Conservadurismo en el Perú

Representantes de sectores políticos (izquierda), eclesiásticos (centro) y militares (derecha, al fondo) en 2015. Si bien los religiosos tuvieron un papel significativo en los círculos conservadores, también lo hicieron las fuerzas del orden. Como señala el Tribunal Constitucional, cabe destacar los esfuerzos de la policía por establecer una presentación adecuada a fin de contribuir a su imagen positiva.​

El conservadurismo en el Perú comprende al sistema político de creencias conservadoras en territorio peruano, caracterizado por el apoyo a los valores cristianos, la estabilidad social y el orden social. El conservadurismo peruano se concibió en los años 1840​ y abarcó una amplia gama de teorías. Estas teorías e ideologías se desarrollaron a lo largo de 200 años de república,​ que destacan a: La adopción término «conservadores» (originalmente «partidarios de la fuerza y el orden»), en la década de 1860, para referirse a la fuerza política contra los adversarios liberales;​ la Coalición Conservadora de la década de 1930 y el neoliberalismo de Alberto Fujimori,​ este último de carácter neopopulista apoyado por evangélicos.​​

La nación peruana es considerada una de las naciones más conservadoras en América Latina, especialmente con su conservadurismo social,​​​​ impulsado por su teología y las estrategias sociales.​ Desde el siglo XIX, la influencia de la Iglesia católica se mantuvo vigente, a pesar de que se contaron reformas laicistas para contrarrestar tal influencia.​​ Esta institución prevaleció como actor importante en la doctrina moral del país durante varios años.​ Luego de establecer la separación Iglesia-Estado, las ideas prevalecieron con el tiempo en asociaciones civiles, hacia el siglo XXI;​ además que el Estado estableció definitivamente un concordato a una Iglesia independiente, junto a derechos como la exoneración de impuestos en actividades sociales, renumeración a profesores de educación religiosa y el servicio de vicariato castrense.​ No obstante, este sistema social fue desligándose en sectores religiosos, cuyas organizaciones mostraron apoyo al espectro izquierdo y estuvieron alejados de esa concepción ideológica;​ este sector es minoritario en comparación con la fuerte influencia de la derecha en los evangélicos del país.​

Autores como Pike (1967) y Rottenbacher de Rojas (2012 y 2013) han señalado que el conservadurismo social suele estar asociado con creencias autoritarias.​​​​ Estas creencias son consecuencia de la influencia de las fuerzas armadas en el control político, cuando estas se enfrentaban a movimientos contestatarios contra la oligarquía limeña,​ como ocurrió con el Partido Comunista Peruano. Si bien las creencias autoritarias se basan en la lucha contra la delincuencia,​​ también se justifican por razones de índole política.​​ En este sentido, se busca imponer los principios de una cultura occidental,​ lo cual se manifiesta en estrategias como el uso del terruqueo, una variante de la falacia reductio ad Stalinum, y la negación del término «conflicto armado interno» para referirse a la época del terrorismo.​

Por el lado económico, y en parte por los aportes de la Iglesia, que influyó en la formación de la oligarquía limeña,​ el conservadurismo mostró apoyo a una economía flexible (neoliberalismo criollo),​ es por lo cual el historiador Antonio Zapata describe al Perú como «un país de derechas»; con excepciones de gobiernos de izquierda en historia contemporánea como Juan Velasco Alvarado (1968–1975) y Pedro Castillo en 2021. El primer mandato fue autor de una reforma agraria, la reforma educativa (que fue rechazada por algunos sectores)​ y la nacionalización de sectores estratégicos populares como respuesta ligeramente progresista al dominio centralista del sector privado;​ mientras el segundo permaneció conservador en el aspecto social con discrepancias con otros sectores de la izquierda peruana.​​

En contraste con naciones vecinas como Colombia o Chile, Perú históricamente ha carecido de una postura política definida.​​ Sin embargo, analistas como Martín Tanaka observan que la capital del país ha albergado notablemente el conservadurismo como su sistema de creencias.​ De 1978 a 2011, la Oficina Nacional de Procesos Electorales documentó que los votantes de las regiones costeras y selváticas (exceptuando el sur) tendían a respaldar a candidatos conservadores.​ Esta inclinación se consolidó en 2020, cuando el movimiento fujimorista obtuvo un sólido apoyo entre los votantes del norte del país.​

Historia del conservadurismo entre los siglos XIX y XX

Primeros años de la república

El primer grupo conservador de carácter popular provino de los denominados «rivagüerinos», en alusión a José de la Riva Agüero. Entre los «rivagüerinos» más destacados estuvieron Mariano Tramarria, Ignacio Ninavilca, Tomás Dieguez y José Braulio de Camporedondo.​

La debilidad de los partidos políticos peruanos se visibilizó a lo largo de la historia de la República, con líderes en competencia que luchaban por el poder tras el colapso del Virreinato del Perú del Imperio español.​​​ Esto explica la ausencia de un partido dominador hasta superado el periodo de la República Aristocrática y, aun así, no contar con un desarrollo a largo plazo;​ lo que se buscó cubrir el vacío institucional con caudillos.​ Un detalle relevante es la ausencia de un único partido político basado en el clivaje religioso, a diferencia de otros países como Colombia y Uruguay.​

Durante el virreinato, la ciudad de Lima se convirtió en uno de los principales centros religiosos de Sudamérica, donde se propagó el evangelio y se estableció una fuerte presencia misional.​ Sin embargo, para el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración empezaron a llegar al Perú, aunque tomaría un cariz más ecléctico y piadoso a diferencia del irreligiosismo francés.​ En los años de emancipación, nuevos diarios que notaron la crisis estructural del Virreinato,​ como la Gaceta de Lima, fueron los difusores de ideas liberales.​ Cabe destacar que, a pesar de la promoción de un pensamiento reaccionario y antiliberal desde España, los grupos realistas en Lima no se manifestaron públicamente en contra de las ideas liberales que ganaban terreno (salvo algunas excepciones como la de Ignacio Alonso de Velasco, editor de El Clamor de la Verdad).​​

En este contexto, los realistas peruanos aceptaron las disposiciones liberales de la Corte de Cádiz, lo que marcaría un punto de inflexión en el proceso independentista.​ A pesar de ello, en España, el clérigo trujillano Blas Ostolaza defendería y difundiría el tradicionalismo hispano mostrándose en oposición a los liberales como diputado en las Cortes de Cádiz.​ Finalmente, las ideas independentistas no prosperaron del todo, ya que en su lugar se estableció el centralismo en el país y la prevalencia de teorías favorables para preservar la influencia religiosa en el Estado ante el secularismo.​

Tras los acontecimientos de emancipación, José de San Martín propuso una alternativa a las ideas republicanas: el establecimiento de una monarquía constitucional.​ El más grande defensor del monarquismo fue José Ignacio Moreno, quien destacó, además, por acoger las críticas al liberalismo de los contrarrevolucionarios franceses y adaptarlas a la realidad hispanoamericana.​ Si bien el proyecto monárquico no se concretó (a pesar de plantearse la llamada «monarquía sin corona», por parte de José María Pando),​ el concepto de Ramón de Salas y Cortés sobre la existencia de un poder neutro del Estado,​ retomado por Bartolomé Herrera, el mayor representante del conservadurismo peruano, fue relevante para el proceso de conciliación entre el legado monárquico y la nueva república. Este concepto contó con el apoyo del Convictorio de San Carlos,​ centro doctrinario que respaldó la ideología conservadora, desde la ortodoxia católica, tras la reforma educativa de Herrera a dicha institución en la década de 1840.​​

Los «rivagüerinos», el primer grupo representativo de las corrientes conservadoras que contaría con apoyo popular, surgieron con el mandato José de la Riva Agüero, sucesor presidencial de San Martín tras el Motín de Balconcillos. Este grupo y sus afines estaban en contra de aquellos que enarbolaban un gobierno de tendencia liberal y secular, cuya fuerza se redujo en el gobierno de José Rufino Echenique (previo a la revolución de 1854).​

Más allá de lo patriótico y religioso, Perú consolidó sus pilares políticos de Agustín Gamarra, emblema del caudillismo autoritario,​ y que Herrera le rindió homenaje en uno de sus discursos. Su Carta Magna de 1839 fue considerada como «la máxima expresión de la voluntad conservadora de imponer un orden en el país», en palabras de Alicia del Águila Peralta;​ además, según la historiadora Natalia Sobrevilla en The Caudillo of The Andes, se tomó como referencia a la Constitución Política de la República de Chile de 1833.​ Con Manuel Ignacio de Vivanco, su ideario (con tintes regeneracionstas) contribuyó en la preservación autoritaria de las costumbres sociales y morales.​

Otro factor importante en los inicios republicanos fue el surgimiento de aristócratas. Luego de la independencia del Perú, cuando se permitió que empresarios con grandes terrenos y comerciantes ricos cooperaran entre ellos para luchar contra el Imperio español, los aristócratas obtuvieron un mayor poder y lideraron una oligarquía encabezada por los caudillos que defendían las haciendas feudales existentes.​ Durante la época de la guerra contra España, la extracción de guano en Perú condujo al surgimiento de una aristocracia aún más rica que estableció una plutocracia.​ Se creó entonces una oligarquía adinerada que utilizaba partidos políticos basados en candidatos para controlar los intereses económicos; una práctica que continúa en la actualidad.​

Mientras tanto, el sistema educativo en Perú fue susceptible a gobiernos autoritarios de tendencia antiprogresista para segregar en contra de los indígenas peruanos —tomando en cuenta que la mayoría de las 15 reformas formuladas desde el gobierno de Ramón Castilla (salvo las reformas excepcionales de José Pardo y Barreda y Manuel Prado Ugarteche), no se entabló una docencia inclusiva—,​ en que se inculcó bajo la creencia de una sociedad jerárquica y capacitó a los grupos indígenas para vivir sus vidas como si fueran campesinos o soldados.​ La lucha contra las ideologías del indigenismo de la mayoría y la élite con valores eurófilos surgiría a fines del siglo XIX y en el siglo XX.​

Primeros grupos conservadores

Antonio Huachaca, líder de una rebelión contra la naciente república para restaurar el orden virreinal. Su movimiento ha sido comparado con los vandeanos y los chuanes, quienes se opusieron a la Revolución francesa.​​

A pesar del fracaso del proyecto monárquico, el primer grupo conservador en el Perú que alcanzó carácter popular fueron los autodenominados «antiguos patriotas» o «rivagüerinos». Este proyecto fue impulsado por José de la Riva Agüero, el primer presidente de la república, agrupando tanto a la antigua aristocracia peruana como a las clases populares, entre ellos morenos libertos y montoneros, bajo el lema «Unión y Religión».​ Sin embargo, la iniciativa rivagüerina entraría en conflicto con Simón Bolívar, quien eliminaría a las fuerzas de Riva Agüero debido a su oposición a su llegada al Perú.​​ A la par, estalló la revuelta de Antonio Huachaca en Ayacucho, que buscaba retornar al orden tradicional contra quienes consideraba «usurpadores de la religión, de la Corona y del suelo patrio» considerando a los liberales como herejes.​

En 1827, tras la caída del régimen de Bolívar y la derogación de la Constitución Vitalicia, se formaron tres fuerzas políticas rudimentarias: los «colorados» (de tendencia liberal y representados por Francisco Xavier de Luna Pizarro), los «vitalicios» o «persas» (conservadores devenidos de los partidarios de Bolívar y representados por Pando) y los reagrupados «rivagüerinos» (quienes impulsaron el regreso de Riva Agüero, que se encontraba en el exilio). Debido al vacío en el poder, los «rivagüerinos» y los «persas» apoyaron a Andrés de Santa Cruz como nuevo presidente de la república, sin embargo, el congreso constituyente de dicho año designó al liberal José de la Mar como gobernante del Perú además de instaurar una constitución de la misma tendencia política en 1828.​ Por otro lado, para 1827, las fuerzas de Huachaca caían derrotadas en su intento de tomar Huanta. Ante esto, pasaron a una fase de guerra de guerrillas denominado como los «castillos de Iquicha».​

