Reyes Católicos

Fernando II de Aragón (izquierda) y Isabel I de Castilla en un retrato de boda.

Reyes Católicos fue la denominación que recibieron los esposos Isabel I de Castilla (1451-1504) y Fernando II de Aragón (1452-1516), soberanos de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón, cuya unión dinástica marcó el inicio de la formación territorial de España. Asimismo, Isabel y Fernando fueron los primeros monarcas de Castilla y Aragón en ser llamados por algunos cronistas «reyes de España», aunque nunca se intitularon como tales, como relata Fernando del Pulgar en su Crónica de los Reyes Católicos («Platicase asimismo en el Consejo del Rey e de la Reyna como se debían intitular, y como quiera que los votos de algunos de su consejo eran que se intitulasen reyes e señores de España, pues sucediendo en aquellos reinos del rey de Aragón eran señores de toda la mayor parte de ella, pero determinaron de lo no hacer, e titulándose en todas sus cartas de esta manera: "Don Fernando e doña Isabel, por la gracia de Dios, rey e Reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,...»).​​

Isabel accedió al trono castellano en 1474 al autoproclamarse reina tras la muerte del rey Enrique IV de Castilla y con ello provocar una guerra de sucesión (1475-1479) contra los partidarios de la princesa Juana, hija del rey Enrique. En 1479 Fernando heredó el trono de Aragón al morir su padre, el rey Juan II de Aragón. Isabel y Fernando reinaron juntos hasta la muerte de ella en 1504. Entonces Fernando quedó únicamente como rey de la Corona de Aragón, pasando Castilla a su hija Juana y a su marido Felipe de Habsburgo. Sin embargo, Fernando no renunció a controlar Castilla y, tras morir Felipe en 1506 y ser declarada Juana incapaz, consiguió ser nombrado regente del reino hasta su muerte en 1516.

La historiografía española considera el reinado de los Reyes Católicos como la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Con su enlace matrimonial, uniéndose provisionalmente en la dinastía de los Trastámara las dos coronas, se originó la Monarquía Hispánica. Apoyados por las ciudades y la pequeña nobleza, establecieron una monarquía fuerte frente a las apetencias de poder de eclesiásticos y nobles. Con la conquista del Reino nazarí de Granada, del Reino de Navarra, de Canarias, de Melilla y de otras plazas africanas, consiguieron situar bajo una sola corona la totalidad de los territorios que hoy forman España —exceptuando Ceuta y Olivenza, que entonces pertenecían a Portugal—. La unión se caracterizó por ser personal, es decir, que los distintos territorios, estados y señoríos compartían monarca, pero mantenían sus leyes e instituciones propias, siendo formalmente independientes entre sí.

Los reyes establecieron una política exterior común marcada por los enlaces matrimoniales con varias familias reales de Europa que el azar hizo que desembocaran en la hegemonía de los Habsburgo durante los siglos XVI y XVII.

Por otra parte, la conquista de América, a partir de 1492, dio inicio al Imperio español y modificó profundamente la historia mundial.

Conflicto sucesorio en Castilla: el matrimonio de Isabel y Fernando

Véase también: Conflicto por la sucesión de Enrique IV de Castilla

La infanta Isabel, al nacer, no era la heredera del trono de Castilla, como tampoco lo era del trono de la Corona de Aragón su futuro esposo Fernando. Isabel era hija de Juan II de Castilla (y de su segunda esposa, Isabel de Portugal) pero el heredero era su hermanastro Enrique (hijo de María de Aragón, primera esposa de Juan II) que efectivamente sucedió a su padre cuando este murió en 1454. En cuanto a Fernando sólo se convirtió en heredero tras morir en 1461 su hermanastro Carlos de Viana (hijo de Blanca I de Navarra, primera esposa de Juan II de Aragón; Fernando era hijo de la segunda esposa, Juana Enríquez).​

Isabel vivió alejada de la corte, al igual que su hermano menor Alfonso (también hijo de Isabel de Portugal), hasta que en 1462 fueron llamados por el rey Enrique IV poco antes del nacimiento de Juana, hija de su segundo matrimonio con Juana de Portugal —precisamente Isabel fue la madrina del bautismo de esa niña—. Pero, poco después, en la primavera de 1465, el infante Alfonso reclamó sus derechos al trono, no reconociendo a Juana como heredera, y se rebeló contra Enrique IV contando con el apoyo de una parte de la nobleza castellana encabezada por Juan Pacheco, marqués de Villena, y por Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo, y ello a pesar de que Enrique IV le había ofrecido en matrimonio a su hija Juana y reconocerlo como heredero. Alfonso fue proclamado rey por los nobles sublevados y cuando murió en el verano de 1468 estos le ofrecieron el trono a Isabel, que también se había sumado a la rebelión, pero se negó, limitándose a reclamar su condición de «princesa... legítima heredera», lo que suponía que no reconocía a Juana.​

El 19 de septiembre de 1468 se hizo público en Guisando el acuerdo que habían alcanzado Isabel y el rey Enrique IV. Allí el legado pontificio Antonio Jacobo de Véneris absolvió a todos los que hubieran prestado juramento a Juana como heredera, el rey reconoció no estar legítimamente casado con Juana de Portugal por lo que la hija de ambos no tenía ningún derecho al trono y al mismo tiempo comunicaba que Isabel era su heredera y ordenaba que se la jurase como tal.​

La concordia de los Toros de Guisando incluía que Isabel contrajera matrimonio. La nobleza intentó imponerle un esposo pero Isabel no aceptó esa mediatización y trató en secreto su matrimonio con su primo segundo Fernando, heredero del trono de la Corona de Aragón. Según Miguel Ángel Ladero Quesada, la opción de Fernando era «la única manera de contar con apoyo exterior sólido, el del muy experimentado rey aragonés, y con otro interior, pues permanecían vivas en Castilla antiguas fidelidades y recuerdos anudados en torno a los "Infantes de Aragón", de los que Juan II era único superviviente. La princesa, al mostrar su independencia, conseguía, también, la simpatía de los partidarios de una Corona fuerte... aunque corría el riesgo de que el rey considerase roto lo acordado en Guisando, ya que el matrimonio se trataba sin su consentimiento y permiso».​

Mural de azulejos que muestra una representación figurada de la boda de los Reyes Católicos. Se encuentra en el banco dedicado a la provincia de Valladolid de la Plaza de España de Sevilla, construida para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

El 7 de marzo de 1469 se firmaban en Cervera unas capitulaciones matrimoniales, según las cuales se garantizaba a Isabel el pleno y libre ejercicio de su futuro poder y la ayuda que necesitara para acceder al trono en su momento. Concretamente Isabel recibiría la dote correspondiente a las reinas de Aragón ―Borja y Magallón, en el reino de Aragón; Elche y Crevillente, en el reino de Valencia; Tarrasa, en el Principado de Cataluña; y la Cámara de la Reina, en Siracusa (reino de Sicilia)―, además de 100 000 florines de oro y 4000 lanzas «si los fechos de Castilla viniesen en rotura». Fuera de las capitulaciones también se le entregarían inmediatamente 20 000 florines y un collar de balajes, por valor de 40 000 ducados, que el rey Juan II, padre de Fernando, tenía empeñado en la ciudad de Valencia como garantía de la devolución de un préstamo que esta ciudad le había concedido seis meses antes.​

La boda tuvo lugar siete meses después, el 19 de octubre, en el palacio de los Vivero de Valladolid a donde acudió Fernando, de incógnito, bajo la protección de arzobispo de Toledo Carrillo, que fue quien aportó una bula papal de dispensa, al tratarse de un casamiento entre primos, pero que había falsificado con la connivencia del legado apostólico Veneris. La bula auténtica llegaría dos años después, en diciembre de 1471, expedida por el papa Sixto V.​ ​​​

Cuando Enrique IV tuvo conocimiento del matrimonio de Isabel con el heredero de la Corona de Aragón, un enlace que se había realizado sin su consentimiento, dudó sobre si invalidar el acuerdo de Guisando, pero finalmente en octubre de 1470 lo hizo presionado por el marqués de Villena —que ahora encabezaba la facción nobiliaria contraria a Isabel— y volvió a reconocer a su hija Juana, de ocho años de edad, como la heredera al trono de Castilla, y así fue jurada por una parte de la nobleza y por la diputación permanente de Cortes —siete procuradores de cinco ciudades—, todos ellos seguidores del marqués de Villena.​ Por su parte Isabel se atuvo a lo pactado en Guisando y se negó a aceptar la validez de esa decisión del rey. Fue entonces cuando entre sus partidarios se dio credibilidad al rumor que circulaba de que Juana sólo era «hija de la reina», apodándola «la Beltraneja» (al atribuir la paternidad al noble Beltrán de la Cueva, hombre de confianza de Enrique IV).​

Progresivamente la nobleza castellana se fue decantando por Isabel —el apoyo de la casa de Mendoza, con el obispo y futuro cardenal Pedro González de Mendoza al frente, resultaría decisiva—. Según Ladero Quesada, «el viejo programa nobiliario del marqués de Villena —gobierno de la alta nobleza con "la menor cantidad de rey posible"— había demostrado suficientemente su fracaso y un resultado indeseable para muchos con nuevos desequilibrios entre los mismos nobles; la política de Pacheco, que monopolizaba la voluntad regia entonces, lo demostraba, al provocar un flujo continuo de mercedes a favor de sus seguidores —nobles o concejos— que destruía el mismo edificio del poder monárquico».​

Concordia de Segovia (1475), conservada en el Archivo General de Simancas (España)

El 4 de octubre de 1474 moría Pedro Pacheco, marqués de Villena, y el 11 de diciembre fallecía el propio rey Enrique IV sin testar. Dos días después Isabel era proclamada en Segovia reina de Castilla. Al mes siguiente Isabel y Fernando firmaban la Concordia de Segovia en la que se regulaban los poderes de cada uno en el gobierno de Castilla, desarrollando las Capitulaciones de Cervera de marzo de 1469. Pero una parte de la nobleza siguió apoyando a Juana lo que dio inicio a la guerra civil por la sucesión al trono de Castilla. Resultó decisivo que el arzobispo Carrillo se pasara al bando de Juana, lo que arrastró al resto de nobles contrarios a Isabel.​​

Guerra Civil (1475-1479)

