Plan Verde

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Plan Verde
Parte de conflicto interno del Perú

Parte de la adenda de la «Hoja de coordinación final» redactada tras la elección de Alberto Fujimori.
Tipo operación militar
Localización Perú
Planeado por Fuerzas Armadas del Perú
Objetivo
Fecha Octubre de 1989-22 de noviembre de 2000
Resultado
Víctimas Al menos 300.000 mujeres peruanas fueron esterilizadas.
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El Plan Verde fue una operación militar clandestina ideada por las Fuerzas Armadas peruanas en medio del conflicto armado interno del país. Esta operación se caracterizó por sus graves y trágicas implicaciones, incluido el genocidio sistemático de poblaciones empobrecidas e indígenas dentro de Perú.[1]​[2]​ El plan también incluía medidas para controlar o censurar los medios de comunicación del país, así como la intención de establecer un marco económico neoliberal supervisado por una junta militar.[3]​

Los orígenes del Plan Verde se remontan a octubre de 1989, cuando se concibió inicialmente como parte de un golpe de Estado destinado a derrocar al entonces presidente Alan García.[4]​ Sin embargo, el alcance de la operación se amplió para influir en el candidato Alberto Fujimori, que resultó electo en las elecciones generales peruanas de 1990.[5]​[6]​ La ejecución de las estrategias del Plan Verde se desarrolló bajo su gobierno, ya que finalmente ascendió a la presidencia.[7]​[8]​ Posteriormente, el plan se consolidó mediante el autogolpe de Estado de Perú de 1992.[9]​

La existencia del Plan Verde salió a la luz cuando la revista peruana Oiga publicó una filtración poco después del autogolpe.[10]​ Esta revelación fue fundamental para dar a conocer la operación a la opinión pública, aunque sólo unos pocos medios de comunicación afirmaron haber tenido acceso a los documentos detallados del plan.[2]​[11]​

Antecedentes[editar]

Bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la deuda peruana aumentó significativamente debido al excesivo endeudamiento y a la crisis energética de los setenta.[12]​ La política económica del presidente Alan García distanció aún más a Perú de los mercados internacionales, lo que se tradujo en una menor inversión extranjera en el país.[13]​ Bajo García, Perú experimentó una hiperinflación y un aumento de los enfrentamientos con el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, lo que llevó al país a altos niveles de inestabilidad.[1]​

Planificación[editar]

Las fuerzas armadas peruanas se sintieron frustradas por la incapacidad del gobierno de García para hacer frente a las crisis del país. Comenzaron a elaborar un plan para derrocarlo.[1]​[14]​ Las élites empresariales peruanas mantenían relaciones con los planificadores militares: las empresas aportaron las ideas económicas con las que coincidieron los militares, tanto en la necesidad de un programa económico liberal como en la implantación de un gobierno autoritario que impusiera el orden.[15]​

El Plan Verde constaba de tres tomos de documentos elaborados por un influyente sector de las fuerzas armadas peruanas. Cada tomo se actualizaba en función de las condiciones que se vivían en el Perú en ese momento.[16]​

Tomos[editar]

Tomo i. «Impulsar al Perú al siglo XXI»[editar]

Entre 1988 y 1989 se planeó inicialmente un golpe de Estado para derrocar al presidente García.[16]​ En octubre de 1989, un grupo de las fuerzas armadas ultimó los planes para derrocar al gobierno de García con un plan titulado «Impulsar al Perú al siglo XXI».[2]​[10]​[16]​ Este tomo consta de ocho capítulos y cuatro adendas.[16]​

Las metas eran establecer Perú como un país desarrollado hasta principios del siglo XXI mediante el establecimiento de una economía neoliberal con políticas similares a las de Chile o las propuestas por Mario Vargas Llosa.[16]​ Este tomo también detalla que los militares planeaban esterilizar a los ciudadanos empobrecidos. El analista peruano Fernando Rospigliosi describió esas ideas como «francamente parecidas a las nazis». Los militares escribieron que «es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados», describiendo a estos grupos como «cargas innecesarias» y que «dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos [...] sólo queda el exterminio total».[16]​

