Corrupción en Argentina

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La corrupción[1]​en Argentina, así como su denuncia y la lucha contra los actos de corrupción, tienen antecedentes de larga data. En 1890, el presidente Miguel Juárez Celman, cuñado a su vez del importante político Julio Argentino Roca, debió renunciar a raíz del golpe de estado de 1890 que si bien fracasó militarmente lo afectó políticamente, en medio de graves denuncias de corrupción. El período conocido como la Década Infame (1930-1943), fue denominado así por los generalizados actos de corrupción que involucraron a los partidos oficialistas y opositores.[2]​ En ese momento el senador Lisandro de la Torre se hizo célebre por denunciar los negociados de los frigoríficos ingleses y funcionarios del gobierno, ganándose el apodo del Fiscal de la Patria. En 2000 se denunció un soborno generalizado de senadores por parte de empresarios y funcionarios, con el fin de modificar las leyes laborales que terminó con una sentencia penal que rechazó las acusaciones.[3]

Entre los escándalos más resonantes se encuentran los que involucraron a las empresas Baring Brothers, los ferrocarriles ingleses, la Compañía Hispanoamericana de Electricidad (CHADE) y la Compañía Ítalo Americana de Electricidad (la Ítalo),[4]​ los frigoríficos ingleses y las empresas Swift y Deltec, Suchard, IBM, Siemens, Chase Manhattan Bank, etc.

Siglo XVIII y XIX[editar]

La corrupción en Argentina comenzó con la colonización española y la práctica del contrabando a gran escala por los altos funcionarios, que hizo del incumplimiento de la ley una costumbre generalizada.[5]

El expresidente Domingo F. Sarmiento, denuncia en una carta que le enviara a Mariano Sarratea, los actos de corrupción cometidos por Bartolomé Mitre durante su presidencia (1862-1868) y fundador del diario La Nación, aún activo:

(La casa de Bartolomé Mitre) fue negociada por agentes que habían obtenido la suscripción de los proveedores que mediante su despilfarro de las rentas han ganado millones, como Lezica, Lanús, Galván, que al fin la costearon en su totalidad. Mitre sabe que con un poco de insistencia, con amaños conocidos, con muchos hombres que le deben o la impunidad o la fortuna mal adquirida, todo se puede conseguir.[5]

Luís Alves de Lima e Silva, comandante de las tropas brasileñas durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) denunció también que el gobierno argentino no quería terminar la guerra, debido a los negocios ilegales que estaban realizando aprovechando la misma.[5]

La crisis de 1890 sacó a la luz la corrupción escandalosa del presidente Miguel Ángel Juárez Celman (1886-1890). Juan Balestra escribía en 1935 que Juárez Célman se convirtió en el hombre más rico de Argentina gracias a la corrupción:

La honestidad transa con la codicia (...) Ha llegado la hora de la coima (...). No se denuncian públicamente los casos pero no se habla de otra cosa en las acres maledicencias de la calle y el Club". En la novela La Bolsa publicada ese mismo año como folletín en La Nación, abundan los funcionarios que cobran sobornos o pagan sus placeres con dinero del Estado. "Bah, de todos modos es el pueblo el que paga", dice un ministro, mientras mete quinientos pesos en un sobre para su amante.

Juan Balestra[6][5]

Entre 1895 y 1901 Francisco Sicardi escribió cinco tomos de un libro titulado Libro extraño, detallando los sobornos y la corrupción en la urbanización de Buenos Aires.[5]

Siglo XX[editar]

El 10 de marzo de 1907 el diario La Razón reflejó la magnitud que había alcanzado la corrupción en Argentina titulando un artículo "El imperio de la coima".[5]​ Tres años después, durante el Centenario, el periódico italiano La Stampa revelaba la corrupción generalizada:

