Corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori

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Alberto Fujimori, presidente peruano entre 1990 y 2000. Durante su gobierno se evidenciaron actos de corrupción en los más altos niveles de las instituciones nacionales.

Durante ocho de los casi diez años del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se evidenciaron actos de corrupción, entre los que destacaron la malversación multimillonaria de fondos públicos y abuso de poder.[1]​[n 1]​ Bajo modalidad sistémica, no se había evidenciado notablemente en gobiernos anteriores según la Iniciativa Nacional Anticorrupción.[2]​ Estuvo operada en tres ámbitos: la empresarial, la política y la militar.[3]​

En el núcleo de corrupción estuvieron involucradas alrededor de 1600 personas,[4]​ entre figuras de la política, medios de comunicación, empresarios e instituciones judiciales.[5]​ Aquella red estuvo solidificada gracias al sistema de cooptación para elegir mandos de las Fuerzas Armadas y así mantener el control contra sus adversarios.[6]​ En ese entonces, la red estuvo bajo el apoyo de su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, quien asumió el cargo de jefe del SIN,[7]​ y obtuvo mayor poderío cuando se realizó el autogolpe,[8]​[9]​en que se cambió al modelo neoliberal.[3]​

En ese periodo se realizaron una serie de mecanismos cuestionados (privatización de empresas, publicidad de contenido oficialista, desvíos económicos en el despacho presidencial,[1]​ etcétera) por la falta de auditoría completa durante su gobierno,[10]​ así como la incompetencia de las autoridades judiciales que estuvieron afiliadas por la red sistemática.[11]​ Como consecuencia, devino una crisis política en 1999, cuando la oposición realizó su denuncia pública que conllevó la renuncia de cinco ministros, entre ellos el ministro de Trabajo Jorge Mufarech.[12]​[13]​ La corrupción se evidenció mediáticamente en el año 2000, después de la renuncia del presidente con la difusión de los vladivideos y las declaraciones de otros ministros cercanos.[14]​

Ya concluido el mandato, la investigación se formalizó en dos ámbitos. El primero de contexto político, bajo el nombre de caso Fujimori-Montesinos que estuvo a cargo del procurador José Ugaz entre 2000 y 2002,[12]​[15]​ y luego investigado por Luis Vargas Valdivia hasta 2004.[16]​ Mientras que el segundo de temática económica, sobre las irregularidades en la privatización y financiamiento de empresas, bajo la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros entre 2001 y 2002 a cargo de Javier Diez Canseco.[17]​

Analistas, como Alfonso W. Quiroz, justifican la corrupción fujimorista como uno de los «peores momentos» en la historia republicana.[18]​[19]​[20]​

Implicación de la corrupción en el gobierno[editar]

Una de sus promesas de llegar al poder fue en una campaña «moralizadora» contra la corrupción heredada de gobiernos posteriores a los años 1960,[21]​ luego de su lema de campaña presidencial Honradez, tecnología y trabajo.[22]​ Además que planificó un Alto Comisionado contra la Corrupción, inspirado en Hong Kong, que nunca se estableció.[23]​[24]​ Sin embargo, en frente de acusaciones por evasión de impuestos del partido rival Fredemo,[25]​ asumió indirectamente uno de los responsables principales, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos.[26]​[27]​[28]​Raúl Wiener relató en el 2000 que instantes anteriores de asumir la asesoría de Fujimori, el jefe del SIN había instalado una red de corrupción de alcance limitado.[9]​

Montesinos ganó alimentación de su red cuando consiguió contactar con agencias contra el narcotráfico para desempeñar su sagacidad;[29]​ en que a inicios del Fujimorato, las Fuerzas Armadas ingresaron en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.[30]​ Cuando se mostró mediáticamente el hallazgo de un avión de carga militar con droga en mayo de 1995, el Comando de la Fuerza Aérea del Perú calificó de aquel hecho «un acto de demostración del poder corruptor de narcotráfico»,[31]​ momentos después de vaticinio de Bureau of International Narcotics Matters en 1993 el entonces del Departamento de Estado de EUA al señlar que la «corrupción es endémica en casi todas las instituciones gubernamentales del Perú».[32]​