Tras el derrocamiento de La Mar en 1829, asumiría el poder Agustín Gamarra, de tendencia «persa» y apoyado por Pando. El entendimiento entre «rivagüerinos» y «persas» se dio a partir de 1831, luego de la huida de Antonio Gutiérrez de la Fuente, enemigo de Riva Agüero que fuera acusado de conspiración. Dicho entendimiento permitió el retorno de Riva Agüero a tierras peruanas y su posterior rehabilitación política, además de la presidencia interina del rivagüerista Manuel Tellería en 1832 mientras Gamarra se encontraba enfermo.​​ Sin embargo, la ruptura entre ambas facciones políticas vendría en 1833 con motivo de las elecciones presidenciales de dicho año, lo que llevaría a la expatriación de Tellería y el exilio de Riva Agüero debido a una presunta conspiración contra el gobierno. El nuevo presidente, elegido por la Convención Nacional, fue Luis José Orbegoso y Moncada, de tendencia liberal,​ en perjuicio de Pedro Pablo Bermúdez, el candidato de Gamarra. Esto desataría una guerra entre Orbegoso y Bermúdez, acabando con Gamarra refugiado en Bolivia mientras Riva Agüero retornaba al Perú dando su apoyo a Orbegoso, lo que llevaría a una «alianza legalista» entre liberales y «rivagüerinos».​

Para 1836, se conformó la Confederación Peruano-Boliviana, impulsada por Orbegoso y Santa Cruz y apoyada por los «rivagüerinos», dicha tendencia también tuvo el apoyo de otros pensadores como José Joaquín de Mora (recibido por Pando tras su expulsión de Chile) y Pando. Mora, de tendencia liberal convertido en conservador, defendió la idea de una confederación mientras que Pando propuso una fusión de ambas repúblicas bajo los símbolos peruanos. A la par, Pando promovió la denominada «Tertulia de Pando», un círculo de intelectuales que se reunían para conversar de diversos temáticas promoviéndose el debate, las dramatizaciones y la lectura de poemas y novelas. Dicha tertulia se reunía en la casa de Pando, llegando a ser parte de ésta personalidades tanto liberales como conservadores destacándose, desde el conservadurismo, Felipe Pardo y Aliaga. A pesar de la «Tertulia de Pando», no se llegó a formar un pensamiento conservador orgánico sino que cada pensador adaptaba las ideas de la cultura política occidental y las adaptaba a la realidad nacional.​ En los siguientes años se formalizó la memoria patriótica y los valores cívicos, cuando se fundó la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Esta asociación fue erigida en 1857 y se mantuvo adscrita al Ministerio de Defensa.

Sentido de religiosidad y providencialismo en la nación

«[El] ejemplo [de salvar el honor nacional deberá estar presente] en nosotros para rechazar a los [actuales] fariseos de la antipatria que pululan tratando de mantenerse o capturar el poder autotitulándose defensores de los más diversos derechos. […] A esos enemigos de Dios, de la vida, del concepto de patria, a esos que tocan puertas de organismos extranjeros para que decidan sobre la vida de los peruanos […] les decimos, que, frente a sus oscuras pretensiones, defenderemos el Perú hasta quemar el último cartucho». —El entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, sobre el legado patriótico ante la Benemérita Sociedad Fundadores, una de las varias asociaciones patrióticas formadas en el siglo XIX. Cita de 2024.​

A la par con la vigencia tradicionalista de la época, la Iglesia católica mantuvo el legado ideológico del providencialismo post-virreinato​ y que permaneció su rol conciliador ante eventuales confrontaciones políticas.​ Desde la primera constitución peruana (1823) el país reconoció las relaciones Iglesia-Estado, como el patronato nacional,​​ hasta la carta de 1979.​ Para la década de 1820, el control ideológico del conservadurismo estuvo asentado en Lima y en la zona norte de las regiones costeñas del país.​ Mientras que en los años 1860 se impuso el ultramontanismo en la iglesia.​

Con la formación de la Sociedad Conservadora, fundada en 1849, se marcó la meta de evitar el crecimiento de una eventual anarquía.​ Esta oligarquía contaba con el apoyo de la Iglesia católica, que ignoraba las desigualdades en Perú y ayudaba a los gobiernos a apaciguar a la mayoría empobrecida;​ e incluso buscaba posicionarse en la sociedad, cuando en 1913 se impidió la libertad de culto, debido a la presencia de nuevos movimientos religiosos.​ Mientras tanto, la Unión Católica (originalmente Sociedad Católica bajo liderazgo de Rufino Echenique)​ fue el primer hito en impulsar la denominada «causa católica» en los años 1860 y que estableció los primeros movimientos religiosos conservadores, y que en los años 1920 se convirtió en el unificado Partido Católico Conservador (de origen arequipeño).​​

Bartolomé Herrera y su aporte religioso en el Perú republicano

Bartolomé Herrera, uno de los pensadores conservadores más influyentes del Perú.

Bartolomé Herrera es una de las figuras del pensamiento conservador, que es considerado como el más influyente del Perú del siglo XIX,​​​ cuando tomó lugar después del fallecimiento de Agustín Gamarra y su entonces restauración peruana.​ Basado en el concepto de la «ilustración contrarrevolucionaria» de José Ignacio Moreno,​ quien realizó una respuesta ultramontana a una especie de batalla cultural de la época, Herrera fue reaccionario.​​ Sin embargo, en contraste con José de San Martín, no abogó por el retorno monárquico, sino por la instauración de un nuevo orden institucional dentro de la novel república.​

El pensador se opuso en que la democracia y el liberalismo apoyen fuertemente el elitismo y el autoritarismo bajo creencia de que la Iglesia católica debería tener el control por una teocracia de la ley divina, argumentando que la independencia de Perú de España había revertido esto, afirmando que «el principio de obediencia había perecido en la lucha por la emancipación».​ Él creyó que después de la renuncia del control del Imperio en el Perú, la nueva estructura de soberanía popular condujo a la anarquía en la nación y que los ciudadanos solo obedecían las leyes cuando era beneficioso.​ Se opuso también a la teoría del contrato social, cuando Herrera afirmó que la idea era «el germen de la revolución, los crímenes y la esclavitud inevitable».​ El pensamiento de Herrera evolucionaría hasta creer que era un representante directo de Dios, afirmándose en la frase «Obedeced a las autoridades constituidas. Tiemblen los que no me obedezcan».​ La prensa peruana de la época calificó las ideas de Herrera como partidarias del despotismo y que pertenecían a la etapa oscura de la Edad Media.​

En respuesta a las críticas de la prensa sobre su pensamiento, Herrera sustentó que:​​

[E]l pueblo, es decir, la suma total de individuos de toda edad y condición, no tiene la capacidad ni el derecho de hacer leyes. Las leyes son principios eternos fundados en la naturaleza de las cosas, principios que no pueden percibirse con claridad sino por los entendimientos habituados a vencer las dificultades del trabajo mental y ejercitados en la indagación científica. ¿La mayoría de un pueblo se halla en estado de emprender la difícil tarea indispensable para descubrir esos principios? No: no tiene tal capacidad. Y quien no tiene la capacidad de hacer algo, no se puede decir, sin caer en un absurdo, que tiene derecho de hacerlo. El derecho de dictar las leyes pertenece a los más inteligentes, a la aristocracia del saber, creada por la naturaleza...

Así, Herrera creía que los humanos ni siquiera podían interpretar la ley natural, y mucho menos hacer leyes por sí mismos.​ También apoyaría al caudillo Ramón Castilla, quien gobernó Perú durante el siglo XIX, creyendo que su autoridad ayudó a estabilizar Perú.​ Herrera abandonó temporalmente a la vida pública en 1853 después de que el Congreso del Perú bloqueara un proyecto de concordato que redactó para el Papa Pío IX,​ plan que fue finalmente permitido en el Congreso Extraordinario de 1858,​ que posteriormente sería la Bula Praeclara Inter Beneficia.

Herrera reapareció en 1860, luego de aquella guerra civil entre liberales y conservadores, para convertirse en miembro y presidente del Congreso. En ese mandato se encargó de la elaboración de un borrador de la futura Constitución del Perú promulgada en ese año. Este borrador sustentaba una agenda antidemocrática y elitista al establecer a como excluidos ciudadanos a un gran porcentaje de peruanos, con la elección indirecta del presidente de la república y la designación de una cámara de diputados que representaba al poder legislativo. Además, se formuló a un grupo de treinta y cuatro miembros del senado que, supervisado por el empresariado, ejercía el poder judicial.​ Después de que su propuesta fuera rechazada, el pensador renunció enojado a su cargo y se alejó definitivamente de la vida pública.​

Generación de 1900

El historiador y político peruano, José de la Riva-Agüero y Osma, fue fundador de la Acción Patriótica, nieto del presidente José de la Riva-Agüero y defensor de las ideas conservadoras. El historiador propuso que el comportamiento político tendente a la conservación de un presunto orden no sólo es el único racional, sino además el único excusable en la esfera moral.​

La Generación de 1900 correspondió a un nuevo grupo influyente de escritores, historiadores y filósofos que crearon el nacionalismo peruano moderno, con el grupo originado en los círculos intelectuales peruanos durante los años posteriores a la Guerra del Pacífico, la Guerra Civil de 1884 y la Reconstrucción Nacional, cerca del comienzo del siglo XX. Estos intelectuales se inspiraron fuertemente en los movimientos nacionalistas franceses y españoles que surgieron después de la derrota de sus países en Sedán y en Cavite, respectivamente.​

Los escritos de Manuel González Prada, una figura criada bajo educación religiosa,​ inspiraron en gran medida la reforma nacionalista en Perú tras la Guerra del Pacífico. Sin embargo, cansado de percibir la influencia de la Iglesia en los valores morales del Estado,​ Prada abrazaría el anarquismo en lugar del liberalismo, por considerar que este último impedía la reforma necesaria para Perú.​ El escritor peruano descartó el discurso conservador criollo sobre una nación «mestiza-criolla» y, basándose en los aportes de Juan Bustamante, marcó al indigenismo como principal representación del país.​ Los intelectuales en Perú buscarían crear su propio movimiento nacionalista, aunque inicialmente tuvieron complicaciones en marcar su dirección, ya que las bases de la sociedad peruana se apoyaban en un sistema religioso autoritario que aceptaba la ley natural, que se había impuesto desde la época virreinal española, resultando con intelectuales evitando el secularismo por completo.​ Luego, el grupo se volvió limitado, obsesionado con el pasado, mientras que otras naciones se enfocaron en preocupaciones más progresistas.​

Los miembros de la Generación de 1900 estuvieron influenciados principalmente por el aristocrático Partido Civil, liderado principalmente por abogados vinculados a intereses comerciales de Inglaterra y Estados Unidos.​ El grupo tenía poco contacto fuera de la élite, no hacía ninguna conexión con los pueblos indígenas de Perú y veía a Estados Unidos como un ejemplo para Perú; el grupo creía que el capitalismo y una economía de libre mercado eran necesarios en Perú.​ Las tres figuras principales de la Generación de 1900 fueron Francisco García Calderón Rey, José de la Riva-Agüero y Osma (nieto de José de la Riva-Agüero), y Víctor Andrés Belaúnde.​

El movimiento fue liderado principalmente por Riva-Agüero, perteneciente a la aristocracia y discípulo del filósofo Alejandro Deustua,​ además descrito como «el magistrado de la cultura peruana» por el historiador Raúl Porras Barrenechea.​ En un principio, formó parte del Partido Futurista, que más tarde el investigador Alberto Adriazén conceptuó de «reaccionarios».​ El líder adoptó ideas del fascismo, una corriente nacionalista de la época,​ luego de fracasar propuestas liberales previas a su conversión religiosa.​ La adopción coincidió con el colapso de la República Aristocrática en 1919, en que previamente sentía rechazo a ella y el entonces controlado Partido Civil.​ En aquel entonces, el surgimiento de la clase media crecía durante la presidencia de Augusto B. Leguía,​ personaje que consiguió extender su mandato presidencial en los años 1920​ y conectó el catolicismo con el apoyo del arzobispo de Lima, Emilio Lissón.​ Además, Riva-Agüero fue también fundador de Acción Patriótica en los años 1930, que marcó su postura política, y fue relevante para futuros movimientos de esa década que coincidió con la etapa posterior de la República Aristocrática.​

Según el historiador Fernán Altuve, esta generación de intelectuales, que puso fin al consenso liberal-positivista sobre la interpretación intelectual sobre la política nacional, fue la primera en priorizar el pensamiento tradicional en la historia peruana. Esta rescató importantes figuras conservadoras como Bartolomé Herrera o Blas Ostoloza.​

Gobiernos de Odría y Belaúnde

El presidente Manuel A. Odría.