(En Argentina) la propina es una institución: tiene un nombre solemne de resonancia griega. Se llama coima. Todos coimean: desde quien desempeña cargos superiores hasta el último inspector. Es una práctica tan normal que si alguien decidiera obtener algo sin recurrir a esa gran señora de las transacciones oficiales correría el riesgo de ser tachado de loco. Hay coimas y coimas. Las hay pequeñas, insignificantes. Corresponden a los empleados de menor jerarquía: al portero, al mandadero, al escribiente. Pero las coimas grandes, las que merecen ampliamente su nombre y que hacen que se hable de ellas con admiración y envidia son las que se vinculan con los contratos del Estado, que los hay por armas, ferrocarriles, puertos, construcción de edificios, algunos de ellos monumentales, con ladrillos importados de Inglaterra, mármoles de Italia y luminarias de Francia.[5]

En enero de 1929, durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, Roberto Arlt publicó en el diario El Mundo, un artículo titulado "Su Majestad, la coima", donde escribe:

La coima es la polilla que roe el mecanismo de nuestra administración, la rémora que detiene la marcha de la nave del Estado (y esta vez es cierto el mito de la rémora y la macana de la nave del Estado), la coima es el aceite lustral conque cuanto bicho inspector y subinspector que vagabundea por ahí, lubrifica sus articulaciones y engorda su estómago; la coima es la madre de muchos bienestares, el alma de numerosas prosperidades, el ángel tutelar de los que venden aserrín por harina, achicoria por café, pan quemado por chocolate, mármol molido por azúcar, la coima es la diosa protectora de todos los tahúres que pululan en nuestra tierra, de todos los comisarios que entran flacos y salen gordos, de todos los magistrados que se taponan los oídos para no escuchar los alaridos de la justicia, ¿qué no es la coima, la enorme, la nutritiva coima? Donde se clave la vista, allí está: invisible, segura, efectiva, certera. La coima es la que moviliza los escritos en un juzgado; la coima es la que arranca un certificado de buena conducta para un específico fascineroso, la coima es la que le da ciudadanía de honestidad a un granuja cien veces más ladrón que el ladró Gesta; la coima es la que ablanda y humaniza al inspector personudo, al abogado recio, al escribano melifluo, al oficial de justicia inexorable, al médico talentudo. La coima, invisible, penetrante, ardua e infalible, penetra por todas partes y compra al grande, al cogotudo y al severo como al pequeño, al modesto y al humilde que se conforma y transige con tal que le den para un café con leche.

Roberto Arlt[5]

La prórroga de concesiones del servicio eléctrico[editar]

El político monárquico-franquista Francisco Cambó fue el presidente de la CHADE. Impuso una gestión empresarial que promovió sistemáticamente la corrupción política.

La CHADE-CADE y la CIAE eran titulares de la concesión del servicio eléctrico de Buenos Aires, debido a contratos realizados en la primera década del siglo XX (1907 para la primera y 1912 para la segunda). El plazo de la concesión era de 50 años con vencimiento en 1957 y 1962, respectivamente. El 8 de octubre de 1936 la CHADE-CADE presentó una propuesta al Concejo Deliberante para extender la concesión 25 años más (desde 1957), con opción a otros 25 y dejar sin efecto las cláusulas que no había cumplido. Los sectores más progresistas y honestos de la Unión Cívica Radical, intentaron abortar el negociado ordenando a los concejales radicales oponerse al proyecto. Finalmente, el 29 de diciembre de diciembre de 1936 se aprobaron las ordenanzas 8028 y 8029 estableciendo las prórrogas de las concesiones para la CHADE-CADE y la Italo.