Montesinos entabló con el servicio de inteligencia una red criminal sistemática entre cercanos y personalidades influyentes en el país,[27]​ con ayuda de su mayor aliado Nicolás Hermoza.[33]​ Tanto Montesinos como Hermoza fueron designados por el sistema de cooptación legalizado en noviembre de 1991, que evitó el descontento de sus adversarios. Su mayor logro fue realizar una limpieza de la institución policial, en que pasó al retiro a 135 altos oficiales de la policía e ingresar otros afines al gobierno;[21]​ a pesar de disimular una aparente imagen de honestidad y aprobación del gobierno,[12]​ además de combatir contra organizaciones narcotraficantes para 1996.[31]​[34]​ Esto fue importante para futuros contragolpes por disidentes militares, como el ocurrido en 1992. [35]​

Una de las mayores influencias en el nuevo gobierno, que entabló su ruta secreta al poder, se denominó Plan Verde, escrito entre los años 1988 y 1989.[33]​[36]​ Es fue su mayor aporte del sector militar y parte civil, luego del Plan Inca, una serie de implementaciones de reformas económicas en los años sesenta y setenta de ese siglo. [37]​

El antropólogo Carlos Iván Degregori sostiene más allá de las intenciones de permanecer en el poder, en que «el objetivo del régimen era la despolitización del electorado el clásico pan y circo», eso garantizó permanecer en el gobierno en dos elecciones generales.[38]​ Dicha estrategia se compuso de tres ejes: publicitar la buena imagen del gobierno, denunciar a sus opositores, y promover medios de comunicación distractores, en que se conocieron como «cortinas de humo».[38]​[39]​

Preferencia del oficialismo en toma de decisiones[editar]

Se involucraron en la red a autoridades políticas [27]​─además de los congresistas oficialistas,[40]​ así como los tránsfugas de movimientos independientes─[41]​ y electorales[42]​ para conseguir la impunidad del gobierno. También recibieron el apoyo del sector judicial, que llegó en su estado de incompetencia para sentenciar a organizaciones delincuenciales;[11]​ que incluyen a la Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán,[43]​ el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano[44]​[45]​[46]​ y cincuenta jueces de cortes superiores.[47]​ Aquello comprometió a los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema, el Consejo Transitorio del Poder Judicial (CTPJ) y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).[48]​ El favorecimiento llegó a altas instancias cuando en 1997 el Parlamentó logró retirar a miembros del Tribunal Constitucional en contra de la reelección del mandatario,[49]​ hecho que fue revertido por el Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000.[50]​ El abogado Francisco Eguiguren Praeli denunció el mecanismo de la red que recurrió a la extorsión para vender o cobrar por decisiones judiciales, incluso si careció de fundamento jurídico.[51]​

Negociaciones con empresas privadas[editar]

Por otro lado, debido a la privatización y la llegada del capital extranjero ─luego de las reformas posteriores al Fujishock─, se permitió que el empresariado cercano con el Ministerio de Economía usen libremente dinero obtenido de las contrataciones del Estado a modo de «puertas revolventes», en donde participan asesores legales y economistas que a su vez trabajaban para empresas y organismos privados.[52]​ Según el especialista Humberto Campodónico Sánchez, «la Constitución de 1993 virtualmente prohibió la existencia de empresas públicas» y que «el sentido común de la gente (hasta inicios de los años 1990) identifique a las empresas públicas como ineficientes y burocráticas y que solo la empresa privada (mejor si es extranjera) puede realizar actividades empresariales».[53]​

Se estima de que los 100 dólares obtenidos por la privatización, se recauda 2.5 al Estado, debido a que gran parte del proceso sirvió para pagar la deuda y financiar armas.[54]​ Las operaciones estuvieron lideradas por el entonces ministro Jorge Camet, bajo la modalidad de «mafia blanca».[55]​[56]​ Destacan entre los beneficiados a AeroPerú,[57]​ JJC Contratistas Generales ─de la familia Camet Dickmann, incluido al propio Jorge─[58]​[59]​ y el Banco de Crédito.[60]​ Más allá del surgimiento empresarial, el narcisismo de Montesinos (con la modalidad de la «mafia amarilla»)[56]​ jugó al Poder Judicial para beneficiar a la empresa aliada estadounidense Newmont-Buenaventura en el liticio judicial de la mina de Yanacocha frente a su rival francesa BRGM-Normandy.[22]​[61]​[62]​

Relaciones públicas con los medios y manipulación ideológica[editar]

Véase también: Influencia de la prensa de Lima en la opinión pública durante el Fujimorato

