Aborto en México

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Mapa de la situación legal del aborto en cada entidad federativa de México, basado en sus códigos penales.[1][2][3][4]     Estados con aborto legal en caso de violación, riesgo de salud y muerte para la madre, aborto imprudencial e inseminación no consentida.     Estados con aborto legal en los mismos términos que en los estados marcados con azul, además de malformaciones graves en el feto.     Estados con aborto legal a petición libre, por las doce semanas de gestación.     Guanajuato y Querétaro, estados con aborto legal en caso de violación.     Michoacán y Yucatán, estados con aborto legal con los mismos términos que en los estados marcados con morado, además de inviabilidad económica para la madre.     Chiapas, estado con aborto legal en los mismos términos que en los estados marcados con morado, en cualquier etapa de la gestación en caso de violación.

El aborto en México, referido al aborto inducido, no es punible en las 32 entidades federativas de la república mexicana a partir de que su práctica, siempre y cuando sea con el consentimiento de la mujer o la persona gestante, fue despenalizada de facto en todo el país el 7 de septiembre de 2021 tras un fallo judicial unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (acción de inconstitucionalidad AI 148/2017).[5][6]

Esta práctica está regulada por la legislación penal y de salud tanto a nivel local como federal. El poder legislativo de cada entidad federativa es autónomo para determinar los supuestos bajo los cuales se puede realizar un aborto legal en su territorio, toda vez que no contravengan las cláusulas federales. Algunas entidades señalan plazos, que generalmente son los primeros 90 días, 12 semanas o 3 meses de gestación, para poder realizar el procedimiento sea cual sea la causa; excepto en casos de violación donde no pueden haber límites (acción de inconstitucionalidad AI 53/2016 y amparo en revisión AR 438/2020).[7][8]

Debido a una segunda resolución judicial del 9 de septiembre de 2021, el sistema de plazos al aborto electivo es totalmente válido. Las entidades no pueden imponer leyes que menoscaben los derechos fundamentales de las personas ya nacidas ni adicionar trabas al aborto voluntario. Igualmente, no pueden definir cuando inicia la vida, ni dotar de personalidad jurídica a los productos de la gestación (acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018).[9][10]

Así mismo, la objeción de consciencia se encuentra reglamentada por las leyes de salud tanto federales como locales. El personal médico y de enfermería puede excusarse de realizar abortos legales por motivos morales, pero para evitar que esto sea una barrera más para el ejercicio de los derechos humanos, existen restricciones a esta figura (acción de inconstitucionalidad AI 54/2018).[11][12]

De manera general (a excepción de la Ciudad de México) hasta finales de la década de 2010 e inicios de la década de 2020, acceder a un aborto legal no era sencillo. Jo Tuckman del periódico The Guardian, señala que en la práctica había pocos estados que lo facilitaran, aunque a veces tampoco procesaban a los médicos que ofrecían opciones clandestinas, tanto seguras para las personas adineradas como potencialmente fatales para las personas pobres.[13][14]​ Por su parte, algunas asociaciones, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, reportan opacidad en el poder judicial y en las fiscalías locales, incluidas las entidades donde el aborto electivo es legal, así como numerosos abusos e irregularidades que afectan sobre todo a las personas más pobres y vulnerables.[15]

Esta tendencia restrictiva ha ido cambiando lentamente debido al empuje que las colectivas y organizaciones feministas a favor del aborto han venido realizando desde hace varias décadas. La labor de estos actores ha escalado hasta encontrar algunos aliados en las instituciones y autoridades del Estado mexicano.[16]

Sin embargo, el tema del aborto aún no es totalmente aceptado por toda la ciudadanía. El rechazo principal viene de las asociaciones religiosas (sobre todo de la Iglesia Católica) y de los partidos políticos de tendencia conservadora.[17][18]

Marco legal

En México, el estatus legal del aborto inducido depende tanto del marco normativo federal como del local. A diferencia de lo que sucede en otros países en América Latina, también con regímenes federales (como Argentina, Venezuela o Brasil), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía a cada una de las 32 entidades federativas que conforman la república mexicana para legislar, en su propio beneficio, asuntos relacionados con lo penal, la salud o la protección a víctimas de violencia sexual; siempre y cuando no sean incongruentes con las leyes generales. Es por esto que el análisis al aborto legal en México es complejo, pues se trata de un rompecabezas similar a lo que sucede en las otras dos grandes federaciones vecinas de América del Norte (Estados Unidos y Canadá).

Por lo tanto, en esta sección se describirá, de manera muy general, el orden jurídico que regula este asunto. La información detallada y particular se encuentra en el artículo principal recomendado.

Regulación penal

El Código Penal Federal se encargue de los delitos del orden federal, mientras que los otros 32 códigos penales locales se ocupen de los del fuero común en cada entidad federativa. En la gran mayoría de las veces, el aborto es considerado una infracción del orden local ya que no se ajusta a lo que determinan tanto el Código Penal Federal como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sobre delitos federales.[19][20][21]

Todos los códigos penales definen al aborto como un delito. Sin embargo, en las entidades restrictivas se considera la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, mientras que en las permisivas se determina como la interrupción del embarazo después de un cierto número de semanas de gestación (12 en todos los estados). No solo eso, en razón de la reforma de junio de 2011 al artículo 1.º de la Constitución general, sobre una mayor protección de lo derechos humanos en conformidad con los tratados internacionales,[22]​ el embarazo inicia con la implantación del embrión en el endometrio. Es entonces, la misma descripción que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in Vitro”) vs. Costa Rica.[23]

Según el Código Penal Federal, los delitos pueden clasificarse en dolosos o culposos.[24]​ Mientras tanto, los otros 32 códigos locales, también catalogan al aborto doloso como consentido o voluntario, forzado o coaccionado, autoprocurado o específico. La despenalización de la SCJN, y la que tiene que realizar cada entidad que aún no ha armonizado su legislación local, solo involucra al aborto consentido, ya sea autoprocurado o específico. El aborto forzado sigue y seguirá siendo un delito que amerite penas más severas, sobre todo cuando hay violencia física o emocional de por medio.

Desde hace más de un siglo, la interrupción del embarazo se autoriza según ciertas causales y supuestos por las cuales el aborto no podía ser sancionado. Esas situaciones o condiciones del aborto legal siguen y seguirán estando presentes pues su relevancia ahora está ligada a las leyes de salud. En total son 9 y cada entidad establece cuales son válidas en su territorio y cuales no:[25]

  • A libre petición. En 10 entidades (9 por reforma legislativa, con plazos entre 12 y 13 semanas de gestación, y 1 por sentencia AI 148/2017 de la SCJN, con un plazo indefinido).
  • Por violación, en todas las entidades. Algunos códigos siguen considerando un plazo máximo en el desarrollo del embarazo, así como una denuncia o autorización previa de las autoridades judiciales, lo cual también ha sido declarado como inconstitucional (sentencias CC 53/2016, CC 45/2016 y AR 438/2020 de la SCJN). Cualquier embarazo producto de una agresión sexual se puede interrumpir en cualquier momento, en cualquier lugar del país y antes de que los ministerios públicos o las fiscalías intervengan, debido a la normativa federal (NOM-046-SSA2-2005 y Ley General de Víctimas).
  • Imprudencial o culposo. En 30 entidades.
  • Aborto terapéutico, que se subdivide en 3 y requieren el juicio de personal médico especialista:
    • Por peligro de muerte. En 23 entidades.
    • Por grave daño a la salud. En 19 entidades.
    • Por alteraciones genéticas o congénitas graves. En 18 entidades.
  • Por inseminación artificial no consentida. En 17 entidades.
  • Por causas económicas graves. En solo 2 entidades.
  • Casos especiales, después de haber concluido el plazo legal cuando ocurre una negación por parte de una autoridad, una omisión por parte del personal médico y de enfermería o un trastorno ginecológico que impidió a la o el gestante darse cuenta de su embarazo. Por ahora solo se aplica en 4 entidades.

El Código Penal Federal solo reconocen tres: violación, culposo y peligro de muerte.[26]

Así mismo, los supuestos o causales pueden ser de no punibilidad / de excusa absolutoria (hay delito y se podría enfrentar un procedimiento innecesario, pero no se castiga) o de excluyente de responsabilidad / excluyente de delito (simplemente nunca hubo ningún delito).[27][28]

Causales y supuestos del aborto legal según los diferentes códigos penales en México
Entidad federativa Tipo Violación Culposo Peligro de muerte Daño a la salud Alteración congénita Fecundación artificial Causa económica Voluntad Caso especial
NP[nota 1] ER[nota 2]
Bandera de Aguascalientes MX-AGU
Bandera de Baja California MX-BCN
Bandera de Baja California Sur MX-BCS
Bandera de Campeche MX-CAM
Bandera de Chiapas MX-CHP
Bandera de Chihuahua MX-CHH
Bandera de Ciudad de México MX-CMX
Bandera de Coahuila de Zaragoza MX-COA[nota 3]
Bandera de Colima MX-COL
Bandera de Durango MX-DUR
Bandera de Estado de México MX-MEX
Bandera de Guanajuato MX-GUA
Bandera de Estado de Guerrero MX-GRO
Bandera de Estado de Hidalgo MX-HID
Flag of Jalisco.svg MX-JAL
Bandera de Michoacán MX-MIC
Bandera de Morelos MX-MOR
Bandera de Nayarit MX-NAY
Bandera de Nuevo León MX-NLE
Bandera de Oaxaca MX-OAX
Bandera de Puebla MX-PUE
Bandera de Querétaro MX-QUE
Bandera de Quintana Roo MX-ROO
Bandera de San Luis Potosí MX-SLP
Bandera de Sinaloa MX-SIN
Bandera de Sonora MX-SON
Bandera de Tabasco MX-TAB
Bandera de Tamaulipas MX-TAM
Bandera de Tlaxcala MX-TLA
Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave MX-VER
Bandera de Yucatán MX-YUC
Bandera de Zacatecas MX-ZAC
Bandera de México México Sí  Sí  Sí  No  No  No  No  No  No 

De manera general, las sanciones pueden incluir privación de la libertad (desde 2021, únicamente se puede hacer efectiva por aborto forzado), multas económicas (tasadas en VSM, antes de 2016, o UMA, después de 2016) o medidas alternativas (tratamientos integrales en libertad ya sean educativos, sanitarios o psicológicos). Cada Código también establece que penas son válidas en su territorio y cuáles no. Igualmente, cada uno especifica el tiempo que la o el condenado debe purgar.[29][30][31]

Si bien, desde septiembre de 2021, la despenalización por aborto consentido es efectiva en los hechos; muy pocas entidades, inclusive las permisivas, han modificado sus códigos para desterrar, de manera oficial, las penas de cárcel como lo señala la SCJN. Es decir, los castigos aún están incluidos en la redacción del documento, pero simplemente no se pueden aplicar. Es por esto que la gran mayoría de las entidades, inclusive las que han realizado la armonización, siguen estableciendo no solo a los colaboradores (donde se encuentra cualquier tercero que tenga alguna participación, familiares, amigos, conocidos, vecinos o personal médico, de enfermería y de servicios de matronería y partería) sino también a las o los gestantes. Esto es así porque en las entidades con aborto electivo, la sanción únicamente se podía imputar cuando la interrupción se realizaba después del límite legal. En la actualidad, sólo 6 códigos locales (4 permisivos y 2 restrictivos) respetan la sentencia AI 148/2017 de la SCJN y no imponen encarcelamiento ya sea a la o el gestante, al colaborador o a ambos. Casi todas mencionan que no se puede perseguir la tentativa (cuando esta produzca lesiones al producto del embarazo o a la mujer o la persona gestante), solo se castiga cuando es consumado.[29]

Las medidas alternativas pueden ser problemáticas cuando no se menciona la perspectiva de género, la sensibilización en los derechos humanos y la elusión a estereotipos que estigmaticen, discrimine o atenten contra la dignidad de las personas. Por un lado, sólo 3 códigos locales indican que se debe ser respetuoso con los derechos humanos de la o el gestante o con lo dispuesto en sus respectivas leyes de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Por otro lado, en 2 entidades aún se señalan los “valores humanos de la maternidad” y el “fortalecimiento de la familia”, lo que refuerza el concepto arcaico y conservador de la maternidad como una función obligatoria de todas las mujeres (totalmente contrario a los ideales progresistas de la Constitución general y de las jurisprudencias de la SCJN).[32][33]

En la actualidad, pocas entidades siguen considerando atenuantes por aborto consentido. Antes de 2021, servían para reducir el tiempo que una persona purgaba sentencia en la cárcel, pero casi todas están basadas en estereotipos y prejuicios sexistas y anticuados. Pueden ser cláusulas por honor (incluidas en el Código Penal Federal y en diferentes artículos en otros 3 códigos locales) o cláusulas por progenitor (incorporadas únicamente en 2 códigos locales). De manera general, en las primeras se trata de no tener "mala fama", no haber escondido la "deshonra", no haber ocultado el embarazo o que el mismo no su hubiera realizado fuera de una "unión legítima", concubinato o unión fuera del matrimonio. Mientras que en las segundas, el padre tuvo que haber otorgado el consentimiento para abortar o debería vivir con la madre y cumplir con las "obligaciones inherentes a la unión".[34][35]