En marzo de 1475 el rey de Portugal Alfonso V declaró su apoyo a Juana, hija de Enrique IV, y anunció que contraería matrimonio con su sobrina (la madre de Juana, de trece años de edad, era Juana de Portugal, hermana de Alfonso V). Una decisión que, según Miguel Ángel Ladero Quesada, «tenía tanto de motivaciones familiares e incluso personales, pues implicaba cierto sentido caballeresco del deber, como políticas: el rey portugués veía con inquietud la inminente unión dinástica entre Castilla y Aragón».​ Poco después Alfonso V se casaba con Juana en Plasencia, un señorío de Álvaro de Zúñiga y Guzmán —que también apoyaba la causa de Juana— y allí mismo era proclamada como reina de Castilla. A continuación el rey portugués se apoderó de Toro y después pasó al castillo de Burgos, también señorío de los Zúñiga. El castillo fue sometido a un asedio por un ejército encabezado por Fernando, el esposo de Isabel, y caería en enero de 1476. Mientras tanto Alfonso V había sellado una alianza con Luis XI de Francia, que quería consolidar su dominio sobre los condados de Rosellón y de Cerdaña, arrebatados a Juan II de Aragón, padre de Fernando.​

El curso de la guerra se fue decantando del bando de Isabel, sobre todo después de que el 1 de marzo de 1476 Fernando derrotara al ejército de Alfonso V en la batalla de Toro —la ciudad sería tomada a finales de septiembre— y de que en los meses siguientes hasta junio se rechazaran los ataques de Luis XI contra Fuenterrabía —Fernando viajaría a las Vascongadas para consolidar la victoria de Fuenterrabía y para organizar una armada destinada a combatir a los corsarios franceses—. También en el terreno político porque las Cortes de Castilla reunidas en abril en Segovia y en Madrigal —aunque no todas las ciudades estuvieron presentes— juraron como heredera al trono a la princesa Isabel, hija primogénita de Isabel y de Fernando (de cinco años de edad), y concedieron un cuantioso servicio de 162 millones de maravedís —además de acordar la creación de la Santa Hermandad—.​ ​

En enero de 1477 Luis XI abandonaba su alianza con Alfonso V a cambio de que se le garantizara la posesión de los condados de Rosellón y de Cerdaña, mientras iba creciendo en Lisboa la oposición a la continuidad de la guerra con Castilla, encabezada por el heredero al trono, el príncipe Juan. En Castilla ya solo pervivía un foco favorable a Juana en Extremadura, que sería sofocado por Fernando en febrero de 1479 (Batalla de La Albuera). Un mes antes había muerto Juan II de Aragón, por lo que Fernando tras su victoria marchó a Zaragoza y a Barcelona para hacerse cargo de su herencia. Mientras tanto se iniciaron las negociaciones de paz con el reino de Portugal que culminarían con la firma del Tratado de Alcaçovas el 4 de septiembre de 1479 que puso fin a la guerra. Alfonso V renunció a sus pretensiones al trono castellano y a cambio se reconoció a Portugal el derecho exclusivo de navegación al sur del cabo Bojador, quedando las Islas Canarias bajo soberanía castellana. Para sellar la nueva entente se pactó el matrimonio de la infanta castellana Isabel con el infante portugués Alfonso, hijo mayor del príncipe heredero Juan. En cuanto a Juana, la hija de Enrique IV, se le dio la opción de casarse en el futuro con el príncipe Juan, hijo recién nacido de Fernando e Isabel, o ingresar en un convento portugués, pero siempre sin tomar «título de reina, ni de princesa, ni de infanta». Juana escogería esta última opción, aunque no renunciaría nunca, a título personal, a sus derechos al trono castellano.​

Entre octubre de 1479 y mayo de 1480 se celebraron Cortes de Castilla en Toledo con la presencia de los procuradores de las 17 ciudades con derecho a voto (los representantes de la nobleza no fueron muchos porque este estamento tenía otros cauces para defender sus intereses ante la Corona). Se juró al príncipe Juan como el nuevo heredero y se aprobaron un conjunto de medidas (monetarias, administrativas, de ferias y mercados, referentes a las rentas reales y a los beneficios eclesiásticos, sobre judíos y mudéjares, entre otras) que se promulgaron bajo la forma de ordenamiento regio.​ Sin embargo, aún quedaba un último territorio por pacificar, Galicia, donde continuaban los abusos de la media y baja nobleza tras su victoria sobre la revuelta Irmandiña de 1467-1469, pero la enérgica y expeditiva actuación del nuevo gobernador nombrado en octubre de 1480 logró restablecer el orden entre 1482 y 1483. Los reyes viajarían a Galicia en septiembre y octubre de 1486 «para consolidar con su presencia la pacificación y nuevo orden del reino».​

Unión dinástica y gobierno conjunto

Unión dinástica

La unión de las Coronas de Castilla y de Aragón en el reinado de los Reyes Católicos fue una unión dinástica, no una unión política o una «unión nacional». Como ha señalado Joseph Pérez, «los dos grupos de territorios se encuentran simplemente asociados gracias a la unión personal de sus soberanos. Desde ese momento hay, ciertamente, una política y una diplomacia comunes, pero, por lo demás, los dos Estados conservan su originalidad, sus leyes, sus instituciones, sus costumbres. Las conquistas exteriores se atribuyen, a su vez, a uno u otro de los dos Estados miembros: las Indias, Granada y Navarra se incorporaron a la Corona de Castilla; Nápoles a Aragón. Más que una unión nacional, conviene, pues, hablar de una doble monarquía... En cuanto al derecho: los dos Estados, Castilla y Aragón, permanecen cuidadosamente diferenciados; los dos soberanos conservan su preeminencia, cada uno en su reino».​

Por su parte Miguel Ángel Ladero Quesada ha destacado que en la monarquía de los Reyes Católicos se mantuvieron «los vínculos de naturaleza específicos de cada uno de sus componentes». «Los castellanos todos —unos 4 500 000— tenían el mismo vínculo de naturaleza, las mismas leyes reales y el mismo sistema fiscal —salvo alguna excepción parcial, como era la del señorío real de Vizcaya— en los 385 000 km² de su territorio. [...] Pero la situación era distinta en la Corona de Aragón, donde los habitantes del reino de Aragón (250 000), los del Principado de Cataluña (300 000), los del reino de Valencia (250 000), los del de Mallorca (50 000) y, por supuesto, los de Sicilia y Cerdeña conservaban la naturaleza respectiva y eran extranjeros recíprocamente. Lo mismo sucedió con el reino de Navarra después de su incorporación a la Corona de Castilla en 1515». Así «aun después de la unión dinástica, la capacidad regia para introducir oficiales o funcionarios "extranjeros" en cada parte era limitada... En sus respectivos testamentos, Isabel, en 1504, y Fernando, en 1515, insisten en que los oficios públicos estén en manos de "naturales" de los respectivos reinos».​

Gobierno conjunto

La posición de Fernando en la Corona de Castilla fue regulada inicialmente en las capitulaciones de Cervera del 5 de marzo de 1469, firmadas siete meses antes de celebrarse la boda en Valladolid. En ellas Fernando se comprometía a respetar las libertades y los fueros de las villas y ciudades castellanas así como la libertad eclesiástica y no podría ordenar nada si su firma no iba acompañada de la de su esposa. Tampoco podría otorgar mercedes ni nombrar cargos pues esto era una prerrogativa exclusiva de doña Isabel. Asimismo se establecía que don Fernando no podría abandonar Castilla «sin consentimiento» de su mujer y que «no tomaría empresa o haría guerra o paz sin su voluntad».​​

Escudo de los Reyes Católicos (hasta 1492) con las armas de la Corona de Castilla (primer y cuarto cuartel), título aportado por Isabel I de Castilla, y las de la Corona de Aragón, junto con las del reino de Sicilia (segundo y tercer cuartel), títulos aportados por Fernando II de Aragón.

La regulación definitiva se estableció en la Concordia de Segovia tras la proclamación como reina de Castilla de Isabel en esa misma localidad, nada más conocerse la muerte del rey Enrique IV. La fórmula escogida fue: «Castilla, Castilla, Castilla... por la reina e señora doña Isabel, e por el... rey Fernando como legítimo marido».​ Según Joseph Pérez la Concordia firmada en Segovia el 15 de enero de 1475 «constituye el ordenamiento constitucional de la monarquía incipiente». Según este mismo historiador los puntos esenciales de la misma serían los siguientes: «Todos los documentos oficiales serían dados en nombre del rey y de la reina, precediendo el nombre del rey al de la reina y las armas de la reina a las del rey; las tenencias de las fortalezas se darían a nombre de la reina sola; las rentas de Castilla se emplearían de común acuerdo entre los reyes; las mismas normas se seguirían en Aragón y Sicilia; las mercedes y oficios serían concesión de la reina sola; los beneficios eclesiásticos serían suplicados por los dos soberanos pero a voluntad de la reina; la administración de justicia recaería en los dos soberanos cuando estuviesen juntos y en cualquiera de ellos si se hallasen separados». El mismo Pérez concluye que «en el terreno jurídico, Isabel no cede nada: ella sigue siendo de derecho la sola reina de Castilla; pero de hecho Fernando recibe poderes muy amplios que le confieren plena autoridad en Castilla... Por otra parte, este documento, al proclamar que el reino de Castilla era propiedad de la sola reina, venía a dar satisfacción moral a todo aquel sector castellano que se mostraba receloso ante una influencia aragonesa demasiado fuerte en el Estado».​

Los poderes de Fernando en Castilla fueron concretados por la reina Isabel poco después, en abril de 1475, en los inicios de la guerra civil:​

Por ende, doy poder al dicho rey, mi señor, para que donde quiera que fuese en los dichos reynos y señoríos [de Castilla], pueda por sí e en su cabo, aunque yo no sea ende, proveer, mandar, fazer e ordenar todo lo que fuera visto e lo que por bien toviere e lo que le paresciere cumplir al servicio suyo e mío, e al bien, guarda e defensión de los dichos reynos y señoríos nuestros.

