Caso Odebrecht en Perú

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Caso Lava Jato en Perú
Odebrecht Lima.png
Odebrecht Perú en 2018
Tribunal Corte Superior de Justicia especializada en delitos de criminalidad organizada y corrupción de funcionarios
Fecha 21 de diciembre de 2016
Jueces Richard Concepción Carhuancho
Fiscales: Rafael Vela Barba (jefe del equipo), José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Carlos Puma Quispe y Norma Mori Gómez
Historial del caso
Acciones relacionadas 44 en prisión preventiva, 42 con impedimento de salida del país, y más de 300 personas investigadas entre la clase política y empresarial, incluso más de 150 con bienes embargados.
Palabras clave
Cohecho, fraude, lavado de activos, colusión y tráfico de influencias

El Caso Odebrecht en Perú se refiere a la prolongación en este país del escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que forma a la vez parte del Caso Lava Jato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos). Ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político y empresarial en el Perú. Cuatro expresidentes de la República se hallan comprometidos en el caso:

  • Alejandro Toledo Manrique se encuentra prófugo, en los Estados Unidos, con orden de captura internacional, por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 31 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur).
  • Alan García se hallaba con impedimento de salida del país y bajo investigación por la presunta corrupción que ocurrió bajo su segundo gobierno con respecto a las obras de la Línea 1 del metro de Lima y la carretera Interoceánica Sur. Intentó pedir asilo político al gobierno de Uruguay, en cuya embajada en Lima estuvo hospedado durante dos semanas, al considerarse un perseguido político. Pero el gobierno uruguayo rechazó su pedido, al considerar que en el Perú había plena independencia de los poderes del Estado. Posteriormente, cuando se ordenó su detención preliminar por diez días, el día 17 de abril del 2019, García se disparó en la cabeza, en el momento en que agentes y un fiscal habían ido a su vivienda a cumplir con la orden judicial. Falleció horas después, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.
  • Ollanta Humala se halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego de haber estado nueve meses con prisión preventiva (acusado de recibir, junto con su esposa Nadine Heredia, dinero ilícito para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011). El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía formalizó su acusación, pidiendo 20 y 26 años de prisión para Humala y su esposa, respectivamente. Además, otras 10 personas del entorno de la expareja presidencial, así como el Partido Nacionalista Peruano, fueron incluidos en la acusación.
  • Pedro Pablo Kuczynski se halla con detención domiciliaria por 36 meses por supuesto lavado de activos cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo. Fue durante el ejercicio de su gobierno (2016-2018) cuando se reveló que su empresa unipersonal había hecho consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht en la época en que fue Ministro de Estado (2004-2006), lo que motivó que fuera sometido a dos procesos de vacancia presidencial. Finalmente, se vio obligado a renunciar a la presidencia, tras revelarse que sus allegados habían intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia.

También han sido involucrados tres ex presidentes regionales por recepción de coimas (Félix Moreno, César Álvarez y Jorge Acurio, el primero prófugo con orden de captura, y los dos restantes con prisión preventiva); la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (con 18 meses de prisión preventiva por recibir dinero ilícito en la campaña del No a la Revocatoria y en su campaña de reelección, con su ex gerente municipal, José Miguel Castro); los ex ministros Mariano González, Enrique Cornejo, Luis Nava Guibert, Carlos Paredes, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, el ex ministro de Estado y ex presidente del Congreso, Luis Alva Castro; los dueños de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ Camet, ICGSSA, etc.); funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Toledo de 2001-2006 (por el caso de la Interoceánica), del gobierno aprista de 2006-2011 (por el caso del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima) y del gobierno de Humala de 2011-2016 (Caso Club de la construcción); Congresistas de la República de diversos partidos como Hildebrando Tapia, Juan Carlos Eguren, Virgilio Acuña, etc.; empresarios pertenecientes a la clase alta limeña como el abogado José Zaragozá, el expresidente del Club Regatas Lima, Gustavo Salazar; el exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala; la banquera internacional, Susana de la Puente Wiese; el exdirector del diario El Comercio y expresidente de Graña y Montero, José Graña; el empresario israelí, Josef Maiman; y el expresidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño. También fueron involucrados la presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori y otros miembros de la cúpula de su partido, como los asesores Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa; así como dos dirigentes del Partido Popular Cristiano: su expresidenta Lourdes Flores (por supuestos aportes recibidos en los comicios electorales del 2006 y 2010); y el árbitro en litigios empresariales Horacio Cánepa (quien falló a favor de la empresa en varias oportunidades perjudicando al Estado).

Índice

Inicio[editar]

La empresa Odebrecht ha sido acusada de sobornar a los principales líderes políticos a cambio de licitaciones públicas.

El 21 de diciembre del 2016, se publicó un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que revelaba que la constructora brasileña Odebrecht, en los veinte años anteriores, había realizado pagos de sobornos a funcionarios públicos de 12 países (entre ellos el Perú) para ganar las licitaciones de obras públicas. Ese fue el punto de inicio del llamado Caso Odebrecht, que la prensa calificó como el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica.[1]

En el caso del Perú, de acuerdo a los investigadores judiciales, Odebrecht habría pagado aproximadamente 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios, que le generaron más de 143 millones de dólares en beneficios, aunque es probable que el monto de estos pagos ilícitos haya sido mucho mayor. Ello habría ocurrido entre los años 2005 y 2014, que corresponden a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Ya desde noviembre de 2016, la Fiscalía en el Perú venía investigando el caso conocido desde Brasil como Operación Lava Jato.[2]

El entonces presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que apoyaría en todo lo que sea necesario para la investigación. Su primer ministro, Fernando Zavala, instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que llevasen a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de corrupción.[3]

Colaboración eficaz[editar]

Declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata[editar]

Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa constructora.

Marcelo Odebrecht (ex presidente de la constructora) y Jorge Barata (director ejecutivo de la empresa en el Perú), se acogieron a la delación premiada o colaboración eficaz para reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la justicia de Brasil y Perú.[4]

A principios de 2017 se empezó a discutir entre la Fiscalía del Perú, encabezada por Pablo Sánchez, y la empresa Odebrecht, un acuerdo de colaboración eficaz, de carácter secreto, y gracias a ello, Odebrecht y Barata empezaron a colaborar con la justicia peruana. Las declaraciones de estos personajes han comprometido a expresidentes y funcionarios peruanos, sobre la recepción de coimas para favorecer a la empresa brasileña en la licitación de obras públicas, así como aportes «fantasmas» para financiar las campañas electorales de diversos candidatos (esto último vendría a configurar la figura delictiva de lavado de activos). El caso más resonante es el del ex presidente Alejandro Toledo, a quien Barata sindicó haberle entregado veinte millones de dólares, a cambio de la concesión de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur. Otra revelación importante de Barata fue la entrega de tres millones de dólares a Nadine Heredia para la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011.[5]

En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht respondió un cuestionario de veinte preguntas al fiscal peruano Germán Juárez, sobre el caso de lavado de activos que involucra al expresidente Ollanta Humala. Odebrecht confirmó la entrega de tres millones de dólares a favor de la campaña electoral de Humala del 2011, pero que también hizo aportes a otros candidatos, como Keiko Fujimori y Mercedes Aráoz.[6]

El 10 de noviembre de 2017, un equipo de fiscales peruanos interrogó por segunda vez a Marcelo Odebrecht en Curitiba, sobre las anotaciones en su agenda, especialmente sobre el caso de Keiko Fujimori, aunque también se mencionaron a otros políticos peruanos. Odebrecht confirmó que su empresa entregó dinero a favor de la candidatura fujimorista, aunque dijo que el monto exacto lo sabía Barata.[7]

A fines de febrero de 2018, Barata declaró nuevamente ante los fiscales peruanos sobre los aportes que hizo la empresa Odebrecht a favor de la campaña electoral de Humala del 2011 y sobre las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht. Según lo que trascendió, Barata habría reconocido la entrega de dinero a favor de las principales candidaturas presidenciales de 2011, así como a la campaña por el No a la revocatoria del 2013 a favor de Susana Villarán, confirmando así sus anteriores declaraciones, y las de Odebrecht. Pero esta vez precisó los montos y mencionó los nombres de los intermediarios en la recepción de los dineros.[8]

Nuevos acuerdos de colaboración eficaz[editar]

A mediados de 2018 quedó entrampada la colaboración de los brasileños con la fiscalía peruana, debido a que la empresa Odebrecht rechazaba ser sometida a investigación en el Perú, como pretendía hacer el fiscal Hamilton Castro, jefe del Equipo Especial del caso Lava Jato. Este fiscal consideraba que la empresa y sus funcionarios, como corruptores, debían responder ante la justicia del Perú, al igual que los corruptos y pagar incluso reparaciones civiles; sin embargo, otros entendidos en el asunto consideraban que lo más importante era que la empresa siguiera dando información sobre las rutas del dinero ilícito, información necesaria para procesar a los políticos y empresarios peruanos involucrados en el caso. El asunto es que la empresa se negó a seguir colaborando si era perseguida por la justicia peruana.[9]​.

A principios de julio de 2018, la justicia brasileña declaró congeladas todas las relaciones de colaboración con el Perú, con lo que se corría el riesgo de que no se pudieran usar en los juicios orales los testimonios y pruebas dadas hasta entonces por Barata y otros delatores brasileños (ello debido a que aún no se había formalizado la colaboración eficaz, pese a haberse iniciado en enero de 2017). Se iniciaron entonces negociaciones para reanudar la colaboración.[10]

El 2 de agosto de 2018 el Ministerio Público del Perú y la empresa Odebrecht (con el respaldo de la justicia brasileña) firmaron un nuevo acuerdo. La empresa Odebrecht reafirmó su colaboración sin restricciones con la justicia peruana, a cambio de que la fiscalía peruana archivara las investigaciones judiciales en contra suya y de sus funcionarios o ex funcionarios, y se comprometiera a no abrir otras investigaciones.[11]

Ya antes se había separado al fiscal Hamilton Castro de su cargo de coordinador del Equipo Especial Lava Jato, debido a la lentitud con que había estado llevando los acuerdos de colaboración eficaz. Fue designado en su reemplazo el fiscal superior Rafael Vela Barba.[8]

Sin embargo, aún no se firmaba un acuerdo de colaboración eficaz definitivo, que obligara a Odebrecht a dar la información completa (hasta entonces solo lo había hecho en partes muy específicas), lo cual debía venir respaldada con la información encriptada de los servidores My Web Day y Drousys. El fiscal Rafael Vela Barba se enfocó en lograr una colaboración más amplia y detallada. Ello era muy complicado, pues las partes no se ponían de acuerdo en las condiciones. Odebrecht aceptaba dar toda la información a cambio de pagar reparaciones civiles razonables, no exageradas, proponiendo que sus activos sigan rentando en el Perú, para poder hacer dicho pago, ya sea vendiéndolas para que vayan a un fideicomiso o dejando que sigan operando para producir rentas. Ello iba en contra de aquellos extremistas que sostenían que se debía expropiar todos los activos a la empresa o exigirle reparaciones multimillonarias, todo lo cual era muy contraproducente y fuera de la realidad, teniendo como comparación lo ocurrido en otros países como Estados Unidos, con los que la empresa había ya hecho acuerdos similares de colaboración eficaz. La congresista Rosa Bartra, que había presidido la Comisión Lava Jato, reclamó que al desconocerse los detalles de la negociación era presumible que el Estado peruano estaba favoreciendo a Odebrecht. Otros consideraban que quienes se oponían a la formalización de un acuerdo de colaboración total buscaban la impunidad para los involucrados en el caso, ya que al no formalizarse dicho acuerdo, no solo ya no habrían más revelaciones, sino que las declaraciones que hasta entonces habían dado Barata y Odebrecht ya no podrían ser usadas en los procesos.[cita requerida]

Tras varias semanas de gestiones e intensas conversaciones, el 8 de diciembre de 2018, miembros del Ministerio Público del Perú, la empresa Odebrecht y la procuraduría ad hoc (esta última encargada del cobro de las reparaciones civiles) suscribieron el nuevo preacuerdo de colaboración. El acuerdo permitirá la cooperación de la empresa Odebrecht para la entrega de la información extraída de los servidores My Web Day y Drousys, empleados por el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de dicha empresa para el pago de las coimas y sobornos. A cambio, la constructora Odebrecht y sus exdirectivos, encabezados por Barata, quedaban excluidos en el Perú de toda sanción legal.[12]​ Otra diferencia del acuerdo anterior era la intervención de la procuraduría en lo referente al pago de reparaciones civiles. Según la procuraduría, de los 1200 millones de soles calculados como daños ocasionados por Odebrecht al Estado, la empresa brasileña se comprometía a pagar la mitad (610 millones); el resto debían asumirla los funcionarios y el resto de los empresarios nacionales participantes de la corrupción. La empresa brasileña reconocía haber pagado coimas en cuatro grandes obras en el Perú (Línea 1 del Metro de Lima, Carretera Interoceánica, Vía Evitamiento-Cusco y Proyecto Vía Costa Verde, tramo Callao) y haber desembolsado unos 50 millones de dólares en ese sentido.[13]

Denuncia de la filtración del preacuerdo con Odebrecht[editar]

El 23 de enero de 2019, el fiscal José Domingo Pérez denunció la filtración del acta del preacuerdo de colaboración eficaz firmado con carácter reservado entre la Fiscalía del Perú, la empresa Odebrecht y la Procuraduría ad hoc. Ello, luego de que se difundiera por las redes sociales un presunto documento de dicho preacuerdo. Según el fiscal, con esa filtración se buscaba entorpecer el acuerdo final de colaboración eficaz con Odebrecht, y que confirmaba lo dicho por uno de los investigados (aludiendo a Alan García), de que desde dentro del Ministerio Público contaba con contactos que les proporcionaban información reservada.[14]​ Por su parte, el fiscal Rafael Vela dijo que era posible que la filtración haya ocurrido desde el Ministerio Público, y que iniciaría una investigación al respecto. También señaló que solo se había filtrado el preacuerdo (que por lo demás ya venía siendo revelado por los miembros del equipo Lava Jato, a fin de transparentar la información), pero el documento del acuerdo final, mucho más exhaustivo, permanecía en estricta reserva. Todo ello ocurría a pocos días de firmarse dicho acuerdo en Brasil.[15]

Acuerdo definitivo de Beneficios y Colaboración Eficaz[editar]

El 13 de febrero de 2019, el equipo de fiscales de Lava Jato viajó a Brasil para interrogar a los trabajadores de la empresa Odebrecht, y para firmar el acuerdo definitivo de Colaboración Eficaz y Beneficios. Esto último se realizó el 15 de febrero de 2019, en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo. Por el Perú, firmaron los fiscales Rafael Vela Barba (coordinador del Equipo Lava Jato) y José Domingo Pérez, así como el procurador ad hoc Jorge Ramírez (este último en presentación del Estado peruano para el pago de las reparaciones civiles). Por Odebrecht firmaron Jorge Barata, ex representante de la empresa en el Perú; Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht en casos Línea 1 e Interoceánica; Renato Ribeiro Bortoletti, representante del consorcio Vías de Cusco; Ricardo Boleira, ex superintendente de Odebrecht; y el representante legal de la constructora, Ricardo Machado Weyll.[16]

El monto de la reparación civil acordado es de S/ 610 millones, más los intereses legales, que ascenderán a S/ 150 millones. El dinero será pagado en un plazo de 15 años con una garantía de un fideicomiso. Ya se había tratado un anticipo de S/ 80 millones, parte del producto de la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla, obra realizada exclusivamente por Odebrecht en el Perú, sin asociación público-privada (APP).

Es importante señalar también que, además de los S/ 610 millones pactados como reparación civil, se sumarán los S/ 65 millones que pagará Odebrecht por el mismo concepto por los sobornos en la construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, del caso La Centralita (o del gobernador de Áncash César Álvarez), que no forma parte del acuerdo.[17]

La información que dará Odebrecht, respaldada por documentación extraída de los servidores My Web Day y Drousys, será con respecto a cuatro proyectos en las que ha admitido haber dado coimas:[16]

  • Corredor Vial Interocéanico Sur (tramos 2 y 3).
  • Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2).
  • Vía Evitamiento del Cusco
  • Proyecto Vía Costa Verde-tramo Callao.

Gracias al acuerdo, se espera que lleguen más testimonios y pruebas de la corrupción. La fiscalía tendrá acceso a los dosieres de pagos de las coimas depositadas en la Banca de Andorra, Panamá y de otros estados.[18]

La cifra de 610 millones de soles es solo la mitad de lo que la Procuraduría ha calculado como reparación civil; la otra mitad deben pagarla los funcionarios y el resto de los empresarios nacionales participantes de la corrupción. Como era de esperarse, se desataron críticas de parte de quienes consideraban como un monto ínfimo dicho pago, así como al hecho de que en teoría se dejara a la empresa seguir laborando en el Perú para solventar ese pago. Sin embargo, otras voces consideran que lo más importante es que la empresa delate a todos las autoridades y funcionarios corruptos para aplicarles la ley. Además, el cálculo del monto se respalda en la Ley 30737 aprobada en el Congreso en marzo del 2018, ley que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. La congresista Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular, es la más tenaz opositora de dicha ley y considera que debería derogarse pues en su opinión favorece solo a las empresas corruptoras.[19]

El segundo paso es la aprobación del acuerdo por el Poder Judicial. Será la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho la encargada de realizar este último trámite. Solo entonces se empezará a ejecutar el acuerdo en sus dos vertientes: pruebas para la Fiscalía y beneficios procesales para la empresa.

