Unión Patriótica (Colombia)

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Unión Patriótica
Unión Pariótica.png
Presidente Aída Abella
Fundación 28 de mayo de 1985
Ideología Socialismo democrático
Bolivarianismo
Posición Izquierda
Coalición Lista de la Decencia
Sede Bogotá
País Colombia
Organización
juvenil
Unión de Jóvenes Patriotas
Afiliación regional Foro de São Paulo
Sitio web www.up.org.co

La Unión Patriótica (UP) es un partido político colombiano de izquierda, fundado el 28 de mayo de 1985 como parte de una propuesta de paz, de las FARC-EP a varios grupos guerrilleros a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) y al Estado colombiano. La propuesta consistía en una tregua (armisticio) donde se permitiera la participación política de los combatientes a través de un nuevo partido político que pudiera acogerlos, este partido debía ser amplio y permitir la participación de todos los sectores de la sociedad que apoyaran la paz en Colombia. Desde el mismo proceso de fundación de la UP en 1984, sus militantes empezaron a ser asesinados, llevando a que en 1986 después de su fundación oficial y obtener un resultado exitoso en las elecciones, se asesinara al primer congresista de la UP, y casi dos días después al segundo. Con el tiempo algunos dirigentes del partido UP propusieron tomar distancia de los grupos insurgentes, desconocer su origen y objetivo político de buscar una salida política negociada al conflicto colombiano para evitar el asesinato de sus militantes, mientras las FARC-EP propuso que todos lo militantes debían pasar a la clandestinidad como un partido en la práctica prohibido; pero estas propuestas nunca prosperaron por lo que siempre se llamó a negociar una paz democrática y duradera.

Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 congresistas en ejercicio (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel Cepeda), 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, 8 alcaldes en ejercicio, 8 exalcaldes y alrededor de 3000 de sus militantes y simpatizantes (otras fuentes aseguran que fueron unos 5000) fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (Ejército, Policía secreta, inteligencia y Policía regular) y narcotraficantes;[1]​ algunos sobrevivientes al exterminio abandonaron el país.[2]​ Estos asesinatos de los miembros de la UP en los años 80´s y 90´s fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana; en consecuencia, estos crímenes seguirán siendo investigados de manera permanente y se procederá a judicializar a quienes resulten implicados.[3]

En julio de 2013 el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica, la cual le había sido suprimida debido a que en las elecciones legislativas de 2002 no obtuvo representación en el Congreso; el fallo reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a las elecciones y por tanto no obtuvieran la representación requerida.[4]

Su máximo órgano rector es la Junta Patriótica Nacional.[5]

Orígenes[editar]

La Unión Patriótica tiene su origen en los Acuerdos de la Uribe, firmados por el Estado colombiano y las FARC-EP dentro del proceso de paz que se había iniciado en 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur, llevando a que en 1984 se firmaran los Acuerdos de la Uribe entre las FARC-EP y el Estado colombiano, dejando como punto doce (12) del Acuerdo que cualquier grupo armado podría adherirse expresando su intención de acogerse al mismo. Así mismo en el punto 7 ídem, se estableció que se abriría un periodo de prueba de 1 año para que los integrantes de las FARC-EP pudieran organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión. Este punto expresaba el acuerdo de formar un partido legal, que a propuesta de las FARC-EP debía ser amplio y conformado por todos los sectores que apoyaran el acuerdo, el Estado colombiano debía dar las garantías para que esto sucediera y el acuerdo fue aceptada tanto por el Estado colombiano durante el gobierno de Betancur (192-1986) y el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), como por otros grupos guerrilleros de la CGSB (ELN, EPL, Quintín Lame) y el ADO que se adhirieron; el M-19 fue crítico hasta 1989 cuando decide por su cuenta hacer un proceso de paz y entregar las armas, (el EPL apoyó los acuerdos, pero luego también se desmovilizó por su cuenta y varias unidades bajo la dirección del gobierno colombiano se transformaron en unidades paramilitares). A la UP entonces se adhirieron para su fundación no solo guerrilleros desarmados en comisión política, con apoyo del Estado colombiano sino también sectores civiles, el Partido Comunista Colombiano y sectores de los partidos tradicionales liberal y conservador.