A principios del siglo XX, en plena crisis de la oligarquía, las Fuerzas Armadas del Perú mantuvieron el poder político en el Perú.​​ En ese entonces la Unión Revolucionaria, presidido por Luis Alberto Flores Medina y apoyado por el militar Luis Miguel Sánchez Cerro, marcó el conservadurismo contra ideas calificadas de «comunistas», cuando en ese entonces la Iglesia católica cedía las ideas modernización pero no de APRA (supuestamente vinculado con el «marxismo»).​ Posteriormente, con surgimiento de otros movimientos como la Coalición Conservadora, Manuel Odría dio un golpe de Estado contra José Luis Bustamante y Rivero (a pesar de contar el apoyo de católicos)​ en 1948, liderando un gobierno de tendencia derecha radicalizada hasta 1956.​ Su régimen adoptaría un carácter populista, nacionalista y pragmático.

Tanto Odría como Sánchez Cerro se caracterizaron por su oposición a sus adversarios políticos. Ambos implementaron políticas represivas para preservar el orden social,​ con el respaldo del denominado «clan de la ultraderecha», un sector agroexportador que se oponía a la influencia del APRA.​​ Sin embargo, el líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, empezó a cambiar sus ideas más cercanas con Manuel Prado, mandatario entre 1956 y 1962, suceso que el oligarca Pedro Roselló llamó a Haya de la Torre «el conservador que el Perú necesita».​

En el mismo 1956, Fernando Belaúnde fundó el partido de centro-derecha Acción Popular. Este político fundador llegó a ser presidente en 1963 y sostuvo una doctrina bajo el título La conquista del Perú por los peruanos, que promovía la explotación de los recursos de la selva amazónica y otras zonas periféricas del Perú a través de la conquista,​ afirmando «solo volviendo la mirada hacia el interior y conquistando nuestras tierras vírgenes como en su día hizo Estados Unidos, Sudamérica alcanzará por fin un verdadero desarrollo».​ En 1964 en un suceso contra la comunidad matsé, el gobierno de Belaúnde se puso contra la mencionada etnia tras la muerte de dos madereros, al conseguir de que las fuerzas armadas peruanas y aviones de combate estadounidenses lanzaran napalm sobre los grupos indígenas armados con arcos y flechas, matando a cientos de personas.​ Belaúnde fue destituido de su cargo por un golpe militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado en 1968.

Otros sucesos relevantes durante el gobierno de Belaúnde Terry ocurrieron desde el Parlamento, algunos de ellos vinculados con Manuel Odría. Destacaron las remociones de Francisco Miró Quesada por sus reformas progresistas en el sistema educativo del país, y a Óscar Trelles por no tomar medidas contra lo que consideraba una amenaza del comunismo.​

Surgimiento de la presencia progresista de la iglesia

Véase también: Teología de la liberación

En la segunda mitad del siglo XX, la relación entre el antiprogresismo y la religiosidad dejó de ser exclusiva de la Iglesia católica. Uno de los conceptos utilizados para identificar el desarrollo humanístico católico no reaccionario es la denominada «modernización tradicionalista», del abogado Fernando de Trazegnies,​ y que fue utilizado por el fundador de la socialdemocracia Víctor Andrés Belaúnde en los años 1940.​ En 1950 surgió el partido Democracia Cristiana, uno de los primeros en identificarse como «no confesional» en lugar de ser un partido católico puro,​ cuya presencia fue muy escasa en las elecciones de la década siguiente.​

En la década de 1960, sectores católicos fueron tolerantes con las posturas de izquierda para afrontar los problemas de la situación política.​ Para ese entonces, se marcó un hito antes de la llegada del gobierno de Velasco Alvarado, la teología de la liberación.​ Cuando el militar asumió el poder, el Estado y la Iglesia católica se volvieron irrespetuosos.​ Además, el oficialismo se alió con la Oficina Nacional de Investigación para reducir la presencia conservadora y desarrollar ideas religiosas progresistas en el país.​

No todas las iglesias recibieron optimistamente la teología de la liberación. El periodista Pedro Salinas señaló que se estableció en Arequipa el primer congreso de la teología de la reconciliación en 1985. El congreso fue promovido por el Sodalicio de Vida Cristiana, una sociedad formada por laicos que se fundó en 1971.​

Tras el mandato de Velasco Alvarado y la «nueva derecha»

Años 1970 y 1980

Tras el Tacnazo y posterior derrocamiento de Velasco en 1975, Francisco Morales Bermúdez encabezaría el Gobierno Revolucionario hasta 1980, participando su gobierno militar en la represión política de los izquierdistas durante la Operación Cóndor.​ Uno de los logros fue en impedir el resurgimiento de corrientes marxistas-leninistas del formado Partido Socialista Revolucionario,​ además de establecer el Concordato de 1980.

Durante la Década Perdida de los 80 y el terrorismo de la época, surgió el fenómeno de la «nueva derecha» apoyada por el diario Expreso,​ a pesar de que los partidos políticos empezaron a debilitarse.​​ Una investigación de 1979 vaticinó que esta postura contaría con la simpatía de las mujeres, los adultos mayores y los trabajadores, que carecían de una ideología política definida, mucho tiempo después de que esta postura fuese la respuesta del fenómeno del APRA, a inicios de siglo.​ Paralelamente, surgieron movimientos políticos no católicos, como el Frente Evangélico (1980), que representaban los intereses de la población evangélica.​ Sin embargo, a pesar de su historial de apoyo al aprismo,​ las iglesias evangélicas se abstuvieron de respaldar este nuevo movimiento en un esfuerzo por mantener una postura apolítica.​

Adicionalmente, el conservadurismo católico resurgió para mostrar el rechazo de la izquierda política en el país, influenciada por el mencionado conflicto armado interno.​ En este fenómeno surgieron figuras más importantes como Juan Luis Cipriani,​​ quien se opuso a la presencia de organizaciones progresistas.​ Cuando asumió el cargo en 1999, Cipriani fue responsable de definir una postura complemente pública de la Iglesia católica.​ El resultado fue un conflicto ideológico entre liberales religiosos y sectores conservadores, en el que se encuentra el Sodalicio de Vida Cristiana.​

«…surge una verdad incontrastable: si el APRA perdiera presencia en el panorama político peruano, sería sustituida por una conjunción de partidos de origen extranjero y comunista o por una dictadura plutocrático-castrense. […] No pretendo llevar a cabo ninguna expresión de propaganda partidaria. Se trata de hechos objetivos». —Palabras de Luis Alberto Sánchez en el libro Perú: nuevo retrato de un país adolescente (1987).​

Desde el punto de vista administrativo, los ciudadanos volvieron a elegir a Fernando Belaúnde en 1980 y, con el apoyo del cardenal Cipriani,​ su mandato se volvió aún más conservador. Su mandato trajo reformas económicas neoliberales al país sin conseguir el éxito esperado debido al bajo valor de las materias primas y el reducido producto bruto interno.​​ En ese entonces, mientras las políticas sociales no cambiaban, el ámbito mercantil sí lo hacía,​ lo cual llevó al mandatario a criticar las posturas subversivas que buscarían «empobrecer al país».​ Belaúnde llegó incluso a criticar a Amnistía Internacional, organización que denunciaba ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden.​

La crisis económica y la presencia de grupos subversivos se intensificaron a mediados de los años 1980. Cuando los detractores se hartaron de la incapacidad del presidente sucesor, el socialdemócrata Alan García (quien combatió la crisis económica con las estrategias estatistas), las fuerzas armadas comenzaron a planear un golpe de Estado a fines de esta década, conocido como Plan Verde. Esta estrategia militar supondría el genocidio de la población indígena y empobrecida, la censura de los medios de comunicación nacionales y el establecimiento de una economía neoliberal bajo el mando de una junta militar en Perú.​​​ El partido aprista, que representaba a García, se mantuvo al margen de los militares para mantener el orden social.​ Irónicamente, grupos subversivos también practicaron medidas sociales similares a las planteadas en el Plan Verde, por medio de la limpieza social.

Años 1990

Alberto Fujimori en 1991.

En las elecciones generales peruanas de 1990, los peruanos otorgaron su apoyo al líder populista Alberto Fujimori,​ quien adoptó el estilo caudillista para combatir al antagonista en el conflicto armado, Sendero Luminoso, y su representante Abimael Guzmán.​ Fujimori obtuvo el apoyo de militares y un sector de la izquierda peruana,​ lo que le llevó a la presidencia del Perú.​​ Tanto Fujimori como Guzmán (conocido por su pensamiento Gonzalo, cuya ideología contrasta al neoliberalismo), fueron figuras importantes en esa década.​ En esa lucha permanente de poderes, ambas figuras caracterizaban sus rasgos autoritarios.​

En un contexto de marcada polarización política,​ el imaginario de Fujimori construyó una dicotomía entre «ciudadanos» o «patriotas», considerados como no afines a ideologías violentas, y «terroristas», término aplicado a quienes se identificaban con el pensamiento Gonzalo.​ Para reforzar esta distinción, Susana Villarán describió la postura gubernamental como «la lógica militar».​ Esta postura enfatizó el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo y la necesidad de gratitud de la ciudadanía por su apoyo.​ Este enfoque se evidenció en acciones controversias, tales como la adopción de decretos para establecer el orden interno​ y la ley de Amnistía de 1995.

Imagen externa
Dibujo sobre los conservadores y el autogolpe de 1992, como parte de la obra Novísima Crónica i mal Gobierno (2011) de Miguel Det. Conservado en la página web del Lugar de la Memoria.
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A pesar de que su planificación inicial estaba mínimamente enfocada en reformas proderechos con apoyo de sectores de la clase socioeconómica baja para obtener buena imagen desde el extranjero,​​ su gobierno fue referido en su momento como liberalismo conservador por mantener cierta influenciada de posturas conservadoras, posturas que partidos posteriores adoptarían con alguna similitud.​​ Su liberalismo perdió importancia luego de las medidas drásticas en 1992 para modernizar el sistema económico sobre los derechos ciudadanos,​ en que sus opositores (tanto de izquierda como del aprismo) criticaron la creación de una nueva constitución por sus rasgos «autocráticos y centralistas».​ De hecho, antes de la disolución del Congreso y la formación del Congreso Constituyente Democrático, algunos congresistas de la oposición apoyaron en mantener la constitución de 1979.​

Además, los políticos nacionales aprovecharon los discursos feministas para manipular a la población.​ El periodista Gustavo Gorriti explicó que el legado del autogolpe de ese año «reforzó y avanzó la tradición de una posición conservadora, fuerte, tradicional y profundamente autoritaria».​ Con el tiempo, grupos de presión realizaron campañas de acoso contra la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una entidad que apoyaba en los derechos hacia las mujeres en territorio peruano.​

Por otro lado, Fujimori mantuvo contactos con representantes eclesiásticos,​​ incluido Juan Luis Cipriani, quien se opuso abiertamente a los críticos del gobierno​ y promovió principios rectores para el país en materia de familia, educación, solidaridad y cuestiones sociales.​ También contó con el respaldo de la iglesia protestante evangélica,​​ como lo demuestra la elección de al menos 19 congresistas evangélicos en las elecciones de 1990.​ El escritor Tomás Gutiérrez señaló que el sector protestante impulsó al candidato presidencial con bases que se asemejan a una «posición fundamentalista»,​ sustentada en los temores del fenómeno subversivo frente al ya debilitado sistema de partidos políticos.​ Sin embargo, su forma de gobierno solo generó divisionismo entre sectores evangélicos;​ luego del suceso de 1992, uno de los miembros de la comunidad evangélica, Guillermo Flores, señaló en 2021 que aquel autogolpe fue «el real detonador del discurso religioso peruano como lo conocemos ahora».​

