Desaparición forzada en México

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La desaparición forzada en México se encuentra documentada desde 1980 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, la cual, hasta 2017 enumeraba 560 casos de este tipo de crimen de lesa humanidad en este país.[1]​ El 17 de noviembre de 2017 el gobierno mexicano sancionó su primera legislación en materia de desaparición forzada con lo que adoptó la primera definición legal de este crimen y determinó los tipos penales relacionados con él.[2]

Definición[editar]

La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Derechos Humanos, ha determinado que cualquier definición sobre desaparición forzada debe poseer al menos tres elementos acumulativos:[3]

  1. La privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada;
  2. La participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia;
  3. La negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

En México, el tipo penal se encuentra definido en el artículo 27 de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, el cual estatuye:

Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
Ley general en materia de desaparición forzada de personas

Antecedentes[editar]

Guerra sucia en México[editar]

Durante los años 60 y 70 en México se desarrollaron un conjunto de prácticas de estado contra movimientos de oposición política con el fin de sofocarlos o disolverlos, llevando a cabo un gran número de violaciones a los derechos humanos. La investigación sobre estos hechos no fue llevada a cabo sino hasta cuarenta años después, entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó:[4]

«La desaparición forzada, tal y como se desprende de las evidencias, fue práctica común de las autoridades, las que incluso al ser requeridas de informes de las personas detenidas negaron sistemáticamente su intervención y conocimiento de los hechos, así como de tener noticia del paradero y la suerte de los desaparecidos.»
Comisión Nacional de los Derechos Humanos México

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. (31 de julio de 2017) «A/HRC/36/39. Informe anual del Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.» Informes anuales del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
  2. Garduño, Roberto; Méndez, Enrique (13 de octubre de 2017). «Por unanimidad, diputados aprobaron ayer la Ley de Desaparición Forzada». La Jornada. Consultado el 17 de marzo de 2017. 
  3. Organización de las Naciones Unidas. Comisión de derechos humanos. (15 de enero de 1996). «E/CN.4/1996/38. Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances.» párrafo 55.
  4. Comisión Nacional de los Derechos Humanos México. (27 de noviembre de 2001) Recomendación 026/2001. México.