De acuerdo con analistas, testigos y documentos internos de las FARC sobre la Séptima Conferencia Guerrillera del grupo en 1982, las FARC propusieron originalmente la creación de un grupo de células políticas clandestinas como una rama política para propósitos de reclutamiento y propaganda ideológica, mientras al tiempo mantenían su fuerza armada intacta, al menos inicialmente, como parte de la "combinación de todas las formas de lucha". En teoría, en la medida en la que las FARC desarrollaban una nueva estructura armada (el "Ejército del Pueblo" o EP) y fueron capaces de eventualmente rodear a las ciudades por medio de sus columnas armadas, el apoyo de células urbanas y movimientos masivos serían decisivos para tomar finalmente el poder.[6]

Historia[editar]

Acuerdos de la Uribe[editar]

El 28 de marzo de 1984 el Estado colombiano representado por el presidente Belisario Betancur, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) firman en el campamento de La Uribe (también conocido por los comunicadores como campamento de Casa Verde, porque había una casa verde que servía para recibir a los diplomáticos o representantes del gobierno y de medios), los llamados "Acuerdos de la Uribe", en los cuales las partes firmantes se comprometen a cumplir 12 puntos entre ellos a un inicial "cese bilateral del fuego":

1. Las FARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 0:00 horas, fecha que podrá posponerse, como máximo, hasta por dos meses si fuere necesario. La orden de que antes se habla se mantendrá indefinidamente si el señor presidente de la República, doctor Belisario Betancur, corresponde a este gesto efectivo de paz con una orden semejante suya, dada a todas las autoridades civiles y militares bajo su jurisdicción, en la oportunidad debida.

Durante este alto al fuego las partes se comprometen a buscar salidas políticas al conflicto armado colombiano, los insurgentes que se acojan a la tregua serían cobijados ipso iure por una amnistía y podrían ser deliberantes y participar en las elecciones, por lo cual la salida era la fundación de un nuevo partido político que apoyara los acuerdos y permitiera la integración de los combatientes en sus estructuras, en ese sentido, Jacobo Arenas, miembro del Estado Mayor de las FARC-EP, es precandidato a la presidencia de Colombia para las elecciones de 1986, y comandantes de otros niveles precandidatos al Congreso de Colombia y otras entidades. En el punto 8 el gobierno de Colombia propone la ley 35 de 1982 y normas complementarias, para resolver el trámite jurídico de las amnistías, y un nuevo partido amplio, de convergencia, se vislumbra para dar cumplimiento a los acuerdos. Otro elemento esencial es al Comisión de paz y de Verificación que debe contar con una amplia representación de las dos partes. [7]

En esta etapa de alto al fuego, se denuncia el incumplimiento del Estado colombiano por cuanto no respetaban la tregua y seguían asesinando líderes sociales y combatientes de las FARC, por su parte los sectores opuestos a la política de paz del Estado dirigido por el gobierno de Betancur, consideraban que un alto al fuego solo es posible con la rendición de uno de los contendores y no como producto de un acuerdo de voluntades entre ellos se encuentran varios pronunciamientos de generales de la República como Landazeabal Reyes (acusado en 1986, luego del asesinato de Posada y Pedro Nel, de dirigir la operación "Baile Rojo", con la que pretendía exterminar a todos los militantes, simpatizantes de la UP y sus familiares), en abierta contradicción a lo acordado por el Estado y, por lo que al reconocer el estatus político de la insurgencia, prácticamente se cometía una traición, evidenciado en que las directivas del gobierno iban por un lado pero los que la ejecutaban en el plano militar iban por otro, desconociendo el cese al fuego y considerando que toda persona armada es el enemigo al que no había que dar tregua, y aún más, se extendía el concepto de enemigo a los civiles desarmados, usando para ello la Doctrina de Seguridad Nacional que les indicaba que debían aplicar los manuales contrainsurgentes, por tal razón en solo 1984 se reportaron más de 100 homicidios de combatientes en tregua.

