Desaparición forzada en Colombia

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La desaparición forzada en Colombia es una práctica violenta y represiva que han utilizado diferentes organizaciones para ejercer el control y el poder sobre una población. [1]​ El primer caso registrado fue en la década de 1970.[2]

Definición[editar]

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entiende la desaparición forzada como la privación de la libertad de una o varias personas, en donde se presenta una privación de derechos como la libertad y la seguridad personal. Una de las características de este crimen es que los perpetradores ocultan o desconocen dicha privación.[3]

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece:

"Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Constitución Política de Colombia

El Código Penal Colombiano en su artículo 165 establece que cualquier particular que pertenezca a un grupo armado al margen de la ley, o un servidor público o alguien que actúe en connivencia con este incurrirá en:

  • Prisión de 320 a 540 meses.
  • Multa de 1333.3 a 4500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Interdicción de derechos y funciones públicas de 160 a 360 meses.[4]

Antecedentes[editar]

El primer caso de desaparición forzada registrado formalmente en Colombia es el de la militante de izquierda Omaira Montoya, quien fue detenida por el entonces servicio secreto de la Policía (F2) el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla.[2]​ Para ese periodo, Colombia se encontraba bajo la política del Estatuto de Seguridad Nacional del Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982).[5]​ Para ese momento la desaparición forzada no estaba tipificada dentro del ordenamiento jurídico nacional, lo que facilitó que algunos agentes del Estado y civiles acudieran a esta práctica como un método de eliminación de la insurgencia.[6]

Una vez se recrudeció el conflicto armado interno en Colombia, la desaparición forzada comenzó a ser utilizada por los diferentes actores armados como un mecanismo de terror. Los principales perpetradores de este delito fueron los grupos paramilitares, seguidos de las guerrillas y los agentes del Estado.[7]

Evolución[editar]

El primer intento de tipificación de la desaparición forzada como un delito fue en 1988, en un proyecto de ley presentado por el entonces Ministro de Justicia, Guillermo Plazas Acid.[8]​ Sin embargo, no fue hasta la Constitución Política de 1991 que se estableció como parte de los derechos fundamentales:

“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Constitución Política de Colombia

Como respuesta a los nuevos derechos y garantías consagrados en la Carta Política de 1991, la desaparición forzada se consolidó como una estrategia de ocultamiento de la violencia y como una forma de seguir haciendo eficaz la lucha contrainsurgente.[9]​Entre los años 1995 y 1997 se dio el periodo expansionista de los grupos paramilitares, quienes se enfrentaron contra las guerrillas de izquierda buscando controlar el territorio nacional y que utilizaron la desaparición forzada como una manera de infundir terror en la población. Sin embargo, entrada la década del 2000, estos grupos organizados bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) negociaron su desmovilización con el Estado en un proceso conocido como Justicia y Paz[10]​.

Con la expedición de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se estableció que las víctimas de desaparición forzada tienen el derecho a conocer la verdad frente a lo sucedido y a la reparación económica y moral respectiva.[11]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia.». 
  2. a b «1». ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. 2013. p. 59. ISBN 978-958-57608-4-4. Consultado el 9 de noviembre de 2018. 
  3. La desaparición forzada en Colombia. 2009. ISBN 978-958-8558-03-5. Consultado el 9 de noviembre de 2018. 
  4. «Código Penal». 
  5. «Turbay dicta polémico estatuto de seguridad». El Tiempo (Colombia). 24 de septiembre de 2010. Consultado el 9 de noviembre de 2018. 
  6. Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia (en colombia). Colombia: Imprenta Nacional. 2014. p. 53. ISBN 978-958-58167-5-6. Consultado el 9 de noviembre de 2018. 
  7. «Hasta encontrarlos». 
  8. Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Centro Nacional de Memoria Histórica. 2014. ISBN 978-958-58167-5-6. 
  9. «1». ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Colombia: Imprenta Nacional. 2014. ISBN 978-958-57608-4-4. Consultado el 9 de noviembre de 2018. 
  10. «Ley 975 de 2005». 
  11. «Ley 1448 de 2011».