Proceso soberanista de Cataluña de 2012-2022

Localización de Cataluña en España.

El proceso soberanista de Cataluña de 2012-2018 es un conjunto de hechos que se han ido desarrollando desde el año 2012 en la comunidad autónoma de Cataluña con el objetivo de lograr el derecho de autodeterminación y la independencia de Cataluña de España.

El 9 de noviembre de 2014 se celebró el Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña convocado por el presidente de la Generalitat Artur Mas. El 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones «plebiscitarias». El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia ilegal convocado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El 27 de octubre de 2017 se aprobó en el Parlamento de Cataluña la declaración unilateral de independencia y el Gobierno de España intervino la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

Antecedentes

El Estatuto de 1979 y la etapa de gobierno de Jordi Pujol (1980-2003)

La muerte del dictador Franco supuso en poco tiempo el fin de su dictadura y la apertura de un proceso de transición durante el que se celebraron las primeras elecciones democráticas de España en décadas. El proceso de cambio desembocó en la aprobación por las Cortes Generales de una Constitución consensuada por la mayor parte de las fuerzas políticas españolas y, particularmente, de las catalanas. Dicha ley fundamental fue ratificada por los españoles en referéndum. En Cataluña, la Constitución fue apoyada por un 91,09 % de los votantes.​

Una vez aprobada la Constitución, se tramitó la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña. El proyecto fue sometido a referéndum en Cataluña. De todos los partidos con representación parlamentaria, solo el ultraderechista Fuerza Nueva pedía abiertamente el voto negativo con el argumento de que las autonomías acabarían rompiendo la unidad de España. Los demás partidos respondieron que no solo no sucedería tal cosa, sino que se solucionarían los problemas que el centralismo no pudo resolver.​ El Estatuto recibió el apoyo del 88,15 % de los votantes, siendo la participación del 59,30 %.​ El nuevo Estatuto, aprobado por las Cortes Generales, contemplaba la existencia de un órgano legislativo, el Parlamento de Cataluña, y otro ejecutivo, el Gobierno de Cataluña, además de otras instituciones. En 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña.​

El estado de las autonomías, pese a cierta indefinición constitucional en torno a aspectos como el grado de descentralización asumible por las comunidades o incluso el número de éstas, se desarrolló «rápidamente y con notable éxito» desde sus inicios hasta finales del siglo XX.​ Al final del periodo se había llegado a un estado con un importante nivel de devolución de competencias,​ habiéndose cumplido y sobrepasado la mayoría de los objetivos del catalanismo político de finales del siglo XIX y comienzos del XX en la cuestión de su relación con el Estado español.​ Jordi Pujol, del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de su federación Convergència i Unió (CiU), defendió el concepto general de «Europa de las regiones» en la medida en que permitía las «naciones sin estado».​

La denuncia pública de Maragall contra la corrupción de CiU (2005)

Numerosos periodistas, políticos e intelectuales catalanes -contrarios a la independencia- sitúan como la corrupción del entonces partido que gobernaba Cataluña (CiU, hoy disuelta) como motivo detonante del inicio del proceso soberanista​ o por ejemplo Joan Herrera para "distraer" y "tapar con la senyera"​​ casos de corrupción como el saqueo del Palau de la Música o las comisiones del Caso 3%, ya denunciadas públicamente por el expresident Pasqual Maragall en el propio parlament en 2005.​.

“Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu tres per cent“ (Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por ciento)​. Pasqual Maragall a Artur Mas, en el Parlament, 24 de febrero de 2005.

El gobierno del primer «tripartito» y el nuevo Estatuto (2003-2006)

Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003 pusieron fin a la etapa «pujolista» formándose un gobierno de coalición «tripartito» entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragall. La coalición puso en marcha la reforma del Estatuto de 1979 con el fin de aumentar la cotas de autogobierno de Cataluña.

El presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero con Artur Mas (CDC) y Duran i Lleida (UDC) en enero de 2006

El 30 de septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó el nuevo Estatuto, consiguiendo 120 votos favorables (que suponían el 91,85 % de sus miembros), correspondientes a los diputados de CiU, PSC, ERC y ICV-EUiA, y 11 votos en contra (8,15 % del Parlament), correspondientes a los parlamentarios del PPC.​ A continuación la propuesta de reforma fue presentada al Congreso de los Diputados.​ Pero las Cortes Generales introdujeron modificaciones importantes al texto aprobado por el Parlament a pesar de que José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España, se había comprometido a apoyar el Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña sin alterarlo.​

El marzo de 2006 se aprobó una nueva propuesta de Estatuto pactada por CiU y PSOE en las Cortes Generales con los votos favorables de PSOE, CiU, PNV, IU, BNG y CC; y los votos en contra de PP, ERC y EA; absteniéndose Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai.​ Posteriormente, el nuevo Estatuto fue ratificado por el Parlamento de Cataluña pero con menos votos que en septiembre de 2005. El texto recogió 97 votos favorables (71,85% del Parlament), correspondientes a los diputados de CiU, PSC e ICV-EUiA, y 38 votos en contra (28,15% del Parlament), correspondientes a los diputados de ERC y PPC, por motivos completamente opuestos. ERC consideró insuficiente el Estatuto después de los recortes por parte de las Cortes Generales de España.​

El 18 de junio de 2006 el Estatuto fue sometido al referéndum de los ciudadanos de Cataluña. Con un 48,9 % de participación, el SÍ obtuvo un 73,2 % y el NO un 20,6 %. Según algunos analistas, el nuevo Estatuto perseguía principalmente un aggiornamento del texto anterior que consiguiera un aumento de la capacidad de toma de decisiones políticas por parte del gobierno catalán y el reconocimiento de «la singularidad» de Cataluña en España.​

El inicio del «procés» soberanista (2006-2010)

Manifestación «Som una nació i tenim el dret de decidir» convocada en Barcelona el 18 de febrero de 2006 por la Plataforma por el Derecho a Decidir y respaldada por Esquerra Republicana de Cataluña para oponerse a los cambios introducidos por el Congreso de los Diputados en el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Cataluña y más concretarmente para oponerse al acuerdo Zapatero-Mas. En el centro el secretario general de ERC Josep Lluís Carod Rovira.