Pese a las adversidades de esta primera etapa del proceso de paz, el acuerdo se mantenía y es así como en 1985 se funda la UP y se convoca el I Congreso de la Unión Patriótica.

Fundación de la Unión Patriótica[editar]

La Unión Patriótica (UP), fue fundada el 28 de mayo de 1985 dentro del proceso de paz entre el Estado colombiano, representado por el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).[8]​​. Las guerrillas argumentaron, que al apoyar la creación de este partido buscaban hacer política sin armas y bajo los acuerdos de cese al fuego firmados por el comisionado del gobierno John Agudelo Ríos. El naciente movimiento enarboló una plataforma de 20 puntos reformas políticas democráticas, sociales y económicas como una reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales y un modelo económico nacional separado del capitalismo global. En 1986 su candidato Jaime Pardo Leal llegó a obtener el 4,6% de la votación, alcanzando el tercer lugar en las elecciones presidenciales.[9]

Según la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía, a partir de su fundación, los dirigentes, miembros y simpatizantes de la UP, así como sus familiares, empezaron a ser amenazados y sistemáticamente asesinados, por grupos orientados, conformados, entrenados, patrocinados por agentes del Estado: "Para la Fiscalía, en ese momento las facciones más radicales de las Fuerzas Militares “insistieron en defender públicamente la existencia de grupos de autodefensa. El apoyo se prorrogó con la aprobación del Manual EJC-3-10 (reglamento de combate contraguerrillas), por parte del comandante y ministro de defensa, Óscar Botero en noviembre de 1987, que reiteraba las Juntas de Autodefensa como uno de los principales apoyos de la lucha contrainsurgente[10]

La UP participa electoralmente por primera vez, en las elecciones de marzo y mayo de 1986, logrando trascendentales resultados por cuanto era la primera vez en la historia de Colombia que participaba oficialmente, a nombre propio, un partido de izquierda, oponiéndose al bipartidismo (partido liberal y conservador) que venían recientemente de una hegemonía legal bipartidista, conocida como "Frente Nacional". En las elecciones de marzo de 1986 la UP se convierte en una opción al bipartidismo logrando ser elegida con 14 congresistas para Cámara y Senado, 18 diputados, y 335 concejales; dos meses más tarde el candidato a la presidencia por la UP, Jaime Pardo Leal, alcanza el 10% de la votación del país, "siendo ésta la más alta alcanzada en la historia de Colombia por un partido independiente"[11]​. La UP logró su mayor votación en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área Metropolitana de Medellín. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP obtuvo 4 senadores, 4 representantes a la Cámara, 24 diputados departamentales y 275 concejales municipales.[12]

El 13 de agosto de 1987, se realizó la "marcha por la paz, la vida y la defensa de los Derechos Humanos", también conocida como marcha de los "claveles rojos", convocada por la UP como protesta ante el asesinato selectivo de miembros y simpatizantes de la UP, entre ellos dos congresistas de la UP (un senador y un representante).

El 16 de diciembre de 1993 la Corporación Reiniciar radicó una demanda ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) de la OEA, por el "genocidio contra la Unión Patriótica".

Persecución contra la Unión Patriótica[editar]

Gonzalo Rodríguez Gacha El Mexicano.

Datos independientes estiman que entre 1988 hasta 1991, murieron unos 14,000 colombianos.[13]​ Hacia 1994, datos calculados por organizaciones de derechos humanos sitúan la cantidad de muertes por violencia política en 20,000.[14]​ Se desconoce la cifra total de militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados, pero cálculos parciales estiman que pudieron ser unos 3.500 y un buen número de desaparecidos.[15]

El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha El Mexicano inició una guerra particular en contra de la guerrilla de las FARC bajo la bandera de defenderse del secuestro y robo de ganado, con la cual impulsó el asesinato sistemático de los miembros de la Unión Patriótica, ya que los acusaba de ser el brazo político de dicho grupo armado.[cita requerida] Al comienzo utilizó la modalidad de masacres de campesinos o jornaleros que reclamaban mejoras laborales, para luego ordenar el asesinato selectivo de militantes de la UP en campos y ciudades.