No parece que Isabel dispusiera de unos poderes semejantes en la Corona de Aragón. En abril de 1481 Fernando la nombró conregentem, gubernatricem, administraticem generalis et alteram nos in regnis nostris... coronas regni Aragonum ['corregente, gobernadora, administradora general y otro yo en nuestros reinos... de la Corona de Aragón'] y en 1488 la designó lugarteniente general, pero, según Miguel Ángel Ladero Quesada, «se trata de delegaciones circunstanciales de poder regio, no muy diferentes a las que habían tenido anteriores lugartenientes generales —por ejemplo, pocos decenios antes, la reina María de Castilla, mujer de Alfonso V el Magnánimo—,... aunque Isabel ejerciera ciertos poderes regios en los reinos aragoneses».​ Ladero Quesada señala que Fernando era el señor e pariente mayor la Casa de Trastámara, a la que también pertenecía Isabel, y que desde el Compromiso de Caspe de 1412 reinaba tanto en Castilla como en Aragón. Como tal había sido reconocido por su padre Juan II de Aragón en 1476, tres años antes de morir:​

Vos, fijo, que sois señor principal de la Casa de Castilla, donde yo vengo, sois aquel a quien todos los que venimos de aquella casa somos obligados a acatar e servir como a nuestro señor e pariente mayor, e las honras que yos os debo en este caso, han mayor lugar que la obediencia filial que vos me debéis como a padre...

Titulaciones, símbolos y emblemas

Véanse también: Escudo de los Reyes Católicos y Yugo y flechas.

Vista de la sala del Trono del Alcázar de Segovia, con el lema "tanto monta" en el frontal del dosel y el escudo al fondo.

El cronista castellano Hernando del Pulgar escribió que se trataba de «una voluntad que moraba en dos cuerpos», de ahí que las iniciales de los nombres de los reyes y las empresas de cada uno (el yugo, de Fernando; las flechas, de Isabel)​ figuraran en monedas, documentos, edificios públicos, etc., así como la fórmula estereotipada el rey y la reina. Sin embargo, utilizar el lema Tanto monta para remarcar que los dos soberanos actuaban al unísono es equívoco pues era un lema exclusivo de Fernando (y que hacía referencia a la leyenda del nudo gordiano de Alejandro Magno que cortó el nudo con su espada, comentando: da lo mismo (tanto monta) cortar como desatar).​

En la Concordia de Segovia de 1475 quedaron acordados los títulos y la heráldica que pertenecieron por igual a ambos esposos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, un caso inaudito en la historia de la emblemática de Europa. En la imagen, un sello policromo con el escudo de 1491. Es un cuartelado; 1º y 4º, contracuartelado de Castilla y Reino de León; en el 2º y 3º, partido de Aragón y Sicilia. El conjunto es sostenido por un águila como soporte, nimbada y pasmada, también llamada de "San Juan".

En cuanto a los títulos Isabel y Fernando no se denominaron «reyes de España», aunque así fueron conocidos frecuentemente en el exterior (también como «rey y reina de las Españas»).​ En la Concordia de Segovia se acordó que el nombre de Fernando precedería al de Isabel pero las armas y los títulos de esta irían por delante. Así antes de la conquista de Granada la intitulación era la siguiente:​​

Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras e de Guipúzcoa, conde e condesa de Barcelona, e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellón e de Cerdanya, marqueses de Oristán e de Gociano.

Cuádruple ducado de (oro), en cuyo anverso se ubican los bustos afrontados de Fernando e Isabel, con un 4, que expresa el valor, rodeados por la frase en latín: FERNANDVS:ET:HELISABET:REX:ET:REGINA ('Fernando e Isabel Rey y Reina'). En el reverso figura un escudo con las armas de Castilla y León y Aragón-Sicilia, y Granada en punta, coronado y cobijado por el águila de San Juan, con un acueducto como marca de ceca y en rededor la leyenda: SVB:VMBRA:ALARVM:TVARUM:PROT. (Sub umbra alarum tuarum protege nos, 'Bajo la sombra de tus alas, protégenos').​

Sin embargo, «en los documentos de las cancillería catalano-aragonesas es muy frecuente que aparezca el nombre de Fernando exclusivamente... Un desequilibrio semejante se observa en los tipos monetarios, pues en las monedas de Castilla figuran los cónyuges afrontados, con una leyenda en torno de carácter religioso o relativa al reinado ("Ferndinandus et Elisabeth Dei Gratia Rex et Regina Castelle Legionis»), o bien, en los reales de plata, el escudo regio, el yugo y las flechas, mientras que en la mayoría de las de ámbito catalán y aragonés figura el busto de Fernando, aunque puedan tener referencia, a veces, a totalidad de sus reinos».​

Por lo que respecta al soporte del escudo, el águila de San Juan, fue utilizado primeramente por Isabel siendo aún princesa en 1473. En un escudo de ese año el águila que simboliza a Juan el Evangelista aparece nimbada y no coronada, sin duda debido a que aún no había sido coronada como reina de Castilla, suceso que tendría lugar en Segovia a fines de 1474. Posteriormente fue incorporada a las armas combinadas de ambos.​​

Título de «Reyes Católicos»

El papa Alejandro VI, en la bula Inter caetera llamó a los esposos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla «verdaderos reyes y príncipes católicos».

La iniciativa para conceder a Fernando e Isabel el título de «Reyes Católicos» partió de Enrique Enríquez, que era tío de Fernando y también consuegro del papa de origen valenciano Alejandro VI.​​

En una carta de mayo de 1494, el nuncio Francisco Desprats le aconsejaba al papa que aceptase la petición de Enrique Enríquez de dar a los reyes el título de «Muy Católicos» (molt catolichs en el original).​ Finalmente, el título de «Reyes Católicos de las Españas» fue concedido oficialmente por Alejandro VI a favor de Fernando e Isabel en la bula Si convenit, expedida el 19 de diciembre de 1496.​

Dicha bula fue redactada tras un debate en el Colegio cardenalicio, realizado el 2 de diciembre de 1496, con el consejo directo de tres cardenales (Oliverio Caraffa, de Nápoles-; Francisco Piccolomini, de Siena-; y Jorge de Costa, de Lisboa) quienes enumeraron los méritos de los dos reyes para que se les concediera un título que nadie había poseído, debate en el que se barajaron y descartaron otros posibles títulos.

El papado fundamentó su concesión del título en seis causas fundamentales: las virtudes personales que poseían ambos Reyes manifestadas en la unificación, pacificación y robustecimiento de sus reinos; la reconquista de Granada de manos del islam; la expulsión de los judíos en 1492; la liberación de los Estados Pontificios y del feudo papal del reino de Nápoles invadidos por el rey Carlos VIII de Francia; y los esfuerzos realizados y los proyectos para llevar la guerra a los infieles en África.​ Según Miguel Ángel Ladero Quesada, «parece que el título de "Reyes Católicos" tuvo un significado más bien coyuntural, al ser consecuencia de los triunfos y designios regios en Italia y el Mediterráneo, que se contraponían a los del rival francés, el "Rey Cristianísimo"».​

La concesión del título generó protestas del embajador francés, que veía incompatible el nuevo título con el de Cristianísimo que ostentaba el rey de Francia desde 1464; y del embajador de Portugal, que se quejaba de que el término «las Españas» incluía a su país, que había formado parte de la Hispania romana.​​

Política interior

La política interior de los Reyes Católicos estuvo encaminada a asegurarse de que su autoridad y sus prerrogativas regias fueran indiscutibles. Lo consiguieron en la Corona de Castilla,​ donde los poderes del rey no estaban mediatizados por las instituciones del reino, no tanto en la Corona de Aragón, donde Fernando tuvo que contar con las Cortes y las Diputaciones de cada uno de los Estados que la componían y que limitaban considerablemente las prerrogativas del monarca.

Corona de Castilla

La prioridad inicial de Isabel y de Fernando fue afianzar su autoridad y asegurar el orden y la paz social una vez concluida la guerra civil, para lo que contaron con la Santa Hermandad, fundada en abril de 1476 en las Cortes de Castilla reunidas en Madrigal de las Altas Torres y que ya había desempeñado un papel destacado en su victoria en la contienda. Cada municipio de más de doscientos habitantes debía recaudar un impuesto especial para pagar a dos jueces y a una brigada de cuadrilleros a los que se añadirán tras la celebración de la asamblea general celebrada en Dueñas pocos meses después unos grupos móviles denominados capitanías. El mando supremo fue asignado a Alfonso de Aragón, hermano bastardo del rey. En principio se concibió como una institución temporal pero como su vigencia se fue prolongando —unidades de la Santa Hermandad intervinieron en la conquista de Granada de 1492— muchos municipios acabaron quejándose de la carga fiscal que suponía para ellos su mantenimiento. Para ahorrar gastos en 1498 se suprimirán los órganos centrales conservándose tan sólo las cuadrillas locales encargadas, como al principio, de la represión del bandidaje en las zonas rurales.​ Según Joseph Pérez, «la Santa Hermandad, organismo al tiempo policial y judicial, constituyó, al principio del reinado, una fuerza de apoyo muy apreciable para unos soberanos preocupados para afianzar su poder», convirtiéndose finalmente en una «una guardia rural eficaz, temida y respetada».​

El siguiente paso fue restablecer en todos los ámbitos la autoridad del Estado para lo que reorganizaron en profundidad las instituciones existentes y crearon otras nuevas. Se fijó en Valladolid la sede definitiva de la Real Audiencia y Chacillería a la que se sumó en 1494, tras la conquista de Granada, una nueva con sede en Ciudad Real, y más tarde trasladada a Granada, con jurisdicción sobre el reino recién conquistado y sobre el resto del territorio castellano situado al sur de Sierra Morena, mientras que la de Valladolid conservaba el resto.​ Además, el Consejo Real, consejo privado del soberano, fue reformado en cuanto a su composición y a sus atribuciones. Presidido por un obispo quedó integrado por tres caballeros (miembros de la pequeña nobleza]) y ocho o nueve juristas (letrados) —los miembros de la alta nobleza podían seguir asistiendo pero como observadores, perdiendo así todo poder efectivo, por lo que progresivamente irán dejando de acudir a sus reuniones. El Consejo Real se convierte así en el órgano supremo del gobierno, con atribuciones no sólo administrativas sino también judiciales y, como consecuencia de ello, los secretarios reales encargados de preparar las sesiones del Consejo y de redactar las decisiones adoptadas, irán cobrando cada vez mayor importancia, en cuanto colaboradores directos y cotidianos de los soberanos, aunque nunca se convertirán en verdaderos ministros.​