Tras el relativo fracaso del nuevo Estatuto como lo demostró la escasa participación en el referéndum,​ el nacionalismo catalán inició entre 2006 y 2010 una «metamorfosis» que le llevaría a defender una salida al bloqueo del modelo territorial fuera del marco de la Constitución española de 1978 y que progresivamente iría siendo asumida por una parte considerable de la ciudadanía catalana.​ Un cambio reforzado por una movilización popular cada vez más presente.​

El primer hito en esa movilización de lo que se acabaría llamando el procés soberanista fue la manifestación «Som una nació i tenim el dret de decidir» (‘Somos una nación y tenemos derecho a decidir’) convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir y celebrada en Barcelona el 18 de febrero de 2006, mientras se estaba debatiendo en el Congreso de Diputados el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. «Ese día y por primera vez, de una manera descarada, el catalanismo salió a la calle para reclamar el derecho a decidir. A efectos prácticos, ese fue el significado de la manifestación: un posicionamiento soberanista nítido y explícito».​

Una serie de obras publicadas en 2007 fueron poniendo los cimientos de la mutación ideológica del catalanismo político. En L’engany Vicenç Villatoro advertía que el segundo tripartit presidido por José Montilla estaba aboliendo el «eje nacional» sustituyéndolo por el eje derecha-izquierda. En El preu de ser catalans Patricia Gabancho dejaba claro en el subtítulo del libro que es lo que pretendía denunciar: Una cultura mil·lenària en vies d’extinció. Alfons López Tena en Catalunya sota Espanya. L’opressió nacional en democràcia defendía abiertamente la independencia como única vía para la supervivencia de Cataluña.​ También aparecieron artículos en la prensa como los de Ferran Mascarell en los que afirmaba que el reconocimiento del derecho a decidir era la única alternativa para evitar que Cataluña continuara «desdibujando su personalidad».​

El «derecho a decidir» fue asumido también por Convergencia Democrática de Cataluña que dio por tanto dio un «giro copernicano» abandonando el «autonomismo», como se demostró en la conferencia que pronunció su líder Artur Mas en noviembre de 2007 con el título «El catalanismo, energía y esperanza para un país mejor» ―que sería publicada en forma de libro, con prólogo de Agustí Colomines, entonces director del think tank convergente Fundació Cat-Dem―.​

Muchos de los que votamos a favor (en el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006) lo hicimos conscientes de que representaba un salto adelante en el autogobierno, pero de ningún modo significaba una estación final de trayecto en el largo camino de Cataluña hacia el autogobierno y las libertades. (...)
El derecho a decidir de un pueblo es el ejercicio de la democracia en estado puro. ¿Qué demócrata puede tenerle miedo? ¿A qué persona con unos principios democráticos sólidos y bien fundamentados puede inquietarle que la democracia se manifieste con naturalidad? Si Cataluña es una nación, y lo será mientras los catalanes lo quieran, y no es simplemente una derivada o un subproducto constitucional, los catalanes tienen, tenemos, el derecho democrático a decidir lo que más nos conviene como pueblo. (…) Allí donde se hablaba de autonomía o de autogobierno tenemos que hablar del derecho a decidir por nosotros mismos en aquello que nos es propio.

Unos días después de la conferencia de Mas, concretamente el 1 de diciembre de 2007, tuvo lugar en Barcelona una segunda gran manifestación soberanista, convocada de nuevo por la Plataforma por el Derecho a Decidir bajo el lema «Som una nació i diem PROU! Tenim dret a decidir sobre les nostres infraestructures» ('¡Somos una nación y decimos BASTA! Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras'). El motivo de la misma fue que en la segunda mitad de 2007 se habían concatenado una serie de problemas en las infraestructuras catalanas que afectaron a decenas de miles de personas, comenzando con el apagón eléctrico del 23 de julio que afectó a casi medio millón de abonados en Barcelona y el colapso del aeropuerto de Barcelona ese mismo mes de julio, al que siguieron las interrupciones y los atrasos de los trenes de cercanías de RENFE del área de Barcelona como consecuencia de las obras del AVE Madrid-Barcelona. En los tres casos los organismos responsables eran de competencia estatal (Red Eléctrica, AENA y Adif).​ A la manifestación, en la que abundaron los gritos a favor de la independencia, ya no acudieron solo dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya como en la del año anterior, sino que en la cabecera también estuvieron figuras públicas vinculadas a Convergencia e incluso algunas personalidades que habían militado en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Así, «un problema de infraestructuras, que se tendría que haber resuelto por medio de una fuerte inversión fruto de la negociación política, también se usó para ampliar la base de la movilización soberanista».​

Comisión evaluadora de la consulta sobre la independencia de Cataluña en Arenys de Munt (13 de septiembre de 2009). De izquierda a derecha, Jordi Bilbeny, Alfons López Tena, J.M. Ximenis, Uriel Bertran y Oriol Junqueras.

Resultados de las consultas no oficiales sobre la independencia entre 2009 y 2010     Municipios donde ha ganado el sí.     Municipios donde ha ganado el no.

Así pues, frente a la política de colaboración con el gobierno central que defendió el president José Montilla, tanto Esquerra Republicana como CiU fueron definiendo una postura cada vez más clara a favor de la superación del marco autonómico. Artur Mas, líder de CiU, además del «derecho a decidir» comenzó a incluir en sus discursos el término «Estado propio» y empezó a hablar del «déficit fiscal» (Cataluña contribuía al Estado con mucho más de lo que recibía de este) y de los «agravios» de todo tipo que padecía Cataluña. Que el autonomismo era contemplado ya como una vía muerta por el nacionalismo catalán lo puso de manifiesto el editorial conjunto de los periódicos catalanes publicado el 26 de noviembre de 2009 con el título La dignidad de Cataluña en el que expresaban su preocupación por la sentencia que fuera a emitir el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía.​ Según explicó en 2013 Rafael Nadal, director de El Periódico de Cataluña cuando se publicó el editorial, el propósito de este fue «alertar de que, después de todo el esfuerzo que habían hecho todos los partidos catalanes para rebajar algunas de las exigencias que figuraban en el Estatuto de 2006, si no había una respuesta positiva [en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que todavía no se había pronunciado sobre el Estatuto], la frustración que aquello generaría en Cataluña desembocaría en una reivindicación radical». «Ya han pasado sólo cuatro años y la profecía se ha cumplido», añadió.​

En ese mismo año de 2009 se produjo un nuevo impulso del procés en cuanto a la movilización social con la puesta en marcha de las llamadas consultas populares sobre la independencia. La primera se celebró el 13 de septiembre en Arenys de Munt a raíz de una moción presentada por un concejal de la CUP. La pregunta que se formuló fue: «¿Está de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?». En la comisión evaluadora de la consulta, que tuvo un gran impacto mediático, participaron personalidades del «nuevo soberanismo»: Alfons López Tena, Elisenda Paluzie (presidenta de la Asamblea Nacional Catalana a partir de 2018) y Oriol Junqueras (presidente de Esquerra Republicana de Catalunya dos años después).​ Durante el año y medio siguiente se celebraron otras consultas en diversas localidades catalanas, culminando con la que se celebró en Barcelona en abril de 2011 ―aunque carecían de validez legal y la participación en las mismas fue bastante baja, demostraban que existía una movilización social favorable a la independencia―.​ En su organización participaron unas 60.000 personas y en las votaciones alrededor de 700.000.​

El auge del soberanismo y la vuelta de CiU al poder (2010-2012)

Manifestación contra el recorte del Estatuto (julio de 2010)

Manifestantes en la manifestación «Som una nació. Nosaltres decidim»

El 28 de junio de 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que supuso un nuevo recorte del texto aprobado por el Parlament cinco años antes. La sentencia respondía al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2006 por el Partido Popular, al que siguieron otros seis recursos presentados por el Defensor del Pueblo y los gobiernos de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Región de Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. La resolución del Tribunal Constitucional ante el recurso del PP supuso la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de un estatuto autonómico.​​​​ Según algunos analistas, la sentencia supuso que no se ampliara sustancialmente la autonomía política catalana, pero no constituyó un retroceso.​ No lo interpretó así la mayoría de las fuerzas políticas catalanas. Por otro lado, la sentencia supuso el final del pacto tripartito (PSC, ERC y ICV-EUiA) del gobierno catalán, la apertura de disensiones internas en el propio PSC y la mejora de perspectivas electorales por parte de CiU.​

