, Dignidad (en Antioquia), Saturno (en septiembre de 1991 en la serranía de La Macarena y el Caquetá), Luz Blanca, Reconquista y Destrucción. 14 frentes de las FARC y 16 del ELN, sufrieron contundentes golpes: 639 guerrilleros fueron dados de baja, 438 son capturados, y 106 campamentos quedaron destruidos. Sin embargo, también se multiplicaron los abusos de la Fuerza Pública, que en el curso de ese mismo año cometió dos violentas masacres en el Cauca: la primera en Los Uvos el 7 de abril de 1991 que le costo la vida a 17 campesinos; y la segunda en la Hacienda El Nilo de Caloto, donde caen asesinados por la Policía 21 indígenas (16 de diciembre).[8][9]

    La estrategia de orden público y el “revolcón militar”[editar]

    En plena coincidencia con la propuesta del presidente Gaviria en su propio proyecto de reforma institucional, la nueva Constitución reemplazó la figura autoritaria de Estado de Sitio por la de Estado de Conmoción Interior, con la necesidad de poder limitar la autonomía que la primera le concedía a los militares en el manejo del orden público. Sin embargo, por decisión unánime, los constituyentes dejaron por fuera de los debates otros importantes asuntos referentes a las Fuerzas Armadas, entre ellos el fuero castrense y la reforma de las instituciones de seguridad, dejando estos temas en manos del Ejecutivo.

    El número de homicidios había alcanzado en este momento su punto cumbre: de 24.304 asesinatos en 1990 se pasó a 28 280 en 1991, con una tasa de 81 homicidios por cada 100 000 habitantes. Medellín, con 8954 crímenes, alcanzó el récord de 381 por 100 000. Por lo tanto. apareció a la luz pública en mayo de 1991 “La Estrategia Nacional Contra la Violencia”, un documento que formulaba una política para afrontar el Conflicto interno con base en tres objetivos: Garantizar el monopolio del uso de la fuerza por parte de las instituciones armadas gubernamentales; recuperar la capacidad de la justicia para sancionar el delito y combatir la impunidad; y ampliar el cubrimiento institucional del Estado en todo el territorio nacional.

    La novedad de la estrategia esbozada consistía en que, contrario a la regla heredada del Frente Nacional, depositaba en el Ejecutivo y en su ministro de defensa (un civil) la responsabilidad del diseño general de los planes de seguridad, así como su financiación y en las fuerzas militares las decisiones estrictamente operativas, en el marco de su “acción legítima contra la subversión”. En concordancia con esta filosofía, en agosto de 1991 el presidente colocó en el Ministerio de Defensa a Rafael Pardo, reconocido gestor de paz de la administración Barco y hasta entonces Consejero para la Defensa y la Seguridad, en reemplazo del General Oscar Botero. Aunque el relevo de mando se llevó a cabo en los términos más cordiales, algunos oficiales en retiro criticaron la medida, tomada en plenas negociaciones con la Coordinadora Guerrillera. Sin embargo, entre las facultades otorgadas a Pardo no figuraban ni la supervisión de las operaciones ni el control de las cortes militares. También en el marco ofrecido por la Estrategia Nacional Contra la Violencia, se llevaron a cabo la reestructuración de la Policía Nacional (Ley 62 de 1993), complementada con un nuevo Estatuto de Policía (Artículo 34 de la ley 62), y la modernización de las Fuerzas Armadas. Tanto en una como en otra institución se mejoraron los salarios y en consideración a las denuncias, nacionales e internacionales, que vinculaban a algunas unidades militares a graves violaciones del Derecho internacional humanitario, se introdujeron cursos de instrucción de esta materia en ambos organismos de seguridad.

    Por otra parte, para racionalizar y definir adecuadamente el gasto público asignado a la Defensa en el Plan Nacional de Desarrollo, se creó la Unidad de Justicia y Seguridad, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del Ejército en el marco de una guerra irregular que exigía considerables esfuerzos ofensivos para neutralizar al enemigo, se importó material bélico de dotación por casi USD$500 millones de dólares, se crearon 21 nuevas unidades contraguerrillas así como las Brigadas móviles 1 y 2, integradas por soldados profesionales cuyo número pasó de 2000 en 1990 a 15 000 en 1993. La inteligencia militar o sexta arma se reorganizó en 1991 con ayuda de una comisión asesora de los Estados Unidos y para su debido funcionamiento se destinaron cuantiosos recursos a partir de 1992 y especialmente en 1993, cuando se diseñó una campaña de delación de guerrilleros y criminales que operaba por medio de recompensas en dinero. En noviembre de ese mismo año entró a operar la segunda fase, llamada “Seguridad de la Gente”, de la Estrategia Nacional Contra la Violencia, que enfatizaba en la seguridad de la ciudadanía, de la que eran responsables las fuerzas del orden. Con esto concluyó la reforma a las Fuerzas Armadas o “revolcón militar”.

    Empero todas las medidas adoptadas, la dinámica de la violencia solo había sufrido disminución casi imperceptible: 28.225 homicidios en 1992 y 28.048 en 1993.

    El fracaso de Caracas y Tlaxcala[editar]

    El escalamiento progresivo del conflicto, terminó por abrir de nuevo la posibilidad de dialogar con la Coordinadora. Primero en Caracas, Venezuela (3 de junio a 30 de septiembre de 1991), y luego en Tlaxcala, México (del 10 de marzo al 4 de mayo de 1992), los representantes de ambos bandos intentaron infructuosamente llegar a un acuerdo. Pero el irrespeto a las exigencias mutuas que condicionaban los diálogos, cese de hostilidades por parte de las guerrillas, y renuencia del gobierno a discutir la agenda suscrita al comienzo de las conversaciones en el orden que pedían los insurgentes, condujeron las deliberaciones a un punto muerto y al encarnizamiento del conflicto. La muerte en cautiverio del exministro Argelino Duran Quintero, sería el golpe de gracia que terminaría de hundir el proceso.[cita requerida] El cierre de las conversaciones en Tlaxcala, iba a traer sus consecuencias inmediatamente. En otra violenta oleada que se prolongó por mayo y junio de 1992, un centenar de personas resultaron muertas: 70 guerrilleros y 30 uniformados.[10]​ Uno de los hechos más sangrientos se desencadenó el 23 de mayo, cuando unos 650 irregulares que se dirigían a Dabeiba (Antioquia), emboscaron y mataron a 15 militares que les salieron al paso en el Cañón de la Llorona. Los posteriores bombardeos y ametrallamientos, más una operación rastrillo por tierra dejó una treintena de bajas entre las filas de la subversión.[10]

    En este punto, pese a los esfuerzos de un gobierno que multiplicó los recursos del sector defensa y reclutó miles de nuevas tropas, las guerrillas continuaron su expansión: la insurgencia contaba con 16 000 hombres y cerca de $50 000 millones de pesos al año —producto del secuestro y la extorsión a ganaderos, industriales y contratistas del sector petrolero—, para hacerle frente al Estado. En consecuencia, la situación de orden público se agravó en el segundo semestre de 1992: el 14 de agosto, 7 agentes de policía fueron asesinados cerca al Aeropuerto Cravo Norte en Arauca y el 5 de septiembre siguiente en una serie de emboscadas perecieron 15 uniformados más, 9 de ellos en el perímetro urbano de Villavicencio.[11]

    El 31 de octubre debían reanudarse las conversaciones entre ambos bandos, pero nuevamente la estrategia de guerrilla de golpear sobre el terreno, hizo abortar esta última tentativa de acercamiento mutuo. En octubre fueron ejecutados decenas de ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública, los oleoductos, las vías de comunicación y las torres de energía en respuesta a la muerte en combate del comandante de las FARC, Rigoberto Lozada Perdomo alias ‘Joselo’, uno de los fundadores de la organización.[12]​ A punta de terrorismo también fue paralizado el transporte en Putumayo, y hubo retaliaciones contra la población civil en amplias regiones del país. El 20 de ese mes, 9 soldados murieron en Las Mirlas cerca de Barrancabermeja. Gaviria respondió entonces descartando el inicio de nuevas negociaciones, declarando con ello que el conflicto se iba a desarrollar a partir de ese momento en el plano estrictamente militar. Las FARC se encargaron de corroborarlo, el 7 de noviembre, cuando no menos de 300 insurgentes asesinaron a 26 policías que custodiaban un tramo de oleoducto en Churuyaco, departamento del Putumayo.[13]​ El Ejecutivo se vio obligado a decretar por segunda vez el Estado de Conmoción Interior y llamó a calificar servicios a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para conformar una línea de mando.

    Ofensivas guerrilleras[editar]

    La actitud refractaria de la guerrilla al diálogo con el Estado, sumado a sus tácticas progresivamente más terroristas les desprestigiaron ante la opinión pública. No obstante, las cifras de sus ataques demostraban un poderío que hacía imposible someterlos por la vía armada en los 18 meses anunciados por el Ministro de Defensa Rafael Pardo, luego de las medidas que se tomaron para fortalecer las Fuerzas del Estado. 2110 acciones bélicas de las FARC y 1764 del ELN, entre 1990 y 1994, más 337 atentados cometidos en el mismo periodo contra la infraestructura petrolera (principalmente por el segundo grupo), causaron innumerables pérdidas humanas y materiales. Solamente Ecopetrol reportó en 1994 daños por un valor de $7700 millones.[cita requerida]

    Asimismo, la decisión de gravar a los gremios con un impuesto de guerra destinado a incrementar los efectivos militares y los primeros efectos palpables de la política económica del gobierno en materia de apertura y privatizaciones, desataron dos nuevas ofensivas nacionales por parte de las guerrillas.[cita requerida]

    Luis Edgar Devia Silva alias ‘Raúl Reyes’, abatido el 1 de marzo de 2008.

    En abril de 1993, las FARC celebraron su Octava Conferencia. En ella reajustaron su Plan Estratégico, adaptándolo a la coyuntura más favorable ahora para pasar a la guerra de movimientos, movilizando para ello los Bloques de frentes y los Comandos Conjuntos. Se diseñaron también las normas de funcionamiento de los Estados Mayores y se conformó un Comando general encargado de dirigir la ofensiva insurgente. Se ordenó además a los Frentes operar en Compañías móviles de combate. Se terminaron de consolidar así 5 Bloques guerrilleros y 2 comandos conjuntos: el oriental (Víctor Julio Suárez “Mono Jojoy”) en Meta, Guaviare, Cundinamarca, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía y Vaupés; el sur (Luis Edgar Devia “Raúl Reyes”) en el oriente de Nariño, Caquetá, Putumayo, la Bota Caucana, el sur y oriente del Huila; el Magdalena Medio (Rodrigo Londoño Echeverri “Timochenko”) en Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, nordeste antioqueño y parte de Boyacá; el Norte en Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Guajira y César; el Noroccidental o José María Córdoba (Luciano Marín Arango “Iván Márquez”) el más potente en ese momento, en Antioquia, Córdoba, Choco y parte del Eje Cafetero; el central en Tolima, norte y occidente del Huila, más Quindío; y el sur-occidental (Guillermo León Sáenz “Alfonso Cano”) en Valle, Cauca y Nariño. Por último el secretariado formuló la “plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”, documento de 10 puntos en donde se precisaba su nuevo modelo de Estado. Entre otras cosas proponían la realización de profundas reformas a las instituciones y a la justicia, la implementación de mecanismos de control popular, la transformación de las FF.MM bajo una nueva doctrina bolivariana de defensa nacional, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, la asignación de un 50 % del presupuesto a gastos sociales y de otro 10 % a la investigación científica.[cita requerida]

    Entonces llega la ofensiva del “Septiembre Negro” tras varios meses de un aparente cese de hostilidades. El 28 de agosto de 1993, en La Regadera, a 58 km de Bogotá, 13 policías son muertos en una emboscada y solo 4 días después el 2 de septiembre en la Vía Carolina del Príncipe-Santa Rosa de Osos (Antioquia) las víctimas son 14 soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, ultimados con cargas explosivas.[14]​ Paralelamente, en Mutata otros 3 uniformados son dados de baja. El ELN también multiplica sus acciones: el 17 de diciembre un feroz combate en Guican (Boyacá) enfrenta a una patrulla de 30 soldados con 160 guerrilleros del Frente Domingo Laín. Catorce militares y diez subversivos mueren.[15][16]​ No obstante, 1993 termina con una ligera disminución en la tasa de bajas de la fuerza pública, respecto al año inmediatamente anterior: de 481 fatalidades en 1992 se pasa a 454.[cita requerida]

    En julio de 1994, como “Despedida al gobierno Gaviria”, la coordinadora emprende otra serie de ataques. Previamente la administración Gaviria se había anotado tres grandes victorias sobre la subversión con las capturas de Gerardo Bermúdez, alias ‘Francisco Galán’, y Carlos Arturo Velandia Jagua, alias ‘Felipe Torres’, ambos miembros del Comando Central (COCE) del ELN, además de la captura de Francisco Caraballo, jefe máximo de la facción no desmovilizada del EPL en junio de 1994. Pero ello no había repercutido en unas FARC, cada vez más fortalecidas gracias a los recursos de la coca. El 15 de julio, al menos 300 guerrilleros del Bloque sur asaltaron una estación de bombeo de Ecopetrol en Guamuez, zona rural de Orito (Putumayo). Los 29 soldados que la guarnecían fueron sorprendidos en medio de la noche y 17 de ellos murieron.[17]​ El 19 fue asesinado en Villavicencio el Mayor General Carlos Julio Gil Coronado, comandante de la IV División del Ejército[18]​ y fueron tomadas simultáneamente las poblaciones de La Calera, Chuza y Pasca así como el cerro Cruz Verde, cerca a Bogotá. El Putumayo quedó paralizado por un paro armado y poco después del 22 al 24 de julio, unas jornadas bélicas que se extendieron por Bogotá, Antioquia, Cauca, Santander, Norte de Santander, Sucre, Arauca y Tolima, culminaron con 13 militares, 6 policías, 1 civil y 70 irregulares muertos.[19]​ En Dabeiba una vez más, perdieron la vida 10 miembros de la Brigada XVII[20]​ y en el sector bogotano de Ciudad Bolívar, fue hostigado un centro de atención inmediata.[19]​ Ya en agosto, y mostrando los dientes al nuevo presidente, siguió la ofensiva: el día 9, fue copado un cuartel policial en Cartagena del Chaira (Caquetá), con un saldo de 4 muertos y 5 secuestrados; el 16 en una emboscada a una patrulla antinarcóticos entre Toribio y Tacueyo, perecieron 6 policiales; y el 18, el ELN masacró a 8 militares y 11 civiles al incinerar un bus en Tado, Choco.[21]​ Evidenciando el encarnizamiento de la guerra y el giro que estaba tomando la situación de orden público, el año terminaría con 571 uniformados dados de baja, superando por primera vez la línea del medio millar.[cita requerida]

    Pese a la violencia imperante en las postrimeras de la administración Gaviria, decenas de milicianos de Medellín se acogieron a la paz, camino que siguieron la Corriente de Renovación Socialista y el Frente Francisco Garnica del EPL. A su vez, la fracción del EPL, comandada por Caraballo, capturado recientemente, se dislocaba al no contar con un mando claro y terminaría por desbandarse 2 años después. No obstante, la política de desmovilización resultó magra en sus resultados, exceptuando tal vez al Quintín Lame y las milicias urbanas. Al menos 600 antiguos militantes del EPL, 400 de ellos solo en Urabá, fueron asesinados por las FARC y por sus correligionarios que no se entregaron. Una gran parte de los que no perecieron, empujados por la persecución de la cual eran víctimas, se enrolaron con los parailitares y constituirían más tarde el núcleo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el más aleve de estos hechos, miembros del V Frente dieron muerte el 23 de enero de 1994 a 33 civiles en la masacre de La Chinita en Apartado (Antioquia).[22]

    Negociación de penas con el Cartel de Medellín y los Paramilitares[editar]

    Aprovechando el respiro de la tregua unilateral indefinida anunciada en julio de 1990 por Los Extraditables, el ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel diseñó la legislación de estado de sitio que se haría pública como “Política de Sometimiento a la Justicia”. Dicha política, que se materializó en cinco decretos que posteriormente, serían elevados después de una depuración, a legislación permanente en el nuevo Código de Procesamiento Penal, aspiraba en términos simplificados, a favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran un delito, con la garantía, en algunos casos condicional, de ser juzgados en el país y recluidos en pabellones de alta seguridad. Escobar receloso de las intenciones del gobierno, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas de renombre y de personajes influyentes en la vida nacional (Diana Turbay, Marina Montoya, Francisco Santos, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y 5 periodistas más), presionando de ese modo al presidente para que fuera tratado como un delincuente político, haciéndose beneficiario de paso de los indultos reservados a los guerrilleros.[cita requerida]

    Los primeros en acogerse a la oferta, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, fueron los hermanos Ochoa: Jorge Luis, Juan David y Fabio, socios cercanos de Escobar. Sin embargo este último pretendía arrancarle al Ejecutivo un acuerdo hecho a su medida, y siguió presionando por la vía armada, amenazando con ejecutar a los rehenes y con reiniciar su ofensiva terrorista. El 12 de diciembre de 1990 una bomba mató a 7 policías en Medellín, y otros 7 más, serían ultimados por sicarios en los 3 primeros días de enero. Poco después el 22, resultaron abatidos en un doble operativo lanzado en el departamento de Antioquia, 2 de los hermanos Prisco, jefes de una banda transformada en el brazo armado del capo. El informante que los delató, entregó luego la ubicación de 2 de los secuestrados, pero en la confusa operación de rescate que se adelantó el 24 de enero, Diana Turbay y 3 de sus captores murieron.[cita requerida]

    La respuesta no demoró en llegar, con la ejecución de Marina Montoya, hermana del antiguo secretario de Presidencia, Germán Montoya, y con una nueva racha de atentados: una decena de efectivos policiales fueron víctimas de sicariato; una explosión en un bus dejó 6 muertos; y el 16 de febrero un bombazo contra una patrulla del F-2, frente a la plaza de toros de Medellín, se saldó con 23 fallecidos. Dos meses después, el ex-Ministró de Justicia Enrique Low Murtra perdió la vida a manos de pistoleros en la capital de la República. Dicha estrategia le dio excelentes resultados a Escobar, quien habiéndole ganado el pulso al ejecutivo, libero al resto de los secuestrados como gesto de “buena fe”. Sin embargo, fue solo cuando estuvo seguro de que la Constituyente había votado y aprobado el 19 de junio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos, se entregó en la capital antioqueña, en compañía del sacerdote Rafael García Herreros y Alberto Villamizar. Luego, Escobar sería recluido en la Cárcel de La Catedral en Envigado. Desde allí siguió controlando los hilos del negocio ilegal a través de otros 2 aliados suyos que no se entregaron: Fernando Galeano, alias ‘El Negro’ y Gerardo Moncada, alias ‘Kiko’.[23]

    Como la política de negociación de penas también cobijaba a los paramilitares, muchos miembros de las organizaciones afincadas en Córdoba, el Magdalena Medio, la Sierra Nevada, Boyacá, el Valle del Cauca y los Llanos Orientales se allanaron a las autoridades confesando solamente el delito de porte ilegal de armas. El grupo más grande. al mando de Ariel Otero. desmovilizó a 400 de sus integrantes en Puerto Boyacá, mientras en Córdoba, la estructura de Fidel Castaño entregaba 600 fusiles y algunas porciones de tierra como supuesta compensación a los campesinos despojados de sus parcelas. También un reducto de cerca de 200 hombres, antiguamente mandados por Gonzalo Rodríguez Gacha, se acogió a la amnistía en Pacho (Cundinamarca). En consecuencia, a partir de 1992, se observa una importante reducción de los asesinatos de civiles, atribuidos a las autodefensas en los años anteriores, pero en la práctica estas estructuras siguieron activas.