En complemento a ellos, la red consiguió negociar la línea editorial de los medios de comunicación masivos, escritos y televisivos,[63]​ para reducir la presencia de la oposición,[26]​ y e invisibilizar los reclamos reales de la población.[64]​ De modo que, según Degregori, «[reprodujera del gobernador], su carisma y supervivencia política».[65]​ Su estrategia de disfrazó con coberturas televisivas de los periodistas, apodados «geishas»,[66]​[67]​ con las actividades oficiales del Palacio de Gobierno.[68]​ Este acercamiento de relaciones públicas a la comunicación audiovisual formó a la población dos arquetipos: el independiente, representado por Fujimori, como «pragmático, enemigo del terrorismo comunista y honesto»; y el político tradicional como «corrupto-comunista».[69]​ Fujimori fue seleccionado como uno de los diez principales enemigos de la prensa según CPJ entre 1999 y 2000.[70]​

Más allá de los anuncios de turno, se mostró también, según Degregori, que «no había programas políticos; las notas policiales abrían los noticieros, seguidas por “temas humanos”; no se permitía siquiera propaganda electoral pagada al contado».[71]​ Según Bowen y Holligan (2003), para entretener a la audiencia, parte de la programación televisiva se basó en «programas asínicos llenos de chistes sexuales» y así impedir alguna sátira política.[72]​Esto explica que hasta los años 2000 no existió un sistema de clasificación por edades para la televisión, cuyo contenido era muy cuestionado por sus opositores.

Como consecuencia de la estrategia comunicativa, que generaron ingresos económicos por publicidad hacia los canales,[68]​ surgió una crisis administrativa del entonces canal Panamericana, uno de las más populares en ese entonces y el primero en recibir el apoyo al oficialismo instantes después del autogolpe junto a Radio Programas del Perú.[69]​ Además, debido a las acusaciones de falta de independencia sobre los hechos,[73]​ distintas figuras tales como César Hildebrandt, Nicolás Lúcar, Eduardo Guzmán y Jaime de Althaus renunciaron a sus puestos por presunta incompatibilidad de editorial. El resultado fue una menor confianza a los históricos medios audiovisuales tras anunciarse sentencias declaratorias hacia sus dueños.[74]​

Una de las fuentes que fue permaneció en revelar información sobre Montesinos fue Sin censura, que fue neutralizada.[75]​ Este medio presentado por Cecilia Valenzuela en 1999, informó la aparente compra del 78,77 % del banco de Comercio y la Financiera Regional del Sur por la Caja de Pensiones Militar Policial.[76]​ La revelaciones no permanecieron por mucho tiempo, luego del despedido de Valenzuela por el canal ATV.[77]​[78]​ Según la fiscal anticorrupción Ana Cecilia Magallanes, conocida como principal mujer en investigar a la red y la recuperación de dinero,[79]​ la Caja de Pensiones entregó dinero a la producción para silenciar sus destapes.[80]​[81]​

Debilitamiento al periodismo opositor[editar]

Véase también: Plan Bermudas

Aunque parte de los medios llevaron la postura oficialista, cercanos a Montesinos, apoyados del corrompido sistema judicial,[38]​ recurreron a denuncias de difamación y calumnia a quienes se negaron venderse a la red. Las identidades de los opositores fueron publicadas en un portal web irónicamente denominado Asociación Pro Defensa de la Verdad.[82]​ Entre las víctimas fueron periódicos que permanecieron en sus reportajes revelaciones de malversaciones y otros delitos, como son La República,[66]​[83]​ Ojo, Clarín, entre otros.[84]​ Esto dificultó el avance de la prensa, al no existir garantías para protegerse de actos vandálicos, en que las empresas periodísticas alejadas de Lima estuvieron en situación vulnerable.[85]​

Uno de ellos, Pedro Yauri, fue encontrado sin vida en 1992 cuya autoría se atribuye al Grupo Colina.[86]​ En 1992, el gobierno confiscó información militar en manos de Gustavo Gorriti, como supuesta medida para prevenir atentados terroristas,[87]​ mientras se clausuraban a varios medios de comunicación. En 1998 Angel Páez, investigador del diario La República y corresponsal del diario Clarín fue objeto de desinformación por la prensa chicha de una supuesta relación con el espionaje ecuatoriano; cuando en realidad Páez descubrió turbias compras de intermediarios del gobierno con aviones de combate procedentes de Bielorrusia.[88]​ También en 1998 Isabel Chumpitaz Panta y su esposo, del programa La voz del pueblo de radio Satélite, fueron atacados en su vivienda luego de reportar actos cuestionables con la empresa agraria Emoycsa.[89]​[90]​[91]​El 24 de mayo del 2000 el periodista Fabián Salazar Olivares, quien estuvo a punto de difundir pruebas contra Montesinos para Frecuencia Latina,[92]​ fue torturado.[93]​[94]​[95]​ Según el testigo presencial de ese último, existió un aparente encargo monetario de la red.[96]​