Sanciones, penas y castigos por aborto voluntario según los diferentes códigos penales en México
Entidad federativa Cárcel (mínima)[nota 4] Cárcel (máxima)[nota 4] Multa económica Medidas alternativas Suspensión personal de salud[nota 4] Otras consideraciones
Bandera de Aguascalientes MX-AGU 6 meses a 1 año[nota 5] 1 a 3 años[nota 6] 40 a 80 días y "reparación del daño"[nota 7] 2 a 5 años Artículos 83.º, 101.º, 102.º, 103.º y 196.º Contiene errores de redacción muy graves que lo hacen incomprensible. Aún menciona requisitos para aborto por violación[nota 8]​.[36]
Bandera de Baja California MX-BCN 3 meses a 1 año[nota 5] 1 a 3 años[nota 6] 50 a 200 días (trabajo comunitario)[nota 5] Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel Artículo 132.º, 133.º, 135.º y 136.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2021[nota 9]​.[37]
Bandera de Baja California Sur MX-BCS Sin pena para gestantes y colaboradores/as Hasta 60 días a 2 meses (trabajo comunitario)[nota 7] Artículos 151.º, 152.º, 154.º y 156.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2022[nota 9]​.[38]
Bandera de Campeche MX-CAM 6 meses[nota 7] 2 años[nota 7] 24 a 72 jornadas (trabajo comunitario)[nota 7] Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel Artículos 155.º, 156.º, 158.º y 159.º Antes de la semana 12 de gestación corresponden medidas alternativas, después de ese plazo concerniría cárcel. Aún menciona plazos y requisitos para aborto por violación[nota 8][nota 10]​.[39]
Bandera de Chiapas MX-CHP Sin pena para las o los gestantes 1 a 3 años y 3 a 6 años[nota 6] Atención integral[nota 11] Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel Artículos 70.º, 88.º, 178.º, 179.º, 181.º y 183.º Las penas de cárcel aumentan cuando la o el gestante es menor de edad y no existe autorización de sus padres o tutores. Las medidas alternativas no pueden prolongarse más de 2 años. Menciona la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del estado. Aún menciona plazos para aborto por violación[nota 10]​.[40]
Bandera de Chihuahua MX-CHH 6 meses[nota 7] 3 años[nota 7] Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel Artículos 143.º, 144.º, 145.º, 146.º Aún menciona plazos para aborto por violación[nota 10]​.[41]
Bandera de Ciudad de México MX-CMX 3 a 6 meses[nota 5] 1 a 3 años[nota 6] 100 a 300 días (trabajo comunitario)[nota 5] Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel Artículos 76.º, 144.º, 145.º, 148.º y 201.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2007[nota 9]​.[42]
Bandera de Coahuila de Zaragoza MX-COA 1 año[nota 7] 3 años[nota 7] 2 a 6 años 6 meses a 2 años Artículos 195.º, 196.º, 198.º y 199.º Aborto electivo despenalizado, sin especificar el plazo máximo, desde 2021. La inhabilitación al personal de salud se reducía si solo ayudaban en el procedimiento pero no eran los principales actores. Aún perseguiría la tentativa (lesiones a la o el gestante). Aún menciona plazos para aborto por violación[nota 10]​.[43]
Bandera de Colima MX-COL Sin pena para las o los gestantes 15 días a 2 meses[nota 6] 800 a 1200 UMA[nota 6] 50 a 100 días (trabajo comunitario)[nota 6]1 a 3 meses (tratamiento libertad)[nota 5] Artículos 138.º, 139.º y 141.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2021. Menciona de manera explícita el concepto de persona gestante[nota 9]​.[44]
Bandera de Durango MX-DUR 1 a 3 años[nota 5] 1 a 5 años[nota 6] 72 a 216 UMA[nota 5]72 a 360 UMA[nota 6] 3 a 5 años Artículos 79.º Bis, 148.º, 149.º y 150.º Exige aprobación y aviso al Ministerio Público en casos de aborto terapéutico e imprudencial respectivamente. Aún menciona requisitos para aborto por violación[nota 8]​.[45]
Bandera de Estado de México MX-MEX 6 meses a 2 años 1 a 3 años[nota 5] 1 a 5 años[nota 6] 30 a 200 días[nota 6] 3 a 6 años 20 años Artículos 248.º, 249.º, 250.º y 251.º Aún contiene atenuantes basadas en cláusulas por honor. La pena menor se reduce si se cumplen las condiciones de las atenuantes. La inhabilitación al personal de salud aumenta si son reincidentes.[46]
Bandera de Guanajuato MX-GUA 6 meses a 3 años[nota 5] 1 a 3 años[nota 6] 5 a 30 días[nota 5]10 a 30 días[nota 6] Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel Artículos 11.º, 158.º, 159.º, 160.º, 162.º y 163.º [47]
Bandera de Estado de Guerrero MX-GRO Sin pena para las o los gestantes 6 meses a 2 años[nota 6] Artículos 79.º, 154.º, 155.º y 159.º Aborto electivo despenalizado hasta la semana 12 de gestación desde 2022[nota 9]​.[48]
Bandera de Estado de Hidalgo MX-HID 6 meses[nota 7] 1 año[nota 7] 10 a 40 días[nota 7] Por un tiempo igual al de la sanción en cárcel Artículos 154.º, 155.º y 158.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2021[nota 9]​.[49]
Flag of Jalisco.svg MX-JAL 4 meses a 1 año[nota 7]8 meses a 2 años[nota 5] 2 a 5 años[nota 6] Tratamiento médico integral[nota 12]​. 1 a 5 años Artículos 27.º, 227.º, 228.º y 229.º Establecería prisión preventiva o aumentaría la pena menor después del quinto mes de embarazo o si los o las colaboradores/as son reincidentes o procuran a gestantes reincidentes (tengan o no una sentencia previa). Aún contiene estereotipos de género que imponen maternidad forzada. Las medidas alternativas solo pueden aplicarse cuando gestante no es reincidente.[50]
Bandera de Michoacán MX-MIC Sin pena para las o los gestantes 6 meses a 2 años[nota 6] 6 meses a 1 año[nota 5]​ (trabajo comunitario) Doble del tiempo de la sanción en cárcel Artículos 141.º, 142.º, 144.º, 145.º y 146.º Aún menciona plazos y requisitos para aborto por violación. Igualmente, las causales de inseminación artificial no consentida y razones económicas deberán estar debidamente "justificadas" y realizarse dentro de las primeras 12 semanas de gestación[nota 8][nota 10]​.[51]
Bandera de Morelos MX-MOR 1 a 5 años[nota 7] 3 a 8 años 6 a 8 años[nota 6] 20 a 200 días[nota 7]40 a 400 días[nota 6] Tratamiento médico y psicológico integral [nota 12] 2 a 5 años o hasta las 2/3 partes de la pena Artículos 115.º, 116.º, 117.º, 118.º y 119.º La pena mayor se reduciría si el personal médico y de enfermería "realiza injustificadamente" el procedimiento, pero aumentaría si a eso se dedicara de manera habitual. Contiene errores de redacción muy graves que lo hacen incomprensible.[52]
Bandera de Nayarit MX-NAY 4 meses a 1 año[nota 5] 1 a 3 años [nota 6]3 a 4 años[nota 6] 20 días[nota 5]20 días a 50 días[nota 7]50 días[nota 6] 4 a 10 años Artículos 368.º, 369.º, 370.º, 371.º y 372.º Las sanciones menores corresponderían antes del tercer mes de gestación y las mayores después de ese plazo. Así mismo, aumentarían cuando se trate de una o un reincidente, con o sin sentencia previa.[53]
Bandera de Nuevo León MX-NLE 6 meses a 1 año[nota 5] 1 a 3 años[nota 6] 2 a 5 años Artículos 51.º Bis, 327.º, 328.º, 329.º, 330.º y 331.º[54]
Bandera de Oaxaca MX-OAX 3 meses[nota 7] 6 meses[nota 7] 100 a 300 días (trabajo comunitario)[nota 7] 2 a 5 años Artículos 312.º, 314.º, 315.º y 316.º Aborto electivo legal hasta la semana 12 de gestación desde 2019[nota 9]​.[55]
Bandera de Puebla MX-PUE 6 meses a 1 año[nota 5] 1 a 3 años[nota 6] 2 a 5 años Artículos 339.º, 340.º, 341.º, 342.º y 343.º[56]
Bandera de Querétaro MX-QUE 1 año[nota 7] 3 años[nota 7] 1 a 5 años Artículos 136.º, 137.º, 138.º, 139.º, 140.º, 141.º y 142.º Aún contiene atenuantes por progenitor. No castigaría al personal médico y de enfermería que atienda a las o los gestantes cuyo procedimiento lo hubiera realizado alguien más. Las penas aumentarían ("en una mitad más") si las o los gestantes son menores de edad o no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.[57]
Bandera de Quintana Roo MX-ROO 6 meses[nota 7] 2 años[nota 7] 2 a 5 años Artículos 55.º, 92.º, 93.º, 95.º, 96.º y 97.º Aún contiene atenuantes por progenitor. Aún menciona plazos y requisitos para aborto por violación[nota 8][nota 10]​.[58]
Bandera de San Luis Potosí MX-SLP 1 año[nota 7] 3 años[nota 7] 100 a 300 UMA[nota 7] 5 años Artículos 148.º, 149.º y 150.º Aún menciona requisitos para aborto por violación[nota 8]​.[59]
Bandera de Sinaloa MX-SIN Sin pena para gestantes y colaboradores/as 200 a 700 días[nota 5] 1 a 3 meses (medidas integrales)[nota 5]20 a 50 días (trabajo comunitario)[nota 6] Artículos 154.º, 155.º y 158.º Aborto electivo legal hasta la semana 13 de gestación desde 2022. Sólo indica amonestación para gestantes. Las medidas integrales serán determinadas por las o los jueces/zas según dictámenes de peritajes especializados. Menciona de manera explícita el concepto de persona gestante. Señala que el personal de salud siempre debe notificar a la autoridad competente[nota 9]​.[60]
Bandera de Sonora MX-SON 1 año[nota 7] 6 años[nota 7] 20 a 200 UMA[nota 7] 2 a 5 años Artículos 265.º, 266.º, 268.º, 269.º y 270.º[61]
Bandera de Tabasco MX-TAB 6 meses a 1 año[nota 5] 1 a 3 años[nota 7] 2 a 5 años Artículos 61.º, 130.º, 132.º, 133.º, 134.º, 135.º y 136.º La pena disminuiría o aumentaría si la o el gestante ejecuta su propio aborto o permite que una persona colaboradora se lo realice. Aún menciona requisitos para aborto por violación[nota 8]​.[62]
Bandera de Tamaulipas MX-TAM 6 meses a 1 año 1 a 5 años[nota 5] 4 a 6 años 4 a 8 años[nota 6] Reparación de daños y perjuicios (tratamientos curativos)[nota 6] Tratamiento médico integral[nota 12]​. 3 a 6 años Artículos 356.º, 357.º, 358.º, 359.º, 360.º y 361.º Aún contiene estereotipos de género que imponen maternidad forzada, así como atenuantes por honor. Las medidas alternativas solo pueden aplicarse cuando gestante no es reincidente. La pena menor se reduciría si se cumplen las condiciones de las atenuantes, la pena mayor aumentaría si la o el gestante es menor de edad o incapaz.[63]
Bandera de Tlaxcala MX-TLA 15 días a 2 meses[nota 7] 2 a 3 años[nota 6] 18 a 36 días[nota 7] 1 a 3 años Artículos 241.º, 242.º y 243.º La pena mayor correspondería a persona colaboradora reincidente, con o sin sentencia previa. Señala que el personal médico y de enfermería deberá entregar informes pormenorizados a la Secretaría de Salud local con dictámenes médicos sobre cada aborto legal, dentro de las 48 horas posteriores al procedimiento. El tratamiento de esos expedientes se regirá por la Ley de Acceso a la Información Pública del estado.[64]
Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave MX-VER Sin pena para las o los gestantes 15 días a 2 meses[nota 6] 75 UMA[nota 6] 50 a 100 días (trabajo comunitario)[nota 6]15 días a 2 meses (tratamiento libertad[nota 5][nota 11] Artículo 149.º, 150.º y 154.º Aborto electivo despenalizado hasta la semana 12 de gestación desde 2021[nota 9]​.[65]
Bandera de Yucatán MX-YUC 3 meses a 1 año[nota 5] 1 a 5 años[nota 6] Tratamiento médico integral[nota 12]​. 2 a 5 años Suspensión indefinida Artículos 389.º, 390.º, 391.º, 392.º y 393.º La suspensión definitiva del personal médico y de enfermería únicamente corresponde a reincidentes. Señala que la causal de razones económicas únicamente puede aplicarse cuando se tengan 3 hijos y deberá estar debidamente "justificada".[66]
Bandera de Zacatecas MX-ZAC 4 meses a 1 año[nota 7] 1 a 4 años[nota 6] 2 a 5 años Artículos 60.º Bis, 310.º, 311.º, 312.º y 313.º Aún contiene atenuantes por honor (siempre y cuando se realice antes del quinto mes de embarazo). Perseguiría la tentativa (lesiones al producto de la concepción). La pena menor correspondería al cumplir las condiciones de las atenuantes, aumentaría "en un tanto más" si no se satisfacen. La pena mayores correspondería a persona colaboradora reincidente, con o sin sentencia previa.[67]
Bandera de México México 6 meses a 1 año[nota 5] 1 a 3 años[nota 6]1 a 5 años[nota 5] 2 a 5 años Artículos 329.º, 330.º, 331.º, 332.º, 333.º y 334.º Aún contiene atenuantes por honor. correspondería al cumplir las condiciones de las atenuantes, aumentaría a la segunda pena mayor si no se satisfacen.[68]

Regulación de salud

Mapa del acceso al aborto voluntario en cada entidad federativa en México según sus leyes de salud:
     Aborto electivo permitido. Existe plazo máximo al reunir todos los requisitos. Objeción de consciencia limitada.      Aborto electivo permitido. Existe plazo máximo al reunir todos los requisitos. Objeción de consciencia aún debe ser limitada.      Aborto electivo permitido. No existe plazo máximo al reunir todos los requisitos. Objeción de consciencia limitada.      Aborto electivo permitido. No existe plazo máximo al reunir todos los requisitos. Objeción de consciencia aún debe ser limitada.      Aborto electivo restringido.

Tanto la Ley General de Salud como el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud se encarguen, a nivel federal, del derecho a la protección de la salud y las bases y modalidades para el acceso a los servicios y programas de salud proporcionados por las instituciones y organismos públicos. Mientras que las otros 32 reglamentos y leyes de salud locales se ocupen de lo mismo, pero en cada entidad federativa.[69][70][71]

Todas incluyen temas sobre las políticas de planificación familiar, pero solo algunas sobre interrupción del embarazo, sobre todo dónde se ha legalizado el aborto electivo. Usualmente, pero no siempre, en las entidades permisivas, se señalan:

  • Los servicios de orientación y conserjería, tanto médica como psicológica y social, para que las y los gestantes conozcan sus opciones, derechos y posibles riesgos o consecuencias.
  • El tiempo máximo de espera para realizar el procedimiento una vez presentada la solicitud y reunidos los requisitos.
  • La asistencia en salud sexual y reproductiva posterior al servicio
  • La NOM-046-SSA2-2005 o la Ley de Víctimas local en casos de delitos sexuales.
  • Las guías y protocolos de buenas prácticas emitidos por las autoridades sanitarias internacionales o federales para garantizar el aborto legal.[72][73]
  • La universalidad y la gratuidad para cualquier gestante, a pesar de que cuenten con algún seguro público o privado.
  • Las limitaciones al derecho del personal de los servicios de salud a la objeción de consciencia para que no sea un obstáculo para las y los gestantes.

Los sistema de seguridad social federal (IMSS, ISSSTE o ISSFAM) no pueden realizar abortos legales en las causales o supuestos que el Código Penal Federal no contemple. Sin embargo, aunque la Ley General de Salud no mencione de manera explícita la interrupción del embarazo, por precedente de la SCJN se pueden solicitar amparos personales para que las instituciones federales garanticen abortos por la causal grave daño a la salud.

Generalmente, se consideran como urgencias cuando el embarazo daña la salud o pone en riesgo la vida de la o del gestante, cuando el embarazo es resultado de una violación o cuando el plazo legal está próximo a vencer. El personal objetor será castigado si no refiere de manera inmediata a la o el paciente con personal no objetor. Finalmente, Todos los centros sanitarios públicos están obligados a contar de manera permanente con suficiente personal no objetor.

La Ley General de Salud contempla la objeción de consciencia, pero todavía necesita más cambios pues es parcialmente inconstitucional.[74]

Acceso al aborto legal según las diferentes leyes de salud en México
Entidad federativa Aborto electivo Gratuito y universal Guías y protocolos Periódo de espera Objeción de consciencia Otras consideraciones
Bandera de Aguascalientes MX-AGU Pendiente
Bandera de Baja California MX-BCN Desde 2021 NOM-046-SSA2-2005 5 días hábiles Artículos 26.º, 50.º nonies y 50.º decies[75]
Bandera de Baja California Sur MX-BCS Desde 2022 NOM-046-SSA2-2005 5 días Pendiente Artículo 62.º[76]
Bandera de Campeche MX-CAM Pendiente
Bandera de Chiapas MX-CHP Pendiente
Bandera de Chihuahua MX-CHH Pendiente
Bandera de Ciudad de México MX-CMX Desde 2007 NOM-046-SSA2-2005 5 días Artículos 6.º, 67.º, 81.º, 82.º y 144.º Prisiones y centros de reclusión deben proveer anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo.[77]
Bandera de Coahuila de Zaragoza MX-COA Desde 2021 Pendiente Utiliza el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México.[nota 13]
Bandera de Colima MX-COL Desde 2021 NOM-046-SSA2-2005 5 días Artículos 3.º, 29.º, 30.º, 31.º, 34.º, 37.º, 62.º quinquies, 62.º sexies, 62.º septies, 62.º octies y 113.º bis. Prisiones y centros de reclusión deben proveer anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo.[78]
Bandera de Durango MX-DUR Pendiente
Bandera de Estado de México MX-MEX Pendiente
Bandera de Guanajuato MX-GUA Pendiente
Bandera de Estado de Guerrero MX-GRO Desde 2022 Pendiente
Bandera de Estado de Hidalgo MX-HID Desde 2021 Pendiente Artículos 3.º, 5.º ter, 12.º quáter y 98.º Prisiones y centros de reclusión deben proveer la interrupción del embarazo.[79]
Flag of Jalisco.svg MX-JAL Pendiente
Bandera de Michoacán MX-MIC Pendiente
Bandera de Morelos MX-MOR Pendiente
Bandera de Nayarit MX-NAY Pendiente
Bandera de Nuevo León MX-NLE Pendiente
Bandera de Oaxaca MX-OAX Desde 2019 Federal e internacional Sin especificar 3 días naturales Pendiente Artículos 29.º, 59.º, 65.º bis, 65.º ter, 65.º quáter y 65.º quinquies. Énfasis en comunidades indígenas y afromexicanas. Las y los parteros deben ser capacitados en el tema. La secretaría de salud local debe mantener el registro detallado de todos los procedimientos.[80]
Bandera de Puebla MX-PUE Pendiente
Bandera de Querétaro MX-QUE Pendiente
Bandera de Quintana Roo MX-ROO Pendiente
Bandera de San Luis Potosí MX-SLP Pendiente
Bandera de Sinaloa MX-SIN Desde 2022 . NOM-046-SSA2-2005 Pendiente . Artículos 4.º bis 2, 26.º, 33.º, 75.º, 84.º, 86.º bis, 86.º bis 1, 86.º bis 2 y 235.º bis 2. Prisiones y centros de reclusión deben proveer anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo.[81]
Bandera de Sonora MX-SON Pendiente
Bandera de Tabasco MX-TAB Pendiente
Bandera de Tamaulipas MX-TAM Pendiente
Bandera de Tlaxcala MX-TLA Pendiente
Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave MX-VER Desde 2021 Pendiente Pendiente. Utiliza el Programa de Aborto Seguro para el Estado de Veracruz de Servicios de Salud de Veracruz.[nota 13]
Bandera de Yucatán MX-YUC Pendiente
Bandera de Zacatecas MX-ZAC Pendiente
Bandera de México México No No No No No No No No Sí  / No No Objeción de consciencia está parcialmente limitada en el artículo 10.º bis. Sin embargo debe estarlo mucho más (sentencia AI 54/2018 de la SCJN)[82]

A partir de mediados de 2021, el gobierno federal proporciona el esquema de los Servicios del Aborto Seguro en algunas unidades hospitalarias públicas del Sistema Nacional de Salud de todo el país. Su objetivo es:[83]

  • Facilitar el acceso a abortos inducidos seguros de acuerdo con el marco legal vigente de cada entidad y la NOM-046-SSA2-2005.
  • Ofrecer un trato de calidad, confidencial, sin discriminación y con personal capacitado.
  • Atender a pacientes que experimenten o hayan experimentado un aborto espontáneo.