En el ámbito local y territorial, extendieron la institución de los corregidores con carácter permanente a todas las ciudades, con poderes muy amplios. De hecho ninguna decisión del consejo municipal (ayuntamiento), que mantiene su carácter oligárquico (los regidores, o veinticuatros se transmiten el cargo de padres a hijos y se reservan exclusivamente los cargos municipales: jueces [alcaldes], inspectores [fieles], etc.), no tenía validez si no contaba con su aprobación.​ Además su ámbito de actuación no se limitó a la ciudad donde residían sino a todo el territorio de los sesenta y cuatro distritos, llamados precisamente corregimientos, en que quedó dividido el reino. Sus miembros fueron escogidos, «por su competencia, su honradez y su lealtad», entre juristas salidos de las universidades (letrados) o entre los miembros de la pequeña nobleza (caballeros).​ Según Joseph Pérez, «los corregidores fueron los agentes más eficaces de la Corona en su esfuerzo por restablecer en todo el territorio nacional la autoridad del Estado».​

Al principio recurrieron a las Cortes —a las que acudían las 17 ciudades con derecho a ello, y después de 1492 también lo hará Granada, pero no la nobleza y el clero— para que aprobaran y apoyaran sus políticas —Cortes de Madrigal de 1476, Cortes de Toledo de 1479-1480— pero pasaron casi veinte años sin celebrar ninguna —las siguientes se reunieron en 1499 y después solo una vez más, en 1502—. Según Joseph Pérez se evita convocarlas «para impedir que se transformen en una institución verdaderamente representativa con la que habría que contar». Pérez advierte que los Reyes Católicos no tuvieron necesidad de hacerlo, salvo en situaciones excepcionales como la votación de impuestos nuevos o la jura del heredero al trono, porque «las contribuciones indirectas (alcabalas, impuestos de consumo; bulas de la Cruzada, cobradas por el Estado) aseguran beneficios regulares y sustanciosos a la Corona, [por lo que] el recurso al impuesto directo, para el que las Cortes tienen que dar obligatoriamente su consentimiento, se vuelve menos necesario, fuera de periodos de crisis». Además, por medio de los corregidores que fiscalizaban la elección de los procuradores se aseguraban de que las Cortes no pusieran ningún obstáculo a sus deseos. «Así constituidas las Cortes, que a fin de cuentas se reúnen lo menos posible, no podrían ofrecer una resistencia seria a los soberanos», concluye Pérez.​

En cuanto a la nobleza, el primer objetivo fue rescatar rentas (juros), impuestos, tierras, beneficios eclesiásticos, etc. que había arrebatado a la Corona aprovechando la crisis sucesoria iniciada en 1464. De esa forma sanearían la Hacienda real y reducirían en parte su poder. «Era una tarea ardua el arrancar a los interesados lo que consideraban como derechos adquiridos. Los soberanos lo consiguen, no obstante, no sin discusiones, no sin concesiones», ha señalado Joseph Pérez.​ Pero, como ha señalado este mismo historiador, esta política no significó que los Reyes Católicos pretendieran «derribar» a la alta nobleza sino quitarle «toda influencia política, al reforzar su red de agentes (corregidores), escogidos fuera de ella, y al privarla del derecho de voto en el Consejo Real», a lo que hay que añadir que dejara de ocupar los maestrazgos de las Órdenes militares que pasaron al rey Fernando, en cuanto se fueron produciendo las vacantes —aunque esta dignidad no pasará de derecho a la Corona hasta 1524, bajo el pontificado de Adriano VI—.​ Prueba de que no pretendieron «derribarla» fue que su enorme riqueza territorial adquirida a finales del siglo XVI (mercedes enriqueñas) y principios del siguiente, no solo la conservó sino que la acrecentó, hasta el punto que en su testamento la reina Isabel se preguntó si no habían sido demasiado débiles con los grandes señores. De hecho las Leyes de Toro, aprobadas por las Cortes en 1505, un año después de su muerte, les garantizaron sus propiedades y rentas a perpetuidad, mediante la institución del mayorazgo.​

El mismo objetivo de afirmar la autoridad del Estado guio la política respecto del alto clero, emparentado con la alta aristocracia con con la que comparte mentalidad e intereses, y que ostenta poderes territoriales considerables, con el arzobispo de Toledo a la cabeza. Para ello exigieron al Papa intervenir en la designación de los obispos, lo que terminaron consiguiendo, y también obtuvieron de Roma el derecho de presentación para los nuevos territorios incorporados a la Corona (las Islas Canarias, el reino de Granada y las Indias), aunque no para el resto.​ Así consiguieron que, salvo excepciones, para los obispados y otros cargos eclesiásticos no fueran nombrados extranjeros sino naturales de Castilla y que quedaran excluidos, también con excepciones, los miembros de las familias de la alta nobleza, lo que supuso un cambio radical, proponiendo en su lugar a letrados de una moralidad intachable. «En un clero escrupulosamente reclutado, los Reyes Católicos encuentran, con toda naturalidad aliados y no ya rivales, colaboradores competentes y fieles que, sin desatender sus deberes de pastores, pueden ocupar ocasionalmente los más altos puestos de la administración y aparecer como verdaderos hombres de Estado; Cisneros ofrece el mejor ejemplo de esto», ha señalado Joseph Pérez.​ Por otro lado, también apoyaron la reforma de las órdenes religiosas con la misma finalidad: «elevar el nivel intelectual y moral de los frailes y evitar también que las riquezas territoriales de los grandes monasterios constituyan un peligro para el Estado».​

Corona de Aragón

La Corona de Aragón no vio modificadas las leyes e instituciones propias de los reinos y el principado que la integraban, aunque en el listado de títulos se antepusieron los de Castilla y León al de Aragón —a pesar de la opinión contraria de aquellos—. Sin embargo, se introdujeron dos importantes novedades: el Consejo de Aragón creado en 1494 y la proliferación del sistema virreinal como consecuencia de la largas ausencias de Fernando de sus estados patrimoniales (una tercera sería la introducción de la Inquisición).​

Ernest Belenguer ha señalado que la política aplicada por Fernando el Católico en la Corona de Aragón, como rey privativo de la misma, tuvo el mismo objetivo que la aplicada en la Corona de Castilla —asegurar la supremacía de la realeza—, pero «las estructuras, ritmos y circunstancias políticas no permitieron jamás a Fernando una unidad de acción idéntica sobre todos sus reinos patrimoniales: pequeños márgenes de intervención que le obligaron a la inhibición en Aragón, mayores posibilidades en Cataluña, previo el implícito consenso de una reforma pactada con las clases privilegiadas, control dirigista sobre Valencia que abocaría al país al conflicto político-social de 1519 y una ataraxia absolutamente inmovilista que no solucionó nada en Mallorca en el paréntesis de las crisis más graves de su historia: la de la Revuelta forana de 1450 y las Germanías de la isla en 1521».​

Reino de Aragón

Fue el estado de la Corona de Aragón más inmovilista ya que «la mayor parte de sus esfuerzos reformistas [del rey Fernando] fueron baldíos, incapaces de romper la oposición de la fuerzas vivas del reino», como ha señalado Ernest Belenguer.​ Así, la potestad absoluta que la nobleza aragonesa ostentaba sobre sus campesinos permaneció inalterable, salvaguardada por sus Fueros. En Aragón no hubo ningún movimiento similar al de los remensas catalanes y solo se pueden señalar las fracasadas alteraciones de Ariza, concluidas con la Sentencia de Ariza de 1497 en la que Fernando el Católico confirmó los derechos señoriales, lo que la alejaba de la Sentencia Arbitral de Guadalupe para el conflicto remensa catalán dictada por el rey diez años antes.​

Principado de Cataluña

En el Principado de Cataluña el advenimiento al trono de Fernando levantó grandes expectativas, tras los años traumáticos de la guerra civil. «Tota la esperança de aquesta vostra ciutat e Principat están en la reyal persona de Vostra Excel·lencia...», le escribieron los consellers de Barcelona. Se confiaba en que iniciara una nueva época de regeneración, redreç, en expresión de aquellos años.​

Las bases del redreç se establecieron en las Cortes de Barcelona de 1480-1481 en las que se resolvió la cuestión pendiente de las restituciones establecidas en la Capitulación de Pedralbes que pusieron fin a la guerra civil —los bienes incautados por uno y otro bando durante la contienda debían devolverse a sus dueños iniciales—. Se votó un crédito de cien mil libras con el que el rey podría indemnizar por las pérdidas que sufrieran los que habían combatido junto a Juan II al reintegrar los bienes inmuebles que hubieran obtenido como consecuencia de la contienda.​ Además se aprobó la constitución Poch valdria (‘Poco valdría’), más conocida como la «Constitució de l'Observança», en la que se reafirmó el pactismo como sistema de gobierno para Cataluña que perduraría hasta el Decreto de Nueva Planta de Cataluña de 1714.​

En las Cortes de Barcelona también se abordó la cuestión remensa, aprobándose la Constitución Com per lo senyor rey que era favorable a los señores ya que podían recuperar sus rentas y sus prerrogativas sobre los campesinos. La respuesta del movimiento remensa, dirigido por Pere Joan Sala, dio lugar a la segunda guerra remensa (1484) que alcanzó grandes proporciones. Fernando adoptó entonces una solución de compromiso que se plasmó en la Sentencia Arbitral de Guadalupe (1486), en virtud de la cual los malos usos eran redimidos mediante el pago de sesenta sueldos por mas y los campesinos conseguían una serie de libertades. Como ha señalado Ernest Belenguer, en la Sentencia «fue ya un hecho la liberalización personal del remensa, la apropiación en favor del payés del dominio útil de la tierra y su conversión en campesino enfiteuta, aunque en absoluto se asistiese a la abolición del sistema señorial en el campo».​

En cuanto a las ciudades el programa político-económico de Fernando Católico, el redreç, contó con el apoyo del patriciado urbano, especialmente el de Barcelona, a cuyos integrantes el rey les concedió el dominio del Consell de Cent (los ciutadans honrats pasaron de 32 a 48 jurats y obtuvieron tres de las cinco consellerías ejecutivas). «Aquí, el rey Fernando, al contrario que en Aragón, pudo innovar con el permiso de las clases bienestantes que vieron en él garantía de orden y de conservación», ha afirmado Ernest Belenguer.​