Los planificadores describieron el exterminio de peruanos vulnerables como «como interés económico, es una constante imprescindible en la estrategia de poder y desarrollo del [E]stado».[16]​

Tomo ii. «Apreciación de Inteligencia»[editar]

El tomo ii del Plan Verde se tituló «Apreciación de Inteligencia», con cuatro capítulos y diecisiete adendas.[16]​ Este tomo se centraba en el análisis político, la opinión pública, los escenarios de las operaciones y otros objetivos.[16]​ Estos objetivos incluían lugares que debían capturarse y objetivos que debían matarse, con una lista de políticos y sindicalistas.[16]​ Las adendas se documentaron un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de abril de 1990, otra después de tres días de la segunda vuelta de las elecciones el 10 de junio y una última adenda titulada «Hoja de coordinación final» se creó el 27 de julio de 1990, un día antes de la toma de posesión de Alberto Fujimori.[16]​

Este tomo y sus adendas introdujeron modificaciones, pasando de la disolución de los poderes ejecutivo y legislativo a la disolución exclusiva del Congreso.[16]​

Tomo iii. «El Consejo Estratégico de Estado»[editar]

El tomo iii y último, titulado «El Consejo Estratégico de Estado», proporciona el papel de las entidades gobernantes en el plan y una serie de preguntas y respuestas.[16]​ Se detalla un plan para establecer un «gobierno cívico-militar»; los presidentes y ministros nombrados por militares que «pueden ser cambiados o ser víctimas de atentados» fueron designados para ser «choferes» para operar el Estado, descrito como un «vehículo».[3]​ Mientras tanto, un gobierno «en la sombra» sería operado por los militares «alejados de la línea de mira del enemigo» para mantener la continuidad del gobierno.[3]​

Objetivos[editar]

En resumen, algunos de los principales objetivos del Plan Verde eran los siguientes:[10]​[16]​[17]​

Implementación[editar]

La idea habría sido establecer un régimen que aplicara, básicamente, los lineamientos contenidos en el Plan, pero manteniendo a Fujimori en la presidencia y una apariencia de gobierno democrático y civil. La ventaja —para los golpistas— era que eso evitaba los conflictos internos y externos derivados de establecer un gobierno de las FFAA. [sic] La desventaja era que no les permitía llevar adelante con comodidad todas sus propuestas.
(Fernando Rospigliosi).[16]​

En el periodo previo a las elecciones generales peruanas de 1990, se contempló la posibilidad de dar un golpe de Estado, pero se encontró con la oposición de figuras clave, como Anthony C. E. Quainton, embajador de Estados Unidos en Perú.[15]​[16]​ Los estrategas militares también retiraron su apoyo al golpe, anticipando la elección de Mario Vargas Llosa, un candidato neoliberal. El entonces presidente Alan García logró identificar y frustrar ciertos intentos golpistas. Durante la campaña electoral, Alberto Fujimori, otro candidato presidencial, expresó su oposición a las políticas neoliberales propuestas por Vargas Llosa.[15]​[16]​

Mario Vargas Llosa, que al parecer fue apoyado en los planes iniciales
Alberto Fujimori, quien finalmente fue incluido en el plan

El embajador Quainton confirmó a Vargas Llosa la autenticidad de documentos filtrados de la CIA que supuestamente favorecían la candidatura de Fujimori.[18]​ Estados Unidos apoyó a Fujimori debido a su asociación con Vladimiro Montesinos, ex oficial de inteligencia del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Perú e informante de la CIA.[19]​ Silvio Rendón resumió que, mientras que la democracia liberal de Vargas Llosa se consideraba polarizadora y potencialmente perjudicial para los intereses de Estados Unidos, el enfoque autoritario de Fujimori se consideraba más agradable y alineado con los objetivos estadounidenses en Perú y en la región.[19]​