El 25 de marzo de 2019, el Equipo Lava Jato entregó el acuerdo de colaboración eficaz al Poder Judicial, para que sea legalizado. Consta de 739 tomos que contienen un total de 147,801 folios.[20]

Interrogatorios a los directivos de Odebrecht (febrero de 2019)[editar]

Entre el 18 y 22 de febrero de 2019 se realizaron en Curitiba los interrogatorios de parte del Equipo Lava Jato a los directivos y trabajadores de la empresa brasileña, comprometidos a revelar todos los actos de corrupción en los que hayan participado o que tengan conocimiento. Entre los interrogados estaban Raymundo Trindade Serra (ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht), Marcos de Queiroz Grillo (ex encargado de generar recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht), Sergio Nogueira Panicalli (ex secretario general del consorcio CONIRSA), Igor Braga Vasconcelos Cruz (ex apoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción) y Luis Da Rocha Soares (ex tesorero internacional de la empresa). Entre las revelaciones más importantes están que las coimas por la Interoceánica del Sur ascendieron a US$ 45 millones (no solo los 20 millones que recibió Toledo); se confirmó que el pago por una conferencia a Alan García fue solo una simulación; se conoció que un empresario peruano, Gonzalo Monteverde, había facilitado sus empresas para ingresar al país el dinero de las coimas; y que Odebrecht financió la campaña electoral de Lourdes Flores en el 2010 a través de Horacio Cánepa.[21]

El interrogatorio a Jorge Barata, con el que se cierra esta etapa de los interrogatorios, estaba programado para realizarse entre el 12 y 14 de marzo. Pero el Equipo de Fiscales de Lava Jato acordó posponerlo para el 22 a 26 de abril. Arguyeron para ello «razones de estrategia», y porque aún no llegaban, a través de la cooperación judicial, las declaraciones que tomaron hace dos semanas en Curitiba a los ex ejecutivos de Odebrecht.[22]

Interpelación al ministro Zeballos[editar]

El 14 de marzo de 2019, el pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que había sido presentada por la tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Yeni Vilcatoma, junto a otro legisladores. Estos consideraron que el gobierno había presuntamente favorecido a la empresa Odebrecht a través de la Ley 30737, lo que estaría reflejado en la firma del acuerdo de colaboración eficaz, al tener la empresa que pagar como reparación civil un monto considerado como ínfimo, así como tener el beneficio de poder seguir participando en concursos públicos con el Estado.[23]

La interpelación se inició el 21 de marzo y se prolongó hasta el día siguiente. El ministro Zevallos respondió a las 21 preguntas que se le plantearon. Remarcó que el Poder Ejecutivo no tenía injerencia en la labor del Ministerio Público y la procuradoría, que son entes autónomos, siendo ellos los que firmaron el acuerdo de colaboración con Odebrecht. Además, la Ley 30737 que respaldaba al acuerdo, fue aprobada por el mismo Congreso, y que todos los poderes del Estado habían tenido participación en la aplicación de la ley para llegar a dicho acuerdo. Finalmente, reclamó más consenso y unidad en la lucha contra la corrupción.[24]​ La percepción de la ciudadanía era que el fujiaprismo buscaba tumbarse el acuerdo de colaboración con Odebrecht, para así lograr la impunidad de sus líderes, seriamente comprometidos con la corrupción. Pues de caerse el acuerdo, ninguna de las delaciones de Barata y otros colaboradores eficaces podrían usarse en los juicios, incluyendo las referidas a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.[cita requerida]

Finalizada la interpelación, ninguna bancada planteó la moción de censura.[cita requerida]

Interrogatorios a Jorge Barata (abril de 2019)[editar]

Durante cuatro días, entre el 23 y 26 de abril de 2019, el Equipo Especial de Lava Jato interrogó a Jorge Barata en Curitiba, Brasil, un interrogatorio que había sido muy esperado por las precisiones o aclaraciones que el ex directivo de Odebrecht debía hacer, especialmente en los casos relacionados a Alan García, quien días antes se había suicidado al conocer la orden de detención preliminar en su contra.

El primer día del interrogatorio fue dedicados a los aportes de las campañas electorales. El segundo, a las carpetas relacionadas con el Metro de Lima, Miguel Atala, Luis Nava y el ex presidente Alejandro Toledo en el caso tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. El tercer día, al Club de la Construcción, la Vía de Evitamiento en el Cusco, depósitos en la Banca de Andorra y el caso arbitrajes, entre otros. El cuarto día, a las carpetas relacionadas con el No a la revocatoria y la reelección de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como los expedientes de la Interoceánica tramo 4, entre otros.[25]

El primer día se produjo un incidente con el ex abogado de Alan García, Erasmo Reyna, quien al finalizar la diligencia se acercó a Barata, para intimidarle a que dijera que García nunca le pidió nada. El hecho, que fue grabado y difundido en los medios de comunicación, fue muy criticado, incluso por el mismo abogado de Barata.[26]

En el balance final, Barata confirmó sus anteriores declaraciones y dio detalles contundentes en casos como el de Alan García, confirmando que este había utilizado como testaferros para recibir las coimas del Metro de Lima y la Interoceánica sur a Luis Nava y a Miguel Atala. Sobre Toledo, dijo que el monto de la coima que recibió por la Interoceánica Sur fue de US$ 31 millones y no US$20 como había dicho antes.

El sistema de pagos de Odebrecht. La Caja 2 o DOE. My Web Day[editar]

Las coimas, sobornos y otros pagos ilícitos de la empresa Odebrecht se hacían a través del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) o Caja 2, que administraba la contabilidad paralela de la compañía. Para su uso se creó un software corporativo, llamado My Web Day B, donde se archivaban todas las transferencias de dinero, el funcionario que autorizaba el pago, el beneficiario con alias y la obra de la que salía el dinero. Su acceso era exclusivo para un diminuto equipo de no menos de cinco personas, a excepción de Marcelo Odebrecht, que recibía informes periódicos. Se estima que el DOE alcanzaba cifras récord de 10 millones de dólares en movimientos en un solo día. Hoy se sabe que por cada dólar que gastaba la empresa en sobornos, recuperaban el triple en utilidades.[27]​ Otro sistema informático usado era el llamado Drousys, que era un sistema de correos electrónicos utilizado por los del DOE para comunicarse con los ‘doleiros’ (traficantes de divisas), testaferros y operadores financieros. La justicia de Brasil estableció que el material proveniente de My Web Day y Drousys solo podrá ser compartido para usos de la investigación fiscal, no para fines políticos.[28]

Los fiscales del Perú aceptaron las condiciones impuestas desde el Brasil y los primeros archivos extraídos de My Web Day llegaron a sus manos: uno referente al caso Cócteles, que involucraba a Keiko Fujimori en la recepción de dinero ilícito para su campaña electoral de 2011;[29]​ y otro referente al pago de 100.000 dólares a favor de Alan García por una conferencia.

Informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso[editar]

La presidenta de la Comisión Lava Jato Rosa Bartra.

El 5 de noviembre de 2018, la Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra, y encargada de investigar los presuntos actos de corrupción del caso Lava Jato (uno de ellos referidos a Odebrecht), presentó su informe final ante el pleno del Congreso. Dos días duró la sustentación y tres fueron de debate. El informe señalaba responsabilidades en tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.[30]​ Pero, pese a las evidencias existentes, exculpaba de responsabilidad a Keiko Fujimori por no haber sido gobierno y a Alan García porque la Comisión Lava Jato pidió informe del caso Alan García a la fiscalia mediante cuatro oficios y no hubo respuesta de esta, por lo que fue apodada como Comisión Lava Keiko o Lava Alan.[31]

El congresista Humberto Morales, de Frente Amplio, presentó un informe en minoría en donde se hallaban responsabilidades en Alan García y Alberto Fujimori, pero fue rechazado por la mayoría. En el debate se produjeron incidentes verbales entre los miembros de la bancada del Apra y de Frente Amplio. No está demás recordar que el informe final es solo de carácter político y no tiene connotación judicial.[32]

Pugnas dentro del Ministerio Público[editar]

Enfrentamientos entre el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry y el Equipo Lava Jato[editar]

Pedro Chávarry, fiscal de la nación implicado en el caso de los CNM Audios.

Desde la juramentación del fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry en julio de 2018, en medio del escándalo de corrupción judicial de CNM Audios, empezaron las pugnas entre el gobierno de Martín Vizcarra y el fiscal de la Nación, e incluso en el seno del mismo Ministerio Público. Uno de los audios vinculaba aparentemente al fiscal Chávarry con la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, pero pese a los pedidos de muchos sectores de la sociedad de que diera un paso al costado, Chávarry se negó a hacerlo. Se conjeturó que el fiscal Chávarry buscaba sabotear el avance del caso Odebrecht, y que por ello empezaron las pugnas con el Equipo Especial del Caso Lava Jato, encabezado por el fiscal Rafael Vela y conformado por José Domingo Pérez, Germán Juárez y Norma Mori. Chávarry cuestionó la labor profesional de dichos fiscales. En particular se dirigió contra el fiscal Pérez, encargado de los casos García, Fuerza Popular-Keiko Fujimori y Kuczysnki. En una ceremonia pública dijo: «Necesitamos fiscales proactivos, trabajadores, que no salgan a los medios sólo para hacerse conocidos con la desgracia ajena».[33]

El fiscal Pérez dio reiteradas declaraciones a la prensa cuestionando la presencia de Chávarry en la cabeza de la Fiscalía. Incluso llegó a hacer un pedido para que se denuncie a Chávarry por presunto encubrimiento en la investigación del Caso Cócteles, para favorecer a Fuerza Popular. A su vez, se abrieron numerosos procesos disciplinarios contra Pérez, que se interpretaron como represalias.[34]​ Por su parte, el fiscal Vela Barba, durante la audiencia de apelación de Keiko Fujimori, llegó a afirmar que su equipo sufría de constante hostigamiento que venía desde dentro del mismo Ministerio Público.[35]

No ratificación de los fiscales Vela y Pérez del Equipo Lava Jato[editar]

José Domingo Pérez, fiscal provincial que investiga el Caso Odebrecht en Perú.
Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato en Perú.

El 31 de diciembre de 2018, a pocas horas de celebrarse el Año Nuevo, el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry anunció que no ratificaría a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez como integrantes del Equipo Especial del Caso Lava Jato. La resolución se oficializó al día siguiente a través del diario El Peruano.[36]​ Las razones dadas para tal decisión fueron las siguientes:[37]

  • Ambos fiscales habían atentado constantemente contra el principio de jerarquía dentro del Ministerio Público, e incluso habían pretendido inmiscuirse en la conducción del organismo. Se mencionó como ejemplo que el fiscal Pérez cuestionara a través de la prensa la elección del fiscal Chávarry.
  • Ambos fiscales habían vulnerado el principio de reserva de la investigación del caso Odebrecht, pues algunos medios informativos, en paralelo con el avance del caso, propalaban información que en principio debía ser reservada
  • Que ante el pedido de Chávarry de ser informado sobre los avances de las investigaciones, ambos fiscales no dieran respuesta o solo la dieran de manera incompleta; el fiscal Vela llegó incluso a calificar como actos de hostilización dichos pedidos.

El presidente Vizcarra, que se hallaba en Brasil para asistir a la toma de mando del presidente Jair Bolsonaro, adelantó su regreso al Perú y cuestionó la decisión de Chávarry de remover de sus cargos a los fiscales Vela y Pérez. Anunció además que tomaría medidas al respecto, aunque respetando la autonomía de poderes. En efecto, se anunció que el Consejo de Ministros se reunió de emergencia para dar un proyecto que declara en emergencia al Ministerio Público, el cual que sería presentado al Congreso para su discusión y aprobación.[38]

El equipo del Caso Lava Jato convocó a una conferencia pública en la que anunció que apelaría la decisión del Chávarry ante la junta de fiscales supremos, aduciendo que las razones expuestas para la remoción de Vela y Pérez eran falsas y que su verdadera intención era sabotear la firma final del acuerdo de colaboración con Odebrecht. De hecho, las diligencias para dicha firma en Brasil, programadas para ese mismo mes de enero, quedaron forzosamente suspendidas.[39]

De otro lado, los fiscales designados como sucesores de Vela y Pérez, Marcial Páucar y Frank Almanza, declinaron de ser parte del equipo Lava Jato, aduciendo que el gobierno había presentado un proyecto de ley para intervenir al Ministerio Público.[40]

Sumado a los cuestionamientos de diversas bancadas, magistrados y la sociedad civil, que organizó una movilización nacional el 3 de enero, Pedro Chávarry finalmente dio marcha atrás en su decisión. Los fiscales Vela y Pérez fueron repuestos en el Equipo Lava Jato.[41]​ Aunque para los analistas la movilización popular fue la que obligó a Chávarry a renunciar, él arguyó que lo hizo al ver que la autonomía del Ministerio Público estaba en peligro y que el mismo desarrollo de la diligencias del caso Lava Jato se veía amenazado, a raíz del proyecto de ley presentado por Vizcarra para declarar en emergencia el Ministerio Público.

Renuncia de Chávarry. El deslacrado de la oficina de su asesor[editar]

El 9 de enero del 2019, Chávarry presentó su renuncia como Fiscal de la Nación, siendo reemplazado por la fiscal suprema, Zoraida Ávalos. Sin embargo, Chávarry continúa siendo fiscal supremo. Tiene seis denuncias constitucionales, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso empezará a revisar a partir del 13 de enero de 2019.[42]

Incluso, Chávarry ha sido involucrado en el deslacrado del despacho de su asesor Juan Duarte y el retiro ilegal de documentos, suceso que ocurrió días antes de que renunciara a su cargo de Fiscal de la Nación. Dicha oficina había sido intervenida y lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, bajo la presunción de que guardaba documentos que comprometían a Keiko Fujimori y otros personajes en lavado de activos (caso Cócteles). Las cámaras de seguridad registraron que en la tarde del sábado 5 de enero de 2019, la asesora de Chávarry, Rosa Venegas, ingresó a la oficina de Duarte y sustrajo tres cajas de documentos, aprovechando que los policías que resguardaban el lugar se hallaban almorzando. A Venegas le acompañaban dos suboficiales de la policía nacional, pertenecientes a la seguridad de Chávarry. Al ser interrogada por la prensa, Venegas sostuvo que esos documentos contenían solo información personal suya y que Chávarry no estaba enterado del hecho. Al ser consultado, Chávarry dijo efectivamente no saber nada del asunto. Pero poco después, el diario El Comercio difundió imágenes de las cámaras de seguridad de la fiscalía que revelaron que en ese mismo día y hora de ocurrido el deslacrado, Chávarry estuvo en su despacho, situado cerca de las oficinas de sus asesores. Las cámaras registraron también la salida de Chávarry del pasadizo donde está su despacho, junto a Venegas y los suboficiales, minutos después de la sustracción de los documentos.[43]

Bajo la presunción de encubrimiento real y otros cargos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó contra Chávarry nueve meses de impedimento de salida del país.[44]

El 7 de enero, Chávarry denunció al juez Concepción y al fiscal Pérez por tres presuntos delitos (abuso de autoridad, prevaricato y violencia contra un funcionario), en relación al pedido y orden de allanamiento de las oficinas de sus asesores. El 31 de enero, la fiscal superior anticorrupción Escarleth Laura Escalante admitió solo la investigación por el delito de abuso de autoridad y dispuso iniciar la investigación preliminar contra Concepción y Pérez por un plazo de 120 días.[45]

Rosa Venegas, que al principio dijo que había actuado por cuenta propia y que solo extrajo documentos personales, luego se rectificó y dijo haber actuado por presión del mismo Chávarry y su equipo de trabajo, que se hallaban desesperados por retirar documentación que les comprometía con Fuerza Popular.[46]

Acciones legales[editar]

Caso Línea 1 del Metro de Lima[editar]

El tren eléctrico, ahora Metro de Lima, fue proyectada durante el primer gobierno de Alan García. Sin embargo, por razones al parecer políticas, gobiernos posteriores no lo continuaron y no fue sino hasta el segundo gobierno de mismo Alan García que fue relanzada, convirtiéndose en la obra emblemática de su gestión. Por un decreto de urgencia se encargó al ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encabezado por Enrique Cornejo, a hacerse cargo de la concesión de la obra; la Municipalidad de Lima simultáneamente acordó firmar un convenio con el MTC para viabilizar la obra. La licitación la ganó la empresa Odebrecht. Se creó Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), presidida por Oswaldo Plasencia, que tuvo una serie de atribuciones en la ejecución del contrato, como prescindir del aval de la Contraloría de la República, del Ositrán e incluso del MTC, así como aprobar de adendas, adicionales de obras y expedientes técnicos. La primera Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por Juan Pari en 2015-2016 encontró irregularidades en el desarrollo de la mega obra.[47]

Cuando se desveló el escándalo Odebrecht en diciembre de 2016, la empresa brasileña confesó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber dado 1.400.000 dólares «a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del comité de licitaciones» del Metro de Lima para ganar la adjudicación. Luego, el 20 de enero del 2017, Odebrecht entregó a la fiscalía peruana información reservada sobre el caso, como parte de un acuerdo preliminar para colaborar con la justicia peruana, en el que reveló que el pago en coimas fue por 8.100.000 dólares (1.400.000 para el tramo 1 y 6.700.000 para el tramo 2). Los implicados eran funcionarios de nivel intermedio, siendo el más importante Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, subordinado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.[47]

El primer arrestado fue Edwin Luyo Barrientos, ex miembro especial del comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, que de acuerdo a la fiscalía recibió 300.000 dólares. Después se detuvo a Miguel Navarro, extrabajador del viceministerio de Comunicaciones, es decir, subordinado de Jorge Cuba. Navarro había sido distinguido en el 2010 con la «Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones» por sus gestiones para que el Metro de Lima se edifique. Admitió su delito el 26 de enero de 2017 y decidió acogerse a la confesión sincera. «Señor juez, yo he aceptado los cargos que se me imputan y estoy muy arrepentido. Me acojo a la confesión sincera. Estoy muy arrepentido y pido perdón al Estado peruano y a la sociedad. Lo siento mucho», dijo. Sin embargo, después se desdijo.[48]