La CHADE-CADE estaba presidida por el político español Francisco Cambó, quién llevó adelante una política sistemática de corrupción, tanto en la Argentina, como en Chile y Uruguay, llegando a sobornar al presidente radical Marcelo T. de Alvear (1922-1928) y al presidente conservador Agustín P. Justo (1932-1938). Su biógrafo Borja de Riquer i Permanyer dice al respecto:

La propia CHADE, durante los años en que fue presidida por él (Francisco Cambó), recurrió constantemente al soborno de políticos argentinos, uruguayos y chilenos para defender sus grandes intereses económicos. Fueron especialmente escandalosas las relaciones de la CHADE con el partido Radical argentino, con el presidente Marcelo T. Alvear, así como con el intendente de Buenos Aires, Mariano de Vedia y Mitre y, más tarde, con el presidente Agustín P. Justo.[7]

En 1941 el Comité Nacional de la UCR intentó crear una comisión que investigara los delitos cometidos por miembros del radicalismo en el negociado de la CHADE-CADE, pero Marcelo T. de Alvear bloqueó la iniciativa con el argumento de que «se está exagerando los vicios del sistema democrático».[8]​ Poco después, cuando la Cámara de Diputados de la Nación creó una comisión con el mismo objeto, «presionó a su presidente, el Dr. Emilio Ravignani, para que la conducta de los concejales implicados no quedara descubierta».[9]

Una de las primeras medidas tomadas por el dictador general Pedro Pablo Ramírez luego de derrocar al presidente Ramón Castillo el 4 de junio de 1943 fue crear una Comisión Investigadora de los pormenores de la prórroga de las concesiones eléctricas en 1936. La Comisión fue puesta bajo la dirección del Coronel Matías Rodríguez Conde y estaba integrada también por el ingeniero Juan Sabato (hermano del Ernesto Sabato y futuro miembro del grupo íntimo de Raúl Alfonsín) y el abogado Juan P. Oliver. La Comisión entrevistó a la mayor parte de los involucrados y obtuvo documentación crucial para develar los mecanismos internos de la corrupción, como el intercambio telegráfico interno de las empresas.

El 27 de mayo de 1944 la Comisión terminó su trabajo realizando un informe y proponiendo dos decretos para cancelar las personerías jurídicas de la CADE, la CIAE y la ANSAC, anulando las prórrogas y reduciendo las tarifas. Inicialmente el trámite de los proyectos fue paralizado por decisión del entonces vicepresidente Juan D. Perón.[10]​ La CHADE, la CIAE y la ANSAC no fueron estatizadas durante el gobierno de Perón (1946-1955); en el caso de la CADE, había aportado financieramente en la campaña de Perón para las elecciones.[11]

En 1955 tomó el poder una dictadura autodenominada Revolución Libertadora luego de derrocar al gobierno constitucional presidido por Juan D. Perón. Los días 24 y 25 de abril de 1956, la Junta Consultiva de la dictadura, integrada por los partidos antiperonistas, aconsejó aprobar los decretos recomendados por el Informe Rodríguez Conde, cancelando las personerías jurídicas de la CADE, la CIADE y la ANSEC. El 22 de julio de 1957 una Comisión Asesora presidida por el procurador Sebastián Soler, aconsejó declarar nulos los decretos de 1936 y restablecer las concesiones de 1907 y 1912.[12]

El 23 de julio de 1957 el dictador Pedro Eugenio Aramburu siguió este último consejo y firmó el Decreto Nº 8377/57, declarando la nulidad de los dos decretos de 1936 y declarando la vigencia de las concesiones tal como habían sido establecidas en 1907 para la CADE y el 1912 para la CIADE. Debido a que la concesión de la CADE vencía ese el 31 de diciembre de ese año, el decreto dispuso la intervención de la CADE a fin de garantizar la entrega de sus bienes a la Municipalidad de Buenos Aires.[12]

La CADE y la CIADE iniciaron entonces una campaña internacional contra la decisión de la dictadura y cuestionaron judicialmente el decreto de nulidad de las concesiones y solicitó una medida de no innovar. La dictadura aceptó la medida de no innovar y el juez interviniente la dictó, aclarando que la misma no impedía al Estado ejercer su derecho de expropiar las empresas si así lo decidía. Al llegar el 31 de diciembre de 1957, fecha de finalización de la concesión de la CADE iniciada en 1907, nada sucedió.[13]