Los criterios, procedimientos y protocolos de este programa (basados en la mejor evidencia científica disponible, con perspectiva de género y de derechos humanos, así como con tecnología e insumos clínicos adecuados) se encuentran consignados en el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México, realizado por la Secretaría de Salud (SSA) federal junto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR):[84][85]

Cabe destacar que es de los pocos documentos federales que mencionan a los miembros de la diversidad sexogenérica (hombres trans, personas no binarias, queer, gender fluid y/o agénero) aunque los agrupa bajo el concepto de "usuarias" (lo que es una inconsistencia y desacierto).

Este proyecto enfatiza:

  • Los derechos humanos, reproductivos y sexuales reconocidos en la Constitución general y los tratados internacionales que México ha suscrito.
  • La importancia de realizar el procedimiento en instituciones de salud del Estado (para evitar que las personas busquen tratamientos inseguros, poco efectivos y con personal poco capacitado que podría dañar su bienestar físico, mental y social).
  • La prioridad en el servicio (pues no debe suspenderse ni durante crisis humanitarias o sanitarias) y la rapidez con la que se tiene que actuar (para evitar daños prevenibles e injustificados).
  • Los derechos de las víctimas de violencia sexual (la inexistencia de un plazo que limite la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención inmediata y sin condicionamiento requisitos previos como una denuncia penal o una autorización judicial).
  • Los derechos del personal de los servicios de salud, como la objeción de conciencia, pero acotada para evitar sanciones (sin comprometer la continuidad en la asistencia sanitaria demandada, sin poder invocarla en casos de urgencia o a nivel institucional y con la obligación de canalizar al paciente sin delación a personal no objetor).
  • La autogestión, la autoasistencia y la telemedicina con o sin el apoyo de un prestador de atención sanitaria.
  • La salud mental, los principios bioéticos del consentimiento informado y el lenguaje accesible y fácil de entender.

Igualmente, señala como debe ser el proceso que deben llevar las y los gestantes; desde el primer contacto, los procedimientos y hasta el seguimiento final. Únicamente hay dos abordajes aprobados (el de medicamentos o farmacéutico, con misoprostol sólo o combinado con mifepristona; y el quirúrgico o instrumental, con aspiración manual endouterina o aspiración eléctrica endouterina). El legrado uterino instrumental ya es obsoleto, nocivo y está totalmente desaconsejado. En el primer trimestre, el procedimiento siempre será ambulatorio (se puede realizar en cualquier unidad de primer nivel) mientras que en el segundo trimestre se requiere de atención intrahospitalaria.

Regulación contra la violencia sexual

La Ley General de Víctimas se encargue de obligar a todas las autoridades y servidores públicos de cualquiera oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada; a proteger a las o los agraviados a través del reconocimiento y la garantía de sus derechos, así como asistencia y reparación integral de manera diligente. Mientras que las otras 32 leyes de víctimas locales se ocupen de lo mismo, pero en cada entidad federativa.

Sobre los servicios de emergencia médica, la Ley General de Víctimas indica que todas las instituciones hospitalarias públicas federales deben ofrecerlos a las y los lesionados que los soliciten de manera inmediata, sin importar su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión (como una denuncia o una autorización del Ministerio Público). La Interrupción Voluntaria del Embarazo y la anticoncepción de emergencia son parte de ellos. El material, los medicamentos y los honorarios médicos pueden ser rembolsables cuando las unidades públicas de salud más accesibles para las y los solicitantes no cuenten con lo anterior y deban ser enviados a otra clínica u hospital privado.[86]

Sin embargo, únicamente una entidad menciona lo anterior de manera explícita en su respectiva Ley de Víctimas.

Igualmente, también existe la NOM-046-SSA2-2005 expedida por la SSA. También es de observancia obligatoria para todas las instituciones de salud y personal médico y de enfermería pertenecientes al Sistema Nacional de Salud de los sectores público, privado y social. Su objetivo es:[87]

  • Establecer las reglas, directrices, características, criterios, procedimientos y protocolos en la orientación, detección, prevención, tratamiento y recuperación de víctimas de violencia familiar o sexual.
  • Atención médica en casos de violación, la cual debe ser de calidad y libre de estigmas y malos tratos.

Esta última norma remplaza, desde 2005, a la NOM 190-SSA1-1999 pues antes de esa fecha no existía ningún proyecto que regulara esto de manera precisa y explícita, aunque el Código Penal Federal establece desde 1931 a la violación como causal para abortar legalmente. Su incumplimiento da origen a sanciones penales, civiles o administrativas; según corresponda conforme a las disposiciones legales aplicables.

Sobre los casos de agresión sexual, este documento señala que son urgencias médicas que todas las instituciones deben atender de manera inmediata. La anticoncepción de emergencia se debe proveer hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento. Para la Interrupción Voluntaria del Embarazo se menciona que:[88][89]

  • Ya no es necesario una denuncia o una autorización del Ministerio Público, sólo se necesita una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada.
  • Las y los mayores de 12 años de edad no necesitan permiso de su padre, madre o tutor.
  • El personal médico o de enfermería no estará obligado a verificar el dicho de la o el solicitante debido al principio de buena fe a que menciona la Ley General de Víctimas.
  • Se deberá brindar previamente, información completa sobre posibles riesgos y consecuencias del procedimiento para garantizar que la decisión de la o el usuario se trata de una decisión informada.

Sobre el personal médico y de enfermería y sobre las unidades de salud, sobre todo los especializados en casos de situación de violencia familiar o sexual, se indica que:

  • Se deberá respetar el derecho a la objeción de conciencia, pero es necesario que las clínicas y hospitales cuenten con una plantilla capacitada y no objetora. Si no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la o el paciente a una unidad con personal no objetor y con infraestructura de calidad.
  • Se deberá sensibilizar, capacitar y actualizar periódicamente.

Acción de inconstitucionalidad AI 148/2017

Despenalización de facto el aborto electivo desde septiembre de 2021. Se reconoce que las mujeres y las personas gestantes en México tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos pues al no permitir que interrumpan sus embarazos de manera voluntaria, no solo se vulneran sus derechos sexuales, reproductivos y de acceso a la salud, sino que además estigmatiza y pone en riesgo al personal de servicios salud y personas más pobres y en mayor grado de marginación. A diferencia de otros países (como en los Estados Unidos con el caso Roe v. Wade) la legalización en todo el país no fue automática pues aún es necesario que los poderes legislativos tanto locales lo hagan de iure. No obstante, ningún juez puede castigar a ninguna persona (gestante o colaborador) por aborto consentido aunque la norma federal o local lo siga criminalizando. Si bien las fiscalías locales sí pueden continuar abriendo carpetas de investigación y enviando a la gente a los tribunales, el caso siempre deberá ser anulado una vez que lleguen a manos de un juez.[90][91][92]

Gracias a lo anterior, las personas que han sido encarceladas por el delito de aborto electivo han podido salir de prisión, pues en México las jurisprudencias únicamente pueden ser retroactivas cuando benefician a los derechos humanos. Es por esto que, la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, en coordinación con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), están realizando los procedimientos necesarios para la liberación de las personas condenadas.[93][94][95][96]​ Así mismo, se han reforzado las leyes de amnistía que algunas entidades han promulgado desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Inclusive, ciertas entidades han creado leyes de amnistía específicas en favor de las mujeres que han sido revictimizadas por violencia de género.[97]

Acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018

Mapa de la armonización al aborto voluntario en cada entidad federativa en México según sus constituciones:
     Aborto electivo permitido. Nunca hubo blindaje anticonstitucional a la vida en gestación.      Aborto electivo permitido. El blindaje anticonstitucional a la vida en gestación fue reformado.      Aborto electivo permitido. El blindaje anticonstitucional a la vida en gestación aún debe ser reformado.      Aborto electivo restringido. El blindaje anticonstitucional a la vida en gestación aún debe ser reformado.      Aborto electivo restringido. Nunca hubo blindaje anticonstitucional a la vida en gestación.

Invalidan los blindajes a la vida en gestación en constituciones locales desde septiembre de 2021. Así, no se puede considerar como personas a embriones y fetos y por lo tanto tampoco se les puede dotar de personalidad jurídica plena pues aunque sí cuentan con ciertas protecciones, estas son mínimas al inicio del embarazo y van aumentando conforme al desarrollo de este. Es decir, las garantías que pudieran tener los productos de la concepción nunca podrán desconocer o estar por encima de los derechos y libertades de las personas nacidas. De hecho, la vida en gestación se defiende a través de la vida y bienestar de las mujeres y las personas gestantes a través de la continuidad en los embarazos deseados; asegurando atención prenatal, proveyendo partos saludables y abatiendo la mortalidad materna (entre otros). Únicamente la Constitución general y el Congreso de la Unión están autorizados a definir de manera explícita el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos; pero hasta ahora no ha sucedido.[10][98]

De nueva cuenta, no desembocó en una legalización automática en todo el país pues es responsabilidad exclusiva de las entidades (y de la federación) el reformar sus órdenes jurídicos. Sin embargo, a partir de ahora, cualquier persona con capacidad de gestar en México puede interrumpir su embarazo por decisión propia en las primeras etapas de este. Igualmente, obliga a los poderes legislativos de las entidades, que aún no han armonizado sus leyes, así como de la federación a siempre pronunciarse a favor de la ampliación de nuevos supuestos y de la aprobación del aborto electivo (a lo que las colectivas y organizaciones feministas han expresado que harán presión para que las primeras 12 semanas de gestación sea el límite mínimo). Así mismo, se deben modificar sus leyes de salud para considerar las bases, modalidades, criterios, procedimientos y protocolos para interrumpir un embarazo de manera legal.[99][100]​ Y sobre todo, en aquellos lugares que retrasen la discusión sobre el tema, se facilitará el acceso a amparos, ya sea individuales para acceder a un aborto voluntario (aún si la persona no está embarazada) o colectivos para invalidar las legislaciones restrictivas.[101][102][103][104][105][106]

Como antecedentes a esto, se tienen las acciones de inconstitucionalidad AI 11/2009 y AI 62/2009.[107][108]

Armonización a los blindajes a la vida en gestación según las constituciones en México
Entidad federativa Artículos Reforma inicial Reforma final[nota 14]
Bandera de Aguascalientes MX-AGU Artículos 2.º[109] Febrero de 2021 Pendiente
Bandera de Baja California MX-BCN Artículo 7.º[110] Diciembre de 2008 Pendiente
Bandera de Baja California Sur MX-BCS Nunca hubo candado alguno
Bandera de Campeche MX-CAM Junio de 2021 Nunca entró en vigor
Bandera de Chiapas MX-CHP Artículo 4.º[111] Enero de 2010 Pendiente
Bandera de Chihuahua MX-CHH Artículo 5.º[112] Octubre de 1994 Pendiente
Bandera de Ciudad de México MX-CMX Nunca hubo candado alguno
Bandera de Coahuila de Zaragoza MX-COA Nunca hubo candado alguno
Bandera de Colima MX-COL Artículo 1.º[113] Marzo de 2009 Septiembre de 2021
Bandera de Durango MX-DUR Artículo 3.º[114] Mayo de 2009 Pendiente
Bandera de Estado de México MX-MEX Nunca hubo candado alguno
Bandera de Guanajuato MX-GUA Artículo 1.º[115] Mayo de 2009 Pendiente
Bandera de Estado de Guerrero MX-GRO Nunca hubo candado alguno
Bandera de Estado de Hidalgo MX-HID Nunca hubo candado alguno
Flag of Jalisco.svg MX-JAL Artículo 4.º[116] Julio de 2009 Pendiente
Bandera de Michoacán MX-MIC Nunca hubo candado alguno
Bandera de Morelos MX-MOR Artículo 1.º bis[117] Diciembre de 2008 Pendiente
Bandera de Nayarit MX-NAY Artículo 7.º[118] Junio de 2009 Pendiente
Bandera de Nuevo León MX-NLE Artículo 1.º[119] Marzo de 2019 Pendiente (Inválido por sentencias AI 41/2019 y AI 42/2019 de la SCJN).[nota 15]
Bandera de Oaxaca MX-OAX Artículo 12.º[120] Septiembre de 2009 Septiembre de 2021
Bandera de Puebla MX-PUE Artículo 26.º[121] Junio de 2009 Pendiente
Bandera de Querétaro MX-QUE Artículo 2.º[122] Septiembre de 2009 Pendiente
Bandera de Quintana Roo MX-ROO Artículo 13.º[123] Mayo de 2009 Pendiente
Bandera de San Luis Potosí MX-SLP Artículo 16.º[124] Septiembre de 2009 Pendiente
Bandera de Sinaloa MX-SIN Artículo 4.º bis A[125] Septiembre de 2018 Marzo de 2022
Bandera de Sonora MX-SON Artículo 1.º[126] Abril de 2009 Pendiente
Bandera de Tabasco MX-TAB Nunca hubo candado alguno
Bandera de Tamaulipas MX-TAM Artículo 16.º[127] Diciembre de 2010 Pendiente
Bandera de Tlaxcala MX-TLA Nunca hubo candado alguno
Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave MX-VER Artículo 4.º[128] Marzo de 2019 Pendiente (Sentencia AI 85/2016 de la SCJN).[nota 15]
Bandera de Yucatán MX-YUC Artículo 1.º[129] Agosto de 2010 Pendiente
Bandera de Zacatecas MX-ZAC Nunca hubo candado alguno
Bandera de México México Nunca hubo candado alguno Nunca hubo candado alguno

Entidades que han legislado a favor del aborto voluntario

Las entidades que a continuación se muestran aparecen en orden cronológico. Se describirá, de manera muy general, las fechas y el proceso de despenalización y/o legalización, los antecedentes a las reformas, los cambios involucrados y la situación que se vive actualmente. La información detallada y particular se encuentra en los artículos principales recomendados.

Ciudad de México

El aborto voluntario está completamente despenalizado y legalizado hasta la duodécima semana de gestación, desde abril de 2007 debido a cambios en el Código Penal y la Ley de Salud). Posteriormente, en junio de 2021, se intentó aumentar el plazo hasta las 20 semanas, únicamente en casos de agresión sexual, sin embargo, fue rechazado debido a que contravenía la legislación federal (Ley General de Víctimas y la NOM-046- SSA2-2005). De este modo y aprovechando el cambio constitucional de 2016 (por el cual se extinguió formalmente el Distrito Federal y se creó la Ciudad de México) se prefirió, en agosto de 2021, promulgar una nueva Ley de Salud respetuosa con la normatividad federal sobre el aborto por violación (siendo la primera en el país).

Previamente, en agosto de 2000, se realizaron reformas al Código Penal para aumentar las causales del aborto legal, pero sin considerar al aborto electivo (Ley Robles). Igualmente, en enero de 2004, se realizaron cambios a la Ley de Salud para garantizar, de manera efectiva, la interrupción del embarazo según los supuestos del Código Penal (aún sin incluir al aborto voluntario).

La legislación local aún no reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, sin embargo, la Constitución local admite, de manera general, los derechos humanos de cualquier persona sin importar su orientación sexual o identidad de género. Nunca hubo un candado antiaborto en la Constitución local.