En ese exterminio que impulsara Rodríguez Gacha inicialmente, luego de su muerte lo escalaron los grupos paramilitares de la extrema derecha -que en la próxima década se aglutinarían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- bajo el mando de Carlos Castaño, en muchas ocasiones en coordinación, alianza y colaboración con efectivos militares y de policía.[16]

Algunas investigaciones señalan que una misión de militares estadounidenses recomienda la creación de grupos armados ilegales para luchar contra la guerrilla,[17]​ para lo cual encuentran apoyo en ganaderos, terratenientes y empresas trasnacionales. En algunos casos se denominaron "masetos" (Muerte a Secuestradores - MAS), "autodefensas" y en otros Convivir (cooperativas de vigilancia). Estos contratan al militar y mercenario israelí Yair Klein para entrenar los primeros grupos.

Luego del asesinato del candidato presidencial Bernardo Jaramillo, la UP sufre un proceso de quiebre final cuando en marzo de 1990, su nuevo presidente Diego Montaña Cuéllar y once dirigentes más, presentan su renuncia colectiva en una reunión en Bogotá conocida como el X Pleno, cuando fallan en su intento de separar la UP de la ortodoxia de izquierda y de condenar irrevocablemente la lucha armada. Tiempo después, perdería su reconocimiento jurídico por la baja votación en unas elecciones generales.[18]

Con la escalada de violencia paramilitar en contra de la militancia de la UP, las FARC dejaron a su suerte al nuevo partido y sus voceros públicos se reintegraron a la lucha armada. Por varios años las Farc hicieron un doble juego de hablar públicamente de paz con el gobierno, cuando en realidad nunca renunciarion a sus planes de tomar el poder por las armas. Su estrategia consistía en llamar a negociaciones de paz, mientras buscaban extender su poder armado en lo que llamaban "acumulación de fuerzas". El detonante definitivo de la ruptura de las conversaciones entre la guerrilla y el gobierno, fue el asalto ordenado por el presidente César Gaviria al liderato guerrillero durante la operación Casa Verde en el departamento del Meta, el 9 de diciembre de 1990.[19]

Cronología[editar]

Leonardo Posada representante a la Cámara fue el primer asesinado en 1986 en la ciudad de Barrancabermeja. En enero del mismo año asesinaron el concejal de Pereira Gildardo Castaño Orozco. En octubre de 1987 fue asesinado en presencia de su familia Jaime Pardo Leal, quien había sido candidato presidencial en las elecciones de 1986. El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el también candidato presidencial Bernardo Jaramillo, en el aeropuerto de Bogotá.

El senador Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en 1994.[20]

El 14 de agosto de 1987, sicarios motorizados derribaron la puerta de la residencia del Senador Pedro Luis Valencia en Medellín y fue acribillado. Alejandro Cárdenas Villa, quien fue alcalde de la UP en Mutatá, pasó luego a la gerencia de la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social de Medellín (CORVIDE), y murió asesinado en la Plaza de Ferias de Medellín.[cita requerida] Gabriel Jaime Santamaría, siendo presidente de la Asamblea de Antioquia, murió asesinado dentro de su oficina en La Alpujarra de Medellín, a pesar de las medidas de seguridad.[cita requerida]

El 18 de mayo de 1988 fue asesinado en Medellín Elkin Martínez, elegido para posesionarse en Remedios, Antioquia. Fue asesinado en una recepción de hotel mientras tomaba una foto turística. Su muerte desencadenó el paro del nordeste antioqueño en Segovia y Remedios, paro que duró cerca de tres semanas.[cita requerida]

Los paramilitares de Puerto Boyacá incursionaron en Segovia el 11 de noviembre de 1988 al mando de Alonso J. Vaquero El Negro Vladimir bajo las órdenes de los hermanos Carlos Castaño y Fidel Castaño jefes de las ACCU y Henry Pérez comandante de los paramilitares del magdalena medio. Entraron disparando y dejando a 48 muertos incluyendo niños, mujeres y ancianos. El Negro Vladimir participó también en las masacres de 14 campesinos en Cimitarra, Santander, 19 comerciantes en Puerto Boyacá y 15 funcionarios de la Fiscalía en La Rochela, Santander.[21]​ Estos hechos se conocieron posteriormente como la Masacre de Segovia, Masacre de La Rochela y la Masacre de Cimitarra.

