Autogolpe de Estado de Perú de 1992

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Autogolpe del 5 de abril de 1992
Parte de Gobierno de Alberto Fujimori

Alberto Fujimori.
Contexto del acontecimiento
También conocido como fujimorazo
Fecha 5 de abril de 1992
(Hace 31 años)
Sitio Perú Perú
Motivos
Influencias ideológicas de los impulsores Fujimorismo
Gobierno previo
Gobernante Alberto Fujimori
Forma de gobierno Democracia representativa
Gobierno resultante
Gobernante
Forma de gobierno
  • Gobierno de Alberto Fujimori (de iure)
  • Régimen cívico-militar (de facto)
  • Al producirse el autogolpe del 5 de abril de 1992, un acontecimiento al que a menudo se hace referencia como el «fujimorazo», el Estado peruano experimentó una importante alteración en su estructura de gobierno como consecuencia de la ejecución de un autogolpe por parte del entonces presidente Alberto Fujimori, consolidando de hecho todos los poderes del Estado.

    En este se disolvió el Congreso de la República, se intervino al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Contraloría General de la República y al Tribunal de Garantías Constitucionales.

    Vladimiro Montesinos,[1]​ con el respaldo de las Fuerzas Armadas peruanas,[2]​ ejerció una considerable influencia entre bastidores; Fujimori fue desplazado a ser una figura decorativa.[3]​ La verdadera naturaleza del régimen cívico-militar se hizo más evidente tras el autogolpe. Los objetivos del Plan Verde empezaron a perseguirse activamente.

    Antecedentes[editar]

    Bajo el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de Juan Velasco Alvarado, la deuda peruana aumentó significativamente debido al excesivo endeudamiento y a la crisis energética de los setenta.[4][5]​ La política económica del presidente Alan García distanció aún más a Perú de los mercados internacionales, lo que se tradujo en una menor inversión extranjera en el país.[6]​ Bajo García, Perú experimentó una hiperinflación y un aumento de los enfrentamientos con el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, lo que llevó al país a altos niveles de inestabilidad.[7]

    Plan Verde[editar]

    En octubre de 1989, en medio del conflicto armado interno de Perú, las fuerzas armadas peruanas diseñaron el Plan Verde, una estrategia militar encubierta con implicaciones graves y de largo alcance. El plan incluía una serie de medidas drásticas, como el genocidio de las poblaciones empobrecidas e indígenas, la imposición de un estricto control o censura de los medios de comunicación y la transición de la economía peruana al neoliberalismo.[8][7][9]

    El proyecto inicial del Plan Verde incluía un golpe de Estado hacia el entonces presidente Alan García. Sin embargo, este elemento encontró oposición externa e interna. Anthony C. E. Quainton, embajador de Estados Unidos en Perú en aquella época, se mostró especialmente en contra.[10]​ Del mismo modo, los propios planificadores militares acabaron descartando la idea de un golpe, anticipándose a la elección de un candidato neoliberal en las próximas elecciones generales peruanas de 1990.[11][12]

    La postura de Estados Unidos ante los acontecimientos políticos en Perú se dilucidó aún más en los escritos de Silvio Rendón, quien destacó el apoyo estadounidense a la candidatura de Alberto Fujimori. Esta preferencia se atribuyó a la asociación de Fujimori con Vladimiro Montesinos, un antiguo oficial de inteligencia de Perú que se enfrentó a acusaciones de espionaje en nombre de la Agencia Central de Inteligencia. Rendón resumió la postura estadounidense, sugiriendo que mientras Mario Vargas Llosa representaba una figura polarizadora con sus ideales democráticos liberales, potencialmente amenazadores para los intereses estadounidenses, el enfoque autoritario de Fujimori se consideraba más propicio para los objetivos regionales de Estados Unidos.[12]

