Conflicto armado interno de Colombia entre 1974-1990

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Conflicto armado interno de Colombia entre 1974-1990
Parte de Conflicto armado interno de Colombia Guerra Fría Guerra contra las drogas
Fecha 1974-1990
Lugar ColombiaFlag of Colombia.svg Colombia
Casus belli
  • Violencia partidista.
  • Desigualdad social,económica y política.
  • Conflicto por la tierra, narcotráfico.
  • Injerencia de los Estados Unidos
Conflicto Conflicto militar en Colombia, cuyas partes son el gobierno colombiano, los grupos guerrilleros de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha
Resultado En desarrollo
Consecuencias
Beligerantes
Grupos paramilitares
Grupos paramilitares y de contraguerrillas
Bandera de Colombia
Gobierno de Colombia
Grupos guerrilleros
  • Flag of ELN.svg ELN(1964)
  • Flag of the FARC-EP.svg FARC-EP (1966)
  • EPLflag.png EPL (1967)
  • Flag of M-19.svg M-19 (1974)
  • ADO
  • CRS
  • PRT
  • MAQL
  • Comandantes
    Pablo Escobar Gaviria Gonzalo Rodríguez Gacha Carlos Lehder (C)Jorge Luis Ochoa (De)
    Miguel Rodríguez Orejuela (C)
    Gilberto Rodríguez Orejuela (C)
    José Santacruz Londoño 
    Helmer “Pacho” Herrera
    Alberto Orlández Gamboa (C)
    Orlando Henao
    Iván Urdinola
    Bandera de Colombia Alfonso López Michelsen
    Bandera de Colombia Julio César Turbay Ayala
    Bandera de Colombia Belisario Betancur Cuartas
    Bandera de Colombia Virgilio Barco Vargas
    Flag of ELN.svg Manuel Pérez Martínez
    Flag of ELN.svg Gabino

    Flag of the FARC-EP.svg Jacobo Arenas
    Flag of the FARC-EP.svg Manuel Marulanda
    Flag of the FARC-EP.svg Alfonso Cano 
    Flag of the FARC-EP.svg Mono Jojoy 
    Flag of the FARC-EP.svg Raúl Reyes 
    Flag of the FARC-EP.svg Timoleón Jiménez (D)


    Flag of M-19.svgJaime Bateman Cayón
    Flag of M-19.svg Iván Marino Ospina 
    Flag of M-19.svgÁlvaro Fayad 
    Flag of M-19.svg Carlos Pizarro Leongómez (D)


    EPLflag.png Pedro León Arboleda EPLflag.png Pedro Vásquez Rendón EPLflag.png Oscar William Calvo EPLflag.png Ernesto RojasEPLflag.png Bernardo Gutiérrez (D)
    (D): Desmovilizado(De): Desmantelado( ): Fallecido(C): Capturado(EPDD): En proceso de desmovilización

    El Conflicto armado interno de Colombia entre 1974 y 1990 comprende el segundo periodo de dicho conflicto entre 1974 y 1990. Con los gobiernos de Alfonso López Michelsen (1974-1978), Julio Cesar Turbay (1978-1982), Belisario Betancur Cuartas (!982-1986), y Virgilio Barco (1986-1990).

    Posteriormente al Frente Nacional Colombia viviría un aumento en su conflicto armado interno, la guerra llegaría a las ciudades (principalmente con las acciones del M-19 y el narcoterrorismo de los carteles de la droga), surgirían más grupos armados como guerrillas (Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los trabajadores, las Autodefensas Obreras, la Corriente de Renovación Socialista, entre otros grupos) grupos paramilitares (Autodefensas, Muerte a Secuestradores, Carteles de Narcotráfico, entre otros) y con la financiación del narcotráfico y la lucha contra este y contra las guerrillas se recrudece la guerra con (asesinatos, masacres, desapariciones, tomas guerrilleras, secuestros, batallas, atentados terroristas, y crímenes de lesa humanidad).Y sería un periodo marcado por múltiples intentos de negociación entre el Gobierno Colombiano y los distintos grupos armados, la agrupación de las guerrillas en Coordinadoras Guerrilleras y que se vería caracterizado por el surgimiento de movimientos sociales y políticos como la Unión Patriótica, Movimiento A Luchar, La séptima papeleta por el cambio de la constitución que se daría finalmente en 1991, entre otros y Paros Cívicos Nacionales (el más importante de la historia colombiana el de 1977).

    Gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978)[editar]

    Fue elegido el liberal Alfonso López Michelsen en 1974, el apoyo popular con los recuerdos del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) de los años 60's .Oficialmente, era el final del Frente Nacional, y que le había cerrado el espacio político a terceras fuerzas como la ANAPO, permitiendo a las guerrillas justificar su existencia. Con los propósitos iniciales de la concertación y de la institucionalización de la democracia, bajo el lema del “Nuevo Trato”, López intentó realizar una mayor apertura, por un lado hacia el movimiento sindical, y por el otro se propuso negociar con el ELN. Pero la oposición de los militares y la renuencia de los guerrilleros a entregarse, hizo fracasar las negociaciones. Otro propuesta semejante, salida del seno de las FARC, se abortó por la misma causa. En consecuencia, las guerrillas se negaron a rendirse o a desaparecer y continuaron alzadas en armas. Lo que queda del ELN se reorganiza bajo el mando del ‘Cura Pérez’ y Nicolás Rodríguez Bautista ‘Gabino’ en el sur de Bolívar, y el 7 de septiembre de 1975, protagonizan el asesinato del Inspector General de las FF.MM. general Ramón Arturo Rincón Quiñónez.[1]

    López Michelsen incumplió las promesas de convertir a Colombia en el Japón de Latinoamérica, y a la misma bonanza económica que vivía el país (gracias a los altos precios del café en el mercado internacional y al dinero del tráfico ilegal de cocaína y de la bonanza marimbera). El narcotráfico en Colombia se vio beneficiado por la llamada "ventanilla siniestra" del Banco de la República que permitió al Banco cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta el origen de este dinero. Lo que permitió el lavado de dinero.[2]​ Un creciente deterioro del poder adquisitivo afectó a los trabajadores, la inflación aumentó y una fuerte recesión afectó los sectores no cafeteros de la economía. Como respuesta a esta difícil situación, a partir de 1975 se dio un aumento en los conflictos laborales. José Raquel Mercado, dirigente de la unión sindical Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), fue asesinado por la guerrilla del M-19, acusado de “traicionar las clases populares” en abril de 1976.[3]

    Alfonso López Michelsen. presidente(1974-1978)

    El 14 de septiembre 1977 se llevó a cabo el Paro cívico nacional de 1977, en protesta contra el gobierno, fue el más grande y violento de la historia de Colombia (33 personas perdieron la vida, hubo cerca de 3.000 heridos y miles de detenidos).[4]​ El Gobierno interpretó lo que había pasado como la posibilidad de una revolución. Entonces dedujo que había que adoptar una política represiva. En diciembre de ese mismo año, 33 mandos de las Fuerzas Militares visitaron al Presidente. Fueron a proponer, en vista de las circunstancias, la adopción de una legislación de emergencia para dar facultades extraordinarias a las Fuerzas en el marco de las protestas sociales. López no aceptó.[5]​ Las guerrillas lo entendieron en clave de insurrección: el M-19, las Autodefensas Obreras ADO, el ELN y las FARC (Alguno de sus dirigentes llegó a decir que al Paro de 1977 solo le faltaron los fusiles) fortalecieron su brazo urbano, y se relanzaron ante la sociedad con una nueva imagen, como la de los auténticos delegados del pueblo. Su lucha, que hasta el momento no había logrado despegar limitándose a las zonas periféricas de la nación, toma un nuevo aire: La insurgencia creyó hallarse a las puertas de una situación pre-revolucionaria y se movilizó para ello.[6]

    Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982)[editar]

    El presidente Julio César Turbay jurando su cargo ante el senado.

    Elegido el liberal Julio César Turbay Ayala en medio de una abstención electoral alta (solo votó el 45 % de la población con capacidad para hacerlo). Debido al crecimiento de las guerrillas y en respuesta a una carta de la oficialidad del Ejército firmada el 17 de diciembre de 1977, en la que reclamaban mayores poderes, Turbay expidió amparado en el Estado de Sitio, el 6 de septiembre de 1978 el polémico Estatuto de Seguridad. Se limitaron las libertades de expresión y movilización, se amplió el marco del Código Penal Militar sobre los civiles y se consagró la violación del Habeas Corpus.[7]​ Fue desempolvado el Artículo 28 de la Constitución de Colombia de 1886, que permitía la detención hasta por 10 días de personas sospechosas de alterar el orden público.[8]​ Además, tales recursos jurídicos facilitaron los excesos de la fuerza pública, al permitirles realizar detenciones arbitrarias y prolongadas, interrogatorios con torturas y procesos militares sin garantías de defensa. Se presentaron violaciones a los Derechos Humanos, una ofensiva contra los sindicatos y las centrales obreras.[9]​ El Gobierno se hallaba en crisis: la economía colapsaba y crecía la oposición de todos los sectores a la política de orden público y a la violación de los DD.HH.