    Fin del Cartel de Medellín. Fuga y muerte de Escobar[editar]

    Miembros de la Policía Nacional de Colombia posan junto al cadáver de Pablo Escobar.

    A casi un año de su encierro a principios de julio de 1992, Escobar, se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando de sus aliados, ejecutó a Fernando ‘el Negro’ Galeano Berrio y Gerardo ‘Kiko’ Moncada Cuartas, pretextando que estos le ocultaban $20 millones. La posterior purga entre los más cercanos a ambos capos y entre sus familiares dejó unos 50 muertos. El gobierno y la Fiscalía General de la Nación, al conocer de los hechos y para evitar que el ‘Patrón’ siguiera delinquiendo desde su prisión, ordenó el traslado de este hacia un nuevo penal. Pero, en condiciones oscuras que demostraron una vez más el poder de corrupción y el temor que generaba el narcotraficante, él, su hermano Roberto y 8 de sus lugartenientes se fugaron de La Catedral el 22 de julio de 1992. El gobierno creó entonces el Bloque de Búsqueda, integrado por miembros de la Policía y el Ejército, para cazar a los prófugos.[cita requerida]

    Los narcos de Cali se encargaron entonces de desencadenar nuevamente la guerra, al activar un coche bomba en Medellín que atribuyeron a sus enemigos antioqueños. Estos ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y una juez, entre septiembre y octubre de 1992. Pero esta vez la situación había cambiado bruscamente para el Cartel : La muerte de Galeno y Moncada generó una fractura al interior de la organización. Diego Fernando Murillo, jefe de seguridad de los capos asesinados y los hermanos Castaño, se alinearon con los narcos del Valle contra Escobar, en una alianza que incluía a oficiales del Bloque de Búsqueda y varios de sus antiguos socios y testaferros. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades se asestaron durísimos golpes a las redes del ‘Patrón’. El 28 de octubre, Brances Alexander Muñoz, unos de sus jefes militares más importantes del cartel, fue abatido en una operación especial.[cita requerida]

    Escobar, que trataba en ese momento de negociar su reentrega y había autorizado la rendición de varios de sus lugartenientes más cercanos, entre ellos su hermano Roberto, ‘Popeye’, ‘Otto’ y el ‘Mugre’, desencadenó en respuesta una nueva guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero y los coches bomba reaparecieron en las grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Si bien los mecanismos ya no eran tan sofisticados como antes, las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas, pues los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que eran totalmente indiscriminados. En Medellín murieron 19 personas, en la capital de la república 41 y en Barrancabermeja 16.[24]​ El Valle de Aburra se vio afectado por 3 ataques mortales en diciembre del 92 y en Bogotá las explosiones se sucedieron a partir de enero de 1993: el 20 en el norte, el 30 frente a la Cámara de comercio, mediando febrero en dos áreas comerciales, el 5 de marzo en las instalaciones de Telecom y en abril 15 en la calle 93.[23]

    Pese a la dura arremetida de los terroristas, en el curso de una ardua cacería las autoridades dieron de baja hasta marzo de 1993, a 100 sicarios y 10 jefes militares del Cartel, entre los que se contaban Mario Alberto Castaño Molina, alias ‘El Chopo’, Hernán Darío Henao, alias ‘HH’ y Jhonny Edison Rivera, alias ‘El Palomo’, todos ellos hombres de confianza de Escobar. También fueron apresados 1900 sospechosos de pertenecer a la organización y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar. Esto sumado a la derrota por bandas rivales de sus grupos de gatilleros, en una guerra que dejó 300 muertos, terminó por debilitar decisivamente al grupo de Medellín que perdió en 8 meses el 80 % de su capacidad bélica. Como añadidura, el 30 de enero hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenominó “Los Pepes” (‘Perseguidos por Pablo Escobar’), detrás de la que estaban los Castaño y que se dedicaría a matar a los testaferros, contadores, abogados y familiares del capo, como también a destruir sus propiedades y minar sus finanzas.[23]

    Escobar, arrinconado por las fuerzas armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia, interrumpió del todo su campaña terrorista. Trato de renegociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el Ejecutivo. Si bien logró evadir al Bloque de Búsqueda por 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad León Puerta Muñoz, alias ‘El angelito’, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa refugiada en el Hotel Tequendama bajo vigilancia policial, lo llevó a utilizar un radio de comunicaciones, revelando su ubicación. En la tarde del 2 de diciembre de 1993 sería abatido por un comando de 20 hombres al mando del Mayor Hugo Aguilar.

    Su muerte y la de su único guardaespaldas significó el final del Cartel de Medellín y del narcoterrorismo como actor bélico (5500 muertos en la lucha desde 1989 hasta 1993), pero en ningún modo afectó como tal al negocio lucrativo del tráfico de cocaína, en manos ahora de los narcotraficantes de Cali y el Norte del Valle.[cita requerida]

    Auge del cartel de Cali e inicios de las ACCU[editar]

    En orden de aparición: Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño, Helmer Herrera Buitrago, Henry Loaiza Ceballos y Víctor Patiño Fómeque, capos del Cartel de Cali.

    En vez de desaparecer como tal, el Cartel de Medellín se atomizó en pequeñas estructuras, como la denominada Oficina de Envigado, fomentando además el fortalecimiento indirecto del grupo de Cali, el cual no solo llegó a controlar el 80 % del negocio, sino que perfeccionó sus métodos de inteligencia y reforzó su infiltración dentro de las autoridades. Y si bien la atención de la opinión pública se había centrado en Escobar y sus socios, las otras redes de narcotraficantes, específicamente la del Norte del Valle no era menos violenta. En Trujillo (Valle) los capos Henry Loaiza, alias ‘El alacrán’, y Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, ejecutaron a principios de la década del 90 a no menos de 250 personas, en medio del silencio de las autoridades locales.

    El gobierno de Estados Unidos que había observado con cautela los resultados de la política de sometimiento a la justicia, empezó a exigirle a Colombia más contundencia en las acciones contra los nuevos amos del narcotráfico y aunque el Bloque de Búsqueda logró apuntarse algunos éxitos con la captura de Jaime Orejuela e Iván Urdinola, el núcleo de la organización se mantuvo intacto hasta la llegada de la nueva administración. Además, ahora se añadía un nuevo ingrediente a la ecuación: los cultivos ilícitos empezaron a expandir su frontera aceleradamente a finales del cuatrienio Gaviria. De placa giratoria del tráfico de cocaína, pasó a ser el primer productor del mundo, desbancando de su puesto a Perú y Bolivia. Con el impulso del Cartel de Cali y, sobre todo, con la participación cada vez mayor de las FARC y los paramilitares en el negocio, el fenómeno se extendería rápidamente por gran parte del territorio, en las selvas del sur sobre todo pero también en otras áreas como el Catatumbo y Antioquia. Pese a la reducción de los aportes de los Estados Unidos a la lucha antinarcóticos, el gobierno multiplicó la erradicación de las zonas sembradas de coca y amapola, iniciando en 1992 las polémicas fumigaciones con glifosato, a la vez que desarrollaba programas de sustitución de cultivos.

    Por otra parte, los paramilitares del Magdalena Medio, se vieron envueltas en una lucha con sus antiguos socios narcotraficantes a partir de 1990. Henry Pérez, su primer comandante había sido asesinado por un pistolero en julio de 1991, y Ariel Otero el sucesor suyo que se alineó con el Cartel de Cali, correría la misma suerte a principios de 1992. La fuerza sobreviviente se atomizó y algunos de sus restos entraron al servicio de Escobar, mientras otras bandas como la encabezada por Ramón Isaza, se replegaron de la zona. Mientras tanto, en la parte sur de la región, cerca a Honda (Tolima), cobró protagonismo Jaime Eduardo Rueda Rocha, el asesino de Luis Carlos Galán, evadido de la cárcel hacía un año y ahora jefe de una partida de 150 criminales. Buscando posicionarse como líder máximo mató al alcalde de Puerto Boyacá en marzo de 1992. Pero su ascenso fue cortado por una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales que lo abatió a él y a 6 miembros de su cuerpo de seguridad en un restaurante de Honda el 23 de abril del mismo año. Tras su muerte, la actividad de las autodefensas en la zona disminuyó considerablemente, ya que estas optaron por mimetizar sus actividades delincuenciales. Eliminado Escobar en diciembre de 1993, Ramón Isaza retomaría el control del estratégico territorio.[cita requerida]

    Sin embargo, al final pese a los esfuerzos realizados en los primeros años de la década del noventa para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas, los grupos paramilitares tuvieron un nuevo impulso a finales del cuatrienio Gaviria. Fue así como, con posterioridad a la muerte de Escobar, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el mando de Fidel (asesinado o muerto en combate en enero de 1994) y Carlos Castaño, protagonizaron una significativa expansión, esto con el apoyo de cientos de desmovilizados del EPL, masacrados metódicamente por las FARC y la disidencia de Francisco Caraballo. Por último, y como efecto colateral de la paz fallida, los paramilitares se trabaron en feroces disputas territoriales con la guerrilla, lo que contribuyó al desplazamiento forzado de al menos 600.000 personas y a la multiplicación de las masacres, culminando así la labor de exterminio contra la UP, cuyo último senador, Manuel Cepeda Vargas, cayó víctima de sicarios en Bogotá en 1994.[25]​ Al igual que los demás asesinatos a miembros de la UP, este crimen fue declarado en 2014 por la Fiscalía como delito de lesa humanidad.

    Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998)[editar]

    La posesión del nuevo mandatario de la república, el liberal Ernesto Samper, el 7 de agosto de 1994 fue seguida por los acostumbrados mensajes de paz de la guerrilla, emitidos esta vez separadamente por las FARC y el ELN, confirmando la disolución de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), hecha oficial en febrero de 1995 tras un ataque del ELN en Venezuela. En lo sucesivo, cada grupo se enfrentaría al Estado por separado.

    Samper posteriormente intentó adelantar diálogos de paz con ambos grupos (directamente con el ELN y con la FARC a través de la Comisión de Conciliación Nacional), pero las conversaciones no fructificaron a causa del delicado estado de orden público y el desorden institucional que siguió desde 1995, producto de su cuestionada elección como Presidente de Colombia.

    La crisis del Proceso 8000[editar]

    La elección de Ernesto Samper como presidente para el periodo 1994–1998 estuvo acompañada por una serie de sondeos y propuestas exploratorias para dialogar con las guerrillas que seguían en armas. No obstante, el pronto estallido del narcoescándalo ocupó la agenda del ejecutivo, le restó credibilidad a sus iniciativas y repercutió en la ejecución de su programa de gobierno.[cita requerida]

    Álvaro Gómez Hurtado, líder político opositor y crítico de Ernesto Samper, asesinado en 1995.

    Tan pronto como se conoció el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1994, Samper había sido acusado por su rival, el conservador Andrés Pastrana, de haber recibido del Cártel de Cali USD$3,7 millones de dólares para financiar su campaña, filtrando a la opinión pública unas grabaciones entre los líderes del Cartel de Cali y el periodista Alberto Giraldo (amigo personal de los Rodríguez y su mensajero), ofreciendo dinero a la campaña de su oponente. Tras un período de calma, las acusaciones resurgieron con fuerza en 1995, a instancias del Fiscal General Alfonso Valdivieso. Finalmente, el conocido como narcoescándalo llegó al Congreso, que el 4 de agosto de 1995 inició una investigación contra el presidente, dando comienzo al entonces llamado Proceso 8000. Uno de los más duros críticos que tuvo Ernesto Samper en su mandato (el cual consideraba ilegítimo por la financiación del narcotráfico a su campaña) fue el excongresista y exmiembro de la Asamblea Constituyente de 1991 Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en las calles de Bogotá el 2 de noviembre de 1995 después de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda, catalogado por la opinión pública de la época y por muchos especialistas como un crimen de estado.[26]​ El magnicidio fue declarado en diciembre de 2017 por la Fiscalía como delito de lesa humanidad, por lo cual no prescribirá, pero contundentemente responsabiliza al entonces naciente Cartel del Norte del Valle, por lo que sus investigaciones giran en torno de los exmiembros de esta organización criminal y de quienes trabajaron con ellos, incluyendo servidores públicos.[27][28]

    El 13 de diciembre de 1995, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes exoneró a Samper y archivó el caso. Sin embargo, las declaraciones incriminatorias del cesado Ministro de Defensa, Fernando Botero Zea (quien se encontraba encarcelado en espera de juicio) y del tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, en el sentido de que al menos USD$4 millones de dólares, provenientes del narcotráfico, habrían afluido a la campaña de 1994 con el conocimiento del candidato, desembocaron en la reapertura del caso el 27 de febrero de 1996. Finalmente, el 6 de julio de ese año, la Cámara, por 111 votos contra 43, absolvió por falta de pruebas a Samper de los cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad, fraude electoral y encubrimiento.[29]

    Pese a su absolución, la controversia generada por la entrada de dineros calientes a la campaña del presidente no terminó ahí y se extendió durante todo el mandato Samper, generando una ola de marchas en su contra, oposición y críticas sin precedentes contra el Gobierno, agravadas por el crimen de Gómez Hurtado y la cancelación de la visa al presidente por parte del gobierno de Estados Unidos, impidiéndole ingresar al país del norte aún por razones diplomáticas. Samper, por su parte, se vio impedido cada vez más a limitar su actividad, a legitimarse en el cargo y a mantenerse en el poder, dejando de lado la realización de cualquier política gubernamental para limitarse a defender su inocencia con vigor en todo momento durante prácticamente todo su periodo presidencial. Declaró sentirse “víctima de un atentado moral” y presentó las detenciones de los jefes del Cártel de Cali (los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y Helmer “Pacho” Herrera) o la confiscación por ley de sus propiedades como pruebas del compromiso de su Administración con la lucha contra el crimen organizado; aun así, el país fue descertificado durante dos años consecutivos por el gobierno estadounidense en la lucha contra las drogas, impidiéndole obtener recursos de este país para la lucha contra el narcotráfico. La política de seguridad, en consecuencia, no fue tomada como referencia en la acción gubernamental y los planes diseñados por la administración anterior, algo coherentes, no tuvieron continuidad. Adicionalmente, el comportamiento de la economía no proporcionó a Samper mayores satisfacciones.

    En 1997, se repitió la moderada tasa de crecimiento registrada en el año anterior, mientras que el desempleo se alzó hasta el 13 % de la población activa, el mayor índice en diez años. El peso experimentó una notable devaluación frente al dólar y, a todo ello, se añadió el descenso de los ingresos por las exportaciones del café y el petróleo, en lo que mucho tuvo que ver la decisión de Estados Unidos de restringir tanto la entrada de productos colombianos como las líneas de crédito. Samper privatizó entonces empresas del Estado para poder mejorar la tesorería del Gobierno.[29]

    La ofensiva de las guerrillas[editar]

    Julio Suárez Rojas “Mono Jojoy”, líder militar de las FARC.

    Las FARC no dejarían de aprovechar la coyuntura para fortalecerse al amparo de los recursos obtenidos del tráfico de coca en el sur del país, terreno que quedó libre de competición tras la caída de los grandes carteles de la droga, y lanzó una ofensiva evidenciando su capacidad para adaptarse a la guerra de posiciones. Su plan de expansión afinado en la Octava conferencia del secretariado, celebrada en 1993, se materializó con el avance progresivo de sus estructuras sobre Bogotá y la cordillera Oriental, mientras se hostigaba a las tropas del gobierno en todo el territorio, disipando de esa manera sus esfuerzos. Ya no vacilarían en comprometer cientos e incluso más de un millar de hombres en una sola operación, siempre apoyada por una potente artillera artesanal. Aparte de los ataques masivos contra bases e instalaciones militares, también pasaron a bloquear ejes centrales de comunicación como los que conducen a Uraba o Arauca, a amenazar carreteras neurálgicas como la vía Bogotá- Medellín o Bogotá-Villavicencio, y a destruir infraestructura de importancia estratégica (torres de energía, hidroeléctricas del nororiente antiqueño, oleoductos en los Llanos orientales). Hábiles en el manejo de explosivos, empezaran a utilizar profusamente los coches bomba, y con ellos reapareció el terrorismo tipo Cartel de Medellín en las ciudades, si bien no conocerá sus extremos (la excepción fue el atentado dinamitero ocurrido el 10 de junio de 1995 en el parque San Antonio de Medellín, que atribuido a las milicias de las FARC dejó un saldo de 29 civiles muertos y más de 200 heridos).[30]​ El impacto para la economía nacional llegará a ser de 1 a 2 puntos del PIB, y sus consecuencias en el ámbito local y regional aún más devastadoras.[cita requerida]

    De otro lado, el ELN se vio debilitado ostensiblemente, de un lado por el avance paramilitar en el Magdalena Medio y Antioquia, y del otro por la expansión acelerada de las Farc, lo que le privó de importantes recursos financieros. Contando desde 1995 la organización concentraría sus actos en el saboteo sobre la infraestructura petrolera y en los hostigamientos, si bien tampoco decayó del todo su accionar en grandes operaciones. Solo tras la muerte de su líder el “Cura Pérez” a principios de 1998, sería que empezaría a descender ostensiblemente la capacidad del grupo armado.[cita requerida]

    A mediados de 1995, el Ministro de Defensa Fernando Botero Zea presentó su renuncia al cargo a raíz del escándalo del proceso 8000. Los sucesivos funcionarios que le siguieron en la cartera de seguridad, no ejecutaron ningún plan de orden público coherente: no existió una política de seguridad clara y establecida. Como si fuera poco, el estamento militar no fue ajeno al escándalo del proceso 8000 y se vio involucrado en él, como consecuencia de las continuas fricciones de su comandante Harold Bedoya con el presidente, lo que al final llevaría a su destitución 2 años después. En este punto, está claro que los grandes éxitos obtenidos por la guerrilla comunista, debieron mucho a las vacilaciones de Samper y a la falta de preparación de las FF.AA. El porcentaje del PIB destinado a la lucha contrainsurgente, era bastante bajo para el grado de violencia que enfrentaba el país, la Fuerza aérea era prácticamente testimonial con solo 30 helicópteros operativos para un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados, la coordinación entre las distintas armas era nula y la inteligencia pésima. La corrupción, la violación a los derechos humanos y el maridaje con grupos de extrema derecha campeaban en todos los niveles. No fue extraño entonces el sesgo desfavorable que tomó el conflicto para el establecimiento, cuando 1995 terminó con 650 uniformados muertos y cerca de 1200 heridos, las cifras más elevadas hasta ese momento.[cita requerida]

    Por añadidura las consecuencias corrosivas del proceso 8000 no se limitaron solo al ámbito nacional y muy pronto Estados Unidos se vio involucrado en una agria disputa con el gobierno colombiano, descalificándolo en la lucha contra el tráfico de narcóticos el 1 de marzo de 1996 y retirándole al presidente su visado personal de entrada al país del norte el 1 de julio siguiente. Samper decidido a mostrar el esfuerzo realizado por su administración en la campaña anti-drogas, profundizó la amplia ofensiva que se venía realizando desde mediados de 1995 contra los cultivos ilícitos en el sur del país (la Operación Conquista desarrollada en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo). Como respuesta a la ofensiva del Ejército, más de 80 000 raspachines se movilizaron en violentas manifestaciones promovidas por las FARC. Precisamente y en parte como represalia a la Operación Conquista, en abril del 96 comenzó la serie de ataques masivos contra bases militares, emboscadas y tomas guerrilleras que marcaron el inicio de la mayor ofensiva subversiva de la historia del conflicto armado; ofensiva que desde las selvas sería pronto extendida al resto de la nación y que por su magnitud hizo pensar a muchos que el gobierno estaba siendo desbordado y perdiendo la guerra. El 12 de marzo de 1996, en lo que seria solo un preludio de lo que vendría después, los frentes 35 y 37 de las FARC, masacran a 11 policías y queman sus cuerpos en Chalan (Sucre).[cita requerida]

    De Puerres a El Billar[editar]

    El 15 de abril de 1996 en Puerres (Nariño) ocurrió el primero de estos golpes. Ese día al menos 150 insurgentes de las FARC y el ELN atacaron con explosivos a una unidad de caballería mecanizada. 31 militares murieron. El 20 de junio fue asesinado el gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias. El 30 de agosto, en el marco de una ofensiva nacional que causó en una sola semana 80 muertos en las filas del Estado, 450 miembros del Bloque sur asaltaron la base de las Delicias en Putumayo, donde se hallaban destacados 110 uniformados adscritos al Batallón de selva 49 Juan Bautista Solarte, al mando del Capitán Orlando Mazo. Tras una brutal batalla de 17 horas en la que cayeron 27 soldados y 9 guerrilleros, el resto de la tropa, 60 hombres faltos de refuerzos, se rindió.[31][32]​ Solo siete días después en La Carpa, Guaviare, el Bloque Oriental dio de baja a 24 efectivos de la Brigada Móvil No 2, en medio de una emboscada. Al mismo tiempo entre julio y agosto una serie de hostigamientos en Bogotá y Cundinamarca dejó 17 víctimas fatales entre los fuerzas del gobierno.

