Falsos positivos en Colombia

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Protesta de artistas en Bogotá junto a las madres de Soacha.

"Falsos Positivos" es el nombre con el que la prensa de Colombia denominó al involucramiento principalmente de miembros del Ejército Nacional de Colombia en el asesinato de civiles no beligerantes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del Conflicto armado interno de Colombia.

Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra organizaciones delictivas, con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos.[1]​ Aunque los entes de investigación en Colombia registran casos que datan desde 1988,[2]​ el auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2009 de la mano de un programa de incentivos a los integrantes del Ejército Nacional que demostrarán resultados contra la subversión, detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa.[3]​ A su vez, coincidió con presiones altas y constantes sobre las unidades del Ejército Nacional para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.[4]​ A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.[5]

El fenómeno se encuentra actualmente listado como el macro caso de investigación 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),[6]​ sistema de justicia transicional vigente en Colombia luego de la firma de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016.

Las cifras de víctimas del fenómeno varían ampliamente según la fuente y metodología usada por los investigadores. Las cifras presentadas a la JEP incluyen las del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) que registra 1.741 víctimas de 1984 a 2011 y la agrupación de organizaciones sociales "Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos", que cita 1.257 víctimas de 2002 a 2014. La base de datos más exhaustiva de víctimas la recopila la Fiscalía General de la Nación, que presentó a la JEP un listado de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, definiendo el delito como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.[7]​ Sin embargo, la JEP en un informe de febrero de 2021 estableció la cifra total de víctimas eran de 6 402 entre 2002 y 2008.[8]

Contexto e historia[editar]

"Positivos" es una figura retórica que se usa en el mundo militar cuando se tiene éxito en una misión, "Falso positivo" cuando se presenta cómo "positiva" una baja la cual no ha sido ni en combate, ni en persona beligerante en cualquier conflicto. Partiendo de este lenguaje militar, los medios de comunicación acuñaron el término "falsos positivos" para mencionar que los guerrilleros asesinados no eran tales, sino simples estudiantes o desempleados.[9]

Periodo 1978-2002[editar]

Familiares de los jóvenes con pancartas antes del juicio de militares por el asesinato de 11 jóvenes de Toluviejo, Sucre.

Se vienen conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, desde 1978.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreó casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978. En el informe sobre Colombia, publicado en 1981, se narran hechos increíbles. Por ejemplo, el de Fabio Vásquez Villalba, quien fue llevado al Batallón Voltígero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado.[10]​ También el caso de Luis Arcesio Ramírez, detenido, torturado y asesinado. O uno de los hechos más dramáticos de esos años, el caso Contador, en 1978.[11][12]

En el informe de 1993, donde se narra el periodo que va desde 1981 hasta 1992, se ven por decenas los casos de ejecuciones extrajudiciales. En el periodo de la Guerra Sucia (1986-1994), el cual hace referencia a la masacre de militantes de izquierda, entre ellos los del partido de la Unión Patriótica. En dicha masacre, los miles de militantes de izquierda fueron asesinados por una alianza entre narcotraficantes, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública de Colombia.[13]

Uno de los casos que tuvo una sentencia se refiere al asesinato del profesor y sindicalista Santos Mendivelso Coconubo,[14]​ ocurrido en abril de 1991 en Turmequé (Boyacá)., acusado de ser guerrillero del ELN y asesinado por policías del F2. Durante años su familia sufrió persecución e intimidación y pasaron casi 30 años para que hubiera justicia.[15]

Otro caso fue la tortura y ejecución de los ancianos Ana Francisca Rodríguez de Castro y Ernesto Castro Chaparro en Rionegro (Santander) en 1985.[16]

Periodo 2002-2010[editar]

El 7 de enero de 2009, un documento desclasificado de la CIA, publicado por el National Security Archive, reveló que los nexos entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994 y que los falsos positivos eran una práctica usual dentro del Ejército Nacional.[17]