Si bien Fujimori tuvo más respaldo popular cuando postuló como presidente de la república, de ahí su característica que asemeja al neopopulismo, su rival Mario Vargas Llosa tuvo apoyo de sectores elitistas;​​ apoyo que fue perdiéndose por los problemas de organización.​ Vargas Llosa, quien experimentó ideas liberalistas y progresistas en su juventud,​ respaldó el fenómeno de la «nueva derecha».​ El escritor fundó en 2002 la Fundación Internacional para la Libertad, uno de los think tanks que estableció una híbrida ideología liberal-conservador basado en el consenso de Washington, cuya prevalencia es en ser una institución con «modernización conservadora»,​ análoga a la «modernización tradicionalista» del siglo XX. Sin embargo, debido a la escasez de grupos de expertos en el país, su influencia directa sobre los partidos políticos fue limitada durante la década siguiente, periodo en que las políticas públicas se caracterizaron por su continuidad.​

Desarrollo del conservadurismo en el siglo XXI

Durante las primeras tres décadas del siglo XXI, el conservadurismo se mantuvo como una tendencia predominante en el Perú. Esta tendencia contó con el apoyo de grupos políticos de la década de 2000,​ así como de la corriente iliberal en América Latina.​ El Estado peruano mantuvo un enfoque conservador, perpetuando el statu quo establecido en la Constitución de 1993, promulgada por Alberto Fujimori tras su autogolpe. La comunicadora Laura Arroyo señaló que el legado de Fujimori, el fujimorismo, se extendió a los gobiernos posteriores.​ Debido a su importante papel en el Congreso y otras instituciones, el analista Farid Kahhat comparó al fujimorismo y sus aliados de ultraderecha con el chavismo.​

La narrativa antiterrorista promovida por el fujimorismo se opuso al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigaba los crímenes cometidos por las fuerzas del orden.​ Simultáneamente, la Iglesia católica se mantuvo significativamente como referente en la población, tal como lo establecía el artículo 50 de la Constitución de 1993, que reconoce su importancia para la unidad nacional y el desarrollo espiritual.​ Por ello, términos como «conflicto armado» y «enfoque de género» fueron cuestionados por el Ministerio de Educación. En 2024, se recomendó vetar libros que incluyeran estos temas, lo que exministros como Ricardo Cuenca consideraron un ejemplo de conservadurismo autoritario.​

Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Juan Luis Cipriani en 2016.

Las campañas electorales de los presidentes Alejandro Toledo y Alan García, que buscaron romper con la continuidad, resultaron infructuosas.​ En cambio, el politólogo Alberto Vergara afirmó que el segundo, quien gobernó entre 2006 y 2011, convirtió a su segundo partido político, el Partido Aprista Peruano, en «casi un segundo fujimorismo».​

Al igual que el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano (PPC) fue otra fuerza política importante a principios del siglo. Según Luis Benavente, director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, Lourdes Flores Nano, una líder destacada del PPC, se convertiría en un referente relevante para los simpatizantes del fujimorismo.​ Con el propósito de conservar su influencia en el ámbito político, el Partido Aprista Peruano y el PPC formaron la Alianza Popular. Sin embargo, esta alianza no tuvo éxito y se desintegró en el año 2016, según el director del portal web El Montonero.​

Mientras tanto, el legado del fujimorismo se materializó en el partido político Fuerza Popular, fundado a finales de la década de 2010 por la hija del expresidente peruano, Keiko Fujimori.​ Con simpatizantes más reaccionarios que posicionaron a la organización en ese espectro,​ los apodados «halcones»,​ el partido promovió el activismo ideológico en el Estado posterior al Fujimorato contra sus opositores progresistas,​ incluidos feministas,​ por medio de cuentas dedicadas en redes sociales. Al terminar los años 2010, el fujimorismo compartía rasgos ideológicos con Solidaridad Nacional,​ organización que creó la alianza Unidad Nacional (junto con el PPC) y que el diario El Tiempo comparaba sus discursos con los de Unión Revolucionaria.​ Para el periodo parlamentario 2021-2026, este presentaba similitudes con agrupaciones como Renovación Popular (ultraconservadora), Perú Libre (antiliberal de izquierda) y Avanza País (afín al neoliberalismo), según el Instituto de Defensa Legal y otras fuentes.​​​​ No obstante, estas organizaciones políticas enfrentaron cuestionamientos debido a presuntas irregularidades en el manejo de recursos financieros.​

Antes del surgimiento de Fuerza Popular, tras la desilusión provocada por el régimen de Fujimori,​ las agrupaciones religiosas hallaron un refugio provisional en el partido Restauración Nacional bajo la dirección de Humberto Lay, quien inicialmente propugnaba una ideología progresista al inicio de la década de 2000. Sin embargo, la decadencia de Restauración Nacional dio paso al advenimiento de movimientos «antiderechos» que abogaban por valores familiares tradicionales y se manifestaban en contra de las libertades civiles.​ Según José Luis Pérez Guadalupe, durante el período 2005-2010, la tendencia conservadora en la iglesia católica favoreció la elección de obispos de movimientos religiosos emergentes en detrimento de las confesiones tradicionales.​ Paralelamente, en el ámbito evangélico se desarrollaron grupos de presión para manifestar públicamente los intereses de sus movimientos.​

Los grupos evangélicos, vinculados a partidos de centroderecha,​ tuvieron un mayor impacto en los debates sobre valores familiares que sus homólogos católicos.​​​ Ambas comunidades religiosas, incluidos movimientos como el Opus Dei,​ han respaldado políticamente el concepto de valores familiares, promoviendo posturas provida. Esta tendencia se ha manifestado en la representación parlamentaria de organizaciones como Renovación Popular.​

Simultáneamente, surgieron organizaciones políticas con orientaciones religiosas no tradicionales, destacando el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap). La analista Adriana Urrutia lo identifica como un reflejo del «descontento conservador».​ Según el antropólogo Carlos Ráez, el Frepap pretendía evadir comportamientos que reflejaran un extremo fanatismo religioso o conservadurismo.​ Entre sus prácticas, destacan el protagonismo de las mujeres, la elaboración de proyectos de ley para fomentar el desarrollo rural y la promesa de no incluir invitados en sus candidaturas.​ Su supuesta distancia del fujimorismo ha generado controversia.​

En 2018, un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú reveló la existencia de una laxitud moral en los gobernantes del país, lo que sugería la dependencia antiprogresista y la desmotivación de la participación política para promover propuestas de cambio.​ En 2020, un estudio de Ipsos Perú indicó que el 65 % de la población se identificaba como «conservadora».​

Para 2023, el periodista y músico Fernando Pinzás percibió que la política se consideraba un tema tabú en diferentes circunstancias, debido a la presión social de una sociedad con valores tradicionales.​ Además, señaló que los artistas peruanos no son conscientes de la relevancia de emitir opiniones políticas, ya que el silencio los hace cómplices de impulsar la corrupción, los crímenes y el autoritarismo.​ En 2024, el historiador Raúl Asensio, del Instituto de Estudios Peruanos, constató que el país exhibía la particularidad de que las mujeres son menos vinculadas a movimientos progresistas que a los varones.​

Video externo
¿Qué busca la derecha en el Perú?, entrevista a Omar Coronel por el investigador Francisco Durand. Vídeo de Otra Mirada en 2021.
Análisis sobre la ola conservadora en Lima y la importancia de Renovación Popular en el país por el excandidato Guillermo Flores Borda.
Entrevista a José Manuel Morán, investigador y coordinador del estudio de CLACAI sobre as similitudes entre movimientos neoconservadores en Perú, Bolivia y Ecuador. Realizada por Clara Elvira Ospina.
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Prácticas de conservación política en los gobiernos del siglo XXI

Años 2000 y 2010

En los primeros años del siglo XXI, se observó un panorama inestable en el que la relación entre la Iglesia y el poder ejecutivo afrontó una serie de desafíos durante el gobierno de Valentín Paniagua. La publicación de ciertas cartas, por parte de la revista Caretas,​ originó una controvertida situación en la cual el gobierno rechazó enfáticamente la existencia de algún tipo de ruptura en las relaciones.​ Asimismo, en el año 2004, el primer ministro Carlos Ferrero Costa negó categóricamente la existencia de algún tipo de acuerdo conspirativo entre el Ejecutivo y el Congreso.​ Por su parte, el representante de la Iglesia en ese momento, Juan Luis Cipriani, expresó su vehemente descontento, calificando los hechos como un «golpe bajo muy fuerte» que afectaba gravemente la imagen de la comunidad.​

Adicionalmente, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se constató que en el programa de planificación familiar se fomentaba la práctica de «métodos naturales» y contra el uso de algún instrumento quirúrgico.​ En ese mandato, la cartera de Salud estuvo liderada por dos ministros (Luis Solari y Fernando Carbone) que representaban movimientos en oposición a los derechos humanos.​ Cuando ocurrió una crisis ministerial en 2004, el tercer vicepresidente del Congreso, Carlos Infantas, advirtió de una eventual reestructuración conservadora para mantener «las políticas de privilegios que gozan los poderosos grupos económicos que comen con "cuchara grande"».​

En aquella crisis ministerial, entró en escena Alan García, quien demonizó a Toledo por «heredar un nuevo senderismo».​ El político socialdemocrático Fernando Olivera, quien fue embajador durante la administración de Toledo, señaló que fue un fuerte opositor y entabló una «conspiración planificada para derrocar al régimen democrático».​ A García, le acompañó un partido político (APRA) menos crítico y aliado de coaliciones frente a una precaria situación institucional.​ Ese partido político se enfrentó en 2004 en desprestigiar la constitución 1993, en que el líder aprista se opuso para mantener la inversión económica​ y realizó presuntas negociaciones con Paniagua.​ En respuesta a la ideología de Toledo, en el mandato de García, a diferencia de su primer gobierno socialdemócrata, retornó con una postura más conservadora y con el propósito de mantener la situación política más favorable hacia el Estado.​​ Asimismo, prometió no aprobar normas vinculadas con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.​

«En mi primer Gobierno, yo era un hombre terriblemente ideologizado». —Alan García en 2006​

En sus discursos de gobierno, el entonces líder aprista llevó la ejecución del Consenso de Lima, nombre asignado a un proyecto político y económico extraoficial. La continuación de la política neoliberal iniciada por Fujimori se tradujo en políticas inspiradas en las de Augusto Pinochet, como la instauración de la Marca Perú para promover el atractivo turístico del resto del país​ y la ambición de realizar obras de infraestructura y recolectar recursos similares a las de Augusto B. Leguía.​ Dicho líder ignoró que un sector de la extrema derecha estaría planeando un atentado contra su vida, según informaron fuentes de la embajada de los Estados Unidos.​ El medio Canal N divulgó que empresarios y militares tenían previsto realizar el atentado para enero de 2007.​ Finalmente, Pilar Mazzetti, ministra del Interior, descartó el atentado al tratarse de un rumor.​

Por otra parte, los grupos indígenas, que se opusieron al sistema extractivista desde el gobierno de Belaúnde Terry, fueron vistos por García como un «atraso» para el progreso.​ Las denuncias formuladas ante los medios locales por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana no siempre recibían atención,​ y el rechazo de Alejandro Toledo a las posturas autoritarias​ contribuyó a un clima de descontento que culminó en la crisis política peruana de 2009,​ marcada por el enfrentamiento conocido como el Baguazo.​​ García optó por atribuir la crisis a una conspiración externa.​ Como consecuencia de la crisis, se mantuvo una política favorable a los grandes capitales (nacionales y extranjeros),​ lo que permitió mantener el crecimiento económico. El presidente sucesor, Ollanta Humala, intentó cambiar esta situación con su agenda programática, pero no tuvo éxito.​