Denuncias al final de su gobierno[editar]

Antes de la renuncia de Fujimori, en 1999, el entonces ministro de trabajo Jorge Mufarech renunció a su cargo.[13]​ Fue conocido por realizar investigaciones a la Superintendenta de Aduana. Posteriormente intentó postular a la presidencia en 2000 pero fue rechazado, el hecho fue investigado por asociación ilícita contra el expresidente pero archivado por falta de documentación.[97]​ Sin embargo, Mufarech fue involucrado en una investigación de la jueza Antonia Saquicuray sobre la participación con el empresario José Enrique Crousillat.[98]​

Posteriormente surgieron declaraciones de Alberto Bustamante y Federico Salas, que admitieron la entrada de bienes ilícitos.[14]​ En 2001, luego de la renuncia de Fujimori por fax, se anunció la formalización de la acusación constitucional contra su gobierno por corrupción.[99]​Para ese entonces, existió el riesgo de la manipulación de pruebas y la salida a la clandestinidad de los posibles implicados de la red, debido a las dificultades en su sistema judicial.[100]​

Desvíos y pérdidas económicas[editar]

Según la Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA) en 2001, correspondieron al 30-35 % del gasto presupuestal promedio en cada año, y un 4 % del PBI promedio anual durante el mismo período.[101]​ Si esta pérdida multimillonaria pudo evitarse, ayudaría a salir de la condición de pobreza a más de 155 mil personas.[26]​ Como referencia, en el año del autogolpe (1992), se batieron récords de concentración de recursos: cinco mil millones de dólares en gastos públicos en el presupuesto general más otros cinco mil millones en empresas estatales.[102]​

La cifra exacta de dinero ilícito no está definida y varió con el tiempo: Desde la denuncia preliminar de Mufarech, en que se retiraron algunos ministros, se estimó pérdidas de 10 000 millones de dólares.[13]​ En 2002 se recalculó la sustración entre 800 y 1 000 millones de dólares;[26]​[103]​ en 2004 el consorcio Justicia Viva de IDL aproxima a 1 500 millones de dólares;[42]​ en 2005, el autor Sergio Fernández estimó entre 250 a 768 millones de dólares[104]​ y en 2016 Avelino Guillén señaló que fueron 6000 millones de dólares.[105]​[106]​ En 2018, el estudio de la editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega estimó el costo económico entre 14 000 y 20 000 millones de dólares.[18]​

Estrategias de obtención y gestión de dinero[editar]

Instantes después del autogolpe se realizaron estrategias del despacho presidencial, como la reactivación el Ministerio de la Presidencia para su posible administración de recursos;[107]​ cuando se completó la década de poder, logró ejecutar un tercio del gasto presupuestal.[33]​ En 1997, durante el cargo de Jorge Baca Campodónico como jefe de la SUNAT, se recurrió al mecanismo de RUC sensible para que las empresas evadan a la fiscalizadora y pasen desapercibido en la transferencia económica dentro de la red.[108]​[109]​[110]​[111]​ Además, para evitar sospechas, desaparecieron cerca de 20 mil expedientes tributarios.[92]​ Campodónico fue posteriormente responsable de la estrategia de «salvataje bancario» realizado al entonces Banco Latino,[112]​[113]​[114]​[115]​ una estrategia financiera para recuperar el ente financiero en que el Estado invirtió entre 170 y 400 millones de dólares.[116]​[117]​

De la misma manera se desfalcó el dinero a partir de la Caja de Pensiones Policial-Militar para los préstamos hacia empresarios,[118]​ entre los señalados como beneficiados está Gessa Ingenieros.[119]​