En 2007 salió a la luz pública los hechos ocurridos en San José de Apartadó, vereda del municipio de Apartadó (Antioquia), en los cuales, en el transcurso de una masacre, fueron asesinados entre varios civiles, tres niños que fueron degollados y descuartizados en una operación conjunta entre los paramilitares y el Ejército Nacional en febrero de 2005, en represalia por la muerte de un oficial y 18 soldados que fueron asesinados en un cerco tendido por las FARC-EP en el municipio de Mutatá (Antioquia). Posterior al hecho, se llevó a cabo una campaña de encubrimiento en la cual se culpaba a las FARC-EP de la masacre a través de testimonios falsos que fueron emitidos por los medios de comunicación y el mismo comandante del Ejército Nacional Carlos Alberto Ospina negó la participación del ejército en lo ocurrido. A pesar de ello, a finales de 2007, basados en el testimonio de paramilitares involucrados en el hecho, fue capturado el entonces comandante de la operación, el capitán del Ejército Nacional Armando Gordillo, quien confesó el hecho y se acogió a sentencia anticipada. Por el mismo hecho fueron juzgados otros 10 militares.[18]

Cartel de protesta por los Falsos Positivos durante el Periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002-2010), en la Universidad Pedagógica.

En los últimos meses de 2008 se conoció sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur-occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del Ejército Nacional en Norte de Santander, cuando se hizo de dominio público, denunciado por Luis Fernando Escobar Franco, que en ese entonces era el personero de Soacha. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.[4][19]

La desaparición en 2008 de 19 jóvenes en el municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, al sur-occidente de Bogotá, desató el escándalo. Siendo locaciones casi marginales, estos dos sectores fueron el objetivo para que militares engañaran a varios jóvenes con promesas de trabajo y, una vez engañados, los jóvenes eran trasladados argumentando que trabajarían en fincas principalmente, para luego ser vestidos con uniformes camuflados que tenían escaso tiempo de uso y, posteriormente, asesinados. Los 19 jóvenes aparecieron asesinados en Ocaña (Norte de Santander) y fueron presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Algunos de ellos habían muerto 24 horas después de su desaparición y otros dos o tres días más tarde.

Así, la entonces secretaria de gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, dijo que este caso podría tratarse de «una desaparición forzada con fines de homicidio» y que no era lógico que los jóvenes se convirtieran en combatientes un día después de haber sido reclutados. El general Conrado, comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional, negó tal posibilidad y dijo que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al Ejército Nacional.[20][21]

El entonces senador Gustavo Petro realizó denuncias en las cuales afirmó que los falsos positivos eran responsabilidad del gobierno, ya que fue el mismo gobierno, a través de su Ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal, quien firmó la Directiva Ministerial 029 de 2005,[22][23]​ que consistía en ofrecer 3 800 000 pesos (aproximadamente $1900 dólares) por cada guerrillero o Paramilitar muerto, lo que colocó un incentivo para asesinar indiscriminadamente y que, muchas veces, los militares y paramilitares, en operaciones conjuntas, asesinaran civiles.[24][25]

Por dicha denuncia han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del Ejército Nacional[26]​ y el comandante de esa rama de las Fuerzas Militares, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana.[27][28]​ Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida durante su gobierno.[29]

En 2008 un pelotón de 27 soldados profesionales de la contraguerrilla Atila 1, pertenecientes al Batallón de infantería mecanizado número 6 Cartagena, con sede en Riohacha (La Guajira) fue destituido por no realizar una ejecución extrajudicial.[30]

Aunque no se tiene un número confirmado de víctimas mortales, a octubre de 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043 casos.[4]​ Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo, a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.[31][32]​ Sin embargo, la cifra puede ascender hasta 10 000 personas que fueron muertas por el Ejército Nacional de Colombia, tal como lo asegura el periódico Okdiario de España en su artículo El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes en mayo del 2018.[33]

Denuncias de la ONU[editar]

En el informe anual de 2007[34]​ de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado en Ginebra, Suiza, en marzo de 2008 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se indicó lo siguiente:

La oficina en Colombia continuó recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la Justicia Penal Militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión por resultados y el interés de algunos miembros de la Fuerza Pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos.