    Pese a estos golpes, el Ejército no cejó en su esfuerzo por detener a la subversión y lanzó constantes operativos contra sus estructuras en Antioquia y Uraba, bajo el mando del General Rito Alejo del Río. En efecto las FARC sufrirían un importante descalabro cuando fueron expulsadas de la región bananera en junio de 1998 y perdieron el estratégico corredor al mar. El Bloque José María Córdova, considerado el más potente de la organización en 1993, debió replegarse a la región de Dabeiba, Mutata y el Cañón de la Llorona, que a partir de entonces se transformó en su cuartel general. Iván Márquez que había sido enviado a dirigir el Bloque Caribe, retornó allí y consiguió dirigir una violenta contraofensiva contando desde agosto de 1998.[33][34]

    Sin embargo su táctica de dividir a las fuerzas gubernamentales les dio apreciables resultados a los irregulares: el 16 de enero de 1997, asesinaron a 3 infantes de marina y secuestraron a 10 más en Jurado (Choco), y el 1 de febrero emboscaron y mataron a 16 militares cuando estos desembarcaban de un helicóptero en San Juanito (Meta). Por añadidura los insurgentes hicieron estallar un carro cargado con 100 kilos de explosivos frente al Hotel El Pescador de San José de Apartadó (Antioquia), matando a 10 civiles.[35]​ La captura y retención de los 70 militares en Las Delicias y Jurado llevó al gobierno, pese a la oposición del estamento militar, a conceder una zona desmilitarizada de 14 000 km² (kilómetros cuadrados) en el municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá), cediendo de ese modo a las exigencias de las FARC. Allí fueron entregados todos soldados retenidos el 15 de junio de 1997.

    Pese a este gesto de paz, la violencia no hizo más sino arreciar. El desconcierto era grande al interior de las Fuerzas Armadas y la Administración Samper desprestigiada e impotente para adelantar alguna política de orden público coherente, destituyó al General Bedoya por criticar al Gobierno. El Ejército minado en su moral y mal equipado se halló dirigiendo solo el esfuerzo de guerra; contaba con 120.000 efectivos pero estos se hallaban “amarrados” en su mayoría a la infraestructura, con unos 30 000 apenas dispuestos para lucha contra-insurgente. Sobre el terreno frente a los cerca de 20 000 guerrilleros en armas y no menos de 15 000 milicianos las cuentas se hallaban parejas. Ni la Armada ni la Fuerza Aérea realizaban un aporte decisivo y la segunda no era capaz de asistir realmente a los hombres en tierra, mientras la Policía con 100 000 efectivos, aunque monopolizaba la totalidad de los recursos proporcionados por los Estados Unidos para la lucha antinarcóticos, se hallaba también en franco retroceso ante los irregulares y más de 100 cabeceras municipales e innumerables corregimientos carecían de su presencia.

    Adicionalmente a partir de 1995 se verificó un avance lento pero constante sobre las principales ciudades, Medellín y Bogotá esencialmente. Contra la capital, las FARC emprenden un asedio progresivo, instalando sus frentes en los municipios que la dominan por el oriente, e infiltrando armas y recursos desde el Sumapaz para las milicias de Ciudad Bolívar, en el sur. En Medellín pasaran a controlar al menos 600 barrios y la mayoría de las entradas de la ciudad, para principios de la década del 2000.[cita requerida]

    Los ataques de la subversión fueron haciéndose más contundentes y aumentaron de escala. El 17 de junio un poderoso camión bomba hizo explosión en el parqueadero de la novena estación de Policía de Fontibón, en el occidente de Bogotá, en el momento que era examinado por oficiales y suboficiales de inteligencia del Comando de la Policía Metropolitana: 8 uniformados murieron (un mayor y dos capitanes incluidos) y 16 quedaron heridos.[36]​ El 6 de julio de 1997, 20 soldados murieron al ser derribado un helicóptero MI-17 en Arauca y solo cuatro días después en Arauquita, cayeron 10 más en una emboscada. Ambos hechos marcaron el inicio de la avanzada “fariana” en esa zona, controlada hasta ese momento por el ELN.

    En octubre las acciones bélicas nuevamente escalaron: las elecciones locales fueron saboteadas sistemáticamente por las FARC; las autodefensas del Casanare emboscaron en San Carlos de Guaroa a una patrulla del Gaula matando a 11 de sus integrantes; y en San Juan de Arama (Meta) fueron asesinados mediante la activación de una carga explosiva, 17 policías. El día 17, 3500 tropas del Ejército se desplegaron en los llanos del Yari buscando a miembros del secretariado de las FARC (Operación Destructor II); Pero para los medios empleados, los resultados no pudieron ser más mediocres: 1 capturado. Finalmente y para rematar el año, el 22 de diciembre de 1997, el Bloque Sur tomó el Cerro Patascoy en menos de 15 minutos, matando a 11 uniformados del Batallón Boyacá y haciendo prisioneros a 18 más.[37][38]

    La situación no variaría con la llegada de 1998 y más bien tomaría signos de desastre. Entre el 1 y 3 de marzo de ese año una operación que buscaba interceptar a altos mandos de las FARC en el Bajo Caguán, sobre la Quebrada El Billar, degeneró en una batalla campal que enfrentó a 600 guerrilleros del Bloque Sur y Oriental, y a 153 soldados del batallón de contraguerrillas N.º 52, al mando del mayor John Jairo Aguilar. Copadas totalmente sus 3 compañías, el descalabro fue contundente: 64 muertos, 19 heridos, 43 secuestrados y 3 helicópteros impactados. En los posteriores combates murieron 30 subversivos. Otras acciones se presentaron en todo el país durante los mismos días, vísperas de las elecciones legislativas: una decena de alcaldes y funcionarios fueron secuestrados; varios retenes cortaron las vías de comunicación; bombazos en Neiva, Barranquilla y San Vicente del Caguan; 8 soldados y un civil del Ejército muertos en una emboscada del ELN en La Alejandra, cerca de El Zulia (Norte de Santander); y hostigamientos en Sucre, Casanare y Bolívar que dejan otros 3 uniformados sin vida. La amenaza guerrillera se extendió pronto al centro del país, adquiriendo relevancia el control de la vía al Llano, casi en las goteras de la capital. El 23 de marzo, miembros del frente 53 habían secuestrado al menos a 25 personas, entre ellas cuatro estadounidenses y un italiano en un reten ilegal montado sobre esa carretera.[39]

    El dominio de las Farc en las regiones[editar]

    En este marco de aguda expansión insurgente, del que las Farc eran las principales protagonistas, el Bloque Oriental, con una amplia margen de maniobra en el sur y oriente del país y al mando del Mono Jojoy, fue el que obtuvo los éxitos más relevantes y el que más avanzó en su plan estratégico, amenazando cada vez más con sus ataques y la progresiva infiltración de sus estructuras, el centro de la nación y la capital de la república. Protagonista esencial de las tomas del 96-98 fue alias ‘Urias Cuéllar’, un táctico hábil en el copamiento de bases fijas, y su columna móvil, la Juan José Rondón. Todo este esfuerzo fue realizado, con los recursos obtenidos del tráfico de cocaína en Guaviare, Meta, Vichada, Guainía y parte del Vaupés, territorio sobre los que su predominio era casi absoluto. Con unos 7000 a 8000 hombres en armas, 22 frentes y 18 columnas móviles, sus redes de milicianos también multiplicaron los secuestros y extorsiones a veces en complicidad con las bandas de delincuencia común de la capital. Uno de sus comandantes, alias ‘Romaña’ se hizo famoso al bloquear constantemente la vía al llano e inaugurar la práctica de “Las Pescas Milagrosas”.

    A su vez aunque el bloque sur contaba con menos militantes, unos 3000, emprendía en llave con el oriental numerosas operaciones militares. Al mando de Raúl Reyes y Joaquín Gómez su control del Putumayo y gran parte de Caquetá era indiscutible. La presencia en este grupo de Fabián Ramírez un comandante involucrado en el narcotráfico, le brindaba además los necesarios recursos económicos para mantener en pie su maquinaria de guerra.

    Los demás bloques de las Farc eran de menos tamaño y a su vez también su operatividad. El Occidental con 2000 irregulares subordinados Alfonso Cano era bastante activo en Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Nariño pero no era en lo absoluto, salvo casos excepcionales capaz de realizar ataques masivos como los acaecidos en el sur-oriente del país, limitando su accionar a hostigamientos, emboscadas y asaltos a cuarteles de policía. Igual sucedía con el Caribe y sobre todo con el Magdalena Medio, en lo sucesivo cada vez más acorralados por la ofensiva paramilitar de las AUC, si bien Martín Caballero, era el responsable de acciones que dejaron cientos de muertos en los Montes de María, Bolívar y Sucre.

    Respecto al último bloque, el Nor-occidental comandado por Efraín Guzmán y presente en Antioquia y Choco fue el que recibió primero la doble embestida de las autodefensas y el ejército, encajando una derrota que más tarde resultaría decisiva para frenar el avance guerrillero, la pérdida del estratégico corredor de Uraba. Pese a esto, resistió la dura arremetida militar controlando amplios núcleos a lo largo de toda la región (como el cañón de la Llorona) y en su apoyo fueron enviados un millar largo de subversivos desde el sur del país. La contraofensiva de los guerrilleros en este frente, iniciada en agosto de 1998 se cobró cientos de vidas entre las Fuerzas gubernamentales, que sufrieron descalabros semejantes a los acaecidos en Meta, Guaviare y Caquetá.

    Al final del periodo Samper la situación de violencia que vivía el país era crudísima; las bajas de los efectivos del Gobierno se contaban por cientos: 797 muertos en 1996, 670 en 1997 y 817 en 1998, estas últimas las cifras más elevadas del conflicto, a lo que se sumaban los 350 secuestrados y los no menos de 3500 heridos. Pero pese a todas las observaciones hechas, el Ejército se hallaba aún lejos del colapso y contaba con suficientes reservas para sostener indefinidamente la lucha. En muchas regiones del país la única cara del Estado que conocía la población era la del Ejército y ello no dejaba de ser paradójico.[40]

    La ofensiva Paramilitar. Creación de las AUC[editar]

    A la vez que ganaba terreno la insurgencia, el Paramilitarismo se extendía por amplias áreas del país, la costa atlántica principalmente, de la mano de los intereses de numerosos hacendados, militares, políticos y empresarios identificados contra la lucha de la guerrilla. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el mando de Carlos Castaño, se convierte en el grupo más activo. La avanzada liderada por las ACCU se manifiesta, inicialmente, en el norte de Urabá apoyada por antiguos miembros del EPL perseguidos a muerte por las Farc y por las disidencias del movimiento que no se desmovilizaron. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión a la región del Atrato, Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar, bajo la forma de violentas incursiones de tierra quemada. Las cooperativas de seguridad rural o CONVIVIR, nuevas asociaciones de autodefensa autorizadas por la administración Samper por medio del Decreto 356 de 1994, sirvieron en este marco de fachada para que los ultraderechistas pudieran consolidar sus avances territoriales y a la vez se mostraran ante la opinión pública, cobijados por una nebulosa entre lo legal y lo ilegal. La falta de supervisión del gobierno central le abrió camino a muchas irregularidades, verificándose en las zonas donde se implantaron una multiplicación de las estructuras paramilitares. Las CONVIVIR proliferarían bastante en Antioquia, con el impulso del entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez.[cita requerida] Estas cooperativas de vigilancia fueron desmontadas en 1997 por orden de la Corte Constitucional, al considerar inconstitucional el decreto que las impulsó.[cita requerida]

    Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se traduce, por una parte, en que las guerrillas, sobre todo el ELN, registran pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener a estas estructuras. Y es en medio de la misma lucha, que tanto los irregulares de derecha como los de izquierda, convierten a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que comienza a experimentar el conflicto armado. En efecto, las FARC asumirían una clara actitud predatoria hacia los civiles en el Eje bananero, donde en respuesta a la masacre del Bar Aracatazo (cometida por las ACCU) ocurrida el 12 de agosto de 1995, se desató una ola de cruentas retaliaciones. No menos de 800 personas murieron en la guerra de exterminio que azotó a Uraba en 1995, mientras que varios cientos de miles tuvieron que desplazarse fuera de sus hogares. El 29 de agosto en los terrenos de la Hacienda Los Kunas de Carepa, Antioquia son asesinados por miembros del V frente de las FARC, 18 campesinos; el 20 de septiembre las víctimas son 25 trabajadores bajados de un bus y fusilados en el sitio denominado Bajo del Oso; el 14 de febrero de 1996, 11 civiles son rafagueados en la finca Osaka; y el 5 de mayo, 16 habitantes de las localidades de Alto de Mulatos y Pueblo Bello (Antioquia) son también ejecutados.[41]

    En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y el Bloque Central Bolívar (BCB) se unieron en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), las Autodefensas de la alianza oriente conformadas por las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV) y las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) fueron las únicas organizaciones paramilitares reginonales que no se unieron a las AUC , dando forma a un proyecto contrainsurgente de envergadura nacional. En la práctica se trató de una federación de facciones regionales, que se agruparon bajo una bandera común, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan definido, una coordinación multi-regional de las acciones bélicas y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político. A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionan en las zonas donde estos grupos tienen su principal fuente de financiamiento: el narcotráfico. Siguiendo este propósito, en la segunda mitad de 1997, los paramilitares penetran en los cuarteles generales de la subversión y ponen de manifiesto su voluntad de realizar campañas de exterminio en todo el país, por medio de rápidas y sangrientas incursiones. La primera evidencia de su nueva estrategia viene con el ataque lanzado sobre Mapiripan (Meta) en julio de 1997, donde fueron asesinadas casi medio centenar de personas, y la masacre de El Aro (Antioquia) cometida en el nudo de Paramillo, el 22 de octubre del mismo año.[cita requerida]

    El narcotráfico durante la era Samper. Fin del Cartel de Cali y el de la Costa Atlántica[editar]

    Los “narcocasetes” obtenidos por la DEA en la sede de la Campaña Samper Presidente, sirvieron para que Estados Unidos ejerciera con mayor fuerza su diplomacia coercitiva, iniciada durante la administración anterior. Para ello, contaba con el proceso de certificación como instrumento táctico y la exigencia de extradición de nacionales como herramienta jurídica. Con este perfil y con la inclusión del criterio de nivel de narco-corrupción, en 1995 se certificó condicionalmente a Colombia “por razones de interés nacional”.

    Pero al año siguiente, Colombia se convirtió en el primer país formalmente democrático en ser descertificado, aunque no se aplicaron las sanciones económicas discrecionales previstas en la medida. En 1997, Colombia volvió a ser descertificada, y en vísperas de la salida de Samper en 1998, el país fue certificado de manera condicional.

    Gilberto Rodríguez Orejuela procesado después de su captura.

    Gilberto Rodríguez fue sentenciado a quince años de prisión, los cuales se redujeron a siete años por confesión y buena conducta. Otro instrumento de presión de Estados Unidos fue la extradición. El Artículo 35 de la Carta de 1991 la prohibió, de alguna manera por influencia de los narcotraficantes y por consideraciones nacionalistas de los constituyentes. Durante el gobierno de Samper, la diplomacia de Estados Unidos se orientó a presionar la revocatoria de ese artículo. Luego de varios llamados de autoridades nacionales y con el fantasma de una próxima descertificación en el ambiente político, finalmente, mediante el Acto Legislativo 1 de diciembre de 1997, el Congreso aprobó la extradición sin retroactividad ni aplicación a los delitos políticos. Esta medida estuvo antecedida por la aprobación, mediante la Ley 333 de diciembre de 1996, de la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita, y de la Ley 365 de febrero de 1997, que aumentó las penas a los narcotraficantes.

    La retórica nacionalista de Samper contrastó con su permanente preocupación por satisfacer las exigencias de Estados Unidos en medio de la crisis política que lo envolvió. Pero su preocupación se disimuló no solo con la retórica presidencial, sino también con el protagonismo que ejerció el embajador de este país, Myles Frechette, quien le dio aún más notoriedad a la relación del gobierno con los Estados Unidos. Este embajador se posesionó poco antes de terminado el gobierno Gaviria y se retiró en marzo de 1998, en vísperas de las elecciones presidenciales. La personalidad del embajador propició frecuentes enfrentamientos públicos con funcionarios del gobierno que hicieron más difíciles las de por si problemáticas relaciones con el país del norte. La debilidad del gobierno y su dependencia frente a Estados Unidos hicieron posible que esa situación se mantuviera durante tanto tiempo. Debido a ese afán presidencial por responder a la presión externa, el narcotráfico se convirtió en el factor preponderante de la seguridad nacional durante su gobierno. En la década anterior, el narcotráfico también había sido un problema destacado de orden público y de seguridad nacional, pero no solo como respuesta a la presión externa, sino también como respuesta al terrorismo. El énfasis en el narcotráfico durante el gobierno Samper llevó a que la subversión y el paramilitarismo no recibieran la atención que ameritaban. Los consecuentes descuidos e improvisaciones de los dirigentes políticos y los militares, facilitaron la inusitada expansión tanto de las guerrillas como de los paramilitares.