Fernando Rospigliosi señaló que Montesinos no estuvo vinculado inicialmente al Plan Verde, pero su perspicacia para resolver problemas militares le llevó a participar en la ejecución del plan.[16]​ Tras la victoria electoral de Fujimori, los militares peruanos expresaron su incertidumbre sobre su compromiso con sus objetivos.[16]​ La revista Oiga reveló que el 13 de junio de 1990, los militares cuestionaron la fiabilidad de Fujimori, temiendo nuevos experimentos económicos.[10]​ Para el 18 de junio de 1990, las fuerzas armadas habían ideado varios escenarios golpistas, uno de los cuales implicaba negociar con Fujimori la aceptación de una «Democracia dirigida y Economía de mercado» el día antes de su toma de posesión.[10]​

Alfredo Schulte-Bockholt identificó al general Nicolás de Bari Hermoza y a Montesinos como fundamentales para forjar la relación entre Fujimori y los militares.[14]​ Rospigliosi detalló además que, junto a Montesinos, el jefe del SIN, general Edwin «Cucharita» Díaz, fue fundamental para persuadir a Fujimori de que accediera a las exigencias militares.[20]​ Ellos convencieron a Fujimori de la amenaza del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, lo que llevó a su reclusión en el Círculo Militar, donde fue aislado de contactos no militares. Se llegó a un acuerdo entre Fujimori, Montesinos y ciertos oficiales militares antes de que Fujimori asumiera la presidencia.[16]​

Al asumir la presidencia, Fujimori abandonó la plataforma económica de su campaña, adoptando políticas neoliberales aún más estrictas que las que había propuesto Vargas Llosa.[21]​ Muchas de las políticas del Plan Verde fueron aplicadas posteriormente por Fujimori.[14]​[15]​ Con la cooperación de Fujimori, los planes golpistas de los militares, esbozados en el Plan Verde, se perfeccionaron a lo largo de dos años y finalmente se llevaron a cabo durante el autogolpe de Estado peruano de 1992.[22]​[14]​[10]​ Este acontecimiento marcó el establecimiento de un régimen cívico-militar y el inicio de los objetivos del Plan Verde, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).[2]​[23]​

Economía[editar]

Véase también: Consenso de Lima
Esta sociedad se está colapsando, sin duda [...] pero los problemas aquí están tan arraigados que es necesario que se produzca un colapso antes de poder aplicar cambios fundamentales en el sistema político.
(Hernando de Soto)

Hernando de Soto, figura clave en la transformación económica de Perú a finales del siglo XX, fundó el Instituto Libertad y Democracia (ILD), una de las primeras organizaciones neoliberales de América Latina. Sus esfuerzos atrajeron la atención y el apoyo de la administración Reagan en Estados Unidos, especialmente a través del Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) de la Fundación Nacional para la Democracia, que proporcionó al ILD financiación y recursos cruciales para campañas publicitarias.[24]​[25]​[26]​ Entre 1988 y 1995, bajo la dirección de De Soto, el ILD encabezó aproximadamente cuatrocientas iniciativas, leyes y reglamentos que alteraron fundamentalmente el sistema económico de Perú.[27]​[28]​

Durante la presidencia de Alberto Fujimori, De Soto asumió un papel de gran influencia, actuando como «representante personal del presidente». Su implicación fue tan pronunciada que The New York Times se refirió a él en 1990 como un «promotor en el extranjero» de Fujimori, destacando su papel en la representación del gobierno peruano en las conversaciones con acreedores y representantes estadounidenses.[27]​ Algunos llegaron a calificar a De Soto de «presidente informal» por su gran influencia en la política de Fujimori, sobre todo al abogar por la desregulación de la economía peruana.[24]​ El 29 de septiembre de 1990, el gobierno de Fujimori recibió una subvención de 715 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para el Proyecto de Análisis, Planificación e Implementación de Políticas (PAPI).[29]​ Este proyecto, destinado a apoyar la reforma de la política económica, se centró en estudios, formación y esfuerzos de difusión para promover dichas reformas.[30]​