El detalle de los 99 casos considerados paradigmáticos fue entregado a solicitud del Gobierno de Colombia en dos comunicaciones, una del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007.[35]​ Dando seguimiento puntual y cercano a esta situación, en el informe anual de 2008[36]​ presentado en Ginebra, Suiza, en marzo de 2009 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misma Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó:

A los patrones (de ejecuciones extrajudiciales) descritos en informes anteriores, se suman este año nuevas modalidades de comisión de esta grave violación, que sugieren una mayor complejidad y sofisticación en su planeación y ejecución. La oficina en Colombia confirmó la existencia de redes encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a los de su lugar de origen, y de procurarles medios para trasladarlos hasta tales lugares, donde eran ejecutadas y presentadas como “muertos en combate”. Según varias investigaciones en curso, otros miembros de esas redes (entre los que podrían encontrarse miembros del Ejército) serían los encargados de presentar denuncias contra los muertos, como integrantes de la guerrilla o de grupos armados ilegales surgidos después del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, y de elaborar informes de inteligencia o declaraciones de desmovilizados para corroborar tal vinculación. Asimismo, es reiterada la presentación de las víctimas sin identificar, como “NN”, aun cuando portaban sus documentos o se conocía su identidad. Esta práctica parecería estar dirigida a evitar la identificación de las personas reportadas como desaparecidas y a impedir las investigaciones. La ausencia de un control eficaz por los comandantes militares pudo favorecer la ocurrencia de estas graves violaciones de derechos humanos. Los incentivos económicos, días de descanso y reconocimientos otorgados sin control ni supervisión previa a quienes presentaron como resultados “muertos en combate” pudieron también alentar la repetición de esta preocupante práctica. Al mismo tiempo, la ausencia de un claro mensaje de condena al interior del Ejército pudo haber permitido la perpetuación de estas violaciones.

A medida que se siguieron exponiendo casos de manera publica, quedaba en evidencia la escala del reto que las autoridades nacionales tenían delante suyo, lo que fue advertido por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el informe anual de 2009[37]​ presentado igualmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, en marzo de 2010 en el que se señaló:

El gran número de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es un asunto de gran preocupación para los próximos años. A septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las presuntas ejecuciones no eran hechos aislados y ponen de manifiesto la necesidad de sostener a esta Unidad de la Fiscalía con suficientes recursos humanos, técnicos y económicos, de manera que asegure su eficiente funcionamiento e impida que los casos queden impunes.

El 27 de mayo de 2010 Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias, en informe presentado tras su visita a Colombia, en junio de 2009, denunció que existe «un patrón de ejecuciones extrajudiciales» y que la impunidad abarca el 98.5% de los casos. El informe[38]​ señala en varios apartados textualmente lo siguiente:

Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país... Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados «falsos positivos», en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados... Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate y manipulaban la escena del crimen.

Casos y eventos recientes 2010 - actualidad[editar]

Habitantes de Santa María, Huila, salieron a marchar en contra del asesinato de Anderson Daza.

Se ha reportado varios casos recientes que concuerdan con la metodología de los "falsos positivos", incluyendo el de Anderson Daza Hernández en febrero de 2015.[19]​ Según se ha reportado, Daza Hernández murió al recibir disparos en una acción conjunta de Ejército Nacional, Policía Nacional y Fuerza Aérea, y fue reportado como "guerrillero" sin que se haya demostrado evidencia al respecto. Incluso, a la madre de Daza Hernández se le restringió acceso a reconocer el cadáver de su hijo.[19]​ Este y otros casos siguen en investigación.

