Anexo:Casos de corrupción en Colombia

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

En este artículo se listan los principales casos de corrupción en Colombia desde el año 1995, incluyendo los principales implicados y el valor de detrimento patrimonial público y privado estimado de cada uno (en el sector público, la corrupción no es solo económica, también es política cuando los servidores públicos realizan pactos o actividades ilegales a cambio de resultados operativos y/o electorales). La lista se irá expandiendo a medida que se desarrollen nuevos casos.[1][2][3][4][5][6][7]

2018[editar]

  • Escándalo de las Chuzadas. En agosto, la Fiscalía General de la Nación destapó un nuevo escándalo de "chuzadas" o interceptaciones ilegales desde dos empresas de seguridad fachadas establecidas en la ciudad de Cali, con centro de operaciones en la ciudad de Ipiales (Nariño), donde se habrían copiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, además de otras personalidades nacionales e internacionales. Las empresas de seguridad partícipes de estas actividades ilícitas eran propiedad de tres oficiales de alto rango que estaban retirados de la Fuerza Pública de Colombia (dos coroneles del Ejército y un general de la Policía), quienes lideraron estas acciones ilegales en contra de personas naturales y jurídicas al mejor postor. Los clientes de esta red criminal, que serian 167 aproximadamente, pagaban entre $3 y 4 millones de pesos (entre USD$1.000 y 1.300 dolares) por intervenir IMEI´s, mensajes de whatsapp y cuentas de facebook de sus victimas, además de realizarles seguimiento a sus direcciones IP. Entre los clientes de estas empresas estaría el senador Armando Benedetti, quien habría solicitado hacerle seguimiento al Fiscal General Néstor Humberto Martínez y a su esposa; así mismo, solicitó "chuzar" a tres prestigiosos abogados del país, acusaciones negadas por el mismo Benedetti quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia, como juez natural de los congresistas colombianos, investigarlo sobre su participación en el escándalo. En el desarrollo de este caso, la Fiscalía capturó a los tres propietarios de las empresas de seguridad, además de un mayor retirado del ejército y varios civiles; entre ellos, una exfuncionaria del MinTIC. Otros clientes de esta red criminal serian PepsiCo, Sevientrega y Avianca; además, se cree que habrían vendido información de inteligencia a Grupos Armados Organizados (GAO) como el Clan del Golfo y el Frente Oliver Sinisterra de alias Guacho.[8][9][10][11]
  • Escándalo en la Federación Colombiana de Fútbol. El año anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y las empresas de venta de boleteria por internet Ticketshop y Tu TicketYa.com, además de a algunos empresarios deportivos, por presunta reventa ilegal y masiva de entradas para ver los partidos en condición de local de la Selección Colombia, durante su etapa en las eliminatorias para el mundial Rusia 2018. Luego de casi un año de investigaciones, la SIC anunció un pliego de cargos contra la FCF, Ticketshop y Tu TicketYa.com, además de otras personas. La acusación de la superintendencia dice que las empresas y personas implicadas planearon y diseñaron, junto a la Federación, una “estrategia” para desviar entradas de los partidos en los que la selección colombiana ofició de local y revenderlas a precios superiores. Durante la investigación, en la que se recolectó material probatorio de Barranquilla, Bogotá y Cartagena, la SIC estableció que el entramado se desarrolló por fases: La primera fase, direccionada a adjudicar el “contrato de operación” de las entradas desde la FCF a Ticketshop y su asociada Tu TicketYa.com; la segunda fase, la desviación de más de 42.000 entradas durante la ejecución del contrato y, la tercera fase, la reventa de las mismas “a precios superiores a los de taquilla”. Menciona la SIC que se desviaron un total de 42.221 boletas por un valor nominal de $8.700 millones de pesos (unos USD$3 millones de dolares); en un escenario conservador de reventa, esas boletas hubiesen podido generar ingresos por $21.800 millones de pesos (USD$7.5 millones de dolares), con utilidades para los implicados por más de $13.000 millones (USD$4.5 millones). Entre la lista de investigados se encuentran los representantes legales de Ticketshop y Tu TicketYa.com, además de directivos y exdirectivos de la FCF, entre ellos, el actual presidente Ramón Jesurún, el expresidente Luis Bedoya (detenido en Estados Unidos por el caso Fifagate), el expresidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, y el presidente de la Difútbol, Álvaro González Alzate. La SIC reveló que la Fiscalía General de la Nación tiene en sus manos el expediente con su investigación y avanza en una investigación paralela para definir la existencia de conductas penales en los hechos.[12][13]​ En agosto, la SIC sancionó a Ticketshop con una multa de $740.000 millones de pesos (más de USD$246.600.000 dolares) por desviar para reventa 6.000 entradas del partido entre Colombia y Brasil, disputado el 5 de septiembre de 2017.[14]
  • Escándalo de Fonade o de la "Mermelada Tóxica". El 19 de julio, la Fiscalía General de la Nación capturó a 7 personas, entre funcionarios y contratistas de Fonade, imputándoles los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir, todo a raíz de un hallazgo hecho en un contrato de interventoría por más de $16.000 millones de pesos (USD$5.517.200 dolares) de esta entidad. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) es una entidad del gobierno colombiano, creada para financiar proyectos de desarrollo en los departamentos de país con un presupuesto anual de $2.2 billones de pesos (más de USD$7.586 millones de dolares). El contrato que originó el escándalo tenía como objeto supervisar la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) en los departamentos de Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila, adjudicado este al Consorcio Interviviendas con intervención directa de los entonces congresistas Musa Besayle (detenido por parapolítica y por el caso del Cartel de la Toga) y Eduardo Tous de la Ossa (detenido por el Caso Odebrecht). A cambio de adjudicarles este contrato, el consorcio debía desembolsar un 25% del valor del contrato a los senadores y un 10% para un sujeto, aún sin identificar, al cual le llamaban "Torre Negra" (presumiblemente, un alto cargo directivo de la entidad estatal ya que ese 10%, según la Fiscalía, iba a ser repartido entre funcionarios de la entidad partícipes de la adjudicación). Según la información recopilada por la Fiscalía luego de interceptaciones telefónicas hechas, el consorcio habría falsificado los documentos que certificaban su idoneidad para adjudicarse el contrato; también habría pagado $200 millones de pesos (USD$69.000 dolares) a uno de sus competidores para que presentara una propuesta inviable. Los detenidos aceptaron los cargos que les imputaron; aún así, podrían enfrentar una condena de 14 años de prisión.[15][16]
  • Escándalo de las elecciones legislativas de 2018. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer en junio, a través de una rueda de prensa, una serie de pruebas sobre diferentes tipo de delitos electorales ocurridos en las elecciones del Congreso de este año, anunciando que le pidió a la Corte Suprema de Justicia abrir investigación contra los congresistas electos Fabián Castillo (Senador de la República) y Margarita Restrepo (Representante a la Cámara). También anunció la ratificación de compulsar copias de la investigación a la Corte contra la senadora electa Aída Merlano, quien fue detenida en Barranquilla el día de las elecciones luego de ser allanada su sede política (detención ratificada por la Corte), incautando vídeos donde se observa a la electa senadora repartiendo dinero a líderes que se encargaban de pagar a los electores, por su voto a favor de ella, como si se tratara de mercancía, identificándose dos fuentes de financiación para este fin: Una del sector público (a través de contratistas del Concejo de Barranquilla) y otra del sector privado (cobrando cheques de particulares que, sumados, excedían el valor límite establecido por ley para las campañas políticas). Esta empresa criminal operó desde las elecciones regionales y locales del 2015 y, ahora en las del 2018, para el Congreso de la República (en Colombia, solo la Corte Suprema de Justicia está facultada para investigar a congresistas electos y posesionados). También involucró a la candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, Lilibeth Llinás, quien no alcanzó a ser elegida; aún así, la Fiscalía le imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, al igual que a dos diputados del Atlántico, dos concejales y dos exconcejales de Barranquilla. En los casos de Fabián Castillo y Margarita Restrepo, las actuaciones son similares que en las de Aida Merlano, pero en el departamento de Antioquia y las ciudades de Medellín y Caucasia donde, en esta última, hasta el subdirector del SENA de este municipio está salpicado. También anunció investigaciones por hechos similares en otras regiones del país. El fiscal Martínez mencionó, además, que un contratista del Distrito de Bogotá amenazó a trabajadores de jardines infantiles en la capital con no renovar sus contratos si no votaban a la Cámara de Representantes por Diego Caro y al Senado por María Fernanda Cabal, ambos del Centro Democrático, por lo que se le imputará a esta persona los delitos de constreñimiento o amenaza y corrupción al sufragante. Cabal negó ser parte de esta red criminal reprochando las acusaciones del fiscal, al mencionar que sus votos fueron "limpios" y "transparentes", pero también manifestó su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer estos hechos.[17]
  • Caso Hyundai. Comenzó en 2015 cuando la compañía automotriz Hyundai Motor Company, de Corea del Sur, le anunció a su representante en Colombia, Hyundai Colombia Automotriz, empresa presidida por el señor Carlos Mattos, que no renovarían con ellos el contrato de representación de su marca en el país luego de 25 años de trabajo ininterrumpido, entregando la representación de su marca a la empresa Neocorp, del grupo ecuatoriano Eljuri. Mattos demandó en febrero de 2016 a Neocorp por más de $770 mil millones de pesos (USD$224.163.000 dolares en 2016) argumentando competencia desleal, inducción a ruptura de contrato y uso indebido de la marca Hyundai en Colombia. En abril de ese año, el juez Reinaldo Huertas estableció que Mattos era el único autorizado en Colombia para hacer negocios con Hyundai Motor Company hasta que se resolviera la demanda. Como consecuencia, más de 20 mil automóviles Hyundai se dejaron de comercializar porque Neocorp no podía hacerlo, solo se vendían los carros que estaban en el inventario de los concesionarios de Mattos. En noviembre de 2016, Mattos y Neocorp firmaron un acuerdo en el que se estableció que Neocorp sería el encargado de la distribución de Hyundai para Colombia y, a cambio, Mattos recibiría una millonaria indemnización por daños y perjuicios ocasionados. En enero de 2018, la Fiscalía General de la Nación anunció una investigación por presunta manipulación al sistema de reparto de procesos, con el fin que la demanda presentada por Mattos llegase a un juzgado específico. El ente acusador comprobó que Mattos y su abogado habrían acordado un pago al juez Huertas por aproximadamente $2.000 millones de pesos (más de USD$580.000 dolares) para fallar a su favor. Por estos hechos, hay 9 personas capturadas, entre funcionarios y exfuncionarios del juzgado donde se falló la demanda, entre ellos, el juez Huertas, Carlos Mattos y su abogado. Los capturados deberán responder por los delitos de utilización ilícita de redes informáticas, acceso abusivo a sistema informático, daño informático agravado, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio.[18]
  • Cartel de los Alimentos en las Fuerzas Militares. El 22 de mayo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra 9 empresas privadas, entre ellas, 2 comisionistas de la Bolsa Mercantil Agropecuaria (encargada del mercado bursátil de los productos agropecuarios en Colombia), además de 11 personas naturales. La investigación esta encausada por un desfalco que estas le han venido haciendo a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (entidad estatal encargada de proveer las raciones de víveres a soldados, marinos, infantes de marina y pilotos). Estas empresas y personas se pusieron de acuerdo para repartir contratos y alterar los precios de las raciones alimenticias, que eran acordados previamente con los proveedores, para hacerse con una parte del dinero destinado a la alimentación de los uniformados, constituyendo una presunta colusión en licitación pública. Esta práctica ilícita se desarrolló de manera ininterrumpida durante 2011 y 2018 en, por lo menos, 10 procesos de selección adelantados para elegir a los proveedores de los alimentos, por un valor total de $60 mil millones de pesos (más de USD$20.060.000 dolares). La SIC aclaró que no hay miembros de las Fuerzas Militares involucrados en esta práctica, todo fue gestado desde las empresas privadas. Además, las empresas y personas involucradas habrían acordado repartir contratos con presupuestos oficiales que ascenderían a un valor superior a los $47 mil millones de pesos (USB$16.200.000 dolares).[19][20]
  • Captura del alcalde de Armenia. El 30 de abril, fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación el alcalde en ejercicio de la ciudad de Armenia, Carlos Mario Álvarez, por su presunta participación en un caso de corrupción relacionado con irregularidades en obras viales de la capital del departamento del Quindío. Estos hechos ya habían llevado a la cárcel a la exalcaldesa de la ciudad, Luz Piedad Valencia, y a su esposo, Francisco Javier Valencia, a quienes les imputaron los delitos de peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, celebración indebida de contratos e interés indebido en celebración de contratos. El ente investigador averiguó que, después de ser autorizado un recaudo por $100.000 millones de pesos (más de USD$35.100.000 dolares a 2018) para ejecutar obras en la ciudad a través de un cobro por valorización (impuesto sobre bienes raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público), Valencia y su esposo recibieron el 10% de los contratos de obra pública y de supervisión o interventoría de estas para la ciudad y el 100% de los convenios de consultoría y estudio de diseños de las obras, cifras que rondarían los $22.000 millones de pesos (más de USD$7.700.000 dolares). Por su parte, el alcalde Álvarez habría financiado su campaña con recursos de la misma ciudad que aspiraba administrar por valor de $6.000 millones de pesos (más de USD$2.100.000 dolares), a través de contratos de obras por valorización del contratista Fernando Diez Cardona, dinero que debía ser restituido a este por medio de otros contratos que deberían ser otorgados por la nueva administración en cabeza de Álvarez. Hasta ahora, van 12 personas involucradas en este episodio de posible corrupción. Los delitos por los que será imputado formalmente Álvarez son: Lavado de activos, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.[21]
  • Escándalo en Triple A y Operación Acordeón. El 17 de marzo fue capturado por la Fiscalía General de la Nación Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado, quien habría defraudado a la entidad en más de $27.000 millones de pesos (casi USD$10 millones de dólares a 2018). A través de labores investigativas descubrieron que el exgerente, junto a los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A. (esta última propietaria de Triple A) y de la firma Recaudos y Tributos S. A., aprobó y firmó 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos y 4 contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable. Según la Fiscalía, estos gastos fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta como operaciones normales de la Triple A y se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., socios particulares y el Distrito de Barranquilla) para así realizar los cobros correspondientes por regalías; debido a estos hechos irregulares, se le imputaron los mismos cargos a Julia Serrano Monsalve, exgerente financiera de Triple A. El ente acusador también abrió una investigación formal y citó a indagatoria a directivos y exdirectivos de las empresas vinculadas a la primera fase de la denominada "Operación Acordeón", cumpliendo lo establecido en el antiguo Sistema Penal colombiano ya que el presunto ilícito se presentó el 4 de septiembre del año 2000, a través de un contrato suscrito entre Inassa y Triple A S.A. de esa misma fecha, donde se pacta un pago mensual a Inassa del 4.5% del recaudo total de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (brindados por Triple A) a cambio de prestar servicios en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica a la entidad. Los fiscales anticorrupción calculan que, en 17 años de vigencia del contrato, se habrían pagado más de $237.000 millones de pesos (cerca de USD$88 millones de dolares de 2018); adicionalmente, se presume que el contrato no se ejecutó y, por el contrario, se presentó una supuesta desviación irregular de estos dineros para beneficiar a terceros; entre ellos, las sociedades Canal Extensia S.A. -empresa del Grupo Español Canal Isabel II, propietaria de Inassa – y Slasa. Por estos hechos, fueron llamados a indagatoria 11 exdirectivos y actuales directivos de las empresas implicadas en el caso por los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.[22]
  • Captura del alcalde de Barrancabermeja. El 6 de febrero, la Fiscalía General de la Nación capturó al alcalde en ejercicio del municipio santandereano de Barrancabermeja, Darío Echeverri, por utilizar medios indebidos para impedir el desarrollo normal del proceso de revocatoria de su mandato, realizado a mediados del año anterior. El ente investigador afirmó que "luego de diversas labores de policía judicial y verificaciones, la Fiscalía constató una denuncia interpuesta por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, que puso en conocimiento maniobras ilícitas para frenar la revocatoria del mandato al actual alcalde de Barrancabermeja". Entre las irregularidades encontradas por la Fiscalía estarían "maniobras engañosas para evitar que los votantes fueran a las urnas, pago de dinero en efectivo, intimidación a empleados y funcionarios de la administración municipal, utilización de planes de gobierno para comprar a la ciudadanía y retención de cédulas", con el objetivo de impedir que el mecanismo de participación ciudadana alcanzara el umbral (cantidad de votos necesaria para validar un plebiscito o revocatoria de mandato), como efectivamente sucedió. Ante estas evidencias, la Fiscalía le imputó cargos al alcalde por constreñimiento o amenaza al sufragante, obstrucción al certamen electoral, peculado y concierto para delinquir. Además del alcalde, se capturaron 4 personas más que eran parte del comité en contra de la revocatoria de alcalde, entre ellos, un funcionario de la administración municipal.[23]​ En abril, los capturados quedaron libres en decisión judicial de segunda instancia por supuestos vacíos jurídicos en la decisión tomada por el juez de primera instancia; sin embargo, siguen vinculados a la investigación.[24]
  • El Cartel del Sida. La Procuraduría General de la Nación, a través de su entonces titular, Fernando Carrillo, reveló a finales de enero un nuevo escándalo de corrupción en el departamento de Córdoba. El jefe del Ministerio Público explicó que se habrían cobrado tratamientos para la enfermedad del sida por parte de pacientes inexistentes o incluso muertos. Según la denuncia de Carrillo "los pagos realizados por el llamado Cartel del Sida obedecen a pagos que no correspondían al Plan Obligatorio de Salud (POS) del estado o a fallos de tutela que favorecían falsos pacientes de la enfermedad; estos supuestos falsos pacientes eran parte del régimen subsidiado de salud colombiano. En algunos casos, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pagaban a la Caja de Compensación Familiar del departamento (Comfacor) y este, al mismo tiempo, le giraba también recursos a la caja, provocando el desangre de los recursos públicos". El funcionario calcula que más de 800 pacientes falsos serían parte de este escándalo, perjudicando la salud y calidad de vida de los pacientes de Córdoba que realmente son portadores del VIH. Según cálculos de la Procuraduría, el desfalco de recursos públicos estaría por el orden de $210.000 millones de pesos (casi USD$75.500.000 dólares).
  • Suspensión del gobernador de Córdoba. La Procuraduria suspende por tres meses a Edwin Besaile, gobernador del departamento de Córdoba, mientras lo investiga por el pago irregular de $1.500 millones de pesos (casi USD$525.000 dolares) a falsos pacientes de hemofilia, en el escándalo del llamado Cartel de la Hemofilia.[25][26][27]