A Elkin Martínez lo reemplazó Carlos Rojo Uribe quien también murió asesinado el 1 de agosto de 1997 por los alrededores del batallón Bomboná, junto con siete personas que fueron sacadas de sus casas en Remedios, Antioquia.[cita requerida]. La única líder política que logró sobrevivir fue la ex concejal de Bogotá Aída Avella a quien intentaron matar en 1995.

La muerte en Puerto Valdivia del concejal de Valdivia, Henry Montenegro, desató un paro en el Bajo Cauca antioqueño, que duró una semana hasta que se hiciera presente una comisión del gobierno. Henry Montenegro perdió la Alcaldía de Valdivia por 1 (un) voto en las elecciones de 1988.[cita requerida]

En 1992 fue perpetrada la masacre de Caño Sibao contra dirigentes comunistas y de la UP.

Henry Millán Gonzalez dirigente y fundador de la UP en el departamento del Caquetá , ex-miembro del comité central PCC, fue represente a la cámara del Caquetá por la UP, fue asesinado el 7 de diciembre de 1993 en la plaza de mercado de Florencia Caquetá con tres impactos de bala en la cabeza.

El 6 y 7 de septiembre de 1996 se perpetro la Masacre de Mondoñedo. Cuatro estudiantes de la Universidad Distrital y activistas estudiantiles de la UP son secuestrados, desaparecidos, torturados, asesinados y calcinados por agentes de policía adscritos a la DIJIN en el predio el Fute en la vía entre Mosquera y Soacha Cundinamarca y a su vez son asesinados a tiros dos estudiantes pertenecientes también al movimiento estudiantil de la UP. Investigaciones posteriores revelaron que los hechos se produjeron en respuesta por los ataques de las FARC a estaciones de policía en Kennedy y Usme en el sur de Bogotá y por la Toma de Las Delicias ocurrida días antes así como parte del llamado "Plan Retorno" con el que se pretendía aniquilar lo que quedaba de la UP en Cundinamarca y Bogotá.

Octavio Sarmiento Bohorquez ex-dirigente de la UP de la que fue representante por Arauca fue asesinado por el grupo de Autodefensas Vencedores de Arauca, el 1 de octubre de 2002.

Acusaciones a agentes del estado[editar]

Procesos judiciales

La gran mayoría de estos homicidios no cuentan con condenas. En algunos casos puntuales se condenó a autores materiales, pero los autores intelectuales siguieron en la impunidad. Las víctimas sobrevivientes y sus familiares han aportado testimonios y pruebas de la participación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano en varios de los hechos criminales. [cita requerida]

Un abogado defensor de las víctimas de la Unión Patriótica, Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado en los años 90 en su propia oficina de Bogotá.[22]

En 1993 se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado colombiano por su responsabilidad y participación en los crímenes contra la UP.[23]​ Al aceptar la demanda, la comisión alegó que "los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno del genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente. Sin embargo, la comisión ha llegado a la conclusión de que los hechos alegados por los peticionarios no caracterizan, como cuestión de derecho, que este caso se ajuste a la definición jurídica actual del delito de genocidio consignada en el derecho internacional. Por lo tanto, en el análisis de los méritos del caso, la Comisión no incluirá la alegación de genocidio."[23]

En el 2006, la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y los representantes de las víctimas argumentaron que el Estado colombiano no ha logrado impedir las persistentes amenazas, asesinatos y acciones arbitrarias en su contra.[cita requerida]

El proceso ante la CIDH, una vez aceptada la demanda en 1997, continúa en curso después de que un intento de búsqueda de solución amistosa, iniciado en el 2000, llegó a su fin por decisión de la Corporación Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y los representantes de las víctimas. Persiste el reto de que alguno de los diferentes gobiernos colombianos pueda romper el ciclo de impunidad que históricamente ha rodeado a estos crímenes.