Reino de Valencia

Fue el estado de la Corona de Aragón sometido a un más férreo control por parte del rey Fernando el Católico, lo que le permitió sacar el máximo rendimiento del auge económico que venía experimentando el reino, y singularmente su capital, desde las primeras décadas del siglo XV. Unos ocho millones y medio de sueldos en préstamos de la ciudad de Valencia fueron a parar a las arcas de la monarquía, que les sirvieron para financiar su política expansiva (cuando los reyes anteriores no habían sobrepasado los tres millones). Fernando el Católico se limitó a no modificar la «influencia» que tenía la Corona en el nombramiento de los seis jurats de la ciudad (se sorteaban entre una lista de candidatos, denominada ceda, confeccionada por el racional que era nombrado por el rey), que a su vez le permitía fiscalizar la Generalitat —el diputado del braç real era generalmente un jurat de la capital— y las Corts —las opiniones de los jurats de Valencia eran normalmente seguidas por el resto de villas y ciudades de realengo—.​

Reino de Mallorca

Fernando el Católico intentó poner en marcha un redreç (regeneración) como en Cataluña, sobre todo bajo el gobierno del virrey Joan Aymerich (1493-1512), pero fracasó porque, a diferencia del Principado y al igual que el reino de Aragón, los sectores privilegiados se opusieron a él.​

Política religiosa

La creación de la Inquisición

La Virgen de los Reyes Católicos, pintada entre 1491 y 1493. A la derecha de la Virgen María, el rey Fernando II de Aragón y el príncipe de Asturias, Juan de Aragón; a la izquierda, la reina Isabel I de Castilla, con la infanta Isabel. De pie, se hallan santo Tomás de Aquino, sosteniendo a la Iglesia, y santo Domingo de Guzmán, con un libro y una palma. Detrás del rey Fernando aparece arrodillado el inquisidor general Tomás de Torquemada, y detrás de la reina, también arrodillado, el inquisidor de Aragón Pedro de Arbués.

La Inquisición fue «la única institución cuya autoridad abarcaba todos los reinos de España», ha señalado Henry Kamen.​ Diez años después de la promulgación de la bula papal que, a petición de los Reyes Católicos, la instituyó en la Corona de Castilla se creó el Consejo de la Suprema Inquisición, con jurisdicción tanto sobre la Corona de Castilla como sobre la Corona de Aragón.​​

Corona de Castilla

Cuando en 1474 Isabel accede al trono de Castilla el criptojudaísmo​ no se castigaba, «no, por cierto, por tolerancia o indiferencia, sino porque se carecía de instrumentos jurídicos apropiados para caracterizar este tipo de delito».​ Por eso, cuando Isabel y Fernando deciden afrontar el «problema converso»,​ sobre todo después de que el prior de los dominicos de Sevilla, fray Alonso de Ojeda, les remite en 1475 un informe alarmante sobre la cantidad de conversos que en esa ciudad judaízan, incluso de manera abierta,​ se dirigen al papa Sixto IV para que les autorice a nombrar inquisidores en sus reinos, lo que el pontífice les concede por la bula Exigit sincerae devotionis del 1 de noviembre de 1478.​​ En la bula el papa Sixto IV estipulaba que los inquisidores debían de ser dos o tres sacerdotes de más de cuarenta años y concedía a los reyes su nombramiento y destitución.​

Dos años después, el 27 de septiembre de 1480, los reyes nombraban a los dos primeros inquisidores para Sevilla.​ Comenzaron a actuar inmediatamente haciendo arrestar a muchos sospechosos de judaizar​ y el 6 de febrero de 1481 organizan el primer auto de fe —seis personas fueron quemadas en la hoguera—.​ Como el trabajo los desborda el papa autoriza el nombramiento de siete inquisidores más el 11 de febrero de 1482, todos ellos dominicos, entre los que se encuentra Tomás de Torquemada, prior del convento de Santa Cruz de Segovia. Ese mismo año se crea un tribunal en Córdoba, y al año siguiente sendos tribunales en Jaén y Ciudad Real.​ Entre 1481 y 1488 dictan unas setecientas condenas a muerte y miles de cadenas perpetuas y otros castigos.​

Tomás de Torquemada, primer inquisidor general.

La severidad de los inquisidores causa estupor​ y las quejas llegan al papa Sixto IV, quien se plantea revocar la autorización que había dado a los reyes.​ Sin embargo las presiones diplomáticas le obligan a permitir en febrero de 1482 que los inquisidores continúen en sus cargos y amplía su número, aunque exige cambios importantes en el funcionamiento del tribunal: que los inquisidores rindan cuentas ante los obispos; que no se oculten los nombres de los testigos de cargo; y que los condenados puedan recurrir la sentencia a Roma.​ Pero el rey Fernando no admite ninguna de estas condiciones y de nuevo el papa acaba cediendo y designa inquisidor general al dominico Tomás de Torquemada, por lo que a partir de ese momento será él quien nombre a los inquisidores, y ante quien se harán las apelaciones.​ En 1488 el nuevo papa Inocencio VIII concede a los reyes la facultad de nombrar, en su momento, al sucesor de Torquemada en el cargo de inquisidor general.​

Corona de Aragón

Fernando II de Aragón

Tras acceder al trono de la Corona de Aragón (1479) Fernando pide permiso al papa en mayo de 1481 para nombrar inquisidores en sus estados, pero Sixto IV plantea la objeción de que desde el siglo XIII existía la inquisición medieval que todavía seguía actuando, aunque no con demasiado celo —entre 1460 y 1467 en Valencia se había procesado a quince presuntos judaizantes; había habido condenas de herejes en Zaragoza en 1482—. El problema para el rey Fernando era que estos inquisidores dependían de los obispos y no de la Corona, como la inquisición instaurada en Castilla en 1478-1480.​

El rey Fernando decide entonces imponer la nueva inquisición por la vía de los hechos y en diciembre de 1481 destituye a los inquisidores dependientes de sus respectivos obispos de Valencia y de Zaragoza, nombrando en su lugar a otros designados por él mismo. Se abre entonces un conflicto con Roma​ pero el papa acaba cediendo y en octubre de 1483 nombra a Torquemada inquisidor general también para la Corona de Aragón.​ De esta forma «la Inquisición española quedaba unida bajo un solo mando», «convirtiéndose en la única institución cuya autoridad abarcaba todos los reinos de España», ha señalado Henry Kamen.​

Asesinato del inquisidor Pedro de Arbués (1664), por Murillo (originalmente en la Capilla de la Inquisición, Sevilla. Actualmente en el Museo del Hermitage, San Petersburgo). Arbués fue asesinado en 1485 en la Catedral de Zaragoza por un grupo de sicarios pagados por judeoconversos que querían detener la implantación de la Inquisición en el Reino de Aragón.

A diferencia de Castilla donde la oposición a la Inquisición «fue escasa»,​ en la Corona de Aragón se dio una fuerte resistencia a su implantación, encabezada por las instituciones de sus estados que alegaron que violaba los fueros de cada uno de ellos: algunas de las sanciones que aplicaba, como la confiscación de bienes, era contraria a ellos, y además tampoco permitían que los «naturales» de otros reinos pudieran ocupar cargos, ya que Torquemada y la mayoría de inquisidores que había nombrado eran castellanos y por tanto extranjeros.​ Las primeras instituciones en mostrar su oposición fueron las Cortes del Reino de Valencia reunidas en 1484 y poco después le siguieron las Cortes del Reino de Aragón y las Cortes catalanas. El rey Fernando respondió que los fueros no podían ser invocados cuando está en juego un bien superior —la defensa de la fe— y además alegó que la Inquisición era una institución creada por el papa y que por tanto su autoridad estaba por encima de la de las cortes.​ Finalmente la impuso recurriendo a las coacciones y a las amenazas.​

El hecho de mayor impacto (y más sangriento) fue el asesinato en la noche del 14 al 15 de septiembre de 1485 del inquisidor Pedro Arbués mientras rezaba en la catedral de Zaragoza —moriría dos días después—. Fue perpetrado por unos sicarios pagados por un grupo de conversos aragoneses decididos a pasar a la acción porque la resistencia institucional a la implantación de la Inquisición no estaba dando ningún fruto.​​ La repulsa y el horror por el crimen​ fueron hábilmente utilizados por el rey Fernando para vencer cualquier resistencia que quedara a la implantación de la Inquisición. «Organiza unos funerales solemnes para la víctima, como si se tratara de un mártir de la fe» —en 1867 Pedro Arbués sería canonizado por Pío IX—.​

Sin embargo, la oposición de las instituciones de los estados de la Corona de Aragón continuará durante bastante tiempo. En las Cortes reunidas en Monzón en 1510-1512 el rey Fernando se compromete a reformar la Inquisición, pero en cuanto se cierran estas tras la concesión del impuesto extraordinario que había solicitado, alega que la promesa le había sido arrancada bajo coacción y no la cumple, tras conseguir que el papa Julio II le exima de su juramento.​

Expulsión de los judíos (1492)

Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón.

En las Cortes de Castilla celebradas en Madrigal de las Altas Torres en 1476, Isabel y Fernando recordaron que tenía que cumplirse lo dispuesto en el Ordenamiento de 1412 sobre los judíos —prohibición de llevar vestidos de lujo; obligación de llevar una rodela bermeja en el hombro derecho; prohibición de ejercer cargos con autoridad sobre cristianos, de tener criados cristianos, de prestar dinero a interés usurario, etc.—. Cuatro años después, en las Cortes celebradas en Toledo en 1480 decidieron ir más lejos para que se cumplieran estas normas: obligar a los judíos a vivir en barrios separados, de donde no podrían salir salvo de día para realizar sus ocupaciones profesionales. Así, a partir de esa fecha las juderías quedaron convertidas en guetos cercados por muros y los judíos fueron recluidos en ellos para evitar «confusión y daño de nuestra santa fe».​

A petición de los inquisidores que comenzaron a actuar en Sevilla a finales de 1480, los reyes tomaron en 1483 otra dura decisión: expulsar a los judíos de Andalucía. Los inquisidores habían convencido a los monarcas de que no lograrían acabar con el criptojudaísmo si los conversos seguían manteniendo el contacto con los judíos.​ Nueve años después extendieron la expulsión al resto de la Corona de Castilla y también a la Corona de Aragón. El 31 de marzo de 1492 —finalizada poco antes la guerra de Granada con la que se ponía fin al último reducto musulmán de la península ibérica—, firmaron en Granada el decreto de expulsión, aunque este no se haría público hasta finales del mes de abril.​ La iniciativa había partido de la Inquisición, cuyo inquisidor general Tomás de Torquemada fue encargado por los reyes de la redacción del documento.​ En él se fijaba un plazo de cuatro meses, que acababa el 10 de agosto, para que los judíos abandonaran de forma definitiva sus dominios: «Acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni alguno de ellos». En el plazo fijado podrían vender sus bienes inmuebles y llevarse el producto de la venta en forma de letras de cambio —no en moneda acuñada o en oro y plata porque su salida estaba prohibida por la ley— o de mercaderías.​

Copia sellada del Edicto de Granada.