2017[editar]

  • Caso Manantial de Amor. Comenzó con una investigación periodística hecha por el periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga en junio de 2016, donde denunció una red de corrupción hecha por varias personas en la administración municipal; entre ellas, el entonces alcalde de la ciudad Luis Francisco Bohórquez. El plan de corrupción terminó en la concesión de contratos para un solo proponente: La Iglesia Manantial de Amor, a la cual asistía Bohórquez como feligrés al igual que varios miembros de su familia, por valores superiores a los $15 mil millones de pesos (más de USD$5.200.000 dólares a diciembre de 2017) para cosas mínimas como podar árboles, modernizar alumbrados o hacerle la interventoría o supervisión a la construcción de un muro por medio de empresas constituidas por miembros de la iglesia, quienes cobraron valores alrededor del 30% por encima del valor del mercado. Luego de esta investigación el pastor de la iglesia, Óscar Leonardo Rodríguez, fue asesinado el 22 de junio de 2016 en la sede de la iglesia ubicada en el norte de la ciudad; su esposa, Rocío Méndez, recibió un atentado contra su vida un año después; los dos recibieron contratos, según la investigación, por cerca de $7 mi millones de pesos (más de USD$2.330.000 dolares a diciembre de 2017). Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación ha capturado y enviado a la cárcel, a noviembre de 2017, a 8 personas implicadas en los hechos; entre ellas el exalcalde Bohórquez, su Secretario de Infraestructura, Clemente León Ayala, y varios contratistas pertenecientes a Manantial de Amor por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, aunque dos de ellas fueron dejadas en libertad por falta de pruebas pero siguen vinculadas al proceso.[28][29][30]​ En enero de 2018 se realizó una nueva captura, la de Gerson Andres González, quien en el momento de su captura ejercía como Secretario de Infraestructura en la ciudad de Barrancabermeja.[31]​ Pese a los resultados, aún no hay capturas o implicados por el asesinato del pastor y el atentado contra su viuda.
  • Capturas de los alcaldes de Pamplona y Curillo. El 24 de octubre, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron al alcalde en ejercicio del municipio nortesantandereano de Pamplona, Ronald Mauricio Contreras Flórez, y a su Secretario de Gobierno, Yeiver Yesid Acero Basto, además de la representante legal de la ONG Corporación Vida y Progreso, por los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. Las irregularidades tienen que ver con un contrato que fue suscrito entre el municipio y la corporación el 24 de octubre de 2016 por un monto de $169 millones de pesos (USD$57.550 dolares), que tenía como objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado la creación de proyectos productivos sostenibles.[32][33]​ El día anterior, habían capturado en el municipio de Curillo (Caqueta) al alcalde de este municipio, José Ferrín Realpe, al igual que dos funcionarios de su administración por los delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y falsedad en documento público, al hallarse irregularidades en contratos firmados por Realpe donde los recursos públicos terminaron en manos de terceros.[34][35]
  • Captura del alcalde de Barichara. El 5 de septiembre la Fiscalía General de la Nación capturó en Barichara (Santander) a Israel Agón, actual alcalde municipal, por las presuntas inconsistencias en un proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) en el año 2010, cuando ejerció por primera vez el cargo. Junto al mandatario, y por el mismo caso, también fueron detenidos el gerente de las Empresas Públicas de Barichara y un exsecretario de Planeación del municipio. Según las investigaciones, el entonces mandatario local (reelegido para el periodo 2016-2020) habría acordado con los concejales de la época la compra de un lote de 7 hectáreas para realizar el proyecto de vivienda La Primavera para familias de escasos recursos del municipio. Se presume que, en desarrollo de dicho trámite en el concejo, el alcalde solicitó la suma de ocho millones de pesos (USD$2.725 dolares) a cada una de las 280 familias que saldrían favorecidas en el proyecto, el cual a la fecha no se ha ejecutado. Por estos hechos, el ente investigador le imputará a los capturados los delitos de celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, urbanización ilegal y falsedad en documento público.[36]
  • Desfalco a Ecopetrol. El juez cuarto laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, luego de una investigación hecha por la Fiscalía General de la Nación, fue condenado en juicio por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo con medida de aseguramiento en prisión, luego de decidir varios fallos de tutela que no estaban conformes a la ley como el de algunos extrabajadores de la estatal petrolera Ecopetrol, participantes de una huelga en 2004 que buscaban su reintegro y liquidación de derechos laborales. Igual caso con el expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Hernando Hernández, el cual buscaba liquidar sus prestaciones sociales, pensión de jubilación y otros beneficios laborales de un periodo en que estuvo privado de la libertad. La Fiscalía calculó perdidas por $134.000 millones de pesos (USD$45.560.000 dolares), además que los procesos de los reclamantes no eran de la jurisdicción del juez Rodríguez. Por estos hechos se encuentra en prisión el magistrado Félix Maria Galvis y próximamente se hará la imputación de cargos al magistrado Fernando Castañeda, el cual esta prófugo de la justicia.[37][38]
  • Captura del alcalde de Cartagena. El 3 de agosto fueron capturados por integrantes del CTI de la Fiscalía General de la Nación el alcalde del Distrito de Cartagena de Indias; Manuel Vicente Duque, junto a su hermano de crianza; Jose Julián Vasquez y la contralora de la ciudad; Nubia Fontalvo, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, debido a irregularidades presentadas en la elección de Fontalvo, por parte de los concejales de la ciudad, como Contralora Distrital. Unos días atrás, se había entregado a la justicia uno de los concejales que eligió a Fontalvo; Jorge Useche. Por esta misma acción, fueron investigados y sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación todos los concejales de la ciudad que eligieron a Fontalvo, luego que ella obtuviera el menor puntaje de una terna propuesta al Concejo Distrital para elegir la persona encargada del control fiscal a la administración pública en Cartagena, siendo Jorge Useche quien convenció a los demás concejales para que no eligieran al ganador de la convocatoria; el abogado Ivan Sierra Porto, y en su lugar eligieran a Nubia Fontalvo, cercana al alcalde.[39]
  • Carrusel de las Cirugías Plásticas. A comienzos de Julio fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación el Contralor Departamental de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, el gerente de la E.S.E. (Empresa Social del Estado) Hospital La María de la ciudad de Medellín; Willian Marulanda, y tres hermanas del contralor Zuluaga. El gerente Marulanda habría autorizado realizar cirugías plasticas sin realizar el respectivo cobro a los beneficiarios de las mismas, incluyendo el Contralor y sus hermanas; en su lugar, se hacían las facturas y posteriormente se anulaban realizando cobros con valores menores a los reales, a veces, ni se cobraban los servicios de quirófano, anestesiólogos y medicamentos, afectando la parte financiera de ente de salud público. En otros casos, el gerente las hizo pasar por otros procedimientos para que las cobijara el Plan Obligatorio de Salud colombiano. A los detenidos se les imputaron los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Según una auditoría hecha, se habrían hallado desde el año anterior, cuando se solicitó la investigación a la Fiscalía de este caso por parte de concejales de Medellín y diputados de Antioquia, un total de 102 procedimientos médicos irregulares por valor de $130.762.550.oo (USD$42.873.oo).[40][41]​ Pese a las pruebas recopiladas por la Fiscalía, el juez del caso les concedió libertad a los imputados al considerar que no había suficiente material probatorio; aún así, el proceso sigue su marcha.[42]
  • Escándalo en la Justicia del Meta. Una redada llevada a cabo a finales de junio en la ciudad de Villavicencio, Meta, por parte de agentes de la DIJIN (división de la policía colombiana que realiza labores de policía judicial), concluyó con la captura de dos fiscales Seccionales, dos jueces, un exjuez, un médico del Instituto Nacional de Medicina Legal (entidad estatal encargada de la actividad forense en el país), un asesor jurídico de la cárcel de Villavicencio, dos investigadores del CTI (policía judicial de la fiscalía colombiana), y un exfuncionario de la Fiscalía; todos ellos, supuestamente, estarían realizando maniobras dilatorias para entorpecer investigaciones que, en teoría, debieron llevar a la cárcel hace tiempo a integrantes de Bandas Criminales (BACRIM) de esta zona del país.[43]​ Al mismo tiempo, la Fiscalía realizó 24 capturas a miembros de la rama judicial, entre ellos, tres magistados del Tribunal Superior de Justicia en el departamento del Meta, funcionarios del INPEC (entidad estatal que vigila y regula las cárceles del pais), abogados y particulares; a todos ellos, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo, al comprobarse que estos funcionarios conformaban desde 2013 una "empresa criminal" que otorgaba de manera irregular, a cambio de sobornos, redenciones de pena, sustituciones de medida de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias a autores de delitos como homicidio, concierto para delinquir y narcotráfico.[44]
  • Escándalo en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, este último llamado "El Cartel de la Toga".[45]​ El 27 de junio fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en su propia oficina y frente a sus empleados, el que fuera hasta ese día el Jefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador; Luis Gustavo Moreno Rivera, acusado, junto a un abogado llamado Leonardo Pinilla, de pedirle dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar indagaciones que cursan en su contra por posible malversación de recursos que superan los $10.000 millones de pesos (USD$3.322.260 dólares), de lo cual sería investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Lyons, quien pasó a ser cooperante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denunció que Pinilla y el Jefe Anticorrupción Moreno (quien apenas llevaba un mes en el cargo) se le habían acercado para pedirle $100 millones (USD$33.200 dolares) a cambio de entregarle copias de declaraciones juradas de testigos que habían hablado en la Fiscalía en su contra. La DEA le preparó una trampa a Moreno en Miami, donde le dió a Lyons USD$10.000 dólares con billetes marcados para que le entregara a Moreno con el objetivo de rastrearlos. La Fiscalía de Colombia, sabiendo de antemano la operación de la DEA, envía a Moreno para entrevistarse con Lyons; luego, el dinero marcado es descubierto en manos del Jefe Anticorrupción y sus familiares en el vuelo de regreso a Colombia. El Departamento de Justicia estadounidense descubrió que Pinilla y Moreno, este último aprovechándose de su cargo, inundarían a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante Lyons a cambio de $400 millones (USD$132.890 dolares) y una “adición” de USD$30.000 dólares que aspiraba recibir antes de irse de Estados Unidos. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno y a Pinilla los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno, haciéndo formal la solicitud de extradicción a Colombia,[46]​ además de la investigación que se les abrió en el pais por el delito de concusión. Luego de este suceso, la Fiscalía ha procedido a capturar más de 50 de sus funcionarios a nivel nacional por hechos similares, varios de ellos podrían ser solicitados en extradicción por Estados Unidos.[47]​ Luis Gustavo Moreno, luego de confesar su delito, atestiguo en la Fiscalía contra dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia; José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte (a los cuales Estados Unidos les canceló la visa para ingresar a este país), manifestando que estos absolvieron a los entonces senadores Luis Alfredo Ramos, Hernán Andrade y Musa Besayle de investigaciones en su contra y que, por gestiones de Moreno y Pinilla, fallaron a favor de los congresistas a cambio de coimas; la investigación contra los exmagistrados esta en curso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.[48]​ Por su parte, el senador Besayle admitió ante la Corte Suprema de Justicia que, en efecto, pagó dos mil millones de pesos (USD$681.663 dolares) al exfiscal Moreno y al exmagistrado Bustos para beneficiarle en un proceso en su contra por parapolítica, de una cantidad inicial de seis mil millones (USD$2`044.990 dolares) solicitada por estos.[49]​ La Comisión de Acusaciones esta investigando además al actual magistrado de la corte Gustavo Malo, quien también estaría salpicado en el escándalo de sobornos del alto tribunal; la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia le pidió al magistrado implicado apartarse del cargo mientras continúe la investigación en su contra, petición rechazada por este afirmando que es inocente. Su hija, Yara Malo, será imputada por la Fiscalía por los delitos de extorsión agravada, al amenazar a una fiscal de Bogotá con "mover sus influencias" para hacerla despedir del cargo o trasladarla a un sector con problemas de orden publico si no accedía a pagarle cierta cantidad de dinero por haberla ayudado a ingresar a trabajar en el ente acusador.[50][51]​ La Comisión de Acusaciones confirmó que el caso del exmagistrado Ricaurte queda bajo jurisdicción de la Fiscalía,[52]​ la cual le emitió orden de captura con detención en establecimiento carcelario por parte de un juez.[53]​ Por su parte, la Corte Suprema emitió el 25 de septiembre una orden de captura contra Musa Besayle por los delitos de cohecho y peculado, quien se entregó al CTI de la Fiscalía en Montería a comienzos de octubre.[54][55]​ Otros implicados en el escándalo del Cartel de la Toga son: El exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, y el senador Álvaro Ashton.[56]