    Las Autodefensas Obreras (ADO) asesinaron el exministro de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas.[10]​ El 31 de diciembre de 1978, los miembros del M-19 ingresaron por un túnel al Cantón Norte en Bogotá y robaron 5000 armas. El ejército dio una fuerte contraofensiva y logra desarticular varias de sus redes. En febrero de 1980, el M-19 realiza la Toma de la embajada dominicana y secuestró a 15 diplomáticos. 67 días después, tras arduas negociaciones con los rebeldes, estos viajaron a Cuba con algunos de los rehenes y allí los liberaron, dando fin a la toma. A finales de 1980 desbaratadas las redes del M-19, parte de la opinión pública manifestaba su aprobación a las propuestas de acuerdo nacional que difunden los milicianos desde la cárcel, paralelamente ponían en marcha la llamada invasión por la Costa Pacífica por una columna de 150 hombres, dividida en 2 grupos y entrenada por militares cubanos, que terminó en fracaso ante la potencia de las fuerzas gubernamentales.[11][12][13]​ El M-19, el 11 de marzo de 1981 se tomaba la capital de la Comisaría del Putumayo, Mocoa. Pese a las victorias militares obtenidas por el gobierno, ante el acorralamiento político la administración Turbay planteó en marzo, una primera Ley de Amnistía, la Ley 37, que a causa de sus múltiples restricciones fue rechazada por las guerrillas, que a cambio atacaron nuevamente en las selvas del sur: primero las FARC, que el 11 de julio en San Vicente del Caguán (Caquetá):9 muertos[14]​ y luego el M-19 que embosca a dos patrullas del Ejército en Belén de los Andaquies[15]​ La misma organización atacó con disparos de mortero la Casa de Nariño el 20 de julio de 1981.[16]​ El presidente conformó en septiembre de 1981 una comisión nacional de paz, integrada por 9 miembros y encabezada por Carlos Lleras Restrepo. Fue rechazada nuevamente por los insurgentes, que prosiguieron su ofensiva. El 20 de octubre de 1981, guerrilleros del M-19 secuestraron un avión de Aeropesca en Medellín, lo cargaron con armas en La Guajira y finalmente lo hicieron acuatizar en el Río Orteguaza (Caquetá).[17]​ Un mes después, el 15 de noviembre, fue hundido el Buque Karina, cuando pretendía ingresar un poderoso arsenal por la Costa Pacífica.[18]​ Mientras tanto, la comisión continuó con sus labores y propuso una amnistía más funcional aceptada por el Gobierno y expedida por el Decreto ley 474 de 1982 recibió una nueva negativa como respuesta. Las FARC celebraron su Séptima conferencia de mayo de 1982 en Guayabero (Meta) concluyó con la integración de un ejército revolucionario, lo que quedó consagrado agregando la sigla EP (Ejército del Pueblo) al nombre de las FARC, desde entonces FARC-EP.[19]​ Además se adoptó un plan militar inmediato,se tomaron disposiciones en el marco financiero, asignando cuotas de dinero a cada frente. Cuotas que deberían recaudar de los grandes capitalistas, empresarios del país, y grandes barones de la droga, dando instrucciones en todo caso de que no apareciera el nombre de la organización involucrado.[20]​ Los cinco años que siguieron serían de una vertiginosa expansión de las FARC-EP por amplios espacios del país. El crecimiento de frentes fue significativo en el Meta, Putumayo, Huila, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Antioquia, Chocó, Valle, Cauca, Tolima y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ello le permitió al secretariado unir sus cuarteles del sur-oriente a una salida al mar por Urabá.[21]​ multiplicaron sus frentes pasando de 6 en 1978 a 27 en 1982. Posteriormente 3 columnas de la guerrilla ataca en Puerto Crevo (Meta) a una patrulla de 20 efectivos del Ejército el 18 de agosto de 1980. El ataque (denominado Operación Cisne Tres por la subversión) fue el primero en el que una unidad completa de las FF.MM. es reducida por los irregulares, termina con 3 muertos, 3 heridos y 14 secuestrados.[22]​ Mientras tanto, el ELN afectado por una importante ofensiva militar en 1973 y reorganizado en la frontera con Venezuela, celebró en 1983 la llamada Reunión de Héroes y Mártires de Anorí y una Asamblea Nacional en 1996. Se eligió una junta directiva de 9 miembros y se nombró jefe político al sacerdote español Manuel Pérez Martínez (El Cura Pérez), consolidando la estructura central del grupo. Privilegiando la extorsión, las vacunas y los robos sobre los sectores energéticos, mineros y agropecuarios de la economía, la fuerza insurgente obtuvo cuantiosos recursos financieros que le permitieron pasar de 100 hombres y 3 frentes en 1983 a 14 frentes y 1000 miembros en 1986. Ese mismo año en una nueva asamblea nacional, se conformó el Comando central (COCE) de 5 miembros y se dispuso la creación de los “frentes de guerra” (que deberían agrupar a los frentes de una misma región) dando a la organización una estructura federal. Se constituyeron 4 de estos frentes de guerra: el nor-oriental, norte, noroccidental y suroccidental, prefigurando un quinto en el centro del país.[23]​ El EPL, por su parte se rehízo bajo la dirección de los hermanos Calvo. En abril de 1980, el IX Congreso del Partido Comunista rompió con las tesis maoístas, puso énfasis en el trabajo político de masas y abrió paso a la conformación de importantes núcleos de milicias urbanas (Bogotá, Cali y Cartagena), combinando este proceso de desarrollo con la utilización de instrumentos legales de lucha democrática. Desde el Noroccidente pronto sus frentes se extenderían hacia el interior de Antioquia, el Eje Cafetero y los Santanderes, mientras se incorporaron nuevos cuadros dirigentes como Bernardo Gutiérrez, antiguo militante de las FARC. Esta expansión llevó a que específicamente en Urabá, después de 1980, las FARC y el EPL entrarán en una disputa, primero política y luego militar, dentro de la cual, la movilización y utilización de sindicatos: Sintrabanano del PC (FARC-EP) y Sintagro del PCC-ML (EPL) se constituyó en un elemento fundamental de lucha.[21]

    La economía del tráfico ilícito de drogas venía operando en Colombia, desde finales de los años 60's cuando en la Costa Caribe,floreció el cultivo de la marihuana y se dio la bonanza marimbera. El mercado norteamericano, receptor principal de los estupefacientes, empezaría luego a derivar hacia la cocaína, producto originado en la mata de coca y cultivada originalmente en los países andinos (Bolivia y Perú). En este marco, jugaría Colombia el papel de placa giratoria; La hoja de coca de los países andinos era procesada en el sur de Colombia para convertirla en cocaína, y luego esta era redistribuida por las mafias locales hacia Estados Unidos.[24]​ La primera generación de narcotraficantes se originó en los años 70´s presentes en Medellín y el Centro del país que, en gran parte, eran antiguos contrabandistas de mercancías que fueron liquidados en guerras internas; le sucedería una generación más activa de la que serían exponentes Pablo Escobar, su primo Gustavo Gaviria, Rafael Cardona Salazar, los hermanos Ochoa y Griselda Blanco (sobreviviente de la primera etapa) en Antioquia; Carlos Lehder en Armenia; Gonzalo Rodríguez Gacha en el centro del país; Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño, Helmer Herrera y los Hermanos Henao en el Valle del Cauca y José Rafael Abello en la Costa Atlántica. Sus profusas redes en Norteamérica, y la diáspora colombiana en el exterior les permitieron controlar rápidamente el negocio y obtener grandes beneficios económicos. A partir de la Administración López la economía de la coca iniciaría su apogeo. El gobierno Turbay emprendería las primeras acciones contra el narcotráfico presionado por los Estados Unidos, al lanzar una ofensiva contra los cultivos de marihuana en la Costa Norte y firmar en 1979 el Tratado de Extradición con la Administración de Jimmy Carter; medidas poco eficaces al no haber una política nacional contra este fenómeno, ya que el narcotráfico era considerado un delito menor en Colombia. El tráfico de drogas se intensificó, entre cruzándose con la expansión insurgente y terminó favoreciendo al negocio ilícito; Colombia terminó convirtiéndose en la placa giratoria del mismo. Grandes zonas del sur del país, donde era prácticamente inexistente la presencia del Estado, se llenaron inicialmente de pistas clandestinas, cristalizaderos y laboratorios donde era procesada la cocaína, para un par de décadas después hacer su aparición los llamados cultivos ilícitos, haciendo innecesario la importación ilegal de la hoja de coca de los países andinos. Consecuencia de estos hechos fue la formación de carteles de la droga con la asociación de jefes narcotraficantes: Cartel de Medellín una alianza que incluiría a las dos mayores cabezas del negocio: Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. También se constituirán los de la Costa, del Amazonas (ambos, cercanos al primer grupo), y el de Cali.