El Poder Judicial también dictó 18 meses de prisión preventiva contra Mariela Huerta Minaya, quien fue la presidenta del comité de licitación del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, la misma que integró Edwin Luyo. Su vivienda fue allanada el martes 24 de enero de 2017, pero según su registro migratorio había dejado el país con rumbo a Panamá el 3 de enero. A ella también se le acusa de recibir sobornos de Odebrecht y está con orden de captura internacional.[48]

Finalmente, se detuvo a Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, y a su pareja Jessica Tejada Guzmán, exvoleibolista peruana, que poco antes habían vuelto al Perú, provenientes de Miami. Cuba fue sindicado de haber recibido dos millones de dólares en coimas. En el caso de Jessica Tejada fue por haber prestado su nombre para una de las cuentas offshore donde se depositó el dinero de la coima.[48]

Actualmente, los tres detenidos, Luyo, Navarro y Cuba siguen en prisión preventiva por 18 meses. Según la fiscalía, Luyo y Navarro habían sido testaferros de Cuba. El expresidente García aprobó que sus exfuncionarios estén en prisión, calificándolos de «ratas que ensucian las grandes obras que necesita el pueblo». Ninguno de ellos se ha acogido a la colaboración eficaz, aunque trascendió que Cuba se había acogido a dicha figura.[47]

Además, se pidió la captura de otros dos exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estarían involucrados en este caso. Se trata de Jesús Munive Taquía y Magdalena Bravo Hinostroza. A diferencia de Cuba y otros integrantes de los comités de licitación del Tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, respecto a Munive y Bravo todavía no se han encontrado cuentas bancarias a sus nombres. El juez Concepción Carhuancho ordenó la captura de ambos personajes, al dictar contra ellos 12 meses de prisión preventiva. Solo se capturó a Munive mientras que Magdalena Bravo sigue prófuga.[49]

El 4 de octubre de 2018, la fiscalía peruana interrogó al brasileño Carlos Nostre, exdirectivo de contratos de Odebrecht y encargado del Metro de Lima entre 2008 y 2015. Nostre reveló que el pago total de coimas por dicha obra (tramos 1 y 2 de la Línea 1) fue de 24 millones de dólares, y que de ese monto, unos 11 millones fueron a parar a las cuentas de exfuncionarios como el viceministro Jorge Cuba, Santiago Chau, Edwin Luyo y Juan Carlos Cevallos. Cuando se le inquirió sobre el destino de los 13 millones restantes, Nostre dijo que solo Jorge Barata era el que podía dar razón de ello. En el Perú se especuló que ese dinero restante debió haber ido a los funcionarios de mayor nivel, quienes estaban más arriba del viceministro Cuba, y esos solo podrían ser el ministro Cornejo y el presidente García.[50]

Fuente importante para conocer la ruta del dinero de las coimas de Odebrecht en el caso del Metro de Lima ha sido el desvelamiento del secreto bancario de la Banca Privada d'Andorra (BPA), un paraíso fiscal por donde pasaron el dinero de Jorge Cuba y los demás implicados. En enero de 2019, a pedido del fiscal Pérez, la jueza de Andorra Azahara Cascales Ruiz ordenó el congelamiento y la incautación de US$ 1.304.703 que aún mantenían Edwin Luyo y Santiago Chau Novoa en el BPA.[51]

Un vuelco importante en este caso ocurrió en abril del 2019, cuando el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación a Luis Nava Guibert (ex secretario de la presidencia de Alan García y ex ministro de la Producción) y su hijo José Antonio Nava Mendiola (gerente de transportes "Don Reyna"), por supuestamente recibir de Odebrecht US$ 4.5 millones y casi medio millón, respectivamente, a cuenta del Metro de Lima; también se incluyó a Miguel Atala (exvicepresidente de Petroperú) por recibir de Odebrecht US$ 1.3 millones en su cuenta de Andorra, y a su hijo Samir Atala Nemi, a cuya cuenta se transfirió parte del dinero. Según la tesis de la fiscalía, todo esos dineros estarían en realidad destinados al ex presidente Alan Garcia.[52]

El 16 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por diez días de Alan García, junto con otras ocho personas: Miguel Atala y su hijo Samir Atala; Luis Nava y su hijo José Antonio Nava; Enrique Cornejo (ex ministro de Transportes y Comunicaciones); Oswaldo Plascencia (ex jefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico); Jorge Luis Menacho Pérez (ex secretario del MTC); y Raúl Antonio Torres Trujillo (ex director Ejecutivo de Provías del MTC). Todos ellos fueron sindicados de haber realizado labores de captación de dineros ilícitos integrando una organización criminal, cuya cabeza era el presidente García.[53]​ El expresidente prefirió suicidarse antes que entregarse a la justicia; Cornejo se entregó voluntariamente, y los restantes fueron capturados, a excepción de José Nava Mendiola, que se hallaba en los Estados Unidos.

La Fiscalía anunció que pediría prisión preventiva por 36 meses para todos los detenidos. El juez aceptó dicho pedido para Luis Nava, que fue trasladado al penal Castro Castro (30 de abril de 2019). Mientras que Miguel Atala, Samir Atala y José Nava Mendiola se acogieron a la confesión sincera, con lo que modificaron su situación legal. Miguel Atala quedó bajo detención domiciliaria, mientras que su hijo Samir Atala fue liberado, dándosele comparecencia restringida. Mientras que a José Nava se le anuló la orden de captura y quedó también bajo comparecencia restringida. Miguel Atala confesó que el dinero de su cuenta de Andorra era para el expresidente García, y José Antonio Nava confesó que fue su padre quien recibió dinero del mismo Barata.[54]​ Sin embargo el juez rechazó el pedido de detención preventiva para Cornejo, Plascencia, Menacho y Torres, aduciendo que la Fiscalía no había sustentado debidamente el pedido. Todos ellos quedaron bajo comparecencia restringida (4 de mayo de 2019).[55]

Caso Cuentas de Andorra[editar]

Revelaciones del diario El País[editar]

Fuente importante para conocer la ruta del dinero de las coimas de Odebrecht ha sido el desvelamiento del secreto bancario de la Banca Privada d'Andorra (BPA), un paraíso fiscal por donde pasaron el dinero de Jorge Cuba y los demás implicados en el caso del Metro de Lima, así como de otros muchos involucrados en el escándalo Odebrecht en el mundo. Ello fue dado a conocer por el diario El País, de España. En la documentación a la que accedió dicho medio informativo, se revelaba que la constructora brasileña depositó al ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, US$ 900.000 (luego se supo que fueron US$ 1.312.000). También aparecía el árbitro de la Cámara de Comercio de Lima Horacio Cánepa, que habría recibido de Odebrecht (luego se supo que fueron US$ 1.442.000). En el mencionado documento se lee también «Relton Holding SA Perú. Gabriel Parado Ramos (Perú)». Algunos consideraron que se trataría de Gabriel Prado, ex funcionario de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán. Otros US$ 250 mil habrían sido entregados para Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa Alpha Consult. Y US$ 4,5 millones fueron destinados a Enrique Muñoz Cuba a través de la sociedad Hispamar Investments Perú. Este último cumple 18 meses de prisión preventiva por el Caso Odebrecht al descubrir que habría recibido una parte de la coima que era para Jorge Cuba.

Conocidos así los nuevos personajes involucrados en el caso Odebrecht, el Equipo de fiscales de Lava Jato abrió una investigación preliminar contra ellos.

Se calcula en 15 millones de dólares los montos que depositó Odebrecht en las cuentas de ciudadanos peruanos en Andorra, presuntamente como pago de coimas.[56]

Caso Miguel Atala[editar]

Las indagaciones más minuciosas determinaron que la constructora Odebrecht, a través de una empresa offshore, depositó en la cuenta de Miguel Atala (exvicepresidente de Petroperú del segundo alanismo, de 2008 a 2011), la suma de 1.312.000 dólares, en cinco abonos ocurridos entre noviembre de 2007 y enero de 2008. Atala dijo que era el producto de la venta de un terreno de su propiedad que hizo en 2007 a la misma empresa Odebrecht para la obra de la Línea 1 del Metro de Lima.[57]​ Sin embargo, una investigación periodística demostró que ese terreno había pertenecido al Estado y que nunca hubo una transacción como la descrita por Atala. Se sabe también que Atala intentó depositar en el mismo banco unos 10 millones de dólares, aduciendo que provenían de negocios empresariales personales. La fiscalía sospechaba que Atala en realidad era el testaferro de otro implicado de mayor nivel.[58]

Atala fue sometido a investigación por la fiscalía y se le dio impedimento de salida del país. A fines de 2018, el fiscal coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba dispuso que el caso del Metro de Lima y las cuentas de Andorra se acumularan en un solo expediente y ordenó que este pasara a manos del fiscal José Domingo Pérez.[59]

En enero de 2019, el equipo de fiscales del caso Lava Jato viajó a Andorra para recabar más información ante la fiscalía de dicho Principado, sobre el pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno de García a través de la BPA. El exgerente de dicho banco, Frances Pérez Giménez, confirmó que gestionó personalmente la apertura de una cuenta en la BPA para que Atala recibiera fondos de Odebrecht, ya que esta empresa lo consideraba como un «socio estratégico».[60]

El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, ex tesorero internacional de dicha empresa, confirmó que Atala recibió de Odebrecht US$1.312.000, que fueron depositados en la banca de Andorra. Al preguntársele sobre la razón invocada por Atala, de que era el pago de un supuesto contrato de venta de terreno, Rocha negó la existencia de ese contrato, aseverando que las cuentas de Andorra tenían como finalidad exclusiva el pago de coimas, que ciertamente se ocultaban bajo contratos ficticios.[61]

El 2 de marzo de 2019, la Fiscalía allanó los domicilios de Miguel Atala y su hijo Samir Atala; a este último se le dictó también impedimento de salida del país, al descubrirse que su padre le había traspasado una de sus cuentas en la que recepcionó las supuestas coimas.[62]

En abril del 2019, se reveló que Miguel Atala sería testaferro del ex secretario y ex ministro del segundo gobierno de Alan Garcia, Luis Nava Guibert, a quien habría girado el dinero de la cuenta de Andorra. Ese dinero, que era fruto de las coimas cobradas a Odebrecht, en realidad estaría destinado a Alan García. Es decir, tanto Atala como Nava serían los testaferros del expresidente. El 16 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Alan García, junto con Nava, Atala y otros implicados. El expresidente prefirió suicidarse antes que entregarse a la justicia. Luego, Atala se acogió a la confesión sincera y reveló que, efectivamente, el US$1.3 millón de su cuenta de Andorra era de Alan García, a quien le fue entregando el dinero en varias armadas entre el 2010 y el 2018. Actualmente, Atala está con detención domiciliaria por 36 meses; su hijo Samir está en la misma situación, al haberse también acogido a la confesión sincera.

Caso Horacio Cánepa[editar]

La fiscalía inició también una investigación preliminar contra el ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, Horacio Cánepa Torre, que según las revelaciones del diario El País, habría recibido de Odebrecht US$ 1.442.000, que fueron depositados en una de las cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. En el 2014, Cánepa transfirió US$ 532.215 de ese dinero al Bank of America en Chicago. El monto restante está bloqueado en Andorra. Cánepa fue diputado del PPC en 1990-1992, y muy cercano a Lourdes Flores Nano, lideresa de dicho partido (a la que después acusó de recibir dinero de Odebrecht para financiar sus campañas electorales). En su oficio de árbitro, se sabe que dio 17 laudos favorables a Odebrecht en procesos contra el Estado. La tesis de la fiscalía es que los montos depositados en Andorra a su nombre constituyen las coimas que recibió de Odebrecht.[63]

Cánepa tiene orden de impedimento de salida del país. Su caso fue el punto de partida para que la fiscalía empiece a investigar a otros árbitros que habrían favorecido igualmente a Odebrecht en perjuicio del Estado (ver más adelante «Caso Árbitros que favorecieron a Odebrecht»).

El 21 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, ex tesorero internacional de dicha empresa, reveló que la constructora entregó más de US$ 3 millones al árbitro Horacio Cánepa a cambio de que sus laudos favorezcan a Odebrecht en procesos arbitrales contra el Estado peruano.[64]

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que Odebrecht le pagaba doble sueldo y un bono a Horacio Cánepa, para que este les favoreciera en los arbitrajes con el Estado. Cánepa recibía un sueldo como asesor, otro como árbitro y el 1% de lo que la constructora ganara del arbitraje a su favor.[65]​ Barata indicó también que Cánepa influyó en otros árbitros para que fallen a favor de la constructora.[66]

Caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular[editar]

El Caso Cócteles[editar]

Ya desde dos años antes del estallido del escándalo Odebrecht, el partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, se hallaba en investigación por el tema del financiamiento de su campaña electoral previa a las elecciones del 2011, cuando participó con el nombre de Fuerza 2011. Una parte del millonario financiamiento de dicha campaña había sido sustentado ante la ONPE con supuestos aportes voluntarios de numerosos simpatizantes, a través de la realización de cócteles y rifas.[67]

En octubre de 2015, un estudiante de Derecho, David Apaza Enríquez, al constatar que las cuentas entregadas por Fuerza Popular a la ONPE no cuadraban, presentó ante la Fiscalía la primera denuncia contra dicho partido, bajo la tesis de que el financiamiento de la campaña electoral del 2011 se había hecho en realidad con dinero ilícito («aportes fantasmas») y por lo tanto se trataría de un caso de lavado de activos. La Fiscalía abrió investigación el 2 de noviembre de 2015. Fue el inicio del llamado Caso Cócteles.[59]

Surgieron otras denuncias contra Fuerza Popular, todas bajo la presunción de lavado de activos. También surgieron denuncias contra la misma Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella, tras revelarse que este último había hecho una compra de terrenos en Chilca por 617 329 dólares. En marzo de 2016, el fiscal Germán Juárez Atoche abrió una investigación preliminar a Keiko Fujimori y a su esposo.[59]

El revelación del caso Odebrecht dio más pistas a la investigación por lavado de activos. El colaborador eficaz Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, reveló que sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori durante la campaña electoral del 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirmó que entregó dinero a los principales candidatos presidenciales del 2011, entre ellos a la candidata fujimorista. Más tarde, la situación de Keiko se complicó cuando se reveló que en la agenda de Odebrecht había una nota con el nombre de la ex candidata presidencial junto a un monto (el texto decía: «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita»). Se dijo que la cifra aludía a quinientos mil dólares y que era un aporte para su campaña electoral de 2011.[68]

En septiembre de 2017 el fiscal de la Nación Pablo Sánchez ordenó que un solo fiscal titular se encargara de investigar todas las denuncias aparecidas contra Keiko Fujimori y su partido, que quedaron bajo la competencia del subsistema especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. El fiscal designado fue José Domingo Pérez, que en octubre del mismo año adecuó la investigación a la Ley de Crimen Organizado y amplió a 36 meses el plazo para la investigación.[67]

En noviembre de 2017, los fiscales peruanos viajaron a Brasil, donde escucharon el testimonio de Marcelo Odebrecht de haber entregado dinero para la campaña de Keiko Fujimori, aunque señalando que Barata era el único que podía confirmar el monto exacto. También reveló que las iniciales AG que aparecen en su agenda se referían al expresidente Alan García, quien estaba muy interesado que Odebrecht ganara la licitación del gaseoducto del Sur Peruano, entre otras obras.[69]

Por entonces, el fujimorismo, a través de su congresista Daniel Salaverry, planteó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, por supuestamente no haber iniciado las investigaciones contra varias empresas peruanas socias de Odebrecht, lo que, a su ver, contrastaba con el proceso abierto contra Keiko. Lo cual fue interpretado como una represalia del fujimorismo por la investigación contra su lideresa y como un intento de coaccionar a la fiscalía violentando su autonomía.[70]

El 7 de diciembre de 2017, el Poder Judicial autorizó el allanamiento y registro domiciliario de dos locales de Fuerza Popular, uno ubicado en Cercado de Lima y otro en Surco. Ello, debido a indicios que apuntaban a que el partido fujimorista tenía doble contabilidad o contabilidad paralela para ocultar los aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori.[71]​ Los voceros de Fuerza Popular acusaron al fiscal Pablo Sánchez de estar tras el allanamiento, que habría sido en represalia por la denuncia constitucional entablada contra su persona.[72]

Según diversos analistas, todo ello impulsó al fujimorismo a intentar tumbar la institucionalidad del país, con el fin de blindar a su lideresa Keiko. Por ello, habría promovido desde el Congreso el proceso de vacancia presidencial contra PPK, quien, no obstante, pudo superarla, gracias a una facción del fujimorismo, encabezada por Kenji Fujimori (los llamados avengers), que se abstuvo a votar a favor de la misma. Ello ocurrió a fines de diciembre de 2017. En marzo de 2018 se promovió un segundo proceso de vacancia, pero antes de que se procediera a la votación en el Congreso, el presidente Kuczynski renunció tras revelarse los llamados kenjivideos.