    Las operaciones Conquista I y Conquista II, adelantadas en el sur del país contra el narcotráfico por la IV División del Ejército y sus brigadas, entre junio de 1996 y febrero de 1997 afirmaron la tendencia de militarización de la lucha antinarcóticos. Así fue posible combinar, y confundir, la represión antisubversiva con la guerra contra las drogas. Ya desde antes el Ejército había realizado operaciones que combinaban la lucha militar de las tropas antiguerrilleras con la fumigación de cultivos ilegales por parte de la Policía en busca del apoyo directo de Estados Unidos a sus actividades antisubversivas. La importancia progresiva que adquirió el Comando Sur de Estados Unidos -ubicado hasta fines de los años noventa en la Zona del Canal de Panamá-para el país tiene que ver no solo con su papel de mediador de la absorbente política militar estadounidense para el área, sino también con esa búsqueda de apoyo por parte del ejército nacional.

    La preponderancia del narcotráfico como factor central de la seguridad nacional se percibió desde el inicio del gobierno, siempre bajo los dictámenes norteamericanos. A finales de 1994, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la extensa fumigación de cultivos de coca y amapola con glifosato, contrariando los acuerdos gubernamentales suscritos poco antes con los campesinos del Guaviare a raíz de un paro cívico de protesta por las fumigaciones. Los acontecimientos subsiguientes ratificaron la decisión: en febrero de 1995 el presidente Samper anuncio el Plan Antinarcóticos 1995-1997 y su “Operación Resplandor” destinados a la erradicación total de cultivos ilícitos, en abril el gobierno compró equipos técnicos y de aviación por la suma de 2000 millones de dólares, y en mayo el mismo Consejo aprobó el Plan “Compromiso de Colombia frente al Problema Mundial de la Droga”. Además, en noviembre, el ministro de Defensa anunció la instalación de un radar de Estados Unidos en Marandua, Departamento de Vichada, como parte de la lucha antinarcóticos, En 1996, con el fin de reforzar las fumigaciones, se ensayó el imazapyr, herbicida granulado más potente que el glifosato.

    La ofensiva en contra de los cultivos ilícitos provocó la movilización campesina más importante desde los años sesenta. El anuncio de fumigación de finales de 1994 generó un paro cívico en enero de 1995 de los cultivadores del Putumayo, que culminó tras las promesas del gobierno de hacer inversión social en la región. Dicho anuncio también causó inconformidad en los campesinos del Guaviare y hostilidades por parte de las FARC en esa zona, cuyo momento crítico fue la toma de la ciudad de Miraflores a mediados del año. Sin embargo, la reacción más fuerte estaba por venir. En julio de 1996, millares de campesinos del departamento de Putumayo se movilizaron en contra de las fumigaciones del programa gubernamental de erradicación de cultivos ilícitos. Esta protesta se extendió a los departamentos de Guaviare, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander, con las marchas de doscientos mil campesinos cocaleros. La organización de la movilización estuvo a cargo de las FARC, que obligó a los campesinos a participar, lo que sirvió de excusa al gobierno para reprimirlos de manera indiscriminada. La reacción del gobierno sirvió para darle mayor legitimidad a la guerrilla entre la población vinculada a los cultivos de coca. La guerrilla aprovechó el momento para adelantar una ofensiva en varios lugares del país, de la que resultó el desastre militar derivado del ataque a la base de Las Delicias en el Putumayo.

    La acción del gobierno se dirigió también contra los narcotraficantes. La presión ejercida por una réplica del llamado “Bloque de Búsqueda” que eliminó a Pablo Escobar conformada por militares, policía, DAS y Fiscalía, y la acción de la política de entrega y negociación promulgada por la Fiscalía, lograron la captura y entrega de la cúpula del Cartel de Cali a mediados de 1995. En junio fueron capturados Gilberto Rodríguez Orejuela y Phanor Arizabaleta, en julio José Santacruz Londoño y en agosto Miguel Rodríguez Orejuela. En el transcurso de esos meses se entregaron Tulio Enrique Murcillo, Henry Loaiza y Víctor Patino Fómeque. Además fue desmantelada gran parte de la red de ese cartel, con la incautación de documentos y la ocupación de parte de sus propiedades. En septiembre se entregó a la justicia estadounidense, a través de la DEA, Guillermo Pallomari, tesorero de esa organización delictiva. Por otra parte, la fuga y posterior muerte, por parte de la Fuerza Pública del narcotraficante José Santacruz en los primeros meses de 1996, sirvió de excusa para que el gobierno estadounidense insistiera en su pedido de revivir la extradición.

    La política antidroga del gobierno de Samper tuvo muchos opositores, buena parte de ellos alentados por sus vínculos económicos y políticos con los narcotraficantes. La conducta del Congreso de la República fue notoria: varias de las iniciativas legislativas del Ejecutivo fueron contrarrestadas o alteradas en el curso de los debates, inclusive con la abierta participación de grupos políticos afines al gobierno. La discusión sobre la extradición formó parte de esa situación, reforzada con la negativa inicial del Presidente de revivirla. También hubo iniciativas del Congreso destinadas a entrabar la acción en contra del narcotráfico. Entre ellas sobresale el llamado narcoproyecto, que era una reforma al Código de Procedimiento Penal que restringía la órbita de acción de los jueces de la justicia regional, denominados sin rostro, convertía el enriquecimiento ilícito en un delito secundario y prácticamente lo liberaba de sanciones punitivas. La discusión de este proyecto absorbió la segunda mitad de 1994 hasta que fracaso con la intervención del gobierno. Asimismo, en 1995 apareció lo que se llamó el narcomico a la ley de seguridad ciudadana, que buscaba que el enriquecimiento ilícito fuera tratado como delito conexo y no como delito independiente. La Cámara finalmente lo eliminó, y esa acción fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Corte Constitucional.

    Los resultados de la lucha contra las drogas del gobierno de Samper fueron desalentadores a pesar del creciente apoyo del gobierno de Estados Unidos, instigador de la política. Por ejemplo, en 1996 se destinaron dos millones y medio de dólares para la construcción de bases antinarcóticos en los departamentos del Valle del Cauca y Putumayo, y en 1997 se adicionaron 100 millones en ayuda militar para esos menesteres. Sin embargo, los cultivos ilícitos en Colombia pasaron de 40 100 hectáreas en 1990, a 50 900 en 1995, 79 500 en 1997 y cerca de 100 000 en 1998. En este último año, el país ocupaba ya el primer lugar como productor de coca a nivel mundial, con más del 40 % del área cultivada total. Ni la fumigación ni los programas de desarrollo alternativo lograron frenar la expansión de los cultivos. Entre 1990 y 1998 se fumigaron más de 120 000 hectáreas, una superficie semejante a la cultivada en 1999. La fumigación, además de ser ineficiente, produjo daños ecológicos y problemas sociales difíciles de estimar. El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), no logró encontrar sustitutos para la coca y la amapola, ya que la rentabilidad de los cultivos alternativos está lejos de competir con la de los ilícitos, entre otras cosas debido a la ausencia de infraestructura y a la falta de una organización adecuada para su comercialización.[42]

    Pese a todo, la administración Samper logró anotarse un éxito parcial al final de su mandato, con la captura del jefe del Cartel de la Costa, Alberto Orlández Gamboa, alias ‘El Caracol’, en el marco de la Operación Alcatraz realizada el 6 de junio de 1998. Caracol fue el último sobreviviente de una guerra interna en este cártel, producto de la perdida de un embarque de cocaína con destino a Estados Unidos.[43]

    Surgimiento y consolidación del Cartel del Norte de Valle[editar]

    A mediados de la década de los noventa, una vez decapitado el Cartel de Medellín, el control del negocio de la cocaína había quedado en manos de los traficantes del Valle. El denominado Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y sus dos socios, José Santacruz Londoño y Helmer Pacho Herrera, fue el principal beneficiario de la guerra con Los Extraditables, a cuya sombra y con el pretexto de enfrentar al enemigo común habían logrado infiltrar numerosos organismos de seguridad del estado, e instituciones políticas. En el Norte del Valle, y ligados al grupo de Cali, los capos eran Iván Urdinola —en la cárcel desde 1992— y su cuñado, un expolicía, Orlando Henao Montoya, alias ‘Don H’ , quien, junto a sus dos hermanos, Arcángel y Fernando, además de una red de narcos de mediano poder (Diego Montoya, Henry Loaiza, Víctor Patiño Fómeque, etc.), operaba desde los municipios de El Dovio, El Águila, Zarzal, Trujillo, Roldanillo, La Victoria, Cartago y Versalles.

    A partir de 1994, el gobierno de Estados Unidos que había observado con cautela los resultados de la política anti-drogas del gobierno, empezó a exigirle a Colombia más contundencia en las acciones contra los nuevos amos del narcotráfico, alarmado también porque los cultivos de coca y amapola empezaban a crecer exponencialmente en el sur del país. La presión ejercida por una réplica del llamado “Bloque de Búsqueda”, conformada por militares, policía, DAS y Fiscalía, y la acción de la política de entrega y negociación promulgada por la Fiscalía, lograron la captura y entrega de la cúpula del cartel de Cali a mediados de 1995. En junio de ese año fueron detenidos Gilberto Rodríguez Orejuela y Phanor Arizabaleta, en julio José Santacruz Londoño y en agosto Miguel Rodríguez Orejuela. En el transcurso de esos meses, también se entregaron Tulio Enrique Murcillo, Henry Loaiza y Víctor Patino Fómeque.[44]

    Sin embargo, el problema estaba lejos de verse resuelto. En los meses siguientes a su captura, la cúpula del cartel, empezó a ver como se producía una paulatina pérdida de control sobre el negocio de la cocaína, mientras sus antiguos aliados del norte del Valle, se independizaban y dejaban de obedecerlos, con el pretexto de que habían revelado información confidencial a las autoridades colombianas y estadounidenses; de esa manera se fueron apoderando de las rutas, las zonas de siembra y los mercados de exportación. Esta ruptura, marco la consolidación del Cartel del Norte del Valle, liderado por Iván Urdinola, y su cuñado Orlando Henao. El apoyo de ciertos elementos de la policía como del Coronel Danilo González, fue determinante en dicho proceso.[45]

    Sin embargo, Helmer Herrera, no estaba dispuesto a ceder el control de sus negocios, que pretendía seguir controlando por medio de algunos familiares y lugartenientes. Las disputas empezaron en marzo de 1996, cuando cerca de Palmira fue baleado Wílber Varela, alias ‘Jabón’, jefe de sicarios de Orlando Henao, quedando levemente herido. Dos meses después, el 24 de mayo, sicarios del norte del Valle, ingresaron a un restaurante de Cali y trataron de matar a William Rodríguez Abadía, hijo de uno de los Rodríguez Orejuela. Este sobrevivió al ataque pero 5 personas perdieron la vida.[46]

    A partir de entonces, la guerra entre los clanes de Helmer Herrera –los Rodríguez Orejuela se apartaron de la pugna- y Orlando Henao se recrudeció, multiplicándose los atentados, ataques de sicarios y maniobras jurídicas. El cartel del norte, tenía a su disposición un ejército personal bien adiestrado, que conformaban antiguos miembros de la Policía y numerosos sicarios del Valle, pero la presión de las autoridades y las incriminaciones ante organismos judiciales, forzaron que el “hombre del overol” se entregara en septiembre de 1997. No obstante, su rendición era solo cuestión de estrategia pues desde la prisión seguía al mando de la organización narcotraficante.[47]

    La situación empeoró cuando, luego de una fuerte presión política del gobierno estadounidense, mediante acto legislativo del 1 de diciembre de 1997, el Congreso aprobó la extradición sin retroactividad ni aplicación a los delitos políticos. Este nuevo ingrediente, incentivó aún más la violencia entre las mafias de Cali y el Valle, la cual tuvo su punto cumbre, cuando en noviembre de 1998 fueron asesinados sucesivamente los capos Hélmer Pacho Herrera (por órdenes de ‘Jabón’) y Orlando Henao (en represalia por el anterior a manos de José Manuel Herrera ‘el inválido’).

    Luego del asesinato de este último, el cartel del Norte del Valle se reorganizó alrededor de la figura de Wilber Alirio Varela, alias ‘Jabón’, un violento expolicía convertido en jefe de sicarios, que contaba con el apoyo de Lorena Henao Montoya, la hermana de Orlando y esposa de Iván Urdinola; si bien, había otras poderosas facciones como la de Diego León Montoya ‘Don Diego’ y Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’. Varela, aunque continuo la guerra con el clan Herrera en alianza con otros capos como ‘Cuchilla’, ‘Chupeta’ y Luis Ocampo Fómeque, alias ‘Tocayo’, vio consolidar su organización como la mayor agrupación narcotraficante del país, responsable de exportar un promedio anual de 300 toneladas de coca, alrededor del 50 ó 60 % del total de la producción de entonces. Paradójicamente, la acción de las autoridades, con el desmantelamiento del Cartel de la Costa en junio de 1998, y de la Operación Milenio adelantada en octubre de 1999 (que permitió la captura de importantes capos de Medellín como Alejandro Bernal Madrigal, alias ‘Juvenal’ y Fabio Ochoa Vásquez), había eliminado indirectamente posibles competidores del cartel, que no por nada llegó a agrupar unos 6000 hombres entre sicarios, testaferros, contadores y colaboradores hacia finales de los noventa.[48]

    Finalmente en 2001, el clan de Jabón le ganó la guerra a los ‘Pachos’. Varios de los hermanos Herrera murieron y otros debieron escapar de Colombia.[49]

    Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)[editar]

    El Plan Colombia[editar]

    Combatientes en las FARC.

    Dos años de continuas derrotas, tenían postrado moralmente al cuarto de millón de soldados y policías que combatían a una insurgencia venida a más en medio del caos que representaron los 4 años de la Administración Samper. Desde el norte a base de masacres, avanzaban las AUC, mientras el suroriente del país escapaba casi que totalmente al arbitrio del Estado que controlaba solo las capitales y las poblaciones más grandes. El nuevo mandatario, Andrés Pastrana, si bien se la jugó por el proceso de paz, no descuido el frente militar. La caótica situación empezó a cambiar con la llegada al Ministerio de Defensa de Rodrigo Lloreda Caicedo y el relevo de los altos mandos militares de la última fase del cuatrienio anterior, con los generales Manuel José Bonett y Mario Hugo Galán al frente.[cita requerida]

    El objetivo del cambio de cúpula era recuperar la moral de la tropa, prácticamente destruida tras dos años de múltiples debacles bélicos, reestructurar las Fuerzas Militares y retomar la iniciativa del conflicto. Los Generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, fueron escogidos como comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército respectivamente. La cúpula fue complementada con oficiales como Rafael Hernández López, quien venía de liderar la Fuerza de Tarea del Caguan y pasó a ocupar el cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto y el General Néstor Ramírez, Comandante de la Tercera División, nombrado segundo al mando.[cita requerida]

    Junto con la conformación de la nueva cúpula, el Ministro Lloreda creó una comisión de reestructuración integrada por civiles y militares, encargada de revisar todos los aspectos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Este proceso seria continuado y profundizado por el Ministro Luis Fernando Ramírez, quien asumió el cargo tras la renuncia de Lloreda en mayo del 99.

    La estructura del Ejército se transformó, con la creación de cuatro nuevas jefaturas: personal, logística, operaciones, y entrenamiento y doctrina, cada una de ellas bajo el mando de un mayor general. Estas reemplazaron la antigua estructura y eliminaron o fusionaron varias oficinas, permitiendo al General Mora entenderse con solo 4 subalternos sobre los aspectos estratégicos. Además se desarrolló un sistema de comando, control y comunicaciones en base al Centro de Operaciones Conjuntas (COC), que permitió a las distintas armas coordinar las acciones sobre el terreno. Estas ofensivas lanzadas por las fuerzas gubernamentales fueron desarrolladas a partir de la segunda mitad 1999 por unidades de asalto de 120 hombres (1 compañía), evitando así que se repitieran los desastrosos resultados de las batallas del 98, donde las tropas contraguerrilla se movilizaban en grupos de 50 y se veían copadas rápidamente por cientos de insurgentes. Igualmente, la permanencia de la cúpula durante los cuatro años del mandato de Pastrana, contribuyó a darle continuidad a este proceso, que pasaría con el respaldo económico de los Estados Unidos, por la profesionalización de las FF.MM., la capacidad de realizar operaciones nocturnas, la creación de la FUDRA, la activación de nuevas brigadas móviles, el perfeccionamiento de la inteligencia y el fortalecimiento de la capacidad aerotactica. También se reformaron los estatutos de carrera, de evaluación y de ascenso del personal uniformado, a través de la expedición de decretos-ley en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno por el Congreso de la República en el año 2000.[cita requerida]

    La ofensiva del 3 de agosto y el ascenso de Pastrana[editar]

    La prioridad otorgada por el candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana, a las propuestas de iniciar negociaciones de paz con las guerrillas comunistas de las FARC (unos 17.000 hombres) y el ELN (unos 5.000), sumado a su incidencia en los mensajes sociales, alimentaron las esperanzas de una población agobiada por cuatro décadas de violencia en múltiples frentes y otros déficits de tipo económico y social en la nación, además del rechazo que sentía el pueblo hacia los poderes legislativo y ejecutivo del país debido al “circo” hecho por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Congreso al absolver al presidente Ernesto Samper del llamado Proceso 8000, aún con los testimonios y pruebas que existían en su contra. Por otro lado, su oferta de restaurar el nivel de cooperación con Estados Unidos vigente hasta 1996, cuando la Agencia para la Lucha contra la Droga (DEA) desertificó al Gobierno de Samper, fue acogida positivamente en Washington. Aún y todo, Pastrana, al que se le asociaban contactos con las élites económicas y políticas de Estados Unidos, precisó que de llegar a la Presidencia no estaría dispuesto a acoger asesores militares de ese país para no hacer un “excesivo énfasis en las medidas represivas”.

    En las elecciones presidenciales de 1998 Pastrana fue, con el 34,4 % de los sufragios, el segundo candidato más votado en la primera vuelta efectuada el 31 de mayo, aunque tan solo con una décima menos que el liberal Horacio Serpa, que había desarrollado una campaña populista y planteaba similares propuestas, pero con el agravante de la defensa que en su momento hizo de Samper cuando era su Ministro del Interior. Sin embargo, en el desempate del 21 de junio Pastrana obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes con el 52 % de los sufragios. Los comicios se celebraron en un clima relativamente pacífico para los estándares colombianos y registraron un índice de participación histórico, el 59 %.

    Pastrana tomaba posesión de su mandato cuatrienal, primero para el Partido Conservador desde 1986, el 7 de agosto, pero no esperó hasta entonces para mover sus piezas en el frente de la guerrilla. Así, el 9 de julio el mandatario electo se internó en la selva para reunirse con el comandante Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, líder histórico de las FARC. El encuentro, primero directo de un mandatario colombiano con la guerrilla, sentó las bases para futuras negociaciones encaminadas a finalizar el conflicto armado.