    Las élites empresariales de Perú mantenían conexiones con los militares artífices del Plan Verde.[10]Fernando Rospigliosi indicó que estos líderes empresariales influyeron en los aspectos económicos del plan, abogando por una agenda económica neoliberal unida al establecimiento de un régimen autoritario para imponer el orden. Además, Rospigliosi reveló que se había llegado a un acuerdo entre Fujimori, Montesinos y algunos oficiales militares involucrados en el Plan Verde antes de que Fujimori asumiera la presidencia.[11]

    Tras su toma de posesión, el presidente Fujimori dio un giro drástico respecto a las promesas económicas de su campaña, implementando en su lugar una agenda neoliberal más radical que la propuesta por su adversario electoral.[10]​ En el transcurso de su gobierno, Fujimori promulgó numerosas políticas que estaban en línea con las propuestas en el Plan Verde. Entre bastidores, y con la aquiescencia de Fujimori, los militares planificaron meticulosamente un autogolpe de Estado a lo largo de dos años, que culminó en abril de 1992.[11]

    Propuestas económicas neoliberales[editar]

    Hernando de Soto —quien, con la ayuda y financiación de la Red Atlas, creó el Instituto Libertad y Democracia (ILD), una de las primeras organizaciones neoliberales de América Latina— actuó informalmente como «representante personal» de Fujimori durante los tres primeros años de su gobierno y recomendó un «choque» en la economía peruana, afirmando: «Esta sociedad se está derrumbando, sin duda, [...] pero los problemas aquí están tan arraigados que es necesario que se produzca un colapso antes de poder aplicar cambios fundamentales en el sistema político. [trad. del inglés]». De Soto convenció a Fujimori para que viajase a Nueva York en una reunión organizada por el peruano Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas, donde se reunieron con los responsables del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que convencieron a Fujimori para que siguiese las directrices de la política económica marcadas por las instituciones financieras internacionales. Las políticas incluían un aumento de impuestos del 300 %, precios no regulados y la privatización de doscientas cincuenta entidades estatales.[cita requerida]

    Disputas en el Congreso[editar]

    Durante los dos primeros años de su mandato, el Congreso —formado principalmente por partidos de la oposición— le concedió poder legislativo en quince ocasiones, permitiéndole promulgar 158 leyes. Sin embargo, el Congreso se resistió a los esfuerzos de Fujimori por adoptar las políticas preconizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, especialmente las medidas de una política de austeridad.

    Después de las elecciones de 1990, Cambio 90, el partido oficialista, no obtuvo mayoría en el Congreso de la RepúblicaCámara de Diputados y Senado— frente a las mayorías relativas del Partido Aprista Peruano y el Fredemo;[13]​ sin embargo, ambas cámaras le habían delegado tres períodos sucesivos (180 días cada uno) de facultades legislativas con la finalidad de permitir las reformas económicas propuestas.

    De acuerdo con el punto de vista oficial del Ejecutivo de Fujimori, el Congreso de la República no lograba ponerse de acuerdo sobre temas relacionados con la lucha antiterrorista contra Sendero Luminoso, con muchas de las sesiones claves sin llegar al cuórum suficiente para la aprobación de leyes. Fujimori consideró al parlamento, entonces, como un congreso obstruccionista.[14]

    Al mismo tiempo, la oposición, que revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo, se sintió ofendida porque el presidente había observado más de doce autógrafas de ley dados por el Legislativo.[15]​ Asimismo, una comisión del Senado investigaba los casos de violaciones a los derechos humanos, por los que, años después, fue juzgado y condenado Alberto Fujimori.[16]

    Autogolpe de Estado[editar]

    La noche del domingo 5 de abril de 1992, Fujimori dio un mensaje a la Nación televisado. Anunció la «disolución temporal» del Congreso de la República y la «reorganización» del Poder Judicial. Tras el mensaje, ordenó al ejército peruano que condujese un tanque hasta la escalinata del Congreso para cerrarlo. Cuando un grupo de senadores intentó mantener la sesión, se lanzaron gases lacrimógenos contra ellos.