«Hemos tenido, desde 2016, una sucesión de gobiernos dentro de las reglas constitucionales. En ese año, pasaron a segunda vuelta dos candidatos de derecha; uno más liberal que ganó la presidencia, y otro más conservador. Cuando muchas veces son del mismo sesgo ideológico, los enfrentamientos son mayores». —El economista Julio Velarde en el Foro Económico Mundial.​

Tras la presidencia de Humala, el gobierno peruano fue asumido por Pedro Pablo Kuczynski. Este respondió a las preocupaciones ciudadanas sobre la implementación del enfoque de género​ y, en 2023, se opuso a la postura «hiperprogresista» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.​ Su mandato estuvo marcado por una crisis política que configuró nuevos rasgos de la derecha conservadora peruana en su historia.​Mercedes Aráoz, entonces vicepresidenta, presenció la censura de ministros de Educación por parte de legisladores fujimoristas y afines. Criticó la presencia de «un grupo ultraconservador con ideas que, en verdad, ya no son propias del siglo XXI».​

Durante el gobierno de Kuczynski, la inmigración venezolana suscitó rechazo entre grupos conservadores que asociaron el fenómeno con el supuesto comunismo de Nicolás Maduro.​ Luego de la destitución de Kuczynski, en 2018, se formaron dos bloques parlamentarios con un enfoque predominantemente conservador, apoyados por Gilbert Violeta, Juan Sheput, Pedro Olaechea y Salvador Heresi. Estos bloques permanecieron activos hasta 2020.​

Mientras ocurrían los mandatos de Humala y Kuczynski, el político y excongresista Ántero Flores-Aráoz propuso formalizar en los años 2010 la Coordinadora Republicana,​ un colectivo de dirigentes políticos, empresarios, religiosos y comunicadores que buscaba unificar la derecha política desde los puntos de vista republicano-conservadores. Si bien la meta de unificar no tuvo el éxito inicial,​ con el tiempo se concretó.​ El colectivo fue responsable de una serie de acontecimientos políticos a favor de sus figuras representativas, según el especialista José Alejandro Godoy.​ Inicialmente, fue responsable de crear un complot contra el presidente Martín Vizcarra.​ Luego de concretarse la vacancia, el colectivo consiguió instalarse en el gobierno de Manuel Merino. Como resultado, Flores-Aráoz fue primer ministro de Merino,​ mientras que gremios empresariales y exfuncionarios de APRA formaron parte del gabinete.​ Sin embargo, el mandato duró poco debido a las protestas de 2020, en que los manifestantes calificaron a las nuevas autoridades como «dinosaurios».​

Elecciones generales de 2021 y coalición ideológica durante crisis política

Surgimiento de nuevas figuras políticas

En la década de 2020 surgieron nuevas figuras políticas del mismo corte, a las que el diario español El País vaticinó de un «giro ultraconservador» ante las elecciones de 2021.​ Se supo que los grupos políticos de derecha tenían como objetivo a Verónika Mendoza, una representante mediática de la izquierda política de la época que contaba con ideas progresistas.​

Pedro Castillo, candidato del partido de izquierda Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón es contrario al progresismo, compitió con Keiko Fujimori. Aunque Castillo pretendió cuestionar el legado económico de su padre,​ mantuvo la misma postura social de la candidata.​ Castillo también contó con el respaldo del líder religioso Anthony Lastra Velarde, quien actuó como enlace con la comunidad evangélica.​

Junto a Castillo, Rafael López Aliaga, que comparte su postura con los movimientos evangélicos, postuló a la presidencia con el refundado partido Renovación Popular.​ Si bien no logró pasar a la segunda vuelta, resultó elegido alcalde de Lima con su campaña centrada en «valorar a la familia»​ y en reconocer a figuras internacionales como Agustín Laje y Eduardo Verástegui.​ En una entrevista con el diario El Comercio, López Aliaga afirmó tener una postura definida, a diferencia de Keiko Fujimori, quien, según él, ha mostrado una «variabilidad» en su postura provida.​ El diario español El País y el investigador Carlos Meléndez, por su parte, informaron que antiguos simpatizantes de Fuerza Popular cambiaron su preferencia hacia Renovación Popular.​​ El portal digital Sudaca afirmó que los apristas también se decantaron por ese partido refundado.​

Gobierno de Pedro Castillo

Exmiembros del Comando Chavín de Huántar en una manifestación de 2022. Se muestra la etiqueta #TerrorismoNuncaMás.

La llegada de Castillo al poder se vio afectada por la crisis electoral de 2021 y una nueva dicotomía entre la «democracia y la esperanza» contra el «odio y resentimiento».​ La postura conservadora fujimorista, representada en una parte de la zona urbana de Lima​ y que obtuvo una parte del parlamento, fue un factor importante en la crisis política. Mario Vargas Llosa, representante de la Fundación Internacional para la Libertad, mostró abiertamente su rechazo a Castillo por estar supuestamente vinculado al socialismo del siglo XXI.​ Además, varios políticos participaron en una serie de conferencias, como el regional Foro de Madrid.

En el país, se realizaron varias más de 100 manifestaciones, cuya temática cambió a medida que Castillo siguió en el gobierno.​ En ellas participaron miembros de La Resistencia y militares en situación de retiro,​​ que tenían objetivos comunes.​​ En simultáneo, se llevaban a cabo campañas mediáticas contra adversarios del conservadurismo​ y también se organizaban actos en rechazo a organizaciones que consideraban «ideologizadas», como la CIDH (posturas que volvieron a replicarse en los siguientes años).​​​​

Conclusiones del porqué el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está «ideologizado», a partir de una discusión entre José Luis Sardón, el activista Lucas Ghersi y el universitario Carlos Hakansson en el Congreso de la República: «Comportamientos irregulares» en los procesos abiertos en contra del Perú. «Clara identificación política de izquierda» de sus magistrados de la corte interamericana. El sistema «nació con deficiencia» y, por ello, Estados Unidos no firmó el pacto de San José. —Extraído de un comunicado de prensa el 16 de octubre de 2023.​

Una de las campañas destacadas fue el mensaje «OEA, a la mujer la define la biología, no la ideología»,​​ que se colocó como cartel en el Congreso, durante la presidencia de José Williams,​ con el apoyo de la organización cercana al Foro de Madrid CitizenGo.​ El cartel se instaló días después de que el ente legislativo aprobara «sin generar obligaciones internacionales a futuro» el uso de los baños neutros para el evento interamericano Juntos contra la desigualdad y la discriminación.​​

La coalición conservadora nacida del Congreso adquirió aliados de otros sectores, como las fuerzas armadas,​ los empresarios (que posteriormente sus líderes abandonaron su respaldo)​​ y los representantes de entidades ideológicamente compatibles con el ente, como el Ministerio Público (cuando estuvo liderada por Patricia Benavides)​ y el Tribunal Constitucional.​ Sobre este último organismo, que vela por el cumplimiento de la ley en el país, algunos magistrados tuvieron cercanía con el movimiento fujimorista.​ De hecho, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi llegó a considerarlo como una institución muy importante para el Congreso con el fin de evitar que «jueces politizados y prevaricadores» interfirieran en sus decisiones.​ El entonces ministro del Interior, Avelino Guillén, denunció la presencia de la ultraderecha y señaló que «Keiko Fujimori debe dar explicaciones al país».​

Tras la destitución de este por los congresistas, se desencadenó la convulsión social en contra de las autoridades que no representaban a la ciudadanía. El analista Alberto Quintanilla Chacón señaló que la derecha conservadora no tenía conocimiento de lo que ocurrió fuera de Lima, donde se habrían intensificado las protestas.​

Gobierno de Dina Boluarte

El Ejecutivo, dirigido por Dina Boluarte (antes vicepresidenta), mantuvo una alianza extraoficial con sectores tradicionales del Congreso,​ incluyendo el apoyo del fujimorismo.​​ De acuerdo con International Crisis Group, Boluarte también contó con el respaldo de sectores empresariales.​ Además, los militares retirados respaldaron las acciones de soldados y policías contra los manifestantes durante el período de convulsión social.​

En el gobierno de Boluarte, se mostró una postura contraria a la «política ideologizada» en la educación y otros ámbitos del país.​​ Algunas de las medidas adoptadas fueron la eliminación de la dirección sobre transversalización del enfoque de género en el Ministerio de la Mujer,​ la condición de «enfermedad» para los trastornos de la identidad de género en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud​​ y la exclusión de profesores que no compartan los ideales de la Constitución.​ Por su parte, el Congreso aprobó, por insistencia, un proyecto de ley que «declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú».​ El objetivo de esta iniciativa es imponer una narrativa histórica acorde a los intereses de los grupos conservadores.​

«Dios está con nosotros (las autoridades) porque estamos trabajando por el bien de todos. ¿Seguirán criticando (a las autoridades)? sí, aprovechando los errores porque los habrá. Van a provocar conflictos, van a mentir, pero yo les digo ahora con seguridad y firmeza: no nos van a detener». —Hania Pérez de Cuéllar, ministra del gobierno de Dina Boluarte. Cita de 2024.​

Existe un consenso notable sobre la formación de una coalición política unida dentro de ese espectro ideológico.​​​​​ Esta alianza integraría a representantes de partidos conservadores, centroderechistas y populistas.​ El politólogo Juan de la Puente la ha resumido como «el vértice de una coalición [conservadora]».​ El historiador José Ragas señaló que esta coalición no se presentó a las elecciones y que, por ello, no tiene que rendir cuentas a nadie.​ Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana ha señalado que, al tener el control del Congreso, «ya no hay instancias [de defensa]» de la democracia, por lo que se ha establecido un «camino decidido hacia el autoritarismo».​

Sobre Boluarte, el historiador Hélard Fuentes Pastor ha expresado que, con su representación de, «la presidenta está asumiendo un rol ante la opinión pública como una salvadora» porque «se ahonda en una configuración de dinámicas autoritarias».​ Finalmente, el estudioso estadounidense Charles Walker ha manifestado su «hipocresía» cuando Dina Boluarte quiso posar con el retrato de Micaela Bastidas, conocida por ser un emblema de la rebelión indígena.​

Voces opositoras como Verónika Mendoza y Francisco Sagasti,​ así como los periodistas Juan Carlos Tafur​ y Fernando Vivas,​ criticaron al nuevo mandato por estar involucrado en una coalición «autoritaria» y «conservadora».​ Incluso el exministro de Cultura, Jorge Nieto, refirió simplemente de lo «más parecido a la extrema derecha».​ En el ámbito internacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, autoconsiderado como crítico del parlamento «conservador»,​ señaló durante el conflicto diplomático con algunos países que no reconocen a Boluarte la presencia de un «golpe del conservadurismo».​

Luego de la destitución de Pedro Castillo, los ataques contra otras figuras supuestamente vinculadas con el progresismo continuaron. El medio IDL-Reporteros reportó que grupos parlamentarios de derecha y extrema derecha habrían realizado coordinaciones con otros funcionarios para inhabilitar a figuras detractoras, como Zoraida Ávalos, percibida como una supuesta amiga de Martín Vizcarra.​ Asimismo, se abrió una investigación sumaria del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia.​

Una de las figuras más rechazadas por la derecha conservadora, que según el analista Alberto Quintanilla Chacón gobierna de facto desde el parlamento,​ es Gustavo Gorriti, reconocido periodista opositor al fujimorismo y actualmente director de IDL-Reporteros. Gorriti fue objeto de una campaña que lo presentaba como una figura responsable de la «polarización» en el contexto actual, cuya estrategia buscó generar empatía hacia los políticos tradicionales.​

A nivel internacional, el grupo conservador siguió criticando a las organizaciones que lo investigan. Se permitió la presencia de algunos vinculados con el fujimorismo tengan presencia ante la OEA,​ así como la creación de la Comisión de Alto Nivel para denunciar al Sistema Interamericano con bases populistas so pretexto de «no [colisionar] con las facultades constitucionales previstas para el Poder Ejecutivo y para el Poder Ejecutivo».​ En relación con esto último, también se propuso desvincularse del Estatuto de Roma con el apoyo de José Cueto y Fernando Rospigliosi para permitir la prescripción de crímenes de lesa humanidad.​