Aunque en el edicto no se hacía referencia a una posible conversión, esta alternativa estaba implícita. Como ha destacado el historiador Luis Suárez, los judíos disponían de «cuatro meses para tomar la más terrible decisión de su vida: abandonar su fe para integrarse en él [en el reino, en la comunidad política y civil], o salir del territorio a fin de conservarla».​ De hecho durante los cuatro meses de plazo tácito que se dio para la conversión, muchos judíos se bautizaron, especialmente los ricos y los más cultos, y entre ellos la inmensa mayoría de los rabinos, según Joseph Pérez.​

Los judíos que decidieron no convertirse, tuvieron que malvender sus bienes debido a que contaban con muy poco tiempo y hubieron de aceptar las cantidades a veces ridículas que les ofrecieron en forma de bienes que pudieran llevarse —la alternativa de las letras de cambio no les fue de mucha ayuda porque los banqueros, italianos en su mayoría, les exigieron enormes intereses—.​ También tuvieron graves dificultades para recuperar el dinero prestado a cristianos.​ Además debían hacerse cargo de todos los gastos del viaje —transporte, manutención, fletes de los barcos, peajes, etc.—.​

En el decreto se decía que el motivo de la expulsión había sido que los judíos servían de ejemplo e incitaban a los conversos a volver a las prácticas de su antigua religión. Al principio del mismo se decía: «Bien es sabido que en nuestros dominios, existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la santa fe Católica, siendo causa la mayoría por las relaciones entre judíos y cristianos».​​

Los historiadores han debatido extensamente sobre si, además de los motivos expuestos por los Reyes Católicos en el decreto, hubo otros.​​ Se ha alcanzado cierto consenso en situar la expulsión en el contexto europeo y destacar que los Reyes Católicos en realidad fueron los últimos de los soberanos de los grandes Estados europeos occidentales en decretar la expulsión —el reino de Inglaterra lo hizo en 1290, el reino de Francia en 1394—.​ El objetivo de todos ellos era lograr la unidad de fe en sus Estados, un principio que quedará definido en el siglo XVI con la fórmula "cuius regio, eius religio", que los súbditos deben profesar la misma religión que su príncipe.​ Así pues, como ha destacado Joseph Pérez, con la expulsión «se pone fin a una situación original en la Europa cristiana: la de una nación que consiente la presencia de comunidades religiosas distintas».​ «Lo que se pretendió entonces fue asimilar completamente a judaizantes y judíos para que no existieran más que cristianos. Los reyes debieron pensar que la perspectiva de la expulsión animaría a los judíos a convertirse masivamente y que así una paulatina asimilación acabaría con los restos del judaísmo. Se equivocaron en esto. Una amplia proporción prefirió marcharse, con todo lo que ello suponía de desgarramientos, sacrificios y vejaciones, y seguir fiel a su fe. Se negaron rotundamente a la asimilación que se les ofrecía como alternativa», añade Pérez.​

El número de judíos expulsados sigue siendo objeto de controversia. Las cifras han oscilado entre los 45 000 y los 350 000, aunque las investigaciones más recientes, según Joseph Pérez, la sitúan en torno a los 50 000, teniendo en cuenta los miles de judíos que después de marcharse regresaron a causa del maltrato que sufrieron en algunos lugares de acogida, como en Fez, Marruecos.​ Julio Valdeón, citando también las últimas investigaciones, sitúa la cifra entre los 70 000 y los 100 000, de los que entre 50 000 y 80 000 procederían de la Corona de Castilla, aunque en estos números no se contabilizan los retornados.​​

La mayoría de los judíos expulsados —que recibirán el nombre de sefardíes— se instalaron en el norte de África o en los países cercanos, como el reino de Portugal, el reino de Navarra o en los Estados italianos. Como de los dos primeros reinos también se les expulsó pocos años más tarde, en 1497 y en 1498, respectivamente, tuvieron que emigrar de nuevo. Los de Navarra se instalaron en Bayona en su mayoría. Y los de Portugal acabaron en el norte de Europa (Inglaterra o Flandes). En el norte de África, los que fueron al reino de Fez sufrieron todo tipo de maltratos y fueron expoliados, incluso por los judíos que vivían allí desde hacía mucho tiempo —de ahí que muchos optaran por regresar y bautizarse—. Los que corrieron mejor suerte fueron los que se instalaron en los territorios del Imperio otomano, tanto en el norte de África y en Oriente Próximo, como en los Balcanes —después de haber pasado por Italia—. El sultán Bayaceto II dio órdenes para que fueran bien acogidos y su sucesor Solimán el Magnífico exclamó en una ocasión refiriéndose al rey Fernando: «¿A éste le llamáis rey que empobrece sus Estados para enriquecer los míos?». Este mismo sultán le comentó al embajador enviado por Carlos V «que se maravillaba que hubiesen echado los judíos de Castilla, pues era echar la riqueza».​

Política exterior

Según Joseph Pérez, «España se convierte, bajo los Reyes Católicos, en una potencia europea, una potencia mundial. Expulsa definitivamente al Islam de la península, se erige en Italia como rival de Francia, descubre un nuevo mundo que las generaciones siguientes conquistarán y explotarán, pero cuyas riquezas vislumbradas suscitan ya codicias y envidias. En todos los ámbitos, que se trate de la técnica militar, de diplomacia, de expansión colonial, el reinado de los Reyes Católicos prepara los fastos del Siglo de Oro y el período de la preponderancia española en Europa».​

Contrato matrimonial entre Juana y Felipe de Habsburgo (1495). Archivo General de Simancas.

Uno de los instrumentos fundamentales de la política exterior de los Reyes Católicos fue la política matrimonial, orientada principalmente a la alianza con el reino de Portugal y a crear una coalición contra el reino de Francia. Así, con el primer objetivo, casaron a la primogénita Isabel con el infante Alfonso de Portugal y cuando este falleció con Manuel I de Portugal, tío de Alfonso. Al morir Isabel María, la tercera hija de Isabel y Fernando, se casó con su cuñado viudo Manuel de Portugal. Con el segundo objetivo, el príncipe de Asturias Juan, se casó con Margarita de Austria, hija Maximiliano de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de María de Borgoña, duquesa de Borgoña. También casaron a Juana, con otro hijo de Maximiliano, Felipe de Austria —este matrimonio es el que mantendría los lazos con el Ducado de Borgoña y la Casa de Austria, enemigos de Francia, al fallecer Juan en 1497—. Además Catalina, la hija menor, se casó con el príncipe heredero de la Corona de Inglaterra, Arturo Tudor, y tras la prematura muerte de este, con su hermano menor, el nuevo rey Enrique VIII, otro enemigo de Francia.

Conquista de Granada

Mapa del Reino nazarí de Granada hacia 1470 (en verde claro las conquistas castellanas hasta esa fecha; se incluye la conquista portuguesa de Ceuta de 1415).

El reino nazarí de Granada era el último estado de Al-Ándalus. Fundado en el siglo XIII había sobrevivido pagando cuantiosas parias a los reyes castellanos, aunque no había podido evitar la reducción de su territorio inicial. Todo cambia en 1482 cuando los Reyes Católicos deciden defender Alhama, conquistada en febrero por un grupo de nobles andaluces en respuesta a la toma y ocupación nazarí de Zahara, situada en la frontera. Se inicia así la larga y dura Guerra de Granada.​ «Es inútil insistir sobre las ventajas políticas de la operación: había que completar la unificación del territorio haciendo desaparecer la amenaza que representaba, al sur, ese Estado musulmán, siempre posible aliado de los turcos en el Mediterráneo», ha señalado Joseph Pérez.​

Las dos primeras campañas fracasaron al no lograr sus objetivos —Loja en la de 1481-1482 y Málaga en la de 1482-1483— pero en el curso de la segunda fue capturado Abdallah «Boabdil», hijo y rival del sultán Mouley Abdulhassan. Boabdil, tras reconocerse vasallo de los reyes de Castilla, es puesto en libertad para que combata a su padre, iniciándose así una guerra civil que debilita al reino nazarí, lo que permite que los castellanos tomen Ronda en 1485, su primera gran victoria en la guerra y que tiene una gran repercusión en toda Europa —acudirán caballeros de todas partes, especialmente franceses e ingleses, para luchar en esta última cruzada de la Cristiandad—. Mientras tanto, las disensiones internas del reino nazarí se agravan y el sultán abdica en favor de su hermano Mohámed XIII «el Zagal». Boabdil busca entonces el apoyo de los Reyes Católicos que le ayudan a reconstituir su ejército para que combata ahora al nuevo sultán, su tío.​

La rendición de Granada, por Francisco Pradilla, uno de los especialistas en la pintura de historia propia de la segunda mitad del siglo XIX.