El 2 de septiembre de 2015, la Fiscalía ordenó la captura de otros 22 militares por casos de falsos positivos en los departamentos de Antioquia y Cesar.[39]

En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados con los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.[40]

En octubre de 2019 jóvenes realizaron un mural de protesta por los falsos positivos en la calle 80 con carrera 30, en el norte de Bogotá, con la frase ¿quién dio la orden? y los rostros de cinco militares ( excomandante general del Ejército, Mario Montoya, coronel (r) Juan Carlos Barrera, generales Adolfo León Hernández. Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, y Nicacio de Jesús Martínez) implicados en investigaciones sobre falsos positivos y en el que se agregaba que entre el 2000 y el 2010 se registraron 5.763 falsos positivos en el país.[41]​ Este mural fue tapado por miembros del Ejército nacional lo cual fue denunciado por redes sociales y el excomandante del ejército Mario Montoya y el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Brigada 13 de Bogotá, pusieron una tutela a la ONG Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), a lo cual está respondió “Es importante resaltar que la imagen no está señalando la responsabilidad penal de nadie, ni tampoco se está indicando información que se debería mantener en reserva”.[42][43]

En diciembre de 2019 fue encontrado un cementerio en Dabeiba (Antioquia) donde se encontraron según la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) más de 50 cuerpos de casos asociados a los falsos positivos.[44][45]​ La procuraduría pidió a la JEP llamar a versión a Comandantes militares por las fosas comunes encontradas.[46]

Implicados[editar]

Ex Presidente de la República[editar]

Ministros de Defensa[editar]

Miembros de las Fuerza Pública[editar]

Generales[editar]

Otros rangos[editar]

  • Coronel Gabriel de Jesús Rincón.[50]
  • Coronel Álvaro Amórtegui Gallego.[51]
  • Mayor Gustavo Soto Bracamonte.[52]
  • Capitán Armando Gordillo, del Ejército Nacional, condenado en 2007.
  • Teniente Juan Esteban Muñoz Montoya, del Ejército Nacional. Fue capturado en el aeropuerto El Dorado al regresar al país.[53]

Falsos positivos judiciales[editar]

Una modalidad relacionada son los falsos positivos judiciales. Se les da ese nombre a denuncias y casos comprobados sobre encarcelamiento de civiles inocentes presentados como culpables o sin las pruebas requeridas para su reclusión.[54]​ La ejecución de esta práctica se presenta de diversas formas y con distintas finalidades. Una de ellas es la detención arbitraria,[55][56]​ determinada como una de las formas de violación a los derechos humanos; en mayo de 2013 se reviven denuncias por detenciones de este tipo, ligadas con casos del escándalo de los falsos positivos.[57]​ Otra forma, consiste en el uso de recolección de información no veraz, fabricación de informes de inteligencia, falso testimonio y en otros casos a partir de sospechas in-fundamentadas que conllevan a detención. Las pruebas presentadas contra los judicializados, generalmente cuentan con contradicciones y en ocasiones han sido declaradas como flagrantes o determinadas en contra de derechos fundamentales y derechos humanos.[58]

Según el informe del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, la privación arbitraria de la libertad ha sido usada en otros países como una de las prácticas más comunes para encarcelar opositores políticos, disidentes religiosos o para coartar la libertad de expresión, se ha encontrado que estos encarcelamientos se fundamentan también en el marco de la lucha contra el terrorismo.[59]

Existen excepciones no determinadas “falsos positivos judiciales” que poseen características similares, como el caso de civiles judicializados por error debido al parecido de sus nombres con el algún jefe criminal o delincuente.[60]

Casos de falsos positivos judiciales[editar]