El 28 de febrero de 2018, Barata reveló al equipo de la fiscalía peruana haber dado aporte de un millón doscientos mil dólares a favor de la campaña electoral de Keiko en el 2011, y que los intermediarios de esa entrega habían sido Jaime Yoshiyama Tanaka (entonces secretario general y jefe de campaña de Fuerza 2011), Augusto Bedoya Cámere (ex ministro fujimorista) y Ricardo Briceño (entonces presidente de la CONFIEP).[73]​ Más específicamente, se le habría dado 500 mil a Yoshiyama y Bedoya durante la campaña de la primera vuelta, y otros 500 mil en la campaña de la segunda vuelta. Los 200 mil restantes se habrían entregado a raíz de una reunión de empresarios convocada por Briceño, gremio que se orientaba por la candidatura fujimorista, temeroso de que ganara la presidencia el nacionalista Humala. Luego de esa revelación, la fiscalía de lavado de activos allanó las casas de Yoshiyama y Bedoya, e ingreso a la sede de la CONFIEP donde incautaron documentos.[74]

En septiembre de 2018, el diario El Comercio de Lima dio cuenta de correos electrónicos encriptados que intercambiaron Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, y Luiz Antonio Mameri, ex líder empresarial de la constructora para América Latina y Angola, los cuales confirmarían los aportes de dinero ilegal a las campañas electorales de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en 2011.[75]

Detención preliminar de Keiko Fujimori[editar]

El 10 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar por diez días de Keiko Fujimori, junto a otras 19 personas (entre ellas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya), en el marco de las investigaciones por lavado de activos presuntamente ocurrido en la campaña electoral del 2011. Se justificó esta detención, aduciendo que había un grave de peligro de fuga de parte de Keiko Fujimori, sindicada de haber constituido una organización criminal en el interior de su partido Fuerza Popular (y no que este partido sea una organización criminal, como algunos interpretaron).[76]​ Meses atrás, se había revelado una grabación del caso CNM Audios, donde se escuchaba al juez supremo César Hinostroza coordinando con un tercero no identificado sobre una reunión con una «señora K… la fuerza número 1». Para algunos se trataría de una alusión a Keiko y Fuerza Popular, que presuntamente habría estado buscando obtener favores en el proceso que se le seguía sobre lavado de activos.[77]​ También se ordenó la detención preliminar de los asesores de Fuerza Popular, Ana Herz de Vega y Pier Figari Mendoza, orden que se cumplió mientras estos asistían a una marcha en favor de Keiko. Otros asesores personales de la lideresa fueron también detenidos y allanados sus domicilios.

Keiko Fujimori y los demás detenidos apelaron ante la Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial, que luego de oír los argumentos de las partes, anuló la detención preliminar, aduciendo que no había sido sustentada debidamente.[78]

Prisión preventiva de Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular[editar]

Sin embargo, a los pocos días, el fiscal Pérez formalizó la investigación preparatoria y solicitó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras once personas involucradas por presunto lavado de activos (Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama Sasaki, Vicente Silva Checa, Augusto Bedoya, Ana Herz, Pier Figari, Luis Mejia Lecca, Giancarlo Bertini Vivanco, Carmela Paucará y Adriana Tarazona), petición que fue evaluada por el mismo Concepción Carhuancho. Las audiencias se iniciaron el 19 de octubre. Keiko solicitó la recusación de este juez, acusándolo de falta de imparcialidad, pero el mismo juez le denegó el pedido.[79]​ El fiscal José Domingo Pérez dio una serie de argumentos para sustentar que en el seno de Fuerza Popular se había constituido una organización criminal.[80]

En cuanto a la necesidad de aplicar la prisión preventiva, el fiscal argumentó la existencia del peligro de obstaculización al trabajo judicial de parte de la procesada, aprovechando su posición de líder política. Al respecto, mencionó como prueba una serie de chats de conversaciones privadas (llamada La Botica) donde se lee a miembros de la bancada fujimorista del Congreso ponerse de acuerdo para desprestigiar al fiscal. Se sabe que dicho material fue proporcionado por uno de los testigos protegidos de la fiscalía, el congresista de Fuerza Popular, Rolando Reátegui. También el fiscal mencionó las maniobras de Keiko para dilatar el proceso y su interferencia en el sistema de justicia para obtener favores; sobre esto último, uno de los testigos protegidos corroboró que la Señora K mencionada en uno de los CNM Audios era la misma Keiko, que buscaba obtener favores del juez Hinostroza en el Caso Cócteles.[81]​ Otro sustento para la prisión preventiva fue el hallazgo en casa de Vicente Silva Checa, asesor de Keiko Fujimori y antiguo montesinista, de documentos relacionados con la Comisión Lava Jato del Congreso, así como apuntes de la estrategia legal de Fuerza Popular, indicios de que había un propósito desde la alta dirigencia de dicho partido para obstaculizar el desarrollo del proceso.[82]

Luego de revisar el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el juez Concepción Carhuancho empezó a revisar el de las otras diez personas del entorno de Keiko. Se esperaba que diera su veredicto final al finalizar todas ellas, pero el 31 de octubre de 2018, cuando solo había evaluado la situación jurídica de cinco de ellas (Ana Herz, Pier Figari, Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama, además de Keiko), decidió sorpresivamente dar su veredicto con respecto a Keiko Fujimori. Tras aceptar la tesis fiscal que le imputaba ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido que lavó un millón de dólares entregados por Odebrecht en el 2011, y considerando que existía un riesgo de que obstaculizara el proceso, el juez dictó 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori.[83]​ Keiko Fujimori fue recluida en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

En los días siguientes el juez Concepción Carhuancho continuó evaluando la situación jurídica del resto de los implicados, contra los cuales ordenó también la prisión preventiva por 36 meses, por presunto lavado de activos. Entre ellos: Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz, a quienes un testigo protegido de la fiscalía sindicó como las personas que, junto con Keiko Fujimori, eran las que tomaban las más importantes decisiones del partido, los que los convertía en presuntos cabecillas de la organización criminal.[84]​ También sufrieron similar fallo Luis Mejia Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.

Un vuelco importante ocurrió cuando Jorge Yoshiyama Sasaki, otro de los 11 imputados, confesó que su tío Jaime Yoshiyama le había entregado 100 000 dólares para la campaña de Keiko Fujimori del 2011, con el encargo de buscar aportantes falsos para justificar su origen (modalidad del “pitufeo” o fraccionamiento del dinero). Dijo también que ignoraba que se trataba de dinero de Odebrecht. Hasta entonces, todos los imputados habían negado la existencia del “pitufeo”; con la confesión de Jorge Yoshiyama, la defensa se vio obligada a replantear su estrategia. Por haber aceptado los cargos en su contra y colaborado con la investigación, a Jorge Yoshiyama le dieron solo comparecencia restringida.[85]

En cuanto a Jaime Yoshiyama, que se hallaba en Miami por un tratamiento médico ocular, se le dictó 36 meses de prisión preventiva y se dispuso activar su captura internacional a través de la Interpol. Aunque Yoshiyama había dicho que regresaría a Lima para asistir a las diligencias judiciales, no lo hizo, e incluso hizo una revelación que para muchos resultó increíble: que el aportante de la campaña fujimorista del 2011 fue en realidad Juan Rassmuss Echecopar, un empresario minero nacido en Perú pero afincado en Chile y que había fallecido en 2016. Según la versión de Yoshiyama, Rassmuss había aportado más de un millón de dólares, tanto en la campaña de 2011 como en la de 2016, supuestamente porque deseaba que se mantuviera el modelo económico en el Perú. Pero al no haber manera de corroborar lo dicho por Yoshiyama, muchos lo consideraron como una versión muy conveniente, al aludir a una persona ya fallecida que no podía confirmarla o desmentirla.[86]​ Jaime Yoshiyama regresó a Lima el 11 de marzo de 2019, siendo detenido y llevado al día siguiente al penal Castro Castro, para cumplir los 36 meses de prisión preventiva que le había impuesto el juez Concepción.[87]​ En ese penal están también el asesor Pier Figari y el extesorero, Luis Mejía Lecca.

Los otros inculpados en el caso Cócteles tuvieron diversos fallos. A Carmela Paucará y Augusto Bedoya se les dio impedimento de salida del país por 18 meses; y a Adriana Tarazona se le dio arresto domiciliario.

Keiko Fujimori apeló para que le revocaran la prisión preventiva y poder así continuar su proceso en libertad, pero la Sala de Apelaciones le denegó su pedido, basándose en el argumento de que existía un riesgo de que obstaculizara la justicia mientras estuviera en libertad. La sala desestimó sin embargo otros argumentos presentados por la fiscalía, como el peligro de fuga (5 de enero de 2019).[88]​ En cambio, Vicente Silva Checa y Ana Herz de Vega ganaron la apelación y fueron puestos en libertad.

Otras acciones judiciales[editar]

Al existir muchos testigos protegidos que admitían que las decenas de supuestas donaciones de dinero para la campaña electoral de Keiko eran fraudulentas, el fiscal Pérez amplió la investigación y citó a 500 personas, para que respondieran si en realidad habían sido aportantes reales. Entre ellas estaban José Chlimper Ackerman, ex secretario de Fuerza Popular, y diversos empresarios (24 de noviembre de 2018).[89]

El fiscal José Domingo Pérez solicitó también comparecencia con restricciones para seis investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública de justicia, en la modalidad de obstrucción de la justicia. Entre ellos se encuentra la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, sindicada como coordinadora de un staff de abogados involucrada en dicho acto delictivo. Esto, tras el testimonio de testigos protegidos afirmando que los abogados mediante amenazas impidieron que personas que aparecían como aportantes a la campaña de Keiko Fujimori del 2011 presten testimonio negando haber hecho esos aportes.[90]

Asimismo, el Poder Judicial dicto medidas de impedimento de salida del país para el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, por la adquisición inmobiliaria de terrenos con presunto dinero ilícito, que provendrían de los aportes a la campaña electoral de Fuerza 2011.

Recusación al juez Richard Concepción Carhuancho[editar]

El abogado de Jaime Yoshiyama presentó una recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a raíz de unas declaraciones que este dio a un medio informativo luego de la remoción de los fiscales Vela y Pérez del Equipo Lava Jato, por parte del fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Según el abogado, dichas declaraciones demostraban la falta de imparcialidad del juez en el caso Cócteles. En la primera de esas declaraciones, Concepción dijo que, si bien es juez, también es ciudadano, y que por eso la decisión de Chávarry le generaba indignación. En la segunda, dijo que la salida de Vela y Pérez «no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público».[91]​ La Sala de apelaciones, presidida por César Sahuanay, le dio la razón a Yoshiyama y apartó a Concepción Carhuancho del caso Cócteles, al considerar que el juez adelantaba opinión contra una de las partes (15 de enero de 2019).[92]​ En su reemplazo se nombró a la juez Elizabeth Arias Quispe.[93]​ Esta decisión judicial provocó mucha polémica; el mismo presidente Vizcarra dijo estar «totalmente en desacuerdo» con la recusación del juez Concepción.[94]​ Por su parte, la abogada de Keiko Fujimori pidió la inhibición de la nueva jueza en el caso Cócteles, ya que anteriormente su estudio había patrocinado a la magistrada en un caso ya concluido.[95]​ La jueza Arias rechazó el argumento planteado por Giuliana Loza para su inhibición, pues consideró que el patrocinio aludido había sido corto, breve y puntual. Sin embargo, pocas horas después, aceptó inhibirse, arguyendo otro motivo: dijo que tenía una antigua amistad con el abogado de Jorge Yoshiyama, el mismo que se había convertido en colaborador del Caso Cócteles (15 de febrero de 2019).[96]​ Se procedió entonces a elegir a otro juez a través del sistema aleatorio (por sorteo), resultando elegido el juez Víctor Zúñiga (14 de marzo de 2019).[97]

Denuncia a la empresa Telefónica del Perú por supuestamente negarse a dar información[editar]

El 20 de enero de 2019, el programa televisivo Punto Final reveló el testimonio de Silvana Castagnola, analista de Telefónica del Perú, quien detalló cómo esta empresa la había obligado a borrar y a negar la existencia de información de llamadas solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, relacionada con la investigación de Keiko Fujimori en el caso Cócteles. La justificación de la empresa fue que según la ley, solo había la obligación de conservar esa información por tres años, y que el pedido del fiscal sobrepasaba ese límite. Sin embargo, Castagnola dijo que había comprobado que la empresa aún guardaba esa información, no obstante lo cual se negaba a colaborar con la fiscalía. Al día siguiente el fiscal José Domingo Pérez hizo una diligencia en el edificio central de Telefónica, para recabar la documentación necesaria.[98]

Caso Alejandro Toledo o Interocéanica Sur[editar]

La Carretera Interoceánica en el sur peruano, construida por La Empresa Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Toledo huye de la justicia[editar]

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, haciendo lugar a la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, entonces cabeza del equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú. Toledo fue acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.[48]

Hay que señalar que ya desde años antes, Toledo y su esposa Eliane Karp tenían abierto un proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta offshore que estaba a nombre de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, en la que estaban depositados millones de dólares que se usaron para adquirir inmuebles en el Perú (una casa en Las Casuarinas valorado en $ 3.800.000 y el Edificio Omega de Surco de $ 882.000), así como para pagar las hipotecas de dos casas de Toledo (en Camacho y Punta Sal). Al no poder sustentar el origen de esos fondos, la fiscalía de lavado de activos abrió la investigación que lo llevó a rastrear que el dinero fue traspasado desde una cuenta de la compañía Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo cercano de Toledo, por lo que el expresidente quedaba así seriamente involucrado. El caso Ecoteva se destapó en el 2013; luego, en el 2016 sobrevino las revelaciones de Barata sobre la coima de los 20 millones cobradas por Toledo a Odebrecht, con lo que la investigación de Ecoteva tomó una nueva perspectiva. La tesis de la fiscalía es que el dinero de Ecoteva es producto de la coima cobrada por Toledo a Odebrecht u otras empresas como Camargo y Correa, y que sirvieron de testaferros Maiman y Fernenbug. El caso Ecoteva estaría así enlazado con el caso Odebrecht, e incluso hubo un pedido para fusionar ambos casos. De hecho, de los 20 millones señalados como la coima de Odebrecht a favor de Toledo, la fiscalía ha rastreado depósitos por más de 11 millones en las cuentas de Maiman, en el Citibank y en el Barclays Bank PLC de Londres.[99]

Alejandro Toledo, que al momento de la orden de su detención estaba en paradero desconocido, a través de su abogado Heriberto Benítez reclamó la comparecencia restringida como condición para entregarse, lo que se le negó. La justicia peruana lo declaró prófugo e incluso el gobierno ofreció cien mil dólares de recompensa para quien informara de su paradero. Conocida su ubicación en los Estados Unidos, se le abrió un cuadernillo de extradición. Para sustentar este pedido ante las autoridades estadounidenses, el Ministerio Público hizo un informe detallado sobre las diversas medidas que Toledo habría dado a favor de la empresa brasileña y que lograron dificultar la intervención y competencia de otras empresas. Entre estos actos, estarían la emisión de resoluciones y decretos relacionados con el proyecto de la Carretera Interoceánica, exoneración del SNIP y reducción de exigencias normativas.[100]

Pedido de extradición de Toledo[editar]

El 15 de marzo de 2018, la Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición, siendo luego aprobado por el Poder Ejecutivo, que publicó la resolución suprema respectiva el 21 de marzo.[101]​ Luego se procedió a traducir el cuaderno de extradición al inglés. Tras algún tiempo de espera, la Fiscalía envió el expediente a la Cancillería, que lo remitió a la vez al Departamento de Estado de Estados Unidos en mayo del 2018. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses solicitaron información complementaria que fue respondida por la Fiscalía de la Nación en julio del mismo año.[102]

Asimismo, en febrero de 2018, Barata declaró haber aportado setecientos mil dólares para la campaña electoral de Toledo del 2001,[8]​ y que el intermediario para la entrega fue Avraham 'Avi' Dan On, el jefe de seguridad del expresidente y su hombre de confianza (involucrado también en el caso Ecoteva, igualmente como supuesto intermediario en la recepción de los dineros[103]​).

Hubo críticas por la demora en el proceso de extradición de exmandatario, pero al estar ya la solicitud hecha ante la justicia estadounidense, en esa instancia lo común es que pueda tardar entre tres y siete años antes de resolverse, teniendo en cuenta las apelaciones que pueda hacer el inculpado. La cancillería peruana anunció que contrataría un abogado en Estados Unidos que acompañe el proceso de extradición.

De otro lado, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez viajaron a Tel Aviv (Israel) y firmaron un acuerdo de colaboración eficaz con Josef Maiman (29 de marzo de 2019). Tres fueron los casos incluidos en el acuerdo: Ecoteva, los sobornos que habría realizado Camargo Correa al ex presidente Alejandro Toledo y las coimas que por la carretera Interoceánica fueron reconocidas por Odebrecht.[104]

Interrogatorio a Barata confirma entrega de sobornos a Toledo[editar]

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, el ex gerente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó sus anteriores declaraciones sobre los pagos a Toledo por la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, e incluso dio más detalles sorprendentes. Quedó determinado que el expresidente recibió en total US$31 millones, y no US$20 millones como se dijo en un principio. Que ese pago empezó en el gobierno de Toledo, y se prorrogó hasta el 2010, es decir, cuando ya Toledo no era presidente. Que Toledo era muy exigente con el pago y más de una vez llamó telefónicamente a Barata para reclamarle de manera soez. También se reveló que en el 2011, Odebrecht aportó nuevamente en la campaña electoral de Toledo, esta vez por US$700 mil.[65]​ Incluso, según Barata, Toledo le pidió que intercediera a su favor ante el consorcio Intersur, encargado del tramo 4 de la Interoceánica Sur, ya que dicho consorcio (integrado por empresas brasileñas) no le pagaba las coimas pactadas.[105]

Los sobornos al jefe de la OSITRAN Juan Carlos Zevallos[editar]

En ese mismo interrogatorio de abril de 2019, Jorge Barata dijo haber entregado US$750 mil al exjefe de la OSITRAN Juan Carlos Zevallos para que agilizara la entrega de Certificado de Avances de Obras (CAOs), que permitieran los adelantos de pagos por las obras que construía Odebrecht (tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur). En total, Zevallos emitió 18 certificados a favor de Odebrecht entre los años 2007 y 2009. Barata dijo que el codinome asignado a Zevallos en el sistema informático de las Operaciones estructuradas (Caja 2) era Almohadita, en alusión a su sobrepeso. Zevallos está con detención preventiva desde marzo de 2017, al haberle detectado la fiscalía un desbalance patrimonial de más de S/500 mil.[106]

Caso Empresas consorciadas con Odebrecht[editar]

Logo de la empresa Graña y Montero.
Reunión de la CONFIEP con los socios de Odebrecht y Graña y Montero.