Pocos meses después asumió la presidencia Arturo Frondizi, candidato de la el Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) que se definía a sí misma como "anticadista". Del Río da cuenta de los datos históricos que señalan que Frondizi tenía un arreglo con las empresas eléctricas antes de ser elegido.[14]​ A poco de asumir Frondizi envió al Congreso un proyecto aprobando un acuerdo del Estado con la CADE, elaborado por la empresa madre Sofina, que fue aprobado como Ley Nº 14.772. La Ley dispuso crear una nueva empresa llamada Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), integrada por la CADE y el Estado, que aportó nuevamente a la empresa el capital formalmente recibido, quedando liberados los accionistas privados de realizar inversiones.[15]​ El acuerdo definitivo reconoció a la CADE el 72% del capital de la empresa y al Estado nacional el 28% restante,[16]​ pero tres años después, Frondizi dispuso que el Estado argentino comprara las acciones de la CADE en Segba.[17]

Juan Carlos Delconte[editar]

En 1998 el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia condenó a 10 años de prisión al político de la UCR Juan Carlos Delconte, administrador nacional de Aduanas durante la gestión del presidente Raúl Alfonsín. Delconte fue acusado por mal desempeño y comisión de delito en la instrucción de las controvertidas causas del oro y de la aduana paralela, Tiscornia responsabilizó a Delconte por contrabando agravado. Conforme la declaración de ex funcionarios de la Aduana, el producto obtenido por el contrabando se habría destinado a la Junta Coordinadora Nacional del radicalismo, que dirigía una oficina que funcionaba en Sarmiento al 600.[18]

Swiftgate[editar]

En diciembre de 1990, se supo que la empresa Swift Armour S.A. había denunciado que funcionarios del gobierno nacional a cargo del presidente Carlos Saúl Menem le reclamaban un pago de una "comisión" para la instalación de una nueva planta. En diciembre de 1990, el embajador Terence Todman, de Estados Unidos, envió una nota al gobierno argentino, en la que respaldó una denuncia recibida del frigorífico Swift que se había quejado por un pedido de coima para "agilizar" sus trámites de liberación de impuestos de maquinarias para su planta de Rosario. Como consecuencia de la crisis desatada, el asesor presidencial Emir Yoma debió renunciar a su cargo y Antonio Erman González dejó el Ministerio de Economía en manos del entonces canciller Domingo Felipe Cavallo.[19]​ El gobierno argentino se esmeró en atender el caso con el objetivo de no dañar las relaciones entre ambos países.

María Julia Alsogaray[editar]

María Julia Alsogaray (Buenos Aires, 8 de octubre de 1942) es una ingeniera argentina militante del partido UCEDE (Unión del Centro Democrático). Durante las presidencias de Carlos Menem tuvo cargos en las empresas estatales SOMISA y Entel y fue Secretaria de Medio Ambiente. En ese período su patrimonio creció de 400.000 a 2,5 millones de dólares estadounidenses.[20][21][22]

En la década del 2000 fue procesada y en mayo de 2004 recibió su primera condena por enriquecimiento ilícito.[23]​ En 2015 fue hallada culpable por "administración fraudulenta en perjuicio del Estado" entre 1995 y 1998 junto con el segundo de Alsogaray en esa dependencia, Enrique Kaplan, que fue sentenciado a tres años y tres meses de prisión.[24]

En abril de 2013 fue condenada, esta vez a cuatro años, por contratos que firmó como titular de la Secretaría de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.[25]​Otro juicio tuvo sentencia en abril de 2014 donde fue condenada a cuatro años de prisión por contratos de fin de obra durante la privatización de ENTEL por el delito de "defraudación por administración fraudulenta".[26]

En 2015 María Julia Alsogaray fue condenada a cumplir cuatro años de prisión domiciliaria por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 porteño la condenó por "irregularidades en la contratación de pasantes".[27]​ Fue la primera mujer funcionaria pública condenada a una pena de prisión efectiva.

El octubre de 2016 a María Julia Alsogaray se le otorgó la libertad condicional por cumplir el 2 tercio del total de las 2 condenas que la tenía en prisión domiciliaria.