    Miembros del M-19 en Antioquia secuestraron en 1981 a Martha Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes del Cartel de Medellín, los hermanos Ochoa Vásquez (Jorge Luis, Juan David y Fabio), los capos reaccionaron creando el grupo MAS (Muerte A Secuestradores), organización que sería el germen del moderno paramilitarismo en Colombia. Cada uno de ellos aportó armas, dinero y hombres bajo las órdenes de Pablo Escobar Gaviria. Tras matar a más de 200 personas en su búsqueda, entre milicianos, colaboradores y familiares de estos,Martha Nieves Ochoa fue liberada a principios de 1982. Pronto la organización paramilitar, que contó con el activo respaldo de miembros de la Fuerza Pública, se aplicaría a la región del Magdalena Medio, donde nació la ACDEGAM (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio), una fuerza de autodefensa legal, encargada de combatir la presencia de la guerrilla en la zona con apoyo del Ejército. Los homicidios y masacres se multiplicarán a partir de 1982. Entre el 4 y el 12 de agosto de 1983 en las veredas Cañaveral y Altos de Manila del municipio de Remedios (Antioquia), fue el asesinato de 20 campesinos por una patrulla mixta de soldados (adscritos al Batallón de Infantería N.º 42 “Batalla de Bombona”), y paramilitares de Fidel Castaño Gil.[25]​ Paralelamente se constituyó la Alianza Americana Anticomunista (AAA), un cuerpo paramilitar conformado por miembros del ejército que realizaban la “guerra sucia” contra los grupos insurgentes, experimentando con toda clase de torturas físicas y psicológicas en las mal llamadas “Cuevas de Sacromonte” en Facatativá. Este grupo, además de ser parte del conflicto nacional, era parte de la llamada Operación Cóndor, planificada por Estados Unidos para impedir el avance comunista en el continente.[26][27]​ Tras un rechazo inicial a dichas actividades, los frentes de las FARC-EP presentes en la región terminarían cobrando vacunas, extorsiones y el famoso “gramaje” a los grandes capos, cultivadores y raspachines. Ese sería el origen de la disputa de Gonzalo Rodríguez Gacha, capo del Cartel de Medellín, con miembros de la guerrilla, quienes le destruyeron laboratorios para el procesamiento de cocaína, además de robarle cargamentos y dinero en efectivo en 1983.[28]​ Gacha tomó las banderas de la contrainsurgencia y empezó a apoyar con cuantiosos recursos, entrenamiento y armas a los paramilitares de Puerto Boyacá. Turbay levantó en junio el estado de sitio que regía desde mediados del periodo de López.[29]

    Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)[editar]

    En las elecciones presidenciales de 1982 fue elegido el conservador, Belisario Betancur, con el gobierno del “Movimiento nacional”, marcó un nuevo inicio en la política estatal para el manejo del conflicto armado, al reconocer el carácter político del fenómeno guerrillero. Es así como se abrieron conversaciones con los grupos de “oposición armada”, dejando atrás las soluciones militares. El 18 de noviembre de 1982, el congreso aprobó la ley de amnistía, la ley 35, proyecto de Gerardo Molina. El Ejército Nacional se vio sometido a unas profundas transformaciones en su estructura. El continuo deterioro de la situación de orden público, y la necesidad de movilizar Unidades Operativas Mayores que pudieran garantizar el mantenimiento del orden constitucional, fueron factores decisivos en la activación a partir del primer semestre de 1983 de 4 divisiones, cada una de ellas al mando de un Mayor general con su respectivo estado mayor y que englobaron dentro de su estructura jerárquica varias Brigadas.[30][31]​ Efectivamente, las tropas estaban organizadas hasta entonces en brigadas que tenían unas jurisdicciones territoriales bastante limitadas, por lo que las divisiones cada una con un mando superior, tendrán bajo su responsabilidad áreas geográficas mucho más extensas (la I División inicialmente tenía a su cargo la Costa Caribe y Antioquia, la II División los Santanderes y el Magdalena Medio, la III División la Región del Pacífico y el Valle y la IV División la Orinoquia y el Amazonas).[32][33]​ A pesar del secuestro y asesinato por el Organización Revolucionaria del Pueblo, de Gloria Lara de Echeverri (exdirectora de las juntas de acción comunal, en noviembre de 1982 que sería un falso positivo judicial),[34]​ y de la emboscada tendida el 4 de febrero de 1983 a un convoy del Ejército que se movilizaba por los departamentos de Huila y Caquetá),[35]​ cientos de guerrilleros presos que fueron amnistiados, quedaron en libertad. Se iniciaron los diálogos exploratorios con las FARC-EP, las ADO y el M-19 (cuyo líder máximo Jaime Bateman Cayón murió en un accidente de aviación en abril de 1983).[36]​ Los primeros contactos fueron directamente realizados por el gobierno, en adelante las conversaciones quedaron a cargo de comisiones de paz autónomas a través de las cuales el diálogo se llevó de forma indirecta. Actuando de esta manera, en la primera parte de la administración Betancur se llegó a acuerdos de tregua y cese al fuego con las FARC, las ADO y el EPL (24 de agosto de 1984). Con el M-19, las conversaciones exploratorias avanzaron con mayores tropiezos a causa de las continuas operaciones militares del grupo insurgente. Los dos bloques de la organización, el sur (Caquetá) y el occidente (Cauca y Valle) lanzaron múltiples ataques a partir de marzo de 1984:a Florencia (Caquetá), Corinto y El Palo (Cauca). El Ejército respondió con una fuerte ofensiva sobre el Bloque sur del M-19, al mando de Gustavo Arias ‘Boris’, obligando así al M-19 a concentrar sus acciones en el occidente, asaltando la población de Yumbo (Valle). Solo después de unas jornadas sangrientas en las que fue asesinado Carlos Toledo Plata, y herido en una emboscada Carlos Pizarro Leongómez, se llegó a un acuerdo con el M-19, el 24 de agosto de 1984. El comandante del Ejército, Miguel Vega Uribe mostró abiertamente su desacuerdo con el proceso, y el ministro de defensa, General Fernando Landazábal sería destituido en enero de 1984, a causa de sus continuas fricciones con el ejecutivo. El presidente de la comisión de diálogo, Otto Morales Benítez, habló de “enemigos agazapados de la paz”. No obstante, la actitud de los militares se vio favorecida ante la opinión pública por el accionar de los distintos grupos guerrilleros, como el Ricardo Franco disidente de las FARC-EP, y el ELN (al mando de Manuel Pérez Martínez ‘el cura Pérez’), que se negaron a firmar acuerdos con el Gobierno, continuando las hostilidades, los secuestros y las extorsiones. Asimismo, el líder del EPL, Oscar William Calvo, reconoció la implicación de su organización en retenciones y vacunas, pese a encontrarse en medio de un cese al fuego. Con las FARC-EP que había firmado los acuerdos de la Uribe en mayo de 1984, continuaron también las escaramuzas.El 16 de mayo de 1984 la policía masacra a 6 (otras fuentes hablan de 17) estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia que protestaban contra los asesinatos y la persecución en las universidades.[37][38][39]​ En diciembre de 1984 un combate de 18 días enfrentó al Ejército y al M-19 en Yarumales (20 de diciembre de 1984-7 de enero de 1985). La operación Garfio que movilizó a cerca de 4000 soldados contra uno de los campamentos madre del M-19, ubicado en el Páramo de San Pablo en Corinto (Cauca), terminó con un nuevo acuerdo entre el gobierno y el grupo insurgente, luego de que las tropas regulares no pudieran desalojar a los subversivos de sus posiciones.[40]​ Se estableció un campamento en Los Robles (Cauca). Además se comenzó a denunciar el proselitismo armado desarrollado por este movimiento en los llamados Campamentos de paz, abiertos en las principales urbes del país. En vista de lo que sucedía, el Gobierno prohibió la realización de un congreso del M-19 en Bogotá: al final este se llevaría a cabo en Los Robles (Cauca) a pesar de la insistencia oficial en prohibirlo.[41]​ Los sectores más retardatarios iniciaron una campaña de “Guerra Sucia” contra guerrilleros amnistiados y líderes de izquierda, orientando su actuación al asesinato selectivo. En mayo de 1985 el líder del M-19, Antonio Navarro Wolf fue víctima de un atentado en Cali, que lo dejó gravemente herido. Además, en el congreso de la República, los partidos tradicionales conscientes de la crisis de representatividad alcanzada por sus agrupaciones, se opusieron al “Diálogo Nacional”, que era una instancia de deliberación y de generación de propuestas de cambio social en la que participarán los grupos guerrilleros, los sectores de izquierda y los 2 partidos, el liberal y el conservador. Esta situación terminó con el experimento legal de los subversivos, puesto que la mayor parte del movimiento insurgente volvió a la lucha armada, uniéndose en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). El M-19 rompió la tregua el 20 de junio de 1985, día del paro cívico nacional convocado por agrupaciones populares, “como reacción al hostigamiento político y al asesinato”. El 28 de junio, atacó la población de Génova (Quindío): 15 muertos.[42][43]​ Estalló entonces la guerra abierta,[44]​ asaltos y hostigamientos sobre los municipios del Valle, que dejaron hasta octubre 44 uniformados y 60 guerrilleros sin vida; muerte del Comandante Iván Marino Ospina (Cali, 28 de agosto); robo de un camión repartidor de leche en el sur oriente de Bogotá (ocurrido el 30 de septiembre, terminó con la muerte de 11 milicianos del M-19); asaltó al Batallón Cisneros de Armenia; y atentado contra el General Rafael Samudio Molina.[45]