El asesinato de Gloria Lara entonces directora Nacional de Acción Comunal y asuntos indígenas en 1982 fue un falso positivo judicial. A los acusados se les culpó de ser pertenecientes a un grupo guerrillero ORP que secuestró y asesinó a la funcionaria. Según el concejal y académico Jaime Gómez Velásquez estos falsos positivos judiciales habrían sido orquestados por inteligencia militar, con el propósito de sabotear las negociaciones de paz entre el presidente Belisario Betancourt y el M-19 y desprestigiar al grupo guerrillero a nivel nacional, culpandolo del crimen [61]​Los falsos positivos judiciales han sido una práctica usual dentro del ejército, otro caso fue en 1989 cuando a Alberto Jubiz Hazbum y otras 4 personas les fueron imputados los cargos por el crimen de Luis Carlos Galán estando recluidos durante 4 años en la cárcel y liberados al comprobarse de que no estuvieron en el lugar de los hechos además de determinar que el arma hallada en el lugar del arresto no era correspondiente al arma usada en el magnicidio. Daniel Roberto afirma en una entrevista que el caso de Jubiz Hazbum se trató de un falso positivo hecho por la Policía Nacional de Colombia, debido a la exigencia del presidente de turno Virgilio Barco de dar con los autores materiales e intelectuales del magnicidio y siendo señalado el general (R) Óscar Peláez de la DIJIN como principal implicado de la captura de Jubiz Hazbum y de otros falsos positivos. Un documento desclasificado de la CIA presentado el 7 de enero de 2009 por el agente Rendón y publicado por National Security Archive, evidenció que los nexos entre fuerzas militares y grupos paramilitares eran conocidos por el gobierno de Estados Unidos desde el año 1994.[62]​ Otro caso fue el de Héctor Paul Flórez Martínez, acusado del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Enrique Gómez Martínez, sobrino de Gómez Hurtado quien asumió la dirección del caso, no solo descubrió la inocencia de Flórez sino que ha asumido su defensa desde entonces. Tras pasar 14 años en prisión, Flórez obtuvo su puesta en libertad en 2014 por buena conducta, trabajo y estudio. Flórez aun reclama su inocencia y debido a su condena vive en la pobreza.[63][64][65][66][67][68][69]

Entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 más de seis millares de personas fueron coartadas de la libertad vulnerando acuerdos y normas establecidas dentro de los derechos humanos. Muchos de los casos carecieron del debido proceso. Así, para este periodo hubo detenciones sin fundamento de prueba, detenciones masivas que desconocieron el derecho internacional en medio de operativos militares y detenciones usadas como mecanismo de persecución política.[70]

Casos asociados a las Universidades Colombianas como el de Julián Gil, los jóvenes acusados del atentado al Centro comercial Andino, los universitarios detenidos en julio de 2015 bajo cargos de terrorismo por presuntamente haber participado en una protesta estudiantil en la Universidad Nacional, los estudiantes capturados en Lebrija, (Santander) tras un montaje de la sección de inteligencia de la policial Nacional, el proceso contra Harry Gil, el de Mateo Gutiérrez; el del profesor Miguel Ángel Beltrán; y el del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa de Andréis, las detenciones que a diario se producen en las zonas rurales de Casanare, Cesar y Sur de Bolívar, hablan de esta comunidad de patrones sistemáticos del Terrorismo de Estado e invisibilizados desde el poder.[71][72][73]

Así mismo también se han presentado casos asociados con funcionarios públicos acusados y condenados sin debido proceso como fue el caso de Gustavo Sastoque Alfonso, un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quien fue acusado por la misma entidad y por unidades de inteligencia del Ejército de asesinar al exguerrillero Hernando Pizarro Leongomez en 1995, pasando 10 años en prisión hasta ser absuelto por la justicia al demostrarse su inocencia en 2005.

En la cultura popular[editar]

Ver También:Anexo:Obras sobre el conflicto armado colombiano

  • Postales Colombianas, película colombiana de 2011 dirigida por Ricardo Coral narra la historia de tres mujeres de clase media que luego se convierten en blanco de oscuros agentes del estado que buscan falsos positivos para obtener incentivos.
  • Silencio en el Paraiso, película colombiana de 2011 dirigida por Colbert Gracía narra la historia de Ronald, un joven entusiasta de barrio marginal de Bogotá que se vuelve una de las centenares de víctimas de militares que buscan con falsos positivos para obtener ascensos y recompensas.
  • La pasión de Gabriel, La historia de Gabriel, un cura de un pueblo de Colombia que lucha contra la guerra y se hace blanco de los militares y la guerrilla en su intento de alejar los tentáculos de ambos de la sociedad donde es guía espiritual.
  • ¡No me maten a mi niño!, La Corporación Artística Nova Danza, compañía de danza folclórica del municipio de La Calera, creó una puesta en escena en formato audiovisual que cuenta a través de la danza folclórica, la música, el teatro y la poesía La historia de Ricardo, ejemplificando el dolor de las madres de aquellos jóvenes asesinados, el performance fue transmitido vía streaming con una gran acogida y excelente crítica.
  • Matarife, Una serie estilo documental cibernetico, hecha por Daniel Mendoza Leal y dirigida por Jack Nielsen, serie donde exponen todo sobre Álvaro Uribe, incluyendo los nexos de su familia con el narcotrafico, los falsos positivos, también sus nexos con paramilitarismo y demás.