La secretaría de salud local es la única en el país que publica, de manera constante, estadísticas sobre el tema. Igualmente, es la única que facilita la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • Hasta marzo de 2022, se han realizado 247 410 interrupciones del embarazo.
  • Existen en la actualidad 15 unidades médicas públicas a lo largo de la entidad (en 11 de las 16 demarcaciones). Igualmente, en 4 clínicas solo es posible por medicamentos, en 3 clínicas puede ser por medicamentos o quirúrgico y en 8 hospitales también es posible por medicamentos o quirúrgico.
  • El procedimiento lo puede solicitar cualquier persona, inclusive si son menores de edad, si reside o no en la CDMX, si cuenta o no con ciudadanía mexicana y sin importar su estatus migratorio en México.
  • El servicio debe ser gratuito, universal (sin importar si el paciente cuenta con algún seguro público o privado) y en un plazo no mayor a 5 días.

Desde 2007, sólo se ha registrado la muerte de una única persona ya que, aunque el procedimiento, sobre todo el quirúrgico, se realiza con los mayores estándares de calidad y seguridad, siempre existe la probabilidad de alguna complicación. Este dato contrasta con la estimación del GIRE de 120 muertes al año previo a la despenalización y legalización en la entidad.

Existen numerosas clínicas y hospitales privados donde el procedimiento no es gratuito, obviamente. Y debido a la sobrerregulación de Cofepris, algunas deciden operar sin permiso oficial. Esto ha abierto la puerta a clínicas falsas que pertenecen a grupos religiosos y conservadores donde engañan a las y los usuarios para que desistan en su deseo de abortar.

Oaxaca

El aborto voluntario está completamente despenalizado hasta la duodécima semana de gestación, desde septiembre de 2019 debido a cambios en el Código Penal. Posteriormente, en septiembre de 2021, fue legalizado debido a cambios en el Ley de Salud.

El candado antiaborto que existía en la Constitución local desde 2009 fue eliminado en septiembre de 2021. Dicho blindaje ya era considerado inválido debido al pronunciamiento de la SCJN (acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018). Así, se establece de manera explícita que la capacidad jurídica de las personas físicas o naturales se da al nacimiento y no al momento de la concepción. La legislación local aún no reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, sin embargo, la Constitución local admite, de manera general, los derechos humanos de cualquier persona sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • No se ha confirmado el número exacto de interrupciones del embarazo. Únicamente se sabe que se han realizado 130 procedimientos en uno de los nosocomios públicos autorizados.
  • Existen en la actualidad dos unidades públicas (una clínica donde se puede realizar por medicamentos y un hospital donde se puede realizar por medicamentos o quirúrgico) así como una clínica privada; todos ubicados en la ciudad de Oaxaca. En teoría, los 56 hospitales y 500 clínicas rurales del estado deberían ofrecer el servicio, como lo establece la ley. Igualmente, se incorporarán 14 unidades médicas más en la región de los Valles Centrales, aunque no se ha especificado una fecha para hacerlo.

El trabajo de las colectivas ha sido fundamental para realizar campañas de difusión a lo largo del territorio y en diferentes lenguas indígenas. Igualmente, las asociaciones civiles realizan acompañamiento ya que algunas y algunos usuarios han denunciado revictimización, maltratos u obstaculización por parte del personal del personal en algunas de las unidades públicas de salud.

Hidalgo

El aborto voluntario está completamente despenalizado y legalizado hasta la duodécima semana de gestación, desde junio de 2021 debido a cambios en el Código Penal y la Ley de Salud.

La legislación local aún no reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, sin embargo, la Constitución local admite, de manera general, los derechos humanos de cualquier persona sin importar su orientación sexual o identidad de género. Nunca hubo un candado antiaborto en la Constitución local.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • Hasta mayo de 2022 se han realizado 429 interrupciones del embarazo, de los cuales 90% han sido con medicamentos y el resto de manera quirúrgica.
  • Existen en la actualidad 16 unidades públicas en 14 municipios a lo largo del estado.
  • No se ha registrado ninguna complicación o situación de riesgo en los pacientes atendidos.
  • Se ha identificado al personal no objetor para capacitarlo.

El trabajo de las colectivas ha sido fundamental para realizar campañas de difusión a lo largo del territorio y en diferentes lenguas indígenas. Igualmente, las asociaciones civiles realizan acompañamiento ya que algunas y algunos usuarios han denunciado revictimización, maltratos u obstaculización por parte del personal del personal en algunas unidades públicas de salud. Durante las elecciones estatales de 2022, el actual gobernador electo, Julio Menchaca Salazar, se mostró abiertamente a favor del aborto electivo, siendo de los pocos que lo hicieron entonces.

Veracruz

El aborto voluntario está completamente despenalizado hasta la duodécima semana de gestación, desde julio de 2021 debido a cambios en el Código Penal. Posteriormente, en noviembre de 2021 se publicaron los protocolos para acceder al servicio a través de una guía técnica del gobierno estatal y así subsanar las carencias de la Ley de Salud.

Aún se cuenta con un candado antiaborto en la Constitución local desde 2016, el cual fue declarado inconstitucional por la SCJN en mayo de 2022. Igualmente, dicho blindaje ya era considerado inválido desde septiembre de 2021 debido al pronunciamiento de la SCJN (acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018). La legislación local aún no reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, sin embargo, la Constitución local admite, de manera general, los derechos humanos de cualquier persona sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • No se ha confirmado el número definitivo de unidades públicas. Solo existe en la actualidad un hospital ubicado en la ciudad de Jalapa, así como una clínica privada en la ciudad de Veracruz.

El trabajo de las colectivas ha sido fundamental para realizar acompañamiento ya que algunas y algunos usuarios han denunciado revictimización, maltratos u obstaculización por parte del personal del personal en algunas unidades públicas de salud. Igualmente, exigen que las autoridades judiciales aclaren las 22 carpetas de investigación (11 en 2022) que se han abierto por el delito de aborto desde la despenalización. Durante las elecciones federales de 2018, el actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, mantuvo una postura ambivalente respecto al aborto electivo.

Coahuila

El aborto voluntario está completamente despenalizado desde septiembre de 2021 debido a una sentencia de la SCJN (acción de inconstitucionalidad AI 148/2017). El poder legislativo local solo ha invalidado los artículos correspondientes del Código Penal, pero no se han modificado los plazos, sentencias o causales. Es decir, el aborto electivo se encuentra en una laguna legal.

La legislación local aún no reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, sin embargo, la Constitución local admite, de manera general, los derechos humanos de cualquier persona sin importar su orientación sexual o identidad de género. Nunca hubo un candado antiaborto en la Constitución local.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • No se ha confirmado el número definitivo de interrupciones del embarazo. Hasta finales de 2021 se habían realizado 53 interrupciones del embarazo.
  • No se ha confirmado el número definitivo de unidades públicas. Se reportan hospitales en las ciudades de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. En teoría, cada clínica decide si realiza o no el procedimiento.
  • Se han realizado interrupciones más allá del límite de 12 semanas. Las autoridades médicas han declarado que el límite podría estar en las 22 semanas ya que el Lineamiento Técnico del Gobierno Federal define al aborto hasta ese plazo.

El trabajo de las colectivas ha sido fundamental para realizar acompañamiento ya que no existe formalmente ninguna legislación o protocolo que obligue u oriente a las unidades públicas de salud para proveer el servicio. Al principio algunos hospitales se negaron a atender pacientes debido a la falta de protocolos locales, sin embargo, en la actualidad, la resistencia es mucho menor pues suelen regirse por la guía técnica del gobierno federal.

Baja California

El aborto voluntario está completamente despenalizado y legalizado hasta la duodécima semana de gestación, desde octubre de 2021 debido a cambios en el Código Penal, la Ley de Salud y la Ley de Víctimas.

Aún se cuenta con un candado antiaborto en la Constitución local desde 2008, ya que en la reforma de octubre de 2021 no se obtuvieron los votos necesarios. Dicho blindaje es considerado inválido desde septiembre de 2021 debido al pronunciamiento de la SCJN (acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018). La legislación local aún no reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, sin embargo, la Constitución local admite, de manera general, los derechos humanos de cualquier persona sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • Hasta febrero de 2022 se han realizado 14 interrupciones del embarazo.
  • No se ha confirmado el número definitivo de unidades públicas, aunque las interrupciones se han realizado en hospitales en las ciudades de Mexicali, Ensenada y Tijuana.
  • Si la paciente tiene menos de 9 semanas se procede con medicamentos. El método quirúrgico se aplica si tiene entre 10 y 12 semanas.
  • Se cuenta solamente con 3 ginecólogos no objetores, por lo que se capacitará a médicos generales para que realicen los procedimientos.

El anterior gobernador, Jaime Bonilla Valdez, nunca se mostró a favor del aborto electivo. Inclusive se pronunció por someterlo a referendum, pero no sucedió pues en México los derechos no pueden consultarse. Su sucesora, Marina del Pilar Ávila, a quien le tocó ratificar las reformas, ha evitado pronunciarse al respecto.

Colima

El aborto voluntario está completamente despenalizado y legalizado hasta la duodécima semana de gestación, desde diciembre de 2021 debido a cambios en el Código Penal y la Ley de Salud.

El candado antiaborto que existía en la Constitución local desde 2009 fue eliminado en septiembre de 2021. Dicho blindaje ya era considerado inválido debido al pronunciamiento de la SCJN (acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018). Así, se establece de manera explícita que la capacidad jurídica de las personas física o naturales se da al nacimiento y no al momento de la concepción. La legislación local ya reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, siendo la primera en el país.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • No se ha confirmado el número definitivo de interrupciones del embarazo. Hasta diciembre de 2021 se ha reportado solo una.
  • No se ha confirmado el número definitivo de unidades públicas. Se reportan hospitales en las ciudades de Colima, Manzanillo y Tecomán. En teoría, cualquier clínica del estado de con servicio de gineco-obstetricia podría realizar el procedimiento.

El trabajo de las colectivas ha sido fundamental para realizar acompañamiento ya que algunas y algunos usuarios han denunciado revictimización, maltratos u obstaculización por parte del personal del personal en algunas unidades públicas de salud.

Durante las elecciones intermedias de 2021, la actual gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, se mostró abiertamente a favor del aborto electivo, siendo de las pocas que lo hicieron entonces.

Sinaloa

El aborto voluntario está completamente despenalizado y legalizado hasta la décimo tercera semana de gestación, desde marzo de 2022 debido a cambios en el Código Penal, la Ley de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil y el Código Familiar.

El candado antiaborto que existía en la Constitución local desde 2018 fue eliminado en marzo de 2022. Dicho blindaje ya era considerado inválido desde septiembre de 2021 debido al pronunciamiento de la SCJN (acciones de inconstitucionalidad AI 106/2018 y AI 107/2018). Así, se establece de manera explícita que la capacidad jurídica de las personas físicas o naturales se da al nacimiento y no al momento de la concepción. La legislación local ya reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, siendo la segunda en el país.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • Hasta mayo de 2022 se han reportado 8 interrupciones del embarazo.
  • No se ha confirmado el número definitivo de unidades públicas. Se reportan hospitales en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis.

Las reformas se llevaron a cado en el Día Internacional de la Mujer. Durante las elecciones intermedias de 2021, el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, no se mostró a favor del aborto electivo. Inclusive se pronunció por someterlo a referéndum, pero no sucedió pues en México los derechos no pueden consultarse.

Guerrero

El aborto voluntario está completamente despenalizado hasta la duodécima semana de gestación, desde mayo de 2022 debido a cambios en el Código Penal.

La legislación local aún no reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, sin embargo, la Constitución local admite, de manera general, los derechos humanos de cualquier persona sin importar su orientación sexual o identidad de género. Nunca hubo un candado antiaborto en la Constitución local.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • No se ha confirmado el número definitivo de interrupciones del embarazo.
  • No se ha confirmado el número definitivo de unidades públicas. Se reporta un hospital en la ciudad de Iguala.

Se esperan reformas a la Ley de Salud en los próximos 180 días. Durante las elecciones intermedias de 2021, la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, no se mostró a favor del aborto electivo. Inclusive se pronunció por someterlo a referéndum, pero no sucedió pues en México los derechos no pueden consultarse.

Baja California Sur

El aborto voluntario está completamente despenalizado y legalizado hasta la duodécima semana de gestación, desde junio de 2022 debido a cambios en el Código Penal y la Ley de Salud.

La legislación local ya reconoce formalmente el concepto de persona gestante para incluir a la diversidad sexogenérica, siendo la tercera en el país. Nunca hubo un candado antiaborto en la Constitución local.

Hasta la fecha, al igual que las otras entidades (a excepción de la CDMX), la secretaría de salud local aún no ha publicado estadísticas, de manera constante, sobre el tema; ni ha facilitado la información para las usuarias y los usuarios sobre requisitos, unidades, procedimientos:

  • No se ha confirmado el número definitivo de interrupciones del embarazo.
  • No se ha confirmado el número definitivo de unidades públicas. Se reporta un hospital en la ciudad de Cabo San Lucas.

Es la primera entidad donde la reforma surge por una iniciativa ciudadana presentada ante el poder legislativo local (por Mónica Jasis Silberg, directora de la organización Centro Mujeres A.C.) Durante las elecciones intermedias de 2021, el actual gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, se mostró abiertamente a favor del aborto electivo, siendo de los pocos que lo hicieron entonces.

Historia

Mesoamérica prehispánica

Códice Florentino, manuscrito conocido también como Historia General de las cosas de Nueva España. Libro 6, Capítulo 27: "de como una matrona parienta […] habla a la partera para que se encargue  del parto de la preñada y de cómo la partera responde aceptando el ruego".

De manera general, comparado con los estándares contemporáneos, debido a la alta mortalidad y la baja esperanza de vida de las sociedades antiguas, el éxito de la supervivencia de la comunidad dependía de una tasa de natalidad alta,[130]​ por lo que la maternidad era crucial para que los pilares de la economía se revistieran con nuevos elementos; como son agricultores, artesanos, comerciantes y, sobre todo, guerreros. En casi todas las culturas mesoamericanas, las mujeres eran educadas para cumplir con ciertos “papeles complementarios”: la procreación y el cuidado, únicamente dentro del vínculo matrimonial, pues la castidad de las mujeres jóvenes y solteras era obligatoria. Para la gran mayoría de las comunidades indígenas en México, la fertilidad era, y sigue siendo, una “bendición”.

Es por eso que la partería, actividad compuesta totalmente por mujeres, tenía un rol central, prestigioso y sagrado; como lo atestiguo Bernardino de Sahagún en su Historia general de las cosas de Nueva España. Contaban con conocimientos empíricos en farmacología a través de muchas generaciones de observación, practica y experimentación. Conocían sobre hierbas medicinales, como el barbasco (dioscorea composita) que utilizaban para inducir el aborto como lo expuso Francisco de Villacastín en sus Relaciones Geográficas.[131][132]

A diferencia de los mayas y los zapotecas, la sociedad mexica, de la cual se ha estudiado más sobre este tema, era abiertamente sexista y patriarcal. Su sexualidad estaba plagada de tabúes y todos los aspectos de su vida privada estaban condicionados fuertemente por el Estado. A las mujeres se les imponía el matrimonio desde una edad temprana y se les amenazaba con penas muy severas por trasgredir ese “orden”. Si rechazaban al pretendiente corrían el riesgo de ser violadas; mientras que el lesbianismo, la carnalidad premarital o extraconyugal, el infanticidio o la interrupción del embarazo se castigaba con pena de muerte.[133]​ Sobre este último, la sentencia era el ahogamiento, tanto a la usuaria (netlatlaxilixtli) como a la partera (temixihuitiani) que la auxiliaba (nitetla tlaxilia). Sin embargo, solo se permitía el aborto a las concubinas o esposas secundarias de los gobernantes (tlatoanis) pues de esa manera se creía que se evitarían disputas políticas o nobiliarias. La obstinación era tal que la parturienta que moría dando a luz era reconocida como una cihuateteo; una guerrera cuyo espíritu servirá en el Tonatiuhichan.[134][135][136]

Nueva España

Portada de Las Siete Partidas, de un incunable impreso el 24 de diciembre de 1491, ubicado en la Biblioteca Nacional de Chile

En ciertos aspectos, la herencia cultural de la Europa Medieval no fue muy diferente al de los mexicas prehispánicos. Así, la sociedad novohispana también era misógina, aunque las condiciones de vida de las mujeres podían ser ligeramente mejores según el grupo étnico al que pertenecían. Tanto la anticoncepción como el aborto se mantenían en estricto secreto, por lo que sus vestigios históricos son muy tenues o incluso borrados. En todo caso, se sabe que lo practicaban casadas, viudas y solteras; ya sea “de familias decentes”, trabajadoras sexuales y hasta monjas de clausura. Se recurría a él para “evitar la deshonra y la vergüenza” de procrear un hijo fuera del matrimonio (y terminar así en un convento), para eludir la necesidad de casarse al embarazar a una “doncella”, para evitar la separación de los cónyuges ante la evidencia de un adulterio, para ocultar un incumplimiento a la castidad, para encubrir una agresión sexual o simplemente como una medida terapéutica. Se cree que el término “mal parto”, con el que las personas se referían a su descendencia, funcionaba como un eufemismo sobre esto.