La influencia de De Soto se extendió a la recomendación de una terapia de choque radical a la economía peruana, propuesta que llevó a Fujimori a reunirse con líderes financieros internacionales en Nueva York. Esta reunión, organizada por Javier Pérez de Cuéllar, entonces secretario general de las Naciones Unidas, tuvo como resultado la adopción por parte de Fujimori de las directrices marcadas por las instituciones financieras internacionales (a saber, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), que incluían un aumento de los impuestos del 300 %, la desregulación de los precios y la privatización de doscientas cincuenta entidades estatales.[24]​[31]​ Estas políticas, aunque encaminadas a la estabilización económica, provocaron inicialmente graves dificultades para los pobres de Perú, con rápidas subidas de precios que hicieron inasequibles para muchos los artículos de primera necesidad.[24]​ The New York Times escribió que De Soto abogaba por el desmoronamiento de la sociedad peruana, afirmando el economista que era necesaria una crisis civil para apoyar las políticas de Fujimori.[32]​

A pesar del sufrimiento inmediato, la visión económica de Soto se institucionalizó aún más a través de la Constitución de Perú de 1993, con el apoyo de USAID, el Instituto de Apoyo y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), proponiendo un nuevo modelo económico para el país.[23]​ Al concluir el PAPI en 1997, USAID reconoció el papel del proyecto en la preparación de textos legislativos y el fomento de una función consultiva del sector privado en la economía.[23]​[29]​ En última instancia, las políticas defendidas por De Soto y aplicadas por Fujimori condujeron a la estabilidad macroeconómica y a una reducción significativa de la inflación. Sin embargo, la tasa de pobreza en Perú permaneció prácticamente inalterada, con más de la mitad de la población viviendo en la pobreza en 1998, lo que subraya el complejo legado de las reformas neoliberales en el país.[24]​[33]​[34]​

Control de los medios de comunicación[editar]

Tras el golpe de 1992, los periódicos, emisoras de radio y canales de televisión peruanos fueron ocupados por los militares a partir de las 22:30 h del 5 de abril.[11]​[35]​[36]​ Permanecieron durante cuarenta horas, hasta el 7 de abril, limitando la respuesta inicial de los medios de comunicación nacionales.[37]​ Sólo el gobierno de Fujimori pudo comunicarse con el público durante ese periodo. Todos los periódicos se imprimieron bajo observación militar y tuvieron un contenido similar; el gobierno de Fujimori ordenó que todas las publicaciones no incluyesen la palabra «golpe».[19]​[37]​ Según Manuel D'Ornellas de Expreso en 1994, la supervisión militar de los medios fue sólo momentánea debido a la condena internacional que recibió Fujimori.[37]​

Durante el resto del mandato de Fujimori, su gobierno pagó a los medios de comunicación por su cobertura positiva y para que le ayudaran a mantener la presidencia. En 1994, Fujimori instituyó una política de exenciones fiscales para las organizaciones de medios de comunicación que permitían la publicidad gubernamental en sus plataformas, con lo que Fujimori recibió una mayor promoción. Con el tiempo, se hicieron públicos unos vídeos secretos en los que Montesinos pagaba a directivos de medios de comunicación, mostrando cómo el asesor más cercano a Fujimori les entregaba fajos de billetes a cambio de apoyo y del despido de periodistas críticos. Se hicieron pagos y promesas de indulgencia legal a múltiples tabloides de prensa chicha, al diario Expreso y a los canales de televisión Global Televisión, Latina Televisión, América Televisión y Panamericana Televisión.

Esterilización forzosa[editar]

Artículo principal: Esterilización forzosa en el Perú

La esterlización ocurrida bajo el Programa Nacional de Población ha sido ampliamente descrita como una operación análoga a la limpieza étnica o incluso al genocidio.[38]​[39]​[40]​[41]​ Esta afirmación es apoyada por especialistas como Michele Back y Virginia Zavala, quienes argumentan que el programa representó efectivamente un acto de limpieza étnica, debido a su particular enfoque en las poblaciones indígenas y rurales femeninas.[38]​

Del mismo modo, una línea de pensamiento distinta propuesta por Jocelyn E. Getgen, de la Universidad Cornell, sostiene que la naturaleza sistemática de las esterilizaciones, junto con la mens rea —la intención o el conocimiento del delito— exhibida por los instigadores del denominado Plan Verde, lo fundamentan colectivamente como un acto genocida.[42]​