  • Escándalo en Colpensiones. A comienzos de junio, una juez especializada de control de garantías envió a prisión a 8 de 11 personas capturadas por la Fiscalía General de la Nación (las otras 3 se les dió detención domiciliaria) por los delitos de concierto para delinquir, estafa, acceso abusivo, violación de datos personales y fraude procesal, debido a un desfalco cometido por estas personas, quienes laboraban como contratistas en la parte de sistemas de la entidad estatal encargada del Régimen de Prima Media para las pensiones en Colombia (Colpensiones). La investigación comenzó el 8 de mayo de 2014, momento en el cual uno de los directivos de la entidad denunció presuntas irregularidades en el sistema informático de la empresa de pensiones. Se presume que los contratistas crearon una red delincuencial que cobraba por la modificación de los historiales laborales entre $10 y $100 millones de pesos (entre USD$3.000 y USD$33.000 dolares), según la complejidad del trabajo y el ingreso que representara. Los contratistas crearon dos modalidades de delinquir: la primera, consistía en inventar desde cero el historial laboral de una persona que nunca hubiese estado afiliada al Seguro Social (antigua entidad encargada del sistema pensional) ni a Colpensiones; la segunda, consistía en modificar el número de semanas cotizadas por trabajadores reales para que pudieran pensionarse antes de lo estipulado. La Fiscalía continúa la investigación.[57]
  • Escándalo de Llanopetrol. El 19 de mayo se realizó la imputación de cargos a 4 detenidos por el desfalco en la Refinería del Meta, a través de la empresa estatal Llanopetrol. Se les acuso de apropiarse ilicitamente de más de $18.000 millones de pesos (USD$6.138.825 dolares) durante el mandato del gobernador Alan Jara entre los años 2012 y 2015, quien sería responsable de revivir el proyecto. El caso se descubrió en la Jornada Anticorrupción en Meta realizada el 5 de mayo, la Fiscalía dijo que los detenidos seguían ordenes de altos cargos y que esperaba emitir más ordenes de captura a más responsables. Ninguno de los implicados aceptó los cargos. A pesar de 3 plazos de adición presupuestal, donde la empresa incumplió, la gobernación del departamento giro los recursos considerados injustificados.[58]
  • El Cartel de los Abuelos. El 18 de mayo se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos a ocho implicados en irregularidades en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Pereira, donde se atienden 93 personas, el caso fue denunciado por la Personería de la ciudad con ayuda de la Fiscalía Seccional de Risaralda. Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado 4 de 13 contratos en el Programa del Adulto Mayor, pero las irregularidades superan los $700 millones de pesos (USD$238.732 dolares). Entre los imputados están el exsecretario de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía; John Lemus, quien dice no tener responsabilidad en los cargos imputados. De los 8 implicados, el fiscal solicito la medida de aseguramiento para 7 de ellos; uno de ellos que aceptó cargos podría tener rebaja de pena del 50% y detención domiciliaria.[59]
  • Caso Judy Pinzón. El 17 de mayo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá pidió a la Personería Distrital realizar indagaciones correspondientes por presuntas irregularidades en la contratación con 5 alcaldías locales de la ciudad por parte de la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario (Fundesco), dirigida por la exconcejal Judy Pinzón. La fundación logró contratos superiores a los $4.300 millones de pesos (USD$1.466.497 dolares); en un documento se pone en conocimiento que la fundación contrato con las alcaldías para la instalación de equipos de computo, campañas de prevención contra la violencia e incluso la celebración del bicentenerio de una localidad; en estos contratos tan similares se cree que pudo beneficiarse alguien. Pinzón (Directora de la fundación) ya fue condenada, junto a 2 exconcejales más, a 6 años de prisión en 2004, además de 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por haber recibido coimas de $100 millones de pesos (USD$34.806 dolares) para modificar el Código de Policía permitiendo las ventas ambulantes.[60]
  • Captura del alcalde de Moñitos. A comienzos de mayo fueron capturados por la DIJIN de la Policía Nacional el alcalde del municipio cordobés de Moñitos; Álvaro Casseres Matoza junto a su padre; Álvaro Casseres Brieva y tres funcionarios de su administración con su respetiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, constreñimiento o amenaza a los electores y fraude en la inscripción de documentos de identidad; descubriéndose estas irregularidades en el proceso de elección de Casseres Matoza como alcalde de este municipio.[61]
  • Caso Sandra Bonilla. A principios de mayo, fue condenada a 90 meses de prisión por peculado por apropiación, además de una multa de más de $400 millones de pesos (USD$134.816 dolares), a la extesorera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente; Sandra Bonilla, por una transferencia de más de $800 millones de pesos (USD$269.632 dolares) a cuentas de sus familiares entre 2009 y 2014. Además, fueron condenadas también otras 4 personas que deben pagar penas de 35 a 50 meses de prisión y multas de $20 a $160 millones pesos (de USD$6.750 a USD$53.900 dolares) por complicidad en el delito.
  • Escándalo de Corpourabá. Luego de 2 días de audiencia, en el mes de mayo, tres exempleados del área financiera de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpouraba (entidad estatal que ejerce como autoridad ambiental de la región), aceptaron los cargos de peculado por apropiación en provecho propio y falsedad ideológica en documento público imputados por la Fiscalia. Presuntamente, se habrian apropiado de $2.648 millones de pesos en dineros públicos (USD$903.089 dolares) entre 2010 y 2016. Esta investigación comenzó en mayo del año anterior, luego de una denuncia por los malos manejos dentro de la institución; además, hay una orden de captura vigente a la extesorera de la entidad.
  • Escándalo en Coljuegos. A finales de marzo, en desarrollo de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en varias ciudades del eje cafetero y luego de una investigación de 1 año, se hicieron efectivas 31 órdenes de captura, de ellas 8 en flagrancia, contra funcionarios y exfuncionarios de Coljuegos (entidad del estado encargada de regular los juegos de azar en el país); de estas capturas, 3 fueron contra exdirectores de la entidad. Se descubrió que, a través de empresas de papel, funcionarios de Coljuegos engañaron al Estado generando detrimento patrimonial superior a los $2.000 millones de pesos colombianos (USD$ 686.464 dolares) entregando contratos "a dedo" para activar unas máquinas tragamonedas que habían sido dadas de baja después de haber sido incautadas por Etesa (entidad predecesora de Coljuegos). Por alguna razón que se desconoce, las máquinas decomisadas no fueron destruidas como lo exige el protocolo de seguridad de la entidad cuando no están registradas, en su lugar habrían sido habilitadas y puestas de nuevo en circulación en casinos a través de concesiones.[62][63]​ A los capturados se les imputaran los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.[64]
  • Escándalo en Secretaría de Movilidad de Medellín. El 1 de marzo, la Fiscalía General de la Nación capturó en Medellín a 17 personas: 15 tramitadores privados y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito de la ciudad, así como documentos propios de la entidad, licencias de conducir y seguros para accidentes de tránsito (SOAT) a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venia haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.[65]
  • Captura de alcaldesa de Ocaña. En febrero fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación la alcaldesa en ejercicio del municipio de Ocaña (Norte de Santander), Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por los delitos de violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones de pesos (USD$27.557 dolares) con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley colombiana del año 2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.[66][67]​ En Mayo fue revocada la medida de aseguramiento, al no encontrar una posible obstrucción de la justicia por parte de Prado Carrascal.[68]
  • El Cartel de la Chatarrización. La Fiscalía General de la Nación ordenó, a mediados de febrero, la captura de 28 personas, entre policías, funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transporte, tramitadores privados y líderes sindicales del sector camionero, por hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El Gobierno Nacional, para controlar el crecimiento del parque automotor de carga en el país, implementó la Política de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión o empresa quería comprar un vehículo, debía chatarrizar o desmantelar otro de más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones de pesos (USD$30.945 dolares) por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según fuentes de la Fiscalía, el Cartel de la Chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: La chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios dentro del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para reposición; la chatarrización de camiones inexistentes, armando vehículos por partes para este fin y la desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos propietarios, en muchas ocasiones, ni sabían de la manipulación que era objeto la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones de pesos (más de USD$208 millones 680 mil dolares), a razón de $50 millones de pesos (USD$17.385 dolares) por camión.[69][70]​ A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y en concurso con el de uso de documento falso, además del delito de supresión u ocultamiento de documento público.[71]
  • Captura del alcalde de Mogotes. La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura en enero, con la respectiva medida de aseguramiento en prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio del municipio santandereano de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la Contraloria General de la Nación, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en los años 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno del municipio de Onzaga (Santander). En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad (documento exigido por la ley colombiana para la realización de un contrato) no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente ($18 millones de pesos, USD$6.142 dolares) sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones de pesos (USD$10.580 dolares), firmado con una cooperativa llamada Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no está permitido por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares.[72]​ En Marzo es dejado libre retornando a su cargo, aunque el juicio seguirá su marcha.[73]
  • El Cartél de las Regalías. En enero fue capturado por la Fiscalía el actual Secretario de Planeación del departamento de Córdoba y exdirector del Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías; Manuel Benjumea quien, según el ente acusador, desvió $150.000 millones de pesos (USD$51.156.874 dolares) producto de regalías departamentales a favor del también detenido contratista Jesús Henao Sarmiento quien, a través de fundaciones dirigidas por sus socios, obtuvo contratos con el objeto de desarrollar proyectos agropecuarios para, supuestamente, enfrentar los retos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, proyectos que no se ejecutaron completamente, según denuncia del gobernador en ejercicio; Edwin Besaile, causando detrimento patrimonial al departamento por haber sido girados la casi totalidad de los recursos por el anterior gobernador Alejandro Lyons. Los detenidos, además de los socios de Henao, fueron acusados de peculado por apropiación y en concurso heterogéneo además de celebración indebida de contratos. Maximiliano García, funcionario departamental que trabajó con el director de regalías Jairo Zapa, asesinado al descubrir las irregularidades, también está vinculado al proceso, además de estar investigado por el crimen de su jefe, igual que Henao.[74]
  • Caso Odebrecht. A finales de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos a funcionarios públicos de los gobiernos de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas, entre ellos, Colombia.[75]​ Luego del anuncio, el entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció el comienzo de la investigación y luego de revisar la información dada a conocer por Estados Unidos, junto al trabajo hecho por fiscales e investigadores del país, a comienzos de enero se produjo la primera captura de este caso, la del exviceministro de Transporte en el período de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, imputándole cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho y celebración indebida de contratos. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió la suma de USD$6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el monto total de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia rodea los USD$11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.[76]​ La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de enero en contra del exsenador Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el exsenador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht era parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de USD$4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró el 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exsenador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.[77]​ El proceso sigue su investigación, dando como resultado la captura de más de 5 personas que están implicadas en el escándalo, entre ellas, los entonces senadores Bernardo "El Ñoño" Elías y Plinio Olano.[78]​ La gravedad de este escándalo es tal que la Fiscalía está investigando si Odebrecht financió la campaña electoral de 2014 en segunda vuelta a favor de los candidatos que la disputaban: Juan Manuel Santos (presidente electo) y Oscar Ivan Zuluaga.[79]​ En mayo de 2017, se le imputaron nuevos cargos a Bula por cohecho y asociación para cometer delitos contra la administración pública, al supuestamente entregar un apartamento en el norte de Bogotá al fiscal anticorrupción, Rodrigo Aldana (quien en abril le fueron imputados los cargos de cohecho propio, prevaricato por omisión y concertación para cometer delitos contra la administración pública), para que emitiera una resolución de extinción de dominio a tres haciendas en el departamento de Córdoba. Bula no aceptó los cargos y se declaro inocente.[80]

2016[editar]