    Museo del 20 de julio. El 6 de noviembre de 1985 durante la Toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 el Museo del 20 de julio fue el lugar a donde el ejército llevó muchos de los sobrevivientes de la toma, muchos de ellos nunca llegaron a sus casas.[46]

    La violencia se intensificó a tal punto que el 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia en Bogotá tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El Ejército contraatacó con más de 1000 soldados y 8 tanques, mientras la Policía movía el Copes (Cuerpo de operaciones especiales) en varios helicópteros sobre la terraza del edificio. Se produjo una batalla durante la retoma que se prolongó por espacio de 28 horas:94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.[47][48]​ Poco después, el EPL rompió también el cese al fuego tras el asesinato en Bogotá de su jefe Oscar William Calvo.[49]​ Entre noviembre de 1985 y enero de 1986 se presenta la Masacre de Tacueyó 164 muertos por el grupo disidente de las FARC-EP: Comando Ricardo Franco Frente-Sur.[50][51]​ Las mutuas acusaciones y las recriminaciones por entorpecer cualquier nuevo acercamiento de paz, se multiplicaron luego de que en una vasta operación contra el M-19, el Ejército en el Barrio Siloé de Cali:15 muertos. Ese mismo día, 30 de noviembre, la IV Brigada en combate con el V Frente de las FARC-EP en Las Cañas, Urabá antioqueño: 22 muertos, muestra la fragilidad de la tregua pactada en 1984.[52]​ A raíz de la violenta ofensiva del M-19 en el suroccidente colombiano; la organización había concentrado para ello todas sus fuerzas en el occidente sacando el centenar de subversivos que aún tenía en el frente caqueteño. El 19 de enero una gruesa columna de guerrilleros, emboscó un camión del Ejército en el Alto de Méndez en Silvia (Cauca). 10 muertos y 3 secuestrados. Cinco días después, el 24, fuerzas especiales rescataron ilesos a los secuestrados en un operativo con 21 muertos en Totoro (Cauca).[53][54]​ Los combates se prolongaron varios días más, luego de que el M-19 atacará el municipio de Morales (Cauca) el 3 de febrero. Las FF.MM. movilizan al menos 6 batallones de tropa, que se enfrentaron en violentos combates al denominado Batallón América y no menos de 400 rebeldes. Desafiando la ofensiva de los militares, los rebeldes se trasladaron al Valle del Cauca y el 12 de marzo, atacaron Cali desde la Región del río Pance. Para el final de la administración de Betancourt, el M-19 terminó con varios de sus dirigentes muertos: Carlos Toledo Plata, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Gustavo Arias “Boris”, Andrés Almarales, Luis Otero y Alfonso Jacquin.[55]

    En este marco, sólo las FARC-EP permanecieron en el proceso de paz y conformaron con diversos grupos la Unión Patriótica, que obtendría en las elecciones de 1986 11 curules en el parlamento y decenas de puestos en consejos municipales y asambleas departamentales. No obstante, estos avances se vieron amenazados por el incremento de la “guerra sucia”, denunciada por múltiples organizaciones.[56]​ Con el gran auge del tráfico de cocaína a Estados Unidos sobresaliendo los Barones de la Droga consolidados en los Carteles de Medellín y Cali, quienes usaban sus fortunas para comprar enormes fincas en el sector rural, construir casas y edificios en las ciudades, además de constituir empresas para lavar su dinero. La reforma tributaria de 1983, planteó una nueva relación entre el turbulento pero multimillonario negocio, y el Estado, ofreciendo la alternativa de incorporar los dineros calientes a la economía legal colombiana.[57]​Se sondeó además la posibilidad de la legalización de las drogas y la expedición de un marco legal que permitiera a los barones de la coca, su participación en la vida social, legal y política del país. El nacimiento del Movimiento Latino Nacional de Carlos Lehder y de Civismo en Marcha de Pablo Escobar, quien ocupó un puesto en la Cámara de Representantes, fue una expresión de este proceso. Pero dicho esbozo fracasó por la oposición de los sectores tradicionales para aceptar estos hechos. El Nuevo Liberalismo, movimiento liderado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla (nombrado Ministro de Justicia por Betancourt) fue el adalid de esta cruzada contra la narco-política, que convirtió en el objetivo principal de sus críticas a Pablo Escobar. Los primeros intentos de diálogo entre los traficantes de droga y el Gobierno sobre el tratado de extradición a los Estados Unidos. En una primera conversación con el Procurador Carlos Jiménez Gómez en octubre de 1983, el jefe del Ministerio Público mostró su rechazo a la extradición y acordó con los narcos, su retiro de la política. Así fue que al final, pese a los intentos de sabotear la acción del ministro Lara en el congreso, denunciando su supuesta relación con Evaristo Porras, un narcotraficante del Amazonas, Escobar se vio obligado a renunciar definitivamente a la actividad política. La difícil coyuntura que parecía desactivarse se complicó cuando la policía antinarcóticos, al mando del Coronel Jaime Ramírez Gómez (con el ministro Lara detrás del operativo), desmanteló el complejo cocalero de Tranquilandia, en marzo de 1984. El 30 de abril de 1984, fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá.[58]​ La primera acción inmediata del gobierno contra el narcotráfico fue ratificar e implementar el Tratado de Extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, firmado en la época de Turbay Ayala. El gobierno amplió el estado de sitio a todo el país con el Decreto 1038 y con el Artículo 121 generó casi toda la legislación regulatoria del narcotráfico en Colombia, en especial el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986). Con este marco legal, Betancourt inició la primera gran guerra contra el narcotráfico: se dispuso del embargo y del secuestro de bienes y del aumento de penas y multas para delitos asociados al tráfico de drogas, pasando estos al conocimiento de la Justicia Penal Militar. Los principales cabecillas del Cartel debieron refugiarse en Panamá (con la complicidad del presidente de facto de ese país, Manuel Antonio Noriega) e intentaron en mayo de 1984, en medio de los llamados Diálogos de Panamá, un último intento de acercamiento al Estado. Su fracaso trajo una importante consecuencia: el dinero fue reemplazado por el terror como principal recurso de enfrentamiento y diálogo. Meses después regresaron clandestinamente al país y la guerra total sería cuestión de tiempo.[59]​ La activación del proceso de extradición, en enero de 1985 con el envió de los primeros capturados a Estados Unidos, los narcotraficantes del cartel de Medellín permanecieron impunes, ejerciendo el control de su aparato criminal, y expandiendo sus rutas (México, Nicaragua y Cuba) y mercados. De modo paralelo, los efectos corrosivos del narcotraficante seguían creciendo, contribuyendo al progreso de la corrupción dentro del gobierno, los partidos políticos, y sobre todo las fuerzas de seguridad, sobornadas con profusión por Escobar y sus secuaces lo que permitió al cartel de Medellín, continuar golpeando impunemente al Estado colombiano. Es así como la violencia irrumpe con fuerza en el mundo urbano colombiano, rodeado de áreas periféricas pobres y marginadas: bandas de sicarios en la capital antioqueña pasan a controlar de facto más o menos desde 1985, las barriadas y comunas de la ciudad, actuando o no al servicio del cartel; la misma situación se extenderá pronto a Cali, Pereira y Bogotá. Las tasas de homicidio aumentaron en todo el país desde mediados de la década de los ochenta y alcanzarán más de 20.000 anuales a contar de 1988. La criminalidad común también crecerá y la respuesta de la Policía, en forma de sangrientas represalias y campañas de “Limpieza social”, sólo aumentará progresivamente las dimensiones del problema.[60]​ El 26 de noviembre de 1984 “Los Extraditables”, hicieron estallar un carro-bomba frente a la embajada estadounidense en la capital: 1 muerto y 6 heridos,[61]​ y el 23 de junio de 1985 ordenaron la muerte del juez Tulio Manuel Castro Gil quien llevaba el caso de Rodrigo Lara Bonilla.[62]Carlos Lehder por su parte también buscó refugio entre varios frentes guerrilleros para escapar a la arremetida del gobierno y se declaró luchador contra el Imperialismo estadounidense. Los Extraditables asesinaron en febrero de 1986 en Baton Rouge (Florida) al piloto y testigo ante la justicia estadounidense Barry Seal, en julio al magistrado Hernando Baquero Borda y al periodista de El Espectador Roberto Camacho Prada, y el 18 de agosto al Capitán de la policía antinarcóticos Luis Alfredo Macana. Además, demostrarían su poder de corrupción cuando evitaron que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela capturados en España y ambos reconocidos narcotraficantes, fueran extraditados a Estados Unidos y más bien fueran deportados a Colombia donde pagaron irrisorias penas de cárcel. Hasta ese momento, los dos principales grupos exportadores de droga no habían entrado en pugna y respetaban sus respectivos mercados y territorios, aunque la atención de las autoridades se centraba esencialmente sobre los violentos cabecillas de Medellín, que controlaban hasta un 80 % del lucrativo negocio. Y a pesar de que los jefes de Cali optaron principalmente por la corrupción y por la infiltración dentro de las instituciones como medio de lidiar con el Estado, en septiembre de 1986, medios ligados a su mafia ordenaron el crimen del periodista del Diario Occidente Raúl Echavarría Barrientos.[59]

    Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)[editar]

    El presidente colombiano Virgilio Barco, quien tuvo que enfrentar la triple arremetida de guerrilla, paramilitarismo y narcoterrorismo.


    Antes de las elecciones presidenciales de 1986, Colombia tuvo eventos que la habían cambiado hasta entonces; la Ley de Amnistía, la tregua con las FARC y el M-19, además de la hecha con otros grupos, la Toma al Palacio de Justicia y la Tragedia de Armero. Adicional a ello, se presentaban debates sobre una profunda reforma a la centenaria Constitución de 1886, se debatía también proseguir los diálogos con la subversión iniciadas en la gestión anterior y también la lucha contra los carteles de la droga. El liberal Virgilio Barco, con 4,8 millones de votos, ganó por un amplio margen a sus contrincantes: Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador; y Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica (UP). Manifestó sus intenciones de diálogo y puso en marcha programas de aspecto reformista para las zonas más afectadas por el conflicto. Retomó y fortaleció el Programa Nacional de Rehabilitación (PNR) y reinició las conversaciones de paz con la guerrilla. La llamada Política de cambio para la reconciliación, normalización y rehabilitación, intentó institucionalizar y ampliar la política de paz de Betancur, acercando el Estado y sus instituciones a la comunidad. Esta iniciativa se precisó al final del primer año de gobierno con la formulación del PNR, la Erradicación de la Pobreza Absoluta (EPA), y el Plan integral de desarrollo campesino (PIC), que amplió los programas del fondo de Desarrollo Integral Campesino (DRI). Pese a los amplios esfuerzos del Estado ninguno tuvo mayor impacto en la situación que vivía el país: el PNR manejado con una visión tecnócrata no alcanzó a tener repercusión sobre el terreno, debido a la misma violencia que impidió su desarrollo en las áreas con mayores problemas de orden público; y no hubo erradicación de la pobreza absoluta o integración de las mismas áreas a la economía nacional. Esta apuesta institucional vino acompañada de la implementación de reformas democráticas que, en la primera elección popular de alcaldes en 1988,[63]​ dieron el paso definitivo hacia la concreción de la descentralización política y administrativa. De esta forma se intentó reforzar una concepción más civilista del orden público, reflejada en la intención de ejercer cierto control sobre las Fuerzas Armadas, mediante el nombramiento de un civil como Procurador para las Fuerzas Armadas y la creación de una Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. El reconocimiento de la Unión Patriótica y la vigencia de los acuerdos de paz (pese a la ruptura del proceso con las FARC-EP), hacían parte de una intervención democrática en una guerra en desarrollo y en una crisis política continuamente postergada. Sin embargo, el aislamiento del presidente Barco de la clase política tradicional, su falta de habilidad para lograr un consenso en la sociedad, y su distanciamiento de la opinión pública, impidieron la aprobación de todas las reformas que debieron acompañar la política de rehabilitación y la descentralización político-administrativa en curso. El conflicto entró en una fase de recrudecimiento progresivo y las guerrillas multiplicaron sus acciones, justificando su creciente radicalización con los hechos de la “guerra sucia”. El 15 de febrero de 1987, fue detenido, torturado y luego presentado como muerto en combate, uno de los jefes máximos del EPL, Jairo de Jesús Calvo “Ernesto Rojas”.[64][65]​ El M-19, a la ofensiva entre noviembre de 1985 y marzo de 1986, sufrió una potente arremetida del Ejército a partir de marzo de 1986 cuando fueron trasladados miles de hombres desde el fuerte Tolemaida. Aprovechando el cese al fuego con las FARC-EP, que dejaba espacio para concentrar esfuerzos en el occidente, se movilizaron quince mil soldados de las Brigadas III (Cali) y X (Melgar), con refuerzos mecanizados provenientes de la XIII (Bogotá), y respaldados por artillería, tanques Urutú y Cascabel, helicópteros artillados y aviones de bombardeo T-33 y T-37. Luego del resultado de la Toma del palacio de justicia, la organización no pudo volver a levantar cabeza. El ELN multiplicó sus atentados y extorsiones contra la infraestructura petrolera en las postrimerías de 1986, lanzando también una incursión hacia Venezuela el 12 de junio de 1987; mientras que las FARC-EP sacaron como única conclusión del episodio de la Unión Patriótica, que había que continuar solo en el frente militar y reactivar su aparato bélico, acrecentado y extendido a lo largo de 3 años en las sombras de un fallido proceso de paz.[66]​ El 16 de junio de 1987 los frentes 14 y 15, atacaron en la Quebrada Riecito sobre la carretera entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá), a una columna contraguerrilla del Batallón Cazadores del Ejército:27 muertos[67]​ La tregua con el Gobierno se rompió y las conversaciones que continuaron de manera intermitente hasta 1990. El EPL por su parte apostaba por operar simultáneamente en el campo político y militar, constituyendo el denominado Frente Popular en 1988 con el cual pretendía avanzar en las elecciones locales de ese año. A la vez su estrategia “revolucionaria” pasaba por apoyar insurrecciones parciales en las regiones, utilizando para ello las movilizaciones sociales. El 22 de marzo de 1987, fue emboscada una patrulla de policías antinarcóticos en Necoclí (Antioquia),11 muertos y 3 secuestrados.[68]