La organización sin ánimo de lucro Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica calificó el hecho de genocidio sin precedentes desde la época de la colonización peruana. Todos los analistas argumentaron que las repercusiones de la política de esterilización provocaron un profundo cambio generacional, que tuvo un impacto de gran alcance en la demografía del país, especialmente en las zonas rurales.[43]​

Una de las consecuencias significativas de esta política fue la aparición de una generación más joven en las regiones que se vieron muy afectadas por estas medidas. Dado que esta generación fue incapaz de proporcionar un impulso económico crítico en estas viviendas rurales, las zonas sufrieron un mayor empobrecimiento. Estas consecuencias imprevistas de la política acabaron por agravar los problemas socioeconómicos de unas regiones ya de por sí en dificultades.[40]​[41]​

Según las investigaciones de la subcomisión del Congreso de Perú, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) y la Fundación Nippon apoyaron los esfuerzos de esterilización del gobierno de Fujimori.[44]​ La investigación descubrió que a medida que aumentaba la financiación de USAID para el programa, se realizaban más esterilizaciones, concluyendo la junta investigadora que la «correlación tiene carácter causal, ya que existe información hecha pública recientemente, que ha revelado la estrategia global definida para el último cuarto del siglo pasado por el gobierno de Estados Unidos con el fin de obtener una disminución de la tasa de natalidad».

La subcomisión citó el National Security Study Memorandum 200 y la indicación de Henry Kissinger de disminuir el crecimiento demográfico en los países en desarrollo para mantener la estabilidad de los intereses políticos y económicos de Estados Unidos.[45]​ En documentos facilitados por la Ley de Libertad de Información, los investigadores citaron a Elizabeth Liagin, quien informó de que entre 1993 y 1998, «los propios archivos internos de USAID revelan que en 1993 Estados Unidos básicamente se hizo cargo del sistema nacional de salud de Perú» durante el periodo de esterilizaciones forzadas, concluyendo que era «prácticamente inconcebible que los abusos en la esterilización pudiesen haber ocurrido de la forma sistemática que se ha documentado sin el conocimiento de los administradores locales de USAID y sus homólogos en Washington».[44]​[45]​

En 1998, tras sufrir presiones a raíz de las investigaciones del Population Research Institute (PRI), USAID dejó de financiar las esterilizaciones en Perú. Las esterilizaciones continuaron hasta que el presidente Fujimori huyó a Japón en 2000.[46]​ Tras la retirada de USAID, Fujimori se puso en contacto con la Fundación Nippon —cuyos directores acogieron a Fujimori cuando fue a Japón— para solicitar ayuda con los programas de esterilización.[45]​ La política de esterilizaciones dio lugar a un cambio generacional que incluyó una generación más joven y pequeña que no pudo proporcionar estímulo económico a las zonas rurales, empobreciendo aún más dichas regiones.[46]​