    Al mismo tiempo, el ELN y el Consejo Nacional de Paz (CNP), foro integrado por organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil colombiana, llevaban tres meses dialogando en un convento en las cercanías de Maguncia (Alemania). De esta “mesa de sondeo” surgió, el 15 de julio, un acuerdo de principio para convocar antes de octubre una Convención Nacional como conferencia consolidación del proceso. Todo ello parecía indicar que la elección de Pastrana había sido un catalizador de las iniciativas de paz. No obstante, bien pronto quedaron decepcionadas las perspectivas más optimistas y cobraron argumentos quienes venían advirtiendo que el proceso de paz iba a ser largo. El 22 de julio el ELN rompió su compromiso de tregua y comenzó una campaña de atentados. El mismo 7 de agosto, la ceremonia de asunción de Pastrana quedó deslucida por la ola de violencia guerrillera sin precedentes que asolaba el país, que quedó conmovido en particular por el desastre militar del 3 de agosto, con cientos de soldados y civiles muertos o desaparecidos en los combates. Se habló de un desaire de la insurgencia a Pastrana y, ciertamente, esta situación no iba a ser excepcional en los cuatro años siguientes.[29]

    La ofensiva subversiva del 3 de agosto de 1998, lanzada como «despedida al Gobierno Samper», fue la mayor en toda la historia de las guerrillas colombianas. Se atacaron en todo el país 62 objetivos del Gobierno con asaltos masivos de instalaciones militares, hostigamientos, sabotajes y carros bomba, dejando 81 uniformados muertos, 120 heridos y más de 150 secuestrados. En Miraflores (Guaviare), escenario de un auténtico desastre militar, la base antinarcóticos de la policía y el cuartel del Batallón Joaquín París, donde estaban destacados 230 hombres, fueron totalmente arrasados tras 26 horas de violentos enfrentamientos que se saldaron con 16 muertos, 30 heridos y 129 capturados entre las fuerzas gubernamentales.[50][51]​ Otros ataques asolaron La Uribe donde fue golpeado el Batallón No. 21 Vargas (29 soldados y 1 policía muertos, 30 heridos, 7 secuestrados y 1 helicóptero derribado), Pavarandó (9 soldados muertos y 7 capturados) y San Carlos (Antioquia) (9 policías rendidos).

    La toma de Mitú y la desmilitarizacion del Caguan[editar]

    Pero con la llegada a la presidencia de Pastrana, tampoco se detuvieron los ataques: en Tamborales (Riosucio, Chocó) el 14 de agosto de 1998 murieron 42 militares y 21 más fueron hechos prisioneros en una nueva batalla campal entre 200 contraguerrilla del Ejército que pretendían rescatar a los secuestrados de Pavarando y 1000 guerrilleros (que contaron en sus filas 60 bajas); el 12 de septiembre el EPL y el ELN asaltaron el corregimiento de Las Mercedes en Norte de Santander, sometiendo a los 20 uniformados que ocupaban el cuartel de policía local; y finalmente, el 18 de octubre nuevamente el ELN dinamitó un oleoducto en Machuca (Antioquia) y provocó una masacre que le costo la vida a 80 civiles.

    Pese a estos gestos desalentadores el 14 de octubre, tres días después de hacer lo propio con el ELN, el Gobierno arrancó las conversaciones con las FARC. Estas vieron reconocido un estatuto político y el Ejército comenzó a abandonar una vasta zona selvática en los departamentos de Caquetá y Meta, al sur del país, de 42 130 km² (extensión ligeramente superior a la de Suiza y que comprendía cinco municipios), satisfaciendo la precondición planteada por Marulanda a Pastrana de levantar un “laboratorio de paz” en esta región dominada por la guerrilla. El 7 de noviembre los militares completaron la evacuación y la llamada Zona de Distensión de San Vicente del Caguán se hizo efectiva. Pero antes de que se terminara de concretar el despeje total del área, las FARC lanzaron su más atrevido plan de guerra al tomarse por asalto una capital departamental, Mitú, ubicada en medio de las selvas del Vaupés. Aproximadamente 1500 hombres se lanzaron contra la exigua guarnición compuesta por 120 elementos (5 oficiales, 2 suboficiales, 77 patrulleros, 6 agentes y 30 auxiliares bachilleres) al mando del Coronel Luis Mendieta. Tras 12 horas de feroces combates contra los cerca de 90 policías parapetados en la Estación y sus alrededores, sobre las 4:30 de la tarde la posición fue copada, con un saldo de 16 policías muertos y 61 capturados, entre ellos el mismo Comandante de la Ponal en el Vaupés.[52]

    Los guerrilleros ocuparon Mitú por 72 horas, aprovechando la impotencia del Gobierno para enviar refuerzos, ya que la pista aérea había sido destruida, y esa era la única forma de acceso a la distante población. Sin embargo las FF.AA preparaban el contraataque. Luego del desembarco nocturno de 220 efectivos de fuerzas especiales (a 6 km de la población), seguido por la llegada de medio millar más de uniformados, las tropas avanzaron en medio de enfrentamientos hacia la ciudad apoyados por un inmenso dispositivo aéreo, retomándola al atardecer del día 3 tras el repliegue de los guerrilleros (que la habían abandonado sobre el mediodía con no menos de un centenar de bajas), que huyeron hacia el Guaviare. Fue el primer descalabro serio sufrido por el bloque oriental, en el curso de su aparente inexorable cadena de triunfos.[53][54]

    Las operaciones no se detuvieron y a fines de mes entre El Retorno y Calamar (Guaviare) cuando cientos de hombres de la Brigada Móvil Número 3, trataban de cercar a 800 guerrilleros que huían desde Mitu, se desataron nuevos combates. 20 militares murieron y 3 fueron secuestrados, a la vez que se contaron más de 40 bajas en las filas de la subversión.[cita requerida]

    Los diálogos del Caguán[editar]

    El 7 de enero de 1999 comenzaron las negociaciones de manera oficial, y lo hicieron con mal pie: al encuentro inaugural en San Vicente del Caguán, en Caquetá, no compareció Marulanda, dejando a Pastrana en situación embarazosa, como señal de advertencia al Gobierno contra la concesión de un estatuto político similar y garantías de amnistía a las organizaciones paramilitares de extrema derecha, unos 7000 hombres agrupados desde abril de 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y bajo el mando de Carlos Castaño.[55]​ Precisamente, estos grupos, responsables de violaciones de los Derechos Humanos, habían desencadenado en la víspera una campaña de masacres contra civiles sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla, para obligar al Gobierno a sentarse con ellos en una mesa de negociaciones y obtener beneficios políticos también en plano de igualdad. El 9 de enero las organizaciones de extrema derecha ejecutaron a 55 civiles en El Tigre (Putumayo) y en Playón de Orozco (Magdalena).[cita requerida]

    En todo caso las FARC dilataron las conversaciones argumentando la poca efectividad del gobierno en la lucha contra los paramilitares y nuevamente la emprendieron contra las FF.AA., buscando posicionarse en la mesa de diálogos. Pero esta vez los golpes vendrían de lado y lado.

    El 18 de febrero de 1999 entre los corregimientos del Oasis y La Esmeralda en Arauquita (Arauca), 12 militares murieron en un ataque del 10 frente, que sufrió en el contragolpe medio centenar de bajas. El 12 de marzo el Comandante del Frente 51, Miller Perdomo, murió en una celada tendida por el Ejército en Cundinamarca; y cuatro días más tarde, el 16, feroces combates enfrentaron en el Cañón de La Llorona a cientos de militantes de las FARC con una compañía de 28 contraguerrilla. Reforzados por 2000 uniformados más y decenas de helicópteros, las FF.MM., obtuvieron una estratégica victoria y abortaron los planes de guerra del bloque noroccidental, negándole su entrada al eje bananero (50 muertos de la subversión frente a 3 del gobierno).[33][56]

    La siguiente ronda la protagonizaría la insurgencia: el 12 de abril, cuando un convoy de 43 efectivos del Batallón Cacique Lutaima al mando del Mayor Henry Gómez Navas, se movilizaba por el puente sobre el Río Tasido, en Uraba, un numeroso grupo de guerrilleros los embosco, muriendo en el ataque 19 uniformados (entre ellos el mayor y su segundo, el Teniente Fabián Chica Mosquera).[33]​ El ELN por su parte, fue el responsable de 2 secuestros masivos: el primero en abril, de 41 pasajeros de un avión de Avianca, que fue obligado a aterrizar en Santander y el segundo en mayo, a las afueras de Cali de más de 200 personas en la iglesia la María.[cita requerida]

    El mismo mes, las operaciones Némesis y Llanura, terminaron con 28 guerrilleros dados de baja en enfrentamientos ocurridos en el Vichada y Arauca. Entre los abatidos se encontraba alias ‘Esteban’, Comandante del Frente 16 y principal comprador de armamento para las FARC en sur-oriente del país.[cita requerida]

    Ofensivas de las FARC[editar]

    El 2 de mayo de 1999 Pastrana y el jefe de las FARC celebraron una conferencia por sorpresa y desbloquearon la situación empantanada desde el 25 de enero por decisión unilateral de la guerrilla, y cuatro días después se reanudó el proceso negociador. Pero en los meses siguientes la coyuntura no hizo más que empeorar en todos los frentes. Por un lado, las guerrillas no le concedieron ninguna facilidad, incrementando los asesinatos y los secuestros de personajes públicos o de grupos en masa (pesca milagrosa), las voladuras de instalaciones como oleoductos y torres de energía y las emboscadas a militares y policías. Sin duda crecidas por los resultados obtenidos hasta entonces, las FARC optaron por las grandes demostraciones de fuerza a fin de obtener del Gobierno las máximas ganancias. La tesis de Pastrana de perseverar contra viento y marea no encontraba eco en buena parte de la opinión pública, cada vez más escéptica ante un proceso de paz percibido solo como una sucesión de concesiones y gestos de apaciguamiento, que a cambio solo producían en los alzados en armas declaraciones arrogantes y una espiral de agresiones. El 26 de mayo de 1999 se abrió una crisis sin precedentes en el Ejército por la dimisión de 14 generales y coroneles, con el ministro de Defensa a la cabeza, en protesta por la desmilitarización de una parte del país en aras del proceso de paz.[cita requerida]

    En todo caso las FARC iniciaron en el último tercio del mes de junio una importante ofensiva en todo el país, destinada a repetir los golpes de marzo y agosto de 1998. Pero como ya dejaban entrever los resultados de los combates producidos entre febrero y mayo de 1999, la situación general de las FF.AA. había evolucionado positivamente desde el año anterior y ahora con un mayor respaldo de la fuerza aérea, el Ejército seria capaz de responder con eficacia los ataques de la subversión.[cita requerida] Con todo, el 22 de junio, este sufrió un primer descalabro, cuando una compañía del batallón Rifles adscrita a la XI Brigada, cruzaba el río San Jorge en jurisdicción del corregimiento Juan José (Puerto Libertador —Córdoba—), para impedir el avance de más de 500 guerrilleros de las Farc. En el momento en que un helicóptero estaba desembarcando a un segundo grupo de soldados, los dos pelotones de tropa fueron atacados por todos los flancos. En los combates perecieron 35 militares y 30 subversivos.[57]

    Seria solo el primer anuncio de una vasta y violenta escalada. El 8 de julio, un sangriento combate enfrentó en Gutiérrez (Cundinamarca) a una columna de 70 uniformados, con unos 400 insurgentes de los frentes 51, 53, 54 y la móvil Abelardo Romero del bloque oriental, al mando de alias ‘Romaña’. Esta vez si bien perdieron la vida 38 miembros de la brigada XIII, también las Farc sufrieron un fuerte castigo (36 muertos) y vieron fracasado su intento de tomarse la vía al Llano y atacar varios puntos estratégicos en el suroriente de la capital del país.[58]​ Dos días después, el 10 de julio, no menos de 600 guerrilleros con dos tanquetas hechizas, asaltaron Puerto Rico (Meta) y cercaron el cuartel de la localidad, defendido por 34 policías: la posición cayo luego de dos días de resistencia y 29 uniformados fueron secuestrados. Paralelamente centenares de insurrectos se dirigieron a Puerto Lleras también en el Meta, para atacar la guarnición de la población, que al mando del Teniente Wilson Andrés Delgadillo, estaba compuesta por 10 efectivos. Sin embargo, la operación fracaso tras 36 horas de combate que dejaron 4 muertos (2 policías y 2 civiles) y el centro del pueblo destruido: la exigua estación había aguantado los sucesivos embates con cilindros de gas, granadas de mortero y ráfagas de fusil. Al mismo tiempo sufrieron hostigamientos El Doncello y Puerto Rico (Caquetá), en límites con la Zona de distensión; Arauquita (Arauca); San Carlos (Antioquia); Labateca y Toledo (Norte de Santander); Hato Corozal (Casanare); San José del Guaviare; El Líbano, entre Paujil y La Unión Peneya (Caquetá); Mesitas del Colegio, Boquerón y Tibacuy (Cundinamarca); Algeciras (Huila); y Santana y Puerto Caicedo (Putumayo).[59]

    En total perdieron la vida 4 militares y 17 policías, pero las Farc tuvieron que soportar un tremendo descalabro. El contraataque de las fuerzas militares se cebó principalmente en las columnas que cercaban las poblaciones del Meta: apoyados por decenas de helicópteros y aviones, soldados de tres batallones de Fuerzas especiales mataron a 162 guerrilleros del Bloque Oriental en medio de la Operación Independencia, obligando al resto a replegarse desordenadamente hacia el Caguan dejando decenas de cuerpos sobre el terreno.[59]​ Lo mismo paso en Doncello (Caquetá); en Hato Corozal (Casanare), cuando la flotilla aérea que entró a repeler el ataque de los frentes 28 y 45 bombardeo siete de sus transportes; en Puerto Rondón (Arauca); en el río Putumayo (una lancha hundida); y en Puerto rico (Caquetá) donde otros 40 insurgentes son abatidos en la retoma de la población por el Ejército. Al final en la jornada más negra sufrida por las FARC en toda su historia, 242 irregulares fueron dados de baja en 72 horas de combates y bombardeos. Los planes de las Farc para llegar fortalecidos a la mesa de diálogo el 20 de julio siguiente se vieron frustrados, y la estruendosa derrota desbarato su paso de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones. En adelante pasarían preferiblemente de atacar grandes unidades militares, a golpear sobre todo a la policía y destruir sus cuarteles en las cabeceras municipales y los corregimientos más aislados, no renunciando empero a las embestidas ocasionales con cientos de hombres a puestos fijos.

    En represalia el 30 de julio siguiente, el Frente 47, al mando de la ‘Negra Karina’ (Elda Neyis Mosquera), atacó la población antioqueña de Nariño con una violencia extraordinaria. Después de 2 días de combates y de castigar el comando con un centenar de cilindros bomba, la guerrilla copo la plaza matando 9 agentes y capturando 7 más. También perecieron 8 civiles y un 80 % del pueblo quedó destruido. El mismo día, milicianos de las FARC, hicieron estallar un carro bomba frente a las instalaciones del grupo antisecuestro del Ejército, Gaula, en Medellín. Como consecuencia del atentado nueve personas murieron y 30 quedaron heridas.[60]​ No obstante, el 1 de septiembre, como corroborando el cambio de tornas, medio centenar de alzados en armas fue liquidado en Hato Corozal (Casanare), cuando sus estructuras intentaban replegarse del área tras atacar el municipio llanero. Fue la quinta derrota consecutiva del año para el frente Oriental y las guerrillas izquierdistas, que encajaron casi un millar de muertos en 1999.[61]

    La nueva política anti-narcóticos y el Plan Colombia[editar]

    En agosto de 1999, durante su visita a Colombia, el secretario de Estado estadounidense Thomas Pickering le había sugerido al Gobierno Colombiano revaluar su “Política de Pacificación y su estrategia antinarcóticos”, para encauzar eficazmente la ayuda ofrecida por los Estados Unidos en unos objetivos concretos. Este entendimiento redundo en la redacción del Plan Colombia. A diferencia del original, que se centraba en la sustitución de cultivos ilícitos y en la atención a la población desplazada, el nuevo dúo preeminencia a la guerra contra las drogas y por ende a la asistencia de carácter militar, que en últimas se dirigiría a aplastar a las guerrillas.[62]

    Finalizando el año, las FARC protagonizarían otra escalada de violencia. Entre el 17 y el 18 de noviembre al menos 1000 guerrilleros de los frentes 16, 44 y de la compañía móvil Juan José Rondon, trataron de tomarse por asalto Puerto Inírida, capital del distante departamento de Guainía, pero la reacción de la Infantería de Marina y los bombardeos de la Fuerza aérea, impidieron la culminación del ataque. Cerca de 120 rebeldes murieron o resultaron heridos.[63][64]​ Tres semanas después, el turno fue para Jurado (Choco). A la medianoche del 11 de diciembre más de 500 guerrilleros del Bloque José María Córdoba entraron a dicha población por las 2 desembocaduras del río Baudo. Mientras varios centenares de hombres atacaban por el norte el puesto naval, en el que se encontraban 2 oficiales, 11 suboficiales y 123 infantes, otro grupo de subversivos combatía contra los 16 agentes del puesto de Policía, enclavado en la parte sur del municipio. Los militares resistieron el ataque durante más de 15 horas, mientras esperaban apoyo aéreo. Pero el mal tiempo bloqueó la entrada de los refuerzos. A las cinco de la tarde del día siguiente 78 uniformados tuvieron que entregarse. 23 marinos, 1 policía, 1 civil y 42 irregulares habían muerto en las 18 horas de enfrentamientos. Otros 33 efectivos del gobierno quedaron heridos. Esa misma tarde, 69 de los capturados fueron entregados en la plaza aledaña a la Alcaldía, al párroco Bernardo Niño. Tres quedaron en poder de sus captores.[cita requerida]

    Andrés Pastrana en 2001, con el entonces secretario de defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld.