Desarrollo de los movimientos conservadores en el siglo XXI

Influencia del fujimorismo en el conservadurismo peruano

Véase también: Propaganda fujimorista

El símbolo El ojo que llora ha sido objeto de atención por parte de grupos afines al fujimorismo, que lo consideran ligado al relato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).​ Esta comisión investigó tanto a grupos subversivos como a fuerzas militares. Algunos legisladores han expresado su oposición, calificándolo como una «ofensa a las Fuerzas Armadas».​

Durante los mandatos presidenciales de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, el partido de oposición Fuerza Popular ejerció influencia sobre el Congreso peruano.​​​ La ideología del partido se fundamenta en el fujimorismo, un movimiento político surgido en la década de 2000 en torno a la figura de Alberto Fujimori, a quien sus seguidores atribuyen haber «[devuelto] la ruta del desarrollo de nuestra patria».​ En un comunicado de 2024, el partido calificó a los enemigos del legado como los «aliados de la izquierda radical».​

La postura de Fuerza Popular se ha mantenido constante a lo largo del tiempo, hasta tal punto que compitieron con los hechos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para imponer su propia memoria. En 2018, el fujimorismo propuso un «museo de la memoria» en el que se presentaba a Fujimori como líder clave en la lucha contra el terrorismo.​ En 2022, la Junta de Portavoces aprobó un proyecto de ley para retirar el monumento conmemorativo El ojo que llora,​ que había sido dañado por partidarios del fujimorismo.​ En 2024, el grupo parlamentario quiso intervenir las exposiciones en el Lugar de la Memoria, donde se señala que «no tiene el testimonio de quienes lucharon por la paz».​

Fuerza Popular contó con vínculos con grupos católicos, debido a la amistad de la líder política con Juan Luis Cipriani,​ por lo que impidió que los presuntos abusos sexuales en el Sodalicio de Vida Cristiana fueran investigados.​​ También recibió el respaldo parcial de los sectores evangélicos durante las campañas presidenciales de 2011​ y 2021.​ Durante el gobierno de Martín Vizcarra, Fuerza Popular recibió críticas por su oposición a las reformas sociales propuestas,​ mientras estaba presuntamente implicado en el caso Odebrecht.​ El partido se opuso a las reformas relacionadas con el enfoque de género,​​​​​ al considerarlas «ideología» contra el partido,​ y trató de fundamentarlas en las iniciativas legislativas 3610 y 3795.​

En las elecciones de 2016, año en que se inició la crisis política, el partido recibió el apoyo de los electores peruanos en el extranjero, al igual que otros candidatos cercanos a la derecha peruana.​ Si bien Keiko Fujimori no ganó la presidencia, los congresistas consiguieron una considerable presencia para oponerse al Poder Ejecutivo. Uno de los logros fue la participación en la censura de varios ministros de Educación, entre ellos Idel Vexler​ (con el apoyo del Partido Aprista)​ y Marilú Martens,​ a quienes acusaron de crear un nuevo Sodoma y Gomorra y tildaron de promotores del «nuevo terrorismo».​ Según Yehude Simon, la derecha conservadora fue muy reaccionaria ante las medidas de Vizcarra.​ Debido a la disolución del Congreso por parte de Vizcarra, figuras que apoyaban la educación conservadora, como Martha Chávez y Rosa Bartra, buscaban movilizar el apoyo electoral de cara a las elecciones parlamentarias de 2020.​

Años después, en 2021, grupos conservadores en Lima y otras regiones aprovecharon la campaña anticomunista de Keiko Fujimori para fuertemente apoyarla.​​ Fujimori tomó la propuesta de «demodura» de su padre, un juego de palabras entre «democracia»​ y «[mano] dura».​ Específicamente en la segunda vuelta, los grupos religiosos compartieron sus convicciones para reforzar los mensajes proselitistas de la candidata presidencial. Los evangélicos se comunicaron con ella por estar vinculada con los principios de la «democracia»;​ mientras que la Conferencia Episcopal Peruana, entidad católica, animó a no elegir a su rival vinculado al «comunismo», para «prevalecer los grandes valores éticos, morales y religiosos que sustentan a nuestra nación desde sus inicios y que constituyen la gran reserva moral del país que debemos cuidar y ennoblecer».​

La propagación de noticias falsas en la campaña anticomunista fue crucial para su difusión masiva, que se infiltraba en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, en particular TikTok.​ Esta estrategia de difusión masiva fue comparada con un «macartismo mesiánico» por Edward Málaga, quien en aquel entonces era congresista.​ Luego de la fallida candidatura de Keiko Fujimori, grupos de poder afines a Fujimori fueron más drásticos cuando acusaron a las elecciones de un supuesto «fraude»​ y recurrieron continuamente a discursos de odio.​ Estas acusaciones se consolidaron para infundar más temor hacia los partidos políticos de izquierda.​ Colectivos reaccionarios cercanos a la ultraderecha como La Resistencia,​ la Sociedad Patriotas del Perú,​ la Coordinadora Republicana​ y Ciudadanos por la Democracia (que acompañó en los mítines de Lourdes Flores Nano)​ incitaron la salida del electo candidato rural, Pedro Castillo, incluso de forma violenta. El Consejo de la Prensa Peruana denunció una campaña de persecución ideológica.​

A pesar de que Fujimori no volvió a ganar la presidencia, Fuerza Popular volvió a conseguir escaños en el Congreso. Con la ayuda de otros grupos parlamentarios, fortalecieron su oposición a la aprobación de políticas sobre derechos sexuales y reproductivos.​ En 2023, la bancada contribuyó a impedir la elección de Gahela Cari como la primera congresista transgénero en la historia peruana, aprovechando la suspensión del congresista Roberto Sánchez en el gobierno de Pedro Castillo.​

Con el cambio de mandato por parte de Dina Boluarte, sucesora de Castillo, el investigador social Eduardo Cáceres refirió que ese nuevo mandato tuvo una «disputa abierta» con las directrices de gobierno de la lideresa de Fuerza Popular.​ En una entrevista concedida a Onda Azul, el analista y docente universitario Leoncio Alemán mencionó que dicho partido político ha logrado obtener dos de las comisiones del Congreso, en las que se elaborarían leyes que podrían forzar la prescripción de los delitos graves cometidos durante el fujimorato.​ Una de las opositoras, la congresista Sigrid Bazán, acusó a Keiko Fujimori por supuestamente llevar a cabo un gobierno en la sombra.​ Tal supuesto condujo a que la representante del fujimorismo ocupara el tercer puesto en la en Encuesta del Poder realizada por Ipsos en 2023​ y al partido Fuerza Popular como el más cercano al gobierno de Boluarte en 2024, según el 32 % de los encuestados por Datum.​

Conservadurismo religioso tras el Fujimorato e influencia de grupos evangélicos

Manifestantes conservadores en la Marcha por la Vida de 2018, organizado por el movimiento Con mis hijos no te metas.

Años posteriores al Fujimorato vieron la promulgación del decreto ley que reconoció el Día del Niño por Nacer en 2001, un hito importante en la agenda antiaborto en la política peruana.​ Este reconocimiento precedió a la modificación del Código Civil en 2023, que otorgó derechos al concebido.​ Durante el debate sobre la adopción de la píldora del día siguiente en 2004,​ luego que los anteriores ministros de Salud del gobierno toledista permitieron una campaña de desinformación en contra de las políticas de derechos sexuales y reproductivos,​ la Conferencia Episcopal Peruana emitió una declaración que recalcó que la Constitución de 1993 «protegerá al concebido en todo aquello que le beneficie».​

Con figuras religiosas que apoyaron los «métodos anticonceptivos naturales», como el sacerdote Juan Serpa en 1999,​ el conservadurismo permaneció instalado entonces en el ministerio de Salud.​ Un estudio de 2018 por la Universidad de San Martín de Porres indicó que el 76 % de médicos se identificaba de creyente religioso.​

Mientras que los movimientos provida se instauraban en el país con varios acuerdos a lo largo de las dos primeras décadas,​ se supo que algunas iglesias evangélicas comenzaron a tener participación política en 2009 y cuyo fenómeno se conocería como el «contramovimiento religioso conservador».​ Tanto la católica como la evangélica participaron en el Compromiso por el Perú, un documento de 2014 establecido por Juan Luis Cipriani que reunió firmas de organizaciones políticas y religiosas, sin contar con el gobierno,​ para tratar temas progresistas en el país.​​

En 2011 se formó la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam), creado por Julio Rosas Huaranga,​ como una respuesta a las ordenanzas progresistas de la alcaldesa de Lima Susana Villarán.​ En consonancia con la creciente ola de conservadurismo en Latinoamérica, que culminó con la elección de Pedro Pablo Kuczynski en 2016,​​ se llevaron a cabo diversas iniciativas para promover valores tradicionales en la educación. Una de ellas fue la marcha Con mis hijos no te metas, un movimiento ciudadano respaldado por Conapfam que surgió tras la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones.​ Si bien el fundador de Conapfam negó las aspiraciones partidistas del movimiento,​​ sus manifestaciones lograron congregar a multitud de ciudadanos.​​ Algunas de las posturas políticas abogadas por Conapfam encontraron apoyo en el neopentecostalismo,​​ lo que se evidenció en las posteriores reuniones entre miembros de la Alianza Cristiana y Misionera con legisladores de grupos conservadores.​

Tras sus primeras manifestaciones en 2016 y 2017, el activismo conservador experimentó un resurgimiento. Ante la disolución del Congreso por el presidente Martín Vizcarra, Christian Rosas, portavoz de la organización Con mis hijos no te metas, expresó su desacuerdo con base en la legitimidad de la elección presidencial.​ Al mismo tiempo, un colectivo de pastores evangélicos manifestó su oposición a través de una carta dirigida al presidente Vizcarra, denunciando supuestas amenazas a los valores tradicionales por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas internacionalmente.​ Simultáneamente, el Colectivo Unidad, integrado por cristianos con intereses políticos, organizó su primera cubre iberoamericana provida, celebrada en 2020. El evento recibió el respaldo de la Universidad de San Martín de Porres y contó con la participación de renombrados políticos, incluidos Rafael López Aliaga y Hernando de Soto.​

La vigencia del conservadurismo social se presenció en el informe de USAID en 2020, cuando señaló «la fuerte resistencia cultural a aceptar prácticas que muchas otras sociedades de la región aceptan mayormente», específicamente en público con mayor presencia religiosa (vinculada con encuestados adultos y con poder económico reducido).​ Sin embargo, no todos los movimientos afiliados al fujimorismo o similares se negaron a desarrollar políticas a favor de los derechos humanos, tal como ocurrieron en los años 1990 con las asociaciones del entonces Concilio Nacional Evangélico del Perú.​ Para finales de la década de 2010, se presenció una nueva separación de ese movimiento cuando la Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, que agrupa a iglesias independientes en el país, se enfocó en atender problemas de la sociedad en lugar de prevalecer ideas afines al creciente «contramovimiento religioso conservador».​

Consolidación de las facciones evangélicas y medidas contra los estudios de género

Véanse también: Influencia política del evangelismo en América Latina y Controversias en el periodo parlamentario 2021-2026.