  • Escándalo en la Contraloría de Bogotá. A finales de diciembre, la Fiscalía General de la Nación expidió tres órdenes de captura, haciéndolas efectivas de manera inmediata, contra tres funcionarios de la Contraloría Distrital de Bogotá, debido a unas grabaciones dadas a conocer por la periodista Darcy Quinn de Caracol Radio, donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones de pesos colombianos (USD$20.000 dólares a esa fecha) a un interventor de obras en la capital, para archivarle una investigación por presuntas irregularidades encontradas en auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital del país, en cabeza de estos funcionarios.[81][82][83]
  • Escándalo en la Secretaría de Hacienda de Medellín. A mediados de diciembre fueron capturados y enviados a prisión seis funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Medellín por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público y peculado por apropiación. Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía señalan que, desde el año 2014, este grupo de personas habría cometido actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a la Alcaldía de Medellín por una cuantía superior a los $1.800 millones de pesos (USD$607.300 dólares). El modus operandi consistía en contactar y convencer a determinados contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto de Impuesto Predial (uso de suelo) e Industria y Comercio (para establecimientos comerciales e industriales) a cambio de considerables sumas de dinero. Otro método utilizado era dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripción. Además, se evidenció la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.[84]
  • Escándalo en la CAS. A finales de diciembre, la Fiscalía General de la Nación capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a cuatro (4) funcionarios y exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS (entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander); entre ellos, la entonces directora del la entidad, Flor María Rangel, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones de pesos (más de USD$ 1.130.000 a la tasa de 2016), donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista (Unión Temporal Barrancabermeja) sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.[85][86]
  • Escándalo en el Hospital Universitario del Valle. A mediados de diciembre, fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Físcalia General de la Nación, siete (7) extrabajadores del Hospital Universitario del Valle de Cali, por presunta celebración indebida de contratos en el centro asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación (Ley 550) para reestructurarla. En julio pasado, la Contraloría General de la República había alertado sobre un posible detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones de pesos (más de USD$41.700.000 dólares a la tasa de 2016). Tras una auditoría que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se encuentra el exdirector de la institución, Jaime Rubiano.[87]
  • Escándalo en la Policía de Barranquilla. En noviembre fueron capturados, en un operativo conjunto entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, 19 policías activos que eran parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla y 2 personas civiles que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), aprovechando su condición de autoridad de tránsito, para chantajear a aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de dádivas o sobornos, utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que permitían el microtráfico a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que había asaltado unos días atrás, en compañía de un exagente de la institución, una tienda de barrio.[88]
  • Caso Pretelt. En febrero de 2015, el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien supuestamente habría pedido $500 millones de pesos (más de USD$200.000 dolares a la tasa de febrero de 2015) al abogado Victor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.[89]​ Pretelt negó rotundamente estas acusaciones, pese a que se comprobó posteriormente que el abogado Pacheco, condenado por este hecho, entregó el dinero al magistrado para que este influyera entre sus colegas y, de esta manera, en consenso aceptaran y fallaran a su favor un acción de tutela de Fidupetrol, que hubiera revertido una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 millones de pesos (USD$9.000.000 de dólares de la época) al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental (por este hecho, fue condenado en 2013 el exgobernador de Casanare, Whitman Porras). Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el Senado de la República en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. En consecuencia, el ya exmagistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la Corte Suprema de Justicia.[90]​ Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil,[91]​ el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano[92]​ y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero;[93]​ a los tres se les imputó el cargo de tráfico de influencias. Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del exmagistrado Pretelt con el expresidente de la república y Senador Álvaro Uribe Vélez, rival político del presidente en ejercicio Juan Manuel Santos.[94]​ El 16 de septiembre de 2017, un juez absolvió al exmagistrado Escobar al considerar que no existía material probatorio contundente, de parte de la Fiscalía, para vincularlo al caso.[95]
  • Escándalo de Reficar. Estalló luego de la investigación hecha por la Contraloría General de la República, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, la cual detectó sobrecostos injustificados por cerca de $8.5 billones de pesos colombianos (unos USD$2.879 millones de dólares) en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). Es posiblemente el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional del país en 2016, que se terminaría de pagar en el año 2046, según datos de la entidad fiscalizadora.[96]​ Aunque la Contraloría sacó a la luz pública el escándalo, un año atrás, la Procuraduría General de la Nación había iniciado investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial;[97]​ de los cuales, a 9 ya les abrió investigación formal en junio de 2017 por sobrecostos en el orden de los $8.000 millones de pesos (cerca de USD$2.800.000 dolares).[98]​ Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inició en enero la investigación penal sobre el desfalco, realizando pesquisas a los archivos de Reficar y de los contratistas de la obra, así como copia de la investigación hecha por la Contraloría, buscando comprobar si hubo un posible peculado por apropiación; en diciembre comunicó que quedaban exentos de responsabilidades penales los entonces Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.[99][100][101]​ A finales de abril de 2017, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, anunció la imputación de cargos contra 8 altos ejecutivos de Reficar: 2 expresidentes, 1 Vicepresidente Jurídico, 1 Revisor Fiscal y 6 representantes de los contratistas (Downstream Ecopetrol 2008, Grupo Legal Reficar y CB&I); todos ellos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. Según Martínez, el costo del peculado esta en el orden de $610.000 millones de pesos (casi USD$207 millones de dolares a la fecha), cifra que difiere de la presentada por la Contraloría. Así mismo, Martínez anunció el llamado a indagatoria de 8 personas más, entre ellos 2 expresidentes de Ecopetrol, y 13 a declaración jurada, búscando más responsables.[102]
  • El Cartel de la Hemofilia. Escándalo que estalló en julio luego de una investigación hecha por la Contraloría General de la Nación, donde descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS (Plan Obligatorio de Salud). Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba (donde más se presentaron casos), Sucre, Bolívar y La Guajira, donde, a través de falsas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a tres (3) personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los hechos (2013 a 2015). El desfalco a la salud por este caso de corrupción estaría, según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones de pesos (más de USD$26 millones 600 mil dolares a la tasa de 2016).[103][104]​ En enero de 2018, la Procuraduría suspendió, de manera provisional y por 3 meses de su cargo, al gobernador en ejercicio del departamento del Córdoba Edwin Besayle, para evitar un posible entorpecimiento de parte de este en la investigación disciplinaria.[105]
  • El Cartel del Síndrome de Down. Otro escandalo que involucra al departamento de Córdoba en el sector salud, al ser detectadas irregularidades por parte de la Contraloría General de la Nación en el pago, por parte de la gobernación departamental, a 4 Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) por $10.000 millones de pesos (más de USD$3.500.000 dolares a la época) en la atención a niños con síndrome de Down o autismo. La Contraloría descubrió que los tratamientos a estos pacientes nunca se realizaron, pero aún asi, se pagaron dado que se facturaron por paquetes y no de manera individual, además que la mitad de estos recursos debieron ser costeados por el Plan Obligatorio de Salud (POS) en lugar del departamento; adicional a esto, nunca fueron autorizados por las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS). Solo una de estas IPS´s recibió cerca de $7.000 millones de pesos (USD$2.470.000 dolares) sin tener un contrato formal con el departamento.[106]
  • Escándalo de las libranzas en Colombia. Miles de inversionistas fueran estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Estraval y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía General de la Nación, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un esquema de pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la perdida de sus ahorros. Se estima que las perdidas pueden ascender a más de $1.5 billones de pesos colombianos[107]​ (aprox $436 millones 681 mil dólares a la tasa de 2016) de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones.[108][109][110][111][112][113][114][115]​ Por este hecho, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015. La Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite.[116][117]​ En cuanto a las dos sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas.[118][119]​ La Físcalia imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.[120]
  • Escándalo de la Gobernación de la Guajira. Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado de Colombia, como gobernadora del departamento a solo cinco meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación.[121][122][123]​ En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Vélez,[124]​ ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte.[125]​ Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.[126]​ En octubre, la Fiscalía General de la Nación capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre ellos, un exalcalde de Riohacha (Rafael Ceballos Sierra) y un exgobernador departamental (Jorge Pérez Bernier), además de involucrar en la investigación a 21 personas más, entre funcionarios y exfuncionarios nacionales, departamentales y contratistas.[127]​ Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por presuntas irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por los delitos de cohecho propio y corrupción al sufragante (convencer, mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; en este caso, por él mismo) y en Febrero de ese año, fue enviado a prisión, como medida necesaria para garantizar las investigaciones de la Fiscalia.[128][129]​ Igualmente, en enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio por valor de $5.713 millones de pesos (USD$1.899.900 dolares en 2016), al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e indignación.[130]
  • La Comunidad del Anillo. En febrero se denunció en la emisora radial La FM, por parte de la periodista Vicky Dávila, una "red de prostitución homosexual masculina" que funcionaba en la Policía Nacional desde la Escuela de Cadetes General Santander, a cargo del entonces director de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del gobierno.[131]​ La periodista dio a conocer en su programa de radio una grabación del año 2008, donde se ve al entonces senador, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el entonces subteniente y miembro de su escolta, Ányelo Palacios. Por este hecho, Vicky Dávila fue obligada a presentar su renuncia como directora de La FM y también como presentadora de Noticias RCN, denunciando una "persecución" y un "atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno.[132][133]​ No obstante, las declaraciones de las víctimas sirvieron como base a la Procuraduría General de la Nación para iniciar investigaciones disciplinarias contra los involucrados en este escándalo, entre ellos, el entonces Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino,[134]​ quien se vio obligado a pedir la baja del servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más crítico de su historia.[135]​ El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía desempeñando como Viceministro de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, presentó su renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.[136]​ El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de la Policía Nacional debido a supuestas acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio del oficial.[137][138]
  • El Cartel de los Cuadernos. Las tres grandes empresas de la industria del cuaderno en Colombia (Carvajal, Scribe y Kimberly) fueron sancionadas en febrero por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), debido a una alianza descubierta entre ellas para eliminar la competencia e inflar los precios de estos útiles escolares a sus intereses, perjudicando a los padres de familia consumidores de estos productos para sus hijos en etapa escolar, pactos hechos en 2011 y 2014. Por esta conducta indebida, las empresas papeleras fueron sancionadas con una multa de $60.000 millones de pesos (cerca de USD$17.500.000 dolares).[139]

2015[editar]

  • Desfalco a Colpensiones. En noviembre fueron capturadas en Armenia por la Fiscalía 15 personas sospechosas de integrar una red que cometió un millonario desfalco a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a quienes se les imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad en documento y estafa. Según las autoridades, los detenidos hacían parte de una banda integrada por 25 personas, quienes habrían conspirado para apropiarse de unos $1.400 millones de pesos (USD$593.200 dolares) de Colpensiones,[140]​ aunque la cifra podría llegar a los $75.000 millones (cerca de USD$31.800.000 dolares), debido a que la entidad fue defraudada durante varios años por esta "empresa criminal" encabezada por un abogado. Este buscaba a personas mayores que fueran pensionadas o estuvieran tramitando ese derecho argumentándoles que podía conseguir una reliquidación de su pensión y, además, obtener un dinero adicional argumentando una discapacidad o invalidez. El sujeto y sus cómplices conseguían historias clínicas falsas de los reclamantes, en las cuales se incluían dictámenes ficticios que servían de soporte para sustentar una presunta pérdida de capacidad laboral. En muchos casos presentaban diagnósticos de enfermedades graves, crónicas o incluso terminales. Con estos documentos, el acusado y sus secuaces realizaban los trámites ante la división correspondiente de Colpensiones en donde, tras estudiar el caso, se autorizaba el pago de mesadas retroactivas. Cuando esto no funcionaba y la entidad negaba la solicitud, el abogado acudía a juzgados y con estos documentos falsos engañaba a los jueces para que dictaran fallos que obligaba a Colpensiones a pagar estas pretensiones.[141]
  • Captura del alcalde de San Gil. En noviembre fue capturado el alcalde en ejercicio del municipio de San Gil (Santander); Alvaro Agón Martínez, por los delitos de fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva e ilegal de dinero, no devolución de lo captado y prevaricato por acción. La Fiscalía comprobó que Álvaro Agón, junto a su hermano el exalcalde de San Gil; Javier Agón (condenado por celebración indebida de contratos durante su administración) estafaron a más de 500 personas por el orden de los $1.800 millones de pesos (USD$ 536.362 dólares de la época) con un proyecto de vivienda llamado "Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir" (Asovibrisas). Los estafados pagaron por la administración de un lote destinado a este proyecto de vivienda, el cual está declarado como reserva forestal, por lo que no se podía desarrollar construcción alguna en este lugar. Sabiendo esto, los hermanos Agón convencieron a las familias para el desarrollo del proyecto de vivienda y aprovechándose de su cargo como alcalde, Álvaro Agón autorizó la conformación de la asociación para que los afectados empezaran a invertir en pagos mensuales al supuesto proyecto habitacional que nunca se desarrolló; en su lugar, el dinero recogido fue utilizado para beneficio personal de los Agón.[142]​ En abril de 2017, Javier Agón fue condenado a 12 años de prisión, condena apelada por los afectados quienes la consideran "muy baja" por el daño ocasionado a quienes invirtieron.[143]
  • Escándalo en los Juegos Nacionales. El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibague, capital del departamento del Tolima, en la construcción de algunos escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, en los cuales el Gobierno Nacional, a través de la entidad reguladora del deporte en el país (Coldeportes), invirtió $258.910 millones de pesos (USD$ 94.389.355 dólares); de los cuales, según una investigación hecha por la Contraloría General de la República, se habrían perdido unos $66.000 millones (USD$24.061.247 dolares), dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en su construcción.[144]​ Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de las obras y exfuncionarios de la alcaldía de Ibague; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, exasesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 millones de pesos (USD$4.192.490 dolares), condenado además a pagar una multa de $22.000 millones de pesos (USD$8.020.416 dolares). Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables.[145][146]​ En Mayo del mismo año, se le imputo una nueva condena al exgerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri) Carlos Ángel, por 5 años y 5 meses en prisión, además de una multa de $61 millones de pesos (USD$22.238 dólares), que se suma a la condena ya impuesta de 12 años y $855 millones de pesos (USD$ 311.702 dólares) en multa.[147]
  • Escándalo en el sistema judicial de Barranquilla. En agosto fueron capturados 11 miembros de la Rama Judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, todos por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada y falsedad ideológica en documento público.[148]​ La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.[149]
  • Carrusel de las alcaldías locales de Bogotá. Estalló debido a irregularidades halladas por la contratación "a dedo" de fundaciones "de papel" y de "objeto social amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley.[150][151][152]​ Por estos hechos, la Fiscalía ordenó la captura de las entonces alcaldesas locales de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes locales de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó el delito de celebración indebida de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldía Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300.000 millones de pesos (USD$98.880.000 dolares) a razón de $15.000 millones por localidad (USD$4.944.000 dolares), de los cuales se busca determinar cuanto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".[153]
  • Carrusel de la educación en Córdoba. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones de pesos colombianos (más de USD$48.800.000 dolares en 2015). Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del Ministerio de Educación (Fiduprevisora).[154]​ Entre los involucrados está el senador Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió indagación preliminar en su contra.[155]
  • Escándalo de la salud en el Huila. En junio la Fiscalía capturó a 9 personas, entre funcionarios de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), funcionarios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y exalcaldes de municipios del departamento del Huila, imputándoles cargos de celebración indebida de contatos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito con la respectiva detención en establecimiento carcelario. Esto debido a unas irregularidades halladas en contratos entre la Caja de Compensación Familiar del Huila (Comfamiliar) y Medilaser, una IPS del departamento que no contaba con personal médico suficiente para atender la población de este departamento; estos contratos estaban por un valor aproximado a los $25.000 millones de pesos (USD$96.600.000 dolares), dineros públicos que debian ser destinados a la atención de personas inscritas en el Sisben (un sistema estatal de atención en salud para personas de escasos recursos a través del Régimen Subsidiado). La Fiscalía señaló que los capturados se asociaron para "quedarse con el dinero de las personas más pobres que dependen del Sisbén para acceder a los servicios de salud". Además de ello, se descubrió que Comfamiliar realizó contratos con hospitales, clínicas y centros de salud de los municipios de Garzón y La Plata por valor de $6.000 millones de pesos (USD$2.320.000 dolares) bajo la modalidad de "eventos controlados", limitando los servicios de salud a los usuarios del Régimen Subsidiado.[156]​ En julio se capturaron 2 personas más involucradas en el escándalo, representantes legales de otra IPS que no cumplía con las facultades legales ni con la infraestructura necesaria para la atención de usuarios (Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos), firmando contratos con Comfamiliar por valor de $3.000 millones de pesos (USD$1.160.000 dolares).[157]

2014[editar]

  • Casos Andrómeda y Andrés Sepúlveda. El 5 de mayo, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación allanaron un local en un sector residencial de Bogotá con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada de una central de inteligencia de la Fuerza Pública, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno con la FARC en el marco de los diálogos de paz de La Habana; en este lugar se hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias USD, planos de diagramas para crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos, entre otras cosas.[158]​ En el allanamiento, el CTI capturó al hacker Andrés Sepúlveda, quien supuestamente compró información de manera ilícita a Andrómeda sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial del entonces candidato del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga.[159]​ Un colaborador de Sepúlveda, el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, fue capturado en junio por interceptar ilegalmente al exvicepresidente Francisco Santos.[160]​ En el caso de Andrómeda, la Fiscalía capturó en octubre a 3 miembros de la Fuerza Pública por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Andrés Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros más.[161][162]​ Finalmente un informe de una comisión especial creada por el Ministerio de Defensa concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andromeda, por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro de la Fuerza Pública. A pesar de estos hallazgos, la comisión ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.[163]
  • Carrusel de contratos en Bucaramanga. En octubre, la Fiscalía capturó al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos,[164]​ ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución del alcalde titular por parte de la Procuraduría General de la Nación, Fernando Vargas Mendoza (de octubre a diciembre de 2011), firmó contratos por más de $2.000 millones de pesos (más de USD$800.000 dólares de la época) sin haber pasado por el proceso de licitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aun así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato.[165]​ El exalcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria;[166]​ en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.[167]
  • Caso Villarraga. Caso ocurrido en octubre de 2013, cuando unas grabaciones fueron reveladas a la opinión pública. En una de ellas, hay una conversación entre el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, y el coronel (r) Róbinson González del Río (posteriormente condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales), donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones de pesos (USD$163.000 dolares en 2014); del Río tenía dos investigaciones en su contra, una por "falsos positivos" (asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros) y otra por presuntas irregularidades en contratación. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al que, supuestamente, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde las penas son menos severas que en la justicia ordinaria. Al respecto, los magistrados mencionados han dicho en reiteradas ocasiones que tal encuentro nunca tuvo lugar y que no actuaron de forma ilegal. La investigación quedó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso,[168]​ provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el Senado de la República, renuncia aceptada por el Congreso en pleno.