La mayoría de la normatividad penal de los virreinatos americanos provenía de Castilla, que a su vez estaba muy influenciada por la religión cristiana. Se destacan dos cuerpos legislativos: el Fuero Juzgo, que es la traducción del Liber Iudiciorum de los visigodos, y las Siete Partidas del rey Alfonso X “el Sabio”. Sobre esta última, en el Título VIII de la Partida Séptima, se señalaban dos tipos de castigos por la interrupción del embarazo, ya sea por ingesta de hierbas o por golpes sobre el vientre: la pena capital, si el producto de la gestación aún estaba vivo dentro del útero; o con el destierro durante 5 años, si el feto no lo estaba. No obstante, se tenían muchos cabos sueltos ya que nunca se especificó que tribunal aplicaría dichas sanciones, que autoridad investigaría sobre el posible delito o que procesos se utilizarían para corroborar el delito. Algunos investigadores señalan que los registros que se pueden encontrar en la Sala del Crimen de la antigua Real Audiencia de México (en la actual Ciudad de México), son muy escasos. Esto quizás puede deberse a que, aunque se le equiparaba al homicidio, no existía la costumbre de denunciarlo ante las fiscalías o estas últimas no mostraban mucho interés en perseguirlo.[137]

Antigua sede del Tribunal del Santo Oficio y actual Palacio de la Escuela de Medicina en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para la Iglesia católica la interrupción del embarazo no se consideraba una herejía, ni era un homicidio debido a que el feto carecía de raciocinio hasta su nacimiento. Pero sí era, y sigue siendo, un pecado mortal siempre y cuando sea consumado y no se produzca de manera natural o espontánea. De esta manera, el castigo correspondiente es únicamente la excomunión, aunque algunos autores mencionan que existieron varias parteras, sobre todo mulatas y mestizas, acusadas por el Tribunal del Santo Oficio y por lo tanto torturadas.[138][139]​ Si bien la oposición religiosa se fundamenta en el 5.ª mandamiento ("no matarás"), en realidad se obligaba a tener descendencia, según la doctrina del sacramento del matrimonio, para educarla en la fe. Por eso mismo no se prestó mucha atención a las prácticas abortivas de los solteros. A diferencia de la justicia secular, la persecución eclesiástica pudo ser mayor debido a la necesidad de confesar los pecados. Para las personas de esa época, la excomunión era un castigo muy severo ya que no solo afectaba su vida litúrgica sino además se le aislaba socialmente y se le suspendían sus derechos civiles; no podía tratar con otras personas, lo que impedía hacer negocios, y no tenía autorizada la sepultura en los cementerios.

Igualmente, tanto el poder civil como el religioso tenían la creencia del “fruto humano”, es decir, que el feto en realidad era un apéndice de la madre que no se independizaba hasta el momento del nacimiento. Aun así, la “animación”, cuando supuestamente el alma de ese ser se creaba y manifestaba su existencia mediante movimientos en el vientre materno, ocurría a los 40 días, si era masculino, o a los 80 días, si era femenino. Así, si la interrupción se realizaba antes de ese plazo, la imputación era improcedente. Todo esto hacía que la aplicación de la justicia fuera muy compleja.[140]

A diferencia de los mesoamericanos y al igual que en Europa, en la Hispanoamérica colonial, hasta el siglo XVIII, la partería no gozó de mucha reputación por ninguna autoridad; aunque se toleraba debido a que los médicos consideraban a la obstetricia como “denigrante” y no se dedicaban a ella. Así, ellas también auxiliaban a las embarazadas que deseaban abortar. Debido a la falta de instrucción formal de estas comadronas, muchas de las mujeres y niños que atendían morían. Y como en América su cultura fue una mezcla de tradiciones europeas, indígenas y africanas (rezos, brebajes, amuletos); la Inquisición solía perseguirlas por “charlatanería” o “brujería”. Un ejemplo de lo anterior fue el uso de la ruda (ruta graveolens) que desde los antiguos romanos suele decirse que tiene efectos anticonceptivos y abortivos, aunque es tóxica y su efectividad nunca ha sido comprobada.[141][142]

Siglo XIX

Es una época marcada por intensas convulsiones y contradicciones tanto políticas como sociales. Hasta la restauración juarista, cualquier intento de imposición duradera de un único cuerpo legal fue prácticamente imposible por las distintas guerras civiles en el país. Todas las facciones compartían el anhelo napoleónico de codificación para así dejar atrás "el desorden y la anarquía" de las dispersas leyes heredadas del virreinato, pero nadie se ponía de acuerdo en la configuración del nuevo Estado. Conviven entonces, antiguas disposiciones de la Edad Media junto a nuevos reglamentos que reforzaban el federalismo liberal (siempre republicano y laico) o abogaban por el unitarismo conservador (a veces monárquico, a veces republicano, pero siempre confesional). Así, a manera de jurisprudencia, las autoridades mexicanas tenían que interpretar todo ese complicado acervo al momento de impartir justicia. De esta manera, nacen adaptaciones que no solían abordar el tema de la interrupción del embarazo, como el Novísimo Sala Mexicano, el Nuevo Febrero Mexicano o las Pandectas Hispano-mejicanas. Destacan esas últimas pues siguen imponiendo pena de muerte o destierro, aunque se desconoce si realmente alguna vez se ejecutaron esas sentencias.

Antigua sede del Instituto Médico Nacional (1889 a 1915), actual Archivo Histórico y Biblioteca Central de la Comisión Nacional del Agua, en el centro de la Ciudad de México.

Fue hasta 1871 cuando se publicó el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales. A manera de resumen, el artículo 569 señalaba (sin aludir en ningún momento la protección de la vida humana) que el delito de aborto era la extracción o expulsión del producto de la concepción provocados por cualquier medio, sin que seas necesarios y sin importar el momento de la preñez. Ahora bien, se puntualiza que a partir del octavo mes del embarazo recibiría el nombre de "parto prematuro artificial", pero en ambos casos la sanción sería igual. El artículo 571 establecía que sólo podía sancionarse el acto consumado. No se hacía distinción entre una acción voluntaria y una forzada, por lo que el artículo  575 castigaba con 4 años de cárcel ya sea a la mujer o al colaborador, cuando no existía violencia física o moral; o con 6 años de prisión, solo al colaborador, cuando se causaba violencia física o moral. Si el colaborador era parte del personal “calificado” y provocaba la muerte de manera dolosa, entonces merecía la pena capital.

Ese Código Penal de 1871 no solo ha servido como base para el resto de códigos penales tanto federales como locales que le han sucedido (algunos siguen vigentes). También fue reformado varias veces durante el mandato del presidente Porfirio Díaz para usarlo como una herramienta de control social que permitió (a un muy alto costo) el desarrollo y la industrialización del país. Esa "paz y prosperidad" del porfiriato fue en realidad un régimen autoritario y pragmático (donde se hacen concesiones tanto a liberales como conservadores para que no vuelvan a atacarse) que desembocó en una dictadura oligárquica (obsesionada con las tendencias europeas). Las mujeres seguirán teniendo un único deber: casarse y tener hijos, pues supuestamente así contribuirían al orden y progreso armónico de la Nación. El Gobierno pretende entonces alejarlas de lo que consideraba "peligroso": la prostitución, la masturbación, el lesbianismo, la contracepción y el aborto. No obstante, la moral pública en México en este momento, como la victoriana, era hipócrita pues la persecución se reducía o simplemente desaparecía, si las transgresiones se realizaban "de manera discreta y sin ofender el pudor". Por ejemplo, el artículo 579 establecía 3 atenuantes por "honor": que la mujer no tenga “mala fama”, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de una "unión ilegítima". Si se reunían las 3 condiciones, el tiempo que se debía purgar en la cárcel se reducía a 2 años. Si faltaba la primera, la segunda o ambas; se aumentaba un año por cada una. Si no se cumplía con la última condición, se dictaban 5 años de privación de la libertad.[143]

Al igual que en Europa, en México se consignaron políticas higienistas donde los médicos, en su mayoría hombres, estaban también encargados de combatir los "vicios infractores de la naturaleza". Algunos de ellos, como Luis Hidalgo y Carpio o Gustavo Ruíz Sandoval, redactaron documentos de interés jurídico como el propio Código Penal de 1871 (Capítulo IX, Título Segundo, Sobre delitos contra las personas cometidos por particulares) o el Compendio de medicina legal de 1877 (donde confirman que, basados en las estadísticas criminales y los altos índices de natalidad, este procedimiento era más bien poco frecuente en el país). La medicina legal llena ese vacío que tenían los procesos judiciales para comprobar si un aborto merecía o no castigo. Los artículos 570 y 572 establecían al peligro de muerte (a juicio de dos especialistas y siempre que no sea peligrosa la demora), así como la conducta culposa, como las únicas causales de no punibilidad.

Portada del periódico femenino El Album de la Mujer, donde aparece la médica Matilde Montoya Lafragua, con fecha del 4 de septiembre de 1887.

Fuera del ámbito penal, muchos profesionales de la salud también tendrán una labor educativa. En lugar de denunciar y generar escándalos, buscaron la sensibilización de los convalecientes para evitar así la repetición de ciertas conductas. Debido a las nuevas legislaciones sobre la confidencialidad de los pacientes, el prestigio de los especialistas médicos crece y comienza a reemplazar al de los sacerdotes. Cabe recordar que México se consolidó como un Estado laico en 1857 con la proclamación de las Leyes de Reforma y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, aunque la Inquisición se había extinguido desde 1820. Aun así, la censura católica a la interrupción del embarazo se endurece en 1869 cuando el Papa Pío IX, a través de la bula Apostolicae Sedis basada en presuntas investigaciones científicas, eliminó la distinción entre feto inanimado y animado. Desde entonces, la Iglesia aboga por reconocer la vida desde la concepción y seguir amedrentado con la excomunión. Aun así, a partir de este momento, la sociedad mexicana dejará de temer cada vez más.[144][145]

Finalmente, la obstetricia ya no es "indigna" y las parteras pueden acceder a las escuelas y facultades de las universidades mexicanas (pese a que la mayoría no sabía leer ni escribir). Sin embargo, aquéllas que decidían continuar en carreras científicas, se toparon con muchos obstáculos y trabas. Esto le sucedió a Matilde Montoya Lafragua, la primera médica graduada en México en 1887 quien además estaba titulada como enfermera y obstetra desde 1880. Alrededor de ella hubo una campaña difamatoria orquestada por tradicionalistas y compañeros suyos. Ella por su parte fue defensora de la partería (para que se dejara de utilizar de manera despectiva) sobre todo en mujeres pobres; se desconoce su postura sobre la interrupción del embarazo.

Primera mitad del siglo XX

Certificado de estudios de Prisciliana Mancebo.

En 1909, Prisciliana Mancebo, alumna del Instituto de Ciencias y Artes del Estado (perteneciente a la Facultad de Medicina de Oaxaca) presentó y aprobó de manera satisfactoria el examen profesional correspondiente para obtener el título de Obstetricia. Su tesis se denominó "El aborto", se centra en la interrupción espontánea del embarazo antes del inicio del tercer trimestre (previo a la viabilidad extrauterina) y consta de 6 secciones: Introducción, Definición, Etiología, Síntomas, Diagnóstico, Pronóstico y Tratamiento. Este documento, resguardado en el Archivo General del Estado de Oaxaca, es el único vestigio que queda de la época prerrevolucionaria. Lamentablemente, se desconocen más detalles de la biografía de esta persona.[146]

La década de 1910, atravesada por los conflictos armados de lo que colectivamente se conoce como la Revolución mexicana, trajo cambios radicales a las identidades femeninas en este país. Esta vez las mujeres, de todos los estratos, no solo se rebelan contra el régimen político sino también de los roles tradicionales impuestos al participar activamente tanto dentro como fuera del campo de batalla. Así, a pesar del fuerte y arraigado machismo, muchas escalaron hasta altos rangos en sus respectivos ejércitos consolidando así amistades cercanas con los líderes principales. Si bien la población mexicana de la época se declaraba abrumadoramente religiosa, existía también un importante anticlericalismo pues muchos de los insurrectos percibían a la Iglesia Católica como corrupta y cómplice de las injusticias de la dictadura de Porfirio Díaz (entre 1877 a 1911) y de la de Victoriano Huerta (entre 1913 y 1914). Es por lo anterior que durante la etapa constitucionalista, algunas se ven impulsadas a formar agrupaciones para denunciar la desigualdad política, económica y social que sufren sus correligionarias. Afortunadamente, se ven en parte favorecidas por las administraciones locales que se declaran socialistas (apoyadas por la presidencia de Venustiano Carranza) que en 1916 organizan el Primer Congreso Feminista de Yucatán. Será en ese seminario donde Hermila Galindo propone liberar la educación, a través de la ciencia, de los dogmas supersticiosos del Clero; enseñando a las niñas y jóvenes sobre su anatomía, biología y deseo sexual (lo que fue apoyado por algunas y rechazado por otras). Posteriormente, en 1919, Elvia Carrillo Puerto recorre ese estado con las Ligas de Resistencia Feministas para que las mujeres indígenas, campesinas y obreras escucharan su mensaje a favor de la anticoncepción, la prevención de infecciones de transmisión sexual y el derecho al amor y la sexualidad libre.[147][148][149]

En la década de 1920 se pretende "reconstruir la Nación" devastada por los acontecimientos anteriores. Es por eso que la élite científica e intelectual explora la eugenesia y la profilaxis. Por medio de políticas en beneficio de la salud materno-infantil, pero también de otras que hoy en día son reprobables como la reducción de la heterogeneidad racial, la restricción matrimonial o la esterilización forzada; se busca "depurar" a la sociedad de los elementos que, según ellos, consideraban como "factores de atraso y degeneración". La feministas de la época estuvieron de acuerdo con algunas de esas cuestiones (solo con las que estaban relacionadas con otorgar más derechos a las mujeres), y así, empiezan a empaparse del tema del aborto. También regresan las "buenas costumbres" y la visión anticuada de los roles femeninos: parir y criar. Aunque ahora cuentan con ciertas ventajas legales, ser madre seguirá siendo una labor patriótica y ciudadana que todas las mexicanas deberían cumplir. De hecho, durante el mandato de Álvaro Obregón, José Vasconcelos (secretario de Educación Pública) y Rafael Alducin (fundador del diario Excélsior) establecieron, en 1922, al 10 de mayo como el Día de la Madre en México. Algunos autores, como Marta Lamas, incluso señalan que esa estrategia buscaba frenar las reivindicaciones del feminismo radical yucateco. Se dice también que la presión ejercida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (promulgada en 1917) contra la jerarquía eclesiástica, no buscaba realmente liberar las conciencias de la sociedad, sino cambiar el centro de gravedad de la moral pública mexicana. Aun así, estalla la Guerra Cristera entre 1926 y 1929 (durante el gobierno de Plutarco Elías Calles), en las regiones más conservadoras del país, la cual termina otra vez con una tregua. No obstante, una parte importante de la élite artística prefiere transgredir y vivir fuera de esos paradigmas que censuraban el placer, el erotismo y la sensualidad. Tal fue el caso de Carmen Mondragón Valseca (Nahui Ollin), Tina Modotti o Frida Kahlo.[150][151]

La médica mexicana Mathilde Rodríguez Cabo en un viaje a la ciudad de Nueva York.