«En temas como el enfoque de género, me parece gravísimo que el Congreso haya aprobado una ley, que nos había costado tanto esfuerzo incluir los temas de enfoque género en la educación […] para evitar más violencia, y para que se reduzcan los niveles de ataques sexuales que hay contra las mujeres, […] pero se ha quitado esa posibilidad de educar con enfoque de género y el Ejecutivo (de Pedro Castillo) simplemente se quedó callado». —Mirtha Vásquez en una entrevista de 2022.​

El movimiento profamilia fue consolidado en el Poder Legislativo en los siguientes años, específicamente en los años 2020. Este estuvo influenciado por Fuerza Popular; según Perú 21, los simpatizantes religiosos fueron el bolso de votos para su representación parlamentaria.​ Es tal su influencia, que el decano El Comercio señaló la obtención por lo menos dos escaños parlamentarios en 2019 por algunos representantes del movimiento;​ mientras La República vaticinó que el evangélico Alejandro Muñante, momentáneamente vocero de Con mis hijos no te metas y opositor de «quitar a Dios de la política», participaría en el siguiente periodo parlamentario,​ la cual ingresó en la elección de 2021 bajo Renovación Popular. El sociólogo y exministro Pérez Guadalupe denominó como el fenómeno de «las facciones evangélicas».​

La elección de algunos conservadores religiosos el Parlamento permitieron concretar medidas contra el enfoque de género,​ bajo un nuevo bloque parlamentario denominado «Por la vida y la familia»;​ cuya vehemencia fue mayor en el 2023, al ocurrir diferentes sucesos más allá de instaurar la agenda provida. El congresista evangélico Alejandro Muñante recurrió a Radio Bethel para comentar los avances de grupos religiosos en la política peruana junto a sus asesores.​

El bloque «Por la vida y la familia» contó además con el asesoramiento de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam), que reforzó sus posiciones y los cambios normativos propuestos.​ Este se contactó con Padres Peruanos, un colectivo administrado por Giuliana Caccia Arana y vinculado al Sodalicio de Vida Cristiana.​

El caso más notable de las decisiones parlamentarias fue el de los baños inclusivos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que fueron denunciados por Muñante,​ de Renovación Popular, a partir de un vídeo compartido en TikTok por una persona que se define como politóloga cristiana.​ El resultado fue que Ositrán solicitara moderar los carteles de baños inclusivos propuestos por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, bajo la premisa de «no confundir a los usuarios».​ Esta medida fue rechazada por la Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD), órgano adscrito al Ministerio de Justicia, debido a que el uso de baños inclusivos contó con el respaldo normativo constitucional e internacional.​ Meses después, su colega Jorge Montoya elaboró un proyecto de ley para eliminar los carteles a todo país por supuestamente riesgo la privacidad y la integridad de las mujeres y las niñas.​

El Parlamento también aprobó una secuencia de medidas controvertidas, a pesar de la presencia de numerosas de mujeres en el cargo y una representación descentralizada.​ La bancada de Renovación Popular, desde su campaña electoral,​ promovió activamente el rechazo de usar la bandera LGBT en Santa Rosa de Lima,​ la eliminación de la terminología inclusiva en documentos del Estado​ y el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer.​ Ambas posturas finales fueron apoyadas por la diputada Milagros Jáuregui, que propuso prohibir a los jueces y fiscales capacitarse en organizaciones especializadas en género,​ al mismo tiempo que animaba a la ciudadanía a «estudiar en nuestra lengua natural».​

Con el paso del tiempo, se establecieron más reglas, mientras que se buscaba impedir que organizaciones no gubernamentales extranjeras protegieran los derechos humanos e investigaran a los partidos políticos.​ Se llevaron a cabo campañas de desinformación, las cuales ignoraron las investigaciones de las organizaciones religiosas por operaciones sospechosas.​ Mientras tanto, Alejandro Muñante elaboró otro proyecto para eliminar la paridad y la alternancia, argumentando que esta modalidad limita las oportunidades a «aquellos que realmente quieren hacerlo con un verdadero compromiso».​ Con la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia del Recién Nacido​ y como parte de la estrategia contra la «destrucción de la integridad de la familia», la parlamentaria María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) propuso la obligatoriedad de exámenes psicológicos para el matrimonio civil.​

Sobre el impacto de las políticas fundamentalistas parlamentarias, el analista Alejandro Boyco verificó para RPP que tras asumir la presidencia de las comisiones de Educación, Mujer y Salud el movimiento tomó «más allá del conservadurismo […] una agenda antiderechos, que va contraria a todos los estándares de derechos humanos internacionales»; algunas de ellas están relacionadas con el matrimonio infantil y el patriarcado.​ Además, la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, señaló que más allá de algunos parlamentarios hay una «fuerte cultura machista en nuestro país».​

Posturas notables

Neoliberalismo y la economía en torno al lucro

Aquí la «ideología neoliberal» es simplemente una coartada, una excusa de un grupo (en referencia a la alianza de partidos políticos con el Foro Madrid y similares). En realidad de una «argolla», cuya representación pública es una congresista que cree que el Grupo de San Paulo (sic) quiere dominar el mundo, que lo peor son las feministas, las llamadas abortistas, los comunistas y hasta los liberales auténticos, para terminar con un pluralismo abierto, con una nueva convivencia basada en la interculturalidad y en compartir una misma patria de iguales. Por eso proponen una abierta política [de] exclusión. […] [Porque las demás culturas] son un «mal ejemplo». —El investigador Alberto Adrianzén resume la «ideología neoliberal» en una columna del seminario El Búho de Arequipa​

El neoliberalismo ha jugado un papel fundamental en la política nacional, especialmente dentro de los grupos conservadores de derecha, conformando el denominado «archipiélago conservador».​​ El historiador Franklin Pease García Yrigoyen señaló que, desde finalizada la época virreinal, la corriente conservadora ha mantenido una postura favorable a la participación del Estado en la economía, incluso tras la independencia del dominio español. Esta visión propugnaba un rol activo del Estado como «productor del bien público y de la bonanza económica», contando con el apoyo de comerciantes extranjeros.​ En el siglo XXI la tendencia conservadora sugirió al neoliberalismo como una corriente positiva por su particularidad en obtener recursos a cambio de generar megaobras.​ Esta tendencia sirvió de contrapeso al auge ideológico del grupo terrorista Sendero Luminoso.​

Las políticas del consenso neoliberal fueron aplicadas en los años 1980​ definitivamente efectivas con el Fujishock, luego de las propuestas económicas recibidas desde Washington hacia América Latina, las que estuvieron fuertemente relacionadas desde entonces.​ A su adaptación local, en que muchas de las medidas se asemejaron al Plan Verde que elaboraron mandos militares en los años 1980, se le apodó como el «neoliberalismo criollo».​ Esta adaptación cuenta con el apoyo de la élite económica y parte de la clase media, cuyos partidarios abogan por la desregulación, la privatización y la eliminación de los programas sociales;​​​ además, que se modifica el compromiso social en sectores mayormente rurales con un enfoque más individualista, siendo el movimiento cooperativo que dejó la primera reforma agraria reemplazada por empresas que buscan ofrecer tales enfoques.​

Este toma conceptos clásicos de la ideología, donde sostiene a una comunidad política conformada por individuos (sean empresarios o integrantes de gremios) que «deben enriquecerse» para encontrar el progreso de los peruanos, y así ganar su liderazgo en la toma de decisiones del país.​ La ideología ha intentado ampliar su alcance a otros segmentos de la sociedad mediante promesas.​ El escritor Jaime de Althaus ha afirmado que la viabilidad del modelo económico depende de la prevención de la regulación excesiva que pueda obstaculizar la iniciativa privada, particularmente en las pequeñas y medianas empresas.​

Especialistas como Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch catalogaron a la visión de Hernando de Soto, fundador de la corriente neoliberal en el país, «neoconservadora» por naturaleza, debido los derechos que aplicarían a los trabajadores en condición de informalidad (una de más grandes en el precario sistema laboral del país).​ Con el tiempo, bajo un desempeño deficiente de los gobiernos sucesores,​ este sistema estuvo muy propensa a la corrupción (tal como ocurrió en el segundo gobierno de Belaúnde),​ con muchos peruanos experimentando servicios básicos insuficientes como educación, justicia y seguridad.​​​

El neoliberalismo de la constitución de 1993, influenciado bajo el neopopulismo de Fujimori,​ fue el primer inicio para fomentar políticas más inclusivas; sin embargo, en la práctica no fue así.​ La falta de intervención estatal promovida por el Consenso alejó los planes de una democracia liberal idealizada,​ ya que la corriente neoliberal continuó luego del régimen autoritario de Fujimori.​

La instrucción académica bajo el modelo neoliberal de Fujimori permitió la docencia del sector privado,​ algo que se impidió con la Constitución de 1979.​ Un rasgo importante de este modelo es la «promoción de la inversión en educación» (a partir de una norma legislativa publicada en 1996),​ que solía ligarse de la mercantilización, limitando el conocimiento en algunos sectores con bajo poder adquisitivo.​ El educador Juan Rivera Palomino justificó que el objetivo de la reforma fue de «preparar, entrenar alumnos idóneos, eficientes, competentes y competitivos en la aplicación de conocimientos a situaciones problemáticas para que desarrolle competencias con miras al mundo laboral, al empleo y al mercado como sostienen los técnicos de la OCDE y los del Banco Mundial».​

Ecología

La degradación ambiental en Perú ha sido persistente desde la era colonial hasta el siglo XXI, debido a la priorización del crecimiento económico mediante la extracción de recursos naturales por parte de sucesivos gobiernos.​ Esta dependencia histórica de las materias primas, según el especialista Félix Jiménez, ha contribuido significativamente a este enfoque extractivista.​

Durante las administraciones de Fernando Belaúnde y el segundo mandato de Alan García, se promovió el mecanismo extractivista,​ implementando políticas excluyentes en el caso de este último.​ En 2020, el Congreso rechazó la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales, argumentando preocupaciones de soberanía nacional e interferencia económica.​ Esta postura reflejó iniciativas para debilitar las protecciones para los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Contacto Inicial,​ en contravención de las recomendaciones de consulta previa de la ONU.​

La erosión de los derechos ecológicos indígenas ha sido consecuencia de la ausencia de protecciones efectivas,​ particularmente durante el gobierno de Fujimori y las administraciones posteriores que adoptaron políticas neoliberales.​ Los funcionarios alineados con estas ideologías económicas descartaron alternativas a la extracción, considerándolas políticamente sesgadas.​ Estas alternativas fueron defendidas por movimientos sociales que se oponían a las actividades extractivas en las regiones andinas y amazónicas.​ Estos movimientos incorporan fuerzas de izquierda peruanas, pero enfrentan desafíos de coordinación para acciones de resistencia efectivas.​

En el ámbito religioso, se destacó el caso de los inmigrantes menonitas en Perú que se encargaron de comercializar cultivos mientras evaden restricciones en sus países de origen,​ lo que llevó a titulaciones irregulares de tierras (como en el departamento de Ucayali).​ Por otro lado, se han establecido alianzas para mitigar la presencia empresarial excesiva en entornos ecológicos. La Coordinadora Binacional de la Nacionalidad Achuar del Ecuador y Perú, que involucra movimientos católicos y evangélicos, es un ejemplo de tales esfuerzos.​ La Iglesia católica ha desempeñado un papel significativo en la denuncia de las prácticas de extracción de recursos.​

Educación religiosa y tradicionalista

La educación es uno de los tópicos relevantes en el tratamiento conservador desde que se busca tomar valores de patriotismo en los textos escolares cuando surgió la independencia en 1821.​ Uno de ellos es la formación de la educación religiosa, establecida en la Constitución de 1823, cuyo artículo 10 señaló su intención de promover la «civilización y conversión de los infieles conforme al espíritu del Evangelio».​ Producto de su alianza con la Santa Sede en 1980, a pesar de que ya no es obligatoria en el sistema educativo nacional, aunque sí la «ética y cívica» de la Constitución de 1979,​ la doctrina católica prevaleció en la Constitución de 1993.​ En el ámbito universitario siempre se formó una corriente tradicionalista, limitada por grupos de élite social y académico,​ y que se mantuvo vigente con la contrarreforma universitaria de 2021-2022.​

La educación durante la etapa neoliberal generó controversia en torno a cualquier contenido que, en palabras del entonces congresista, Rafael Rey, expresaba hostilidad contra la religión y los creyentes católicos. Un ejemplo de ello fue el denominado «manual del sexo», publicado en 1996 por el Estado para la enseñanza secundaria.​ Por otro lado, un estudio realizado por la Universidad de Tarapacá en 2017 sobre los libros de historia ofrecidos en escuelas públicas entre 2010 y 2017, en que aparecen editoriales como Santillana y Norma, identificó nuevas falencias en la currícula como el centralismo y la ausencia de la participación de la mujer en la etapa de la independencia peruana.​