La decisión del tribunal constitucional generó un profundo descontento entre los partidos que habían impulsado el Estatuto (CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA) y les llevó a apoyar una manifestación de protesta organizada por la entidad de defensa de la cultura catalana Òmnium Cultural en Barcelona el 10 de julio de 2010 bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos».​​ También apoyaron la manifestación los sindicatos mayoritarios y cerca de 1.600 entidades.​​ Encabezaron la marcha el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, y el del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach.​

El PSC trató de dar un carácter institucional a la marcha y centrarla en la protesta contra el Tribunal Constitucional pero los gritos en favor de la independencia y las banderas independentistas dominaron la manifestación. Montilla se vio incluso obligado a abandonarla precipitadamente.​ Los organizadores afirmaron que se trató de la manifestación más multitudinaria de la historia de Cataluña hasta esa fecha. Las cifras de participación oscilaron entre los 425.000 calculados por el periódico El País y los 1.500.000 que cifró Òmnium Cultural.​

Elecciones al Parlamento de Cataluña (noviembre de 2010)

Artur Mas, 129º presidente de la Generalitat de Cataluña.​

Manifestación "Catalunya, nou estat d'Europa" ("Cataluña, nuevo estado de Europa").

Manifestantes en el Paseo de Gracia.

En 2007, Artur Mas, presidente de Convergència Democràtica de Catalunya y de CiU, que no había obtenido mayoría en las elecciones autonómicas de 2006 y había tenido que dejar paso de nuevo al pacto entre PSC, ERC e ICV-EUiA (que revalidaba así la fórmula del "tripartito"), inició un proceso de «refundación» del catalanismo bajo la denominación La Casa Gran del Catalanisme («Casa Grande del Catalanismo»), en el cual planteaba que Cataluña debía tener el «derecho a decidir». Inicialmente, las reivindicaciones de CiU se centraban en aspectos prácticos como la gestión de las infraestructuras.​

Sin embargo, en las elecciones autonómicas de 2010, CiU incluyó como punto fundamental de su programa electoral el «derecho a decidir», centrado en la necesidad de que Cataluña dispusiera de un nuevo modelo de financiación, similar al concierto económico del País Vasco, el «pacto fiscal»,​ excluyendo la posibilidad de celebrar una consulta sobre la independencia, al menos en la siguiente legislatura.​​ Durante la campaña, Mas declaró solo apoyaría al PSOE o al PP tras la celebración de las siguientes elecciones generales si se comprometían a conceder el pacto fiscal a Cataluña,​ y que no consideraba que para ello fuese necesario reformar la constitución española, argumentando que ni el concierto vasco y el convenio navarro figuraban como tales en la carta magna.​ Durante la campaña electoral, ERC, que hasta entonces formaba parte del gobierno y que pedía un referéndum de autodeterminación en su programa electoral, se había ofrecido a apoyar la investidura de Mas, si lo necesitase, sin requerir de CiU que convocase dicha consulta.​ Las elecciones dieron la victoria a CiU, con 62 escaños, pero sin que consiguiera la mayoría absoluta. Los antiguos componentes del tripartito, que habían anunciado durante la campaña que no deseaban renovar la fórmula, incluso si contasen con escaños para repetirla, perdieron votos y escaños, quedando en conjunto por debajo de CiU (el PSC obtuvo los peores resultados en unas autonómicas hasta la fecha). Dos partidos que pedían la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para Cataluña obtuvieron también representación en el nuevo parlamento: ERC (con diez escaños, si bien había perdido casi la mitad de su representación en la legislatura anterior)​ y Solidaritat Catalana per la Independència (cuatro escaños; su lema de campaña fue «Catalunya proper estat d'Europa»).

Artur Mas, que quedó a ocho escaños de la mayoría absoluta, se presentó al debate de investidura con un discurso en el que proponía que Cataluña comenzase una «transición nacional» hacia la aplicación plena del «derecho a decidir» de los catalanes, que comenzaría con la formación de un frente común en defensa de un pacto fiscal similar al concierto vasco. Según Mas, la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatuto de 2006 había dado por terminado el pacto constitucional entre Cataluña y España, y el proceso de transición nacional seguiría el camino marcado por la manifestación realizada el 10 de julio anterior que, con el lema Som una nació. Nosaltres decidim y la participación del gobierno de la Generalitat y de CiU, había sacado a la calle a cientos de miles de personas en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional.​ También expuso un calendario: durante el año siguiente (2011), trataría de conseguir un frente común con dicho objetivo en Cataluña, para planteárselo al gobierno español que saliese de las siguientes elecciones generales, condicionando su apoyo a la aprobación del pacto fiscal. No excluyó explícitamente la independencia, pero, sin nombrarla, la descartó por el momento: «Es responsabilidad de un presidente y de un pueblo no cerrar las puertas a los anhelos de un pueblo, así como evitar fracturas internas».​ Ningún partido votó a favor de su investidura en primera ronda. ERC porque Mas no contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación. El Partido Popular por estar en contra del planteamiento de Mas respecto al derecho a decidir. Además, criticó la pretensión de Más, introducida en el discurso de la sesión de investidura, de elaborar una ley de consultas catalana para que estas no tuvieran que ser autorizadas por el Gobierno español. Según le dijo la líder del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, a Artur Mas, «No busque usted reformas de leyes para facilitar el referéndum para el derecho a decidir».​

Nacimiento del 15-M y protestas frente al Parlament (2011)

Un manifestante del 15-M delante de los mossos en las protestas del 15 de junio de 2011 frente al Parlament. Los diputados tuvieron que entrar escoltados en vehículos blindados y el entonces president Artur Mas lo hizo en helicóptero, en una imagen muy comentada​​​.

En 2011 estalló en toda España el movimiento de protesta social conocido como "15-M". Desde el punto de vista de la cuestión territorial, el movimiento no simpatizaba con el nacionalismo ni el independentismo provocando reacciones como la del ex vicepresidente de la Generalitat Carod Rovira (perteneciente a ERC; partido republicano y de izquierdas) claramente en contra de este movimiento​.

Pero en Cataluña este movimiento subió un grado la escalada de la confrontación social tras los incidentes provocados por los manifestantes del 15-M el 15 de junio de 2011 frente al Parlament, que obligó a una parte de los políticos a entrar escoltados en vehículos blindados, y al ya entonces president Artur Mas a entrar en helicóptero.​​. El diputado convergente Gerard Figueras, que acudió a pie al hemiciclo, fue sorprendido por los manifestantes, insultado, escupido y tuvo que pedir "auxili" a los policias​ mientras que otros politicos también sufrieron insultos, escupitajos y arrojamiento de objetos varios​.