A la toma de Ronda le siguieron la de Loja en 1486 y la de Málaga en agosto de 1487, tras tres meses de asedio —quince mil prisioneros fueron reducidos a la esclavitud—. En junio de 1489 comienza el sitio de Baza, que será el más largo y el más duro de toda la guerra. La ciudad se rinde el 4 de diciembre y una semana después «el Zagal» capitulaba y entregaba las ciudades de Guadix y Almería. En ese momento ya solo resistía en Granada Boabdil, que había roto su pacto con los Reyes Católicos. Estos, tras reunir un considerable ejército, establecen a partir del 9 de junio de 1491 su cuartel general a las puertas de la capital, en el Real de Santa Fe. Seis meses después Boabdil se rendía y los Reyes Católicos hacían su entrada en Granada el 2 de enero de 1492.​

Una de las claves de la victoria de los Reyes Católicos en la guerra, que duró diez largos años, fue que consiguieron reunir un poderoso ejército y financiarlo con el impuesto extraordinario de la bula de Cruzada, con los subsidios obtenidos del clero en 1482, 1485, 1489 y 1491, a los que se añadió el cobro de una parte del diezmo, y con préstamos concedidos por nobles, monasterios, ciudades y comerciantes.​ Otra de las claves fue la presentación de la guerra como una cruzada, en lo que encontraron al apoyo total de la Iglesia (y de las órdenes militares).​

La población musulmana (los «mudéjares») quedó sometida a sus nuevos señores cristianos y los monarcas encomendaron a fray Hernando de Talavera, nombrado arzobispo de Granada, la tarea de convertirlos al cristianismo (a pesar de que se habían comprometido a respetar su religión y sus cultos en los pactos que suscribieron con Boabdil). Fray Hernando de Talavera recurrió a los métodos persuasivos pero, como no consiguió los rápidos resultados que se esperaban, fue sustituido en 1499 por fray Francisco Jiménez de Cisneros que recurrió a métodos más expeditivos y se mostró más intransigente con los nuevos conversos que conservaban parte de sus costumbres, lo que provocó una revuelta en el barrio del Albaicín, que fue rápidamente sofocada por el capitán general conde Tendillo, máxima autoridad del reino de Granada, incorporado a la Corona de Castilla y sometido a sus leyes. Muchos de los sublevados se vieron obligados a convertirse —hubo más de tres mil bautizos en una semana— pero la dura represión provocó un nuevo levantamiento de los «mudéjares» en las Alpujarras, que de nuevo fue sofocada por el capitán general. Por esas fechas los Reyes Católicos residían en Granada por lo que fueron testigos directos de los disturbios, así que en 1501 decieron acabar con el problema de una vez para siempre: los musulmanes que no se convirtieran deberían marchar al exilio —la medida no afectó a los «mudéjares» de la Corona de Aragón—. Son pocos los que abandonan su país por lo que surge un nueva minoría de «cristianos nuevos», los «moriscos». Su expulsión se producirá cien años después, en 1609.​

Conquista de las islas Canarias

Mapa de las Islas Canarias.

En 1402, el rey Enrique III de Castilla concedió al noble normando Jean de Bethencourt el privilegio feudal sobre las Islas Canarias (redescubiertas en el siglo XIV y habitadas por los aborígenes canarios). Bethencourt conquistó las islas de Lanzarote, Fuerteventura y parte de El Hierro. Unos años más tarde, en torno a 1420, se hicieron con el señorío del archipiélago los linajes sevillanos de Las Casas y, luego, Peraza, que acabaron la conquista de El Hierro y se apoderaron de La Gomera, rivalizando con el reino de Portugal.​

En 1479 Alfonso V de Portugal y los Reyes Católicos firmaban el Tratado de Alcaçobas que ponía fin a la guerra de sucesión castellana y que en una de sus cláusulas se reconocía a Castilla la soberanía de las Canarias y a cambio esta renunciaba a las tierras situadas al sur del cabo Bojador. Para entonces Isabel y Fernando habían reclamado para la Corona las «islas mayores», todavía sin conquistar (Gran Canaria, Tenerife y La Palma]), aunque respetando la jurisdicción señorial sobre las otras cuatro islas ya ocupadas.​

Localización de los guanartematos con respecto a los modernos municipios. Gáldar en verde oscuro y Telde en verde claro.

La conquista de las tres «islas mayores» no fue llevada a cabo directamente por la Corona pero intervino para fijar las condiciones o capitulaciones de la conquista y posterior colonización. La primera capitulación, para la conquista de Gran Canaria, se acordó en 1477 con el obispo de Lanzarote Juan de Frías, y con el capitán Juan Rejón. En junio de 1478 Rejón establecía la primera ciudad castellana en la isla, el «Real de Las Palmas», aunque las disputas con el gobernador nombrado por los reyes, Pedro de Algaba, paralizarían la conquista por más de un año. En el verano de 1479 Rejón formaba una nueva hueste, integrada por unos 400 hombres y financiada por el obispo Frías y por un mercader genovés afincado en Cádiz, Pedro Hernández Cabrón, a la que sumó al año siguiente un nuevo contingente, encabezado por el nuevo gobernador real Pedro de Vera y financiado por Hernández Cabrón y la misma Corona. Una de las primeras decisiones que tomó Vera fue deponer a Rejón, que unos meses antes había mandado ejecutar al primer gobernado Algaba. Entre 1481 y 1483 Vera logró vencer a los aborígenes canarios, divididos en la obediencia a dos reyes o guanartemes —el de Telde y el de Gáldar—, y en abril de ese último año había concluido la conquista de la isla de Gran Canaria.​

Menceyatos guanches de Tenerife. Los puntos corresponden a los núcleos urbanos de los modernos municipios.

La conquista de las dos «islas mayores» restantes (La Palma y Tenerife) no se emprendió hasta diez años después. Fue obra del capitán Alonso Fernández de Lugo, que ya había intervenido en la conquista de Gran Canaria, que acordó unas capitulaciones con la Corona y consiguió la financiación de varios mercaderes genoveses. Entre septiembre de 1492 y mayo de 1493 ocupó La Palma, contando el apoyo de los bandos de los aborígenes de la isla ya cristianizados. Mucho más difícil resultó la conquista de Tenerife. En diciembre de 1493 reunió una hueste formada por 150 jinetes y 1500 infantes embarcados en 30 navíos pero en mayo de 1494 sufrió una contundente derrota en la batalla de Acentejo por parte de los bandos de guerra guanches que dominaban el norte de la isla (Menceyato de Tegueste, Menceyato de Tacoronte, Menceyato de Taoro, Menceyato de Icod y Menceyato de Daute), lo que le obligó a reembarcar hacia Gran Canaria. Volvió un año y medio después mucho mejor preparado y consiguió derrotar a los guanches en la batalla de Agüere —junto a esa localidad se fundaría la ciudad de San Cristóbal de La Laguna— y unos días más tarde en la Segunda batalla de Acentejo. En mayo de 1496 los menceyes (jefes) de los bandos de guerra capitulaban (Paz de Los Realejos).​

La población aborigen se redujo drásticamente —de una población total estimada de unas 30 000 personas se pasó a unas 7000 hacia el año 1500— a causa no solo de la conquista —y de los abusos y tropelías cometidos durante la misma— sino también de las enfermedades traídas por los europeos, para las que carecían de defensas, y de la brusca caída de la natalidad como resultado de la ruptura de su marco de vida. Los aborígenes supervivientes se mezclaron en un plazo breve con los colonos llegados de la península —en su mayoría procedentes de Extremadura y de Andalucía—, adoptando su religión y su cultura (de la suya propia, que ha sido calificada como «neolítica», solo quedaron algunas palabras, en su mayoría topónimos).​ Las Islas Canarias se integraron en la Corona de Castilla, pero manteniendo el carácter señorial de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro —Gran Canaria, Tenerife y La Palma quedaron bajo la jurisdicción directa de los monarcas—.​

Expansión atlántica: las «Indias»

Los cuatro viajes transatlánticos de Cristóbal Colón.

Castilla y Portugal llevaban tiempo rivalizando en las exploraciones atlánticas. Poseían los medios (las carabelas), las técnicas (portulanos, brújula, astrolabio, cuadrante), los enclaves (las islas atlánticas: Canarias, Madeira y Azores) y los navegantes y pilotos experimentados. Pero el Tratado de Alcaçovas de 1479, por el que se reconoció el monopolio portugués al sur del cabo Bojador, había cerrado a los castellanos la exploración de la costa occidental de África que pudiera conducir a encontrar un paso por el Este para llegar a las «Indias».​

En 1485 Cristóbal Colón, un marino nacido en Génova en 1451,​ que estaba familiarizado con la navegación portuguesa por las costas de África y las islas del Atlántico —había vivido ocho años en Portugal—, llegó a Castilla para presentar a los Reyes Católicos su proyecto de alcanzar las Indias (Catay y Cipango) por el oeste atravesando la «Mar Océana»,​ oferta que el rey Juan II de Portugal había rechazado, sobre todo, porque en aquel momento parecía que los exploradores portugueses estaban muy cerca de descubrir el paso por el Este —de hecho Bartolomeu Dias lo encontró en 1488—. Su propuesta fue también rechazada por un comité de expertos castellanos nombrado por los Reyes Católicos, que recibieron a Colón en Alcalá de Henares en enero de 1486. Pero siete años después, tras finalizar la conquista de Granada, los monarcas decidieron respaldar el proyecto. Cerca de Granada se firmaron el 17 de abril de 1492 las Capitulaciones de Santa Fe por las que Colón era nombrado almirante, virrey y gobernador general de las tierras que descubriera. Además se le otorgaba la décima parte de todas las riquezas que encontrara. El costo de la expedición fue de 2 000 000 de maravedís (5333 ducados), de los cuales 1 400 000 corrieron a cargo de la Corona, más la puesta a su disposición de dos carabelas —Colón también fletaría una nao, la Santa María—.​

El 3 de agosto de 1492 partió Colón del Puerto de Palos al frente de tres pequeñas naves y 87 hombres. Tras hacer una larga escala en las islas Canarias puso rumbo al oeste el 6 de septiembre y el 12 de octubre llegaba a la isla de Guanahaní, en las Bahamas. Después de recorrer la costa de la isla de Cuba, a la que bautizó con el nombre de Juana, desembarcó el 6 de diciembre en la actual isla de Santa Domingo, a la que puso el nombre de La Española. El retorno de Martín Alonso Pinzón a Galicia y de Colón a Portugal desató una crisis diplomática entre el rey de Portugal y los Reyes Católicos que concluyó con la firma en 1494 del Tratado de Tordesillas para redistribuir la esfera de influencia territorial de cada país que se había fijado en el Tratado de Alcáçovas. Entretanto los Reyes enviaron una segunda expedición mucho mayor a las tierras descubiertas, también capitaneada por Colón. En los años siguientes, los navegantes castellanos exploraron el resto de las Antillas así como las costa continental del mar Caribe. No alcanzaron sin embargo el continente asiático, como Colón había prometido inicialmente. Esto, unido a que la colonia fundada en la Española se vio azotada por hambrunas y revueltas, terminó por llevar a los Reyes en 1499 a relevar a Colón de sus cargos, nombrar un nuevo gobernador y conceder licencias de descubrimiento a otros navegantes.