2013[editar]

  • Escándalo de la Gobernación del Casanare. El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte Suprema de Justicia a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63.000 millones de pesos (más de USD$34 millones 700 mil dolares de la época) correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38.000 millones de pesos (USD$20.967.000 dolares) del departamento a cinco patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25.000 millones de pesos (USD$13.794.000 dolares) al patrimonio de Fidupetrol (posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebra) y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63.000 millones, siguen perdidos $46.000 millones (USD$25.381.000 dolares).[169]

2012[editar]

  • Caso Santoyo. El General Retirado de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien estaba siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos, admitió en agosto en una corte del Distrito de Virginia haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).[170][171][172]​ Debido a la controversia, Uribe indicó[173]​ que desconocía las "andanzas" de su exfuncionario y que estaba "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general.[174]​ Sin embargo, sectores políticos de izquierda y algunos periodistas manifestaron que Uribe si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del entonces presidente con el narcoparamilitarismo.[175]​ Añadieron que, aparte de Uribe, el actual presidente del país, Juan Manuel Santos (para entonces era Ministro de Defensa), Luis Carlos Restrepo (Comisionado de Paz de Uribe, prófugo de la justicia desde 2012) y el exdirector de la Policía, Óscar Naranjo (futuro Vicepresidente de la República), también sabían de lo que hizo Santoyo en su momento. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la Fiscalía de Colombia ejecutó el proceso de extinción de dominio[176]​ a todas las propiedades de Santoyo y su familia.[177][178]
  • Escándalo de Interbolsa. Estalló el escándalo por el descubrimiento del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa (principal corredor de bolsa del mercado bursátil colombiano) de su "Fondo Premium" para su uso personal. Se estima que los perjuicios ascienden a más de $340.000 millones de pesos (unos $170 millones de dólares a la tasa de 2012), perjudicando a más de 1.200 inversionistas, originando también su intervención por parte de la Superfinanciera y posterior quiebra.[179][180][181][182][183][184][185][186][187][188]​ Por este hecho fueron enviados a la cárcel los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, además de otras personas vinculadas con la entidad.[189]​ También por este hecho fue condenado a prisión el expresidente de Interbolsa; Rodrigo Jaramillo, además del pago de una multa de $7.000 millones de pesos (USD$3.600.000 de 2012), pese a la inconformidad de las víctimas de esta estafa, porque el condenado tendría prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.[190]​ Jaramillo y Ortíz fueron condenados a 5 años de cárcel el 31 de marzo de 2017 con beneficio de detención domiciliaria, condena que los afectados consideran "muy baja".[191]
  • Escándalo de Termorrío. Debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento, emitido el 22 de diciembre, que condena a la Nación a pagar la suma de USD$60.3 millones, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el presunto incumplimiento de un contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del estado. Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social (VIS) del Gobierno Nacional. Por este escándalo, la justicia condenó a 134 meses de prisión al exsuperintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramírez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a la señora Marlén Valderrama, por los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, además de una multa de $111 millones de pesos a cada uno (USD$57.000 de la época).[192]
  • Carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. Escándalo destapado por la entonces Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora, al descubrir que magistrados colegas de ella en esta corporación nombraron, supuestamente, a personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (cuestionada desde la absolución del entonces presidente Ernesto Samper en el caso del llamado "Proceso 8000") estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso.[193]​ Pese a ello, la Contraloría General de la República abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en más de $3.421 millones de pesos (USD$17.600.000 dolares de ese año),[194]​ investigación que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes (en Colombia, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el Vicepresidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y quien los destituye de sus cargos es el Congreso de la República para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos entes de control).[195]
  • El Cartel del Cemento. Los grandes productores de cemento en el país (Argos, Cemex y Holcim) fueron sentenciados por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) al haber acordado manipular, a través de un pacto secreto, el precio del material entre 2010 y 2012 para eliminar a los pequeños productores y, posteriormente, acomodar el precio del concreto a sus intereses; estas tres empresas producen y comercializan el 96% del concreto en el país. Por esta conducta indebida, la SIC les impuso en diciembre de 2017 una sanción de $200.000 millones de pesos (USD$66 millones de dólares a 2017). [196]

2011[editar]

  • Condena a exalcaldes de Barranquilla. En octubre, los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisberg, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos, debido a presuntas anomalías en la compra, el 20 de agosto de 1998, de dos lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social (VIS) en la capital del Atlántico y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones de pesos (USD$ 606.388 a la tasa de 2011) del total de $4.500 millones (USD$ 2.436.383 en 2011) a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda.[197]​ Los dos exalcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones de pesos (USD$ 812.127 a 2011), y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones de pesos (USD$ 2.165.674 en 2011); igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.[198]
  • Destitución del Alcalde de Bucaramanga. En julio, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz (Unipaz), al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones de pesos (USD$487.300 dolares a la tasa de 2011), que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del entonces alcalde Vargas; la más drástica, contra la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley colombiana.[199]​ En enero de 2015, el exalcalde Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque". Por este hecho, también fue sancionado su exsecretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12 años sin ejercer cargos públicos.[200]
  • Escándalo de la DIAN. Estalló por el descubrimiento de operaciones fraudulentas de funcionarios de la DIAN con las que se apropiaban de recursos del Estado enmascarándolos, por medio de cifras infladas, como devolución de IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones de pesos (USD$ 350.000 dolares en 2016). Se estima que los perjuicios totales a la nación llegaban a más de $400.000 millones de pesos (más de $133 millones de dólares a la tasa de diciembre de 2016).[201]​ Por estos hechos, fueron detenidos 12 funcionarios de la DIAN que podrían afrontar penas de hasta 18 años de cárcel.[202]
  • Escándalo de la Salud en Colombia. En el mes de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde hace varios años que podrían superar no millones, sino billones de pesos en el Ministerio de la Protección Social. A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Protección Social que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia. Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizarles los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que habrían sido retenidos”; esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS (por el que responde directamente el Gobierno), lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro. Otra modalidad era colocar "personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran". Por estas acciones fueron capturadas siete (7) personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS´s.[203]​ Este hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS´s en Colombia se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto, las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS´s la crisis es tan grave que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop (que eran en su momento las más grandes de país). Las deudas de las EPS´s a las clínicas y hospitales del país suman, a finales de 2015, unos $4 billones de pesos (cerca de USD$1.200 millones a la tasa de 2015).[204]

2010[editar]

  • Escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Escándalo que se destapó por una investigación hecha sobre dos bienes incautados al capo del extinto Cartel de Medellín; Roberto Escobar Gaviria, alias "El Osito", hermano del fallecido jefe del cartel, Pablo Escobar. Se descubrió que alias "El Osito" habría retomado el control de esos bienes a través de los depositarios de los inmuebles e intermediarios, quienes firmaron entre si contratos de arriendo por 50 años para diferentes proyectos productivos y sociales en esos terrenos; todo esto, con la complicidad y beneplácito de servidores públicos.[205]​ Se descubrió también que ese mismo "modus operandi" fue utilizado por otros narcotraficantes y jefes del crimen organizado en más bienes incautados por la Fiscalía General de la Nación a través de la extinción de dominio, y entregados en custodia a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), un órgano estatal. Este escándalo llevó al gobierno nacional a intervenir de manera directa la DNE,[206]​ ordenando la liquidación de la entidad que concluyó en el año 2014; al mismo tiempo, la Fiscalía investigó penalmente, a junio de 2014, a 41 personas involucradas en el escándalo, entre directores, subdirectores y asesores de la DNE, así como congresistas (los cuales, por su cargo, debían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia) y particulares que actuaban como testaferros e intermediarios, de los cuales ya existen condenas contra varios de los implicados. Se descubrió que el sistema F.A.R.O (Fácil Acceso, Rápido y Oportuno), que era el sistema de seguridad de información usado por la DNE para los bienes incautados por la Fiscalía, era tan vulnerable que se podrían alterar fácilmente datos como los nombres de los propietarios, quien los custodia y el avalúo de los mismos. Todos los bienes incautados que estaban en manos de la DNE, calculados en 70.000 propiedades, pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), una filial de la empresa de economía mixta Central de Inversiones S.A. (CISA), encargada de negociar activos de y para el Estado.[207][208]​ A 2016, aún continua la investigación en busca de más implicados.[209]
  • Carrusel de la Contratación en Bogotá. Estalló en junio debido al descubrimiento de asignaciones fraudulentas de millonarios contratos para la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio de Bogotá, entre otros contratos para la ciudad. Por este caso, están condenados el exalcalde de la ciudad Samuel Moreno y su hermano, el excongresista Iván Moreno Rojas, igual que el excongresista Germán Olano y otros antiguos altos funcionarios distritales y empresarios colombianos (el Grupo Nule, conformado por los primos Manuel, Miguel y Guido Nule).[210]​ El detrimento patrimonial se estima en $2,2 billones de pesos colombianos (USD$1.100 millones de dólares a 2011).
  • Gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. A continuación se relaciona una lista de gobernadores departamentales en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley colombiana para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación (en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía). Gobernadores en ejercicio: Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle del Cauca; Oscar Raúl Flórez, gobernador del Casanare; Joaco Berrío, gobernador de Bolívar; Felipe Alonso Guzmán, gobernador del Putumayo; Fredy Forero Renquiva, gobernador de Arauca; Guillermo Alberto González, gobernador del Cauca; Blas Arvelio Ortiz, gobernador del Vichada; Oscar López, gobernador del Guaviare; Patrocinio Sánchez Montes de Oca, gobernador del Chocó. Exgobernadores: Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá; Efrén de Jesús Ramírez exgobernador de Guainía; Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta; William Pérez Espinel, exgobernador del Casanare.[211]​ Cabe destacar que, en el periodo de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación (2009-2016), se han sancionado por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;[212]​ mientras que en el periodo de Edgardo Maya (2004-2008) se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular por las mismas razones de su sucesor.[213]

2009[editar]

  • Escándalo de Agro Ingreso Seguro. Estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones de pesos colombianos (unos $77 millones de dólares, a la tasa de 2009) a narcotraficantes[214]​ y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, entre ellas la exseñorita Colombia Valerie Domínguez, su entonces novio, cuñada y suegros.[215]​ Por este caso, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el exministro de Agricultura Andres Felipe Arias, hallándolo culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros,[216][217][218]​ por lo cual fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión.[219][220][221]​ Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el exministro Arias escapó a Estados Unidos, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.[222][223][224]
  • Escándalo de las chuzadas. El 21 de febrero de 2009, la revista Semana publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS (antigua agencia de inteligencia del Estado colombiano) grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.[225]​ Una vez presentadas las pruebas por la Fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa de Nariño, por parte de representantes de la Corte Suprema de Justicia.[226]​ Por este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno de Uribe, entre otros, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Este escándalo fue determinante para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.

2008[editar]

  • Condena a exgobernador de Santander. En febrero, fue capturado por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá el exgobernador del departamento de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubo irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones de pesos (USD$713.777 a la tasa de 2008) para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del entonces Contralor Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el Banco de Occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones de pesos (USD$355.871 dolares en 2008), dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel.[227]​ En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.[228]
  • La Yidispolítica. La Corte Suprema de Justicia determinó que la representante a la Cámara Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas a su ciudad de origen, Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría a Álvaro Uribe y a futuros presidentes, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Yidis Medina fue sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho.[229]​ Además de la congresista, fueron condenados por este caso altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe (los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez).[230]​ Por este caso, también fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.[231]
  • La Farcpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte del miembro del Secretariado de las FARC, alias Raúl Reyes, en el mismo lugar donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente la entonces senadora Piedad Córdoba con el seudónimo de «Teodora de Bolívar»,[232]​ y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». El investigador del grupo antiterrorista de la DIJIN, Ronald Hayden Coy Ortiz, aceptó ante un juez especializado y en audiencia pública que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones.[233]​ Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda tomar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados.[234]​ Sin embargo, este material fue suficiente para que el entonces jefe de la Procuraduría General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyera e inhabilitara de ejercer cárgos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.[235]
  • Escándalo de los falsos positivos. Estalló a raíz de unas revelaciones hechas sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el marco de la lucha contra grupos armados irregulares promovida por el presidente Álvaro Uribe y conocida como Política de Seguridad Democrática (PSD). Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados al gobierno por parte de las brigadas de combate.[236]​ A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida.[237]​ Por dicha denuncia han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ejército.[238]​ Por este escándalo, el Comandante del Ejército, General Mario Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado por el entonces presidente Uribe Embajador en República Dominicana.[239][240]​ Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Uribe, algunos procedimientos de la PSD emprendida desde el gobierno nacional.[241]​ La Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.[236]​ Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.[242][243]​ En abril de 2017, un juez de Cundinamarca condenó a 21 militares que estaban involucrados en la desaparición y muerte de 5 jóvenes de Soacha, entre ellos un coronel retirado que fue condenado a 46 años de prisión; a los demás militares, sus condenas oscilaron entre los 37 y 52 años de cárcel. El mismo juez declaró estos crímenes relacionados a los falsos positivos como delitos de lesa humanidad, al encontrar que fue un ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, población que además era vulnerable y que de alguna manera era considerada de poca importancia para los victimarios.[244]
  • Crisis de las pirámides en Colombia. En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos (las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones D.R.F.E. y D.M.G. Grupo Holding S.A.). La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico.[245][246][247]​ Estas empresas no solo lograrón afectar la economía de varios departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Cundinamarca, Antioquia y las regiones del Tolima Grande, el Eje Cafetero y la Costa Caribe,[248]​ sino que a su vez logró afectar la economía del país. Se estima que el dinero invertido por los afectados en estas empresas oscila en los $2.16 billones de pesos (más de USD$900 millones a la tasa de 2008).[249][250][251][252]
  • La DMGpolítica. Suscitada a raíz de la intervención, por parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase de empresas en Colombia.[253]La W, emisora radial del país, dio a conocer unas grabaciones en las que David Murcia Guzmán, gerente de D.M.G., conversa con su cuñado William Suárez (ambos capturados por la justicia), dejando en evidencia la presunta entrega de $400 millones de pesos (USD$ 167.000 a la tasa monetaria de 2008) como contribución a la campaña política del excandidato a la gobernación de Boyacá y luego Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago (a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos).[254]​ En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.[254]​ Asimismo, la Fiscalía advirtió que también existirían nexos entre D.M.G. y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía.[254]​ El entonces Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al Consejo Nacional Electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de D.M.G.[255][256]​ De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al expersonero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.[257]​ De igual manera, la Fiscalía abrió investigación contra los entonces gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.[258]