El 4 de diciembre de 2017 el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva por 18 meses para los ejecutivos de las empresas socias de Odebrecht (consorcio CONIRSA) en la concesión de las obras de la Carretera Interoceánica Sur, involucrados en el pago de una coima al presidente Alejandro Toledo. Los afectados fueron José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero; Hernando Alejandro Graña Acuña, ex director de Graña y Montero; Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales; y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA, por el delito de lavado de activos y colusión. En el caso de Gonzalo Ferraro Rey, ex gerente de Infraestructura de Graña y Montero, que se hallaba internado en una clínica, se decidió su arresto domiciliario.[107]

Sin embargo, el 19 de enero de 2018, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional revocó la prisión preventiva para Fernando Martín Gonzalo Camet y José Fernando Castillo Dibós, y se anuló el arresto domiciliario a Gonzalo Ferraro Rey, quien lo cumplía desde una clínica. En cuanto a José Graña y Hernando Graña, quedó pendiente la revocación.[108]

El 28 de marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden de prisión preventiva contra Hernando Graña, quien pasó a afrontar el proceso con comparecencia simple.[109]​ Posteriormente, el 2 de abril, mientras juramentaba el primer gabinete del presidente Vizcarra, se hizo lo mismo a favor de José Graña, de modo que actualmente no hay ningún directivo de las empresas consorciadas que estén en prisión preventiva.[110]

El 19 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Sergio Nogueira Panicalli, ex secretario general del consorcio CONIRSA, declaró que se pagaron US$ 45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Nogueira detalló que Odebrecht pagó el 70% del soborno, mientras que el 30% restante fue cubierto por las empresas peruanas socias: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA.[111]

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata reafirmó que los principales ejecutivos de las constructoras peruanas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas Generales e ICCGSA tenían conocimiento de los pagos de sobornos por la Interocéanica Sur y el Metro de Lima, aunque sin conocer los detalles. Según Barata, los directivos de dichas constructoras aceptaron poner su parte en los sobornos.[65]

Según una versión periodística, Barata habría dicho que Graña y Montero pagó US$3 millones en sobornos por el Metro de Lima.[112]​ Sin embargo, la constructora rechazó esa versión, aduciendo que lo que realmente dijo Barata fue que solicitó el reembolso de lo que habían pagado e incrementó en US$3 millones lo que supuestamente le correspondía a Odebrecht. Y que, en todo caso, esperaría las transcripciones del interrogatorio para aclarar los hechos.[113]

Caso Alan García[editar]

Odebrecht financió el Cristo del Pacífico debido a que tuvo a su cargo una gran cantidad de proyectos durante el Segundo gobierno de Alan García Pérez.

Inicio de la investigación[editar]

En marzo de 2017 el entonces fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Ello en referencia al Caso del Metro de Lima, en el que presuntamente, desde su alta investidura de presidente de la República, García habría favorecido a la empresa Odebrecht en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, mediante decretos de urgencia y otros dispositivos legales.

Es de señalar que, en un principio, nadie, ni Barata ni ningún otro sujeto a la colaboración eficaz, había involucrado directamente a García en la recepción de coimas en el caso del Metro de Lima o en algún otro caso. Inicialmente, solo fueron sindicados funcionarios de tercer nivel, como el viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba. Sin embargo, ya desde temprano, la prensa apuntó como presuntos indicios de cohecho de parte de García, el hecho que las iniciales AG aparecieran en la agenda de Marcelo Odebrecht junto a un monto de 100 000 de dólares, por el proyecto Olmos en Cajamarca, así como las reiteradas reuniones que el entonces presidente de la República sostuvo con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

García se mostró dispuesto a colaborar con las investigaciones, acudiendo a las citas con la Fiscalía anticorrupción; siempre negó haber recibido coimas u otros beneficios para favorecer a las empresas en obras públicas y ha recalcado que nadie le ha imputado directamente a él, a diferencia de lo que ocurre con otros expresidentes o exfuncionarios. «Otros seguramente estarán implicados, yo no», solía decir. Cuando se le inquirió sobre sus ingresos, dijo que provenían en buena parte de las conferencias que le solicitaban a nivel internacional.

Sobre aportes ilícitos a su campaña electoral[editar]

En febrero de 2018, trascendió que Barata había revelado la entrega de un aporte de doscientos mil dólares para la campaña electoral de Alan García del 2006 (en la que ganó la presidencia), por intermedio de Luis Alva Castro, que había sido su ministro de Estado, en sus dos gobiernos.[8]

El 31 de mayo de 2018, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez dispuso reactivar la investigación sobre Alan García por el presunto delito de lavado de activos, en el caso de la supuesta recepción de dineros de Odebrecht para financiar sus campañas electorales. En el mismo sentido se abrió investigaciones preliminares a los ex presidentes Toledo y Kuczynski.[114]

El 11 de abril de 2019, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, el juez Richard Concepción Carhuancho dio impedimento de salida del país por 18 meses para Luis Alva Castro, por presunto lavado de activos. Según la investigación de la fiscalía, Alva Castro había gestionado personalmente que Odebrecht apoyara económicamente en la campaña electoral aprista del 2006, habiendo recibido US$ 200 mil de manera ilícita.[115]

Impedimento de salida del país[editar]

El 15 de noviembre de 2018, Alan García acudió a una cita con la fiscalía por lavado de activos, lo que se percibía como una interrogación rutinaria de parte de fiscal José Domingo Pérez. Pero éste decidió suspender la diligencia y amplió la investigación preliminar por los presuntos delitos de colusión y lavado de dinero, alegando haber recibido nueva información de Brasil que lo obligada a elaborar una «teoría suplementaria» del caso. Simultáneamente, IDL-Reporteros reveló que la empresa Odebrecht, a través de un operador convertido en delator premiado, había pagado 100.000 dólares a García por una conferencia que éste dio a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo en mayo de 2012, dinero que había salido de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa, la misma que era usada para el pago de coimas. La tesis acogida por la fiscalía es que los pagos por conferencias a García serían la coartada usada por Odebrecht para pagar la coima por la obra del Metro de Lima y otras más. Todo ello fruto de un pacto colusorio.[116]

El siguiente paso del fiscal José Domingo Pérez fue solicitar al Poder Judicial que diera la orden de impedimento de salida del país por 18 meses para García. Uno de los sustentos para esta medida fue que García se presentaba ante la fiscalía como domiciliado en Miraflores, Lima, pero era de notorio conocimiento que su lugar de residencia era Madrid, España. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena aprobó el pedido del fiscal (17 de noviembre de 2018).[117]

Pedido de asilo a Uruguay[editar]

Horas después, en la puerta de su casa, García dijo a los periodistas que para él no era una un castigo permanecer 18 meses en su país y que siempre estaría a disposición de la justicia. Pero en la noche del mismo día, acudió a la casa del embajador de Uruguay Carlos Alejandro Barros, donde pasó la noche. Al día siguiente, el gobierno uruguayo anunció que el expresidente peruano había solicitado asilo, al considerarse un perseguido político. Como sustento a tal afirmación, García afirmaba no haber cometido ningún delito y mencionaba como prueba el informe final de la Comisión Lava Jato, que no le imputaba de algún ilícito. Acusó al fiscal José Domingo Pérez de no llevar a cabo un debido proceso y de ser un instrumento del gobierno para acallar a los partidos políticos. Representantes de su partido salieron también a decir que fue la misma dirigencia del aprismo que le aconsejó tomar tal decisión, ya que se habían enterado, a través de un informante, de que el fiscal Pérez ya tenía preparada una orden de arresto preliminar, que se ejecutaría el día 20. Ello fue desmentido por el fiscal Rafael Vela Barba (el coordinador del Equipo Especial Lava Jato), pues el proceso no estaba aun lo debidamente avanzado como para tomar tal medida.[118]

El 3 de diciembre de 2018 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el rechazo al pedido de asilo de Alan García, al considerar que en el Perú funcionaban los tres poderes del Estado con libertad y no existía persecución política. Señaló también que no procedía el asilo político a alguien que estaba en pleno proceso judicial por un delito común. Poco antes de dicha declaración, Alan García ya se había retirado de la residencia del embajador de Uruguay y retornado a su domicilio ubicado en el distrito de Miraflores.[119]

Odebrecht confirma pago simulado por conferencia[editar]

El 18 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar recursos para la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, confesó que el mismo Jorge Barata le pidió que pague US$ 100 mil a García, simulándolo como si fuera el pago por una conferencia que el expresidente dio en Brasil en mayo de 2012. El dinero de dicho pago provenía de la Caja 2, que estaba destinada exclusivamente para el pago de coimas. [120]

El 11 de marzo de 2019, el abogado brasileño José Américo Vieira Spinola, durante un interrogatorio al que fue sometido por el fiscal José Domingo Pérez, confirmó que su estudio jurídico fue usado por Odebrecht para pagar los US$ 100 mil a Alan García. Por dicho servicio, el estudio recibió U$ 15 mil.[120]

Nexo Nava-Atala[editar]

La firma del acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht, en febrero de 2019, anunció la revelación de más detalles de la trama de corrupción armada por Odebrecht en el Perú. Se esperaba que Jorge Barata, exdirectivo de la empresa brasileña en Perú y acogido a la delación premiada, diera por primera vez información que apuntara directamente a García.[121]

En abril del 2019, el fiscal José Domingo Pérez amplió la investigación del caso a Luis Nava Guibert, ex ministro y ex secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de García (2006-2011); y a su hijo José Antonio Nava Mendiola, gerente de Transportes Don Reyna, por supuestamente recibir dineros de Odebrecht que estarían destinados a Alan Garcia. Es decir, tanto Nava padre como hijo habrían sido los testaferros del expresidente.[122]

De acuerdo con la investigación de IDL-Reporteros, basada en documentos de la Caja 2 del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (proporcionados por esta misma empresa), Nava Guibert recibió transferencias de Odebrecht por más de US$4 millones. De esta cantidad, US$1.3 millones fueron depositados a la empresa “offshore” Ammarin Investment Inc., de propiedad de Miguel Atala Herrera, que fuera vicepresidente de Petro-Perú, durante el segundo gobierno de García de 2006-2011.

Atala indicó que el dinero entregado por la constructora fue por la compra de un terreno en El Agustino para el proyecto de la línea 1 del metro de Lima. Sin embargo, según los servidores de la Caja 2 de Odebrecht, estos pagos realmente fueron por la carretera Interoceánica Sur.

Según los documentos, los US$1,3 millones transferidos a Atala a la Banca Privada de Andorra por medio de la “offshore” Kleinfeld Services Limited (perteneciente al Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht) fueron destinados a una persona con el nombre clave ‘Chalán’. Tras firmar el acuerdo de colaboración eficaz con el Perú, la empresa realizó una búsqueda en su sistema e identificó que el seudónimo de ‘Chalán’ correspondía a Nava Guibert.

El Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht realizó otros 19 pagos a Nava. Seis de estas transferencias estuvieron cargadas al proyecto de la carretera Interoceánica Sur. La mayoría de estos pagos fueron ordenados por Jorge Barata.

José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guibert y gerente de Transportes Don Reyna, también recibió pagos de la Caja 2 de Odebrecht por casi medio millón de dólares, en siete depósitos realizados entre enero y octubre del 2010. El nombre clave de Nava Mendiola era ‘Bandido’. Estas transferencias fueron cargadas al proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima.

La tesis de la fiscalía[editar]

En resumen, de acuerdo a la tesis de la fiscalía, la concesión de la construcción del Metro de Lima a Odebrecht fue fruto de una “concertación ilegal” entre Alan García y Jorge Barata; que los sobornos ascendían a US$24 millones, y no a US$8 millones como en un principio se dijo; que US$10 millones habrían sido usados para “aceitar” a funcionarios de rango intermedio, como Jorge Cuba (viceministro de Transportes), y que los 14 millones restantes habrían sido remitidos a Alan García, quien usó como testaferros a Luis Nava Guibert, Luis Nava Mendiola, Miguel Atala, Samir Atala y el empresario Gonzalo Monteverde (este último prófugo desde febrero), aunque presumiendo que existan otros más.[123]

Tanto Luis Nava como Miguel Atala formaban parte del entorno más cercano a Alan García. Al momento de producirse las transferencias del dinero de Odebrecht a sus cuentas, ambos no tenían ningún poder de decisión sobre el proyecto del Metro de Lima o el de la carretera Interoceánica Sur. Nava era solo secretario de la presidencia, y Atala directivo de Petro-Perú. Por tanto, no eran funcionarios que, actuando de manera personal, hubiesen cobrado coimas a cambio de beneficiar a Odebrecht en dichos proyectos. Ello abonaría a favor de la tesis que eran solo testaferros de alguien que si tenía poder decisorio en esos proyectos, y ese otro no podía ser sino Alan García.[123]

Orden de detención preliminar[editar]

El 16 de abril de 2019, el magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, en el marco de la investigación preliminar del caso Odebrecht sobre la Línea 1 del Metro de Lima, ordenó la detención preliminar por diez días de Alan García, además de otras ocho personas. Estos eran:[124]

  • El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, quien habría recibido $15 mil dólares y dos televisores en sobornos, para direccionar a los funcionarios del MTC, a cambio de favorecer a Odebrecht en la licitación. Dicha información la dio un colaborado eficaz signado como 01-2018.[125]
  • El ex ministro de la Producción y secretario de la Presidencia, Luis Nava Guibert, quien habría recibido US$ 4.5 millones de la Caja 2 por el Metro de Lima.
  • El exdirector de Petro-Perú, Miguel Atala, quien habría recibido US$1.3 millón de la Banca Privada d'Andorra como testaferro de Nava.
  • José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava y gerente de Transportes Don Reyna, quien habría recibido casi medio millón de dólares de la Caja 2 por el Metro de Lima como testaferro de Nava.
  • Samir Atala Nemi, hijo y socio de Miguel Atala, quien habría movido dinero de la cuenta de Andorra de su padre a su nombre.
  • El ex jefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plascencia, quien habría realizado pactos colusorios con miembros del MTc.
  • El ex secretario del MTC, Jorge Luis Menacho Pérez
  • El ex director Ejecutivo de Provías del MTC, Raúl Antonio Torres Trujillo.

La decisión la tomó el juez al acoger el pedido del Equipo Especial Lava Jato, que investigaba a Alan García y su entorno por el presunto delito de lavado de activos, colusión y cohecho para favorecer a Odebrecht en la licitación de los proyectos IIRSA (tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur) y el Metro de Lima (tramo 1). Según la tesis de la fiscalía, Alan García sería el líder de una organización criminal.

Suicidio del expresidente[editar]

El 17 de abril de 2019, a las 6 y 25 de la mañana, el fiscal Henry Amenábar, del despacho del fiscal José Domingo Pérez, llegó a la puerta del domicilio de Alan García en la calle Manuel de Freyre Santander, del distrito de Miraflores, junto a seis policías de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), comandados por Guillermo Castro. La intervención, que tenía por objeto detener a Alan García y allanar su casa, era de carácter reservado.[126]

Amenábar tocó el intercomunicador. Al ser inquirido por la empleada, dijo: «Soy fiscal, mi nombre es Henry Amenábar y traigo una orden de allanamiento». La mujer le pidió que aguardara un instante, ya que tenía que despertar a su jefe. Enterado de la presencia del fiscal, Alan García llamó por su celular a su secretario personal Ricardo Pineda, quien le aconsejó que permitiera el allanamiento.[126]

García, que se encontraba en el segundo piso de la casa, ordenó que dejaran entrar al fiscal para que esperara en la sala del primer piso, mientras él se vestía. Ya listo, García bajó, pero se detuvo en medio de la escalera y preguntó a Amenábar para qué había venido. El fiscal le pidió que bajara. García insistió y preguntó si se trataba de su detención. Como el fiscal le insistiera en que se aproximara, García dijo que haría una llamada telefónica a su abogado y subió raudamente. Entró a su habitación y cerró la puerta, mientras que el comandante Guillermo Castro corría tras él e intentaba forcejear la puerta. Instante después, se escuchó un disparo. Eran las 6 y 37 de la mañana. Los agentes de la diviac y los custodios del expresidente que se encontraban en el primer piso subieron para ayudar a Castro, pero no pudieron tumbar la puerta de la habitación. Pidieron entonces que la empleada la abriera con la llave, tras lo cual, encontraron al expresidente sentado y con la cabeza inclinada y ensangrentada. Se había disparado en la cabeza con un revólver, apuntándose a la sien derecha; la bala había salido por el lado izquierdo.[126]

Los policías, de inmediato, evacuaron al expresidente al hospital más cercano, el Casimiro Ulloa. Lo hicieron en el vehículo de la policía que se encontraba en la casa (ya que, como ex jefe de Estado, tenía resguardo policial). Finalmente, estando en sala de urgencias, Alan García falleció a las 10 y 5 de la mañana, producto de una hemorragia cerebral causada por un proyectil de arma de fuego y tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios.[126]

Mientras que el exmandatario estaba siendo atendido en el hospital y aún después de su fallecimiento, se continuó la diligencia de allanamiento en su casa, lo que provocó la protesta de su abogado, que exigía que se pusiera fin a la misma. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que la muerte del exmandatario no anulaba la orden de allanamiento de la vivienda, ya que el caso por el que era investigado implicaba a otras personas.