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Los incentivos perversos detrás de los “falsos positivos”. Human Rights Watch. 11 de noviembre de 2017. Consultado el 1 de agosto de 2020. 
  2. Las cifras de la Fiscalía sobre los falsos positivos. La W. 27 de mayo de 2019. Consultado el 1 de agosto de 2020. 
  3. Directiva ministerial 029 de 2005. El Espectador (periódico). 1 de noviembre de 2008. Consultado el 1 de agosto de 2020. 
  4. a b c Las cuentas de los falsos positivos. Semana (Colombia). 27 de enero de 2009. Consultado el 1 de febrero de 2009. 
  5. Consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra. OACDH. 14 de septiembre de 2005. Consultado el 1 de febrero de 2009. 
  6. La JEP priorizó investigación de falsos positivos. El Colombiano. 23 de julio de 2018. Consultado el 1 de agosto de 2020. 
  7. Cuántos son los falsos positivos. ColombiaCheck. 16 de abril de 2019. Consultado el 1 de agosto de 2020. 
  8. Informe JEP
  9. Izagirre, Ander (26 de marzo de 2014). «Así se fabrican guerrilleros muertos». El País. Consultado el 10 de noviembre de 2018. 
  10. «Capitulo.II». www.cidh.org. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  11. Tiempo, Casa Editorial El (16 de noviembre de 1990). «LA MATANZA DEL BARRIO CONTADOR ORDENAN EL REINTEGRO DE CAPITÁN Y AGENTE DEL F-2». El Tiempo. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  12. «76». vidassilenciadas.org. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  13. Ávila, Ariel (29 de mayo de 2019). «Columna | Falsos positivos en Colombia». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  14. Colectivo, Prensa-. «En memoria del profesor y líder sindical Santos Mendivelso Cocunubo». Colectivo de Abogados. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  15. Tiempo, Casa Editorial El (20 de marzo de 2019). «A juicio expolicías por crimen de un líder cometido hace casi 30 años». El Tiempo. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  16. «2501». vidassilenciadas.org (en inglés estadounidense). Consultado el 7 de mayo de 2018. 
  17. "Body count mentalities" Colombia’s "False Positives" Scandal, Declassified (en inglés). National Security Archive - CIA. 7 de enero de 2009. Consultado el 7 de enero de 2008. 
  18. Revista Semana. «¿Por qué mataron a los niños?». Consultado el 28 de junio de 2010. 
  19. a b c verdadabierta.com (2015). «Especial FALSOS POSITIVOS - una herida que sigue abierta.». 
  20. Muerte de jovenes en Norte de Santader: “Desaparición forzada con fines de homicidio”. Radio Santa Fe. 25 de septiembre de 2008. Consultado el 2 de enero de 2009. 
  21. eltiempo.com (23 de mayo de 2013). «Así se planearon los falsos positivos de Soacha, caso por el cual ya hay 49 militares detenidos». «En dos tiendas de la población, 'Los Costeños' y la 'Fonda Paisa', se empezó a tejer la red criminal que se llevó para Ocaña a una docena de muchachos que después aparecieron como muertos en combate.» 
  22. elespectador.com (1 de noviembre de 2008). «Directiva ministerial 029 de 2005». «AL ESCÁNDALO DE LOS JÓVENES desaparecidos, aceptado por el Gobierno tras la histórica destitución de 27 militares, entre ellos tres generales y varios coroneles, se agrega ahora la polémica suscitada por la directiva ministerial 029 de 2005, dada a conocer al final de la semana por el periodista Félix de Bedout.» 
  23. «IPO: Directiva N. 29 del Ministerio de Defensa Colombiano». web.archive.org. 16 de agosto de 2012. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  24. Debate Falos Positivos Mapiripan 6 de 11, consultado el 8 de agosto de 2019 .
  25. Semana. «Camilo Ospina no va más en terna para Fiscal». Camilo Ospina no va más en terna para Fiscal. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  26. Radio Santa Fe (29 de octubre de 2008). «Purga en el Ejército por falsos positivos». «19 oficiales y 6 suboficiales, para un total de 25 miembros del Ejército, fueron retirados de la institución, según el informe revelado en el marco de una alocución del presidente Álvaro Uribe, por el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.» 