2007[editar]

  • Escándalo de Commsa. Pleito iniciado por el estado en los años 1990 con la firma colombo-española Commsa (que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid), debido a la no construcción de una carretera clave para el país (la Troncal del Magdalena), del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987 millones de pesos (más de USD$ 53 millones de dólares en ese año) para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.[259]​ Al final, se concretó el acuerdo y las investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se archivaron.[260]

2006[editar]

  • Destitución del Alcalde de Cali. En diciembre, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de la ciudad de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital del Valle del Cauca. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aún así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.[261]​ En 2013, el exalcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.[262]
  • La Parapolítica. Escándalo de corrupción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante un documento firmado por los implicados y conocido por la opinión pública como el Pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado.[263]​ Adicionalmente, por este hecho han sido condenados más de 50 congresistas, entre senadores y representantes a la cámara, del periodo de Álvaro Uribe;[264]​ además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.
  • Desfalcos a Cajanal. Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones de la liquidada entidad estatal Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), tramitando además de manera irregular ante la justicia estas pensiones de gracia para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil millones de pesos, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años (en total el desfalco podría sumar unos $600.000 millones de pesos colombianos, más de USD$ 220 millones en 2006). Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los penalistas guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013 por el Tribunal Superior de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7 años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez, además del pago de una multa a los dos de $269 mil 622 millones de pesos (más de USD$ 102 millones a la tasa de 2006).[265]​ Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con la complicidad de algunos jueces, lograron desfalcar en más de $5.000 millones de pesos a la desaparecida Cajanal (más de USD$ 11 millones de la época), a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.[266][267]​ Este escándalo incluso logró salpicar al entonces senador Hernán Andrade, por lo que la Corte Suprema de Justicia lo investigó en 2008,[268]​ absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.[269]​ En 2016 se abrió investigación por parte de la Fiscalía contra otro abogado que participó en otro desfalco a Cajanal en Cartagena, Manlio Aristio Barrios Buelvas, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal en calidad de autor, como supuesto responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones de pesos en 2006 (USD$ 3.679.000 de ese año). Según el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones de pesos, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de 40 mil millones de pesos (más de USD$ 13.700.000 a diciembre de 2016).[270]

2004[editar]

  • Escándalo de Invercolsa. Estalló durante el período de Fernando Londoño como Ministro del Interior y de Justicia, en el período presidencial de Álvaro Uribe. La Superintendencia de Sociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de $9.000 millones de pesos en mayo de 1997 (casi USD$7 millones de dolares en ese año), obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.[271]​ Invercolsa era una empresa de la petrolera estatal Ecopetrol que manejaba inversiones en campos petroleros. En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el exministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones. El Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el exministro Londoño debía restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.[272]​ Decisión que fue inmediatamente apelada por el exministro y en 2005, una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente, la Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy (2016) las acciones no han sido devueltas.[273]

1999[editar]

  • Escándalo de Dragacol. Suscitado por el pago de $1.2 billones de pesos colombianos (casi USD$600 millones de dólares en 1999) de un contrato firmado entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A (Dragacol), en marzo de 1999. Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura. En la conciliación laboral entre Dragacol y el Ministerio del Trabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones de pesos colombianos (casi USD$13 millones de dólares) a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el entonces senador Javier Cáceres Leal (condenado años después por el escándalo de la parapolítica). Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos.[274]
  • Escándalo de Foncolpuertos. En el que un gran número de personas, entre empleados públicos y del común, fueron condenadas por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación y concierto para delinquir, ya que cobraban de forma fraudulenta pensiones de la liquidada empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones (Foncolpuertos).[275]​ Un saqueo a la nación calculado en más de $11 mil millones de pesos (cerca de USD$5 millones 500 mil dolares de la época).[276]​ El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de Colombia, en el que se destacaron las palabras de la entonces senadora Íngrid Betancourt, acusando directamente a los expresidentes Ernesto Samper y César Gaviria.[277]
  • Escándalo de Chambacú. Descubierto durante el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de las administraciones de César Gaviria y Ernesto Samper, en el que se acusó principalmente a los exministros de Desarrollo, Fernando Araújo Perdomo y Luis Alberto Moreno de, supuestamente, haberse aprovechado de sus cargos, según denuncias públicas hechas contra ellos, para negociar en términos favorables a la entonces entidad estatal encargada de los proyectos de Vivienda de Interés Social en el país (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE), y al Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado "Chambacú" en la ciudad de Cartagena de Indias, cuyo objetivo era presentar una "imagen más amable" a los turistas de este sector (conocido también como Chambacú), desalojando a la población que estaba en el lugar, formando asentamientos irregulares de extrema pobreza. El sector era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurrallada o Centro Histórico.[278]​ El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo denunciando el drama de 35 familias afrocolombianas que, a través del Estado, habían sido desalojadas de los terrenos de Chambacú trasladándolas a otro sector conocido como Papayal, del cual no apareció registro catastral en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (entidad del estado que maneja el inventario nacional de inmuebles públicos y privados del país). El 1 de marzo, el entonces Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y Procurador General, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron que se abrirían indagaciones penales y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los funcionarios involucrados en el escándalo, entre ellos, Araújo y Moreno. Durante su secuestro de 7 años a manos de las FARC, los cargos contra Fernando Araújo precluyeron, igual que los existentes contra Luis Alberto Moreno.

1995[editar]

  • Proceso 8000. Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros en el mandato de Ernesto Samper. Este proceso se abrió cuando se descubrió el financiamiento del Cartel de Cali a la campaña del entonces candidato presidencial Ernesto Samper;[279][280]​ al ser el presidente en ejercicio, no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Luego de 4 años de su periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo, la comisión absuelve de manera polémica al presidente Samper, archivando el proceso.[281]

Referencias[editar]