También se recurrió de las donaciones extranjeras desde que Fujimori llegó al poder, administradas por su hermana mayor Rosa y otros integrantes.[42]​[33]​[120]​ La organización no gubernamental Apenkai fue una de las más importantes cuando recibió contribuciones de la prefectura de Kumamoto, el Club de Leones de Shibuya, la Fundación Sasakawa, la Fundación Matsushita y Ajinomoto, entre otros.[121]​ A lado de su satélite Ake, al mando del empresario Augusto Miyagusuku,[33]​ operaron donaciones por alrededor de 100 millones de dólares, en que solo el 10% tuvieron el propósito real de ayuda social.[122]​ Una de las 71 instituciones educativas planificadas por Apenkai correspondió de una donación para la construcción de esta en Villa María del Triunfo, que se inauguró de forma incompleta.[123]​[124]​ Según Alfonso W. Quiroz, el esposo de Rosa Fujimori y embajador de Perú en Japón entre 1991 y 2000,[33]​ Víctor Aritomi Shinto, aprovechó la nacionalidad nipona para otorgar protección e impunidad y así operar los ingresos de dudoso origen al país oriental.[125]​

Gastos del dinero desviado[editar]

Parte de los fondos fueron desviados a instituciones políticas y militares para financiar la red de corrupción así como encubrirla.[42]​[29]​[126]​ El historiador Antonio Zapata estima que fueron 1885 millones de dólares ganados para compras de armamento militar para sustentar el cobro de sobornos a gran escala.[33]​

Un análisis empírico de la corrupción de Montesinos realizado por John McMillan y Pablo Zoido en 2004 describió que Montesinos recurrió al más del 75% del presupuesto no supervisado del SIN para sobornar a más de 1600 personas.[127]​ McMillan y Zoido estiman que, en el punto álgido del escándalo, se pagaban más de 3.5 millones de dólares mensuales a varios congresistas, jueces y ejecutivos de medios,[128]​ 200 mil dólares destinados a políticos para silenciar denuncias.[129]​ Los sobornos más comunes se pagaron a propietarios de canales de televisión, lo que permitió fácilmente que el gobierno de Fujimori influir políticamente en los peruanos a su favor.[27]​

Más allá de los gatos, existen referencias por aclararse sobre el uso de parte del dinero obtenido de la corrupción para los familiares de Fujimori, como la investigación del origen de los gastos universitarios de sus hijos. En 2001 un exasesor de Fujimori señaló en un expediente que el entonces mandatario ordenó al legislador Ernesto Gamarra Olivares a no difundir el informe sobre la entrega de dinero hacia sus hijos por el programa Sin censura.[130]​ Posteriormente la Fiscalía tomó la investigación en el delito de enriquecimiento ilícito en abril del 2003.[131]​ En 2004 la Contraloría General de la República reportó en su informe que se habrían gastado dos millones de dólares para la educación de sus hijos, una cifra mayor a lo que podría ganar el mandatario en el años.[132]​ Los detalles sobre el origen del dinero permanecieron inéditos hasta la publicación completa por Hildebrant en sus Trece en 2011.[133]​ No obstante, la propia Keiko, quien fue ex primera dama, desmintió que el origen de dinero sea del Estado, a pesar de existir contradicciones de las grandes inversiones declaradas por la Fiscalía.[134]​[135]​

Impacto posterior al escándalo de corrupción[editar]

Véase también: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción
Captura de pantalla de un vladivideo, protagonizado por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Los vladivideos resultaron ser pruebas de corrupción política durante el Fujimorato.

Debido a la difusión de los vladivideos como evidencia de la red de corrupción instalada en su gobierno, el 16 de septiembre de 2000, Fujimori convocó finalmente nuevas elecciones libres. Los días posteriores, muchos políticos, incluyendo a Montesinos, fueron del país y renunciaron a sus cargos. Además, el 13 de noviembre del 2000 Fujimori viaja a Brunéi para asistir a la APEC que se desarrollaba en dicho país. Luego de ello, el 17 del mismo mes viaja a Japón y fue desde allí donde envió un fax con su renuncia a la presidencia del país un 20 de noviembre del 2000.[136]​

Los restos de la red de corrupción prevalecieron hasta la llegada de Alejandro Toledo,[137]​ en que subestimaron las consecuencias de la debilidad institucional después de terminar el mandato de Toledo.[138]​ Para un sondeo de la Pontificia Universidad Católica del Perú para La República, señala que la percepción creció del 30 % cuando terminó el primer gobierno de Alan García al 59 % al concluir el mandato de Fujimori.[139]​ Además, según Transparencia Internacional en 2004, Fujimori fue listado como el séptimo exlíder más corrupto de la historia,[140]​[141]​ lista que fue compartida por Forbes.[142]​ Esta ONG posteriormente pasó a implementar su capítulo local, el Consejo Nacional para la Ética Pública (Proética).[143]​ Esta institución encuestó entre 8 y 20 de diciembre de 2003 para señalar si Fujimori fue «el más corrupto en los últimos 23 años», el cual recibió un 49 %.[144]​