Este hecho ha provocado que numerosos periodistas, políticos e intelectuales, -tanto favorables al proceso, como en contra- hayan indicado que esas protestas fuero una de las claves que explicaría la posterior sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, el periodista Enric Juliana -uno de los autores del editorial conjunto contra la sentencia del Estatut- admitió años después que el proceso pudo ser creado para intentar desviar la atención de la crisis económica y las protestas ciudadanas:

“[...] Hasta que un día se encontró con el Parlament de Catalunya rodeado de manifestantes, inflamados por las consignas del 15-M. Algunos diputados fueron acosados y el gobierno catalán tuvo recurrir a un helicóptero para poder entrar en el recinto. (15 de junio del 2011). Es el único gobierno europeo al que le ha ocurrido una cosa similar en los últimos diez años. Aquel día también podríamos decir que empezó todo. El jansenismo empezó a pensar que quizá se estaba equivocando. CiU empezaba a bajar en los sondeos y en paralelo a la protesta urbana del 15-M, en las capitales de comarca aceleraba y ganaba adeptos el otro movimiento contestatario: “In-de-pen-dència!” Dicho en pocas palabras: “Si es la hora de los radicales, también nosotros vamos a ser radicales” [...]. Enric Juliana, La Vanguardia 2 de abril de 2017​.

El «pacto fiscal» (julio de 2012)

El 25 de julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprueba el denominado «pacto fiscal» —un texto que proponía que Cataluña se dotara de un sistema fiscal nuevo con semejanzas al concierto económico que regula la relación tributaria entre la Administración General del Estado de España y la comunidad autónoma del País Vasco— con el apoyo a la totalidad de CiU, ICV-EUiA y ERC y la abstención del PP.​ El 20 de septiembre de 2012 Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña se reunió con Mariano Rajoy que respondió que no había margen para negociar la propuesta. Artur Mas señalo que Cataluña deberá realizar una profunda reflexión y a tomar decisiones,​ ya que el «pacto fiscal» se veía como la última posibilidad de entendimiento entre Cataluña y el resto de España.

Hay que indicar que durante la transición el gobierno central ofreció al gobierno catalán que este tuviera un régimen económico similar al navarro o al vasco y fue rechazado por el entonces líder Jordi Pujol porque creía que una Hacienda catalana sería muy impopular y porque pensaba que no conseguiría un alto grado de eficiencia en la recaudación fiscal​​​​​.

Movilizaciones independentistas (2012)

Bandera "estelada" en el paseo de Gracia durante la Manifestación "Catalunya, nou estat d'Europa" del 11 de septiembre de 2012​

A lo largo de 2012 varios municipios y consejos comarcales catalanes se pronunciaron en favor de la independencia y sus plenos aprobaron declararse «territorio catalán libre», añadiendo que la legislación española solo estaría en vigor en dichos municipios de «forma provisional» hasta que el parlamento catalán dictase una nueva legislación.​ El primer municipio en aprobar la moción fue San Pedro de Torelló el 3 de septiembre de 2012.

Durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2012 tuvo lugar en Barcelona la manifestación Catalunya, nou estat d'Europa» (en español, 'Cataluña, nuevo estado de Europa') organizada por la organización independentista Asamblea Nacional Catalana. Se consideró la manifestación más multitudinaria hasta la fecha en Cataluña,​ estimándose el número de asistentes entre 600 000 (Delegación del Gobierno, diario El País) y 2 000 000 (organizadores).​​​​​​​​

El proyecto de la «consulta»

El president Artur Mas anuncia en octubre de 2014 la celebración de un proceso participativo para el 9-N. Detrás aparecen Oriol Junqueras (centro), líder de ERC, y Joan Herrera (derecha), líder de ICV-EUiA.

Municipios adheridos a la plataforma Asociación de Municipios por la Independencia.

Objeto de la «consulta»

Durante varios meses, los partidarios del referéndum no lograron un consenso acerca de qué pregunta sería formulada en la consulta​​ —un referéndum consultivo,​ no vinculante—. En octubre de 2012, durante la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas, Artur Mas propuso que la pregunta fuera «¿Usted desea que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?»​ Sin embargo su socio en CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, líder de UDC, se opuso tres meses después a que la consulta únicamente ofreciese la independencia como alternativa al estatus actual.​

En marzo de 2013 ERC pidió que la pregunta fuera «¿Usted cree que Cataluña debería ser un Estado independiente?», con solo dos respuestas posibles: «Sí» y «No».​ y en septiembre de 2013 se opuso públicamente a la opinión de Artur Mas, que en ese momento barajaba la posibilidad de que el referéndum incluyera varias preguntas.​

Finalmente, en diciembre de 2013 CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP alcanzaron un acuerdo para formular una pregunta con dos apartados en el referéndum: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».​​

Marco legal y posiciones respecto a él

La Constitución española de 1978 permite la participación política ciudadana y la ley orgánica 2/1980 de 18 de enero regula diferentes variedades posibles de referéndum, entre las que se incluye el referéndum consultivo autonómico,​ que según la legislación debe estar autorizado por el Estado español.​ El estatuto de Cataluña de 2006 introdujo en el artículo 122 la noción de que la Generalitat de Cataluña tenía la competencia exclusiva para convocar consultas («consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución»).​ El Tribunal Constitucional restringió sin embargo la interpretación del texto mediante la sentencia del 28 de junio de 2010, desautorizando la posibilidad de celebración de una consulta por parte de la Generalitat.​

Partidos políticos como el Partido Popular o Ciudadanos niegan que el artículo 150.2 de la Constitución —que permite la transferencia o delegación a las autonomías de responsabilidades del Estado español— sirva para convocar un referéndum, mientras que los partidos pro-independencia catalanes se oponen a esta interpretación;​ Núria de Gispert, presidente del parlamento catalán, opinó en enero de 2014 que un referéndum consultivo sí podría tener «encaje constitucional» sobre la base del artículo 150.2.​

Asimismo, algunos agentes sociales, como el partido político Vox, han propuesto imputar los delitos de prevaricación, rebelión y sedición, recogidos en los artículos 404, 410, 472, 477, 544, 545 y 548 de Código Penal, a los líderes políticos partidarios de la consulta y suspender «al menos de manera parcial» la autonomía catalana, en lo que según ellos, sería en aplicación del artículo 155 de la Constitución.​ Incluso el sindicato Manos Limpias se querelló contra Artur Mas por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial, rebelión y sedición durante el proceso soberanista catalán.​

El proceso previo a la «consulta» (2012-2014)

El Parlamento de Cataluña aprueba realizar un referéndum (27 de septiembre de 2012)

El Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de septiembre de 2012 una resolución pidiendo celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña durante la décima legislatura de la Cataluña autonómica «prioritariamente», con posterioridad a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012:​

El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al gobierno a hacer una consulta prioritariamente en la próxima legislatura.