    El país experimentó profundas transformaciones económicas que multiplicaron los conflictos sociales y crearon polos de desarrollo en las antiguas periferias, brindando así valiosos recursos a la expansión de los grupos irregulares. Esos cambios se centraron en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria con el banano (Uraba), las flores y la palma africana (sur del Cesar); y de la minería con el carbón, el petróleo (Arauca) y el oro (Bajo Cauca y Nordeste antioqueño). También jugaría a su favor la poca disponibilidad de tropas contraguerrilla (unos 6000 soldados a principios de 1987) y la escasez de medios materiales con que contaban las FF.MM para enfrentar a una insurgencia en plena expansión.[69]​Quebrada la tregua con las FARC-EP que era la mayor organización insurgente del país, los enfrentamientos se sucedieron sin tregua en las selvas del sur, en Arauca, Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio. Además, las distintas guerrillas que combatían al gobierno colombiano (FARC-EP, ELN, EPL, M-19, PRT Y Quintín Lame) crearon el 27 de septiembre de 1987 la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), con el fin de poder coordinar mejor los esfuerzos de guerra de cada organización al margen de la ley en su lucha contra el estado y las fuerzas armadas legítimamente constituidas. El 21 de noviembre de 1987 las FARC-EP dinamitaron un puente entre Albania y San José (Caquetá):12 muertos; el 24 de enero de 1988 una emboscada en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander):8 muertos; y el 29 del mismo mes, el EPL asesinó en Antioquia a 3 militares. El 17 de febrero, el EPL asesina al coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del Batallón Junín, cuando este pasaba por un falso retén a las afueras de Tierralta (Córdoba).[70]​ El 25 de abril, el ELN incursiona en la población de Nuevo Colón (Cesar)[71]​ El 29 de mayo los insurgentes de la Coordinadora Simón Bolívar atacaron en varios frentes: el M-19 secuestró al político conservador Álvaro Gómez Hurtado; el ELN asesinó en San Vicente de Chucuri (Santander), al Coronel del Ejército Rogelio Correa Campos junto a otras 14 personas, y una emboscada del EPL en San Pedro de Urabá:14 muertos.[72]​ Después de este último ataque el Ejército emprendió una potente contraofensiva con carros blindados y 3 helicópteros artillados en el Eje bananero, que tras una semana de enfrentamientos terminó con 28 víctimas muertos. Mientras los paramilitares contraatacaron en Antioquia y la región del Ariari, el ELN y las FARC-EP lanzaron un nuevo asalto conjunto el 12 de julio de 1988, contra un puesto del Ejército en zona rural de El Bagre (Antioquia):15 muertos.[73][74]​ El 23 de agosto,las FARC-EP y el EPL, Toma de Saiza (Tierralta, sur de Córdoba): 51 muertos y 22 secuestrados.[75]​ Una propuesta de paz lanzada por el Ejecutivo el 1 de septiembre, fue rechazada por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que multiplicó los golpes sobre el terreno. Hasta el 1 de noviembre siguiente, múltiples acciones bélicas dejaron más de 120 muertos y decenas de heridos. Además fueron secuestrados efectivos del gobierno.[76]​ En el hecho más grave, ocurrido el 2 de octubre de 1988, fue atacado un bus de transporte intermunicipal que transportaba militares en Cartagena del Chaira, Caquetá: 14 muertos.[76]​ El 27 de octubre de 1988, día del Paro Cívico Nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), entre otras organizaciones, el EPL trato de llevar adelante su apuesta por la revolución popular, proponiendo esa fecha como inicio de la insurrección contra el Estado. El 1 de noviembre en la vía que de El Castillo conduce al corregimiento de Miravalles (Meta) miembros de las FARC-EP atacaron a tropas del batallón de ingenieros Carlos Alban:13 muertos.[77]​ El presidente denegó la autorización al ministro de Defensa, General Rafael Samudio, de conducir una estrategia de tierra quemada contra la rebelión, forzandolo a dimitir. El 22 de noviembre un coche-bomba estalló en Bogotá al paso de la caravana de su sucesor General Manuel Jaime Guerrero Paz: 3 muertos.[78]​ En septiembre de 1988 el Gobierno reconoció un interlocutor político válido en la insurgencia. Dependiendo del grado de radicalización alcanzado y de su localización geográfica, el Estado se acercó a negociar unilateralmente con los distintos grupos guerrilleros reunidos alrededor de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en septiembre de 1987. El gobierno creó para ello la Consejería para la paz de la presidencia . Pero la administración Barco confrontando una oleada de violencia ilimitada alimentada desde todos los frentes, no redujo su accionar sólo a la búsqueda de la paz por medio de las conversaciones, sino que también aumentó el presupuesto del renglón de la defensa y multiplicó los efectivos de las Fuerzas Armadas pasando estos de 150 000 en 1988 a 210 000 al año siguiente. El ejército que contaba ahora en sus filas 140 000 hombres, empezó a conformar con los primeros contingentes de soldados profesionales (unos 2000 inicialmente), 14 batallones contraguerrilla (BCG); para apoyar ese esfuerzo adquirió armamento más moderno entre ellos los helicópteros Black Hawk estadounidenses. Los resultados de esta nueva estrategia llegaron en octubre de 1989 cuando unidades aerotransportadas atacaron un campamento madre del EPL en Puerto Libertadores (Córdoba): 18 muertos. Luego de liberar al político conservador Álvaro Gómez Hurtado secuestrado en mayo de 1988, el M-19,se acogió a la fórmula del gobierno e inició conversaciones con la Consejería de paz en enero de 1989. Como resultado de dicho proceso el 9 de marzo de 1990 se desmovilizaron sus 900 miembros, reincorporándose a la vida civil. Su exitosa participación en las elecciones locales y parlamentarias como Alianza Democrática M-19, donde agrupado con otros movimientos de izquierda obtuvo 100.000 votos, llevó a la administración Barco a concretar su política de pacificación y a que el EPL aceptara también entrar a negociar luego de la muerte de los Hermanos Calvo y de la incursión a Tenjo (Cundinamarca), el 9 de marzo de 1989.[79]​ El PRT y el Quintín Lame siguieron el mismo camino y se entregaron a comienzos de 1991.

    Luego de que las guerrillas fueron expulsadas del sur del Magdalena Medio por los paramilitares que atacaron principalmente a sus redes de apoyo y a la población que consideraban era su colaboradora, el modelo de Puerto Boyacá fue exportado al resto del país. Amparados en dos leyes de la década de los 60 que permitían la existencia de las Autodefensas, grupos con experiencia en la zona, entrenaron a sus pares en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari (Meta).[80]​ En este punto los narcotraficantes, convertidos en los nuevos terratenientes y en los poseedores de amplias extensiones de tierra, ansiosos de verse libres de las exigencias económicas de la guerrilla y de los impuestos que ponían a sus infraestructuras cocaleras del sur del país, entraron a apoyar activamente el proceso conformando sus propios ejércitos privados y brindando cuantiosos recursos a los demás grupos que constituyeron ganaderos y grandes hacendados, cansados también de extorsiones y secuestros. No menos contribuyó la actitud de los subversivos que cometieron abusos contra la población civil. Tampoco estuvieron al margen miembros de las FF.MM, que vieron en estas estructuras la oportunidad de combatir más eficazmente a la insurgencia, dejándoles el trabajo sucio que ellos no podían realizar. Proceso que además estaba respaldado por el hecho de que las autodefensas eran constitucionalmente legales y de que en los manuales de contrainsurgencia del Ejército, como el EJC-3-10, aprobado en noviembre de 1987 por el General Oscar Botero, se les considerara como apoyos indispensables en la lucha contra la subversión.[80]​ El resultado fue un fortalecimiento desmedido de los grupos paramilitares en las zonas rurales y su expansión generalizada sobre todo en dos áreas estratégicas: Córdoba, Urabá y el nordeste antioqueño de un lado, y el Magdalena Medio, algunas provincias de Boyacá y Cundinamarca, más los Llanos Orientales del otro. En 1987, el Ministro de Gobierno, César Gaviria, reconocía la existencia de 128 organizaciones de “justicia privada”. Conocidos como “Los Tangueros”, por el nombre de la finca desde donde operaban, Fidel Castaño y sus hermanos conformaron Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño, MRN (más tarde llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba) con unos 300 hombres, y emprendieron con apoyo de narcotraficantes una oleada de asesinatos y masacres.[81]Héctor Abad Gómez estuvo entre sus primeras víctimas en 1987; igual que los asesinatos a miembros de la UP, en este caso, estos crímenes fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, por lo que su investigación y judicialización no prescribirán.[82]Gonzalo Rodríguez Gacha, era el jefe de un ejército privado de 1000 hombres entrenado por mercenarios británicos e israelíes; mientras que en Puerto Boyacá se centraba la facción que actuaba con la fachada de la ACDEGAM; comandada por Henry Pérez y Ariel Otero. Su alianza con Rodríguez y sectores de la Fuerza Pública (Batallón Bárbula), les permitía operar aún con mayor impunidad y apuntar a objetivos de alto valor. A su vez, Rodríguez no solo financiaba a estos grupos sino que extendía sus bandas armadas hasta los Llanos Orientales y el Putumayo donde Los Masetos, grupo armado de Rodríguez Gacha, controlaban la zona del Guamuez.