  27. «KAOSENLARED.NET - República Dominicana: No queremos al Gral Montoya: ¡Nos sentimos amenazados!». Archivado desde el original el 5 de agosto de 2009. Consultado el 2009. 
  28. Radio, Caracol (4 de noviembre de 2008). «Renunció el general Mario Montoya». Caracol Radio. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  29. «Debate a falsos positivos». ELESPECTADOR.COM (en español). 14 de octubre de 2014. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  30. Semana. «La historia inédita de los falsos positivos». La historia inédita de los falsos positivos. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  31. Revista Semana. «Por vencimiento de términos, en libertad otro militar involucrado en ‘falsos positivos’». Consultado el 1 de mayo de 2010. 
  32. Semana.com (11 de junio de 2011). «La historia desconocida de los 'falsos positivos'». 
  33. Periódico digital OK Diario de España. «El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes». Consultado el 3 de noviembre de 2020. 
  34. «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, año 2007». 2008. Consultado el {{subst:CURRENTDAY}} de {{subst:CURRENTMONTHNAME}} de {{subst:CURRENTYEAR}}. 
  35. «Declaración completa de Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad. EL PAÍS publica la presentación íntegra del expresidente de Colombia durante su comparecencia». El Pais. Consultado el 15 de junio de 2021. 
  36. «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, año 2008». Consultado el {{subst:CURRENTDAY}} de {{subst:CURRENTMONTHNAME}} de {{subst:CURRENTYEAR}}. 
  37. «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, año 2009». Consultado el {{subst:CURRENTDAY}} de {{subst:CURRENTMONTHNAME}} de {{subst:CURRENTYEAR}}. 
  38. Observatorio de Paz Internacional. «La ONU denuncia "un patrón de ejecuciones extrajudiciales" y una impunidad del 98,5% en Colombia». Archivado desde el original el 7 de agosto de 2010. Consultado el 28 de junio de 2010. 
  39. Tiempo, Casa Editorial El (2 de septiembre de 2015). «La Fiscalía ordena la captura de 22 militares por 'falsos positivos'». El Tiempo. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  40. COLPRENSA. «21 militares fueron condenados por “falsos positivos” de Soacha». www.vanguardia.com. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  41. Tiempo, Casa Editorial El (19 de octubre de 2019). «Controversia por mural sobre falsos positivos que borraron en Bogotá». El Tiempo. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  42. Tiempo, Casa Editorial El (30 de octubre de 2019). «Tutela de generales, nuevo capítulo de mural sobre ‘falsos positivos’». El Tiempo. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  43. «General presentó tutela para “borrar” el ‘mural de los falsos positivos’ en las redes sociales». RCN Radio. 30 de octubre de 2019. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  44. Pulzo. «Apareció la que sería la primera fosa común con más de 50 falsos positivos, en Antioquia». pulzo.com. Consultado el 14 de diciembre de 2019. 
  45. Tiempo, Casa Editorial El (22 de diciembre de 2019). «'Traían muertos y los vestían con prendas militares': testigo de fosas». El Tiempo. Consultado el 25 de diciembre de 2019. 
  46. FM, La (23 de diciembre de 2019). «Piden a JEP llamar a versión a comandantes por fosas comunes de Dabeiba». www.lafm.com.co. Consultado el 25 de diciembre de 2019. 
  47. Tiempo, Casa Editorial El (30 de octubre de 2015). «Las pruebas que enredan a cinco generales en 'falsos positivos'». El Tiempo. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  48. Tiempo, Casa Editorial El (25 de agosto de 2012). «La historia del general 'pacificador' condenado por nexos con paras». El Tiempo. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  49. Semana. «¿Quién es Nicacio Martínez, el controvertido comandante del Ejército que podría ser ascendido hoy?». ¿Quién es Nicacio Martínez, el comandante del Ejército mencionado en el artículo del New York Times?. Consultado el 14 de diciembre de 2019. 