    La Constitución entonces vigente (1979) preveía una eventual disolución de la Cámara de Diputados tras la negación de confianza o censura de tres consejos de ministros sucesivos:

    Artículo 227: El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados si ésta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros.

    Artículo 228: El decreto de disolución expresa la causa que la motiva.

    Incluye la convocatoria a elecciones en el plazo perentorio de tres días, de acuerdo con la ley electoral en vigor al tiempo de la disolución.

    Si el presidente no cumple con llamar a elecciones dentro del plazo señalado o las elecciones no se efectúan, la Cámara disuelta se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades constitucionales y cesa el Consejo de Ministros, sin que ninguno de sus miembros pueda ser nominado nuevamente para ministerio alguno durante el período presidencial.

    La Cámara elegida extraordinariamente completa el período constitucional de la disuelta.

    Artículo 229: El presidente de la República no puede disolver la Cámara de Diputados durante el estado de sitio ni de emergencia.

    Tampoco puede disolverla en el último año de su mandato.

    Durante ese término, la Cámara sólo puede votar la censura del Consejo de Ministros o de cualesquiera de los ministros con el voto conforme de por lo menos dos tercios del número legal de diputados.

    El presidente de la República no puede ejercer la facultad de disolución sino una sola vez durante su mandato.

    El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori instauró el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional".​ Esta medida logró realizar lo siguiente:

    Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que para que ello suceda se necesitan dos primeras legislaturas ordinarias consecutivas, lo que vendría a significar que, casi al término del presente mandato, recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y ello si el Congreso se decide a aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo aquéllas que son contrarias a los intereses de los propios parlamentarios, como por ejemplo, la reducción de sus emolumentos o la no-reelección.

    ¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso.

    Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas.

    1. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
    2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.
    3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado.

    Alberto Fujimori Fujimori,

    5 de abril de 1992.

    Esa misma noche, tropas militares fueron enviadas a detener a destacados miembros de la oposición política. Fujimori fue condenado en 2009 por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos llevados por los militares la noche del autogolpe.

    Resultados[editar]

    Fujimori promulgó el Decreto Ley n.º 25.418, que disolvía el Congreso, otorgaba al Poder Ejecutivo todas las facultades legislativas, suspendía gran parte de la Constitución y facultaba al presidente a promulgar diversas reformas, como la «aplicación de penas drásticas» a los terroristas. Incluso, el entonces presidente de la cámara de diputados del Poder Legislativo, Roberto Ramírez, fue detenido en su hogar, además del parlamentario César Barrera Bazán y del periodista Gustavo Gorriti.[17]​ Fujimori convocó elecciones para un nuevo congreso, más tarde denominado Congreso Constituyente Democrático; Fujimori obtuvo más tarde la mayoría en este nuevo congreso, que más tarde redactó la Constitución de 1993. Fujimori también se dedicó a recortar la independencia del poder judicial y los derechos constitucionales con una declaración del estado de emergencia y toques de queda, además de promulgar polémicas «leyes de emergencia severa» para hacer frente al terrorismo. Esta reducción de derechos fue extendiéndose a funcionarios que no estaban de acuerdo con la medida del autogolpe.[18]

    El primer ministro, Alfonso de los Heros, y el ministro de Agricultura dimitieron. Al mismo tiempo, el resto de los ministros apoyaron al gobierno de facto. Máximo San Román, entonces vicepresidente primero de la República, no apoyó el autogolpe. No se encontraba en el país en el momento de este y no fue informado de esta maniobra.

    El poder legislativo respondió activando las cláusulas constitucionales que permiten al Congreso destituir al presidente. Fujimori fue destituido y Máximo San Román juró formalmente la presidencia. Destacados políticos apoyaron esta medida: el expresidente Fernando Belaúnde Terry y la mayor parte del Partido Acción Popular apoyaron a San Román. Por el contrario, el excandidato presidencial del FREDEMO Mario Vargas Llosa hizo un llamamiento a la insurgencia civil para derrocar a Fujimori. Sin embargo, ni los militares ni la mayoría de la población apoyaron a San Román, que nunca llegó a ser presidente de facto.