    La campaña de genocidio político contra la Unión Patriótica (UP) inició en septiembre de 1986, con el asesinato de el senador Pedro Nel Jiménez y el representante a la cámara Leonardo Posada, en Villavicencio y Barrancabermeja respectivamente. El 11 de octubre de 1987, pistoleros al servicio de El Mexicano asesinaron al presidente de la UP Jaime Pardo Leal. En total fueron 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y por lo menos 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas[83]​ quienes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático.[84]​ Muchos de los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país.[85]​ A la par de los asesinatos de miembros de la UP, el 24 de noviembre, 5 miembros de la JUCO fueron acribillados a tiros en la sede de la organización en Medellín. Estos asesinatos a miembros de la UP fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un siniestro plan por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de seguridad del estado, narcotraficantes y paramilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana; en consecuencia, estos hechos no prescribirán y podrán ser investigados y juzgados de manera indefinida por la justicia colombiana.[86]​ En 1988, la llamada guerra sucia alcanzó su apogeo. Cientos cayeron víctimas de masacres y ataques selectivos, centrados sobre todo en el norte del país.Los paramilitares del Moens (Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista), con el ataque a una gallera en Vista Hermosa (Meta): 14 muertos (21 de febrero). El 4 de marzo, efectivos de la ACDEGAM, transportados con complicidad de las autoridades militares desde Puerto Boyacá hasta Urabá, mataron en las fincas de La Honduras y La Negra a 20 sindicalistas bananeros. Un mes después, el 3 de abril en la Mejor Esquina (Córdoba), la banda de los Magníficos: 28 muertos;[87]​ el 11 del abril 23 muertos en Turbo.[88]​El Ejército entregado a una violenta campaña contra las guerrillas, masacró entre el 14 y el 15 de junio a 17 mineros pertenecientes a la UP (vereda El Topacio, municipio de San Rafael, Antioquia). El 30 de agosto 16 muertos en El Tomate (Córdoba), y finalmente el 11 de noviembre, “los Tangueros” perpetraron la masacre de Segovia (Antioquia):43 muertos.[89]​ El 18 de enero de 1989 una comisión judicial que investigaba en La Rochela, Magdalena Medio santandereano, las masacres y asesinatos fue atacada y 12 de sus integrantes ejecutados.[90]​ Poco después en otra serie de atentados ordenados por Rodríguez Gacha, Teófilo Forero, el secretario del partido comunista y 3 muertos en Bogotá (27 de febrero) y el 3 de marzo, el dirigente de la UP, José Antequera, asesinado en el aeropuerto El Dorado. En este último ataque también salió herido de gravedad Ernesto Samper Pizano, precandidato a la presidencia por el Partido liberal. Antes de terminar el año, en octubre, hombres de los Castaño mataron en su propia oficina de Medellín al segundo vicepresidente de la Asamblea de Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría.[91]

    El gobierno Barco, derogó el Decreto 3398 de 1965, declarando ilegales las autodefensas. Aunque la ACDEGAM trató de camuflarse en las banderas de un nuevo movimiento político, MORENA (Movimiento de Restauración Nacional), guiado por Ernesto Báez, la consiguiente campaña terrorista emprendida contra el estado por Los Extraditables, no dejó dudas al respecto: el matrimonio entre tráfico de drogas y paramilitarismo era indisoluble. El 15 de diciembre de 1989, Gonzalo Rodríguez Gacha fue abatido por las autoridades;[92]​ pero su muerte no marcó el final del paramilitarismo como fenómeno devorador de la protesta social ni autor de las masacres colectivas. En efecto el 14 de enero de 1990, Los Tangueros desaparecen a 43 personas en el Corregimiento de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia).[93]​ Dos candidatos presidenciales fueron asesinados por las Autodefensas de Córdoba (Hermanos Castaño). El 22 de marzo de 1990 Bernardo Jaramillo Ossa, el candidato presidencial de la UP fue acribillado en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por un sicario que le disparó a quemarropa. Un mes después, el 26 de abril Carlos Pizarro Leongómez, el desmovilizado comandante del M-19 y candidato presidencial, fue ultimado en un avión en pleno vuelo.[94]​ Estos dos crímenes fueron declarados tiempo después como delitos de lesa humanidad por la Fiscalía: El de Jaramillo, como parte del plan de exterminio a miembros de la UP; el de Pîzarro, como parte de una serie de asesinatos a militantes de izquierda para evitar su llegada al poder (en ese año, Pizarro era uno de los favoritos en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales)[95]​.El terrorismo de los narcotraficantes, dirigido o indiscriminado fue adquiriendo características de otra guerra. Renombrados como Los Extraditables a finales de 1986, marcaron como su bandera de lucha la derogación del Tratado de Extradición, a la vez que robustecen su aparato militar y económico, para poder financiar el previsible escalamiento que vendría. En efecto, luego del ascenso a la presidencia de Virgilio Barco, las muertes a manos de sicarios motorizados del Juez Gustavo Zuluaga en octubre de 1986, del Coronel de la Policía antinarcóticos Jaime Ramírez Gómez un mes después, y sobre todo, del Director del diario El Espectador Guillermo Cano el 17 de diciembre (este último, declarado por la Fiscalía en 2010 como delito de lesa humanidad por tratarse de un periodista que venía denunciando las implicaciones del narcotráfico en la política nacional), más el atentado que sufrió en Budapest (Hungría), el exministro de Justicia Enrique Parejo González en enero de 1987, le dejaron entrever al presidente a qué problema se estaba enfrentando. Problema acrecentado por los contactos entre las fuerzas de autodefensa paramilitar y la cúpula de Los Extraditables: como ahora los narcos eran los grandes poseedores de la tierra y necesitaban proteger sus negocios e infraestructura ilegal, y las autodefensas buscaban financiación, la confluencia de intereses los hizo aliados. La administración Barco captura y extradita a los Estados Unidos a Carlos Lehder Rivas, uno de los principales cabecillas del Cartel de Medellín, efectuada el 4 de febrero de 1987. Pero Lehder, a causa de sus propias excentricidades y trastornos mentales, ya no representaba una ficha importante para el cartel, que por un tiempo se replegó sin atacar, desplazando su lucha al terreno jurídico. Pablo Escobar, que había eliminado a varios de sus aliados en una purga interna, vio como un incidente con uno de los principales capos del Cartel de Cali, Helmer ‘Pacho’ Herrera, se transformó en una pugna abierta.[96]​ La confrontación en dos frentes se hizo inevitable, cuando la captura en noviembre de 1987 de Jorge Luis Ochoa en Buga (Valle), fue vista por Los Extraditables, como producto de una delación de los traficantes de Cali.[97]​ La amenaza de extradición que pesaba sobre Ochoa determinó además el regreso del narcoterrorismo.