La resolución fue votada después del debate de política general con el resultado de 84 votos a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, SI, más otros dos diputados), 21 en contra (PPC y C's) y 25 abstenciones (PSC).​ El Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, declaró en el discurso ante el Parlamento que había llegado la hora de que el pueblo de Cataluña ejerciera el derecho de autodeterminación.​

Elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña y pacto de gobernabilidad (septiembre-diciembre de 2012)

Artur Mas (CiU) y Oriol Junqueras (ERC) firmando el pacto de gobernabilidad

Después de la negativa del Gobierno de Rajoy a negociar sobre el «pacto fiscal», CiU decidió que no tenía sentido seguir con la legislatura, ya que esa era su propuesta política más importante. Esta circunstancia, unida a la gran participación en la manifestación de la Diada de 2012, empujó a CiU a convocar elecciones anticipadas y presentarse esta vez con una consulta de autodeterminación en el programa electoral. Las elecciones se celebraron el 25 de noviembre de 2012. CiU volvió a ser la fuerza política más votada, aunque bajó en número de escaños. Las candidaturas partidarias de la realización de la consulta aumentaron su representación en el Parlamento de Cataluña, pasando de 86 diputados en la IX legislatura (CiU, ICV-EUiA, ERC y SI) a 87 en la X legislatura (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP).

Tras las elecciones, CiU negoció con ERC su apoyo a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña. El 19 de diciembre de 2012 firmaron un pacto de gobernabilidad que incluyó entre sus puntos la denominada «Consulta sobre el futuro político de Cataluña».​ Se comprometieron a convocar una consulta para que el «pueblo de Cataluña» pudiera decidir si quería constituirse en un «nuevo Estado en Europa». El acuerdo estipuló que la fecha de la consulta debería ser pactada entre ambas formaciones, las cuales se comprometieron a llevarlo a cabo en 2014 «salvo que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga».​​ El acuerdo permitió que Artur Mas fuera investido Presidente de la Generalitat de Cataluña por segunda vez.​

Declaración de soberanía (23 de enero de 2013)

Resultado de la votación para la «Declaración de Soberanía» en el Parlamento de Cataluña, el 23 de enero de 2013.

El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar la "Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña",​​​​​ manifestando que:

De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo de acuerdo con los principios siguientes:

Los principios recogidos en el texto son los de legitimidad democrática, transparencia, diálogo, cohesión social, europeismo, legalidad, papel principal del Parlamento y participación, todos ellos precedidos y legitimados por el de soberanía que se reafirma diciendo que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano».​​

CiU (50 diputados), ERC (21) y ICV-EUiA (13) apoyaron la declaración de soberanía. El PPC (19) y C's (9) se opusieron a la propuesta. De los diputados del PSC, 15 votaron en contra y 5 no votaron pese a estar en el hemiciclo, desobedeciendo así las órdenes de la dirección del partido de votar en contra de la propuesta. La CUP dio un «sí crítico» con 1 voto a favor y 2 abstenciones.​

El 8 de mayo de 2013 el Tribunal Constitucional suspendió esta declaración cautelarmente al admitir a trámite la impugnación presentada por la Abogacía del Estado, que la consideró «un acto de poder constituyente» y «un desafío abierto contra la Constitución».​ El 25 de marzo de 2014 el Tribunal Constitucional dictaminó finalmente que esta declaración de soberanía era "inconstitucional y nula", y por tanto no amparaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.​ No obstante el gobierno de la Generalidad minimizó el impacto de la sentencia.​

El derecho a «realizar un diálogo bilateral con el Gobierno Central» (13 de marzo de 2013)

El Parlamento catalán Por resolución de 13 de marzo de 2013, en contradicción con su declaración de soberanía y en reconocimiento de su subordinación estatutaria, se arroga competencias necesarias para poder dialogar bilateralmente con el Gobierno español respecto al «el derecho a decidir su soberanía» acordando su intencionalidad política de negociar un referéndum de independencia al margen tanto del resto de Autonomías como del resto del cuerpo electoral español.​​ Todas estas actuaciones fueron recurridas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y la postura de la Generalidad de Cataluña fue hacer caso omiso a la resolución del recurso.

Suspensión cautelar de la Declaración de Soberanía y «el derecho a decidir». (8 de mayo de 2013)

El 8 de mayo de 2013 el Tribunal Constitucional, al admitir a trámite la impugnación presentada por la Abogacía del Estado, suspende cautelarmente la declaración de soberanía y del derecho a decidir. El recurrente la consideró «un acto de poder constituyente» y «un desafío abierto contra la Constitución».​

Preparación de la consulta (abril-septiembre de 2013)

El gobierno de la Generalidad de Cataluña creó un Consejo Asesor para la Transición Nacional que tiene el objetivo de asesorar a la Generalidad en el "proceso de transición nacional de Cataluña" y logro de la consulta. Su reunión constitutiva se celebró el 11 de abril de 2013. En su primer informe recomendó una pregunta clara y neutra que se pudiera responder con un "sí" o "no". Respecto a las vías para la obtención de la independencia, recomendó conseguir un acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum; en su defecto, que este se realizara utilizando la Ley de consultas de Cataluña en tramitación; si el gobierno bloqueara esta fórmula, recomendaba la celebración de unas elecciones plebiscitarias y, finalmente, proponía como último recurso la declaración unilateral de independencia.​

El 26 de junio de 2013 tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña la reunión constitutiva del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir a favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación en Cataluña, formado por cuarenta partidos, sindicatos y asociaciones.​​

Ante una eventual negativa del Gobierno a la aprobación de una consulta legal sobre la independencia de Cataluña o el impedimento absoluto de una consulta mediante la ley catalana por parte de las instituciones estatales, el presidente Artur Mas declaró el 5 de septiembre de 2013 que optaría por convocar unas elecciones en clave plebiscitaria.

Vía Catalana hacia la Independencia (11 de septiembre de 2013)

Tramo de la Vía Catalana hacia la independencia

La Asamblea Nacional Catalana durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2013 organizó la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de unos 400 km a lo largo de Cataluña. Apoyaron la cadena los partidos CiU y ERC así como otras 14 entidades.​ de Cataluña.​ Siguió el trazado de la antigua Vía Augusta, desde la localidad francesa de El Pertús hasta la localidad valenciana de Vinaroz (ambas incluidas), atravesando Cataluña de norte a sur. Los organizadores animaron a los habitantes de los deminados "Países Catalanes" (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el departamento francés de Pirineos Orientales) a participar en la cadena o en actos simultáneos.​

Anuncio de la «consulta» (12 de diciembre de 2013)

Haciendo caso omiso a las actuaciones del Gobierno central y la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional los representantes parlamentarios independentistas continúan con sus acciones políticas. Tras una negociación de varias semanas entre los partidos nacionalistas catalanes, el 12 de diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad anuncia que tenía previsto convocar el referéndum para el 9 de noviembre de 2014, incluyendo una pregunta con dos apartados: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».​ Inmediatamente el Gobierno de España advirtió de que la convocatoria de tal referéndum no tendrá lugar por contravenir la Constitución.​

Petición de la cesión de la competencia para realizar el referéndum (enero de 2014)

El jueves 16 de enero el Parlamento de Cataluña votó una petición al Congreso de los Diputados para que la Generalidad de Cataluña pudiera celebrar un referéndum consultivo sobre el futuro político de Cataluña.​ Se aprobó con 87 votos a favor (64% del parlamento) y 43 en contra (32% del Parlamento). Votaron a favor CiU (50 diputados), ERC (21) e ICV-EUiA (13) así como tres diputados del PSC.;​ La CUP, con 3 diputados, se abstuvo a pesar de estar a favor de realizar el referéndum, por considerar que no se debe "pedir permiso a Madrid" para realizarlo.​ Votaron en contra PPC (18), PSC (16) y C's (9).​