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. ↑ a b c Burt, Jo-Marie (1998-09). «Unsettled accounts militarization and memory in postwar Peru». NACLA Report on the Americas (en inglés) 32 (2): 35-41. ISSN 1071-4839. doi:10.1080/10714839.1998.11725657. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] la creciente frustración de los militares por las limitaciones impuestas a sus operaciones de contrainsurgencia por las instituciones democráticas, unida a la creciente incapacidad de los políticos civiles para hacer frente a la espiral de crisis económica y a la expansión de Sendero Luminoso, llevó a un grupo de oficiales militares a idear un plan golpista a finales de la década de 1980. El plan preveía la disolución del gobierno civil de Perú, el control militar del Estado y la eliminación de los grupos armados de la oposición. El plan, desarrollado en una serie de documentos conocidos como el "Plan Verde", esbozaba una estrategia para llevar a cabo un golpe militar en el que las fuerzas armadas gobernarían de 15 a 20 años y reestructurarían radicalmente las relaciones entre el Estado y la sociedad siguiendo líneas neoliberales». 
  2. ↑ a b c d Gaussens, Pierre (1 de diciembre de 2020). «La stérilisation forcée de population autochtone dans le Mexique des années 1990». Canadian journal of bioethics (en francés) 3 (3): 180-191. ISSN 2561-4665. doi:10.7202/1073797ar. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] un plan gubernamental, elaborado por el ejército peruano entre 1989 y 1990 para hacer frente a la insurrección de Sendero Luminoso, conocido posteriormente como "Plan Verde", cuyo texto (no publicado) expresa en términos explícitos una intención genocida». 
  3. ↑ a b c Rospigliosi, Fernando (1996). Las Fuerzas Armadas y el 5 de abril: la percepción de la amenaza subversiva como una motivación golpista (PDF). Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos. pp. 46-47. 
  4. ↑ «5 de abril de 1992 : Lo que Enrique Zileri dijo del autogolpe de Alberto Fujimor». Caretas. 5 de abril de 2023. Consultado el 5 de abril de 2023. «El golpe estaba siguiendo los lineamientos del llamado “Plan Verde”, abortado proyecto militar elaborado en 1989 para derrocar a Alan García». 
  5. ↑ Cameron, Maxwell A (1998-06). «Latin American autogolpes: dangerous undertows in the third wave of democratisation». Third World quarterly (en inglés) 19 (2): 219-239. ISSN 0143-6597. doi:10.1080/01436599814433. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] los esbozos del golpe presidencial de Perú se elaboraron por primera vez en el seno de las fuerzas armadas antes de las elecciones de 1990. Este Plan Verde fue mostrado al presidente Fujimori tras las elecciones de 1990, antes de su toma de posesión. Así, el presidente pudo prepararse para un eventual autogolpe durante los dos primeros años de su gobierno». 
  6. ↑ Back, Michele, ed. (3 de septiembre de 2018). Racialization and language: interdisciplinary perspectives from Peru [Racismo y Lenguaje] (en inglés) (1.ª edición). Routledge. pp. 286-291. ISBN 978-1-351-06254-1. doi:10.4324/9781351062541. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[edición en español] A finales de la década de 1980, un grupo de la élite militar elaboró en secreto un análisis de la sociedad peruana que tituló El cuaderno verde. Dicho análisis establecía las políticas que el siguiente gobierno tenía que llevar a cabo para derrotar a Sendero Luminoso y rescatar la economía peruana de la profunda crisis en la que se encontraba. El cuaderno verde se filtró a la prensa nacional en 1993, después de que algunas de estas políticas fueran aplicadas por el presidente Alberto Fujimori. [...] Se trató de un programa que se tradujo en esterilizaciones forzadas de mujeres quechuahablantes integrantes de las comunidades campesinas andinas. Este es un ejemplo de «limpieza étnica» justificada por el Estado, que aducía que un índice de natalidad debidamente controlado mejoraría la distribución de los recursos nacionales y reduciría consecuentemente los índices de pobreza. [...] El Estado peruano decidió controlar los cuerpos de las mujeres «culturalmente atrasadas», ya que las consideraban como fuente de pobreza y semillas de grupos subversivos (tal como se encuentra en los extractos de El cuaderno verde publicados en la revista Oiga)». 
  7. ↑ Páez, Ángel (6 de abril de 2001). «Cúpula militar y policial firmó acta de impunidad para golpistas del 5 de abril». La República. Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2007. Consultado el 2 de septiembre de 2023. 
  8. ↑ Schulte-Bockholt, Alfredo (2006). «Chapter 5: elites, cocaine, and power in Colombia and Peru». The politics of organized crime and the organized crime of politics: a study in criminal power (en inglés). Lexington Books. pp. 114-118. ISBN 0-7391-0869-7. OCLC 61704781. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[trad.] ... importantes miembros de la oficialidad, en particular dentro del ejército, habían contemplado la posibilidad de un golpe militar y la instauración de un régimen autoritario o de la llamada democracia dirigida. El proyecto era conocido como "Plan Verde". [...] Fujimori adoptó esencialmente el "Plan Verde", y los militares se convirtieron en socios del régimen. [...] El autogolpe del 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso y la Constitución del país y permitió implementar los componentes más importantes del Plan Verde». 