    El candidato a la alcaldía de Medellín Juan Gómez Martínez, se salvó de un intento de secuestro reivindicado por Los Extraditables. Y si bien Ochoa fue liberado amparado en el derecho de Habeas Corpus, la dinámica del conflicto se incrementó, cuando el gobierno profirió órdenes de extradición contra los principales miembros de la organización en los primeros días de enero de 1988. Helmer “Pacho” Herrera uno de los jefes del cartel de Cali, atacó a Escobar en su propio hogar al dinamitar el Edificio Mónaco el 13 del mismo mes. La respuesta llegó en la forma de una sangrienta guerra de sicarios entre ambos cárteles y con el estallido de numerosos petardos en la cadena farmacéutica Drogas La Rebaja, propiedad de los Rodríguez Orejuela. Contra el Estado a su vez, respondió secuestrando, al aspirante a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, el 16 de enero, y al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el 25 siguiente, en el momento que este se dirigía al Aeropuerto de Rionegro (Antioquia). En medio de la balacera, murieron 2 escoltas y un pistolero. El posterior rescate de Pastrana, dictaminó la muerte de Hoyos, ultimado a balazos.[98]​ Se llegó a un punto de no retorno. De un lado se multiplicaron los operativos y allanamientos, del otro, la violencia criminal y terrorista del Cartel. En marzo, varios cientos de uniformados cayeron sobre la Finca El Bizcocho, propiedad de Escobar, pero este logró romper el cerco y escapó.[59]​ En julio de 1988, el Secretario General de la Presidencia, Germán Montoya, había entrado en conversaciones con los líderes de Los Extraditables. Fueron interpretadas por los narcotraficantes como una invitación al diálogo, por lo que el 15 de septiembre siguiente respondieron con una carta a la administración Barco, e hicieron llegar a Montoya un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Sin embargo, ante la intransigencia de los Estados Unidos, renuente a la posibilidad de dialogar con los narcos, se dilataron las conversaciones y al final se las presentó como iniciativa personal del intermediario, desligando al primer mandatario de ellas. Como una reacción a este diálogo sin resultados, el Cartel de Medellín inició una cadena de crímenes de jueces, de funcionarios del gobierno, periodistas y personajes de la vida pública. La guerra del capo cundinamarqués Gonzalo Rodríguez Gacha, con los esmeralderos de Boyacá tras la muerte del jefe de estos, Gilberto Molina, y 17 muertos en la Masacre de Sasaima (27 de febrero de 1989). En marzo del 89, Los Extraditables mataron a Héctor Giraldo Gálvez, apoderado del caso Lara, y en mayo dinamitaron la sede de la Televisora Mundo Visión. El 30 de mayo, una potente explosión al paso de la caravana del jefe del DAS, General Miguel Maza Márquez: 7 muertos en Bogotá. En Medellín, el 4 de julio, asesinado el Gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur y el 28 es víctima de sicarios la Jueza María Helena Díaz. Por los mismos días, en medio de la lucha de Gacha contra los esmeralderos, la capital es escenario de numerosas acciones terroristas: 4 muertos en el edificio Altos del Portal y 2 explosiones destruyen las instalaciones de Tecminas (propiedad de Víctor Carranza).[99]​ El 16 de agosto cayó el Magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia, y el 18, en Medellín, el Coronel Valdemar Franklin Quintero. En la noche, durante un mitin político en Soacha, pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha dieron muerte al precandidato presidencial por el Partido liberal, Luis Carlos Galán. Enemigo de los narcotraficantes, era el más opcionado para alcanzar la primera magistratura de la nación. Herido de muerte por Jaime Eduardo Rueda Rocha, falleció horas después a causa de una fuerte hemorragia. Era el comienzo de la guerra total del estado colombiano contra el Cartel de Medellín y Los Extraditables.[100]​ Tiempo después, el crimen de Galán fue declarado por el Consejo de Estado como delito de lesa humanidad, por lo que su investigación y juzgamiento a los implicados en el crimen no prescribirán. Otra víctima del Cartel de Medellín es el periodista Jorge Enrique Pulido, quien es asesinado por sicarios en las calles de Bogotá el 29 de octubre de 1989..

    Inmediatamente después del asesinato de Galán, los diálogos se interrumpieron del todo y el presidente declaró la guerra al narcotráfico de la misma manera que lo había hecho Betancur 5 años atrás, poniendo precio a la cabeza de los terroristas en una alocución televisada (inicialmente se ofrecieron 100 millones de pesos por Escobar Gaviria y Rodríguez Gacha).[101]​ El presidente señaló:

    “Colombia, óigase bien está en guerra. Esto no es una simple expresión retórica. El país está en guerra contra los narcotraficantes y los terroristas. Ni el gobierno, ni el país reposarán hasta no haber ganado esta guerra…”.
    Virgilio Barco Vargas.

    Con el decreto 1830 del 19 de agosto, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia; con el Decreto 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se presumía o existían indicios de personas u objetos relacionados con algún delito; con el Decreto 1856 ordenó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los narcos; y con el 1859 autorizó la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo que excedía las normas constitucionales, de personas de las que se tuvieran graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Además se dispuso la creación del Grupo Élite con 500 hombres, esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas y lo puso al mando del Coronel Hugo Martínez. El 23 de agosto, Los Extraditables respondieron al gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo la guerra total. Con 3000 sicarios en armas, el asocio de bandas paramilitares y el músculo financiero que le daba el control de al menos un 80 % del tráfico de cocaína hacia el exterior, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos. El terrorismo se multiplicó entre septiembre y diciembre de 1989 más de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira contra edificios gubernamentales, instituciones bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. Desde el 24 de agosto las primeras bombas hacen explosión en Medellín, el 2 de septiembre fueron destruidas las instalaciones del diario El Espectador, el 11 es asesinado el líder liberal Pedro Peláez González, el 21 son dinamitadas 9 sedes políticas en Teusaquillo y el 25 es atacado el Hotel Hilton en Cartagena. Las autoridades multiplicaron los allanamientos, las incautaciones y las detenciones, logrando la captura de Eduardo Martínez y Rafael Abelló. Como respuesta al duro acoso del estado, el 16 de octubre un coche bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga y mató a 4 personas. Ahora todo el aparato criminal de los narcotraficantes se enfiló contra las clases dirigentes: son ultimados sucesivamente el Magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, el Periodista Jorge Enrique Pulido, el Representante a la Cámara Luis Francisco Madero, y la Jueza del Tribunal Antioqueño, María Elena Espinosa. A finales de octubre, 7 policías muertos en Medellín. Pablo Escobar escapa tras el operativo relámpago lanzado el 23 de noviembre sobre la Hacienda El Oro en Cocorna, Antioquia, (2 muertos y 55 detenidos). Cuatro días después, el 27, un avión de Avianca fue volado en el aire con sus 107 tripulantes a bordo, el 6 de diciembre los narcos nuevamente atentaron contra el General Maza y dinamitaron con 500 kilos la sede del DAS. El bus-bomba destruyó parcialmente la edificación y más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor: 63 muertos y 500 heridos. El 15 de diciembre, Gonzalo Rodríguez Gacha fue dado de baja tras una intensa persecución entre los municipios de Tolú y Coveñas en Sucre, junto a su hijo Freddy, y a 5 hombres de su cuerpo de seguridad.[102]​ Atribuyéndole a él, la mayor parte de las acciones de los últimos meses, Los Extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo y negociación con el Estado, queriéndolo presionar con el secuestro de Álvaro Montoya, hijo del secretario de presidencia, y de 2 parientes de Barco. El expresidente Alfonso López Michelsen,propone la formación de una Comisión de Notables para negociar con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, estos respondieron a dicha propuesta en un comunicado. Inmediatamente después liberaron los secuestrados, entregaron un bus con una tonelada de dinamita y un laboratorio de procesamiento de droga en el Chocó. Como contraparte, los narcos esperaban del gobierno la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de los procedimientos legales que permitirían su rendición.Sin embargo, esto nunca sucedió y el intento de diálogo y negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo; enfrentados a una ofensiva militar en Envigado,zona de operaciones de la IV Brigada del Ejército al mando del General Harold Bedoya. Los extraditables anunciaron que ponían fin a su tregua con el Estado y ofrecieron 2 millones de pesos por cada policía que fuera muerto (30 de marzo). A partir de entonces, Medellín y su área metropolitana se vieron envueltas en una guerra urbana, con las ejecuciones de uniformados y los atentados contra el Grupo Elite, el primero de los cuales ocurrió en un puente de Itagüí el 11 de abril. Este ataque que dejó 13 muertos y 100 heridos fue el primero de los 18 que se sucedieron hasta finales de julio con un saldo de 90 muertos y 450 heridos. En represalia por el asesinato de 215 policiales asesinados entre abril y julio de 1990, escuadrones de encapuchados ligados a las autoridades, emprendieron sangrientas “Operaciones de limpieza” en las comunas, y dieron muerte a decenas de jóvenes. El cartel respondió a su manera con cada vez mayor brutalidad: el 12 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Madre, hicieron explosión en 2 centros comerciales de Bogotá sendas bombas que dejan 21 muertos; el mismo día en Cali, otro acto terrorista: 9 muertos. A finales de mes, un nuevo atentado frente al Hotel Intercontinental de Medellín, se cobró la vida deja 12 muertos, asesinados el senador Federico Estrada Vélez y su conductor. El jefe militar de Escobar, John Jairo Arias Tascón, alias ‘Pinina’, fue abatido por las autoridades el 14 de junio de 1990, en El Poblado, y masacre en el Bar Oporto:17 muertos, y un coche-bomba estalló frente a la Estación Libertadores de la Policía,13 muertos. A finales de julio, luego de un operativo en el Magdalena Medio antioqueño del que una vez más escapó Escobar, Los Extraditables decretaron una nueva tregua en espera de las decisiones que pudiera tomar la nueva administración de César Gaviria.[100]

    Conflicto armado interno de Colombia
    Previo Conflicto armado interno de Colombia entre 1974-1990 Posterior
    Conflicto armado interno de Colombia en el Frente Nacional 1974-1990 Conflicto armado interno de Colombia entre 1990 y 2002

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