Tres diputados del PSC, Joan Ignasi Elena, Núria Ventura y Marina Geli, rompieron la disciplina de voto del PSC, cuya directiva había decidido votar en contra.​ Otro diputado del PSC, Àngel Ros, renunció a su escaño en el Parlamento de Cataluña la víspera de la votación para no tener que votar "no".​ Rocío Martínez-Sampere declaró haber votado "no" a regañadientes y anunció después que renunciaba a sus cargos en la ejecutiva del partido. Era partidaria de que el grupo del PSC se abstuviese para que todos los diputados se sintieran cómodos.​ Por otra parte la ex-diputada Laia Bonet dejó también la ejecutiva del PSC.​

La propuesta era de artículo único y constaba de cuatro apartados:

1. Se delega a la Generalitat de Catalunya la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes y catalanas se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Cataluña, a partir de los términos que se acuerden con el gobierno del Estado y de las condiciones que se exponen en los apartados siguientes.

2. El referéndum se ha de convocar y celebrar antes que finalice el año 2014, sin que coincida con periodos electorales, ni con una fecha de alto contenido simbólico-político.

3. La convocatoria del referéndum la realizará el Govern de la Generalitat.

4. El procedimiento para realizar el referéndum y sus garantías, serán las que determina la legislación reguladora de los procesos refrendarios y electorales, y, si procede, en el decreto del Govern de la Generalitat que convoque el referéndum.

Sentencia sobre «la soberanía» y «el derecho a decidir» en Cataluña (14 de marzo de 2014)

La sentencia de marzo de 2014 del Tribunal Constitucional​ resolvió el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno español sobre «la declaración de Soberanía» y «el derecho a decidir» y estableció dos fallos fundamentales que delimitan la convivencia política y jurídica en dicha Comunidad Autónoma y por extensión en todo el Estado de España.

El primer fallo dice que:

«1º Se declara inconstitucional y nulo el denominado principio primero titulado “Soberanía” de la Declaración aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña.»

Ese primer fallo se hace con base en el punto 3 de los fundamentos jurídicos que razona jurídicamente para concluir literalmente que «el reconocimiento que lleva a cabo del pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” resulta contrario a la Constitución española y... de esto se infiere que en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España». De este modo el tribunal aclara que la soberanía para disponer sobre la organización territorial del Estado corresponde a todo el cuerpo electoral español, sentenciando que jurídicamente en España no existe un derecho de autodeterminación.

El segundo fallo dice que:

«2º Se declara que las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” contenidas en el título, parte inicial, y en los principios segundo, tercero, séptimo y noveno, párrafo segundo, de la Declaración aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que se expone en los fundamentos jurídicos 3 y 4 de esta Sentencia.»

Con ello el tribunal termina concretando que el llamado «derecho a decidir» no es sino el derecho de participación política que existe en Cataluña y en toda España, siempre que se aplique la legalidad existente sobre soberanía, referéndums, consultas y competencias propias de cada administración del Estado, parcelas estas que deberán ser respetadas por todos los poderes públicos, para que se reconozca la legitimidad en el origen de sus actos políticos.

Rechazo de la cesión de la competencia para realizar el referéndum (abril de 2014)

El Congreso de los Diputados el 8 de abril de 2014 rechazó la petición, por 299 votos en contra frente a 47 a favor. Votaron en contra PP (185), PSOE (107), UPyD (5), UPN y Foro Asturias, estos dos últimos dentro del Grupo Parlamentario Mixto (2); a favor CiU (16), Izquierda Plural (11), PNV (5), BNG, Amaiur, ERC, Compromís y Geroa Bai, estos cinco últimos dentro del Grupo Parlamentario Mixto (15). Se abstuvo el diputado de Coalición Canaria dentro del Grupo Parlamentario Mixto.​​​​

Preparativos de la «consulta» (mayo de 2014)

En mayo de 2014 el gobierno de la Generalidad presenta un modelo de urna que usaría para la «consulta» y anuncia que las 6.000 que se necesitarán serán fabricadas por el Centro de Iniciativas para la Reinserción de Lérida. En cuanto al problema del censo electoral, que es propiedad del Estado y que el gobierno central no ha autorizado a usar, el gobierno catalán prevé utilizar como censo el Registro de Población de Cataluña, formado con los padrones municipales.​

Movilizaciones independentistas de 2014

Barcelona, Diada de Cataluña, 11 de septiembre de 2014.

El 11 de septiembre de 2014 la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural organizaron una concentración que se realizó en la Gran Vía y avenida Diagonal de Barcelona, bajo el lema «Ahora es la Hora, unidos por un país nuevo», formando los concentrados una «V» que simbolizaba las palabras «voluntad, votar y victoria». Un cálculo estadístico por parte de Llorenç Badiella, responsable del Servicio de Estadística Aplicada de la Universidad de Barcelona arrojó una cifra de alrededor de &&&&&&&&&0900000.&&&&&0900 000 participantes en la «V».​ La delegación de gobierno estimó la asistencia de la concentración en &&&&&&&&&0520000.&&&&&0520 000 personas, mientras que la guardia urbana cifró la asistencia en &&&&&&&&01800000.&&&&&01 800 000.​

La Asamblea Nacional Catalana, conjuntamente con la Asociación de Municipios por la Independencia, presentó el 15 de septiembre al Parlamento de Cataluña 750.000 firmas en favor de que el Parlamento declare la independencia si no se puede celebrar la consulta el 9 de noviembre.​ La campaña se fundamenta, según sus organizadores, en reclamar la independencia a través del derecho de petición, recogido en la legislación autonómica y estatal.​

La "confesión" de Jordi Pujol (25 de julio de 2014)

El 25 de julio de 2014 Jordi Pujol conmocionó a toda la sociedad catala -y al resto de la española- al reconocer públicamente que habido tenido dinero oculto en paraísos fiscales ya desde la época en que fue president (1980-2003)​.

El 25 de julio de 2014, el que hubiera sido president durante 20 años, Jordi Pujol, reconoció en un comunicado enviado a varios medios​ haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», según sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol​​. En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el «momento adecuado» para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública.​ Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra,​ que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012.​ La confesión de Jordi Pujol generó gran controversia política habida cuenta del enorme ascendiente que Jordi Pujol había tenido durante 30 años en la sociedad catalana​.

Tras estas revelaciones, numerosos miembros de la familia Pujol-Ferrusola acabaron investigados por la policia​​. Jordi Pujol Ferrusola acabó en la cárcel aunque salió meses después tras depositar una fianza​.