    Cabe señalar que esto se asemeja al delito de rebelión, al tomar medidas contra tales autoridades, en que no fue sentenciado por el acuerdo de extradición en los años posteriores.[19]​ Algunos congresistas del Fujimorismo y otros partidos políticos discutieron el legado de aquel autogolpe y su impacto en la política peruana.[20][21]

    En 2001, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el director general de la Policía Nacional posteriormente mostraron un comunicado que «ya no representan ningún compromiso de honor con los acontecimientos» de 1992.[22]

    Opinión pública[editar]

    El 7 de abril de 1992 la encuestadora Apoyo publicó un sondeo realizado en Lima, en donde el 71% de los encuestados aprobaba la disolución del Congreso Nacional y el 89% la reestructuración del Poder Judicial. El 12 de abril, otra encuesta de Apoyo, esta vez realizada a empresarios, señalaba que el 79% definía al régimen como dictatorial y el 16% como democrático.[23]​ Posteriormente, Apoyo realizó en su encuesta El poder en el Perú, que en 1998 en una escala de 1 para indicar una dictadura a 7 para democracia, Fujimori tuvo la calificación de 3.53.[24]

    Una encuesta realizada por Ipsos para el periódico El Comercio en marzo de 2012 reveló que el 47% de los encuestados considera que el autogolpe fue necesario, mientras que el 38% señaló que fue una medida innecesaria. Ante la situación hipotética de que se retornara a 1992, el 50% de los encuestados señaló que desaprobaría un autogolpe.[25]

    Reacciones[editar]

    Locales[editar]

    En contra[editar]

    Muchos políticos no reconocieron como legal y constitucional a Alberto Fujimori. Entre los más destacados se encontraban:

    • Alejandro Miró-Quesada Cisneros: «Había que defender la democracia. Nosotros no nos dejamos llevar por el 80% de los limeños que estaba a favor de la disolución del Congreso».[26]
    • Mario Vargas Llosa, quien se encontraba en Berlín, señaló a la agencia EFE: «Pienso llamar a todas las puertas para lograr el respaldo internacional, que permita hacer una presión fuerte y decisiva sobre los golpistas con el fin de que tengan que dar marcha atrás».[27]
    • Alan García; quien tras enterarse del golpe y de escapar de su vivienda que fue rodeada por militares, pidió asilo político y se exilió en Colombia.[28]
    • Fernando Belaúnde Terry no consideró el acto como democrático y apoyó plenamente al presidente San Román. Fue suya la banda que utilizó este al juramentar ante el Senado en el Colegio de Abogados de Lima.[29][30]
    • Lourdes Flores Nano; quien decidió seguir con las reuniones de diputados y senadores en diversos lugares.

    Los constitucionalistas Domingo García Belaúnde, Francisco Eguiguren Praeli, Enrique Bernales Ballesteros, Gastón Soto Vallenas, Jorge Power Manchego-Muñoz, José Palomino Manchego, Walter Olivari, Francisco Miró Quesada Rada, Alfredo Quispe Correa, Valentín Paniagua Corazao, César Valega García, Víctor García Toma, Francisco José del Solar Rojas y Luis Ramírez Daza condenaron el golpe de Estado y la instauración de un gobierno de facto y exigieron la liberación de los opositores privados de su libertad.

    A favor[editar]

    El constitucionalista Enrique Chirinos Soto afirmó que previo al 5 de abril de 1992, el Congreso había dado un golpe de Estado en contra de Alberto Fujimori, al aprobar la Ley N.º 25397, Ley de Control Parlamentario sobre los Actos Normativos del Presidente de la República, normativa que, según Chirinos, «recorta las funciones y atribuciones» del presidente. Por ello, Chirinos consideró que, el 5 de abril, Fujimori dio un «contragolpe».[31]​ En el mismo sentido, Carlos Torres y Torres Lara sostuvo que lo realizado el 5 de abril se trató de un «contragolpe» para desarticular el «golpe» dado por el Parlamento con la «inconstitucional» ley n.º 25397.[32]