Ventas de armas a Ecuador y Croacia[editar]

El expresidente Carlos Menem, enrolado en el Partido Justicialista, que ejerció su cargo entre 1989 y1999 fue condenado el 8 de marzo de 2013 por la Sala I de la Cámara de Casación por considerarlo coautor de contrabando agravado[28]​de un total de 6.500 toneladas de armas y municiones con destino a Croacia y Ecuador.[29][30]

Esta fue la primera vez en la historia que un expresidente de la Nación Argentina se sometió a la decisión de un Tribunal por un caso de corrupción. El juicio oral y público había comenzado el 18 de octubre de 2008. El 8 de marzo de 2013 la Sala I de la Cámara de Casación revocó las absoluciones de Carlos Menem y Oscar Camilión y los condenó por considerarlos coautores de contrabando agravado. Además fueron condenados Luis Sarlenga, Diego Palleros, Manuel Cornejo Torino, Jorge Cornejo Torino, Haroldo Fusari, Carlos Nuñez, Julio Sabra, Teresa Irañeta, Edberto González De la Vega y Carlos Franke. En tanto en el mismo fallo se ratificó el sobreseimiento de Emir Yoma, Enrique de la Torre y Mauricio Musí.[28]

El 14 de junio de 2013 el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 fijo una pena de 7 años de prisión para Carlos Menem. El Tribunal consideró como agravantes que el expresidente "dañó la imagen internacional del país" e hizo peligrar la vida de los cascos azules argentinos destacados en la ex Yugoslavia, entre otros. Sin embargo, no ira preso hasta que la sentencia quede firme y el Senado vote su desafuero.[31]​ Fue el primer Presidente de la Nación condenado por actos de corrupción.

Ricardo Jaime[editar]

Ricardo Jaime fue el Secretario de Transporte desde el año 2003 hasta que presentó la renuncia aduciendo razones personales el 1° de julio de 2009.[32]​ Desde esa secretaría se repartían las subvenciones a los concesionarios de trenes y empresas de colectivos. El 29 de diciembre de 2015, Jaime fue declarado culpable del delito de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo por el Tribunal Oral Federal 2 y condenado a seis años de prisión por su responsabilidad en el accidente.[33][34][35]

Jaime fue condenado por dos casos de corrupción que admitió en octubre de 2015.[36]​ Uno de ellos referido a la empresa Terminal de Buenos Aires (TEBA), dueña de la Terminal de Ómnibus de Retiro, que pagaba el alquiler del departamento donde vivía el funcionario encargado de controlar la concesión estatal. Jaime negoció con TEBA la extensión del contrato de la Terminal de Retiro desde 2006 hasta 2015. Además, se demostró que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) le pagó 16 vuelos, algunos de Aerolíneas Argentinas y otros en taxis aéreos, para que el funcionario se tomara días de descanso. Jaime tenía a su cargo controlar esta empresa que explotaba trenes y colectivos.[37]

Felisa Miceli[editar]

Felisa Miceli fue la primera mujer que ejerció como Ministro de Economía, siendo nombrada por el presidente Néstor Kirchner el 28 de noviembre de 2005 renunció el 16 de julio de 2007, al hacerse público en la prensa que había sido hallada una bolsa de dinero en el botiquín del baño adyacente a su despacho. Por ello sería condenada por administración fraudulenta" por Tribunal Oral Federal N° 1, por unanimidad, a una pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.[38][39]​Los jueces de la mayoría de la Sala II de la Casación dijeron que la pena era arbitraria, que no tenía fundamento, y apartaron al tribunal oral que había condenado a Miceli, reduciendo la pena.[40]

Miguel del Sel[editar]