La ley de consultas del Parlamento de Cataluña (julio-septiembre de 2014)

Tras el rechazo del Congreso de los Diputados a la petición de la cesión de la competencia para convocar y celebrar referéndums, los partidos CIU-ERC apoyan la iniciativa parlamentaria para elaborar una Ley de consultas no refrendarias con la intencionalidad política de facilitar un nuevo marco legal de consultas. Así se empezó a elaborar una nueva ley de consultas que amparase la convocatoria anunciada para el 9 de noviembre, construyendo un sistema legal alternativo al de un posible referéndum. El gobierno de Mariano Rajoy anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional por invadir las competencias del Estado. En julio de 2014, la ponencia correspondiente del Parlamento catalán finalizó la redacción del proyecto, que estaba previsto para su votación en septiembre.​

El 22 de agosto de 2014, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, una institución de la Generalidad, avala la legalidad de la Ley de consultas por 5 votos a favor y 4 en contra. El dictamen señala que la ley está amparada por el artículo 122 del Estatuto y no incumple la Constitución. Los 5 juristas que votaron a favor fueron los propuestos por CiU y ERC al principio de la legislatura. Los 4 juristas que presentaron votos particulares argumentaron que la ley vulnera la Constitución y el Estatuto ya que ésta trata, afirman, sobre la celebración de referéndums, lo que invade las competencias del Estado, pero bajo la denominación encubierta de «consulta popular no referendaria».​ Pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avala la totalidad de la ley, ésta puede ser recurrida al Tribunal Constitucional de España.​

El 19 de septiembre, la ley de consultas es aprobada por 106 votos a favor y 28 en contra en el pleno del Parlamento de Cataluña.​ Contó con el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP que suman el 79% de los representantes del Parlamento de Cataluña; mientras que se posicionaron en contra el PP y C's.​ Aunque apoya la ley, el PSC manifestó que la Ley de Consultas Populares no Refrendarias y Participación ciudadana no amparaba legalmente la «consulta» prevista para el 9N. Por su parte, el portavoz de CiU Josep Rull afirmó que la ley «encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto».​ La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el 27 de septiembre de 2014, poco antes de ser convocada oficialmente la consulta.​​

Hay que tener en cuenta que a raíz de su sentencia del 2010, sobre el Estatuto de 2006, el diario ABC titula que «El TC permite la celebración de consultas populares en Cataluña», pudiendo realizarse «consultas no refrendarias en Cataluña, mediante las cuales se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos».​ De igual modo se ha de valorar que estos procedimientos consultivos quedan delimitados con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre «el derecho a decidir» de marzo de 2014. Y como ya expresó literalmente el tribunal están circunscritos exclusivamente a las competencias propias de las Generalidad por lo que 'una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España'.

Mociones de los ayuntamientos sobre la consulta (septiembre de 2014)

La Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios realizaron un llamamiento para que los consistorios mostrasen su apoyo a la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y a la convocatoria de la consulta. El 96,2 % de los 947 ayuntamientos catalanes aprobó mociones de apoyo a la consulta soberanista del 9 de noviembre, lo que representa el 88 % de la población.​ Este elevado porcentaje es, en parte, debido a la indisciplina de voto de los miembros del PSC que participaron en las mociones.​​

Decreto de convocatoria de la consulta (27 de septiembre de 2014)

Papeleta diseñada para la votación de la consulta

Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña, firmó el decreto de convocatoria de la consulta en el Palacio de la Generalidad.​ El presidente explicó que «ahora ha llegado el momento de ejercer el derecho a decidir» y reafirmó que estaba abierto a pactar la consulta hasta el último momento con el Estado. En el acto estuvieron presentes representantes de CiU, ERC, CUP, Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y el Consejo Asesor para la Transición Nacional. En la Plaza de San Jaime se concentraron ciudadanos convocados por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para mostrar su apoyo a la convocatoria de la consulta.​ El coste previsto de la consulta es de 8.987.699,17 euros.​

Recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Consultas de Catalunya y al decreto de Consulta del 9N

Sede del Consejo de Estado de España.Madrid

La misma mañana en la que se convocó oficialmente la consulta, compareció en Madrid ante los medios de comunicación la vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, para anunciar que, con la petición de un informe al Consejo de Estado, el gobierno había iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra el decreto de convocatoria de la consulta y contra la Ley de consultas de Cataluña en la que se ampara esta.​ Al día siguiente, el 28 de septiembre, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, tras una reunión de casi 2 horas, aprobó por unanimidad los dictámenes favorables a que el gobierno de España solicitara los recursos de inconstitucionalidad del decreto de convocatoria de la consulta y de la Ley de Consultas en la que se ampara.​​​​​ La mañana del 29 de septiembre tuvo lugar una reunión extraordinaria del Consejo de ministros en la que se aprobaron dos recursos de incontitucionalidad​ que fueron presentados al Tribunal Constitucional.​

Estudiados en Consejo de Ministros los dictámenes anteriores, el Gobierno de España, ordena a la Abogacía del Estado interponer los recursos de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional, manifestando públicamente su preocupación sobre el deterioro de la convivencia política en Cataluña debido a los graves errores que achaca a su presidente.​

El cuerpo de juristas del Estado plantea por una parte recurso contra «el Título II y las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de Consultas Populares no Referendarias y Participación Ciudadana, publicada en el D.O.G.C. nº 6715, de 27 de septiembre de 2014.».​ Por la otra, los Abogados del Estado plantean recurso de inconstitucionalidad impugnando íntegramente «el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre del Presidente de la Generalitat de Cataluña, así como sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, publicada en el Anexo al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 27 de septiembre de 2014.»​

Ese mismo día, fue convocado de forma excepcional un pleno del Tribunal Constitucional en el que se admitieron a trámite los recursos presentados por el gobierno quedando suspendida cautelarmente la consulta.​ El Tribunal Constitucional emite una providencia que deja suspendidas cautelarmente tanto la ley como el decreto​​ que ampara consulta, dejando pendientes las dos sentencias que ha de dictar al respecto.

Dicha suspensión ordena por providencia paralizar todos los actos de la consulta y los derivados de la misma en estricto cumplimiento de las garantías legales y en los siguientes términos:

«...De conformidad con dicho artículo de la Constitución, acuerda suspender el Decreto impugnado y sus anexos (desde hoy, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros), así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella..»

Al día siguiente de la suspensión, el gobierno de Cataluña anunciaba la suspensión "cautelar y temporal" de la campaña del 9N,​ evitando enfrentarse a un posible delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal,​​ y anunció que tomaría medidas legales para levantar la suspensión.​ Para ello, el 1 de octubre, el gobierno de Cataluña presentó un recurso contra la impugnación de la consulta.​ Esta argumentó un genérico derecho de participación de la ciudadanía en procesos electorales tratando de diferenciar consultas, referéndums y vinculación de los mismos.​ El parlament hizo lo propio alegando la constitucionalidad de la Ley.​

En defensa de las posiciones jurídicas del Parlamento catalán sus letrados emiten un recurso en oposición a la suspensión de la Ley de Consultas.​​ A la par los letrados de la Generalidad hacen lo propio con el decreto de convocatoria electoral.​

Por una parte el Estado recurrente denuncia la existencia de un fraude constitucional en lo que afecta a su soberanía y un fraude de ley por invasión de competencias del Estado sobre los procesos electorales refrendarios. Frente a esto los impugnadores reclaman un genérico derecho de la ciudadanía a la participación en procesos electorales y diferencian los procesos de consultas, referendos y vinculación de los mismos, argumentando con todos ello la legalidad de la ley y del decreto impugnado para poder realizar una consulta de independencia.​