    En 2023, el Fondo Editorial del Congreso, dirigida por la fujimorista Martha Moyano, mostró a favor del autogolpe en el libro escolar sobre la Constitución de 1993;[33]​ el texto generó quejas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.[34]​ El autor del libro presentado en historieta, Dimas Arrieta, acusó a la editorial de involucrarse en el proceso creativo.[35]

    Internacionales[editar]

    Las reacciones internacionales al autogolpe fueron diversas: los organismos financieros internacionales retrasaron los préstamos previstos o proyectados, y el gobierno de Estados Unidos suspendió toda ayuda a Perú aparte de la humanitaria, al igual que Alemania y España. Venezuela rompió relaciones diplomáticas y Argentina retiró a su embajador. Chile se unió a Argentina para solicitar la suspensión de Perú de la Organización de los Estados Americanos. El golpe amenazó la estrategia de recuperación económica de la reinserción. Complicó el proceso de liquidación de atrasos con el Fondo Monetario Internacional.

    Incluso antes del golpe, las relaciones con Estados Unidos habían sido tensas debido a la reticencia de Fujimori a firmar un acuerdo que incrementaría los esfuerzos militares de Estados Unidos y Perú en la erradicación de los campos de coca. Aunque Fujimori acabó firmando el acuerdo en mayo de 1991 para obtener una ayuda que necesitaba desesperadamente, los desacuerdos no contribuyeron a mejorar las relaciones bilaterales. Los peruanos consideraban que las drogas eran principalmente un problema de Estados Unidos y la menor de sus preocupaciones, dada la crisis económica, la guerrilla de Sendero Luminoso y un brote de cólera que aisló aún más a Perú debido a la consiguiente prohibición de importar alimentos.

    Sin embargo, la administración Bush cambió de postura dos semanas después del autogolpe. Reconoció oficialmente a Fujimori como líder legítimo de Perú. La Organización de Estados Americanos y Estados Unidos estaban de acuerdo en que el golpe de Fujimori podía haber sido extremo. Sin embargo, no querían que Perú volviera al estado de deterioro en el que se encontraba antes. El golpe se produjo poco después de que el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses lanzaran una ofensiva mediática contra el movimiento guerrillero rural Sendero Luminoso. El 12 de marzo de 1992, el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Bernard Aronson, declaró ante el Congreso de los Estados Unidos: «La comunidad internacional y las respetadas organizaciones de derechos humanos deben centrar los focos de la atención mundial en la amenaza que supone Sendero... América Latina ha visto violencia y terror, pero ninguno como el de Sendero... y no se equivoquen, si Sendero tomara el poder, veríamos... genocidio». Dadas las preocupaciones estadounidenses, las repercusiones a largo plazo del autogolpe resultaron ser modestas.

    Véase también[editar]

    Referencias[editar]

    1. * McMillan y Zoido Democracy. «In the 1990s, Peru was run [...] by its secret-police chief, Vladimiro Montesinos Torres».
      • «Lester: Though few questioned it, Montesinos was a novel choice. Peru's army had banished him for selling secrets to America's CIA, but he'd prospered as a defence lawyer – for accused drug traffickers. [...]
      Lester: Did Fujmori control Montesinos or did Montesinos control Fujimori?
      Shifter: As information comes out, it seems increasingly clear that Montesinos was the power in Peru». («Spymaster» [en inglés]. Australian Broadcasting Corporation. Agosto de 2002. Consultado el 29 de marzo de 2023).

