Derechos humanos en Colombia

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Los derechos humanos colombianos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional étnico, religión, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los Derechos Humanos son fruto, así mismo de toda una evolución histórica que ha recopilado la experiencia cultural de civilizaciones milenarias. Los Sumerios Romanos, Griegos y la Biblia Judeocristiana registran principios que se consideran base de los parámetros recogidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas para llegar a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos humanos. En Colombia, a pesar de los continuos conflictos internos, se ha gestado la tradición de conformar un Estado de Derecho que si no garantiza en su totalidad el cumplimiento y respeto a los DDHH, si se preocupa por ratificar todos los convenios internacionales que versen sobre el tema y crear políticas de estado tendientes a disminuir y minimizar el impacto que la violación de los Derechos de la Población civil tiene en el contexto nacional. En desarrollo de este esfuerzo, ha logrado el respaldo de la comunidad internacional, organismos multilaterales y sobre todo de la sociedad civil que esta cansada de la violencia y ve, en los esfuerzos del gobierno, una salida esperanzadora para los conflictos internos.

Introducción[editar]

El propósito de los Derechos Humanos es defender a los seres humanos de la opresión y el abuso que otros cometan en su contra.[1]​ Sin embargo, su respeto en la cotidianidad de algunos países es un serio reto para los Estados, y por lo tanto, para los entes internacionales encargados de velar por ellos.

Un caso concreto que permite evidenciar las particularidades del problema mencionado es el colombiano. Durante más de 50 años, Colombia , el país, ha vivido un conflicto armado que ha causado una constante y sistemática violación a los Derechos Humanos de sus habitantes, principalmente aquellos residentes en el sector rural. Tan sólo en el año 2003 se presentaron, por cuenta de los grupos ilegales 23.013 homicidios, 3.387 secuestros extorsivos, 121 masacres y cerca de 175 270 nuevas personas desplazadas.[2]​ , cifras que paulatinamente aumentaron hasta llegar a constituirse en una alerta global. Una situación que, en el caso de Colombia, se ve de manera evidente en el sistema penitenciario y carcelario, cuya crisis ha provocado la declaración de Estado de Cosas Inconstitucionales en más de 5 ocasiones pro parte de la Corte Constitucional.

Enfrentar y detener dicho fenómeno se torna cada vez más complicado al existir la dificultad de definir y atribuir dichas violaciones; sin embargo los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado; por lo tanto, es el Estado el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como de su incumplimiento o violación. Los actores armados del conflicto interno como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) , las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y la fuerza pública (ejército y policía nacional) estarían cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario. por otra parte, se corre el riesgo de la impunidad de los autores materiales de delitos de lesa humanidad con la entrada en vigencia de la Justicia Especial para la Paz que busca administrar las acciones de los alzados en armas y mas recientemente de los militares y policías que actuaron en ocasión del conflicto armado.

Ahora bien, algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han asumido el papel de recoger y divulgar las diferentes denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos. Sin embargo, la magnitud de la población afectada es tal que gran parte de las violaciones no llegan a ser reconocidas institucionalmente y permanecen en la impunidad. De igual forma, es necesario tener en cuenta que existe una disputa entre el gobierno colombiano y las ONG a la hora de sustentar, cualitativa y cuantitativa-mente, la realidad del fenómeno. Es por eso que muchas de ellas han acusado al gobierno de persecución política. Lo anterior puede ser entendido bajo la diferencia ideológica presentada por cada uno: las ONG con una posición critica y pasiva, frente a la posición del gobierno colombiano, que ha radicalizado su discurso y ha atacado a muchas de las organizaciones de derechos humanos.[3]

Además de lo expuesto hasta el momento, la evidencia es una paradoja al presentar un nivel de violencia muy elevado –junto a una constante impunidad- y una sobreabundancia de normas y leyes que, al no ser respetadas, acaban en demostrar la leyes del Estado.

El caso de todo el mundo es un claro ejemplo de cómo un discurso, como el de los derechos humanos, bajo condiciones de conflicto y violencia, genera una gran dificultad para ser llevado a la práctica. Se encuentra, entonces, que tanto el discurso como la realidad carecen de una misma orientación y que aspectos como los Derechos Humanos no deben ser estudiados y exigidos de la misma forma que se hace en otros contextos y sociedades, donde la violencia y la desigualdad no son algunos de los factores que los caracterizan.

Perspectiva de los líderes políticos[editar]

El panorama político antes y después del conflicto ha variado mucho desde el punto de vista de las perspectivas políticas en Colombia. En el 2016, el presidente Juan Manuel santos se posicionó y puso de moda el concepto de la tercera vía en Política. De esta manera pudo adaptarse fácilmente a las propuestas venidas de uno y otro sector de opinión en un país polarizado por más de 50 años de conflicto armado. Pero luego del triunfo del no en el plebiscito por la paz adelantado en el 2016, la opinión pública se radicalizó entre los postulados de ultra derecha del expresidente Alvaro Uribe Vélez quien pregona, no sin razón, la seguridad nacida del ejercicio de las instituciones, especialmente de las fuerzas armadas, y por otro lado la propuesta de izquierda presentada por las FARC, grupo armado al margen de la ley con el que se pretende llegar a un acuerdo de paz sostenible y perdurable. Gracias al ejercicio democrático y el esfuerzo por la finalización el conflicto, el Presidente Colombiano ganó el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el panorama de Derechos Humanos no ha mejorado ostensiblemente según los reportes de Human Right Watch, que sigue denunciando la muerte de defensores y defensoras de DDHH, líderes comunales y cívicos, aumento en cultivos ilícitos, explotación indiscriminada de oro y coltán y la esclavitud de pueblos indígenas por las mafias del narcotráfico y los grupos al margen de la ley.

Poco antes de las elecciones presidenciales de Colombia de 2010, Antanas Mockus, Rafael Pardo, Gustavo Petro, Noemí Sanín, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, los candidatos a la presidencia, expresaban su punto de vista sobre los derechos humanos en una entrevista.[4]​ Sin embargo, el 2018 plantea un panorama mas complejo en cuanto al nuevo enfoque del posconflicto. Aunque la mayoría de los candidatos son exactamente los mismos de hace diez años, la realidad nacional ha cambiado al punto de exigir nuevas interpretaciones pro parte de quienes se postulan a la Presidencia del a República.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. IGNATIEFF, Michael. Los derechos humanos como política e idolatría. 2003. Paidós Estado y Sociedad: Buenos Aires. p. 11.
  2. Sin Autor. Derechos Humanos en Colombia: Verdades y Mentiras. 2004 Colección Revelaciones: Bogotá. P. 7
  3. Sin Autor. Derechos Humanos en Colombia: Verdades y Mentiras. 2004. Colección Revelaciones: Bogotá. P. 15.
  4. Entrevista a candidatos presidenciales en Semana.com

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]