    El 11 de enero de 2000. Clinton dio a conocer públicamente el nuevo Plan Colombia y el 5 de mayo durante el XXX Consejo de las Américas, expuso que la ayuda solicitada por Colombia era igualmente vital para la seguridad de Estados Unidos. El 13 de julio de 2000 firmó la Ley 106-246 que aprobaba el monto del paquete de ayuda destinado a la nación sudamericana: US$1.3 millones, con el 82 % para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado en sus labores de erradicación de cultivos ilícitos principalmente en el Putumayo y Caquetá, 9 % para el desarrollo alternativo, 3 % para ayudar a los desplazados, 2 % para la reforma judicial, 1 % para la defensa de los derechos humanos y menos del 1 % para la paz.[cita requerida]

    El 22 de agosto para liberar la ayuda financiera a Colombia de las restricciones impuestas en relación con el respeto de los Derechos Humanos, Clinton invoco, haciendo caso omiso de los informes que comprometían a las fuerzas armadas en la constante violación de aquellos, la sección cuarta del artículo 3201 que permite soslayar dicha norma si a consideración del Presidente la integridad Nacional de Estados Unidos así lo amerita. Ocho días después los dos mandatarios oficializaron el inicio del plan Colombia como parte de su compromiso bilateral contra el flagelo mundial del narcotráfico.[cita requerida]

    Para muchos observadores la transformación del plan Colombia es una estrategia básicamente antinarcóticos privó al país de una ocasión única en la consecución de la paz. Asimismo las organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watchs, demostraron su desacuerdo con una estrategia que favorecía la capacidad operativa de unas fuerzas militares “de dudoso récord en la materia” de los Derechos humanos y acusadas además de mantener vínculos de vieja data con los paramilitares. Los países fronterizos también se manifestaron en contra, especialmente Ecuador que argumento que la agudización de la lucha armada acarrearía migraciones masivas de refugiados a la par que desplazarían los focos de cultivo a las zonas limítrofes del norte.[cita requerida]

    Desde sus inicios, el Plan Colombia fue concebido como una estrategia que demandaba la participación económica de otras naciones para su cabal cumplimiento. Aun después de las modificaciones sufridas y de la promesa segura del aporte estadounidense, faltaba atraer más inversionistas. Aunque líderes y organizaciones no gubernamentales de diversas naciones europeas habían demostrado su apoyo al proceso de paz gracias al esfuerzo de la “Diplomacia por la Paz” de Pastrana, su solicitud de contribuir con $1,5 billones —elevada en julio de 2000 ante 26 países congregados en Madrid— solo encontró acogida en España, Noruega y Japón. Esta reticencia europea a cooperar específicamente con el plan tenía razones de peso que fueron recogidas en una resolución del Parlamento Europeo en febrero de 2001; una estrategia que solo competía a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, había sido concebida sin una consulta amplia a la sociedad civil y en su raíz privilegiaba la lucha contra la producción y el tráfico de drogas por encima de prioridades nacionales como la recuperación social y económica, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo social. Asimismo porque contenía aspectos militaristas “contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos ya comprometidos por la Unión Europea y proclives a escalar el conflicto en la Región”.[65]​ En consecuencia, el Parlamento Europeo había optado más bien por contribuir al proceso del Caguan con 105 millones de euros para el periodo 2000-2006.[cita requerida]

    El 3 de mayo siguiente, luego de instar a las guerrillas y gobierno de Colombia a mantener vivas las negociaciones, y reiterar su intención de combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas, la Unión Europea anunció que como resultado de un esfuerzo coordinado entre la Comisión Europea y los Estados miembro aportaría 230 millones más a la causa.[cita requerida]

    Fortalecimiento de las FF.AA.[editar]

    Como eslabón importante en el restablecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, el secretario de Defensa y el Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda firmaron en diciembre de 1998 un acuerdo destinado a propiciar una mayor cooperación militar en la lucha antinarcóticos. Si bien las FF.AA. se sumaron a la Policía en la guerra contra las drogas desde 1988, a juicio de los norteamericanos, aquellas debían contar con una mayor potencia bélica y más personal para convertirse en un apoyo real y decisivo.

    Si bien estos argumentos parecían indicar que el fortalecimiento del aparato militar obedecía apenas al objetivo de mejorar los programas antidrogas, en 1997 la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, había diagnosticado que, en vista de estado de precariedad del ejército la subversión estaba en condiciones de derrotarlo militarmente; en consecuencia, era difícil descartar la idea de que en algún momento la lucha antinarcóticos terminara dirigida también contra las guerrillas, no obstante que la asistencia estadounidense excluía por principio la acción contra insurgente y había limitado el número de asesores comprometidos en el desarrollo del plan Colombia, tanto civiles como militares, a 800 y en caso excepcionales a 1000.[cita requerida]

    Bien fuere por una o ambas razones, el caso es que la Administración Pastrana se dedicó a robustecer a sus Fuerzas Militares empleando el 40 % del presupuesto Nacional además a los recursos del Plan Colombia destinados a tal fin. Según cifras proporcionadas por el primer mandatario a mediados del tercer año de su gobierno, el número de soldados profesionales había pasado de 22 000 en 1998 a 55 000 en el 2001 y el de los soldados regulares de 57 000 a 73 000 con la meta de llegar a 103 000 en el 2004. Por otra parte, el establecimiento de una Fuerza de despliegue rápido FUDRA, integrada por 5000 uniformados seria complementado al finalizar el periodo con la adición de un contingente nuevo de 2500 efectivos que contribuiría a fortalecer la acción del Ejército en gran parte del territorio Nacional. También se logró la puesta en marcha de una Brigada Antinarcóticos, con sede en Tres Esquinas y de tres batallones Antinarcóticos, de 950 hombres cada uno, entrenados y asistidos en labores de inteligencia por oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estos nuevos Batallones junto con la Central de Inteligencia conjunta y la Brigada Fluvial de Infantería de Marina de la Armada Nacional, deberían socavar las actividades del Narcotráfico en los departamentos del Sur del País.[cita requerida]

    Aparte de su misión antinarcóticos y contra insurgente, en el Ejército recayó además el deber de salvaguardar la infraestructura petrolera, vial y energética de los atentados guerrilleros. Se permitió la adquisición de 18 helicópteros Black Hawk y 42 Huey (UH-1h) que fueron destinados a garantizar las operaciones en el Putumayo y Caqueta así como la movilidad y eficacia ofensiva de las tropas. Las normas relativas a la Institución Castrense tomaron cuerpo en un nuevo código penal militar, que tras ser presentado como proyecto ante el Congreso de la República durante la legislatura de 1998 se convirtió en 1999 en la Ley 522. La ley 684, que entre otros aspectos le otorgaban funciones de Policía judicial al Ejército y permitía el nombramiento de alcaldes militares en la zona de mayor perturbación pública, fue por el contrario declarada inexequible por la Corte Constitucional gracias a la presión, entre otras, del Alto comisionado para los derechos humanos de la ONU en Colombia.[cita requerida]

    También en 1999 debido a las protestas y movilizaciones sociales es creado el ESMAD como una respuesta del gobierno nacional a las problemáticas de orden público. Mediante Directiva Transitoria # 0205 del 24 de febrero de 1999, la Dirección General de la Policía organiza y estructura el escuadrón para solventar una coyuntura temporal. Posteriormente, mediante resolución # 01363 del 14 de abril del mismo año, el Director General de la Policía formaliza el Escuadrón Móvil Antidisturbios.

    Logros y reveses de la política antinarcóticos[editar]

    Para cumplir con los compromisos suscritos en el plan Colombia y con la meta de reducir hasta el 2006, en 50 % el cultivo, procesamiento y tráfico de narcóticos, el Gobierno Colombiano dio inicio a finales del 2000 a los dos programas de erradicación de cultivos ilícitos previstos para el departamento de Putumayo, que serían complementados con la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y la interceptación de la ruta de acopio de insumos y embarque de la droga. El primero, dirigido a las plantaciones de tipo individual contemplaba la sustitución de ilícitos con apoyo gubernamental y la posibilidad de una erradicación voluntaria que debía demostrar resultados en doce meses, al cabo de los cuales se procedería a discreción de las autoridades a la fumigación aérea. El segundo, enfocado a los cultivos a gran escala, comprendía una intensa y sistemática labor de aspersión aérea apoyada en los dos batallones antinarcóticos, ya existentes así como los nuevos helicópteros UH-1h.[cita requerida]

    Pero el solo anuncio de estos objetivos del Plan Colombia en los que las FARC-EP intuían el inicio de una guerra mejor dotada contra ellos, a la vez que socavaba sus finanzas fue suficiente para que en abril estas le exigieran a los empresarios con ingresos demás de dos mil millones de pesos el pago de un impuesto de paz (ley dos). Asimismo ofrecieron recompensas por la captura de pilotos de combate, declararon objetivos legítimos de las operaciones guerrilleras al personal militar de Estados Unidos presente en la zona y comenzaron a armar a la población civil para que ofrecida resistencia a las fumigaciones. Cuatro meses después impusieron un paro armado en el departamento de Putumayo que redundo en pérdidas económicas cercanas a los cincuenta millones de pesos, la muerte del alcalde Carlos Julio Rosas y el acorralamiento de sus trescientos mil habitantes. A esta situación de emergencia social se aunó la potente contraofensiva de las FF.MM. interesadas en recuperar el terreno cedido desde mediados de los noventa, lo que derivo en durísimos combates que provocaron el éxodo de la población nativa hacia los departamentos de Nariño, Tolima y la frontera con el Ecuador. Estos sucesos fueron suficientes para verificar en la práctica lo que ya se sospechaba serán las consecuencias del plan Colombia. Sin embargo, la nueva estrategia de erradicación de cultivos logró satisfacer las aspiraciones prácticas del gobierno. Al año siguiente el presidente aseguro que gracias a ella había sido posible erradicar, hasta mediados del 2001, 174 000 hectáreas de coca y 19 800 hectáreas de amapola, destruir 1732 laboratorios y 305 pistas clandestinas e incautar más de un 1 800 000 kilos de insumos sólidos y 2 400 000 galones de insumos líquidos. Según datos contenidos en el informe sobre la actividad cocalera en Colombia de diciembre de 2002 realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la evolución global de los cultivos de coca empezó a descender desde su pico más elevado: 101 800 hectáreas en 1998, 160 000 en 1999, 163 000 en 2000, 145 000 en 2001 y 102 000 en 2002. Es decir, desde la aplicación de Plan Colombia apenas se había logrado erradicar un sexto de cantidad de hectáreas mencionada por Pastrana. Por su lado la Policía antinarcóticos aportó cifras relativas a la aspersión de cultivos de coca más cercanas a los estimativos del Gobierno que mostraban que entre los años 2000 al 2001 se habían destruido 152 226,32 hectáreas de esta planta en todo el país, de ellas 46 015,05 en el Putumayo y 26 669,07 en el Caqueta. La aspersión de amapola por su parte, redundó para el mismo periodo la eliminación de 11 535,01 hectáreas en el total de los departamentos involucrados en se siembra.[cita requerida]

    Para remediar sus precarias condiciones de vida muchos campesinos habían optado por exiliarse en los departamentos limítrofes —más diez mil entre finales de 2000 y mediados de 2001—, unirse a las FARC-EP, mimetizar nuevos plantíos de coca entre los de subsistencia o adentrarse en Nariño para continuar a salvo con los cultivos ilícitos; de hecho este departamento reporto en el 2002 un incremento en las hectáreas cultivadas con coca de 102 % respecto al año anterior. Por otra parte, la circunscripción de la estrategia antinarcóticos a los departamentos del sur dejó por fuera aquellos del norte del país donde se sabía que los grupos paramilitares se dedicaban al negocio con tal capacidad que podía no solo abastecer con creces a los mercados europeo y norteamericanos, sino aportar en un 70 % a la financiación de estos grupos ilegales responsables del 80 % de las violaciones de derechos humanos en Colombia.

    Crisis del Proceso de paz; primeros choques entre FARC y ELN[editar]

    El 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguan, Pastrana había inaugurado oficialmente los diálogos de paz y el 6 de mayo las dos partes habían suscrito una agenda de 12 puntos que serviría de guía para la Mesa Nacional de Negociación prevista para el 20 de julio siguiente. Entre sus puntos relevantes las conversaciones incluían la reforma a los sistemas político y judicial, al modelo de desarrollo y la estructura agraria así como cuestiones relativas al Derecho Internacional Humanitario, las relaciones internacionales, el narcotráfico, el medio ambiente y el fenómeno paramilitar. El último tema provocó el repudio inmediato del líder de las AUC, Carlos Castaño, quien ya había demostrado en enero con una serie de masacres que dejaron 140 muertos, la poca estima en la que tenía a un proceso de paz que no ofrecía a su organización las mismas prerrogativas políticas que a los insurgentes. Las negociaciones con las FARC, recuperadas el 24 de octubre de 1999 tras otro nuevo parón, volvieron a colapsar en mayo de 2000 a raíz del anuncio por la guerrilla de la creación de un impuesto revolucionario a los particulares con un patrimonio superior al millón de dólares: quien no pagara esa exacción se exponía a ser secuestrado.[cita requerida]

    Como contrapartida, el 24 de julio de 2000, tras dos años de estériles encuentros, representantes del ELN y el Comité Nacional de Paz se reunieron en Ginebra (Suiza) para explorar si se podía alcanzar un consenso básico sobre el calendario de conversaciones, que incluyera un alto al fuego firme y la convocatoria de la Convención Nacional (entendida como un foro de discusión de propuestas abierto a todos los sectores sociales). Sin embargo, el ELN reiteró la exigencia de que se crearan “zonas de convivencia” (áreas desmilitarizadas) dentro del departamento de Bolívar, a pesar de que la población local se había movilizado en contra de esa posibilidad.[66]

    No obstante estos avances la falta de eficacia que a juicio de las guerrillas demostró el gobierno tanto para verificar el control efectivo del Ejército sobre los paramilitares, así como para propiciar su desmantelamiento, conspiró para congelar varias veces los diálogos con las FARC-EP y enrarecer los acercamientos de paz con el Ejército de Liberación Nacional; organización que le atribuyo a la estrategia paramilitar la movilización ciudadana que impidió el despeje del noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar para instalar la Mesa de Negociaciones y llevar a cabo la Convención Nacional acordada con el Presidente el año anterior.[cita requerida] En diciembre de 2000 en un claro gesto de paz que pretendía destrabar las negociaciones, el ELN libero a 29 policías, 10 soldados y 3 agentes del Das que permanecían en su poder.

    Finalmente, este grupo opto por romper los diálogos en abril de 2001, por la “falta de voluntad del Gobierno para luchar contra los paramilitares” (la razón de fondo era la negativa a concedérsele una zona desmilitarizada), si bien el Ejecutivo inculpo a su vez al ELN, de haber obstaculizado su desarrollo por la vía militar (secuestro de 70 civiles en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura en septiembre del 2000); afirmación que el COCE no reconoció sin tener en cuenta que acciones como los secuestros masivos, el hostigamiento continuo a las FF.MM y los atentados contra la infraestructura económica del país, habían minado la confianza del gobierno y de la sociedad civil. En todo caso la capacidad bélica de la estructura insurgente, había comenzado a decaer desde 1998 y no volvería a recuperarse posteriormente. Las autodefensas le arrebataron importantes territorios en el Magdalena Medio, Antioquia y la costa Atlántica, mientras una guerra intestina con las FARC, que duraría una década, terminaría por amenazar sus últimos bastiones. En efecto algunos choques esporádicos que tuvieron lugar a finales de 1999, degeneraron en una guerra abierta entre el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y los frentes 9 y 47 de las Farc en el oriente antioqueño. Los choques que dejaron decenas de muertos en marzo de 2000, se extendieron pronto a la Serranía del Perija, donde el Bloque Caribe de las FARC anunció en julio del mismo año: “hemos declarado objetivo militar a todas aquellas personas que colaboren con los grupos paramilitares; al Frente Virgilio Enrique Rodríguez del EPL y al Frente de guerra Norte del ELN, por interferir en nuestro proyecto revolucionario”.[67]

    Las FARC entre dos vías[editar]

    El otro gran tema de discordia con las guerrillas fue el plan Colombia, que a juicio suyo no solo era una agresión contra ellas “sino contra el pueblo colombiano”. Las medidas que tomaron para hacer sentir su rechazo al Plan estadounidense, así como la continuidad en sus ataques contra la fuerza pública, el uso de armas de efectos indiscriminados, las ejecuciones fuera de combate, el reclutamiento forzoso- masivo de menores-, las masacres, los secuestros y asesinatos de funcionarios públicos, entre otros actos cotidianos, terminaron por enrarecer el ambiente del proceso.[66]

    Las FARC en todo caso dejaron pasar la oportunidad de presentarse como una opción real de poder. El despeje de 42.000 km² entre Caqueta y Meta, les permite consolidar aún más sus bastiones sureños: Desde allí se extienden con los cultivos de coca sobre el Guaviare y amenazan constantemente Huila y su capital Neiva. La base antinarcóticos de Miraflores, reconstruida tras la toma de agosto fue evacuada en octubre de 1998, dejando la zona en manos de los subversivos. Lo que alguno de sus comandantes evocara como un “Estado en formación”, les llevara a expulsar a las autoridades locales que no son de su agrado y a sabotear insistentemente las elecciones. Es en esta zona de distensión donde las FARC empiezan su incursión en el negocio de narcotráfico para financiar sus actividades insurgentes y el nombre de Daniel Barrera Barrera, futuro capo del narcotráfico, es escuchado por primera vez en el gobierno nacional.

    Pero no perderán de vista, tampoco el objetivo central esbozado por las conferencias de 1982 y 1993, que es el avance sobre la Cordillera oriental y el cerco progresivo de las ciudades del triángulo Bogotá-Medellín-Cali. Los nuevos polos de producción de drogas y los corredores que permiten su exportación y a la vez la importación de armas, toman para ellos (perdido el de Urabá) importancia capital: el primero que va por el norte del Choco al Pacífico, reemplaza al anteriormente citado del Urabá y se convierte en escenario de una temible guerra con paramilitares y fuerzas del Estado; el segundo el que desde el Caqueta desemboca en Cauca y Nariño por Huila, esta en manos de la Columna Móvil Teófilo Forero; y por último los que van hacia Venezuela por Arauca y el Catatumbo, también defendidos palmo a palmo de las AUC, que se abren paso a base de masacres. El plan lo complementaria una red política clandestina, el Movimiento Bolivariano creado el 29 de abril de 2000 en el Caguan y puesto bajo la dirección de Alfonso Cano. Es según el secretariado un componente de las “nuevas fuerzas armadas” y esbozo de una “Fuerza Pública dependiente del poder civil, nacida del pueblo”. El potencial de las Farc era en todo caso menor del aparente y si bien contaba con una potente fuerza de combate, altamente entrenada y armada profusamente de fusiles y artillería artesanal, esta última era bastante imprecisa, los medios de comunicación utilizados eran anticuados y se carecía de antiaéreos, cosa que se revelaría decisiva en un futuro cercano.

    A partir de diciembre de 1999, una nueva unidad militar, la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido) entraría en acción. Conformada inicialmente por 3 de las brigadas móviles contraguerrilla, su objetivo era neutralizar los ataques subversivos y golpear sus estructuras, sobre la base de una movilidad y potencia de fuego superior. Al mando del General Carlos Alberto Fracica obtuvo su primer éxito importante entre el 15 y 16 de enero de 2000, cuando neutralizó un ataque de las FARC sobre poblaciones de Une, Quetame y Guayabetal en la vía al Llano. Cerca de 44 guerrilleros fueron dados de baja. Cuatro meses después, el 7 de mayo de 1500 militares se tomaron por asalto el campamento de Iván Márquez, uno de los miembros del secretariado, en el cañón de la Llorona, Mutatá (Antioquia). 37 guerrilleros y 2 militares perdieron la vida.[68][69]

    Pese a estos golpes, la ofensiva fariana no mermaría por el momento y precisamente adquiriría características de tierra arrasada en el norte de Colombia, donde amplios territorios eran disputados palmo a palmo con las AUC. Entre el 25 y el 26 de marzo del año 2000, cerca de 400 guerrilleros pertenecientes a los frentes 34 y 57 de las Farc, atacaron las poblaciones de Bellavista (Choco) y Vigía del Fuerte (Antioquia), separadas ambas por el curso del rio Atrato. Tras 10 horas de violentos combates, los insurgentes coparon el cuartel de policía de Vigía del Fuerte, asesinando a 21 uniformados y 8 civiles (incluido el alcalde de la localidad y sus escoltas, muertos a sangre fría). Los ataques cada vez más indiscriminados y sangrientos se sucedieron en el resto del país: el 14 de julio, Roncesvalles (Tolima), fue asaltada por un centenar de guerrilleros de las FARC que mataron en la toma a 13 efectivos de la policía; y diez días después, el 24 de julio, otros nueve policías murieron y 12 quedaron heridos, luego de que 200 miembros del frente 13 emboscaron una caravana con 45 uniformados en La Cruz (Nariño).