    2. * «The coup of April 5, 1992, carried out by high-ranking military felons who used the President of the Republic himself as their figurehead, had as one of its stated objectives a guaranteed free hand for the armed forces in the anti-subversion campaign, the same armed forces for whom the democratic system – a critical Congress, an independent judiciary, a free press – constituted an intolerable obstacle». (Llosa, Mario Vargas [27 de marzo de 1994]. «Ideas & Trends: In His Words; Unmasking the Killers in Peru Won't Bring Democracy Back to Life». The New York Times [en inglés]. ISSN 0362-4331. Consultado el 24 de marzo de 2023).
      • «Mr Montesinos [...] and his military faction, [...] for the moment, has chosen to keep Mr Fujimori as its civilian figurehead». (Keller, Paul [26 de octubre de 2000]. «Fujimori in OAS talks Peru crisis uncertainty deepens after return of ex-spy chief» [en inglés]. Financial Times).
    3. «Fujimori became a kind of, well, a figurehead». («Questions And Answers: Mario Vargas Llosa». Newsweek (en inglés). 9 de enero de 2001. Consultado el 25 de marzo de 2023. )
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    5. «Crisis energética en el Perú». Debate (Apoyo Comunicaciones) I (3): 42-43. Enero-febrero 1980. Consultado el 30 de abril de 2023. 
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    7. a b Burt, Jo-Marie (1998-09). «Unsettled accounts militarization and memory in postwar Peru». NACLA Report on the Americas (en inglés) 32 (2): 35-41. ISSN 1071-4839. doi:10.1080/10714839.1998.11725657. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] la creciente frustración de los militares por las limitaciones impuestas a sus operaciones de contrainsurgencia por las instituciones democráticas, unida a la creciente incapacidad de los políticos civiles para hacer frente a la espiral de crisis económica y a la expansión de Sendero Luminoso, llevó a un grupo de oficiales militares a idear un plan golpista a finales de la década de 1980. El plan preveía la disolución del gobierno civil de Perú, el control militar del Estado y la eliminación de los grupos armados de la oposición. El plan, desarrollado en una serie de documentos conocidos como el "Plan Verde", esbozaba una estrategia para llevar a cabo un golpe militar en el que las fuerzas armadas gobernarían de 15 a 20 años y reestructurarían radicalmente las relaciones entre el Estado y la sociedad siguiendo líneas neoliberales ». 
    8. Gaussens, Pierre (1 de diciembre de 2020). «La stérilisation forcée de population autochtone dans le Mexique des années 1990». Canadian journal of bioethics (en francés) 3 (3): 180-191. ISSN 2561-4665. doi:10.7202/1073797ar. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] un plan gubernamental, elaborado por el ejército peruano entre 1989 y 1990 para hacer frente a la insurrección de Sendero Luminoso, conocido posteriormente como "Plan Verde", cuyo texto (no publicado) expresa en términos explícitos una intención genocida ». 
    9. «28 de julio 90: se inició plan militar de 20 años» (PDF). Oiga (647) (Editora Eusko-Andina). 12 de julio de 1993. Archivado desde el original el 2022. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
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    11. a b c Schulte-Bockholt, Alfredo (2006). «Chapter 5: elites, cocaine, and power in Colombia and Peru». The politics of organized crime and the organized crime of politics: a study in criminal power (en inglés). Lexington Books. pp. 114-118. ISBN 0-7391-0869-7. OCLC 61704781. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[trad.] ... importantes miembros de la oficialidad, en particular dentro del ejército, habían contemplado la posibilidad de un golpe militar y la instauración de un régimen autoritario o de la llamada democracia dirigida. El proyecto era conocido como "Plan Verde". [...] Fujimori adoptó esencialmente el "Plan Verde", y los militares se convirtieron en socios del régimen. [...] El autogolpe del 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso y la Constitución del país y permitió implementar los componentes más importantes del Plan Verde ». 
    12. a b Rendón-Schneir, Silvio R. (2013). Merino Aguirre, Iván Godofredo, ed. La intervención de los Estados Unidos en el Perú: desde el proyecto del protectorado hasta los Wikileaks (1.ª edición). pp. 145-150. ISBN 978-612-45741-3-9. OCLC 870011320. Consultado el 10 de diciembre de 2022. 
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    Bibliografía[editar]

    Enlaces externos[editar]