Tipificación como genocidio político[editar]

El genocidio contra la UP (i. 28 de marzo de 1984 - actual), declarado como crímenes de lesa humanidad[10]​, de dirigentes, miembros, sobrevivientes[24]​, y simpatizantes del partido Unión Patriótica (Colombia), así como de sus familiares, desde el proceso de fundación del partido hasta la actualidad. Tan solo a finales de 1986 (a un año de la fundación del partido UP) ya habían asesinado a 3 congresistas de la UP, 1 diputado de la UP, 11 concejales de la UP en el Meta , 1 magistrado de la UP en Santander, 61 dirigentes y activistas de las "Juntas Patrióticas" de la UP, 69 militantes de base, 24 guerrilleros en tregua y 34 simpatizantes[25]

El 16 de diciembre de 1993 la Corporación Reiniciar radicó una demanda ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) de la OEA, por el "Genocidio contra la Unión Patriótica", en la cual anexó un listado de 1.163 asesinados, 123 desaparecidos forzados, 43 sobrevivientes de atentados y 225 amenazados, correspondientes al periodo de enero de 1985 a diciembre de 1993; en el marco de la persecución sistemática contra quienes promueven el ideario de izquierda.[26][27][28]

Ante el reclamo de los sectores de izquierda, principalmente de la UP, por la atipicidad del genocidio por razones políticas, en el año 2000 en Colombia con la ley 589 del 2000[29]​ se crea un nuevo tipo penal de "genocidio[30]​ por razones políticas" que sería agregado al viejo código Penal como art. 322A y posteriormente con la ley 599 del 2000, en su artículo 101[31]​, se conserva totalmente este nuevo tipo penal, que no existía siquiera en la doctrina internacional, lo que ha representado un gran avance para la ciencia jurídica universal.

Desde 2013[editar]

El Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica en el 2013, reconociendo de paso que lo que se cometió contra la UP fue un genocidio político, a su paso la Junta Patriótica Nacional decide que se efectué el V Congreso Nacional de la Unión Patriótica los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2013 en Bogotá, donde participaron los sobrevivientes del genocidio, el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista Colombiana, la corporación REINICIAR, Marcha Patriótica y otras organizaciones y movimientos del país. Allí se elige como candidata presidencial a la ex concejal de Bogotá Aída Avella refugiada en Suiza desde hace varios años.

La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró: "(...) los integrantes del partido Unión Patriótica fueron víctimas de persecución por razones políticas acaecidas en el país, cuando manos desconocidas decidieron exterminar a sus militantes y afiliados con el claro propósito de deshacer el partido a fin de impedirle su participación democrática en la gobernabilidad del país. Así, se trató entonces de un verdadero atentado contra el pluralismo y la democracia."[32]​, y así entonces pese a que no lo manifiesta, si cita en varias oportunidades la noción del "exterminio" de los directivos, militantes y simpatizantes como causa de que la UP no presentara candidatos a las elecciones del 2002.

Observa el Consejo de Estado, que el Consejo Nacional Electoral realizó un estudio meramente formal y no contextual ante lo que afirma: "es evidente que la autoridad llamada a definir la imposición de los efectos negativos que prevé una disposición legal, está obligada a desentrañar la finalidad, el “thelos” que llevó al legislador a efectuar la respectiva regulación. No atender a su teleología implica que la potestad otorgada no se emplee para el objeto previsto."

Así entonces, "En consecuencia, al desvirtuarse la presunción de legalidad que amparaba los actos administrativos acusados, se impone declarar la nulidad parcial de la Resolución 5659 del 30 de septiembre de 2002, en lo que concierne a la supresión de la personería jurídica al Partido Político Unión Patriótica, y de la Resolución 7477 del 20 de noviembre de 2002, que resolvió el recurso de reposición ejercido contra tal decisión, ambos actos proferidos por el Consejo Nacional Electoral".