  1. El Tiempo (2016). «Cinco venas rotas por las que se pierde la plata de los colombianos». http://www.eltiempo.com. El Tiempo Web. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  2. Entrelineas.co (2016). «Top 5: Los casos de corrupción más sonados en Colombia». entrelineas.co (en español Latino). Entrelineas Web. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  3. Tiempo, El (2016). «Especial: Contralorías, las que más riesgo de corrupción tienen en Colombia». El Tiempo. El Tiempo Web. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  4. El Tiempo (2015). «Escándalo sacude a la Corte Constitucional». http://www.eltiempo.com. El Tiempo Web. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  5. El Espectador (2013). «El Top 10 de los casos de corrupción 'ad portas' de fallo». http://www.elespectador.com (en español Latino). El espectador web. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  6. Caracol Radio (2010). «Los más escandalosos casos de corrupción en Colombia». http://caracol.com.co/radio/ (en español latino). Caracol Radio web. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  7. Lista de otros casos de carteles importantes:
  8. http://caracol.com.co/radio/2018/08/04/nacional/1533397422_672324.html
  9. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/quienes-son-los-implicados-en-el-escandalo-de-chuzadas-267606
  10. https://www.lanacion.com.co/2018/09/12/escandalo-de-chuzadas-salpica-al-senador-armando-benedetti/
  11. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/armando-benedetti-pide-la-corte-suprema-que-lo-investigue-por-escandalo-de-chuzadas-articulo-811863
  12. https://www.zenuradio.com/nacional/escandalo-acusan-a-la-fedefutbol-de-reventa-de-boletas-durante-las-eliminatorias/
  13. http://www.futbolred.com/seleccion-colombia/escandalo-jefes-y-exjefes-de-federacion-colombiana-de-futbol-serian-complices-de-venta-fraudulenta-de-boletas-86668
  14. http://www.vanguardia.com/deportes/futbol-colombiano/442639-multan-por-740-millones-a-ticketshop-por-publicidad-enganosa
  15. https://www.semana.com/nacion/articulo/destapan-olla-podrida-en-fonade-que-salpica-a-musa-besaile-y-a-eduardo-tous/575897
  16. http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/involucrados-en-caso-de-corrupcion-de-fonade-aceptaron-cargos-247928
  17. http://www.vanguardia.com/politica/elecciones-2018/video-436609-estas-son-las-revelaciones-de-la-fiscalia-sobre-la-red-naciona
  18. http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/imputan-cargos-contra-juez-que-favorecio-a-empresas-de-carlos-mattos-227636
  19. http://www.eltabloide.com.co/nuevo-escandalo-de-corrupcion-en-las-fuerzas-militares-habia-un-fraude-por-60-000-millones/
  20. https://www.kienyke.com/krimen/nuevo-caso-de-corrupcion-en-entidades-privadas
  21. «Alcalde de Armenia fue capturado por caso de corrupción en obras de valorización | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 30 de abril de 2018. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  22. Dinero. «Escándalo en Barranquilla: Capturan a exgerente de Triple A e indagan a exdirectivos». Capturan a exgerente de la Triple A Ramón Navarro e indagan a exdirectivos (en inglés). Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  23. «Capturado alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri, por constreñimiento al sufragante». Vanguardia.com. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  24. «Recobra la libertad el Alcalde de Barrancabermeja». Vanguardia.com. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  25. «Cartel del sida: falsos pacientes, robo de documentos y sobrecostos». Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  26. Semana. «Procurador destapa el cartel del sida: un nuevo escándalo sacude a Córdoba». Procuraduría advierte el hallazgo del cartel del sida en Córdoba. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  27. Semana. «Procuraduría suspende al gobernador de Córdoba Edwin Besaile». Procuraduría suspende al gobernador de Córdoba Edwin Besaile. Consultado el 16 de febrero de 2018. 
  28. «Dejaron en libertad a dos capturados del caso Manantial de Amor». 14 de diciembre de 2017. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  29. «Un manantial de corrupción». Revista Enfoque. 28 de noviembre de 2017. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  30. Radio, Caracol. «Son cinco las capturas por el escándalo de Manantial de Amor». Caracol Radio. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  31. «Continúan las capturas por caso ‘Manantial de Amor’». Vanguardia.com. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  32. Opinión, Diario la. «Capturan al alcalde de Pamplona por peculado». La Opinión. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  33. Radio, Caracol (24 de octubre de 2017). «Fue capturado el alcalde de Pamplona y su secretario de gobierno». Caracol Radio. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  34. Radio, Caracol (25 de octubre de 2017). «Otro alcalde capturado por corrupción». Caracol Radio. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  35. Martinez, Jhon (23 de octubre de 2017). «CAPTURADO ALCALDE DE CURILLO EN CAQUETÁ, POR EL CTI - Caqueta Noticias». Caqueta Noticias. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  36. Tiempo, Casa Editorial El. «Capturan al alcalde de Barichara por anomalías en plan de vivienda». El Tiempo. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  37. Tiempo, Casa Editorial El. «Juez condenado por desfalco a Ecopetrol favoreció tres tutelas». El Tiempo. Consultado el 30 de agosto de 2017. 
  38. Tiempo, Casa Editorial El. «Condenan a juez de Cúcuta que favoreció a exempleados de Ecopetrol». El Tiempo. Consultado el 30 de agosto de 2017. 
  39. «CTI captura al alcalde de Cartagena | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 2 de agosto de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  40. Radio, Caracol (6 de julio de 2017). «Así funcionó el carrusel de las cirugías estéticas en Hospital La María». Caracol Radio. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  41. Radio, Caracol (6 de julio de 2017). «Capturan al contralor de Antioquia por carrusel de las cirugías plásticas». Caracol Radio. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  42. http://caracol.com.co/emisora/2017/07/08/medellin/1499543729_477370.html
  43. Radio, Caracol (30 de junio de 2017). «Nuevo capítulo de corrupción en la justicia se escribe en el Meta». Caracol Radio. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  44. Semana. «En el que podría catalogarse como el golpe más duro en contra del poder judicial en la región, la Fiscalía adelanta las masivas detenciones imputarán cargos a tres magistrados de tribunal. Son señalados de conceder beneficios a homicidas, narcotraficantes e integrantes de organizaciones criminales.». En el que podría catalogarse como el golpe más duro en contra del poder judicial en la región, la Fiscalía adelanta las masivas detenciones imputarán cargos a tres magistrados de tribunal. Son señalados de conceder beneficios a homicidas, narcotraficantes e integrantes de organizaciones criminales. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  45. «Seis lecturas para entender el cartel de la toga | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 1 de octubre de 2017. Consultado el 5 de enero de 2018. 
  46. «Arresto de jefe anticorrupción, escándalo mayor en la Fiscalía | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 27 de junio de 2017. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  47. Radio, Caracol (12 de julio de 2017). «Van 50 capturas por corrupción dentro de la Fiscalía por el caso Moreno». Caracol Radio. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  48. Tiempo, Casa Editorial El. «Tres expresidentes de Corte Suprema, salpicados por caso de corrupción». El Tiempo. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  49. «¡Atención! Musa Besaile confiesa que pagó $ 2.000 millones de pesos a magistrados para que lo beneficien jurídicamente». 29 de agosto de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  50. «Magistrado Gustavo Malo no renunciará a la Corte Suprema de Justicia | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 13 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  51. «En medio del escándalo en la Corte, magistrado Gustavo Malo quedó entre la espada y la pared | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 12 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  52. «Exmagistrado Francisco Ricaurte será investigado por la Fiscalía, confirma el Congreso | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 20 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  53. «A la cárcel exmagistrado Ricaurte tras escándalo de corrupción». Vanguardia.com. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  54. «Corte Suprema dicta orden de captura contra Musa Besaile». Noticias RCN. 26 de septiembre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  55. «Se entregó el senador Musa Besaile | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 5 de octubre de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  56. «Top 10 de los implicados en el 'Cartel de la Toga'| RCN Radio». RCN Radio. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  57. «Envían a la cárcel a vinculados en escándalo de Colpensiones». www.elcolombiano.com. Consultado el 24 de junio de 2017. 
  58. Tiempo, Casa Editorial El. «Detenidos por desfalco a Llanopetrol no aceptaron cargos». El Tiempo. Consultado el 21 de mayo de 2017. 
  59. Tiempo, Casa Editorial El. «Proceso por desvío de recursos para abuelos: dos confesaron». El Tiempo. Consultado el 21 de mayo de 2017. 
  60. Tiempo, Casa Editorial El. «La polémica exconcejal que se convirtió en una gran contratista local». El Tiempo. Consultado el 21 de mayo de 2017. 
  61. «Legalizan captura de alcalde de Moñitos, y funcionarios detenidos por delitos electorales». LARAZON.CO. 3 de mayo de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  62. «Varios funcionarios de Coljuegos, entre los 31 capturados en operativo anticorrupción». Eje21. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  63. «Escándalo en Coljuegos por engaño de funcionarios.». Maxinoticias. 29 de marzo de 2017. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  64. «Por irregularidades en contratos de casinos fueron capturadas 31 personas». Vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  65. «Caen funcionarios de tránsito de Medellín dedicados a falsificar documentos». Publimetro Colombia. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  66. «Juez ordena enviar a la cárcel a alcaldesa de Ocaña | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 19 de febrero de 2017. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  67. «Capturan a alcaldesa de Ocaña, Norte de Santander, por corrupción - LA FM». www.lafm.com.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  68. Tiempo, Casa Editorial El. «Alcaldesa de Ocaña, en N. de Santander, recobró su libertad». El Tiempo. Consultado el 21 de mayo de 2017. 
  69. «Capturados por 'cartel de la chatarrización' habrían defraudado al Estado en $600 mil millones - RCN Radio». RCN Radio. 14 de febrero de 2017. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  70. Cali, Casa Editorial El País. «Así se mueve el 'cartel de la chatarrización' de vehículos de carga». elpais.com.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  71. «Imputados integrantes del presunto cartel de la “chatarrización”». Confidencial Colombia. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  72. «Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra alcalde de Mogotes, Santander». Vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  73. Aparicio, Cristhian. «Tras recuperar su libertad, Alcalde de Mogotes reitera su confianza y respeto en la justicia colombiana». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  74. «Cartel de las Regalías: Otro escándalo en gobierno de Alejandro Lyons | Chica Noticias». www.chicanoticias.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  75. Urdaneta, Por Gabriela Matute (22 de diciembre de 2016). «Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos». CNNEspañol.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  76. Español, Por CNN (13 de enero de 2017). «Capturan a exviceministro de Colombia por caso Odebrecht». CNNEspañol.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  77. «Imputarán cargos a exviceministro García». Vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  78. «Los tentáculos de Odebrecht en Colombia: la red de los implicados en el escándalo». CNN. 17 de marzo de 2017. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  79. «Odebrecht financió las campañas presidenciales de 2014». La Guajira. 7 de marzo de 2017. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  80. Tiempo, Casa Editorial El. «Otto Bula no acepta cargos por caso de corrupción con fiscal Aldana». El Tiempo. Consultado el 21 de mayo de 2017. 
  81. Tiempo, Casa Editorial El. «Fiscalía, tras los 'jefes' del cartel en la Contraloría». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  82. Radio, Caracol (31 de diciembre de 2016). «Detención domiciliaria a funcionario de la Contraloría por escándalo de corrupción». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  83. «Ordenan la captura de tres funcionarios de la Contraloría de Bogotá por escándalo de corrupción - LA FM». www.lafm.com.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  84. «A la cárcel seis funcionarios de la Alcaldía de Medellín por fraude que supera los $1.800 millones | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 8 de enero de 2016. Consultado el 31 de julio de 2017. 
  85. «Directora de la Corporación Autónoma de Santander, capturada por peculado | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 28 de diciembre de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  86. Radio, Caracol (29 de diciembre de 2016). «Video: Imputaron cuatro delitos a Flor María Rangel y Héctor Murillo». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  87. «Capturan a siete personas por corrupción en el Hospital Universitario del Valle | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 14 de diciembre de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  88. «Escándalo: 19 policías corruptos capturados en 7 días en Barranquilla. Ayer fueron 15». Diario La Libertad. 24 de noviembre de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  89. «Contenido». ELESPECTADOR.COM. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  90. «El caso de Jorge Pretelt | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 25 de agosto de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  91. «Acusan a exmagistrado Rodrigo Escobar por escándalo de Fidupetrol». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  92. «Fiscalía imputó cargos contra presidente de Fidupetrol por tráfico de influencias en la Corte». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  93. «Fiscalía imputó cargos a accionista de Fidupetrol por gestiones de exmagistrado». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  94. Tiempo, Casa Editorial El. «Las horas contadas del magistrado Jorge Pretelt». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  95. Radio, Caracol (16 de septiembre de 2017). «Absuelto exmagistrado Rodrigo Escobar Gil por el caso Fidupetrol». Caracol Radio. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  96. «Hasta 2046 los colombianos pagaremos la gigantesca deuda que dejó Reficar: Contraloría | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 6 de diciembre de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  97. Semana. «Desde hace un año la Procuraduría abrió investigación formal a 12 directivos y exdirectivos por supuestos sobrecostos en la modernización de la refinería de petróleo que opera en Cartagena Bolívar.». Desde hace un año la Procuraduría abrió investigación formal a 12 directivos y exdirectivos por supuestos sobrecostos en la modernización de la refinería de petróleo que opera en Cartagena Bolívar. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  98. «Procuraduría abrió investigación a 9 directivos de Reficar por sobrecostos - RCN Radio». RCN Radio. 23 de junio de 2017. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  99. «Fiscalía abrió investigación por desfalco en ampliación de Reficar | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 28 de enero de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  100. Radio, Caracol (27 de junio de 2016). «Fiscalía tiene tres líneas de investigación por escándalo de Reficar». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  101. Semana. «De manera sorpresiva el ente acusador exoneró de responsabilidades al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.». De manera sorpresiva el ente acusador exoneró de responsabilidades al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  102. Tiempo, Casa Editorial El. «Fiscalía imputará cargos a ocho personas por el caso Reficar». Portafolio.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  103. «Otras dos capturas por el 'Cartel de la Hemofilia' en Córdoba». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  104. «Fiscalía determinó que el desfalco por 'Cartel de la Hemofilia' supera los $80.000 millones». Noticias RCN. 29 de diciembre de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  105. Cali, Casa Editorial El País. «El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, fue suspendido por tres meses de su cargo». elpais.com.co. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  106. «Nuevo escándalo en la salud de Córdoba – LA LENGUA CARIBE». www.lalenguacaribe.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  107. Billón
  108. «Libranzas: la Fiscalía tiene listas imputaciones». www.semana.com. Consultado el 30 de septiembre de 2016. 
  109. «Libranzas en alerta: El factor Estraval». www.dinero.com. Consultado el 30 de septiembre de 2016. 
  110. «Libranzas subprime: Así va el problema». www.dinero.com. Consultado el 30 de septiembre de 2016. 
  111. Radio, Caracol (26 de julio de 2016). «Cómo funciona el negocio de las libranzas en Colombia». Caracol Radio. Consultado el 30 de septiembre de 2016. 
  112. Jiménez, Ferney Arias. «Libranzas de Estraval, de atractivo negocio a descalabro denunciado». Consultado el 30 de septiembre de 2016. 
  113. Tiempo, Casa Editorial El. «La libranza es el crédito más consumido en Colombia». Consultado el 30 de septiembre de 2016. 
  114. Técnica, por Vicepresidencia (22 de agosto de 2016). «Edición 1056|La libranza en Colombia, más allá de Estraval». Asobancaria. Consultado el 30 de septiembre de 2016. 
  115. «El ABC de la libranza». www.finanzaspersonales.com.co. Consultado el 30 de septiembre de 2016. 
  116. «Supersolidaria liquidó 6 cooperativas en el caso de las libranzas». www.dinero.com. Consultado el 2 de octubre de 2016. 
  117. «Libranzas subprime: Así va el problema». www.dinero.com. Consultado el 2 de octubre de 2016. 
  118. «Supersociedades decretó la liquidación de Elite International Américas». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  119. Tiempo, Casa Editorial El. «Ordenan liquidación de bienes de la empresa Estraval». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  120. «Libranzas: la Fiscalía tiene listas imputaciones». www.semana.com. Consultado el 2 de octubre de 2016. 
  121. «La Guajira: con hambre, sed, pobreza y sin gobernador». www.semana.com. Consultado el 17 de octubre de 2016. 
  122. «Consejo de Estado tumba elección de gobernadora de La Guajira». www.semana.com. Consultado el 17 de octubre de 2016. 
  123. «Oneida Pinto replica la fórmula Petro para atornillarse en el cargo - Las2orillas». Las2orillas. 21 de junio de 2016. Consultado el 17 de octubre de 2016. 
  124. «Jorge Enrique Vélez, gobernador designado de Guajira». Noticias RCN. 30 de junio de 2016. Consultado el 17 de octubre de 2016. 
  125. Tiempo, Casa Editorial El. «Lo que destapó el amenazado gobernador de La Guajira - Justicia - El Tiempo». El Tiempo. Consultado el 17 de octubre de 2016. 
  126. Mundo, B. B. C. «Colombia: la tragedia de la Alta Guajira, la región en la que no llueve hace tres años». BBC Mundo. Consultado el 17 de octubre de 2016. 
  127. «Veinte capturados y 21 más imputados en La Guajira». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  128. «También contra el actual Gobernador de la Guajira». Vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  129. Tiempo, Casa Editorial El. «Envían a prisión al gobernador de La Guajira, Wilmer González B.». El Tiempo. Consultado el 21 de mayo de 2017. 
  130. «Juez legalizó la captura del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  131. «El caso Vicky Dávila y la Comunidad del Anillo - Las2orillas». Las2orillas. 19 de febrero de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  132. Cañón, Edwin. «Caso Vicky Dávila: Un video escandaliza y sacude al país». Colombia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  133. «Directivas de RCN pidieron la renuncia a Vicky Dávila a La F.m., por publicación de video». pulzo.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  134. «Investigan favores políticos entre comunidad del anillo y congresistas». www.elcolombiano.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  135. «Escándalo de prostitución tumba al director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 17 de febrero de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  136. Tiempo, Casa Editorial El. «Viceministro renuncia en medio de escándalo de prostitución en Policía». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  137. Tiempo, Casa Editorial El. «Las razones por las que destituyeron al capitán Ányelo Palacios». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  138. Tiempo, Casa Editorial El. «'El capitán Ányelo Palacios se intentó suicidar'». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  139. «Multa de $60 mil millones para el “cartel de los cuadernos” | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 21 de agosto de 2016. Consultado el 16 de mayo de 2018. 
  140. «Por desfalco a Colpensiones imputaron cargos a 15 personas en Armenia | HSB Noticias». hsbnoticias.com. Consultado el 24 de junio de 2017. 