Aunque la década de 1990 trajo un cambio de gobierno neoliberal, que se mantuvo vigente en tres décadas y con un potencial económico mayor, Hernando de Soto, uno de los promotores del neoliberalismo en la nueva constitución, calificó a Montesinos de «gánster»,[145]​ y que debido a los indicios de corrupción, renunció a su posición.[146]​

Video externo
Reportaje sobre la sentencia a Alberto Fujimori por agencia EFE.
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La población mostró una valoración negativa al sistema judicial; en una encuesta de Apoyo de 2003, 7 de 10 personas desaprobaron a la institución.[147]​ Para septiembre de 2003, 117 procesados por corrupción fueron prófugos de la justicia, instante que la cifra de involucrados alcanzó los 1383.[148]​ En 2006 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema inició el juicio hacia los 17 congresistas acusados de recibir sobornos.[149]​ En 2010 la Quinta Sala Anticorrupción pidió doce años de prisión a Vladimiro Montesinos, el ex coronel PNP Manuel Ayvar Marca y cuatro policías por las torturas inferidas al periodista Fabián Salazar Olivares.[150]​ En 2009, a diferencia del juicio de violación a los derechos humanos, fue condenado a seis años de prisión por entregar 15 millones de dólares de origen cuestionable para el Plan Soberanía,[151]​[152]​[153]​[154]​ estrategia basada en el Decreto de Urgencia 081-2000,[1]​ en que amordazó a Montesinos en la contribución con la justicia.[155]​ El delito de peculado doloso,[156]​ además de falsedad ideológica, fue ratificado en 2011.[157]​

Además, a 2011, más de setenta personas cercanas fueron sentenciadas de suspensión de la libertad o condicional; entre ellos ministros, voceros, generales y seguridad de Montesinos.[153]​ No obstante, el Ministerio Público archivó en 2019 a las hermanas de Alberto Fujimori, Juana y Rosa vinculadas a la corrupción por organizaciones de donativos.[158]​

Procesos de investigación a involucrados de la red[editar]

Al asumir Valentín Paniagua como presidente interino, la encuesta de Apoyo de 2000 señaló que la corrupción fue el segundo tema a combatir durante su transición a la democracia.[159]​ Una de las tareas realizadas fue el retiro de altos cargos de las Fuerzas Armadas.[160]​ También se estableció en la Procuraduría el concepto reo ausente a aquellos que participaron en asuntos económicos de origen ilícito.[161]​Diego García-Sayán y José Ugaz fueron los propulsores de medidas para fiscalización en el gobierno anterior.

Otra de las medidas de García-Sayán y Ugaz correspondieron a los incentivos a colaboradores eficaces, que puede un cómplice ofrecer información mientras continua la investigación;[10]​ previo a los incentivos, apenas una docena de la red de Montesinos fueron procesados.[162]​ Cuando Ugaz fue el primer encargado de la Producaduría Anticorrupción en 2000, realizó la investigación del posteriormente denominado caso Fujimori-Montesinos,[163]​ en que los beneficiados por la colaboración eficaz fueron el abogado Javier Corrochano y la empresaria Matilde Pinchi Pinchi.[164]​

En este periodo, se formó la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros precedido por el entonces congresista Javier Diez Canseco.[17]​ Dicha comisión investigó varios delitos tras la privatización de 2000 empresas, que incrementó 6000 millones de dólares a las arcas del Estado; como peculado, fraude, negociación incompatible, etcétera.[165]​ Adicionalmente, el congresista David Waisman formó una nueva comisión para investigar a Montesinos;[166]​ el más mediático fue la hipótesis de que el gobierno apoderó mil millones de dólares por medio de lingotes de oro del Banco Central de Reserva,[167]​[168]​[169]​[170]​luego obtener declaraciones de un colaborador eficaz a la Procuraduría.[171]​Este contaría con seis jueces anticorrupción.[172]​

Sin embargo, la investigación sufrió de interferencias. En 2002 estuvo suspendida por acuerdo interno para supuestamente no investigar al involucrado de la red Agustín Mantilla.[173]​ En 2003 Jorge Mufarech denunció al exprocurador Ugaz por acusaciones de Fausto Alvarado de retirarse en la investigación a Fujimori-Montesinos.[174]​