Se reúnen en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, para la realización de su V congreso nacional, allí consagran a Aída Avella como su nueva presidenta y como futura candidata a la presidencia, así mismo crean las listas para elecciones legislativas, que se realizarían el siguiente año; en esta lista sólo unos pocos quedaron elegidos especialmente en la zona de influencia del Sumapaz, Nariño y el Catatumbo, la candidata Avella declinó su aspiración a la presidencia y se convirtió en la fórmula a la vicepresidencia de Clara López.

En 2014 la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, declaró como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos contra los integrantes, simpatizantes y familiares de la UP, por lo cual son imprescriptibles, la Fiscalía "logró establecer que sí existió un ataque sistemático y generalizado, “Son casos ilustrativos que dan cuenta de que los mismos (la violencia contra la UP) no hicieron parte de unos hechos aislados, ni de actos de delincuencia común, sino que, hicieron parte de un plan de exterminio en el que participaron estructuras criminales organizadas de carácter ilegal, en coordinación o connivencia con el estamento oficial, en varios de los casos”.[10]

En el 2016 la UP lanzó sus candidaturas a los concejos por medio de unas listas cerradas, pero debido a un problema con los formularios E-24 de la registraduría, gran parte de los votos para este partido no fueron contados, lo que les negó el acceso a esta representación.

En el 2018, la UP se une a la creación de la denominada coalición Lista de la Decencia (conformada por los partidos ASI, UP y MAIS) con otros sectores de la izquierda que decidieron apoyar la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro. Así, la presidenta de la UP, Aída Avella obtuvo una votación de 57.175 y fue elegida al Congreso de la República, regresando a la representación de este partido en el órgano legislativo.

En julio de 2019, el Consejo Nacional Electoral aprobó la modificación de dos puntos de los estatutos de la colectividad para incorporar a Colombia Humana en su logo y su nombre. A partir del 23 de julio del año mencionado el partido se llama "Colombia Humana - UP".

Documentales[editar]

  • “El Baile Rojo”[33]
  • "Unión Patriótica 1986"[34]
  • “Volver a Nacer Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia” [35]
  • “Mujeres de la Unión Patriótica”[36]
  • "In memoriam: Exterminio de la UP" Parte I[37]​, Parte II[38]​(Emitidos en el programa CONTRAVIA en el año 2004)
  • "La Historia que no contaron: José Antequera"[39]​ (ganadora de Mención de Honor del Festival de Cine de Bogotá en 2010)
  • "La generación que nos robaron: José Antequera"[40]​(documental transmitido en el año 2015, como el capítulo 11 del programa "Las Historias de Nadie" de Canal Capital)
  • "Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad"[41]

