Derechos humanos en Colombia

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Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los DDHH son fruto, así mismo de toda una evolución histórica que ha recopilado la experiencia cultural de civilizaciones milenarias. Los Sumerios Romanos, Griegos y la Biblia Judeocristiana registran principios que se consideran base de los parámetros recogidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas para llegar a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos humanos. En Colombia, a pesar de los continuos conflictos internos, se ha gestado la tradición de conformar un Estado de Derecho que si no garantiza en su totalidad el cumplimiento y respeto a los DDHH, si se preocupa por ratificar todos los convenios internacionales que versen sobre el tema y crear políticas de estado tendientes a disminuir y minimizar el impacto que la violación de los Derechos de la Población civil tiene en el contexto nacional.

Introducción[editar]

El propósito de los Derechos Humanos es defender a los agentes humanos de la opresión y el abuso que otros cometan en su contra.[1]​ Sin embargo, su respeto en la cotidianidad de algunos países es un serio reto para los Estados y, por lo tanto, para los entes internacionales encargados de velar por ellos.

Un caso concreto que permite evidenciar las particularidades del problema mencionado es el colombiano. Durante aproximadamente 50 años, Colombia ha vivido un conflicto armado que ha causado una constante y sistemática violación a los Derechos Humanos de sus habitantes, principalmente aquellos residentes en el sector rural. Tan sólo en el año 2003 se presentaron, por cuenta de los grupos ilegales 23.013 homicidios, 3.387 secuestros extorsivos, 121 masacres y cerca de 175.270 nuevas personas desplazadas.[2]

Enfrentar y detener dicho fenómeno se torna cada vez más complicado al existir la dificultad de definir y atribuir dichas violaciones; sin embargo los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado; por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación. Si existen además actores armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) , las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y la fuerza pública (ejército y policía nacional) estarían cometiendo una infracción al derecho internacional humanitario.

Ahora bien, algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, la magnitud de la población afectada es tal que gran parte de las violaciones no llegan a ser reconocidas institucionalmente y permanecen en la impunidad. De igual forma, es necesario tener en cuenta que existe una disputa entre el gobierno colombiano y las ONG a la hora de sustentar, cualitativa y cuantitativa-mente, la realidad del fenómeno. Es por eso que muchas de ellas han acusado al gobierno de persecución política. Lo anterior puede ser entendido bajo la diferencia ideológica presentada por cada uno: las ONG con una posición critica y pasiva, frente a la posición del gobierno colombiano, que ha radicalizado su discurso y ha atacado a muchas de las organizaciones de derechos humanos.[3]

Además de lo expuesto hasta el momento, Colombia evidencia una paradoja al presentar un nivel de violencia muy elevado –junto a una constante impunidad- y una sobreabundancia de normas y leyes que, al no ser respetadas, acaban en demostrar la inoperancia del Estado.

El caso colombiano es un claro ejemplo de cómo un discurso, como el de los derechos humanos, bajo condiciones de conflicto y violencia, genera una gran dificultad para ser llevado a la práctica. Se encuentra, entonces, que tanto el discurso como la realidad carecen de una misma orientación y que aspectos como los Derechos Humanos no deben ser estudiados y exigidos de la misma forma que se hace en otros contextos y sociedades, donde la violencia y la desigualdad no son algunos de los factores que los caracterizan.

Perspectiva de los líderes políticos[editar]

El panorama político antes y después del conflicto ha variado mucho desde el punto de vista de las perspectivas políticas en Colombia. En el 2016, el Presidente Juan Manuel santos posicionó y puso de moda el concepto de la tercera vía en Política. De esta manera pudo adaptarse fácilmente a las propuestas venidas de uno y otro sector de opinión en un país polarizado por más de 50 años de conflicto armado. Pero luego del triunfo del no en el plebiscito por la paz adelantado en el 2016, la opinión pública se radicalizó entre los postulados de ultra derecha del expresidente Alvaro Uribe Vélez quien pregona, no sin razón, la seguridad nacida del ejercicio de las instituciones, especialmente de las fuerzas armadas, y por otro lado la propuesta de izquierda presentada por las FARC, grupo armado al margen de la ley con el que se pretende llegar a un acuerdo de paz sostenible y perdurable. Gracias al ejercicio democrático y el esfuerzo por la finalización el conflicto, el Presidente Colombiano ganó el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el panorama de Derechos Humanos no ha mejorado ostensiblemente según los reportes de Human Right Watch, que sigue denunciando la muerte de defensores y defensoras de DDHH, líderes comunales y cívicos, aumento en cultivos ilícitos, explotación indiscriminada de oro y coltán y la esclavitud de pueblos indígenas por las mafias del narcotráfico y los grupos al margen de la ley.

Poco antes de las elecciones presidenciales de Colombia de 2010, Antanas Mockus, Rafael Pardo, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, los candidatos a la presidencia, expresaban su punto de vista sobre los derechos humanos en una entrevista.[4]

Preguntados sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia, mostraron diversos grados de preocupación y diferentes percepciones del origen principal del problema. En cuanto a la gravedad de la situación actual, Juan Manuel Santos fue el más optimista y Rafael Pardo el más negativo. En cuanto al origen, Juan Manuel Santos lo asoció al terrorismo, Noemí Sanín al narcotráfico, Germán Vargas Lleras con la impunidad, Gustavo Petro y Rafael Pardo se fijaron más en los agentes del estado y los paramilitares, y Antanas Mockus señaló la necesidad de coherencia: luchar contra la delincuencia desde la legalidad democrática. Hoy los candidatos han variado su discurso de la necesidad de terminar el conflicto armado, a la necesidad de consolidar la PAZ pero con justicia social y si demasiadas concesiones a los adminstiados.