    La ofensiva del 2000: la batalla de Dabeiba[editar]

    En el segundo semestre de 2000, mientras arreciaba la escalada guerrillera lanzada como respuesta al estancamiento de las negociaciones con Pastrana, a la aprobación del Plan Colombia y la expansión paramilitar, las FARC dieron inicio a una nueva táctica de guerra consistente en el secuestro de reconocidos miembros del estamento político nacional. El 5 de agosto de 2000, retuvieron al congresista Oscar Tulio Lizcano y el 4 de diciembre del mismo año al exministro Fernando Araujo. A la vez destruyeron 287 torres de energía y tomaron varios municipios de Antioquia, Caldas y Choco. El 29 de julio, 300 subversivos pertenecientes a los frentes 47 y 9 encabezados por la ‘Negra Karina’, arrasaron el corregimiento de Arboleda, municipio de Pensilvania (Caldas). Doce policías y cuatro civiles murieron en el asalto, que concluyó luego de 36 horas de combate.[70]​ El 1 de septiembre, cayo en acción el teniente coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, comandante del Batallón de Artillería No 8 San Mateo, cuando lideraba una ofensiva del Ejército en una zona montañosa en límites de los departamentos de Risaralda y Chocó. El 16 de septiembre, 200 militares del Batallón Pedro justo Berrio y 350 guerrilleros del Bloque José María Córdova se enfrentarían en un primer choque en la zona rural de Dabeiba. El resultado: 19 efectivos del gobierno asesinados.

    El Ejército respondió con dos grandes ofensivas. A principios de julio, unidades de la Fudra retomaron el municipio de Labranzagrande (Boyacá), localidad que se había transformado en centro de operaciones para las FARC y el ELN.[71]​ En septiembre, miles de soldados se desplegaron en la estratégica región de Sumapaz, en desarrollo de la Operación Aniquilador II. La existencia en esa zona de un corredor de movilidad que comunica a Cundinamarca, Meta, Huila y Tolima, marcaba su importancia para las FARC, que la consideraba estratégica para cercar Bogotá. Después de 18 días de operaciones, el 23 de septiembre de 2000 las tropas alcanzaron el Alto de Las Águilas, tras haber desmantelado decenas de campamentos y haber dado de baja a 20 subversivos.[72]

    Las FARC respondieron con todo. A la vez que paralizaban Putumayo a través de un paro armado, en la noche del 18 de octubre de 2000, más de 650 irregulares entraron a la cabecera municipal de Dabeiba (Antioquia) y cercaron la estación de policía atacándola con una lluvia de cilindros bomba. La guarnición de 28 elementos resistió la embestida a costa de 2 bajas, pero cuando efectivos del Ejército trataron al día siguiente de liberar la población con un asalto helitransportado, uno de los 4 aparatos que participaba en la operación fue derribado con 22 hombres a bordo, mientras las otras 3 aeronaves, averiadas debían volver a su base. Los 60 uniformados que estaban en tierra repeliendo el ataque quedaron aislados en las colinas que rodeaban la ciudad, envueltos en una batalla que se prolongó hasta la madrugada del 20; 30 de ellos cayeron en combate.[73]

    Sin embargo, un intento similar de la guerrilla en los santanderes, terminó en fracaso. Desde la zona de despeje, medio millar de insurgentes fue enviado al norte, para recuperar el terreno perdido en el Catatumbo a manos de los paramilitares y simultáneamente golpear al Ejército. Pero esta vez las FF.MM. se adelantaron a sus planes y miles de soldados de la V Brigada al mando del General Martin Orlando Carreño, coparon en el páramo Berlín (Surata, Santander), a la vanguardia de 240 elementos que abría paso al grueso de la columna. Después de 20 días de operaciones que se extendieron desde el 26 de noviembre hasta el 20 de diciembre, la avanzada fue aniquilada contando en sus filas más de 62 muertos y 120 capturados, por solo 4 bajas del enemigo. Únicamente lograría retirarse incólume su comandante alias ‘Rogelio’, con 50 sobrevivientes.[cita requerida]

    Mientras tanto, la violencia siguió azotando el departamento de Antioquia: el 3 de noviembre, varios paramilitares ingresaron disparando indiscriminadamente a la población de Granada y mataron a 19 personas; un mes después, el 6 de diciembre, miembros de las FARC activaron un poderoso carro bomba frente a la estación de policía de la misma localidad asesinando a 16 civiles y 4 uniformados.[74][75]​ Finalmente el 29 de diciembre, el frente 14 de las FARC, ejecutó en una carretera de Florencia (Caqueta) al parlamentario Diego Turbay Cote y a 5 personas más.[76]

    Golpe a la disidencia del EPL: Muerte de Alias El Nene[editar]

    A comienzos del año 2000, el Ejército colombiano dio de baja en zona rural del municipio de Matanza (Santander) al máximo comandante del grupo disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL); Hugo Alberto Carvajal Aguilar, alias ‘el Nene’, jefe militar y cabecilla del Frente Ramón Gilberto Barbosa que operaba en el departamento de Santander. ‘El Nene’ había asumido la comandancia del grupo tras la captura de Francisco Caraballo, aunque solo varios años después es que pudo reorganizarlo, limitando sus acciones a la región oriental del país; las Fuerzas Militares calificaron al Nene en su momento como uno de los delincuentes más peligrosos de los últimos años, al atribuírsele el secuestro de 38 personas en su zona de influencia. Las autoridades militares tenían información que alias ‘el Nene’ planeaba y ejecutaba los secuestros de comerciantes, hacendados, estudiantes y profesionales en los departamentos de Santander, Sur del Cesar, y el Norte de Santander, donde en 1998 secuestró a 33 personas y en 1999 secuestró a 39; en ese último año adelantó dos (2) secuestros masivos o “pescas milagrosas” en la carretera de va del centro de país hacia la Costa Atlántica.[77]​ El Nene protagonizó en 1993 una fuga de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, donde purgaba una pena por el delito de secuestro. En su lista de víctimas por secuestro se encontraban el entonces congresista santandereano Gerardo Tamayo Tamayo; el entonces alcalde de Cáchira (Norte de Santander), Rafael Pabón; los hijos del exsenador santandereano Norberto Morales Ballesteros; además del cantautor boyacense Jorge Velosa. Su accionar delictivo lo llevó, incluso, a enfrentarse con la guerrilla de las FARC en la ciudad de Barrancabermeja.[78]

    Apogeo de las AUC: Las masacres paramilitares[editar]

    A partir de 1995, las AUC ya no limitan su acción a golpear las redes de apoyo de la guerrilla, sino que ahora lanzan una verdadera campaña de “limpieza y ocupación”, que pasa por la expulsión total, gracias al terror y las masacres colectivas de la población de las áreas antiguamente controladas por la insurgencia.

    El Urabá es solo la primera fase de la reconquista paramilitar. Desde sus bastiones costeños y antioqueños avanzan luego sobre el Magdalena medio. El ELN que compartía la región con las FARC se ve debilitado de manera notable y cede el control de la zona a sus enemigos, que comienzan a partir de mayo de 1998, a hostigar el importante puerto petrolero de Barrancabermeja, sede de una gran refinería y núcleo de un fuerte movimiento sindical; en su primera incursión asesinaran a 32 personas. Los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año, estarán marcados por la contraofensiva de ambas guerrillas en el sur de Bolívar y en el eje bananero, operación que se saldara con más de 200 bajas en los 2 bandos. Incluso los frentes V y XVIII del Bloque Noroccidental, se atreverán a atacar el 28 de diciembre el campamento madre de Carlos Castaño en la vereda El Diamante de Tierralta (Córdoba). El jefe de las AUC no estaba en el lugar, pero mueren una treintena de personas (15 civiles, 12 subversivos y 8 miembros de la guardia personal de Castaño).[79]​ No obstante a la larga las autodefensas prosiguen su arremetida y a fines de 1999 ocupan definitivamente Barrancabermeja, procediendo a ultimar a más de 500 civiles en los meses siguientes.

    Así es que moviéndose desde el norte de los ganaderos y bananeros, las AUC se enfrentan a las FARC por el domino de amplios territorios del país. A base de masacres,[80][81]​ de la desaparición forzada, de la tortura sistemática y de los asesinatos selectivos se abren paso hacia el Catatumbo y la costa Caribe, eliminando al grueso de la subversión de Magdalena, Sucre y la Sierra Nevada, cercando además a Martin Caballero y lo que queda del Bloque Norte en los Montes de María. En una verdadera tenaza, cuya pinza izquierda se mueve con Salvatore Mancuso por Córdoba y la derecha con Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40” a través del Cesar, atrapan a los 7 departamentos de la costa atlántica.

    Asimismo el Bloque Central Bolívar, grupo que confederado a las ACCU formaba las AUC y tenía en sus filas una fuerte influencia de narcotraficantes lideró la embestida paramilitar en el centro del país, llegando a agrupar cerca de 7000 combatientes. En el oriente también se abrieron operaciones con el envió de cerca de 400 hombres a los llanos orientales (llamados urabeños por la población local) que se aliaron con los grupos ya existentes en el Ariari; de esa manera las autodefensas penetraron en los bastiones sureños de las FARC, adueñándose de parte del Meta, Vichada y Arauca. El Bloque Centauros que lideró esta avanzada fue más tarde comprado por el narcotraficante Miguel Arroyave, que lo encabezo entre 2002-2004. Hasta el Valle (con el Bloque Calima), Nariño, Caqueta y Putumayo llegaran las fuerzas de Castaño; en el último departamento, zona de cultivo de coca disputada palmo a palmo con los comunistas cometerán innumerables crímenes. En las ciudades, Medellín principalmente, pero en muchas otras intermedias aniquilan al grueso de las milicias bolivarianas y montan bandas que les son adeptas; en la capital antioqueña Diego Fernando Murillo “Don Berna” antiguo narcotraficante del Cartel y exmiembro del EPL dirige la creación del Bloque Cacique Nutibara en 2001, encargado de reconquistar más de 600 barrios en manos enemigas.[cita requerida]

    La precaria unidad del movimiento, del que fue víctima su propio líder Carlos Castaño (quien seria retirado de la jefatura suprema antes de ser asesinado en 2004) y los continuos enfrentamientos entre Bloques de la misma organización (guerra entre los Bloque Metro de alias ‘Doble cero’ y Cacique Nutibara de “Don Berna”), no impidieron su fortalecimiento al amparo de los dividendos que dejaba el narcotráfico, que llegó a representar un 70 % del financiamiento de las AUC. Progresivamente los narcos afianzaron su poder en las estructuras paramilitares, adquiriendo franquicias enteras de hombres. Además numerosas figuras regionales de la política y la economía se involucraron en nombre de la lucha contra insurgente en las Autodefensas, brindándoles cobertura legal y recursos financieros.[82]

    Aunque desde el punto de vista militar, esta amalgama de grupos armados no estaba en condiciones de enfrentar directamente a las FARC, lograron arrebatarles amplios territorios desde la Guajira hasta el Amazonas pues les aventajaban en otros frentes. La falta de unidad, la fragmentación y diversidad de las AUC, le permitió a las distintas facciones que la componían adaptarse a las condiciones de cada región, compitiendo primero por el control de la zona y luego expulsando a la guerrilla, atacando sus bases de apoyo y redes de milicianos. La segunda ventaja derivaba del hecho que se presentaban como un movimiento político antisubversivo; en las múltiples entrevistas que concedió Carlos Castaño a la prensa, el, presentó a las autodefensas como una simple respuesta de la población civil contra la insurgencia. El hecho de que el mismo jefe de las AUC, reconociera sus actos y no escondiera la cara, a diferencia del secretariado siempre reticente a aceptar responsabilidades, le atrajo la atención de amplios sectores de la población colombiana. Un ejemplo de ello fue cuando un movimiento cívico respaldado o generado por Castaño, impidió el despeje de una segunda zona desmilitarizada en el sur de Bolívar. El fiasco del Caguan y lo que muchos vieron como debilidad de Pastrana “entregando el país a los violentos” hizo el resto. Finalmente los paramilitares contaron con la complacencia (abierta en unos casos) de numerosas unidades policiales y militares, gustosas de que los irregulares de derecha hicieran el trabajo sucio por ellas. Pero no solo hallaron apoyo en las FF.MM. sino también en líderes políticos regionales y nacionales, varias agremiaciones, renglones de la economía legal y empresas exportadoras. En 2002 declaraban que un 35 % del congreso había salido elegido con su respaldo.

    Con todas esas ventajas en su haber, las AUC no se conformaron solamente (como anteriores grupos paramilitares) con hacer el trabajo de refuerzo al Estado, sino que ocuparon ellos mismos por lo menos una cuarta parte del país. La ofensiva total contra la izquierda, que incluyó los asesinatos del abogado Eduardo Umaña Mendoza en abril de 1998 y del humorista Jaime Garzón en agosto de 1999 (los dos crímenes declarados en 2016 por la Fiscalía como delitos de lesa humanidad sin riesgo que prescriban[83]​), los llevó a atacar de manera sistemática a la población campesina supuestamente colaboradora de la subversión: solo entre 2000 y 2002, en crímenes colectivos las autodefensas mataron a casi 3100 civiles, sin contar las miles de víctimas de desaparición forzada y asesinato selectivo; quizá 25 000 desde 1997 hasta 2005. También expulsaron a cerca de 1 500 000 personas que pasaron a engrosar los cinturones de miseria en Medellín, Cartagena, Cali y Cúcuta principalmente. Solo enumerando las incursiones más sangrientas, las AUC ejecutaron a alrededor de 35 personas en la región de La Gabarra (Norte de Santander) en agosto de 1999; a 66 habitantes del salado (Bolívar) el 18 de febrero de 2000;[84]​ a 15 campesinos muertos a garrote y piedra en Macayepo (Bolívar) el 14 de octubre del mismo año;[85]​ a 38 pescadores en la Ciénaga Grande de santa Marta (Magdalena) el 22 de noviembre siguiente; a 27 labriegos liquidados a mazazos en el corregimiento del Chengue (Ovejas, Sucre) el 17 de enero de 2001;[86]​ a 24 civiles entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (Alto Naya) en abril de 2001; y finalmente a 140 inocentes en todo el país en los primeros 10 días de octubre de 2001, 24 de ellos en Buga (Valle).

    El terror como estrategia de guerra les permitió alcanzar grandes victorias sobre la subversión, pero le significó la muerte a más de 25 000 colombianos y el desplazamiento a dos millones más. El repliegue de las FARC hasta 2003 debió en todo caso mucho a la táctica de tierra quemada de las AUC.

    Agonía del Proceso de paz[editar]

    Gracias a los cuantiosos recursos proporcionados por los Estados Unidos, pero sobre todo a la reforma militar, las fuerzas gubernamentales pudieron demostrar crecientemente sobre el terreno su estruendosa transformación. El 11 de febrero de 2001, 3550 tropas se tomaron Barrancominas (Guainía), cuartel general del frente 16 en el oriente del país.[87]​ Tras 2 meses de continuas operaciones que permitieron la total destrucción de la infraestructura cocalera de la región, fue capturado el 21 de abril, en el marco de la Operación Gato Negro, el narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa alias ‘Fernadinho Beira Mar’, protegido del ‘Negro Acacio’ (Tomás Medina Caracas) y las FARC. Aquello no solo demostró la estrecha relación del movimiento insurgente con las redes de tráfico de estupefacientes, sino que fue un profundo mentís a las declaraciones del Secretariado, cuyos miembros negaban constantemente su implicación en el lucrativo negocio, achacándolo todo a una campaña de desprestigio del Estado colombiano.[88][89]

    Debido sobre todo a los contundentes golpes recibidos, y a que ya no podían operar con grandes masas de combatientes, las FARC optaron por evitar los asaltos masivos a instalaciones militares centrando su actuación en los atentados urbanos, la toma de cuarteles de policía y los secuestros de personalidades del mundo político. La excepción fueron 2 grandes ataques, emprendidos contra puestos aislados y relativamente fáciles de copar: en el primero de ellos el 10 de marzo de 2001, 300 hombres al mando de JJ (Milton Sierra Gómez), irrumpieron en Cerro Tokio (Dagua, Valle), base de un importante nudo de telecomunicaciones custodiado por 75 elementos de la Infantería de Marina. 16 infantes y un civil murieron en la toma facilitada por la acción de 2 infiltrados. Tres meses después, el 22 de junio, 500 guerrilleros del Bloque sur dirigidos por Fabián Ramírez, se lanzaron con todo sobre la base de Coreguaje, defendida por el Batallón de selva No 49 y ubicada a medio camino entre La Tagua y Puerto Leguízamo (Putumayo). Pese a que su primer asalto fue repelido por los 80 soldados que guarnecían el fuerte, los subversivos no rehuyeron el combate, aun después del envío de unidades de refuerzo y apoyo aéreo. Así que solo tras 2 nuevas embestidas y sometidos al ametrallamiento de la Fuerza Aérea se retiraron, con numerosas bajas en sus filas. Allí también quedaron sin vida 30 militares.[90]

    De forma paralela la guerrilla de las FARC contraataco con saña en las regiones dominadas por las AUC sobre todo en el norte del país, buscando golpear las estructuras militares de esta organización y a la vez debilitar sus redes de apoyo entre la población civil. Es así como la violenta ofensiva emprendida por el Bloque Noroccidental en el nudo de Paramillo y el sur de Córdoba, degenera pronto en una guerra abierta: a finales de marzo una base paramilitar en Ituango (Antioquia) es copada por la insurgencia que mata en el asalto a 30 autodefensas; y a principios de abril en el área de Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba), mueren 20 guerrilleros y 10 paramilitares en otra serie de combates. Sin embargo, la acción que marco el punto culminante de la embestida, fue el secuestro y posterior ejecución por parte de las FARC, de 33 campesinos en Río Manso (Tierralta, Córdoba) entre el 22 y el 24 de mayo de 2001.[91]

    De otro lado conscientes del peso político, militar y financiero que representaba tener más de 400 uniformados retenidos, y como único resultado plausible de la política de paz de Pastrana, el Secretariado de las FARC, soltó lastre y en el mes de junio de 2001 dejó en libertad a todos los soldados y policías regulares que tenía en su poder (unos 310), quedando no obstante otros 50 oficiales y suboficiales secuestrados en espera de un efectivo intercambio humanitario.[92][93]​ Ahora bien, creyendo que capturando políticos esta vez el establecimiento cedería al final, el secretariado profundizo dicha estrategia. El senador Luis Eladio Pérez (10 de junio), el gobernador del Meta Alan Jara (15 de julio), Gloria Polanco y sus 2 hijos (retenidos por la Columna Móvil Teófilo Forero en un audaz asalto al edificio Miraflores de Neiva el 26 de julio), los congresistas Orlando Beltrán (28 de agosto) y Consuelo González (10 de septiembre) fueron las víctimas de esta nueva táctica. El 24 de septiembre el turno fue para la “Cacica” Consuelo Araujo, asesinada poco después en medio de la persecución de las autoridades.

    Es entonces cuando la solución militar termina por imponerse contra la guerrilla. En agosto de 2001, 1300 guerrilleros del Bloque Oriental, avanzaron desde la zona del Caguan hacia el oriente del Meta, para retomarlo de manos de las AUC. 5000 tropas de la FUDRA al mando del General Carlos Alberto Fracica, apoyados en un despliegue aéreo que incluyó 28 helicópteros y 15 aviones (Operación 7 de agosto), les salieron al paso el día 13 y le infligieron a las FARC una contundente derrota. Murieron 80 insurgentes, entre ellos su comandante Urias Cuellar (dado de baja el 19) artífice de muchas de las victoriosas tomas de los años noventa.