En la década de 1930, en el último año del Maximato (durante la administración de Abelardo Rodríguez Luján), se introdujo la educación sexual en las escuelas públicas. La medida ocasionó protestas de la Unión Nacional de Padres de Familia (colonizada desde entonces por actores conservadores y religiosos), por lo que dos años después, en 1934, se desechó. Aunque el nuevo régimen del presidente Lázaro Cárdenas, fue muy cercano al marxismo, siempre trató de reconciliarse con la Iglesia Católica sin traicionar su proyecto político a favor de campesinos y obreros (tildado de "radical" por sus opositores). Fue casi en vano pues hacia 1937, los fanáticos religiosos (inspirados por las corrientes autoritarias de "tercera vía" en Europa como el franquismo en España, el salazarismo en Portugal y el austrofascismo de Engelbert Dollfuss) fundan la Unión Nacional Sinarquista. En todo caso, las feministas, de todas las corrientes ideológicas, forman en 1935 el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, para demandar una vez más tanto el sufragio femenino (en mayor medida) como los derechos civiles (en menor medida). Es en 1931 cuando la médica psiquiatra Matilde Rodríguez Cabo aborda, por primera vez, el aborto por causas socioeconómicas. Ella tenía una profunda simpatía hacia la Unión Soviética (donde esta práctica estuvo totalmente liberalizada desde 1920 a 1936 y de nuevo entre 1955 y 1991) por lo que propone despenalizarlo, siempre y cuando se realizará durante el primer trimestre, en clínicas u hospitales indicados y por médicos autorizados. También, sostuvo que la legalización de la interrupción del embarazo debería considerar ciertas medidas para permitirlo y luchar contra él al mismo tiempo (quizás para evitar los errores cometidos en la URSS): repartiendo métodos anticonceptivos a las madres pobres, investigando y comprobando las condiciones de vida de las solicitantes y divulgando información científica sobre los problemas y males que podría acarrear al organismo. Años más tarde, en 1936, durante las discusiones para subsanar las diferencias entre los ordenamientos federales y locales, la Convención de Unificación del Código Penal, la abogada sindicalista Ofelia Domínguez Navarro presenta el documento "El aborto por causas sociales y económicas" basado en el trabajo de Rodríguez Cabo. Sin embargo, su caso nunca prosperó y el escrito fue relegado a la influyente revista Futuro de Vicente Lombardo Toledano, un amigo cercano. Mientras tanto, de manera extraordinaria, durante la gubernatura de Humberto Canto Echeverría (antiguo militante del Partido Socialista del Sureste), se añaden en 1938 dos causales más al Código Penal de Yucatán para no criminalizar el aborto: por malformaciones graves del producto de la concentración (según dictamen de dos peritos) y por situaciones económicas difíciles y justificadas (al tener 3 hijos o más). Este estado fue el único en contemplarlas en México durante gran parte del siglo XX.[152][153][154][155]

Finalmente, esta primera ola se detiene entre 1940 y 1950, durante los mandatos de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines pues se dieron las reformas constitucionales para permitir que las mujeres pudieran votar y ser votadas. Estos tres presidentes abandonaron la izquierda marxista y prefirieron "la moderación, la unidad y la conciliación" (en palabras de sus partidarios) por lo que privilegiaron a las clases medias, tanto liberal como religiosa. Igualmente, la economía mexicana vuelve a tener momentos de bonanza (el "milagro mexicano" del desarrollo estabilizador) por lo que el presidencialismo mexicano evoluciona lentamente hacia un régimen autoritario de partido único. Y por su parte, la Iglesia Católica vuelve a ganar poder pero siempre estará subordinada al Estado.

Segunda mitad del siglo XX

  • 1972 a 1974 - De manera paralela al Comité Nacional de Mortalidad Materna (creado por decreto presidencial), se realizan convivencias feministas independientes. De una de ellas, organizada en la escuela Cipactli por el grupo socialista Mujeres en Acción Solidaria (MAS), surge el concepto de "maternidad voluntaria", con el objetivo de lograr que todas las mujeres tuvieran los hijos e hijas que ellas realmente desearan. Por eso, esta idea se articulaba en torno a cuatro demandas fácilmente traducibles a labor legislativa:[156][157]
    • Aborto libre y gratuito, siempre visto como una excepción y como el último recurso.
    • Acceso amplio a anticonceptivos seguros y económicos.
    • Educación sexual que realmente llegara a todo los niños y jóvenes, así como a todas las mujeres de las zonas rurales e indígenas del país.
    • Fin de las esterilizaciones forzadas.
  • 1974 - Se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el derecho de toda persona a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. Sin embargo, si bien esta reforma consagra los derechos reproductivos de las mujeres en México, el resto del marco normativo e institucional del país seguirá sin reconocer todas las opciones en materia de control de la fecundidad durante varias décadas más. Esto puede observarse en la Ley General de Población que igualmente se reforma este mismo año. Se habla entonces de "planificación familiar", pero nunca de aborto.[158][159][160]
  • 1976 - Nace en el entonces Distrito Federal, la Coalición de Mujeres Feministas (CMF). Se trata de una herencia del Año Internacional de la Mujer de 1975, con el objetivo de aglutinar a todos los grupos feministas que buscaban la despenalización del aborto en México. En este mismo año, realizaron la Primera Jornada Nacional sobre Aborto y presentaron, junto a una manifestación frente al edificio de la entonces Cámara de Diputados (Congreso de la Ciudad de México en la actualidad), una propuesta legislativa para su despenalización. Fueron ignoradas.[157][161][159]
  • 1976 - El Movimiento Nacional de Mujeres (MNA), de tipo liberal y con conexiones con la prensa y el gobierno, organizó la primera Jornada Nacional sobre Aborto que consistiría en conferencias con las posiciones a cargos de médicos, psicólogos e inclusive un sacerdote proaborto. Sugerían que la interrupción del embarazo, cuando la mujer no quisiera continuar con este; fuera libre, gratuita y realizada en instituciones públicas de salud. Además, proponían mayor difusión al uso de métodos anticonceptivos y más subsidios para la investigación científica de los mismos.[161][159][157]
  • 1976 - Como respuesta a lo anterior, el gobierno, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), crea el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México (GIEA) constituido también por demógrafos, economistas, psicólogos, médicos, abogados, antropólogos, filósofos, un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino. También llegaron a la conclusión que todas las sanciones, a mujeres o personal médico, deberían ser suprimidas, y que las normas sanitarias deberían ser cambiadas para que este servicio pueda presentarse en óptimas condiciones. Aun así, nada cambio.[156][162][159]
  • 1978 - El MNM inicia la tradición de marchar en el Distrito Federal, hasta el Monumento a la Madre; vestidas de color negro, cargadas con coronas fúnebres, enlutadas por todas las madres que han muerto por abortos ilegales mal realizados. De esta manera, se pretende hacer presión para que el 10 de mayo pueda ser reconocido como el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria.[156][162]
  • 1978 - La CMF, al ser desoído por las autoridades gubernamentales y como respuesta a la creación (en ese mismo año) del Comité Nacional Provida, intensifican sus actividades con protestas, marchas y mítines. Convocan a la tercera Jornada Nacional sobre la Liberalización del Aborto, con participación de grupos feministas de todo el país. Publican el folleto La maternidad voluntaria y el derecho al aborto libre y gratuito.[159]
  • 1979 - Se crea el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (Fnalidm) con miembros de partidos socialistas y sindicatos universitarios. Debido a las afinidades políticas e ideológicas, trabajaran con el recién re-legalizado Partido Comunista Mexicano (PCM) y la CMF para presentar de nuevo, otra propuesta legislativa para despenalizar el aborto: el Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria. Esta propuesta contemplaba todas las demandas de los grupos anteriores como:
    • Que el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales, el Código Sanitario Federal y el Reglamento de Parteros Empíricos Capacitados fueran congruentes con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
    • Que el aborto es un problema social y de salud pública, no moral.
    • Que fuera un servicio gratuito, seguro y en condiciones de salubridad, incluso a mujeres que no fueran derechohabientes.
    • Que se incluyera la prevención al aborto inducido a través de educación sexual.
    • Que se facultara a los parteros empíricos capacitados para realizar este procedimiento con el método de succión (descentralizando así a la profesión médica).
    • Que el límite necesario para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo sería de 3 meses (por primera vez se fija un estándar).

Aunque el proyecto nunca prosperó en la Cámara de Diputados, es la primera vez que los grupos feministas a favor del aborto legal tienen un aliado político en el Congreso de la Unión.[156][162][159]

  • 1983 - El presidente en turno, Miguel de la Madrid, junto con el entonces procurador general de Justicia, Sergio García Ramírez, intentaron reformar el Código Penal federal para incluir los causales de malformaciones y daño a la salud para no penalizar un aborto. Sin embargo, los grupos feministas de la década anterior se encontraban desalentados y desmovilizados por la persecución de grupos conservadores y religiosos, por lo que la reforma simplemente se archivó.[156][162]

Década de 2000 a 2010

Se suele considerar al año 2000 como un hito en la política mexicana debido a la alternancia partidista que se dio cuando el candidato del PRI perdió las elecciones presidenciales por primera vez en 71 años. El exgobernador del estado de Guanajuato, Vicente Fox Quezada, y candidato del Partido Acción Nacional (el cual suele asociarse a la derecha conservadora en el espectro político mexicano) se convierte en presidente y continúa con el acercamiento a la Iglesia Católica. Se suele acusar que esa corriente panista del Bajío está fuertemente influida por grupos extremistas y sucesores del Sinarquismo, como la Organización Nacional del Yunque, por lo que su gabinete estuvo compuesto por personajes muy conservadores.[168]

Las primeras alertas se dieron durante la campaña presidencial. En primer lugar, minimizó toda la revictimización y violaciones a los derechos humanos que se dio en el caso Paulina pues aseguró que "a la mera hora, esa chica está enamorada de su hijo". Aunque en sus propuestas se incluían aspectos sobre derechos sexuales y reproductivos, siempre evitó mencionar la facultad de las víctimas a la interrupción del embarazo en casos de violación (para evitar justamente lo sucedido en Baja California un año antes). Igualmente, mientras que en algunos medios respaldaba al aborto cuando, de manera comprobada, la vida de la madre se encuentre en riesgo o se detecte muerte cerebral en el feto; en otros indicaba que creía en la vida desde el momento de la fecundación. Es más, sobre esto último, se filtró una carta dirigida a la Conferencia del Episcopado Mexicano(CEM) donde prometía la promoción al respeto al "derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural". Así mismo, hizo hincapié en el estigma de la maternidad y la reproducción como una función obligatoria de las mujeres, aunque de manera velada, ya que, según él, toda la sociedad era responsable de apoyar y proteger ese "desempeño biológico", obviamente a través de la familia tradicional, pues esa institución "tiene como fines naturales la continuación responsable de la especie humana". Inclusive planteó, entre muchos otros, elevar a rango constitucional los "derechos naturales" de la familia, que los medios de comunicación difundieran "valores familiares" e impulsar y promover el cambio cultural y de actitudes para que hombres y mujeres puedan cumplir con sus "obligacio­nes" dentro y fuera de la familia.[169]

También en el año 2000, se observan los inicios de la cruzada antiderechos. Por ejemplo, en Guanajuato, legisladores locales (del PAN en su gran mayoría) aprobaron una polémica reforma a su Código Penal para criminalizar el aborto en caso de violación, lo que significaba un retroceso de 70 años a los derechos humanos de la ciudadanía mexicana. Debido al escándalo y al repudio que generó esa medida, el entonces gobernador interino, Ramón Martín Huerta, efectuó una encuesta para conocer la opinión de la sociedad guanajuatense sobre el tema. Finalmente, a pesar del fuerte conservadurismo en ese estado, se demostró una gran inconformidad sobre los cambios legislativos, por lo que tuvieron que ser vetados un mes antes de que dejara el cargo.[170]

El debate volvió a abrirse en los primeros meses del 2003, cuando de nuevo en Guanajuato, María del Rocío Mayo Valadez, una agente del Ministerio Público supuestamente especializada en delitos sexuales, le negó a una mujer con una discapacidad mental, llamada Sandra Rodríguez Macías, ejercer su derecho al aborto después de haber sido violada por su patrón, Ernesto Juárez Martínez, cuando ella se encontraba trabajando como empleada doméstica en su casa. La agente judicial mintió a los familiares de Sandra, diciéndoles que "cometerían un delito" si la víctima ponía fin a su embarazo, por lo que al final, Sandra dio a luz a una niña que dio en adopción. La agente nunca recibió castigo por su grave omisión. Únicamente, el entonces procurador de justicia local, Miguel Valadez Reyes, aceptó en marzo de ese mismo año, que sí se habían cometido irresponsabilidades, errores y deficiencias; por lo que sugerió al congreso local reformar el Código de Procedimientos Penales a fin de garantizar de manera clara y precisa los procedimientos y lineamientos para acceder al aborto legal. Mientras tanto, el nuevo gobernador, Juan Carlos Romero Hicks, decidió ser completamente indiferente al señalar que era responsabilidad de los expertos, los legisladores y la sociedad el determinar si el Código Penal debía revisarse en caso del aborto por violación (lo cual ya estaba contemplado).[171][172][173]

A nivel federal, en 2003, las Comisiones de Equidad y Género así como la de Cuenta Pública, ambas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, denunciaron al diputado federal (también del PAN) Luis Pazos de la Torre, por el desvío de entre 30 y 60 millones de pesos destinados al control y prevención del VIH/SIDA, incluidos en el presupuesto de egresos, para dárselos a la Organización Nacional Provida a través del fideicomiso Transforma México de la Lotería Nacional, en contubernio con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, perteneciente a la Secretaria de Salud (SSA) federal. Supuestamente, ese dinero sería canalizado para la construcción y equipamiento de 10 Centros de Ayuda a la Mujer en varias ciudades del país. Pero como el traspaso de dinero fue aprobado sin haber sometido el proyecto a la evaluación obligada del Comité de Especialistas, al año siguiente, en 2004, un Órgano Interno de Control de la SSA encontró una serie de irregularidades por facturas falsas en la compra de equipo de ultrasonido y ecografía. Se descubrió que los recursos otorgados fueron usados, en realidad, para la compra de objetos suntuarios como lencería femenina y bolígrafos Mont Blanc (razón por la cual este escándalo fue denominado como el tangagate). Así, el caso fue llevado, en 2005, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal, la cual ordenó a Jorge Serrano Limón (director de la Organización Nacional Provida) a devolver el dinero o recibiría una multa de 13 millones de pesos. Al no estar de acuerdo, este último personaje decidió ampararse ante la SCJN, a lo cual la SFP también contraatacó con otro amparo. Y aunque en 2009, un juez federal le giró una orden de aprehensión por peculado y malversación, no pudo ser detenido ya que los amparos tardaron en ser revisados.[174][175]

Al mismo tiempo, en el año 2002, el Estado mexicano fue demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en razón del pésimo manejo del caso Paulina. La denuncia imputaba responsabilidad internacional por la violación de los derechos protegidos por los artículos 1.º, 5.º, 7.º, 8.º, 11.º, 12.º, 19.º y 25.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 7.º y 9.º de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es por lo anterior que entre 2004 y 2006, ambas partes se reunieron para llegar a una solución amistosa donde, además de las reparaciones y disculpas públicas hacia la agraviada, se exigía revisar y actualizar la NOM 190-SSA1-1999 (relativa a la atención médica de la violencia familiar). Así, después de varios retrasos y descalabros por la fuerte resistencia conservadora de grupos religiosos y legisladores locales y federales, se publica de manera oficial, en 2009, la NOM-046-SSA2-2005. Cabe destacar que, en 2008, se planteaba incluir la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería, pero finalmente eso nunca pasó. La versión definitiva sí determinó que la interrupción del embarazo en caso de violación debía ser respetuosa con la legislación penal de cada entidad (códigos penales y códigos de procedimientos penales) por lo que en algunos casos aún se necesitaba denuncia previa o autorización judicial. Además, requería autorización de los padres o tutores para las personas menores de 18 años.[176][177][178]

Al contrario de lo que sucedía a lo largo y ancho del país, en el entonces Distrito Federal, gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (el cual solía asociarse a la izquierda progresista en el espectro político mexicano), el aborto legal se fue liberalizando de manera paulatina. En primer lugar, igualmente en el año 2000, se aprueba la Ley Robles, denominada así por haber sido impulsada por la jefa de Gobierno de aquella época, Rosario Robles Berlanga. La reforma incluía nuevos supuestos y causales además de definir que sería el Ministerio Público el encargado de autorizar el procedimiento cuando el embarazo fuera producto de una violación, resolviéndose así el vacío legal que existía desde 1931. Entonces, tanto el PAN como el Partido Verde Ecologista de México (con el que había formado una alianza electoral en las elecciones federales de ese mismo año y con el que representaba una tercera parte de los escaños de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) presentaron de manera conjunta una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN que fue resuelta un año después. Así, en enero de 2002, la SCJN avaló su constitucionalidad por mayoría simple de 7 votos (incluidos ministros abiertamente católicos, como Mariano Azuela, y a pesar de las amenazas de excomunión). Por su parte, solo 6 ministros se mostraron a favor de otorgar al Ministerio Público, y no al juzgador, la licencia para permitir abortos en caso de agresión sexual, por lo que, en términos prácticos, también se ratificó esa parte. Desde aquí, la SCJN empieza a perfilarse como una institución reformista a favor de los derechos y las libertades consagradas en la actual constitución general.[179][180][181][182]

Posteriormente, en 2004 y otra vez en el extinto Distrito Federal, durante la administración del nuevo jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, se hicieron cambios a su Ley de Salud que pasaron casi desapercibidas, pero que hasta la fecha, han tenido un impacto importante en la despenalización y legalización del aborto electivo. En aquella ocasión, se estableció que las instituciones públicas de la entidad estarían obligadas a proceder con la interrupción del embarazo, en los supuestos y causales permitidas en su Código Penal, de manera gratuita y en condiciones de calidad. Igualmente se incluyó un periodo máximo de espera para realizar el procedimiento, una vez que la solicitud se hubiera hecho y los requisitos se hubieran completado. Además, se dispuso que las usuarias tenían que recibir información, oportuna y veraz, sobre las opciones con contaban, así como las consecuencias en su salud. Y, por último, se reguló la objeción de consciencia para que el personal médico y de enfermería que se excusaba de no intervenir en estos casos por razones ideológicas o morales, estuvieran obligados a referir a los pacientes con personal no objetor. Igualmente, en casos de urgencia, como para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrían oponerse. Mientras que todos los hospitales y clínicas públicas de la entidad deberían contar, de manera permanente, con personal no objetor.