En ese entonces, Juan Manuel Santos destacó que el combate a las bandas criminales debía ser una prioridad coordinada desde el Ministerio de Defensa, pero que estas eran mucho más débiles y menos ideologizadas que las desmovilizadas AUC. Antanas Mockus resaltó la importancia de la fuerza de la presión social a la hora de rechazar y superar al narcotráfico. Sin embargo, ahora, años después de la entrevista, las posiciones han variado a favor y en contra de un solo asunto: el nuevo acuerdo para el fin del conflicto armado. Esta situación, ha generado el ambiente propicio para la conformación de Observatorios de Derechos Humanos, colectivos organizados de defensores y defensoras de DDHH que se forman y promueven el DIH y los DDHH sin distingo de etnia, credo, opinión política o posición social.

Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible[editar]

En el marco del proceso de Paz y el pos conflicto en Colombia, la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible, ha desarrollado y fortalecido el ejercicio del Observatorio de Derechos Humanos como un nodo de información y formación en DIH y DDHH logrando vincular más de 4.000 personas de las regiones mas apartadas del país. Desde su inicio de labores en el año 2012. la OIPPDS (Sigla de la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible), ha logrado generar espacios de formación y certificación gratuita en línea mediante la Articulación con múltiples entidades e instituciones del orden Internacional, como HALO TRUST international , el aula virtual del CICR , el aula virtual de la dirección de desminado de la Presidencia de Colombia y otras instituciones especializadas en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Dentro del Observatorio de Derechos Humanos, el Grupo Prisiones liderado hasta el 2025 por Víctor Hugo Almanza Rincón, y que está dedicado a la asesoría, protección y amparo de los DDHH de las personas privadas de la libertad, ha alcanzado especial notoriedad al lograr coordinar dentro del Sistema penitenciario y Carcelario de Colombia, la formación, certificación y empoderamiento de numerosos veedores de Derechos Humanos dentro de las cárceles reduciendo notoriamente la violencia, discriminación, y agresión a los grupos minoritarios de las cárceles Colombianas respaldando las políticas institucionales que versan sobre DDHH del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia). Además de la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible, los miembros activos del ODH son certificados por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia, el Grupo Prisiones de la Universidad de los Andes y asesoran proyectos humanitarios, y de desarrollo social en los países de América Central y Sur. Para ser un defensor o defensora de DDHH, basta con la intención y la vocación por conocer las políticas internacionales de defensa de los derechos humanos y obtener la formación adecuada. Hoy por hoy, muchas instituciones y entidades nacionales y extranjeras forman gratuitamente a voluntarios por todo el país en cumplimiento a la ley de la Cátedra de la Paz.

En su Informe Anual de 1998, la Comisión Iteramericana de Derechos Humanos resaltó la importancia y la dimensión ética del trabajo que llevan a cabo las personas dedicadas a la promoción, seguimiento y defensa legal de los derechos humanos y las organizaciones a las que muchas de ellas están afiliadas. En dicho informe, la Comisión recomendó a los Estados miembros de la OEA que tomaran las medidas necesarias para proteger la integridad física de los defensores y las defensor@s de los derechos humanos y que propiciaran las condiciones para que desarrollaran su labor (Informe Anual 1998, Capítulo 7, Recomendación 4). A partir de la presentación de estas recomendaciones ante los Estados miembros, la Asamblea General de la OEA adoptó la resolución 1671, denominada Defensores de Derechos Humanos en las Américas: apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. A través de esta resolución, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente, en coordinación con la Oficina Interamericana para la Paz y el Desarrollo Sostenible, que continuara estudiando el tema de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos en la región y la Asamblea General solicitó a la Comisión que  considerara la elaboración de un estudio sobre la materia .

En diciembre de 2001, teniendo en cuenta la solicitud de la Asamblea General, así como el interés de la sociedad civil en contar con un punto focal en la Comisión Interamericana que le diera seguimiento específico al tema de los defensores y las defensoras, la Secretaría Ejecutiva decidió establecer una Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que se encargara de coordinar las actividades de la Secretaría Ejecutiva en esta materia y en especial, de darle seguimiento a la situación de las defensoras y los defensores en toda la región.

Durante el 141º período de sesiones celebrado en marzo de 2011, la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, en consideración de las denuncias recibidas y en busca de dar mayor visibilidad a la importancia del rol de las defensoras y los defensores, así como de los operadores de justicia, en la construcción de una sociedad democrática en la que tenga plena vigencia el Estado de derecho. De esta manera, la Unidad fue convertida en una Relatoría.

La Relatoría, a través de distintas tareas le da seguimiento a la situación de todas las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos en la región, incluyendo la situación de los y las operadores de justicia en los Observatorios de Derechos Humanos.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. IGNATIEFF, Michael. Los derechos humanos como política e idolatría. 2003. Paidós Estado y Sociedad: Buenos Aires. p. 11
  2. Sin Autor. Derechos Humanos en Colombia: Verdades y Mentiras. 2004 Colección Revelaciones: Bogotá. P. 7
  3. Sin Autor. Derechos Humanos en Colombia: Verdades y Mentiras. 2004 Colección Revelaciones: Bogotá. P. 15
  4. Entrevista a candidatos presidenciales en Semana.com

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]