Político y militante del PRO, fue dos veces candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe en 2011 y 2015 siendo derrotado en ambas ocasiones. Entre diciembre de 2013 y febrero de 2015 fue diputado de la Nación Argentina. El 17 de diciembre de 2015, fue designado por Mauricio Macri como Embajador de Argentina en Panamá, cargo que renunció el 12 de abril de 2017. En julio de 2018 la justicia electoral de Santa Fe encontró culpable por manejos turbios de dinero público en campaña del PRO durante 2011. La sanción fue impuesta por el juez federal de Santa Fe ,Reinaldo Rodríguez, y alcanzó también a Norberto Principato y al intendente de Funes, Diego Barreto. Del Sel era el presidente del PRO en la provincia y los otros dos eran los tesoreros del partido. Los tres fueron procesados porque en el balance presentado por el PRO en 2012 no se detallan la procedencia ni el uso de los fondos de campaña.[41][42][43]

Mecanismos contra la corrupción[editar]

Los principales mecanismos para la lucha contra la corrupción en el Estado nacional, son la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. Cada provincia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tienen entidades similares. El código penal argentino contempla el delito de enriquecimiento ilícito, que considera que es el funcionario quien debe probar de donde provienen sus fondos y los motivos del aumento de su patrimonio y no a la inversa - que el denunciante tenga que probar el enriquecimiento ilícito -. Los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, también son usuales en las imputaciones en los casos de corrupción.

Índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional[editar]

IPC - Latinoamérica 2002-2008.

Entre los organismos, estudiosos y empresas que estudian la corrupción en el mundo, se encuentra la ONG Transparencia Internacional, que publica un Índice de percepción de corrupción (IPC) con datos recabados por 13 instituciones internacionales. La encuesta mide la sensación de corrupción que en cada país tiene el grupo encuestado, asignándole un lugar destacado a los empresarios.

Según este Índice de Percepción de Corrupción, en 2012 Argentina quedó en el puesto 102 entre 174 países en el ranking de transparencia mientras que Brasil obtuvo el puesto 69.[44]

Sobre las mediciones de corrupción debe tenerse presente lo siguiente expresado en la edición nº170 de Le Monde Diplomatique. pág. 5, de agosto de 2013:

(...) el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado por Transparencia Internacional, que permite clasificar en un ranking a casi doscientos países. Además de inducir a una confusión entre percepción y medición, el índice ha sido cuestionado porque recurre centralmente a consultoras financieras para realizar las evaluaciones, lo cual genera un fuerte sesgo que refleja lo que podríamos llamar genéricamente el punto de vista del mundo de los negocios. Según esta medición, en 2012 Argentina se ubicaba en el puesto 102, mientras que Chile, por tomar un ejemplo cercano, se ubica en el 20. ¿Argentina es un país mucho más corrupto que Chile? Desde este punto de vista sí, pero la información sólo da una pauta de la percepción. La otra gran herramienta de medición producida por la misma organización es el Barómetro Global de la Corrupción, que consulta a las personas sobre su exposición a casos de corrupción. Los datos de 2013 indican que, mientras que en Argentina entre un 2% y un 7% de los encuestados (dependiendo de las áreas de gobierno) reconocía haber pagado un soborno en los últimos doce meses, en Chile esa proporción se ubicaba entre el 3% y el 11%, y en EE.UU. entre el 6% y el 15%. Las percepciones no siempre coinciden con las prácticas.[45]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. En este artículo, se entiende por corrupción al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo.«Le clientélisme en question.» junio de 2005. «Tutorial» propuesto por el periódico le Ravi.
  2. José Luis Torres escribió en 1945 un libro titulado La Década Infame, en el que analiza críticamente el período. El término fue desde entonces tomado de manera generalizada para denominar al período.
  3. «http://www.clarin.com/politica/Piden-condenar-Rua-sobornos-Senado_0_996500394.html». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  4. Del Río, Jorge (1960). Electricidad y liberación nacional. El caso SEGBA. Buenos Aires: A. Peña Lillo. p. 76. 
  5. a b c d e f g h Goobar, Walter (2 de agosto de 2000). «Su majestad, la coima». Revista Veintitrés (116). 
  6. Balestra, Juan (1935). El noventa. Buenos Aires: La Facultad. 
  7. Error en la cita: Etiqueta <ref> inválida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas Borja de Riquer i Permanyer
  8. Luna, 220-221
  9. Luna, Félix (1975). «Un intervalo para la CHADE». Alvear. Las luchas populares en la década del 30. Buenos Aires: Schapire :página 221. 
  10. Del Río, 211-212
  11. Luna, Félix (1994). Breve historia de los argentinos. Buenos Aires: Planeta / Espejo de la Argentina. ISBN 950-742-415-6.
  12. a b Del Río, 1960, pp. 42-43.
  13. Del Río, 1960, pp. 44-45.
  14. Del Río, 1960, pp. 47-48.
  15. Del Río, 1960, pp. 50-60.
  16. Del Río, 1960, pp. 59, 63.
  17. Del Río, 1960, p. 65.
  18. «Aduana: condenan a 10 años de prisión a Juan Carlos Delconte». La Nación. 8 de julio de 1998. 
  19. «Clarin, 2007-02-08». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  20. Argentina: Corruption Notebook - Global Integrity
  21. La secretaria que tiene coronita - Página/12.
  22. María Julia Alsogaray
  23. Página/12 el 27 de agosto de 2004
  24. Nueva condena a María Julia Alsogaray, esta vez por contratos irregulares. Telam, 19/02/2015
  25. «María Julia Alsogaray fue condenada a 4 años de prisión». La Nación. 18 de junio de 2013. Consultado el 30 de septiembre de 2015. 
  26. «http://www.ambito.com/noticia.asp?id=737630». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  27. «http://www.infobae.com/2015/03/05/1713973-maria-julia-alsogaray-debera-cumplir-cuatro-anos-prision-domiciliaria». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  28. a b Contrabando de armas: la Justicia decide ahora qué condena le correponde a Menem Clarín (8 de marzo de 2013). Consultado el 8 de marzo de 2013.
  29. «http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-77305-2006-12-06.html». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  30. «http://archivo.lavoz.com.ar/07/04/08/secciones/politica/nota.asp?nota_id=60192». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  31. Armas: condenaron a Menem a 7 años y pidieron su desafuero Clarín (14 de junio de 2013). Consultado el 3 de julio de 2014.
  32. «Diario La Nación». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  33. «Tragedia de Once: condena de ocho años para Schiavi, seis para Jaime». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  34. «http://www.infobae.com/2015/12/29/1779702-quienes-son-los-21-condenados-la-tragedia-once». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  35. «Tragedia de Once: condenaron a 8 años de prisión a Schiavi y a 6 años a Ricardo Jaime». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  36. «http://www.lanacion.com.ar/1832638-jaime-admitio-dos-delitos-de-corrupcion-y-pacto-una-condena-de-un-ano-y-medio». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  37. «http://www.infobae.com/2015/09/30/1759156-ricardo-jaime-admitio-que-recibio-coimas-pacto-una-condena-y-devolvera-dinero». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  38. «Clarín - Miceli presentó su renuncia como ministra de Economía (16/07/2007)». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  39. «Página/12 - Miceli por la mañana, Peirano a la noche (17/07/2007)». Consultado el 4 de abril de 2017. 
  40. «Redujeron la condena de Felisa Miceli: no irá a prisión». La Nación. 7 de abril de 2015. Consultado el 14 de octubre de 2015. 
  41. http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/174582-inhabilitan-a-miguel-del-sel-a-ejercer-cargos-politicos-por-irregularidades-en-los-balances-del-pro-politica.html
  42. «La justicia electoral de Santa Fe encontró culpable de corrupción a Miguel del Sel». El Heraldo. 11 de Julio de 2018 -. 
  43. «Condenaron a Del Sel por irregularidades en los balances de campaña del PRO». Bang news. 13 de julio de 2018. 
  44. «Argentina está en el puesto 102 del ranking de transparencia». 
  45. «La corrupción como crítica de la política por Sebastián Pereyra». Consultado el 4 de abril de 2017.