  9. ↑ Gaussens, Pierre (1 de diciembre de 2020). «La stérilisation forcée de population autochtone dans le Mexique des années 1990». Canadian journal of bioethics (en francés) 3 (3): 180-191. ISSN 2561-4665. doi:10.7202/1073797ar. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] un plan gubernamental, elaborado por el ejército peruano entre 1989 y 1990 para hacer frente a la insurrección de Sendero Luminoso, conocido posteriormente como "Plan Verde", cuyo texto (no publicado) expresa en términos explícitos una intención genocida». 
  10. ↑ a b c d e f «28 de julio 90: se inició plan militar de 20 años» (PDF). Oiga (647) (Editora Eusko-Andina). 12 de julio de 1993. Archivado desde el original el 2022. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
  11. ↑ a b Back, Michele, ed. (3 de septiembre de 2018). Racialization and language: interdisciplinary perspectives from Peru [Racismo y Lenguaje] (en inglés) (1.ª edición). Routledge. pp. 286-291. ISBN 978-1-351-06254-1. doi:10.4324/9781351062541. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[edición en español] A finales de la década de 1980, un grupo de la élite militar elaboró en secreto un análisis de la sociedad peruana que tituló El cuaderno verde. Dicho análisis establecía las políticas que el siguiente gobierno tenía que llevar a cabo para derrotar a Sendero Luminoso y rescatar la economía peruana de la profunda crisis en la que se encontraba. El cuaderno verde se filtró a la prensa nacional en 1993, después de que algunas de estas políticas fueran aplicadas por el presidente Alberto Fujimori. [...] Se trató de un programa que se tradujo en esterilizaciones forzadas de mujeres quechuahablantes integrantes de las comunidades campesinas andinas. Este es un ejemplo de «limpieza étnica» justificada por el Estado, que aducía que un índice de natalidad debidamente controlado mejoraría la distribución de los recursos nacionales y reduciría consecuentemente los índices de pobreza. [...] El Estado peruano decidió controlar los cuerpos de las mujeres «culturalmente atrasadas», ya que las consideraban como fuente de pobreza y semillas de grupos subversivos (tal como se encuentra en los extractos de El cuaderno verde publicados en la revista Oiga)». 
  12. ↑ Brands, Hal (14 de septiembre de 2010). «The United States and the Peruvian challenge, 1968-1975». Diplomacy & statecraft (en inglés) 21 (3): 471-490. ISSN 0959-2296. doi:10.1080/09592296.2010.508418. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
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  14. ↑ a b c d Schulte-Bockholt, Alfredo (2006). «Chapter 5: elites, cocaine, and power in Colombia and Peru». The politics of organized crime and the organized crime of politics: a study in criminal power (en inglés). Lexington Books. pp. 114-118. ISBN 0-7391-0869-7. OCLC 61704781. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[trad.] ... importantes miembros de la oficialidad, en particular dentro del ejército, habían contemplado la posibilidad de un golpe militar y la instauración de un régimen autoritario o de la llamada democracia dirigida. El proyecto era conocido como "Plan Verde". [...] Fujimori adoptó esencialmente el "Plan Verde", y los militares se convirtieron en socios del régimen. [...] El autogolpe del 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso y la Constitución del país y permitió implementar los componentes más importantes del Plan Verde». 
  15. ↑ a b c d Avilés, William (2009). «Despite insurgency: reducing military prerogatives in Colombia and Peru». Latin American politics and society (en inglés) (Cambridge University Press) 51 (1): 57-85. ISSN 1531-426X. doi:10.1111/j.1548-2456.2009.00040.x. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
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  17. ↑ Cameron, Maxwell A. (1998-06). «Latin American autogolpes: Dangerous undertows in the third wave of democratisation». Third World quarterly (en inglés) 19 (2): 219-239. ISSN 0143-6597. doi:10.1080/01436599814433. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[trad.] El Plan Verde se parecía mucho al gobierno esbozado por Fujimori en su discurso del 5 de abril de 1992. Preconizaba una economía de mercado en el marco de una "democracia dirigida" que dirigirían las fuerzas armadas tras disolver el legislativo y el ejecutivo. [...] Los autores del Plan Verde afirmaron también que las relaciones con Estados Unidos giraban más en torno a la cuestión del narcotráfico que a la democracia y los derechos humanos. Así, hicieron de la lucha contra el narcotráfico el segundo objetivo estratégico». 
  18. ↑ Pinchetti, Francisco Ortiz (14 de abril de 1990). «La frugalidad de “Cambio 90” y el derroche de Fredemo». Proceso. Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2018. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
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  23. ↑ a b c Rendón-Schneir, Silvio R. (2013). Merino Aguirre, Iván Godofredo, ed. La intervención de los Estados Unidos en el Perú: desde el proyecto del protectorado hasta los Wikileaks (1.ª edición). pp. 150-152. ISBN 978-612-45741-3-9. OCLC 870011320. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
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  38. ↑ a b