De otro lado, el exministro Enrique Cornejo y los demás mencionados en la orden de detención se entregaron a la justicia, a excepción de Luis Nava Guibert (que días antes se había internado en una clínica) y su hijo José Antonio Nava Mendiola (que el día 11 de abril había salido del país rumbo a los Estados Unidos).[127]

Al fallecer Alan García, todo la investigación en su contra queda archivada, tal como lo determina el Código Penal, aunque continúan la de los demás implicados en el caso, sin afectar que se sepa cuál fue la participación que tuvo el ex mandatario en la presunta trama de la corrupción.[128]

Los interrogatorios a Barata confirman las tesis de la fiscalía[editar]

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 24 de abril de 2019, el ex gerente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata confirmó la tesis de la fiscalía con respecto al caso García, y dio más detalles de los hechos. Todo ello según los trascendidos periodísticos, ya que aún no se conoce la versión oficial de la Fiscalía.[129]

Barata confirmó haber dado US$ 200 mil a Luis Alva Castro, quien se presentó ante él como representante de Alan García para solicitarle aportes para la campaña electoral del 2006. Alva Castro aparece en el Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2) con el nombre código ‘Laque’. Barata dijo también que fue Alva Castro quien le presentó a Luis Nava Guibert, quien tendría un papel importante en el cobro de las coimas bajo el segundo gobierno de Alan García.[130]

Barata indicó que Nava actuaba como intermediario o testaferro de Alan García, ya que, como es obvio, este no podía pedir directamente las coimas. De manera figurada, Barata dijo que Luis Nava y Miguel Atala, eran los 'Maiman' de Alan García, aludiendo al testaferro de Alejandro Toledo, Josef Maiman. Es necesario reiterar que Nava no tenía ningún cargo ejecutivo en el segundo gobierno alanista, pues solo era Secretario de la Presidencia, cargo de mucha confianza (solo en los últimos meses fue ministro de la Producción), de modo que la tesis aprista de que actuaba a espaldas de Alan García, es insostenible.[129]

Barata aseguró que inicialmente le entregó a Nava US$3 millones, para que el gobierno de García garantizara la continuación de las obras que Odebrecht había empezado en el gobierno de Toledo, entre ellas la Interoceánica Sur. Nava exigió los pagos en efectivo y con celeridad; cuando Barata le sugirió que creara una cuenta offshore para agilizar los pagos, Nava se negó, aunque después surgió una salida. Fue cuando entró en escena Miguel Atala, quien a solicitud de Nava abrió la cuenta offshore de Ammarin Investment en la Banca Privada d'Andorra, en la que recibió US$1.3 millón que provenían de la empresa Odebrecht camuflada bajo el nombre de Kleinfeld Services.[129]

Otra revelación de Barata fue que Alan García conocía de las coimas cobradas por Alejandro Toledo a Odebrecht, y que pese a ello, permitió que la empresa brasileña continuara laborando en el Perú. Y más aún, decidió continuar cobrando los dineros ilícitos a la empresa.[129]

«José Domingo Pérez [fiscal]: Es decir, Luis Nava Guibert, ¿cómo se presentaba respecto a Alan García?

Jorge Barata: Decía que era un hombre que abría las puertas del doctor García, decía que era un hombre que abría las puertas del doctor García, o sea, que era una persona que organizaba la agenda, que, si no lo tratásemos bien, no iban a tener acceso al gobierno.
[…]
José Domingo Pérez: ¿Y Alan García Pérez tenía conocimiento de ello?
Jorge Barata: ¿De…?
José Domingo Pérez: ¿De la relación que usted tenía con Luis Nava Guibert?
Jorge Barata: Sí, sí, tenía.
[…]
José Domingo Pérez : Además, Alan García, como usted lo ha indicado, tenía conocimiento que usted era una… o que la empresa que usted representaba era una empresa que pagaba sobornos.
Jorge Barata: Bueno, sí sabía.
José Domingo Pérez: Entonces una empresa de la importancia como Odebrecht que pagaba sobornos, ¿pagaría una cantidad importante de dinero a un simple secretario de una casa de gobierno?
Jorge Barata: Bueno, no era un simple secretario, era el hombre de confianza del presidente.
José Domingo Pérez: ¿Cómo Maiman lo fue de Alejandro Toledo?
Jorge Barata: Sí.».

Extracto de la declaración de Jorge Barata brindada en Brasil a la fiscalía peruana.[131]

Y, como anécdota, Barata explicó el significado de los nombres código de CHALAN y BANDIDO, que se les asignó a Nava padre e hijo, respectivamente, en el sistema informático de la Caja 2: Chalán es un nombre que en el Perú se aplica a los que crían caballos de paso. Y como en una época el apodo de Alan García había sido 'Caballo loco', Nava sería, en un sentido jocoso, el 'cuidador del caballo'. Y el apelativo de 'Bandido' de José Antonio Nava, era porque portaba armas.[132]

La confesión de Miguel Atala[editar]

El 30 de abril de 2019, el fiscal José Domingo Pérez anunció ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, que Atala se había acogido a la confesión sincera y había revelado que el US$1.3 millón que la constructora brasileña Odebrecht le depositó en su cuenta de la Banca Privada de Andorra, no era para él, ni para Nava, sino que pertenecía en realidad al expresidente Alan García.[133]

Atala dijo que en el 2007 había creado la empresa offshore Ammarin Investment INC a pedido de Luis Nava, y que el mismo Barata le visitó para indicarle lo que debía hacer y a quien debía contactar para abrir una cuenta offshore en la banca de Andorra donde recibiría los depósitos. La banca solo admitía a clientes exclusivos con recomendación y Odebrecht presentó a Atala como un socio “estratégico”. Atala dijo que en un principio ignoraba el origen del dinero, que supuso que era de Nava, pero posteriormente, Nava le reveló que se trataba de dinero de Alan García. Los depósitos se sucedieron de 2007 a 2008, hasta sumar US$1.312.000. Luego, en el 2010, el mismo Alan García le llamó concertando una reunión personal, y allí le confirmó que se trataba de su dinero, pidiendo que le entregara en varias armadas, que Atala fue cumpliendo hasta el 2018. Las entregas las hizo en efectivo, en varios lugares, como en Palacio de Gobierno, en el domicilio del expresidente de Las Casuarinas y en el de Miraflores, y en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres, donde García ejercía la docencia.[133]

«En esas circunstancias me manifestó que el dinero que tenía yo en la cuenta de [la] sociedad offshore Ammarin Investment INC era dinero suyo, y que por favor le lleve dicho dinero de forma progresiva, así que luego de esa reunión empecé a llevarle el dinero al expresidente Alan García Pérez. La primera vez en un monto aproximado de US$ 20,000.00 a US$ 30,000.00 dólares, y así de forma progresiva iba llevándole dinero al ex presidente Alan García Pérez. Cada vez que necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares, le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martin de Porres, entre otros lugares».

Testimonio de Miguel Atala Herrera brindado a la Fiscalía.[134]

Dada así la confesión, el fiscal Pérez reformuló su pedido de prisión preventiva de 36 meses para Miguel Atala y su hijo Samir Atala, y pidió detención domiciliaria para el primero y comparecencia restringida para el segundo. Consideró necesario ese régimen para Miguel Atala, ya que, según este mismo, dentro del APRA se estaría formando una fuerza de choque para atentar contra los testigos de los casos que involucraban al expresidente García, por lo que corrían riesgo en caso de ser internados en centros penitenciarios. El juez admitió la solicitud del fiscal.[133]

Caso Pedro Pablo Kuczynski[editar]

La vivienda del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la calle Choquehuanca en el distrito financiero de San Isidro.

Inicio de la investigación[editar]

El ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, que había asumido ese cargo en julio de 2016, pocos meses antes del estallido del escándalo, también fue incluido en la investigación del Caso Lava Jato, por haber sido primer ministro bajo el gobierno de Toledo (cuando se dio la adjudicación de la carretera interoceánica a la empresa Odebrecht) y por el presunto financiamiento que recibió de parte de la misma empresa en su campaña a la presidencia del 2011. Al respecto, PPK envió en octubre de 2017 un oficio a la comisión Lava Jato del Congreso en el cual explicaba los asuntos en las que podría ser consultado, y que respondería por escrito.[135]

La negativa de Kuczynski de recibir en persona a la Comisión, se debía a que, según su versión, cuando en febrero de 2017 recibió a la Comisión de Fiscalización (presidida por Héctor Becerril), había recibido una serie de insultos.[136]​ Sin embargo, la bancada fujimorista exigió que las explicaciones los diera en persona e incluso impulsó un proyecto de ley para que un presidente de la República esté obligado a comparecer ante las comisiones del Congreso, lo cual, según los expertos constitucionalistas, no tiene sustento en la Constitución.[137]

En sus declaraciones a los fiscales peruanos en noviembre de 2017, Odebrecht dijo que contrató a Kuczynski como consultor de su empresa luego de que este dejara de ser primer ministro en 2006, como una manera de reparar una relación que se había roto debido que PPK se había negado a ejecutar la Interoceánica.[69]​ Esta declaración tuvo mucha resonancia y alimentó la exigencia de que el presidente debía responder en persona ante la comisión del Congreso. Este, sin embargo, negó tajantemente haber tenido algún vínculo laboral con la empresa Odebrecht y que tampoco recibió aportes de la misma para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.[138]

En diciembre de 2017, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, insistió en que Kuczynski respondiera en persona ante dicha comisión, dándole como una especie de ultimátum. Ante la reiterada respuesta de PPK de que solo respondería por escrito, Bartra hizo la revelación de los pagos que la empresa Odebrecht había hecho entre 2005 y 2006 a las empresas de consultoría Westfield Capital y First Capital, vinculadas al presidente Kuczynski, en ese entonces ministro de Estado. Cabe destacar sin embargo, que ninguno de esos pagos eran coimas, sino que eran todos legales; lo que se cuestionaba era el hecho de Kuczynski los recibiera a través de su empresa unipersonal siendo ministro de Estado, algo prohibido constitucionalmente. Apremiado por las revelaciones, Kuczynski aceptó haber recibido un pago de consultoría por el proyecto H2 Olmos, de la misma empresa brasileña, en el 2012. Ello no hizo sino más que aumentar la tensión política por las supuestas contradicciones y mentiras de Kuczynski.

Renuncia a la presidencia de la República[editar]

Sobrevino así el primer pedido de vacancia presidencial, sustentada por una supuesta incapacidad moral permanente de Kuczinsky, en el sentido de que había mentido constantemente sobre su vínculo laboral con Odebrecht y que la misma empresa lo había desmentido.[139]​ Kuczynski salió airoso en la votación del Congreso realizada el 21 de diciembre de 2018. Pero en marzo del año siguiente se volvió a presentar un segundo pedido de vacancia presidencial, pues sus promotores argüían que se habían descubierto nuevos indicios contra Kuczynski, indicios que los partidarios del gobierno achacaron que estaban respaldados solo con investigaciones periodísticas.[140]​ El 15 de marzo fue aprobada la moción de vacancia en el Congreso y se programó para el 22 de marzo el debate y la votación para decidir la suerte de Kuczynski. Pero antes de que ello ocurriera, Kuczynski renunció a la presidencia (21 de marzo), tras revelarse unos videos que mostraron a sus allegados intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso.

Investigación por financiamiento de sus campañas electorales[editar]

El 16 de marzo, cuando todavía era presidente de la República, Kuczynski recibió por fin a la Comisión Lava Jato, respondiendo por siete horas un interrogatorio. Además del asunto de las relaciones contractuales entre sus empresas de consultoría con las empresas del grupo Odebrecht, se le interrogó por el asunto del financiamiento de su campaña electoral del 2011, cuando postuló por la agrupación Alianza por el Gran Cambio.[141]​ Esto último, debido a que el 28 de febrero Barata había revelado el aporte de Odebrecht de trescientos mil dólares para dicha campaña. La intermediaria de dicha recepción fue, según la misma fuente, Susana de la Puente, persona de confianza de Kuczynski, y que al momento de esa revelación se hallaba ejerciendo como embajadora del Perú en el Reino Unido.[8]

Impedimento de salida del país[editar]

A Kuczynski se le siguió investigando por lavado de activos y por presuntos pagos ilícitos que recibió de parte de la empresa Odebrecht. Fue impedido de salir del país y se le allanaron sus dos viviendas (una en San Isidro, y la otra en Cieneguilla); ello ocurrió a poco de haber renunciado a la presidencia de la República.[142]​ Estos allanamientos permitieron a la fiscalía recabar indicios importantes de la vinculación estrecha de Kuczynski con Jorge Barata, algo que el expresidente siempre había negado. Según los datos encontrados en agendas, documentos y correos electrónicos, Kuczynski mantuvo relaciones con varias empresas del grupo Odebrecht durante y después de su paso por el gobierno de Toledo, y antes y durante la campaña electoral de 2011. La fiscalía también cuenta con información de hasta tres grupos de transferencias de dinero de Odebrecht y empresas relacionadas, en las que el beneficiario final es Kuczynski, que va de los años 2004 a 2015.[143]

El 11 de septiembre de 2018, el poder judicial ordenó el congelamiento de la vivienda de Kuczynski en San Isidro, a fin de que el exmandatario no pueda vender o transferir el inmueble y de esa manera se asegure el eventual pago de una reparación civil futura.[144]​ De otro lado, la fiscalía de la Nación le abrió dos investigaciones, una por el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori y otra por la presunta compra de votos para evitar su vacancia.[145]

Detención preliminar[editar]

El 10 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, ordenó la detención preliminar de Kuczynski por diez días, por un presunto delito de lavado de dinero. La misma orden recayó sobre su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Luis Bernaola Ñuflo. Asimismo, se ordenó el allanamiento de sus viviendas y oficinas. Kuczynski fue internado en la carceleta de la Prefectura de Lima.[146]

PPK consideró su arresto como una arbitrariedad:

Hoy recibí la disposición del Poder Judicial de detenerme preliminarmente por diez días. Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia.

Kuczynski apeló su detención preliminar, pero su pedido fue denegado por el juez. Mientras que la fiscalía anunciaba que solicitaría su prisión preventiva por 36 meses, así para su socio chileno, Gerardo Sepulveda, por presunto lavado de activos a través de su empresa, First Capital, por vínculos laborales con Odebrecht.

La tesis de la Fiscalía[editar]

La tesis del Ministerio Público es que el presunto lavado de activos, bajo la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, se dio cuando Kuczynski fue ministro de Estado durante el gobierno de Alejandro Toledo, pues habría ayudado a materializar el acuerdo ilícito entre Barata y Toledo para favorecer la concesión a la empresa Odebrecht del proyecto de la carretera Interoceánica Sur o IIRSA Sur, tramos 2 y 3. Otra obra que se menciona es el Proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos. Esa ayuda se habría traducido en la suscripción de decretos supremos que allanaban el otorgamiento de esas concesiones. A cambio, la empresa Odebrecht habría contratado a las empresas personales de Kuczynski para que le hagan asesorías, una de ellas relacionadas con el proyecto Olmos.[147]

Todo lo anterior dicho era la tesis que el Equipo Especial de Lava Jato venía sosteniendo desde tiempo atrás, pero lo que le impulsó a solicitar la detención preliminar (y luego preventiva) de Kuczynski fue un informe del Departamento de Análisis Operativo (DAO) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS). Según dicho informe, Kuczynski hizo transferencias de dinero desde una cuenta suya (la misma que había creado para recibir los pagos de Odebrecht por asesorías), hacia las cuentas de su chofer (por US$528.003) y su secretaria (por US$ 77.376). Como la Fiscalía presume que los pagos por asesorías fueron la compensación que Odebrecht dio a Kuczynski por haberle favorecido con normas legales que agilizaron los proyectos de IIRSA Sur y Olmos, dichas transferencias constituirían lavado de activos y demostrarían el intento del expresidente de poner a buen recaudo su dinero.[148]

Prisión preventiva[editar]

En la noche del 16 de abril, Kuczynski fue internado en la clínica Angloamericana (San Isidro) por un cuadro de presión arterial alta. Fue sometido a un procedimiento de cateterismo. La audiencia programada para determinar su prisión preventiva fue suspendida. Esta se realizó finalmente el 19 de abril de 2019 (viernes santo), al final del cual, el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, aceptó imponer prisión preventiva a Kuczynski por 36 meses, pese a que se esperaba que se le aplicara solo detención domiciliaria, debido a su edad avanzada y a su estado de salud. Previamente, la fiscalía, al evaluar el informe médico, consideró que no correspondía darle la detención domiciliaria. El juez desestimó en cambio, el pedido de prisión preventiva contra la secretaria Gloria Kisic Wagner y el chofer José Luis Bernaola. Todo este proceso coincidió con el suicidio y funeral de Alan García.[149]

El 25 de abril de 2019, se dio a conocer un informe médico de la clínica Angloamericana, el cual reveló que Kuczynski padece de fibrilación auricular crónica con potencial riesgo de paro cardíaco y muerte súbita. Al día siguiente se realizó la audiencia en la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia para evaluar la situación legal de expresidente. El Ministerio Público anunció que desistiría en la prisión preventiva por 36 meses y se allanaría a la prisión domiciliaria. La Sala dejó al voto su resolución.[150]

Arresto domiciliario[editar]

El 27 de abril de 2019, el Poder Judicial dejó sin efecto la prisión preventiva contra Kuczynski y dispuso su arresto domiciliario por 36 meses, que deberá cumplir en su vivienda de San Isidro, así como le impuso el pago de una caución de US$100 mil. Ese mismo día, Kuczynski, que seguía internado en la clínica Angloamericana, fue sometido a una intervención quirúrgica en la que se le instaló un marcapasos para estabilizar las arritmias y atenuar el riesgo de infarto.[151]​ El 2 de mayo, Kuczynski fue dado de alta y retornó a su vivienda de San Isidro para cumplir su detención domiciliaria.[152]

Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia[editar]

Desde el gobierno de Ollanta Humala la operación comercial de la Línea 1 del Metro de Lima está a cargo de la empresa Graña y Montero, socia de Odebrecht.