    Evidenciando el nuevo equilibrio alcanzado, el año terminó con 1028 insurgentes abatidos, superando por primera vez la línea del millar, y 1766 fueron capturados. Pese a las duras derrotas sufridas, el influjo territorial y el poder bélico de las FARC no se verían por el momento disminuidas sustancialmente, y en respuesta a los duros golpes sufridos la organización respondería con cada vez mayor dureza: el 14 de diciembre de 2001, integrantes de los frentes 18 y 58 incursionan en la vereda Las Acacias, en zona rural del municipio de Tarazá (Antioquia) y asesinan a 23 campesinos, a quienes acusan de ser colaboradores de las AUC. Los labriegos son desmembrados con machetes y motosierras.[94]

    El 9 de enero de 2002 Pastrana, en respuesta a la última campaña de ataques, declaró suspendido el proceso de paz con las FARC y el día 12, previo rechazo de su demanda de que terminaran las medidas de control de su territorio mediante sobrevuelos, retenes militares en el perímetro exterior y restricciones a las visitas de extranjeros, les lanzó un ultimátum de 48 horas para que clarificaran sus propuestas de cese de hostilidades antes de ordenar al Ejército la retoma de la zona de distensión. En el último momento, el 14 de enero el proceso de paz se libró del colapso al suscribir ambas partes un documento propiciado por la ONU y los países facilitadores en el que se declaraba que existían garantías para seguir negociando.[66]

    Pero este logró in extremis solo fue un espejismo.[66]​ Las FARC desatarían otra embestida terrorista contra civiles y militares en febrero de 2002 que dejó casi un centenar de víctimas fatales: el 18 de enero en curso de un operativo antinarcóticos perecieron 5 comandos jungla y un helicóptero fue destruido; el 19, una doble emboscada efectuada contra tropas del batallón Pichincha en los farallones de Cali, se saldó con 15 muertos; el 25 estalló una bicicleta bomba en el sur de Bogotá matando a 4 uniformados y dos civiles; el 29 fueron masacrados 29 soldados de la Brigada Móvil No 2 en El Dorado (Meta) al hacer explosión una casa cargada con 2 toneladas de dinamita; y finalmente en la madrugada del 11 de febrero es atacado con morteros el alojamiento del batallón de infantería número 27 del Ejército, en Pitalito (Huila). Diez militares perdieron la vida y cuarenta quedaron heridos.[95]

    Fin del proceso de paz y ascenso de Uribe[editar]

    Un proceso de paz cada vez más desprestigiado, sufrió el golpe mortal de manos de las FARC. Estas que habían visto una oportunidad estratégica en la desmilitarización del inmenso territorio selvático, ahondaron su campaña bélica (que le costo la vida a 2000 civiles y 1500 uniformados entre enero de 2000 y agosto de 2002) y el 20 de febrero de 2002, secuestraron al senador Eduardo Gechem Turbay, haciendo aterrizar el avión que lo transportaba en una carretera del Huila.[96]​ Su retención justificó el mismo día de febrero, la decisión del Presidente de terminar la parodia de paz con esta organización y mantener la solución de fuerza a la que se había visto compelido desde mediados del año anterior.[66][97]

    “...por eso he tomado la determinación de no continuar el Proceso de paz con las FARC...Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe y no solo a mi sino a todo el pueblo colombiano...Decretamos una zona para sostener las negociaciones, cumplimos con la promesa de despejarla de las Fuerzas Armadas y ud. la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados...He decidido poner fin a la zona de distensión a partir de la 00:00 AM (mirando su reloj) de hoy...”
    Andrés Pastrana. Alocución Presidencial febrero 20 de 2002

    [98]

    A pesar de los esfuerzos de los países amigos del proceso de paz y de los oficios del asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas, James Lemoyne, en pro de una reactivación de los entendimientos, el gobierno se mantuvo y ordeno a las Fuerzas Armadas proceder a la recuperación de la zona de distensión, por medio de la Operación TH.[66]

    La Fuerza aérea y la aviación del Ejército castigaron duramente los campamentos subversivos desde la madrugada del 21, mientras 20 000 tropas avanzaban sobre las 5 cabeceras municipales despejadas, recuperándolas en menos de 24 horas. La bandera de las FARC izada en el centro de San Vicente del Caguan fue echada abajo por los soldados, marcando con ello el epílogo de un proceso frustrado. Las más de 121 operaciones de bombardeo y los combates en tierra terminaron con más de 100 insurgentes muertos, rendidos o capturados, mientras el grueso de sus fuerzas se replegaba a las áreas selváticas contiguas.[99]

    Por otra parte, los atentados contra Estados Unidos perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la red Al Qaeda, opacaron la guerra contra las drogas y la activaron contra el terrorismo. Gracias a la presión del Presidente George W. Bush, el Congreso de su país autorizó en julio de 2002, la extensión de los recursos del Plan Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales como parte de “una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos y las organizaciones designadas como terroristas” (FARC-EP, UC-ELN, AUC); es decir, le brindo al gobierno nacional argumentos adicionales para restarles a las guerrillas cualquier vestigio de legitimidad que hubiera podido quedarles luego de su pobre papel en el proceso de paz. Además, la designación de las FARC-EP como el grupo terrorista más peligroso del hemisferio y la presunción estadounidense de sus vínculos con la ETA, el IRA e incluso con Al Qaeda, fueron utilizadas por el gobierno para ponerles precio a las cabezas del Secretariado de este grupo y lograr que la Unión Europea lo incluyera en su propia lista de organizaciones terroristas.[cita requerida]

    En respuesta al fracaso de las negociaciones de paz y a la nueva coyuntura internacional, las FARC-EP, fortalecidas como nunca antes en efectivos (unos 20 000 hombres en armas y 15 000 milicianos en 2002, frente a 295 000 uniformados) y pertrechos gracias al amparo de la zona de distensión y de tres años de continuas dilaciones, optaron por profundizar en su táctica de urbanizar el conflicto estrechando el cerco sobre Bogotá, Cali y Medellín y continuar con la estrategia de consolidación de su poder local mediante la intimidación, el destierro o asesinato de las autoridades locales.[cita requerida]

    La campaña a la presidencia del candidato liberal disidente Álvaro Uribe Vélez, personalmente partidario de la guerra total contra la subversión y de su aplastamiento militar, ascendió vertiginosamente con una propuesta que se hizo popular entre el electorado colombiano gracias a los errores de un proceso fracasado y al cansancio de una sociedad harta de un conflicto sin fin, lo que terminaría por ahondar la ofensiva terrorista de las FARC.[cita requerida]

    Esta pese al repliegue territorial ante los paramilitares y a los golpes infligidos por el Gobierno, conserva toda su capacidad militar intacta. Entre el final de la Administración Pastrana y el comienzo del primer cuatrienio de Uribe, las acciones bélicas aumentan a un número superior de 700, afectando sobre todo a Antioquia, Arauca, Meta, Nariño y Cauca. Ya no hay operaciones de gran impacto, pero se multiplican las emboscadas, los hostigamientos, los sabotajes a infraestructura y la destrucción de ejes de comunicación. Más de 690 uniformados pierden la vida en 2002 frente a 550 en 2001. Adicionalmente las FARC, toman como objetivo las autoridades locales: matan a 12 alcaldes y 60 concejales, obligan a más de 300 a despachar desde otros municipios y amenazan de muerte a 6000 de 12 000 funcionarios públicos. El 16 de marzo sicarios ultiman a la salida de una iglesia al arzobispo de Cali, Isaías Duarte Cancino. El 7 de abril un coche bomba activado en la zona rosa de Villavicencio deja sin vida a 10 civiles. El 11 de abril en un operativo cinematográfico el Comandante JJ (Milton Sierra Gómez) saca de la Asamblea del Valle a 12 diputados haciendo pasar a sus hombres como miembros del Ejército y el 21 de abril, el Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri, son secuestrados en medio de una marcha por la paz. 172 cabeceras municipales carecen de presencia estatal en 2002. Además sus frentes multiplican los enfrentamientos con las autodefensas, que a la sazón se encuentran en pleno apogeo de su capacidad bélica. El 2 de mayo, en medio de feroces combates con paramilitares en el Choco, miembros de las FARC, lanzan un cilindro bomba sobre la iglesia de Bojaya donde se refugian cientos de civiles. 79 personas mueren.[100]​ Pocos días después, el 14 de mayo, en zona rural de Campamento (Antioquia) se dio uno de los mayores choques entre las AUC y las FARC. Entre 70 y 80 irregulares murieron en los combates, que terminaron con la intervención del Ejército.[101]

    Por añadidura preparándose para una larga ofensiva del ejecutivo, tuvieron la suerte de hacerse de un importante botín de guerra, en la persona de la candidata presidencial Ingrid Betancur y su fórmula vicepresidencial Clara Rojas, retenidas el 23 de febrero, cuando se aventuraron a entrar a la recién tomada zona de despeje. Si bien estaba rezagada en las encuestas, su doble nacionalidad, colombo-francesa, fue vista como una oportunidad para las FARC de internacionalizar el conflicto y sacar réditos políticos.[cita requerida]

    Desde este momento, Pastrana se limitó a gobernar con una agenda del día a día, sin propuestas ni iniciativas, hasta la terminación de su mandato, dejando a su sucesor un efectivo aparato de disuasión, encarnado en unas Fuerzas Armadas con un poder ofensivo real.

    El 7 de agosto se posesionaba Álvaro Uribe y la guerrilla lo recibía en pie de guerra al bombardear con morteros la misma Casa de Nariño.[102]​ Pese a que no alcanzaron su objetivo, 18 personas mueren y la confrontación queda más abierta que nunca.

    Conflicto armado interno de Colombia
    Previo Conflicto armado interno de Colombia entre 1990-2002 Posterior
    Conflicto armado interno de Colombia entre 1978-1990 1990-2002 Conflicto armado interno de Colombia en el Siglo XXI

    Bibliografía[editar]

    Villamizar Herrera, Darío (2017). Las Guerrillas en Colombia. Bogotá, Penguin Random House. ISBN 9789588931968.

    Véase también[editar]

    Referencias[editar]

    1. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-561407». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    2. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3859». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    3. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-8916». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    4. ELTIEMPO.COM, El Ejército Ataca Casa Verde
    5. «http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=112294». Archivado desde el original el 17 de septiembre de 2008. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    6. «Tirofijo: Casa Verde Fue Destruida - Archivo - Archivo digital eltiempo.com». Consultado el 2009. 
    7. El Espectador (26 de septiembre de 2010). «En ‘Sodoma’ con ‘Jojoy’». Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2010. 
    8. http://justiciaypazcolombia.com/Masacre-Los-Uvos.  Falta el |título= (ayuda)
    9. «Etnias de Colombia: Masacre del Nilo: impunidad y pesares para el pueblo nasa». Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. 
    10. a b «http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-para-rato/17654-3». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    11. «http://elpais.com/diario/1992/09/07/internacional/715816805_850215.html». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    12. Plantilla:Cita web HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHVFVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVFFFFFFF F FFFFFFFFFFFFFFFFFFEEEG
    13. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-237226». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    14. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-256402». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    15. «http://elpais.com/diario/1993/12/20/internacional/756342011_850215.html». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    16. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-277337». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    17. «http://web.archive.org/web/http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/putumayo/guerrill.htm». Archivado desde el original el 1 de febrero de 2014. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    18. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-177186». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    19. a b «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-180734». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    20. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-180438». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    21. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-201574». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    22. «http://web.archive.org/web/http://www.museocasadelamemoria.org/site/?tabid=319». Archivado desde el original el 3 de febrero de 2014. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    23. a b c «Escobar: 17 años de historia del criminal». El Tiempo. 2 de diciembre de 1993. Consultado el 16 de agosto de 2012. 
    24. «Sexto coche bomba en lo que va de 1993». Hoy (Ecuador). 16 de abril de 1993. Archivado desde el original el 24 de diciembre de 2013. Consultado el 21 de diciembre de 2013. 
    25. «http://web.archive.org/web/http://m.eltiempo.com/politica/el-asesinato-de-manuel-cepeda-vargas/10140507». Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    26. «Un magnicidio impune». El Espectador. 30 de octubre de 2010. 
    27. http://www.vanguardia.com/colombia/419145-declaran-crimen-de-alvaro-gomez-hurtado-como-de-lesa-humanidad
    28. http://www.vanguardia.com/colombia/419161-estas-fueron-las-pruebas-que-hicieron-declarar-crimen-de-gomez-hurtado-como-de-lesa-
    29. a b c «http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/colombia/ernesto_samper_pizano». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    30. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-343269». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    31. «Revista Semana: Golpes de Pecho». Consultado el 4 de abril de 2017.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
    32. «http://web.archive.org/web/http://cursomatamoros.com/lasdelicias.pdf». Archivado desde el original el 5 de febrero de 2015. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    33. a b c «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-911234». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    34. «http://www.verdadabierta.com/component/content/article/11-periodo-1/4293-frente-5-de-las-farc-protagonista-de-la-guerra-en-antioquia». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    35. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-563730». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    36. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-595831». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    37. http://www.elespectador.com/node/2434 El Espectador: Ataque a Patascoy: 15 minutos de horror y 10 años de secuestro
    38. http://www.vanguardiavalledupar.com/2007/12/10/nac1.htmArchivado el 7 de enero de 2016 en la Wayback Machine. Vanguardiavalledupar: Patascoy, una pesadilla que no se olvida
    39. «Hora de renuncias». Consultado el 4 de abril de 2017.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
    40. «el billar un reto sin antecedentes». El Tiempo. 7 de marzo de 1998. Consultado el 23 de noviembre de 2012. 
    41. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-500182». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    42. «Escobar: se está perdiendo la guerra». El Tiempo. 8 de septiembre de 1996. Consultado el 23 de noviembre de 2012. 
    43. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-50120». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    44. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-384126». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    45. «http://www.semana.com/nacion/articulo/el-hombre-del-overol/30762-3». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    46. «http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/el-medico-de-mafia-articulo-299968». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    47. «http://caracol.com.co/radio/1997/09/29/judicial/0875512800_072625.html». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    48. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2423854». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    49. «http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/historia-secreta-guerra-por-herencia-pacho-herrera». Archivado desde el original el 17 de agosto de 2016. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    50. «El Espectador: Una pesadilla que lleva 10 años». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    51. «Vanguardia Liberal: Nación, condenada por toma de Miraflores». Archivado desde el original el 23 de octubre de 2008. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    52. «El Espectador: Mitú fue el infierno». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    53. «El Tiempo: Se conmemoran 10 años de la toma a Mitú, el golpe más sangriento de las Farc».  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
    54. elespectador.com, Mitú fue el infierno
    55. «Cronología del proceso de paz», en BBC Mundo: 21 de febrero de 2002.
    56. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-870189». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    57. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-911061». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    58. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-943141». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    59. a b «http://www.semana.com/nacion/articulo/la-ofensiva/40193-3». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    60. The Philadelphia Inquirer, July 31, 1999, Page A04
    61. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-907633». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    62. El subsecretario de Estado para el control internacional de Narcóticos norteamericano manifestó, en septiembre de 1999, lo que seria el rumbo a seguir por Colombia: “hemos sido muy claros con el Gobierno del Presidente Pastrana que la paz a cualquier precio, no es una política aceptable hemos sido claros con todos los partidos que el proceso de paz no debe interferir con la cooperación de Antinarcóticos”. El Senador demócrata Joseph Biden fue aún más rotundo al afirmar al año siguiente que nunca antes se había presentado una oportunidad tan propicia como el Plan Colombia para asestarle un golpe decisivo al tráfico de estupefacientes; por tanto, la ayuda a la nación andina revestía una importancia Nacional si se consideraba que de ella provenía la mayoría de las drogas que estaba envenenando a los Estados Unidos.
    63. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-959700». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    64. «http://anfibioscolombia.org/archivos/445». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    65. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1233863». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    66. a b c d e f «http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/colombia/andres_pastrana_arango#6». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    67. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1301884». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    68. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1282322». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    69. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1273343». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    70. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1251086». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    71. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1267853». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    72. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1223722». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    73. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1282366». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    74. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1299733». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    75. «http://granadaantioquia.blogspot.com/2010_09_01_archive.html». Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2014. Consultado el 26 de octubre de 2014. 
    76. La republica (2 de enero de 2001). ANSA, ed. «Gobierno le pide a las FARC pronunciamiento». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    77. «http://www.caracol.com.co/noticias/abatido-jefe-militar-del-epl/20000131/nota/91580.aspx». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    78. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1264455». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    79. «http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/uploads/2015/07/Sentencia-Heroes-de-Tolova-Uber-Dario-Ya%C3%B1ez-Cavadias-decisi%C3%B3n-leida.pdf». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    80. «Paramilitares Genocidas». Univisión (YouTube). 
    81. «Se entrenaban para matar picando campesinos vivos». Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007. 
    82. «Infiltración paramilitar».  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
    83. [1]
    84. Más de 100 fueron las personas asesinadas por 'paras' en masacre del Salado, revela la Fiscalía. El Tiempo (Colombia). 23 de junio de 2008. Consultado el 23 de junio de 2008.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
    85. «Coincidencias macabras». Archivado desde el original el 16 de octubre de 2008. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    86. Chengue: una masacre sin ruido. Semana (Colombia). 30 de julio de 2008. Archivado desde el original el 28 de agosto de 2008. Consultado el 30 de julio de 2008. 
    87. El Colombiano (3 de marzo de 2002). bibliotecapiloto.gov.co, ed. «El día de guerra a $45.000 millones». Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013. Consultado el 26 de octubre de 2010. 
    88. El Tiempo (1 de marzo de 2001). «GOLPE AL TRANQUILANDIA DE LAS FARC». Consultado el 26 de octubre de 2010. 
    89. Semana (9 de abril de 2001). «Golpe maestro». Consultado el 26 de octubre de 2010.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
    90. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-483348». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    91. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-500681». 
    92. AFP (16 de junio de 2001). El Mercurio, ed. «FARC entregó al gobierno colombiano a 29 efectivos capturados en combate». Consultado el 31 de octubre de 2010. 
    93. La República (16 de junio de 2001). «Las FARC liberan a 242 soldados y policías». Consultado el 1 de noviembre de 2010. 
    94. «http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=139». Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2015. Consultado el 4 de abril de 2017. 
    95. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-966167». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    96. Hernández-Mora, Salud: http://www.elmundo.es/2002/02/21/mundo/1109306.html «Las FARC secuestran un avión para raptar a un senador», en EL Mundo: 21 de febrero de 2002.
    97. «http://vimeo.com/27208756». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    98. «https://www.youtube.com/watch?v=F1Z0qQfiNK0». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    99. «http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1343094». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    100. La Fiscalía General de la Nación de Colombia reconoce la existencia de 74 víctimas, cuyos cadáveres procedió a analizar según Boletín de Prensa n.º 135. Reitera la cifra en todos los documentos de condena a los diversos autores identificados y condenados con el siguiente texto: La masacre de Bojayá fue perpetrada el 2 de mayo de 2002, cuando un cilindro bomba lanzado por las Farc mató a 74 personas que se refugiaban en la iglesia de la población. Por ejemplo en: [2]
    101. «http://www.latinamericanstudies.org/auc/campamento-combates.htm». Consultado el 4 de abril de 2017. 
    102. «Nación: Mensajes en computadora de “Reyes” hablan de atentados contra Uribe». Consultado el 4 de abril de 2017.