    A finales de la década de 1980, un grupo de la élite militar elaboró en secreto un análisis de la sociedad peruana que tituló El cuaderno verde. Dicho análisis establecía las políticas que el siguiente gobierno tenía que llevar a cabo para derrotar a Sendero Luminoso y rescatar la economía peruana de la profunda crisis en la que se encontraba. El cuaderno verde se filtró a la prensa nacional en 1993, después de que algunas de estas políticas fueran aplicadas por el presidente Alberto Fujimori. [...] Se trató de un programa que se tradujo en esterilizaciones forzadas de mujeres quechuahablantes integrantes de las comunidades campesinas andinas. Este es un ejemplo de «limpieza étnica» justificada por el Estado, que aducía que un índice de natalidad debidamente controlado mejoraría la distribución de los recursos nacionales y reduciriá consecuentemente los índices de pobreza. [...] El Estado peruano decidió controlar los cuerpos de las mujeres «culturalmente atrasadas», ya que las consideraban como fuente de pobreza y semillas de grupos subversivos.

  39. ↑

    ... un plan gubernamental elaborado por el ejército peruano entre 1989 y 1990 para hacer frente a la insurrección de Sendero Luminoso, más tarde conocido como el «Plan Verde», cuyo texto (inédito) expresa en términos explícitos una intención genocida.

  40. ↑ a b Kravetz, Daniela (2017). «Promoting Domestic Accountability for Conflict-Related Sexual Violence: The Cases of Guatemala, Peru, and Colombia». American University International Law Review (en inglés) 32 (2): 707-762. 
  41. ↑ a b Carranza Ko, Ñusta (4 de septiembre de 2020). «Making the Case for Genocide, the Forced Sterilization of Indigenous Peoples of Peru». Genocide Studies and Prevention (en inglés) 14 (2): 90-103. ISSN 1911-0359. S2CID 225282614. doi:10.5038/1911-9933.14.2.1740. 
  42. ↑

    Este artículo sostiene que estas injusticias reproductivas sistemáticas constituyen un acto de genocidio [...] los individuos responsables de orquestar las esterilizaciones forzadas contra las mujeres indígenas quechuas actuaron posiblemente con la mens rea necesaria para cometer genocidio, ya que sabían o deberían haber sabido que estas esterilizaciones coercitivas destruirían, total o parcialmente, al pueblo quechua. Entre las pruebas altamente probatorias con las que se podría inferir la intención genocida se incluirían la focalización específica del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en las mujeres indígenas pobres y la naturaleza sistemática de su sistema de cuotas, articulado en el Plan para un Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1989, o «Plan Verde» [...]. El Plan continuaba argumentando que [...] las zonas seleccionadas poseían «carácter de incorregible» y carecían de recursos, por lo que lo único que quedaba era su «exterminio total».

  43. ↑ «La esterilización forzada en Perú fue el mayor genocidio desde su colonización». Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. 31 de mayo de 2016. Consultado el 6 de enero de 2024. 
  44. ↑ a b McMaken, Ryan (26 de octubre de 2018). «How the U.S. Government led a program that forcibly sterilized thousands of poor Peruvian women in the 1990s». Fundación para la Educación Económica (en inglés). Consultado el 11 de diciembre de 2022. 
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