Inicio de la investigación[editar]

La investigación por lavado de activos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia se remonta a la campaña electoral de 2006, por los presuntos aportes del chavismo, ocasión en que fue archivada en segunda instancia. Pero el 29 de enero de 2015, la Fiscalía abrió una nueva investigación a Nadine Heredia, que incluía a su madre Antonia Alarcón, sus hermanos y otros personajes, por el presunto delito de lavado de activos. La defensa quiso invalidar la investigación, aduciendo que una persona no podía ser investigada dos veces por el mismo hecho. La investigación estaba a punto de ser archivada nuevamente, hasta que intervino el Tribunal Constitucional, que determinó que existían nuevos indicios que debían ser evaluados e investigados por la fiscalía, y que la investigación del 2006 había sido deficiente.[153]

La fiscalía prosiguió con la investigación, y en agosto de 2015, recibió de la procuraduría para casos de lavado de activos unas agendas y libretas con anotaciones de cifras de dinero realizadas por Nadine Heredia, que alcanzaban la suma de US$3.600.000. Estos fueron los primeros indicios sólidos sobre los aportes de dinero ilícito proveniente del Brasil, como aporte a la campaña electoral del 2011. Nadine Heredia y el entonces presidente Ollanta Humala, trataron de descalificar las libretas indicando que habían sido adulteradas. Pero una pericia grafotécnica ratificó que las anotaciones de las agendas correspondían a Heredia.[153]

Odebrecht confiesa aportes a la campaña electoral del 2011[editar]

El caso se fortaleció en diciembre de 2016 cuando se firmó un primer acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y la Fiscalía, por el cual, la empresa brasileña se comprometió a brindar información no solo de las coimas que entregó a autoridades y funcionarios por obras públicas, sino sobre sus aportes ilícitos a las campañas electorales.[153]

Según las primeras declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, la empresa Odebrecht habría entregado US$ 3 millones para financiar la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011, por intermedio de Nadine Heredia, la esposa de Humala.[8]​ La entrega del dinero habría sido autorizada por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y habría salido de la caja que la empresa tenía con el Partido de los Trabajadores, que manejaba el ex ministro Antonio Palocci, conocido como ‘Italiano’. En mayo de 2017, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó la entrega de ese dinero.

Detención preventiva para Ollanta y Nadine[editar]

El 13 de julio de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente y su esposa, hasta que terminen las investigaciones.[154]

Al día siguiente, Humala fue internado en el penal de la Diroes (Ate), el mismo lugar donde se hallaba entonces preso Alberto Fujimori. En cuanto a Nadine Heredia, fue internada en el penal Virgen de Fátima, anexo al penal de Mujeres de Chorrillos.[155]​ Ambos presentaron sendos recursos de apelación para que se revocasen sus respectivas prisiones preventivas, lo que fue rechazado por la Sala de Apelaciones, el 4 de agosto de 2017.[156]​ Como fundamento de la prisión preventiva, se adujo que había una probabilidad de obstrucción a la justicia (se mencionaron como ejemplo unos audios referidos a otro caso contra Humala, el de Madre Mía, en la que este supuestamente intenta comprar a los testigos) y un peligro de fuga (se recordó el viaje de Nadine a Europa por la FAO y el hecho de que la pareja enviara a sus hijas a los Estados Unidos cuando ya había un pedido de la fiscalía de 18 meses de prisión preventiva).[157]

Libertad bajo comparecencia restringida[editar]

Humala y Heredia presentaron un habeus corpus ante el Tribunal Constitucional, que después de evaluar el caso, decidió, con cuatro votos a favor y tres en contra, ordenar la libertad de ambos, para que sigan sus procesos judiciales en comparecencia restringida. Dicho dictamen se dio el 27 de abril de 2018 y se sustentaba en que no hubo una adecuada fundamentación del riesgo procesal para que el juez dictara la prisión preventiva.[158]

Una semana después, la Fiscalía ordenó la incautación de los inmuebles de la ex pareja presidencial, entre ellas la casa familiar del matrimonio, además de cuentas bancarias y autos de lujo comprados supuestamente con dinero ilícito. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la orden de incautación de las viviendas.[159]

Testimonios y pruebas aportados por los directivos de Odebrecht[editar]

Jorge Barata y Marcelo Odebrecht ratificaron su versión hasta en dos oportunidades ante el fiscal Germán Juárez Atoche, encargado del caso. Ambos coincidieron en que los pagos a Humala se hicieron bajo el nombre de Proyecto OH; así había quedado registrado en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. La empresa brasileña entregó también documentos que probaban las transferencias de dinero realizadas al Partido Nacionalista. Incluso, muchas de estas se habrían realizado cuando Ollanta ya ejercía la presidencia del Perú.[153]

Formalización de la acusación de la Fiscalía[editar]

El 7 de mayo de 2019, luego de cuatro años de investigación, el fiscal Germán Juárez formalizó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, perpetrado durante las campañas electorales de 2006 y 2011 (con dinero venezolano del chavismo y con dinero brasileño de Odebrecht, respectivamente). El fiscal pidió 20 años de prisión efectiva para Ollanta y 26 años y 6 meses para Nadine. Se incluyó también en la acusación a amigos, familiares y allegados a la pareja: Rocío Calderón (amiga de Nadine), Martín Belaunde Lossio (amigo de Nadine y actualmente preso por otro caso), Antonia Alarcón Cubas (madre de Heredia), Ilan Heredia (hermano de Nadine), Eladio Mego, Santiago Gastañaduí, Maribel Vela, Julio Torres y Carlos Arenas. Causó controversia que el fiscal solicitara también la disolución del Partido Nacionalista, por haber sido “instrumentalizado” para realizar el lavado de activos.[160]

Unos 130 elementos de convicción contra Humala y más de 230 contra Heredia, sustentan la acusación del fiscal Juárez. Con todo ello, la fiscalía buscará demostrar en el próximo juicio oral que la pareja «estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito» y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales del 2006 y el 2011.[161]

Caso Susana Villarán[editar]

El Símbolo de la opción "No" en el referendo revocatorio de la alcaldía de Lima de 2013.

Inicio de la investigación[editar]

En mayo de 2017 se reabrió el proceso de investigación preliminar contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, por presunta corrupción ocurrida bajo su gestión municipal, enmarcada en el Caso Lava Jato, y que involucraba a las dos más importantes contratistas de la Municipalidad de Lima: las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

En noviembre de 2017, Villarán fue relacionada directamente con el caso por el consultor brasileño Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz, que declaró a la fiscalía peruana que las empresas Odebrecht y OAS financiaron la campaña por el No a la revocatoria en el 2013 por un monto de US$ 3 millones, y que en esa transacción sirvió de intermediario del gerente general municipal José Miguel Castro, brazo derecho de la entonces alcaldesa de Lima. Toda esa revelación fue confirmada después por el mismo Jorge Barata.[162]

El 24 de noviembre de 2017, el Equipo Especial del Caso Lava Jato, por entonces al mando del fiscal Hamilton Castro, abrió investigación preliminar a la ex alcaldesa Villarán, a José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y a Gabriel Prado, ex funcionario municipal, por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos. Asimismo, se solicitó impedimento de salida del país para Villarán y Castro.[163]

El 5 de abril de 2018, la fiscalía allanó la vivienda de Susana Villarán y la de José Miguel Castro.[164]

Las delaciones premiadas[editar]

El 5 de octubre de 2018, Raúl Ribeiro Pereira Neto, ex representante de Odebrecht para la concesión Rutas de Lima, declaró en Curitiba ante el fiscal Germán Juárez Atoche, afirmando que la constructora brasileña había entregado un aporte de tres millones de dólares a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán.[165]

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata reconoció una vez más el aporte de US$ 3 millones a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán. Sostuvo que la empresa brasileña tomó esa decisión debido a que la alcaldesa tenía el apoyo de la prensa, y porque quería mejorar su relación con el municipio de Lima. Barata dijo que de esos US$ 3 millones, US$ 2 millones fueron destinados para pagar a la empresa del publicista Valdemir Garreta; y el millón restante lo entregó a José Miguel Castro, el gerente municipal, cuyo codiname asignado en la Caja 2 era budián, en alusión a un pez de boca alargada. Dijo también que la alcaldesa Villarán lo llamó telefónicamente para agradecerle. Negó, sin embargo, que ese aporte estuviera condicionada a la ejecución del proyecto Rutas de Lima; asimismo, negó haber financiado la campaña de reelección de la alcaldesa.[166]​ Los fiscales de Lava Jato aprovecharon también el viaje a Brasil para interrogar a los exdirectivos de OAS, empresa con la que se acababa de firmar un acuerdo de colaboración eficaz.

La tesis de la fiscalía[editar]

El 9 de mayo de 2019, el fiscal Carlos Puma, del equipo especial del Caso Lava Jato, pidió al Poder Judicial que se imponga la prisión preventiva de 36 meses para Susana Villarán, que estaba con impedimento de salida del país desde el 2017. La misma medida se solicitó para José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y para Gabriel Prado, ex funcionario municipal. Así como para Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga, quienes habrían fungido de intermediarios en los pagos ilícitos. La solicitud contemplaba la investigación relacionada a los aportes de Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocatoria de 2013 y la reelección de Villarán del 2014, así como por los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla (o Vía Parque Rímac).[167]

Haciendo más precisiones sobre los pagos, Odebrecht confesó que había entregado US$ 3 millones para la campaña del NO a la revocatoria del 2013, aunque negó haber aportado en la campaña de reelección de Villarán del 2014. OAS, por su parte, confesó haber aportado US$ 3 millones para la campaña del NO y US$ 4 millones para la campaña de reelección.

La tesis de la fiscalía es que OAS y Odebrecht dieron esa suma total de US$ 10 millones, a cambio de beneficios en las concesiones de los dos proyectos viales más importantes de la capital peruana: Rutas de Lima (Odebrecht) y Línea Amarilla-Parque Rímac (OAS).[168]

El proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, en manos de OAS, consistía en la construcción, operación y mantenimiento de una nueva vía urbana en paralelo a la Vía de Evitamiento. Este proyecto había empezado en el 2009, bajo la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio. El negocio para OAS era el millonario cobro de peaje, que Castañeda le otorgó por 30 años. Pero el 13 de febrero de 2013, ya bajo la gestión de Villarán, y un mes antes de la consulta de revocatoria, la Municipalidad de Lima y OAS suscribieron una adenda del contrato, que ampliaba la concesión de 30 a 40 años. Otro beneficio insólito para OAS fue el adelanto del cobro del peaje a partir del 10 de octubre de 2013, cuando el contrato original estipulaba que ese cobro solo debía hacerse cuando estuviera la obra avanzada en un 75%; en ese momento solo lo estaba en un 25%.[168]

Cuando el Equipo Lava Jato interrogó a los directivos de OAS y preguntó la razón de su aporte de US$ 4 millones para la campaña de reelección de la alcaldesa (suma aparentemente elevada, teniendo en cuenta que Villarán nunca fue favorita en las encuestas de intención de voto), la respuesta fue que Castro, el gerente municipal, exigió ese monto aduciendo que era lo que se debía pagar por el tamaño del proyecto que estaba en juego. Se refería a la continuidad del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, que OAS no podía perder por ningún concepto. Según esos mismos testimonios, Castro designó a César Meiggs, un empresario contructor, contratista de la Municipalidad de Lima, como el intermediario para que OAS hiciera los pagos. Villarán perdió la reelección, pero se sospecha que ella y sus colaboradores más cercanos se habrían quedado con US$ 3 millones de lo aportado por OAS a su campaña.[168]

Confesión de Villarán[editar]

El 11 de mayo de 2019, días antes de la audiencia donde se definiría su detención preventiva, Susana Villarán, a través de las redes sociales y de una emisora de radio local, confesó que siempre supo de los aportes de US$ 4 millones de Odebrecht y OAS para la campaña por el NO a la revocatoria, dos de los cuales fueron para el publicista Luis Favre. Aunque afirmó que nunca supo que se trataba de dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht o de la Controladoría de OAS, con las que dichas empresas hacían pagos ilícitos. Admitió haber cometido un error, más no un delito, y que lo hizo para evitar que las mafias organizadas impidan la reforma y el reordenamiento de la ciudad de Lima.[169]

El audio de los “tres palos verdes”[editar]

El 12 de mayo de 2019, el programa televisivo Cuarto Poder reveló el audio de unas conversaciones que datan de setiembre del 2017, en las que se escucha a Villarán conversando con sus ex directivos municipales José Miguel Castro y Gabriel Prado. Se escucha a la ex alcaldesa mencionar que una persona de Brasil habría manifestado a los fiscales que ella y Castro habían pedido tres millones de dólares («tres palos verdes») a Odebrecht. El audio fue grabado por Prado, interesado en demostrar su inocencia. Según Prado, él mismo organizó esa reunión con Villarán y Castro, luego que el diario El País de España lo mencionara como titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra, destinada para recibir pagos de Odebrecht (aunque esos depósitos no se llegaron a concretar). Prado siempre negó haber dado autorización para la creación de esa cuenta a su nombre y aducía que Castro le hizo firmar unos papeles y le pidió sus documentos, aparentemente para buscarle un puesto de trabajo, pero que en realidad habría usado para ese fin doloso. En el audio se escucha que Castro le pide a Prado que niegue ante la Fiscalía que sabía de la existencia de la cuenta de Andorra. Castro también se muestra rotundo al afirmar que en esa cuenta no se había depositado nada, lo que probaría que estaba involucrado en el hecho.[170]

La versión de Prado resultó al principio inverosímil, pero la fiscalía, al recabar más testimonios, empezó a considerarla. El mismo Barata dijo que no conocía a Gabriel Prado y que su trato había sido siempre con Castro, quien habría sido el creador de la mentada cuenta de Andorra, a la que nunca llegó el dinero de Odebrecht al retrasarse en demasía los trámites, debiendo hacer el pago por otros medios. Prado entregó el material del audio a la fiscalía y se mostró dispuesto a colaborar en las investigaciones.

Prisión preventiva[editar]

El 14 de mayo de 2019, el juez Jorge Chávez Tamariz, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, ordenó la prisión preventiva por 18 meses para la ex alcaldesa de Lima, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos en agravio del Estado. De esa manera el juez consideró fundado el requerimiento del Ministerio Público, aunque considerando que 18 meses eran suficientes para terminar la investigación, que se hallaba bastante avanzada.[171]​ Villarán fue internada en el penal de mujeres de Chorrillos.

El 15 de mayo de 2019, el mismo juez resolvió la prisión preventiva por 18 meses para José Miguel Castro, a quien se imputa haber solicitado dinero a las empresas Odebrecht y OAS para financiar las campañas de Villarán, hasta por la suma de US$ 10 millones. Según el juez, existen graves y fundados elementos de convicción de la responsabilidad de Castro en estos hechos, así como indicios de que trató de cambiar la versión de varios implicados en el caso. Castro fue recluido en el penal Castro Castro.[172]​ En cuanto a Gabriel Prado, si bien inicialmente la fiscalía había pedido también su prisión preventiva, desistió luego y le mantuvo la comparecencia restringida, en vista de los nuevos elementos de convicción aparecidos. Prado reiteró su deseo de seguir colaborando con la investigación. También se desestimó el pedido de prisión preventiva para César Meiggs y Óscar Vidaurreta, quienes buscan acogerse a la colaboración eficaz; al otro imputado, Luis Gómez-Cornejo, se le dictó 18 meses de prisión preventiva.[173]

Caso Luis Castañeda[editar]

Los informes sobre el caso Rutas de Lima fueron aprobados por el Congreso de la República del Perú en el año 2013.

En las investigaciones del Caso Odebrecht apareció el proyecto vial «Rutas de Lima», junto a otras obras por las que se habrían pagado sobornos entre los mandatos de Susana Villarán (2010-2014) y Luis Castañeda (2014-2018), quienes tienen varias investigaciones en el Caso Lava Jato. Además, una investigación del portal Convoca.pe reveló que en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de la empresa brasileña se escribió «Concessão (concesión) Rutas de Lima» al lado de un monto por US$ 291.700 y a alguien identificado con el código Budian.[174]​ Más adelante se reveló que la empresa Odebrecht habría financiado la campaña del NO a la Revocatoria de Susana Villarán, en el 2013, asesorada por Luis Favre. Hoy sabemos que Budian es el codiname de José Miguel Castro, el gerente municipal de a adminsitración Villarán.

El semanario Hildebrandt en sus 13 reveló que OAS tenía una relación muy amical con el ex alcalde limeño, Luis Castañeda, y que habría hecho un aporte a su campaña electoral, además del favorecimiento que este habría dado a la constructora brasileña por la obra Línea Amarilla (antes Vía Parque Rímac), y de las conversaciones que el ex mandamas de OAS, Leo Pinheiro habría tenido con su entonces gerenta de Inversión durante su gestión, Giselle Zegarra.

Caso Félix Moreno o Costa Verde del Callao[editar]

El fiscal Hamilton Castro acusó ante el Poder Judicial al gobernador del Callao, Félix Moreno, y el empresario israelí Gil Shavit, por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, relacionado con la recepción de una coima de 4,2 millones de dólares por la concesión a la empresa Odebrecht de un tramo de la Costa Verde.[48]

Se dictó 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno mientras durasen las investigaciones. Gil Shavit fue apresado y se acogió a la colaboración eficaz. Pero algunos meses después, la Primera Sala Penal de Apelaciones, a cargo de los jueces Sonia Torres Muñoz y Carlos Carcausto Calla, revocó la prisión preventiva a Félix Moreno, señalando que la fiscalía no había corroborado las declaraciones de los colaboradores Gil Shavit y otro identicado como N° 03-2016, que supuestamente se contradecían. Moreno pasó así a afrontar el proceso en libertad, con comparecencia restringida (7 de junio de 2017).[175]

En noviembre de 2018 se hizo un nuevo pedido de prisión preventiva, por la fiscal Geovana Mori ante la jueza de investigación preparatoria Elizabeth Arias, aduciendo que se habían agravado las imputaciones contra Moreno. La jueza tardó más de tres semanas en evaluar el pedido de la fiscal,[176]​ hasta que el 14 de diciembre de 2018 decidió rechazarlo, limitándose a dar a Moreno impedimento de salida del país por tres años.[177]​ Esta jueza es la misma que después fue designada para el caso Cócteles en reemplazo de Concepción Carhuancho.