Para abordar la carencia, se presentaron iniciativas que fueron rechazadas por los sectores conservadores. La primera iniciativa, presentada en 2012 por el gobierno de Ollanta Humala, proponía un plan de descentralización educativa.​ La segunda iniciativa, presentada en 2017 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, recomendaba una currícula con enfoque de género.​ Esta última iniciativa fue rechazada por los sectores evangélicos, católicos y fujimoristas.​

En los años 2020, el sector conservador a mando de Esdras Medina tomó control de la Comisión de Educación del Congreso de la República.​ El resultado fue que en 2022, los grupos tuvieran el derecho de tomar textos educativos que consideren ofensivos;​ mientras que en 2023 se estableció controlar los actos del sector educativo por propuesta de Renovación Popular.​ Analistas como Carla Gamberini Coz señalaron que la imposición no es compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el Perú acordó en su momento, al eliminar la participación plural en tocar temas sobre sexual integral, interculturalidad, enfoque de género, entre otros.​

Oposición con ideas progresistas

Mafia caviar

Esta sección es un extracto de Mafia caviar.[editar]

El término «caviar» es recurrente en algunos medios de comunicación como Willax Televisión. En esta imagen del programa Contracorriente, se cita un fragmento del periodista Marco Sifuentes, de la La Encerrona. El programa sugiere que las opiniones de Sifuentes contrastan con la narrativa conservadora en Perú y, por tanto, son etiquetadas como «fake news».​

La expresión «mafia caviar»,​ simplemente llamada «caviar»,​ es un peyorativo de uso recurrente en la política de Perú desde inicios del siglo XXI.​ Se basa en una teoría de conspiración​ —mayormente aludida a los espectros de izquierda, que se extendió al centro​ y afines a lo liberal—,​ según la cual existiría una «mafia» de intelectuales, ONG pro derechos humanos,​​ medios de comunicación y políticos organizada para controlar el gobierno e impulsar una agenda de corte progresista en el Perú.​

Este término es utilizado por políticos populistas tanto de derecha​ como de izquierda.​ En el caso primero, se extiende a las corrientes conservadoras modernas (véase neoliberalismo en el Perú)​ y se recurre en medios de comunicación como PBO Radio​ y el canal Willax, que destaca por sus programas de opinión como La hora caviar con Mariátegui y Beto a saber.​ Este peyorativo se representa, según analistas, como una manifestación local del concepto de «marxismo cultural».​ En el ámbito de la izquierda, mientras tanto, los políticos adoptaron el calificativo para distanciarse de posturas moderadas o progresistas que califican como afines al imperialismo y «serviles» a la USAID.​​​​

En su sentido literal, la expresión fue empleada por algunos periodistas para referirse a los simpatizantes de izquierda burguesa que emergieron durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado.​  Sin embargo, el periodista Juan Gargurevich sostiene que el término ya se utilizaba a mediados del siglo XX con un sentido crítico hacia las personas que adoptaban ideas sociales liberales de forma superficial, una situación similar a la que se atribuye a la llamada «izquierda caviar». Esta interpretación, distorsionada a partir de su origen francoparlante, se utiliza como una forma de descalificar a quienes sostienen ideas progresistas sin argumentos sólidos.​

Tras la llegada de Valentín Paniagua, y en consonancia con facciones progresistas del antifujimorismo,​ el término peyorativo se consolidó en el imaginario colectivo peruano como una forma de identificar a Paniagua y a otros partidarios de ideas liberales y progresistas.​ Este imaginario tuvo un gran impacto mediático y se convirtió en un tema de debate en el ámbito político.​ Sin embargo, el analista del conservadurismo, Fernán Altuve, señaló que el imaginario ocurrió tiempo después, con Alan García, quien quiso combatir las ideas del gobierno de transición de Paniagua (también citado por detractores como la «república caviar»).​ Algunas de las personas aludidas por esta expresión reivindicaron su pertenencia a este grupo, desmitificando su carácter ofensivo.​​ Entre ellas, cabe destacar al periodista César Hildebrandt.​

El sociólogo Martín Tanaka analizó la magnitud del término en los políticos que lo usan. En 2007, el fujimorismo buscó colaborar de forma «natural» con el oficialismo, bajo el mandato de Alan García, porque «se [consideraron] adversarios a las ONG​ y a la "izquierda caviar", que [desconfiaron] de la Corte IDH y de la causa de los derechos humanos».​ En el año 2023, la mayoría de los políticos conservadores, de derecha e izquierda, adoptaron el término para detectar y prevenir cualquier interacción con instituciones ajenas, incluso si estas instituciones llevaran a cabo investigaciones delictivas hacia ellos.​

Terruqueo

Esta sección es un extracto de Terruqueo.[editar]

Pancarta durante la marcha por el 8M de 2024 en Lima.

El terruqueo es una práctica política y social utilizada mayoritariamente por sectores conservadores y de la derecha peruana en general que consiste en acusar a algún adversario, que tiene propuestas de izquierda o es disidente del establishment y el statu quo neoliberal,​​​​ de tener comportamientos o ideas denominadas «terroristas», de realizar apología del terrorismo o de ser partidario o militante de los grupos armados Sendero Luminoso o el MRTA, con el fin de desprestigiar al oponente o que su discurso se vea invalidado.​​ El término se complementa con la palabra «caviar», de uso local por parte de los grupos de derecha en Perú.​

Es considerada una estrategia política a través de la cual se utiliza el miedo al terrorismo para obtener beneficios políticos,​​​​​ con el fin de anular cualquier espacio de debate o pluralidad política dentro de un Estado democrático.​​ Asimismo, también es empleada por algunos medios de comunicación de Lima para criminalizar la protesta social en el país.​​ Su magnitud es tal que varios especialistas de la ONU condenaron su uso y declararon públicamente que era una táctica de intimidación empleada por el gobierno peruano.​​

El término se ha expandido a otros lugares, como en España, donde la práctica es habitual, y en los que se revive el legado de grupos como Euskadi Ta Askatasuna, una organización armada nacionalista vasca y separatista.​ Un ejemplo ocurre con el Foro de Madrid, una alianza política entre varios partidos políticos y organizaciones de derecha radical en Latinoamérica y España, cuyos detractores acusaron a los miembros de la primera de «[promover] el odio, la discriminación y el terruqueo a nivel internacional» en una sesión de conferencias que tuvo lugar en Lima en 2023.​ En Colombia también existe este fenómeno, en el contexto del conflicto armado interno que se vive en ese país desde la década de 1960. A pesar de que no se usa el término «terruqueo», los grupos de derecha tildan de «guerrillero» a todo partidario de izquierda o a cualquier persona que se opusiera de alguna forma a la clase social y política dominante con el fin de descalificar la crítica social.

Medios de comunicación

Véase también: Influencia de la prensa de Lima en la opinión pública

Se demostró que las organizaciones de medios de Perú tienen control de la esfera pública, cuyos propietarios son familias ricas que controlan gran parte de los medios e influyen en las decisiones de la nación para servir a sus intereses económicos.​​​ Los principales medios de comunicación del Perú suelen ser económica y políticamente conservadores.​

El Grupo El Comercio es el mayor conglomerado de medios de Perú y uno de los más voluminosos de América del Sur. Este posee el 80 % de los periódicos, recibe el 65 % de los lectores en línea y genera el 57 % de los ingresos entre las organizaciones de medios más grandes de Perú.​​​​ Aunque inicialmente se opusieron a la familia Fujimori en otros casos, especialmente contra Alberto Fujimori,​​ el diario El Comercio y otras marcas de la corporación inclinaron su postura a candidatos políticos afines a la derecha, incluidos el presidente Alan García, Lourdes Flores y Keiko Fujimori.​​ Además, se percató de que el diario tuvo menos cobertura en temas de terrorismo, a diferencia de su rival La República.​

Aparte del Grupo El Comercio, existen otros medios de comunicación de corte mayormente conservador, como los diarios La Razón y Expreso, y el canal Willax. Según las afirmaciones del politólogo Fernando Tuesta, dichos medios desempeñaron un papel crucial en la campaña de desinformación que benefició al entonces candidato presidencial Rafael López Aliaga.​ Además, estas fuentes han sido utilizadas por el partido Fuerza Popular para fundamentar parcialmente sus acusaciones hacia el periodista independiente Gustavo Gorriti.​

Después de Willax, han surgido nuevas plataformas que han participado en las referidas campañas de desinformación. Entre ellas destacan PBO Radio, el canal digital CTV (propiedad de la exreportera de Beto a saber Claudia Toro), portales de opinión como La Abeja y la think tank ideológica Ilad Media (liderado por el presentador de Willax Diego Acuña).​ En 2024, un estudio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos afirmaba que se creó un portal digital, Imperium, que comparte memes en redes sociales con discursos extremistas.​

En el ámbito religioso, destaca Bethel Radio y Televisión, que tuvo preferencia en compartir acontecimientos políticos.​​ Esta emisora contó como aliado a Ilad Media​^{[fuente independiente requerida]} y realizó coberturas de grupos conservadores como la marcha Con mis hijos no te metas.​

En la cultura popular

«Derecha bruta y achorada»

El periodista Juan Carlos Tafur acuñó en 2010 el término «derecha bruta y achorada» (DBA) en su columna de Diario 16​ y posteriormente en La República.​ El neologismo tomó el peruanismo «achorada», peyorativo de beligerante,​​ que se originó en las ideas sociales del maquiavelismo y la mercantilización dentro de Perú.​ Dicho término se concibió al sector de este espectro con intereses particulares.​​ Si bien Álvarez Rodrich define como el segmento «conservador» de la política,​ el término es vinculado como «extrema derecha»,​​​ «autoritaria»,​​​ y una contraparte de «izquierda caviar» o «terruca».​​​ El abogado Fernando de la Flor Arbulú ha comparado la DBA con el trato que dio la derecha aristocrática a Fernando Belaúnde en 1963, un incidente documentado en un anuncio publicado en el periódico El Comercio.​

El concepto de la DBA ha adquirido mayor relevancia en el Perú de Pedro Castillo.​ Si bien en 2020, Tafur señaló, a partir de un informe de Ipsos, que hay «un 28% se considera conservador y un 37% semiconservador»;​ en 2021, en su columna de Sudaca, ejemplificó a un representante cercano de la DBA al empresario Rafael López Aliaga.​ El seminario Hildebrandt en sus trece describió el concepto como un movimiento político —que agrupó a políticos, exmilitares y una think tank (Atlas)— promovió una campaña reaccionaria contra Pedro Castilo.​ La columnista de Caretas, Patricia Salinas, ejemplificó el término a través del personaje Socorro «La Cocó» Lorenzzi de la serie televisiva Pituca sin lucas, interpretado por Martha Figueroa.​

El término al que se alude ha suscitado reacciones diversas dentro del espectro político ideológico. En 2023, Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, expresó su oposición a la izquierda política, calificándola de retrógrada y contrastándola negativamente con la «derecha», que él denomina «DBA». Argumentó que ambas facciones extremas son perjudiciales y han intensificado la polarización social.​ La congresista Margot Palacios también ha empleado este término para referirse a la oposición parlamentaria que ha criticado las políticas del presidente Pedro Castillo.​ Sin embargo, Iván Arena ha advertido sobre la confusión que puede provocar el término entre los identificados con la derecha política, acusando una manipulación de la opinión pública en un contexto de «izquierda indefinida».​

«Viejos lesbianos»

En las protestas de 2020, grupos sociales juveniles emplearon el meme «viejos lesbianos» para caracterizar al gobierno de Manuel Merino.​ Posteriormente, el periodista Pedro Salinas adoptó esta denominación para aludir a grupos conservadores como la Coordinadora Republicana.​ El gobierno respondió intentando desvirtuar a estos colectivos, alegando falsamente su afiliación a la izquierda política o al Foro de São Paulo.​

El apodo ganó popularidad, llevándo a Beto Ortiz, un opositor a los colectivos contrarios a Merino, a organizar un debate televisivo donde se autoidentificó como «viejo lesbiano».​ Ántero Flores-Aráoz, el primer ministro de Merino, también reconoció haber recibido esta denominación.​​

Véase también

• Centralismo en Perú
• Ola conservadora
• Fujimorismo
• Liberalismo y conservadurismo en América Latina

Bibliografía

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• Datos: Q118906481