  141. Semana. «Esta es la historia de cómo un grupo de juristas estafó a Colpensiones por un monto que puede superar los 75.000 millones de pesos.». Esta es la historia de cómo un grupo de juristas estafó a Colpensiones por un monto que puede superar los 75.000 millones de pesos. Consultado el 24 de junio de 2017. 
  142. Tiempo, Casa Editorial El. «La estafa que llevó a prisión al alcalde de San Gil». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  143. «Noticias de Colombia y el mundo | Señal en vivo BLU Radio». www.bluradio.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  144. Tiempo, Casa Editorial El. «Cinco perlas de la corrupción en los Juegos Nacionales del 2015». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  145. Pulzo.com. «Condena de 36 años y 4 meses por corrupción en Juegos Nacionales». pulzo.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  146. Radio, Caracol (7 de marzo de 2017). «Fiscalía anuncia más resultados por desfalco de Juegos Nacionales de Ibagué». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  147. Tiempo, Casa Editorial El. «Imponen segunda condena a exfuncionario tolimense por coimas de Juegos». El Tiempo. Consultado el 21 de mayo de 2017. 
  148. «Once funcionarios de Barranquilla capturados por aparente corrupción». El Universal Cartagena. 14 de agosto de 2015. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  149. «Así operaba la red de corrupción del Centro de Servicios Judiciales». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  150. El Tiempo (6 de octubre de 2015). «Descubren nuevo 'carrusel' de contratos en alcaldías locales de Bogotá». 
  151. Semana (17 de julio de 2014). «¿Feria de contratos en las alcaldías locales?». 
  152. El Tiempo (18 de julio de 2014). «Denuncian 'carrusel' de contratos en las alcaldías locales». 
  153. Tiempo, Casa Editorial El. «Descubren nuevo 'carrusel' de contratos en alcaldías locales de Bogotá». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  154. «Otro escándalo por pensiones de educadores, ahora estalló en Córdoba | HSB Noticias». hsbnoticias.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  155. «La Corte Suprema abrió indagación preliminar a Armando Benedetti». Vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  156. Tiempo, Casa Editorial El. «Caso de corrupción de salud del Huila tiene nuevos imputados». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  157. Web, Everth Sánchez, Redacción. «Crece el escándalo de la salud en el Huila: nuevas capturas e imputaciones - La Nación». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  158. «Así fue el allanamiento a la sala de espionaje 'Andrómeda'». Noticias RCN. 5 de mayo de 2014. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  159. Tiempo, Casa Editorial El. «Los archivos del 'hacker' Sepúlveda acusado de espiar proceso de paz». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  160. Semana. «Daniel Agustín Bajaña Barragán fue capturado en el Valle del Cauca por el CTI.». Daniel Agustín Bajaña Barragán fue capturado en el Valle del Cauca por el CTI. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  161. «Fiscalía captura a tres uniformados por el caso Andrómeda». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  162. «Fiscalía anunció cuatro capturas en el caso Andrómeda | HSB Noticias». hsbnoticias.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  163. Semana. «Una comisión especial creada por MinDefensa dio a conocer el resultado de su investigación por la fachada de Galerías, el hacker y la fuga de documentos.». Una comisión especial creada por MinDefensa dio a conocer el resultado de su investigación por la fachada de Galerías, el hacker y la fuga de documentos. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  164. Tiempo, Casa Editorial El. «Fiscalía captura a exalcalde de Bucaramanga Héctor Moreno Galvis». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  165. «Así fue el 'carrusel de contratos' en la Alcaldía de Bucaramanga». Vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  166. «Juez concedió el preacuerdo a exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis». Vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  167. «Sentenciados dos responsables más del ‘carrusel’ de contratos de Bucaramanga – Corrillos!». corrillos.com.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  168. «Se mueve, por fin, el caso Villarraga | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 13 de abril de 2015. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  169. Tiempo, Casa Editorial El. «Las inversiones ilegales del exgobernador que saqueó al Casanare». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  170. Semana. «Encuentre todo sobre resultados de la búsqueda santoyo acepta haber apoyado auc, noticias de actualidad, interactiva y en multimedia que le pone contexto e investiga los acontecimientos más importantes de colombia y el mundo en semana.com». Encuentre todo sobre resultados de la búsqueda santoyo acepta haber apoyado auc, noticias de actualidad, interactiva y en multimedia que le pone contexto e investiga los acontecimientos más importantes de colombia y el mundo en semana.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  171. «General (r) Mauricio Santoyo se declaró culpable en Corte de EE.UU. | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 20 de agosto de 2012. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  172. Tiempo, Casa Editorial El. «General (r.) Mauricio Santoyo se declaró culpable en corte de EE. UU.». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  173. Cali, Casa Editorial El País. «Uribe se defiende por caso Santoyo, Comisión de Paz y Mancuso». elpais.com.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  174. «Caso Santoyo ya salpica a Uribe». Publimetro Colombia. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  175. «Blog - revistagobierno.com -». Blog - revistagobierno.com (en de-DE). Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  176. Radio, Caracol (21 de agosto de 2012). «Fiscalía prepara extinción de dominio de los bienes de Santoyo». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  177. Tiempo, Casa Editorial El. «Fiscalía espera el ventilador del general Santoyo en Colombia». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  178. Fiscalia espera el ventilador del general Santoyo en Colombia.
  179. «El escándalo financiero de Interbolsa». www.semana.com. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  180. «Escándalo de Interbolsa, de todos el peor». www.dinero.com. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  181. «"El escándalo de Interbolsa se llevó su imagen por delante", mamá de Viena Ruiz». Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  182. Semana en Vivo (3 de diciembre de 2014), 11 Nov - 14 Situación de Interbolsa Semana en Vivo 1ra parte, consultado el 17 de septiembre de 2016 
  183. Semana en Vivo (14 de noviembre de 2014), 11 Nov - 14 Situación de Interbolsa Semana en Vivo 2da parte, consultado el 17 de septiembre de 2016 
  184. Semana en Vivo (14 de noviembre de 2014), 11 Nov - 14 Situación de Interbolsa Semana en Vivo 3ra parte, consultado el 17 de septiembre de 2016 
  185. Semana (5 de diciembre de 2012), Interbolsa: qué pasó y qué va a pasar con los inversionistas y al sector financiero (1 de 4), consultado el 17 de septiembre de 2016 
  186. Semana (5 de diciembre de 2012), Interbolsa: qué pasó y qué va a pasar con los inversionistas y al sector financiero (2 de 4), consultado el 17 de septiembre de 2016 
  187. Semana (5 de diciembre de 2012), Interbolsa: qué pasó y qué va a pasar con los inversionistas y al sector financiero (3 de 4), consultado el 17 de septiembre de 2016 
  188. Semana (5 de diciembre de 2012), Interbolsa: qué pasó y qué va a pasar con los inversionistas y al sector financiero (4 de 4), consultado el 17 de septiembre de 2016 
  189. Tiempo, Casa Editorial El. «¿Qué viene para los 'cerebros' de Interbolsa enviados a prisión?». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  190. Tiempo, Casa Editorial El. «Víctimas están inconformes por sentencia a expresidente de Interbolsa». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  191. Tiempo, Casa Editorial El. «Cerebros detrás de Interbolsa, condenados a cinco años de cárcel». El Tiempo. Consultado el 11 de noviembre de 2017. 
  192. «Responsables por escándalo de TermoRío fueron condenados a 11 años de prisión». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  193. «Fin del carrusel de pensiones | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 25 de mayo de 2013. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  194. Radio, Caracol (20 de noviembre de 2012). «Imputan cargos a 13 magistrados por ‘carrusel de pensiones’». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  195. «Corte Suprema tumbó proceso del 'carrusel de las pensiones' de la Judicatura | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 6 de septiembre de 2013. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  196. Tiempo, Casa Editorial El. «Millonaria sanción de la Superindustria a Argos, Cemex y Holcim». El Tiempo. Consultado el 12 de diciembre de 2017. 
  197. Radio, Caracol (5 de octubre de 2011). «Ordenan la captura de Guillermo Hoenisberg y Bernardo Hoyos». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  198. Radio, Caracol (13 de enero de 2006). «Se entregó el alcalde de barranquilla, Guillermo Hoenigsberg». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  199. «Fernando Vargas, Alcalde de Bucaramanga, destituido por la Procuraduría». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  200. Tiempo, Casa Editorial El. «Destituido e inhabilitado por 11 años exalcalde de Bucaramanga». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  201. «Escándalo de corrupción en la Dian - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com». Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  202. «Implicados en el escándalo de la Dian pagarían hasta 18 años de cárcel». www.vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  203. Noticias, ACCION 13. «Nuevo escándalo de corrupción en Colombia esta vez con la salud». www.accion13.org.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  204. Cali, Casa Editorial El País. «¿Las EPS van hacia su desaparición?». elpais.com.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  205. Tiempo, Casa Editorial El. «Dos fincas de capo fueron arrendadas a 50 años, sin pagar dinero a DNE». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  206. Semana. «El presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno intervendrá la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de una investigación por corrupción administrativa.». El presidente Juan Manuel Santos anunció que el Gobierno intervendrá la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de una investigación por corrupción administrativa. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  207. «Investigación a congresistas por corrupción en la DNE». El Universal Cartagena. 6 de diciembre de 2010. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  208. «Acabó liquidación de la DNE | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 6 de octubre de 2014. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  209. «Los testigos que desenredarían el caso DNE | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 6 de septiembre de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  210. Semana. «Más de 500.000 millones de pesos se pueden llegar a perder en ese Titanic financiero.». Más de 500.000 millones de pesos se pueden llegar a perder en ese Titanic financiero. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  211. Radio, Caracol (5 de mayo de 2010). «Varios gobernadores han sido destituidos e inhabilitados». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  212. «Las 2.806 sanciones de la era Ordóñez | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 8 de septiembre de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  213. «Balance de funcionarios destituidos por la Procuraduría en 10 años». Noticias RCN. 11 de diciembre de 2013. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  214. El Espectador. «Agro Ingreso Seguro habría favorecido a narcos». Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
  215. «Cambio.com.co - Portada -> Operación Magdalena». 21 de enero de 2012. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  216. «Corte Suprema condenó a Andrés Felipe Arias por Agro Ingreso Seguro». El Espectador. 3 de julio de 2011. Consultado el 2 de agosto de 2015. 
  217. «Corte Suprema condenó a Andrés Felipe Arias». Diario del Huila. 3 de julio de 2011. Consultado el 2 de agosto de 2015. 
  218. «Corte Suprema declara culpable a Andrés Felipe Arias». Noticiero 90 Minutos. 3 de julio de 2011. Consultado el 2 de agosto de 2015. 
  219. «Esta es la sentencia a 17 años y 4 meses contra el exministro Arias». Caracol Radio. 17 de julio de 2011. Consultado el 2 de agosto de 2015. 
  220. «CORTE SUPREMA CONDENA A ANDRÉS FELIPE ARIAS A 17 AÑOS DE CÁRCEL». Diario ADN. 17 de julio de 2011. Consultado el 2 de agosto de 2015. 
  221. «Andrés Felipe Arias fue condenado a 17 años de prisión por escándalo de AIS». El País (Colombia). 17 de julio de 2011. Consultado el 2 de agosto de 2015. 
  222. «Andrés Felipe Arias deberá pagar 17 años de prisión». Revista Semana. 17 de julio de 2014. Consultado el 17 de julio de 2014. 
  223. «Andrés Felipe Arias es, en este momento, prófugo de la justicia». La República. 17 de julio de 2014. Consultado el 2 de agosto de 2015. 
  224. «Andrés Felipe Arias deberá pagar 17 años de prisión». Noticias RCN. 17 de julio de 2014. Consultado el 2 de agosto de 2015. 
  225. El DAS sigue grabando. Semana (Colombia). 21 de febrero de 2009. Consultado el 1 de marzo de 2009. 
  226. El Supremo acusa a Uribe de espiar a jueces y políticosPúblico España. 24 de abril de 2010
  227. Tiempo, Casa Editorial El. «Fiscalía capturó a ex gobernador de Santander, Mario Camacho Prada». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  228. Tiempo, Casa Editorial El. «CONDENADO MARIO CAMACHO P:». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  229. «Yidis Medina sí vendió su voto por la reelección, sostiene la Corte Suprema de Justicia - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com». eltiempo.com. Consultado el 12 de octubre de 2016. 
  230. «Condenados por la yidispolítica | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 15 de abril de 2015. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  231. Tiempo, Casa Editorial El. «Por 'Yidispolítica', condenados Teodolindo Avendaño, a 8 años, e Iván Díaz Mateus, a 6 años». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  232. El Tiempo (Colombia): Investigan si senadora Piedad Córdoba estaría mencionada en computador de 'Raúl Reyes'
  233. «Procurador colombiano admite que no había correos destinados a Piedad Córdoba en computador de Raúl Reyes». Venezuela: Telesurtv.net. 4 de octubre de 2010. Consultado el 5 de octubre de 2010. 
  234. «Los argumentos de la defensa de Piedad». Colombia: Semana. 28 de septiembre de 2010. Consultado el 5 de octubre de 2010. 
  235. «Las sanciones de la Procuraduría contra Piedad Córdoba que fueron tumbadas | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 11 de octubre de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  236. a b Las cuentas de los falsos positivos. Semana (Colombia). 27 de enero de 2009. Consultado el 1 de febrero de 2009. 
  237. Consideraciones sobre la investigación y el juzgamiento de conductas punibles constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de guerra. OACDH. 14 de septiembre de 2005. Consultado el 1 de febrero de 2009. 
  238. Radio Santa Fe (29 de octubre de 2008). «Purga en el Ejército por falsos positivos». «19 oficiales y 6 suboficiales, para un total de 25 miembros del Ejército, fueron retirados de la institución, según el informe revelado en el marco de una alocución del presidente Alvaro Uribe, por el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.» 
  239. «KAOSENLARED.NET - República Dominicana: No queremos al Gral Montoya: ¡Nos sentimos amenazados!». Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2015. Consultado el 2009. 
  240. Renunció el general Mario Montoya
  241. Los falsos positivos, a debate
  242. Revista Semana. «Por vencimiento de términos, en libertad otro militar involucrado en ‘falsos positivos’». Consultado el 1 de mayo de 2010. 
  243. Semana.com (11 de junio de 2011). «La historia desconocida de los 'falsos positivos'». 
  244. «21 militares fueron condenados por “falsos positivos” de Soacha». Vanguardia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  245. Radio, Caracol (17 de noviembre de 2008). «El gobierno suspende las discusiones sobre crisis de las 'pirámides'». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  246. «CM& la noticia». 14 de marzo de 2016. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  247. «A responder por pirámides | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 24 de noviembre de 2008. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  248. «La historia de cómo cayó DRFE, la primera ficha del dominó». Semana. Consultado el 25 de abril de 2013. 
  249. ¡Se vinieron al piso!, Semana.com, 15 de noviembre de 2008
  250. Meterán en cintura la captación ilegal de dinero. ¡Guerra frontal de pirámides!, Diario del Sur, 14 de septiembre de 2008
  251. Tiempo, Casa Editorial El. «Desaparece socio de 'pirámide' y deja estafa de $5.000 millones». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  252. En Pasto 'Piramide' se esfumó con 5.000 millones de pesos, Tiempo.com - 18 de julio de 2008
  253. Gobierno intervino al grupo DMG. El Tiempo. 
  254. a b c La DMGpolítica. El Espectador. 25 de noviembre de 2008. 
  255. Investigación disciplinaria a gobernadores y alcaldes por DMG política. CM&. 24 de noviembre de 2008. 
  256. Procurador investigará a alcaldes y gobernadores implicados con DMG. El Espectador. 24 de noviembre de 2008. 
  257. «Rojas Birry, el primero en caer de la pirámide de la “DMGpolítica”». La Silla Vacía. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  258. «Fiscalía inicia investigaciones en la DMG política contra dos gobernadores». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  259. Semana. «Se acerca el final de uno de los mayores escándalos de la historia. Si nunca lo ha entendido, léase este artículo.». Se acerca el final de uno de los mayores escándalos de la historia. Si nunca lo ha entendido, léase este artículo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  260. amescobar@elpais.com.co, Nuevos Medios El Pais S.A. -Direct By: Felipe Lloreda: dirnm@elpais.com.co - Enginnering Arturo Gallego:agallego@elpais.com.co - Enginnering. John Saavedra:jhonsaav@elpais.com.co - Design By: Felipe Castro: fcastro@elpais.com.co - Journalist: Francisco Valero: pachov@elpais.com.co Renata Cabrales: renata@elpais.com.co Ana Maria Escobar:. «El Pais - Cali Colombia commsa conciliacion gobierno paisonline Gobierno llega a acuerdo con española Commsa». historico.elpais.com.co (en español). Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  261. Tiempo, Casa Editorial El. «Procuraduría destituyó al alcalde de Cali (Valle) Apolinar Salcedo por un contrato irregular». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  262. Cali, Casa Editorial El País. «Apolinar Salcedo, exalcalde de Cali, demandó a la Procuraduría». elpais.com.co. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  263. Jorge Noguera quedó detenido en la Fiscalía. Caracol Noticias. 22 de febrero de 2007. Consultado el 17 de junio de 2008. 
  264. Tiempo, Casa Editorial El. «Escándalo de la 'parapolítica' completó 51 congresistas involucrados y 29 presos». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  265. «Rebajan pena a responsables de multimillonario desfalco a Cajanal». www.elcolombiano.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  266. Tiempo, Casa Editorial El. «La historia completa del robo a Cajanal». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  267. amescobar@elpais.com.co, Nuevos Medios El Pais S.A. -Direct By: Felipe Lloreda: dirnm@elpais.com.co - Enginnering Arturo Gallego:agallego@elpais.com.co - Enginnering. John Saavedra:jhonsaav@elpais.com.co - Design By: Felipe Castro: fcastroelpais.com.co - Journalist: Francisco Valero: pachov@elpais.com.co Renata Cabrales: renata@elpais.com.co Ana Maria Escobar:. «El Pais - Cali Colombia nacional Varios jueces, implicados en el desfalco a Cajanal Implicados jueces en desfalco a Cajanal». historico.elpais.com.co (en español). Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  268. «Colombia.com / Actualidad - Presidente del Congreso, involucrado en escándalo». www.colombia.com. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  269. Tiempo, Casa Editorial El. «Absuelven al senador Hernán Andrade en caso Cajanal». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  270. «Fiscalía investiga a abogado por millonario desfalco a Cajanal». Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  271. El ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos anunció públicamente que va a a presentar su carta de renuncia.
  272. «ELESPECTADOR.COM - Noticias». 9 de enero de 2008. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  273. Radio, Caracol (20 de febrero de 2007). «Ecopetrol mantendrá la batalla jurídica para que Fernando Londoño devuelva las acciones de Invercolsa». Caracol Radio. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  274. Tiempo, Casa Editorial El. «EN QUÉ CONSISTE EL ESCÁNDALO DRAGACOL». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  275. «Dictadas cinco condenas en el caso Foncolpuertos | ELESPECTADOR.COM». ELESPECTADOR.COM. 2 de octubre de 2008. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  276. Tiempo, Casa Editorial El. «CAMPEONATO DE LA ESTAFA:». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  277. Tiempo, Casa Editorial El. «LOS BUENOS Y LOS MALOS». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017. 
  278. Reinaldo Spitaletta y Juan David Ramírez. «Tras el imperio de la corrupción». El Colombiano. Consultado el 31 de diciembre de 2008. 
  279. «Noticias de Proceso 8000:Información, fotos y notas sobre Proceso 8000 – ElEspectador.com». www.elespectador.com. Consultado el 12 de octubre de 2016. 
  280. «EL PROCESO 8.000». www.semana.com. Consultado el 12 de octubre de 2016. 
  281. Tiempo, Casa Editorial El. «ABSUELTO SAMPER». El Tiempo. Consultado el 23 de mayo de 2017.