  50. Tiempo, Casa Editorial El (12 de mayo de 2020). «Coronel (r) Rincón describe cómo se ejecutaban los 'falsos positivos'». El Tiempo. Consultado el 16 de enero de 2021. 
  51. Welle (www.dw.com), Deutsche. «Colombia: coronel denunció que exjefe militar le ordenó cometer "falsos positivos" | DW | 20.02.2020». DW.COM. Consultado el 16 de enero de 2021. 
  52. FM, La (12 de mayo de 2020). «Mayor (r) Gustavo Soto hace macabras revelaciones sobre los falsos positivos». www.lafm.com.co. Consultado el 16 de enero de 2021. 
  53. «Detienen en El Dorado a exteniente condenado a 30 años por 'falsos positivos'». ElEspectador. Consultado el 21 de febrero de 2016. 
  54. «PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA». www.corteconstitucional.gov.co. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  55. Movice. «Los Falsos Positivos Judiciales». Colectivo de Abogados. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  56. «Colombia | HumanitarianResponse». www.humanitarianresponse.info. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  57. Radio, Caracol (23 de mayo de 2013). «En Colombia sigue habiendo falsos positivos: CINEP». Caracol Radio. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  58. «Opinion | El Heraldo». www.elheraldo.co. Archivado desde el original el 8 de agosto de 2019. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  59. «LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TORTURA Y LA DETENCIÓN». Naciones Unidas. 1 de diciembre de 2004. Consultado el 7 de agosto de 2019. 
  60. Radio, Caracol (3 de julio de 2009). «¿Falsos positivos judiciales?». Caracol Radio. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  61. Las2orillas (14 de enero de 2014). «El asesinato de Gloria Lara: una historia de un falso positivo judicial». Las2orillas. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  62. http://coeuropa.org.co/files/file/docs_desclacificados/19900727_doc_CIA_desclacificado.pdf (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  63. «Acusado de asesinato de Álvaro Gómez Hurtado al parecer era inocente». Revista Semana (Bogotá: Grupo Publicaciones Semana). 6 de enero de 2018. 
  64. Méndez, Alicia Liliana (5 de octubre de 2020). «'Yo siempre dije que no había matado a Álvaro Gómez, que era inocente'». El Tiempo (Bogotá: El Tiempo Casa Editorial). 
  65. Serrano, Cristian (5 de octubre de 2020). «Caso Álvaro Gómez Hurtado: Héctor Paul Flórez pide que se revise su caso para limpiar su nombre». La FM. 
  66. Rodríguez, Johana (6 de octubre de 2020). «"Yo busco que se reconozca que soy inocente": condenado por magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado». RCN Radio. 
  67. Morales Sierra, Felipe (6 de octubre de 2020). «El dosier de la única condena por el crimen de Gómez Hurtado». El Espectador (Bogotá). 
  68. «Álvaro Gómez, un magnicidio incomprensible». Revista Semana (Bogotá: Grupo Publicaciones Semana). 23 de febrero de 2019. 
  69. https://www.semana.com/nacion/articulo/condenado-por-asesinato-de-alvaro-gomez-seria-inocente/602308/
  70. «Libertad: Rehén de la seguridad democrática - Mi sitio SPIP». web.archive.org. 22 de septiembre de 2014. Consultado el 8 de agosto de 2019. 
  71. «Los falsos positivos judiciales como expresión del terrorismo de Estado». www.prensarural.org. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  72. Tiempo, Casa Editorial El (30 de julio de 2019). «Entregan a la JEP informe de asesinatos en universidades». El Tiempo. Consultado el 31 de octubre de 2019. 
  73. «“Universidades Públicas Bajo SOSpecha. Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia” – EL OBSERVATORIO DE LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA». www.universidad.edu.co. Consultado el 31 de octubre de 2019. 

Enlaces externos[editar]