Recuperación de activos[editar]

En 2000, el encargado de cancillería Fernando de Trazegnies comunicó por primera vez al entonces ministro de justicia Alberto Bustamante que la embajada de Suiza en Perú localizó cuatro cuentas valorizadas en más de 40 millones de dólares, lo que se reportó al ya asumido procurador Ugaz.[175]​[176]​

Al concretarse las evidencias de la red criminal, se realizaron intentos de recuperar activos de Montesinos de cuentas extranjeras con el apoyo de organizaciones no gubernamentales,[177]​ en que fue denunciado por «enriquecimiento ilícito en agravio del Estado Peruano».[178]​ En el caso de Suiza, la transferencia se apoyó de la asistencia mutua internacional en 1997;[10]​ empero, en 2004, la fiscal del cuarto distrito judicial de Zúrich, Cornelia Cova no descartó que el dinero fuese mudado a países aledaños o al Japón.[179]​ Por otro lado, en Estados Unidos se decomisaron las de Víctor Venero, testaferro de Montesinos en 2004.[10]​

En octubre de 2001 se estrenó el Fondo Especial de Administración de Justicia del Dinero Obtenido Ilícitamente (FEDADOI). Esta recaudación ayudó a financiar la Procuraduría Anticorrupción, mejorar el Poder Judicial y la construcción del penal de Piedras Gordas.[180]​[181]​[182]​ En 2002 se reportó que 228 millones fueron localizados para el fondo estatal según el reportaje A las 11 con Hildebrandt.[183]​ En 2010 se recuperaron apenas 184 millones por embargo.[106]​ Para 2012 se contabilizaron 105 casos de corrupción, en que la deuda se oficializó a mil millones de soles, de las cuales solo se pagó el 0.77 %.[184]​

Caja de pensiones[editar]

En 2006 el fiscal anticorrupción Marco Ruggiero denunció ante el Poder Judicial por el uso indebido de la caja de pensiones militar-policial.[185]​ Debido a ello, la Sala Penal Liquidador sentenció en 2014 a Danfer Suárez, quien fue responsable de desviar dinero mediante comisiones cuando formó parte del directorio.[186]​ Sin embargo, Montesinos fue absuelto por la Sala Penal Liquidador en 2012.[187]​[188]​ En 2015 fue detenido el exgerente Javier Revilla en Brasil, otra persona acusada de desviar los fondos.[189]​

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. ↑ Explicado en el Capítulo IV del informe final aprobado por la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros el 10 de julio de 2002.

Referencias[editar]

  1. ↑ a b c Mendieta, Paola (31 de octubre de 2022). «Es falso que a Alberto Fujimori no le encontraron pruebas de corrupción, como dijo Martha Chávez». larepublica.pe. Consultado el 2 de noviembre de 2022. 
  2. ↑ Ramírez Varela y Silva del Carpio, 2007, p. 21.
  3. ↑ a b Rossotto Ioris, Antonio Augusto (25 de diciembre de 2016). «“La Plata Llega Sola”: [The Money Arrives on it Own]: Reflections on Corruption Trends in Peru». Diálogos Latinoamericanos (en inglés) 17 (25): 82-98. ISSN 2246-8609. doi:10.7146/dl.v17i25.112904. Consultado el 28 de enero de 2023. «The radical neoliberalism promoted by Fujimori served to consolidate the trend, initiated in the previous decade, of power concentration in the hands of emerging, ignificantly more homogenous economic elite associated with international corporations. In parallel, and nurtured by the neoliberal disassembling of the Peruvian state, Fujimori and his team did their best to accumulate huge sums of money. [...] The Fujimori government was not only an acute case of authoritarian neoliberalism, but became a true kleptocracy that operated through three different mafias specialized in robbing separate structures of the state: the ‘white mafia’ led by Jorge Camet (Economy Minister), the ‘yellow mafia’ in the hands of Fujimori and the ‘green mafia’ (green of the military uniforms) managed by Montesinos (Durand, 2003). » 
  4. ↑ Quiroz Norris, 2013, pp. 445-446.
  5. ↑ «Barra Brava». Caretas. 31 de octubre de 2001. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2004. Consultado el 12 de marzo de 2023. 
  6. ↑ Crabtree y Thomas, 1999, p. 363.
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Bibliografía[editar]

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