El documental "Memoria de los silenciados: El Baile Rojo" trata sobre los asesinatos de miembros de la Unión Patriótica e incluye las versiones de varios familiares de las víctimas.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. http://www.eltiempo.com/opinion/editoriales/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12924130.html Editorial: Renace la Unión Patriótica El Tiempo, 10 de julio de 2013
  2. http://www.reiniciar.org/drupal/files/videos/casoup.swf (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). Corporación para la defensa y promoción de los Derechos Humanos
  3. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/exterminio-de-up-crimen-de-lesa-humanidad-articulo-523247
  4. «La Unión Patriótica vuelve a la arena política». Semana (Colombia). 9 de julio de 2013. Consultado el 10 de julio de 2013. 
  5. http://www.pacocol.org/index.php/eventos/5273-convocatoria-al-iv-pleno-de-la-junta-patriotica-nacional-de-la-union-patriotica
  6. Dudley, Steven. Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia. 256 pages. Routledge, January, 2004. ISBN 0-415-93303-X. pg. 47-56; 59-60.
  7. Comisión de Paz [Estado Colombiano] y Estado Mayor de las FARC-EP [Fuerza Beligerante] (28 de marzo de 1984). «TEXTO DE LOS 12 PUNTOS DEL ACUERDO DE LA URIBE 1984». www.arcoiris.com.co. Consultado el 13 de enero de 2019. 
  8. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «CIDH REPORT Nº 5/97, March 12, 1997; On Admissibility; CASE 11.227; COLOMBIA; I BACKGROUND, A. Context» [REPORTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH (CDIH - OEA) N° 5/97, Marz 12 de 1997, Sobre la admisibilidad de la demanda, Caso 11.227, Colombia.]. cidh.org. Consultado el 12 de enero de 2019. 
  9. Tablas de elecciones presidenciales
  10. a b c «Exterminio de la UP, crimen de lesa humanidad». ELESPECTADOR.COM (en español). 20 de octubre de 2014. Consultado el 12 de enero de 2019. 
  11. «EL GENOCIDIO CONTRA LA UNIÓN PATRIÓTICA». Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". 12 de octubre de 2006. Consultado el 12 de enero de 2019. 
  12. Leech, Garry (2011). The FARC the longest insurgency (en inglés). Halifax, N.S.: Zed books. p. 28. ISBN 9781848134928. 
  13. Political murder & reform in Colombia. The violence continues. Human Rights Watch. New York-USA, 1992.
  14. Political Violence in Colombia. Myth and Reality. Amnesty International. New York-USA, 1994.
  15. Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia. Ediciones NCOS. Bruselas-Bélgica, 1995.
  16. El terrorismo de estado en Colombia. Ediciones NCOS. Bruselas-Bélgica, 1992.
  17. Colombia's Killer Networks.The Military-Paramilitary Partnership and the United States. Human Rights Watch. New York-USA,1996.
  18. Bernardo Jaramillo Ossa. Es un soplo la vida. Napoleón Vanegas. Ediciones Foro Nacional por Colombia. Bogotá, 1991.
  19. Colombia Update Bulletin. Colombia Human Rights Committee. Washington DC, January -1991.
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  23. a b «INFORME Nº 5/97 - CASO 11.227 (Sobre Admisibilidad) COLOMBIA 12 de marzo de 1997». Archivado desde el original el 25 de octubre de 2012. Consultado el 21 de diciembre de 2017. 
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  29. Congreso de Colombia (6 de julio de 2000). «LEY 589 DE 2000 "Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones"». www.secretariasenado.gov.co. Consultado el 14 de enero de 2019. «"ARTICULO 1o. El Código Penal tendrá unos nuevos artículos del siguiente tenor: (...)ARTICULO 322-A. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o POLÍTICO -que actúe dentro del marco de la ley-, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) años, en multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.(...) Jurisprudencia Vigencia Corte Constitucional: Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-177-01 de 14 de febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz." (Letra capital de POLÍTICO fuera de texto).» 
  30. «Unión Patriótica: un genocidio a la vista de todos». ELESPECTADOR.COM (en español). 28 de julio de 2018. Consultado el 15 de enero de 2019. 
  31. Congreso de Colombia (24 de julio de 2000). «LEY 599 DE 2000 "Por la cual se expide el Código Penal"». www.secretariasenado.gov.co. Consultado el 14 de enero de 2019. «"ARTICULO 101. GENOCIDIO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o POLÍTICO que actúe dentro del marco de la ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (600); en multa de dos mil seiscientos sesenta y seis mil punto sesenta y seis (2.666,66) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses." (Letra capital de POLÍTICO fuera de texto).» 
  32. Consejo de Estado, MP. SUSANA BUITRAGO VALENCIA (4 de julio de 2013). Sentencia Número: 11001-03-28-000-2010-00027-00. Consultado el 7 de mayo de 2018. 
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Bibliografía[editar]

  • Walking Ghosts (Murder and Guerrilla Politics in Colombia). Steven Dudley. Routledge. 253 páginas. New York, 2004'
  • More Terrible than Death (Violence, drugs, and America’s war in Colombia). Robin Kirk. PublicAffairs. 321 páginas. New York, 2004.

Enlaces externos[editar]