El caso Odebrecht es uno de los tantos casos en que se encuentra procesado el exgobernador del Callao. El 17 de enero de 2019 el Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente del Callao lo sentenció a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión, a raíz de la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m², ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla.[178]​ Moreno está como no habido, con orden de ubicación y captura, al ser considerado reo contumaz. Fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, ofreciéndose 20.000 soles a quien dé información que lleve a su ubicación y captura.[179]​ Vista esta situación, el fiscal del equipo Lava Jato Reggis Oliver Chávez Sánchez ha solicitado ante la Primera Sala de Apelaciones que se aplique a Moreno la prisión preventiva, que la jueza Arias denegó en diciembre de 2018.[180]​ El 31 de enero de 2019, el Poder Judicial acogió el pedido del fiscal y dictó 18 meses de prisión preventiva contra Moreno, que se haya prófugo desde el 17 de enero. La fiscalía hizo presente que al ser allanada la casa de Moreno, se halló una agenda con anotaciones sobre las reuniones que habría mantenido con el ex juez supremo César Hinostroza, quien es sindicado como cabecilla de la organización criminal Los cuellos blancos del puerto.[181]

Al existir la sospecha de que Moreno se haya fugado del Perú, la Interpol activó la Notificación Roja para su búsqueda y detención.[182]

El 20 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los ex directivos de la empresa Odebrecht en Brasil, el ex apoderado de Odebrecht Igor Braga Vasconcelos Cruz confirmó que la constructora entregó US$4 millones en sobornos por la obra de la Costa Verde del Callao. De ese monto, US$2.4 millones habrían sido para Félix Moreno. El resto fue destinado al empresario Gil Shavit, que era el enlace entre Odebrecht y Moreno. También detalló que de los US$2.4 millones de Moreno, US$2 millones fueron transferidos directamente al publicista brasileño Luis Favre, que fue el asesor de Moreno en la campaña electoral del 2014 para la gobernación del Callao.[183]

El 20 de marzo de 2019, la fiscal Geovana Mori dirigió el allanamiento de 16 inmuebles en Lima y Callao pertenecientes a exfuncionarios del gobierno regional del Callao involucrados en el caso.[184]

Caso Jorge Acurio o Vía de Evitamiento del Cuzco[editar]

En mayo de 2017, la Fiscalía acusó a Jorge Acurio Tito, el exgobernador del Cuzco, de haber pactado un soborno de 3 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht a fin de favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en el Cuzco (2013). Con Acurio fue involucrado el abogado José Zaragozá Rebaza, director secretario del Club Regatas de Lima y ex socio de "Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros", un estudio de abogados que habría actuado como intermediario en el pago de los 3 millones de dólares a Acurio. Zaragozá se acogió a la colaboración eficaz, y fue puesto en libertad, mientras que a Acurio se le dictó 18 meses de prisión preventiva.

Según el testimonio de la colaboración eficaz, el exgobernador cusqueño habría pedido que el dinero recibido sea depositado en la empresa ‘offshore’ "Wircel S.A" y que sería Gustavo Salazar Delgado, ex gerente de "La Positiva Seguros" y en ese momento presidente del Club Regatas de Lima, quien quedaría a cargo del movimiento, por lo que la fiscalía y el poder judicial ordenaron 18 meses, mientras que se encuentra refugiado en los Estados Unidos, con un pedido de extradición.[185]

El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los ex directivos de la empresa Odebrecht en Brasil, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de la constructora, reveló que la constructora financió con 20 mil dólares la campaña electoral de Acurio en el 2010, cuando este ganó la gobernación de Cusco.[186]

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que autorizó el pago de US$ 3 millones a Acurio, aunque solo lo entregaron US$ 1,2 millones por la construcción y remodelación de la avenida Evitamiento de Cusco.[65]

Caso César Álvarez[editar]

Banderas de Perú y Brasil en el campamento de Odebrecht en la Punta Olímpica, durante la construcción de la Carretera Carhuaz-Chacas.

El que fuera gobernador regional de Áncash entre 2007 y 2014, César Álvarez, ha sido también involucrado en el pago de coimas de Odebrecht. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción, a cargo de Elmer Chirre Castillo, halló indicios de que Álvarez recibió 2 400 000 dólares de parte de Odebrecht para acceder a la licitación de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Según la fiscalía, los pagos de habrían hecho en cuatro entregas de 600 000 dólares cada una, desde Klienfeld e Innovations (cuenta off shore usada por Odebrecht para pago de sobornos) a una cuenta off shore de la empresa Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong-Kong. El monto total terminó en la cuenta a la cual Álvarez habría tenido acceso a través de uno de sus testaferros, Dirsse Valverde Varas.[187]​ Esto se trataría de un episodio más de la presunta red criminal encabezada por el ex gobernador, que está en proceso abierto y que se conoce como el Caso La Centralita, en la que se hallan más de 80 implicados bajo la acusación de asociación ilícita, colusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El mismo Álvarez se halla en prisión preventiva desde el 2014, acusado de asesinato y corrupción.[188]

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que autorizó el pago de US$ 2,6 millones a César Álvarez por la construcción de la Carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. La coima se concretó en un banco de Hong Kong. El que negoció la coima a nombre de Álvarez fue Dirce Valverde, el ex gerente del Gobierno Regional de Áncash, cuyo codiname en la Caja 2 de Odebrecht era Darth Vader (sin duda por el lejano parecido en las grafías de ambos nombres).[65]

Caso Mariano González[editar]

Ha sido implicado también el parlamentario andino y ex ministro de Defensa Cosme Mariano González Fernández, por pagos que recibió de un contrato ficticio con una empresa subsidiaria de Odebrecht, parte del cual habría sido usado para financiar la campaña electoral de Peruanos Por el Kambio del 2016. Pese a que el fiscal pidió su prisión preventiva, el juez encargado la rechazó pues González goza de inmunidad por su condición de parlamentario andino, inmunidad que González solicitó que se la levantaran.[189]

Caso Árbitros que favorecieron a Odebrecht[editar]

En el mundo empresarial, un árbitro es alguien designado por las partes, al cual se somete una controversia existente entre una empresa y el Estado en un asunto de contratación pública. Este caso se refiere a la investigación a los árbitros que presuntamente favorecieron a la empresa Odebrecht a través de laudos arbitrales, que permitieron a esta empresa recibir millonarios pagos del Estado Peruano. De acuerdo al Ministerio Público, estos árbitros, al recibir presuntamente un donativo para favorecer a Odebrecht, habrían incurrido en la comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita. El caso se halla a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche y se encuentra todavía en etapa preliminar.[190]

El caso se inició al descubrirse que la empresa Odebrecht depositó al árbitro Horacio Cánepa US$435 mil en una cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA), a través de una empresa ‘offshore’. Cánepa, actualmente con orden de impedimento de salida del país, habría favorecido a la constructora en 17 laudos arbitrales. En mayo del 2018, la fiscalía amplió su pesquisa e incluyó a 24 personas, entre árbitros, ex funcionarios del Estado y ex ejecutivos de Odebrecht.[190]

Conocida la lista de los árbitros investigados, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) logró la recusación y la separación definitiva de 19 de ellos. Según la Procuraduría Pública de este ministerio, se calcula que estos árbitros recibieron unos 240 millones de soles en perjuicio del Estado. [191]

El 6 de febrero de 2019, el equipo especial de la fiscalía del caso Lava Jato allanó inmuebles de cinco árbitros y dos ex funcionarios del MTC, todos bajo investigación por el caso Odebrecht. El pedido era para 21 investigados, pero la orden judicial solo se aprobó para siete. Las propiedades allanadas fueron las del ex procurador del MTC Jaime José Valés Carrillo; el ex director de Concesiones del MTC Celso Martín Gamarra Roig, y de los árbitros Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias Salaverry, Luis Fernando Pebe Romero, Luis Felipe Pardo Narváez y Randol Edgard Campos Flores.[192]

La fiscalía apeló la decisión judicial que restringía el número de los investigados para el allanamiento de sus propiedades. El 15 de febrero realizó el allanamiento de otros inmuebles, entre ellos los de Humberto Abanto, el abogado de Jaime Yoshiyama en el Caso Cócteles.[193]

El Club de la Construcción[editar]

Las investigaciones de la fiscalía han recabado indicios de que la empresa Odebrecht perteneció al llamado Club de la Construcción, un grupo de empresas constructoras (entre nacionales y extranjeras) que presuntamente se coludieron para pagar sobornos con el fin de ganar licitaciones de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ello ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala, aunque existe la presunción de que dicho “Club” ya existía de mucho antes y solo se reactivó en dicho gobierno. Sin embargo, a comparación de la mayoría de las empresas del “Club”, Odebrecht consiguió menos obras a través de este mecanismo, debido a que apuntaba más a los megaproyectos, algo que no contemplaba el “Club”, que prefería las obras menos vistosas. El caso está en manos del fiscal Germán Juárez Atoche.

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó la existencia del Club de la Construcción, aunque indicó no conocer los pormenores, ya que estuvo como directivo de Odebrecht en el Perú hasta el 2011, precisamente el año en que el club se reactivó. Reconoció que las empresas consorciadas de Odebrecht formaban parte del Club. La Fiscalia pidio 18 meses para el ex asesor Carlos Garcia, y otros 4 empresarios. El Poder Judicial ordeno la medida en Enero del 2018. A los demás empresarios del Club se les ordeno comparecencia restringida.[65]

Caso Carlos Paredes[editar]

Entre los investigados por este caso está el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes, uno de los hombres fuertes de Humala, que estuvo en dicho despacho entre 2011 y 2014, precisamente en la época en que se ubica el funcionamiento del “Club”. De acuerdo al testimonio de uno de los colaboradores eficaces, el nexo de Paredes con los promotores del Club habría sido su hermano José Paredes Rodríguez, a cuyas manos habrían ido a parar 17 millones de soles de las coimas.[194][195]​ En su defensa, Carlos Paredes adujo no haberse enterado de esos manejos mientras estuvo al frente del ministerio. No obstante, en febrero de 2019, la Fiscalía de la Nación, a través del área de Enriquecimiento Ilícito y Altos Funcionarios, a cargo del fiscal supremo Luzgardo Ramiro González Rodríguez, le abrió investigación preliminar, por presuntamente haber recibido sobornos del “Club”. En Mayo del 2019, se pidio la prisión Preventiva del Hermano del ex Ministro, Pepe Paredes, los dueños de Andrade Gutierrez, IIGCSA, y JC Constructores. El Poder Judicial Ordeno 8 meses de impedimento de salida del país para el Ex Ministro, Carlos Paredes.[196]

Caso Lourdes Flores[editar]

Fue el abogado Horacio Cánepa, exmiembro del Partido Popular Cristiano, quien afirmó que Lourdes Flores Nano, la lideresa de dicho partido, habría recibido dinero de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal). Hasta entonces, Cánepa había sido el hombre de confianza de Lourdes Flores.

Ello ocurrió a raíz de que Cánepa se viera involucrado en el caso Odebrecht, al aparecer su nombre en una de las cuentas de la banca de Andorra usadas por la empresa brasileña para el pago de coimas; luego se supo que era el pago por los laudos que había dado a favor de dicha empresa en perjuicio del Estado peruano, cuando ejerció como árbitro de la cámara de Comercio de Lima. Al verse acorralado, Cánepa quiso negociar con la fiscalía y convertirse en colaborador eficaz, delatando el manejo de los otros árbitros; sin embargo, la fiscalía consideró que ese tipo de delación solo calificaba para una confesión sincera. Para postular a la colaboración eficaz debía revelar sobre quienes estuvieran en niveles por encima de él.[197]

Fue entonces cuando Cánepa, en su desesperación, se propuso hacer una delación más prominente: de acuerdo a su versión, Lourdes Flores, como lideresa del PPC, pidió dinero a la constructora Odebrecht para financiar sus campañas electorales, que le fue concedido. El mismo Cánepa ofició de intermediario. Primero habría ocurrido en la campaña para la presidencia del 2006, en la que recibió un monto de 500 mil dólares; luego en la campaña del 2010 para la alcaldía de Lima, en la que recibió 200 mil dólares.[63]

Sin embargo, en un interrogatorio anterior al que fue sometido Jorge Barata, este había negado que se hubiera dado dinero a Lourdes en el 2006, ya que en ese entonces, el preferido de Odebrecht era Alan García. Se sabe que Cánepa ha presentado audios que comprobarían su versión (se trataría de conversaciones entre él y Lourdes, en las que está admitiría haber recibido dinero de Odebrecht).[197]

El 22 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los ex directivos de la empresa Odebrecht en Brasil, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, dijo que la empresa brasileña aportó US$ 200 mil a la campaña de Lourdes Flores a la alcaldía de Lima del 2010, a través de Horacio Cánepa; y US$ 50 mil a su campaña electoral a la presidencia de la República de 2006. Y que Lourdes Flores estaba enterada que el dinero provenía de Odebrecht.[198]

Por su parte, Lourdes Flores afirmó que solo se enteró en 2017 de que Odebrecht aportó a su campaña de 2010, a través del mismo Cánepa, que le hizo esa confesión por vía telefónica tras verse involucrado en las cuentas de Andorra. Negó tajantemente que ella pidiera dinero a Odebrecht, tal como afirmaba Cánepa. Dijo también que no temía ir a la prisión pues nada de lo que había hecho constituía un delito.[199]

El 5 de marzo de 2019, Lourdes Flores acudió a un interrogatorio ante la Fiscalía de Lavado de Activos, en calidad de testigo. Se negó a responder a las preguntas referidas a los aportes a sus campañas electorales. El fiscal José Domingo Pérez solicitó entonces que se le abriera una investigación preliminar, al existir indicios de haber recibido dinero ilícito. El encargado de la investigación será el fiscal del Equipo Especial Carlos Puma Quispe.[200]

Caso Gonzalo Monteverde[editar]

El 21 de febrero de 2019, en el marco del interrogatorio del Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato a los ex directivos de Odebrecht en Brasil, Luiz Da Rocha Soares, ex tesorero internacional de dicha empresa, reveló que Odebrecht utilizó a las empresas peruanas Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de Gonzalo Monteverde, para introducir dinero al Perú, que luego debía ser distribuido por Jorge Barata. Ello ocurrió en los gobiernos de Toledo, García y Humala. Da Rocha detalló que se reunió en dos oportunidades con Monteverde, una vez en Panamá y otra en el Perú, para coordinar cómo se iba a enviar el dinero.[201]

El 23 de febrero de 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar de Gonzalo Monteverde y otros implicados, entre los que están la esposa de Monteverde y sus socios. También se ordenó el allanamiento de sus inmuebles. La diligencia fue dirigida por el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, Monteverde fue declarado como no habido.[202]

El fiscal José Dominfo Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde y otras cuatro personas, al considerar que habían indicios suficientes de que estaban involucrados en lavado de activos. Además del testimonio de Da Rocha, Pérez mencionó como indicio la declaración de un ex trabajador de Monteverde, que afirmó que las empresas de su exjefe incrementaron sus ingresos monetarios al vincularse con el Consorcio Constructor IIrsa Norte, de Odebrecht.[203]

Atendiendo a la petición del fiscal, el 12 de marzo de 2019, el juez Manuel Chuyo ordenó 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde, así como para sus coinvestigados: su esposa María Isabel Carmona Bernasconi y su socio Jorge Wilfredo Salinas Coaguila. Todos ellos continúan prófugos de la justicia, con orden de ubicación y captura.[204]

Durante el interrogatorio al que fue sometido por el Equipo de Fiscales del Caso Lava Jato, realizado en Curitiba entre los días 23 y 26 de abril de 2019, Jorge Barata confirmó que Monteverde era uno de los operadores de la Divisón de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, a través de sus empresas, para traer dinero ilícito o no contabilizado usados para el pago de sobornos o aportes a campañas electorales..[65]

Investigados más notables[editar]

Alejandro Toledo Manrique
Presidente del Perú
Con orden de prisión preventiva y prófugo por coimas de la Interoceanica  
Alan García Pérez
Presidente del Perú
Tenía orden de detención preliminar, al estar investigado por presunta corrupción bajo su segundo gobierno (2006-2011), pero se suicidó el 17 de abril de 2019, haciendo que las investigaciones en su contra sean archivadas.  
Ollanta Humala Tasso
Presidente del Perú
Encausado por financiar su campaña electoral de 2006 y 2011 con fondos ilícitos  
Pedro Pablo Kuczynski Godard
Presidente del Perú
Con detención domiciliaria por 36 meses por presunto lavado de activos en agravio del Estado peruano cuando fue ministro de Estado (2004-2006).  
Nadine Heredia Alarcón
Primera Dama del Perú
Encausada por financiar la campaña electoral de 2006 y 2011 con fondos ilícitos  
Susana Villarán de la Puente
Alcaldesa Metropolitana de Lima
Con 18 meses de prisión preventiva por presuntamente recibir dinero ilícito en la campaña del NO a la revocatoria (de parte de Odebrecht y OAS), y en su campaña de reelección (de parte de OAS).  
Luis Castañeda Lossio
Alcalde Metropolitano de Lima
Investigado por Rutas de Lima y Línea Amarilla  
Félix Moreno Caballero
Gobernador Regional del Callao
Prófugo de la justicia tras un pedido de 18 meses de prisión en su contra por caso Costa Verde Callao  
Keiko Fujimori
Líder del Partido Fuerza Popular
Con 36 meses de prisión preventiva por financiar su campaña electoral con dinero ilícito  

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. CNN en español (22 de diciembre de 2017). «Escándalo Odebrecht: EE.UU. dice que 12 países recibieron sobornos». Consultado el 25 de mayo de 2017. 
  2. «La corrupción de Odebrecht en el Perú». Semana económica (Lima). Diciembre de 2016. 
  3. «PPK sobre sobornos de Odebrecht: "Puedo garantizar que no recibí nada, ni hice nada"». Semana económica (Lima). 22 de diciembre de 2016. 
  4. RPP Noticias (20 de mayo de 2017). «Las confesiones de Odebrecht y Barata sobre el caso Lava Jato en Perú». Consultado el 4 de marzo de 2018. 
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