Fue hasta 2007, cuando la misma ALDF adoptó el sistema de plazos para despenalizar y legalizar el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación. El entonces Distrito Federal se convirtió en la primera entidad en México, y el tercer lugar en Latinoamérica, en hacerlo.[183]​ Al mismo tiempo, mientras se daba la discusión parlamentaria al respecto, la asociación civil denominada Colegio de bioética A.C., integrada por expertos científicos egresados de las universidades más prestigiosas de México (tanto públicas como privadas), publica un desplegado en los periódicos La Jornada y Reforma donde expresan su apoyo a aquellas reformas permisivas. En ese mismo anuncio, exponían que un embrión hasta el primer trimestre, no puede ser considerado "un individuo biológico ni mucho menos una persona" ya que no puede sobrevivir fuera del útero, no posee genoma humano completo, y no ha desarrollado corteza cerebral ni conexiones nerviosas. Entonces, no puede experimentar dolor, sufrimiento, gozo o cualquier otra sensación sensorial. El responsable de esta documento fue el doctor Rubén Lisker Yourkowitsky (jefe de los departamentos de Hematología, Genética y Enseñanza del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”).[2] De nuevo, tanto el PAN como el PVEM se muestran hostiles y amenazan con reunir firmas para la realización de un referéndum para tumbar los cambios. Como nunca pudieran lograr su cometido, solicitaron ayuda al gobierno federal, quien utilizó varias instituciones donde había instalado personajes afines a su ideología conservadora. Tanto la Procuraduría General de la República junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (por primer y única vez en la historia del país) promovieron otra acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Sin embargo, en contra de sus expectativas, esta última volvió a determinar la validez de las modificaciones legales.[184]

Con la llegada de la nueva administración federal, la de Felipe Calderón Hinojosa, también del PAN, la cruzada antiderechos tomo mucha más fuerza. Esta vez, la supuesta "defensa al derecho a la vida" tomo un papel central, aunque también se desató una ola de violencia por una estrategia fallida para combatir el crimen organizado y que hasta la fecha no ha parado. Como parte de su programa electoral, en 2006, se planteó la promoción de "políticas públicas y programas en materia de educación sexual y de prevención de embarazos no planeados que respeten el derecho a la vida desde el momento de la concepción". En 2007, durante una visita oficial de la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, expresó que una posible legislación permisiva al aborto "solo dividiría a los mexicanos, por lo que sería mejor promover únicamente acciones en las que todos estén de acuerdo", así como "trabajar más en una educación de valores" y "regular la adopción". En 2011, en el penúltimo año de su mandato, solicitó al Senado retirar la Declaración Interpretativa de 1981 sobre el artículo 4.º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho texto señala, textualmente, que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.[185]México, por su parte, siempre ha expresado que debido a la palabra en general, ese párrafo se traduce en que no deben existir obligaciones absolutas para penalizar aún más el aborto o para reducir los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía mexicana al dotar de personalidad jurídica a los nasciturus. Aquél presidente buscaba lo anterior ya que desde 2011 la constitución general obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las persona. Su propuesta, afortunadamente, nunca prosperó.[186][187][188][189]

fueron en sentido contrario al aumentar la prohibición a este procedimiento. Si bien surgieron para reducir los derechos reproductivos de las personas gestantes, impedir el acceso a al aborto legal y seguro (contemplado en las causales de sus códigos penales) y obstaculizar intentos futuros para ampliar los supuestos o permitir el aborto voluntario; en realidad, nada de eso se cumplió y solo han creado mayor confusión, incertidumbre jurídica y aumento en los prejuicios contra las personas que deciden interrumpir su embarazo. Desde 2007, 20 entidades enmendaron sus constituciones locales para reconocer que "la vida inicia al momento de la concepción" y que "es un derecho que debe ser protegido desde entonces": Aguascalientes (2021), Nuevo León (2019), Sinaloa (2018), Veracruz (2017), Tamaulipas (2010), Chiapas (2010), Querétaro (2009), Oaxaca (2009), San Luis Potosí (2009), Yucatán (2009), Jalisco (2009), Nayarit (2009), Puebla (2009), Durango (2009), Guanajuato (2009), Quintana Roo (2009), Sonora (2009), Colima (2009), Baja California (2008) y Morelos (2008). Previo a esto, solo Chihuahua lo había hecho en 1994.[190][191]​ Finalmente, en 2010, tanto la Academia Mexicana Ciencias como la Academia Nacional de Medicina de México se pronuncian contra de esos blindajes a la vida en gestación. La primera considera que las reformas locales para incluir "proteger la vida desde la concepción" responden más a cuestiones religiosas que científicas, por lo que el Estado laico se estaría vulnerando.[192]​ La segunda denuncia que estas medidas empujan aún más a las mujeres, sobre todo las más marginadas, a buscar opciones que dañen su salud y pongan en riesgo su vida.[193]

Década de 2010 a 2020

En 2009, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, promovió antes la SCJN, la controversia constitucional CC 54/2009 en contra de varios preceptos de la NOM-046-SSA2-2005, sobre todo de la anticonceptivos de emergencia (también conocida como píldora del día siguiente) para víctimas de violencia sexual al considerarla "abortiva". Fue hasta el 27 de mayo de 2010, cuando 10 de los 11 ministros del pleno no le dieron la razón y votaron por la completa validez de la normativa.[194][195][196]

En 2011, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autoriza la comercialización de la mifepristona para el tratamiento de hiperglucemia. Desde hace una década, la misma comisión permite la venta de Misoprostol para el tratamiento de úlceras gástricas. Ambos tratamientos también se usan combinados para interrumpir embarazos de manera segura previo a la semana 10 de gestación y con una efectividad del 92%, siempre y cuando se ingiera la dosis correcta. Desde 1980, las mujeres brasileñas se dieron cuenta del efecto secundario abortivo del misoprostol, con una efectividad de entre el 84% al 87% cuando no está combinado. De esta manera, su uso en abortos clandestinos se expandió a otras zonas de América Latina. En México desde la década del 2000, sobre todo entre las mujeres de zonas urbanas, se ha utilizado como primera opción ya que, hasta la fecha, a diferencia de la mifepristona, no requiere recete médica y su precio es más bajo. Es desde este momento que las redes de acompañamiento de las colectivas y organizaciones feministas para la interrupción autogestionada del embarazo de manera segura, pero ilegal, empezaron a vislumbrarse.[197][198][199]

En las elecciones presidenciales de 2012, el PRI volvió al poder de la mano de Enrique Peña Nieto, el cual siempre se mostró ambivalente con respecto a este tema. Cuando aún era candidato, expresó que por un lado, no estaría a favor de poner los servicios públicos para que las mujeres pudieran abortar, pero por otro lado, tampoco estaría de acuerdo con criminalizar a las mujeres. Es más, en una reunión con la CEM, frente a varios sacerdotes, aseguro que aunque el respeto al derecho a la vida forma parte de sus convicciones personales, también se pronunciaba en contra de la criminalización de quien abortara, pues es decisión debiera ser la última a la que eventualmente llegara una mujer. Además sostuvo que cuidaría el Estado laico. Si bien parte de sus propuestas incluían pacificar el país después del desastre que ocasionó el gobierno anterior, eso nunca se logró y la violencia creció mucho más, afectando también a las mujeres. No solo creció el feminicido, sino también la impunidad hacia este crimen, por lo que las colectivas y organizaciones feministas empezaron de nuevo a prepararse para adoptar estrategias combativas (como en la década de 1970).[200][201][202]

Las propuestas para despenalizar y legalizar el aborto voluntario fueron escasas o muy tímidas durante este periodo. Únicamente en 2014, en Michoacán, se reformo el código penal local para aumentar una causal más, la de "precaria situación económica" dentro de las primeras 12 semanas de gestación. De esta manera, se convirtió en el segundo estado en hacerlo, junto a Yucatán, aunque con casi 70 años de diferencia.[203]

Sin embargo, en 2017, el entonces procurador general, Raúl Cervantes Andrade impulsó ante la SCJN, la acción de inconstitucionalidad AI 148/2017 en contra de varios artículos del recién reformado Código Penal de Coahuila de Zaragoza, sobre todo en la penalización del aborto electivo al considerarlo contrario a los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres. Fue hasta el 7 de septiembre de 2021, cuando 10 de los 11 ministros del pleno le dieron la razón y votaron por la completa invalidez de esos apartados. No solo eso, debido al nuevo ordenamiento jurídico sobre este tipo de jurisprudencias, a partir de ahora, el aborto voluntario en todo el país está despenalizado de facto.[204][92][91][205]

Finalmente, en 2018, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (el cual suele asociarse a la izquierda progresista en el espectro político mexicano), Andrés Manuel López Obrador, gana las elecciones presidenciales de ese año. Aunque su gobierno ha tenido varias contradicciones ideológicas, en el país se vivió una especie de catarsis que ha hecho que numerosas causas sociales a favor de los derechos humanos, mismas que se venían arrastrando de los dos gobiernos anteriores, tomaran mucha más fuerza. Las colectivas y organizaciones feministas vuelven a tomar las calles debido a los escasos éxitos en la reducción de la impunidad y la violencia feminicida, así como por las declaraciones, un tanto hostiles, del nuevo presidente en contra del feminismo. Es así que, a partir de 2019, la marea verde llega a México.[206][207][208]

Así, numerosos estados empiezan a despenalizar y legalizar el aborto electivo. En septiembre de 2019, Oaxaca se convierte en la segunda (12 años después de la Ciudad de México) hasta la semana 12 de embarazo.[209]​ En abril de 2021, la Ciudad de México intenta aprobar una nueva Ley de Salud para fijar a 20 semanas el límite máximo para abortar en caso de violación, lo que contradecía a la Ley General de Víctimas y la NOM-046- SSA2-2005. Es por eso que la reforma no pasó, regreso a revisión y desde ahora la ley de salud local menciona explícitamente a ambas normativas federales (siendo otra vez pionera en México).[210][211]​ Luego, en junio de 2021, Hidalgo, se convierte en la tercera hasta la semana 12 de gestación.[212]​. En julio de 2021, Veracruz se convierte en la cuarta hasta la semana 12 de embarazo.[213]​ En septiembre de 2021, Coahuila se convierte en la quinta sin especificar aún el límite del plazo.[214]​ En octubre de 2021, Baja California se convierte en la sexta hasta la semana 12 de embarazo.[215]​ En diciembre de 2021, Colima se convierte en la séptimahasta la semana 12 de gestación.[216]​ En marzo de 2022, Sinaloa se convierte en la octava hasta la semana 13 de embarazo. En mato de 2022, Guerrero se convierte en la novena hasta la semana 12 de gestación.[217]​ En junio de 2022, Baja California Sur se convierte en la décima hasta la semana 12 de gestación.[218]

Cronología

Cronología de la despenalización y legalización del aborto electivo
Año Entidad Aprobación Entrada en vigor Modificación Publicado en
2007 Bandera de Ciudad de México Ciudad de México 24 de abril 26 de abril Código Penal Ley de Salud Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima séptima época, n.º 70[219]
2019 Bandera de Oaxaca Oaxaca 25 de septiembre 24 de octubre Código Penal Periódico Oficial de Oaxaca, tomo CI, extraordinario[220]
2021 Bandera de Estado de Hidalgo Hidalgo 30 de junio 6 de julio Código Penal Ley de Salud Periódico Oficial de Hidalgo, tomo CLIV, alcance 7, n.º 27[221]
Bandera de Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 20 de julio 20 de julio Código Penal Gaceta Oficial de Veracruz, tomo CCIV, tomo extraordinario III, n.º 286[222]
Bandera de Oaxaca Oaxaca 22 de septiembre 16 de octubre Ley de Salud Periódico Oficial de Oaxaca, tomo CIII, n.º 42[223]
29 de septiembre 23 de octubre Constitución Periódico Oficial de Oaxaca, tomo CIII, n.º 43[224]
Bandera de Baja California Baja California 29 de octubre 12 de noviembre Código Penal Ley de Salud Periódico Oficial de Baja California, tomo CXXVIII, sección III, n.º 93, sección[225]
Bandera de Colima Colima 29 de septiembre 24 de noviembre Constitución Periódico Oficial de Colima, edición extraordinaria, tomo CVI, n.º 90[226]
1 de diciembre 11 de diciembre Código Penal Ley de Salud Periódico Oficial de Colima, edición ordinaria, tomo CVI, suplemento 3, n.º 96[227]
2022 Bandera de Sinaloa Sinaloa 8 de marzo 11 de marzo Código Penal Ley de Salud Periódico Oficial de Sinaloa, tomo CXII, 3.ª época, n.º 031[228]
9 de marzo 8 de abril Constitución Periódico Oficial de Sinaloa, tomo CXII, 3.ª época, n.º 043[229]
Bandera de Estado de Guerrero Guerrero 17 de mayo 20 de mayo Código Penal Periódico Oficial de Guerrero, año CIII, edición n.º 40, alcance I[230]
Bandera de Baja California Sur Baja California Sur 2 de junio 14 de junio Código Penal Ley de Salud Boletín Oficial de Baja California Sur, tomo XLIX, n.º 36[231]
Bandera de México México 7 y 9 de septiembre de 2021 19 de enero de 2022 Diario Oficial de la Federación, edición matutina. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada entidad debe reformar sus marcos normativos locales.