En las Indias, anexionadas al reino de Castilla, se instauraron los sistemas administrativos tradicionales del reino castellano. Se instituyó en Sevilla, en 1503, la Casa de Contratación, para monopolizar y controlar el comercio con América, Canarias y Berbería, prohibiendo que cualquier otro puerto pudiese hacerlo. Se creó la Audiencia de Santo Domingo, en 1510 y, para la administración de los nuevos territorios, se creó un antecedente del Consejo de Indias que más tarde instituiría formalmente Carlos I, en 1523, organizándolo a semejanza del Consejo de Castilla.

Los reyes consiguieron del papa el Patronato de Indias, que les permitió controlar la Iglesia americana. Se instauraron además las encomiendas para evangelizar a los indios.

Expansión por el Mediterráneo: norte de África e Italia

Tras la conquista de Granada, los Reyes Católicos decidieron iniciar la conquista del norte de África, con el argumento de la continuación de la Reconquista cristiana por la antigua provincia Mauritania Tingitana de la Hispania romana, y con los objetivos estratégicos de evitar que los reinos del norte de África emprendieran una reconquista de Granada y eliminar los focos de la piratería berberisca de la zona.

La conquista comenzó con la toma de Melilla por Pedro de Estopiñán en 1497 y siguió en 1505 con la toma de Mazalquivir. Posteriormente las tropas españolas ocuparon el Peñón de Vélez, Orán, Bugía, Argel, Túnez, La Goleta y Trípoli; con destacada participación militar del cardenal Cisneros, confesor de la reina Isabel y Arzobispo de Toledo, probablemente la tercera persona más poderosa en la España de su época. La conquista del norte de África se interrumpió en 1510 debido a la reanudación de las guerras en Italia y a que empezaba a revelarse más rentable dirigir los esfuerzos a la colonización de las Indias.

Una vez finalizada la conquista de Granada, el rey Carlos VIII de Francia firmó con el rey Fernando, en 1493, el tratado de Barcelona, mediante el cual la Corona de Aragón recuperó el Rosellón y la Cerdaña a cambio de su postura neutral ante un inminente ataque francés al reino de Nápoles, ubicado en el sur de Italia.

El ejército de Carlos VIII se desplazó al sur de la península italiana, destronando a Alfonso II, rey de Nápoles y pariente de Fernando el Católico. La situación de Francia en la península itálica no gustó al papa —el valenciano Alejandro VI— puesto que ponía en peligro los Estados Pontificios, por lo cual pidió ayuda al Rey Católico. Fernando no dudó en intervenir y, en poco tiempo, el ejército de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, expulsó a los franceses, recuperando su trono el rey napolitano.

En 1500 el nuevo rey de Francia Luis XII firmó con Fernando el Católico el tratado de Granada para ocupar conjuntamente el reino de Nápoles. Fernando accedió y el rey de Nápoles, a la sazón Federico I, fue destronado. Ambos ejércitos ocuparon la zona, pero las discrepancias empezaron a surgir y comenzó una lucha de guerrillas. Pese a la inferioridad numérica de su ejército, el Gran Capitán derrotó a los franceses y los expulsó de Italia. El Reino de Nápoles fue conquistado de nuevo e incluido en la Corona de Aragón.

Durante los últimos años del reinado de Fernando el Católico, se reanudó la intervención de la Corona de Aragón en asuntos italianos. Fernando participó en la Liga de Cambrai de 1508, convocada por el papa Julio II contra Venecia. Después de esta liga comenzaron a producirse roces entre el Pontífice y Francia. Por el auxilio que pide el papa, Fernando rodeó Roma con sus tropas ante un posible ataque francés para destituir al papa.

Sucesión en Castilla: reinado de Juana y de Felipe de Habsburgo (1504-1506) y regencia de Fernando el Católico (1506 a 1516)

La reina Isabel murió el 26 de noviembre de 1504, con lo que Fernando quedó viudo y sin derechos claros al trono castellano. Firmada la Concordia de Salamanca, en 1505, el gobierno fue conjunto entre su hija Juana, su esposo Felipe y el propio Fernando. Pero ante discordancias entre Felipe con Fernando y por la Concordia de Villafáfila, de 1506, este último se retiró del poder de Castilla y regresó a Aragón. Así quedó reinando el matrimonio en Castilla. Sin embargo, esta situación no duró mucho, pues Felipe murió en 1506.​​

Tras la muerte de su marido, se declaró a la reina Juana incapacitada mental y se nombró regente al cardenal Cisneros, que junto a las Cortes pidió a Fernando que regresara para gobernar Castilla. Fernando regresó y ocupó en 1507 su segunda regencia formando dúo con Cisneros y gobernando ambos hasta que Carlos, hijo de Juana, alcanzase la mayoría de edad.

Durante la regencia de Fernando y Cisneros se incorporó Navarra al reino de Castilla y se produjo el nuevo matrimonio de Fernando con Germana de Foix, antes de cumplirse un año de la muerte de su anterior esposa, Isabel.

Los ataúdes de los Reyes Católicos ubicados en la Capilla Real de Granada.

Fernando el Católico murió en 1516 en Madrigalejo, Cáceres, antes de que Carlos I llegara al trono español. Así quedó como único regente en Castilla, Cisneros, que murió en el trayecto hacia Asturias para dar la bienvenida al nuevo rey, Carlos I de España. Paralelamente, en Aragón quedó como regente el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, hasta la llegada de Carlos I de España.

La conquista de Navarra (1512)

El Reino de Navarra estaba dividido a principios del siglo XVI en dos bandos: agramonteses y beamonteses, cada uno partidario de un rey distinto. En este enfrentamiento, los reyes de Navarra firmaron un tratado con el rey de Francia que puso en peligro a España. Debido a que los reyes de Navarra se aliaron con el rey de Francia, quien había sido declarado cismático y contra quien se iba a reunir el Concilio de Letrán, se dictó una bula de excomunión contra ellos.

En 1512 Fernando el Católico pidió permiso a Navarra —aliada natural de Francia (en el ambiente de continua rivalidad entre Aragón y Francia)— para que las tropas españolas pasaran por Navarra para atacar a Francia. La respuesta negativa por parte del rey navarro fue motivo suficiente para que Fernando el Católico ordenara a Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, II duque de Alba de Tormes, la ocupación de Navarra, mandando así ayuda a sus partidarios —los beamonteses— y, en menos de un año, la parte del Reino de Navarra situada al sur de los Pirineos fue anexionada a la Corona de Aragón. Solo se produjo cierta resistencia armada en algunos puntos del sur; Pamplona, la capital, cayo en 3 años

Enterramiento

Los restos de los Reyes Católicos reposan en la Capilla Real de Granada, lugar escogido por ellos mismos y creado mediante Real Cédula de fecha 13 de septiembre de 1504.

Filmografía

Cine

Año	Película	Director
1945	La carabela de la ilusión	Benito Perojo
1948	Locura de amor	Juan de Orduña
1951	Alba de América	Juan de Orduña
1949	Christophe Colomb	David MacDonald
1976	La espada negra	Francisco Rovira Beleta
1982	Cristóbal Colón, de oficio... descubridor	Mariano Ozores
1983	Juana la loca... de vez en cuando	José Ramón Larraz
1992	1492: La conquista del paraíso	Ridley Scott
1992	Cristóbal Colón: el descubrimiento	John Glen
2000	Isabel of Castille: The Royal Diaries	William Freud
2001	Juana la Loca	Vicente Aranda
2006	La reina Isabel en persona	Rafael Gordon
2016	La corona partida	Jordi Frades

Series TV

Año	Serie	Productora
2012-2014	Isabel	Diagonal TV para RTVE
2017	Conquistadores: Adventum	Movistar+
2015	El Ministerio del Tiempo	La 1

Véase también

• Isabel I de Castilla
• Fernando II de Aragón
• Juana I de Castilla
• Monarquía Católica o Monarquía Hispánica
• Monarquía Española
• Imperio Español
• Anexo: Cronología de los reinos en la península ibérica

Bibliografía

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• Edwards, John. Isabel la Católica, edad y fama. Madrid: Marcial Pons, 2004. ISBN 978-84-95379-92-4
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• Hernández, José A., Ayuso, Flora, Requero, Marina. Historia de España. Madrid: Akal, 2009. ISBN 978-84-460-3076-8
• Kamen, Henry (2011) [1999]. La Inquisición Española. Una revisión histórica (3ª edición). Barcelona: Crítica. ISBN 978-84-9892-198-4. 
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• Sobrequés i Vidal, Santiago; Sobrequés i Callicó, Jaume (1973). La guerra civil catalana del segle XV. Estudis sobre la crisi social i económica de la Baixa Edat Mitjana (en catalán). 2 volúmenes. Barcelona: Edicions 62. ISBN 84-297-0838-3. 
• Suárez Fernández, Luis, serie de libros de dedicados a distintos aspectos del reinado de los Reyes Católicos, como:
  • Los Reyes Católicos: la conquista del trono. Madrid: Rialp, 1989. ISBN 84-321-2476-1. «La llegada al trono»
  • Los Reyes Católicos: el tiempo de la Guerra de Granada. Madrid: Rialp, 1989. ISBN 84-321-2560-1. «La conquista de Granada»
  • Los Reyes Católicos: la expansión de la fe. Madrid: Rialp, 1990. ISBN 84-321-2585-7. «Los Reyes Católicos y la fe»
  • Los Reyes Católicos. El camino hacia Europa. Madrid: Rialp, 1990. ISBN 978-84-321-2589-8. «Los Reyes Católicos y la política exterior».
• Suárez Fernández, Luis (2012). La expulsión de los judíos. Un problema europeo. Barcelona: Ariel. ISBN 978-84-344-0025-2. 
• Valdeón Baruque, Julio (2007). «El reinado de los Reyes Católicos. Época crucial del antijudaísmo español». En Gonzalo Álvarez Chillida y Ricardo Izquierdo Benito, ed. El antisemitismo en España. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. ISBN 978-84-8427-471-1. 

Enlaces externos

• Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia. Isabel I de Castilla
• Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia. Fernando II de Aragón y V de Castilla
• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Reyes Católicos.
• López Poza, Sagrario, «Empresas o divisas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (los Reyes Católicos)», Janus, 1, 2012, págs. 1-38.
• Rivero, Pilar. «Aragón bajo los Trastámara y la unión con Castilla»
• Los Reyes Católicos en Cervantes Virtual
• Más sobre los Reyes Católicos — HistoriasigloXX.org

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