Consecuencias del aborto voluntario ilegal

Opacidad e injusticia

Algunas colectivas y asociaciones indican que es difícil saber el número exacto de personas sentenciadas porque no hay información clara, está incompleta o simplemente no existe. Otras veces, las autoridades no han querido cooperar y los datos llegan muy tarde (o nunca llegan).[232][233]​ Sin embargo, estas organizaciones calculan que, en 2021, son aproximadamente 200 mujeres las que estarían privadas de la libertad por haber abortado. Por su parte la Segob, a través de la Conavim, asegura que son 432 carpetas de investigación las que se han abierto entre enero y julio de 2021 y que están siendo revisadas para ayudar en la liberación de las y los sentenciados, cumpliendo así con lo dispuesto por la SCJN en septiembre de 2021.[234][235]

En México, el machismo y el conservadurismo religioso han dominado durante mucho tiempo, por lo que persiste un fuerte estigma social en torno al aborto. Muchas personas aún tienen la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres, y lamentablemente esto ha permeado en las instituciones del Estado. Hasta hace poco, la tendencia era muy restrictiva inclusive si la interrupción del embarazo se ajustaba a las causales legales de cada código penal.[236]​ En un país donde se calcula que la impunidad es de hasta el 99%,[237][238]​ la justicia hacía hasta lo imposible para encarcelar, a como diera lugar, no solo a las mujeres que decidían interrumpir sus embarazos de manera voluntaria, sino también a aquellas que sufrían abortos espontáneos e imprudenciales (totalmente despenalizado en 30 de las 32 entidades federativas).[239]​ Entre los más afectados, se encuentran personas que ya se encontraban vulneradas por su condición étnica (mujeres indígenas y muchas veces no hispanohablantes), sus ingresos económicos (en pobreza) y por su nivel de estudios (con apenas educación básica terminada o menos); por lo que se habla de una total revictimización.[240]

Debido a la escasa perspectiva de género y sensibilización en los derechos humanos de las instituciones del Estado; muchos fiscales, jueces y personal médico y de enfermería eran cómplices. Como si se tratara de una venganza moral, se clasificaban los casos para que las personas fueran sentenciadas por otros delitos con penas mayores como el infanticidio, el filicidio, el homicidio en razón de parentesco o la omisión de cuidados. En varias ocasiones, se violó el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, consagrado en las leyes mexicanas, o se recurrió a la tortura para obtener confesiones (que podían ser falsas). Se condicionaba la asistencia sanitaria siempre y cuando aceptaran que se habían realizado un aborto (aunque esto no fuera verdad). Cuando alguien llegaba a los servicios médicos por una emergencia obstétrica, se presionaba a las víctimas para que estas se echaran la culpa de algo que quizás no hicieron, o peor aún, se mentía a las autoridades para inculpar a personas que podían ser inocentes.[241][242]​ En Guanajuato, por ejemplo, antes de la reforma de 2010, los inculpados podían pasar entre 25 y 35 años en prisión por condenas por homicidio en razón de parentesco.[243][244]

Número de abortos en México

En cuanto al número total de abortos realizados dentro del país, un estudio realizado en 2008 y fundado por CONAPO, El Colegio de México y el Instituto Guttmacher[245]​ estimó que se realizaron 880 000 abortos anualmente, con un promedio de 33 abortos cada año para cada 1000 mujeres entre las edades de 15 y 44.[246]​ Según el Instituto Guttmacher, y a pesar de las restricciones legales, de 1990 a 2006 hubo un incremento de casi 33% en el número de abortos realizados en todo México (de 533 000 a 875 000), si bien las cifras sobre mortalidad materna están en discusión ya que los datos son incompletos -sanidad pública pero no privada- o parciales.[247]​ En un estudio de 2013 realizado por la demógrafa Fátima Juárez la mitad de los embarazos en México son embarazos no planeados, de los cuales la mayoría terminan en aborto, una tercera parte en nacimientos no planeados y cerca de 10 por ciento en abortos espontáneos.[248]

Según un estudio denominado Panorama actual sobre el aborto en México, realizado por Irma Kánter Coronel y publicado en 2021 por el Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano; en el país se realizan al año un millón 26 mil abortos. De estos, aproximadamente la mitad fueron por embarazos no deseados.[249]

Mortalidad Materna y aborto inseguro

Debido a que la mayoría de las muertes que se presentan bajo las circunstancias antes descritas son atribuibles a causas prevenibles, la mortalidad es un asunto derechos humanos y así ha sido reconocido por varios mecanismos internacionales. En 2009, el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidades reafirmó que la muerte materna es un asunto de derechos humanos y expresó su preocupación por alta RMM en el mundo. Asimismo, solicitó a los Estados renovar su compromiso de eliminar los casos de mortalidad y morbilidad materna prevenibles en cumplimiento de sus obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos.

En 2011 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (comité CEDAW) decidió sobre el primer caso de este tipo presentado a nivel internacional, en el cual condenó al Estado de Brasil por la falta de medidas efectivas para prevenir la muerte materna de una joven afrobrasileña.

Por otra parte, la reducción de la RMM en 75 % entre 1990 y 2015 fue incluida como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Dicha inclusión representa el compromiso de los Estados para reducir la muerte materna y mejorar los servicios de salud, reiterando sus compromisos internacionales en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo - El Cairo 1994 y la Declaración de Beijing y su plataforma de acción de 1995.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), todos los días mueren en el mundo 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de esas muertes son prevenibles y un porcentaje muy grande corresponde a mujeres en situación de vulnerabilidad: rurales, indígenas, afro descendientes y pobres. Las causas directas de la mortalidad materna incluyen la eclampsia y preclamsia, las hemorragias, las infecciones y los abortos inseguros. Muchas de estas causas se relacionan con la falta de acceso a servicios de salud de calidad, que se asocian con costos elevados de la atención médica, deficiencias en los insumos y equipos, y la falta de personal capacitado. Asimismo, existen barreras estructurales como las leyes, políticas y prácticas que perpetúan la discriminación contra las mujeres en el ámbito social, económico y familiar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado la falta de acceso a servicios adecuados de salud materna constituye una violación de los Derechos Humanos de las mujeres, especialmente a su integridad personal, a la salud reproductiva y a la discriminación. Asimismo, ha señalado que es imprescindible que los Estados cumplan con sus internacionales en esta materia y que se "requieren medidas prioritarias inmediatas" para atender la mortalidad materna. Dentro de las recomendaciones emitidas por la CIDH a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para el cumplimiento de sus obligaciones se encuentra el acceso oportuno a recursos judiciales efectivos para las mujeres que consideren que el Estado no ha observado sus obligaciones en esta materia. Por ello, aunado a las acciones de los Estados para evitar la muerte materna en el sector salud, es indispensable que se promueva el acceso a la justicia tanto en casos de muerte materna como de complicaciones severas e incapacitantes.

El principal mecanismo para garantizar la debida investigación de estas violaciones y su sanción es asegurar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a recursos efectivos y protección judicial. Asimismo, las investigaciones judiciales para determinar la atribución de la responsabilidad de los Estados resultan una medida necesaria para identificar y erradicar las prácticas discriminatorias que perpetúan la mortalidad materna, reparar el daño de las víctimas y promover medidas legislativas y de política pública para que dichos casos no se repitan.[cita requerida]

De los 4,4 millones de abortos realizados en la América Latina y el Caribe en 2008, el 95 % fueron calificados como inseguros. El aborto con medicamentos usualmente basado en misoprostol obtenido de una variedad de fuentes, es cada vez más común en toda la región y ha aumentado la seguridad de los procedimientos clandestinos. El uso de este método es particularmente común en Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y la República Dominicana. Las mujeres sin recursos o con otras desventajas recurren a métodos inseguros y a lugares o personas inadecuadamente capacitados. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2008, el 12 % de todas las muertes maternas en América Latina y el Caribe (1100 en total) se debieron a abortos inseguros. Cerca de un millón de mujeres en América Latina y el Caribe son hospitalizadas anualmente para ser tratadas por complicaciones derivadas de abortos inseguros.[250][251]

Debate sobre el aborto electivo

La despenalización del aborto en México es uno de los temas más controversiales de la sociedad actual. Por una parte, existen quienes consideran que la interrupción del embarazo es un problema de salud pública y como tal, debe poder realizarse de manera segura, libre y gratuita.

Desde esta perspectiva de salud pública, se ha observado que en países donde no es legal se propicia que se incurran en métodos con alto riesgo para la salud de la mujer. Por lo que resulta que países con restricciones a abortos inducidos tienen alta incidencia en uso de métodos inseguros para la salud de la mujer, en comparación con países sin restricciones.[252]

La Organización Mundial de la Salud ha propuesto abordar el problema del aborto inducido con métodos inseguros para la mujer proponiendo la legalización del aborto, la capacitación del personal médico y asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva y planificación familiar.[253]

En Estados Unidos se ha encontrado una relación estadística entre el comienzo de la libertad de la mujer sobre abortar y la disminución de la violencia criminal 20 años después.[254]​ Los defensores de la penalización del aborto sostienen que el feto y el embrión constituyen un ser humano con todos los derechos.

Por el otro lado, grupos en contra del aborto, apelan a que se trata de una acción no ética que rebasa la moral e integridad de quienes deciden practicarlo.

Encuestas y sondeos

Tendencia general sobre la opinión del aborto en México
Encuesta Pregunta Variable Acuerdo Desacuerdo No sabe / No contesta
Consulta Mitofsky Diciembre 2009[nota 16][255] ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que las mujeres que lo deseen puedan realizarse un aborto?
Total 48.8% 45.3% 5.9%
Género Hombre 48.1% 44.8% 7.1%
Mujer 49.5% 45.7% 4.8%
Edad 18-29 53.6% 40.9% 5.5%
30-49 51.0% 44.3% 4.7%
50 o más 37.2% 54.4% 8.4%
Escolaridad Básica 35.9% 56.1% 8.0%
Media 53.1% 41.5% 5.4%
Superior 63.3% 34.3% 2.4%
Localidad Urbana 52.5% 41.7% 5.8%
Rural 31.8% 62.0% 6.2%
Región Norte 43.8% 48.7% 7.5%
Bajío 37.1% 59.7% 3.2%
Centro 62.6% 29.0% 8.4%
Sureste 42.8% 53.9% 3.3%
Con base en lo que usted piensa ¿debe ser un delito el aborto?
Total 41.1% 45.7% 13.2%
Género Hombre 41.7% 44.0% 14.3%
Mujer 40.4% 47.3% 12.3%
Edad 18-29 35.6% 51.3% 13.1%
30-49 42.1% 46.1% 11.8%
50 o más 48.3% 35.9% 15.8%
Escolaridad Básica 53.3% 33.5% 13.2%
Media 35.1% 49.8% 15.1%
Superior 36.4% 58.9% 4.7%
Ingreso Alto 34.8% 54.2% 11.0%
Medio 37.8% 47.5% 14.7%
Bajo 53.4% 34.7% 11.9%
Localidad Urbana 36.2% 50.8% 13.0%
Rural 63.9% 22.2% 13.9%
Región Norte 49.1% 37.8% 13.1%
Bajío 49.7% 37.8% 12.5%
Centro 22.1% 65.3% 12.6%
Sureste 52.8% 32.7% 14.5%
El Financiero-Bloomberg Agosto 2021[nota 17][256] ¿La ley debe permitir a la mujer el derecho al aborto?
Total 45.0% 53.0% -
Género Hombre 45.0% -
Mujer 46.0% -
Edad 18-29 54.0% -
30-49 53.0% -
50 o más 30.0% -
Escolaridad Básica 36.0% -
Media y superior 56.0% -
Ingreso Medio y medio alto 48.0% -
Medio bajo y bajo 41.0% -
El Financiero-Bloomberg Agosto 2021[nota 18][257] ¿La ley debe permitir a la mujer el derecho al aborto?
Género Hombre 50.0% 45.0% -
Mujer 49.0% 46.0% -
Edad 18-29 65.0% 31.0% -
30-49 49.0% 47.0% -
50 o más 38.0% 57.0% -
Escolaridad Básica 39.0% 55.0% -
Media 57.0% 41.0% -
Superior 69.0% 28.0% -
Apoyo al gobierno de la 4T A favor 40.0% 55.0% -
En contra 55.0% 40.0% -
Neutral 59.0% 38.0% -
Espectro político Izquierda 42.0% 54.0% -
Centro 60.0% 37.0% -
Derecha 44.0% 51.0% -
Consulta Mitofsky Julio 2022[nota 19][258] ¿Está de acuerdo con que las mujeres que lo deseen puedan realizarse un aborto?
Total 40.9% 36.4% 22.7%
Con base en lo que usted piensa ¿debe ser un delito el aborto?
Total 28.1% 50.1% 21.8%
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo en que se castigue como un delincuente a las mujeres que se realicen un aborto?
Total 20.4% 59.1% 20.5%
En algunos estados el aborto está permitido cuando la mujer considera que se pone en riesgo su proyecto de vida, es decir, se le deja a su criterio la decisión de interrumpir o continuar con su embarazo. ¿Cree que esta ley debe o no aplicarse en todo el país?
Total 45.5% 30.9% 23.6%
  • Enero de 2010. Realizada por Consulta Mitofsky:[nota 16]
  • Julio de 2022. Realizada por Consulta Mitofsky:[nota 18]

Véase también

Notas

  1. Indica no punibilidad.
  2. Indica excluyente de responsabilidad.
  3. Señala despenalización del aborto electivo por sentencia de la SCJN.
  4. a b c Las penas de cárcel y la inhabilitación al personal de los servicios de salud, sin importar el mes de gestación, ya no pueden imputarse por aborto consentido desde 2021, aunque las leyes sigan mencionándolas (sentencia AI 148/2017 de la SCJN).
  5. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x Sólo para gestantes.
  6. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af Sólo para colaboradores/as (incluye personal médico y de enfermería)
  7. a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af Tanto para gestantes como colaboradores/as (incluye personal médico y de enfermería).
  8. a b c d e f g En caso de violación, desde 2019, no se necesita ningún requisito previo (denuncia, autorización, "comprobación del hecho" o dictámen médico y psicológico por parte del Ministerio Público), aunque las leyes sigan mencionándolos (sentencias CC 53/2016 y CC 45/2016 de la SCJN).
  9. a b c d e f g h i Todas las sanciones se aplicarían después del límite legal.
  10. a b c d e f En caso de violación, desde 2021, no se puede imponer un plazo, aunque las leyes sigan mencionándolo (sentencia AR 438/2020 de la SCJN)
  11. a b Señala perspectiva de género. Se debe respetar los derechos humanos de la o el gestante. Se prohíben actitudes discriminatorias, estereotipos de género o vulneración de la dignidad humana
  12. a b c d Por las instituciones públicas de salud. Lo tiene que solicitar las o los gestantes y ratificar las o los jueces/zas.
  13. a b Para subsanar las lagunas y vacíos mientras se reforma la ley.
  14. Desde 2021, de manera general, son inconstitucionales y deben ser reformados (sentencias AI 106/2018 y AI 107/2018 de la SCJN).
  15. a b De manera particular, son inconstitucionales y deben ser reformados por sentencia de la SCJN).
  16. a b Realizada de manera presencial (en vivienda) a 1 000 personas en las 32 entidades federativas
  17. Realizada de manera telefónica a 1 000 personas en las 32 entidades federativas
  18. a b Realizada de manera telefónica a 1 500 personas en las 32 entidades federativas
  19. Realizada por medio de dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet a 1 000 personas en las 32 entidades federativas
  20. Realizada de manera presencial (en vivienda) a 8 000 personas en las 32 entidades federativas
  21. Realizada de manera telefónica a 15 000 personas en las 32 entidades federativas
  22. Realizada de manera online a 20 523 personas en 27 países
  23. Al ser un país donde la penetración de internet es del 60.6% (según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía) los resultados no se consideran representativos de toda la sociedad mexicana, sino únicamente de sectores urbanos y con mayor educación e ingresos que el promedio

Referencias

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  11. «Comunicados de Prensa. La SCJN invalida precepto de la Ley General de Salud que preveía la objeción de consciencia del personal médico y de enfermería sin establecer las salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a la salud.». Suprema Corte de Justicia de la Nación. 20 de septiembre de 2021. 
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  52. «Libro Segundo. De los Delitos en Particular. Título Décimo Sexto. Delitos contra la Vida e Integridad Corporal. Capítulo III. Aborto». Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco: 103 a 105. 7 de noviembre de 1996. 
  53. «Libro Segundo. De los Delitos en Particular. Título Décimo Octavo. Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal. Capítulo VIII. Aborto». Código Penal para el Estado de Nayarit: 180 a 181. 6 de septiembre de 2014. 
  54. «Libro Segundo. Parte Especial. Título Décimo Quinto. Delitos contra la Vida y la Integridad de las Persona. Capítulo X. Aborto». Código Penal para el Estado de Nuevo León: 132 a 133. 26 de marzo de 1990. 
  55. «Libro Segundo. Título Décimosexto. Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal. Capítulo VII. Aborto». Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca: 91 a 93. 9 de agosto de 1980. 
  56. «Libro Segundo. Delitos en Particular. Capítulo Décimo Quinto. Delitos contra la vida y la Integridad Corporal. Sección Octava. Aborto». Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla: 149 y 150. 23 de diciembre de 1986. 
  57. «Libro Segundo. Parte Especial. Sección Primera. Delitos contra el Individuo. Título Primero. Delitos contra la vida y Salud Personal. Capítulo V. Aborto». Código Penal para el Estado de Querétaro: 44 y 45. 23 de agosto de 1987. 
  58. «Libro Segundo. Parte Especial. Sección Primera. Delitos contra el Individuo. Título Primero. Delitos contra la vida y Salud Personal. Capítulo III. Aborto». Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: 39. 29 de marzo de 1991. 
  59. «Parte Especial. Título Primero. Delitos contra la vida y la Integridad Corporal. Capítulo VI. Aborto». Código Penal del Estado de San Luis Potosí: 43 y 44. 29 de septiembre de 2014. 
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