Reacciones a la suspensión cautelar de la consulta

El mismo día en el que quedó suspendida la consulta se desarrollaron varias manifestaciones en contra de esta suspensión.​​ La líder de UPyD, Rosa Díez, pidió al Congreso de los diputados que apoyara el recurso del gobierno.​ El líder de la oposición, Pedro Sánchez, también apoyó los recursos del gobierno pero pidió diálogo entre las dos partes para resolver el conflicto.​

El viernes 3 de octubre, se llevó a cabo una reunión entre los partidos favorables a la consulta en la que se decidió no abandonar la realización de la consulta y el impulso de medidas para que el Tribunal Constitucional levantara pronto la impugnación de la consulta para que esta pudiera celebrarse.​

Nombramiento de los miembros de la Comisión de control (3 de octubre de 2014)

El 3 de octubre de 2014, el Gobierno Catalán nombra los miembros de las Comisiones de control electoral central y locales con el fin de cumplir con el calendario electoral marcado.​ Estas actuaciones fueron consideradas ilegales por algunas personalidades. Llegaron a ser tachadas de antidemocráticas por uno de los miembros de la Comisión de Control, el catedrático Joan Brugué, que renunció a pertenecer a dicha comisión.​​ También manifestaron sus dudas acerca de la legalidad de la consulta los funcionarios municipales afectados.​

Retirada y planteamiento de una "consulta alternativa"

Mas anuncia en octubre de 2014 la celebración de un proceso participativo el 9 de noviembre.

Después de proclamar que se acataba la suspensión cautelar de la «consulta del 9N» dictada por el Tribunal Constitucional, el 13 de octubre, tras una reunión con los partidos soberanistas, el presidente Mas afirma que la consulta ya no podrá celebrarse en los términos previstos y plantea alternativamente trasladar sus posibles responsabilidades legales mediante un proceso de participación ciudadana.​ Al día siguiente anuncia públicamente su intención de realizar una consulta alternativa usando los recursos de la Generalidad de Cataluña pero con la colaboración de voluntarios, asociaciones civiles y al amparo de parte de la ley de consultas que no había sido suspendida.​ El presidente Mas no aclaró exactamente en que marco jurídico se basaba esta nueva consulta.​ Llegó a declarar que no iba a dar pistas para facilitar la impugnación por parte del gobierno de España y que había que "engañar al Estado".​

Con este fin el Gobierno catalán se compromete a financiar e impulsar lo que redenomina como «proces participatiu». Para ello se cambia la forma de actuar administrativamente, sin dejar constancia documental publicada de las órdenes impartidas, con el objetivo de realizar la misma consulta que la descrita en el decreto suspendido cautelarmente por los tribunales. Se apertura una página web en la que se reclutan voluntarios denominada «participa2014.cat».​ Así mismo se opta por brindar las sedes públicas para votar y se requiere a funcionarios del Departamento de Educación, para que presten una participación voluntaria en el control de esas sedes electorales. Con todas estas actividades por parte de los independentistas se considera que se respeta formalmente el ordenamiento legal y por parte de los constitucionalistas se considera que se están eludiendo las posibles responsabilidades legales en el acatamiento de las resoluciones judiciales, así como la posibilidad de que estas sean paralizadas en un fraude de ley o fraude constitucional.​

El líder de ERC exigió unas elecciones anticipadas para posteriormente, si se obtenía una mayoría en el parlamento, proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña.​​ El líder de ICV declaró que no apoyaba esta nueva consulta, y que no iría a votar.​ Más tarde, rectificó y afirmó que sí iría a votar.​ El líder del PSC dijo que la nueva consulta era un engaño, ya que no tenía ninguna garantía democrática, mientras que el PP de Cataluña declaró que el proceso había acabado.​ El líder de Unió se mostró en contra de celebrar unas elecciones anticipadas y proclamar unilateralmente la independencia.​​ La ANC apoyó la nueva consulta pero exigió la celebración de unas elecciones plebiscitarias en 3 meses.​

Pronto comenzó a discutirse la idea de la elaboración de una "lista de país" independentista que concurriera en unas posibles elecciones plebiscitarias, pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre ERC y CiU.​

Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya comenzaron a hacer campaña de forma separada.​ Convergencia presentó su campaña, junto a la de Ara és l'hora, en la que llamaba a votar "haga lo que haga el estado" y pidiendo el voto por el Sí, Sí.​

Planteamiento de «elecciones plebiscitarias», «declaraciones unilaterales de independencia»

En ese contexto de cambio de escenario del 9N, varios políticos independentistas proponen unas elecciones plebiscitarias de candidatura única en el caso de no poder finalmente realizar la consulta y/o ante el cambio de escenario.​

Oriol Junqueras del partido político de ERC, proclama el día 13, su abierta intención de realizar una declaración unilateral de independencia tras unas elecciones plebiscitarias con el fin de concluir en un proceso constituyente.​

La hipotética declaración planteada públicamente por Junqueras como un acto político, de imponerse por la fuerza está tipificado en el ordenamiento jurídico de España como un delito de rebelión, penado de 15 a 25 años de prisión para los instigadores.​​ La finalidad del castigo es defender la seguridad territorial del Estado y la soberanía nacional por ser bienes jurídicos protegidos de carácter constitucional tal como se expone en los tratados y las enciclopedias jurídicas al uso.​

Recursos del gobierno y suspensión cautelar de la consulta alternativa

Ante esta nueva situación, el gobierno de España empezó a estudiar si esta nueva consulta planteada por Artur Mas sería legal y si sería recurrible.​

Más tarde, el gobierno declaró que había comenzado los trámites para recurrir la nueva consulta solicitando un nuevo informe al Consejo de Estado para valorar una posible impugnación del nuevo proceso anunciado por Artur Mas.​​​ El Consejo de Estado avaló la presentación de un recurso por parte del gobierno de España el 30 de octubre de 2014, que valora jurídicamente que al mantenerse la pregunta y continuar implicando recursos de la Administración se están ante un reiterado fraude de ley que ha de tener consecuencias legales graves.​​

El 2 de noviembre de 2014, tras la reunión del Consejo de ministros, el gobierno de España confirmó que impugnaría la nueva consulta.​ 2 días después, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos presentados por el gobierno contra las actuaciones de la Generalidad de Cataluña relativas a la convocatoria de esta consulta y esta quedó suspendida cautelarmente.​

Sin embargo, la Generalidad de Cataluña anunció que continuaba con el proceso participativo y que presentaría un recurso contra el gobierno de España ante el Tribunal Supremo alegando que este vulneraba los derechos de participación, de libertad expresión y libertad ideológica.​ El 6 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso presentado por la Generalidad ya que el acuerdo del consejo de ministros cuestionado no es un acto susceptible de recurso contencioso y la impugnación correspondería al Tribunal Constitucional. Además, el recurso llegó tarde ya que el Tribunal Constitucional ya había admitido a trámite los recursos del gobierno de España y el Supremo no tiene competencia para enjuiciar las resoluciones del Constitucional.​

El sábado, día previo a la consulta, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias para investigar si el uso de locales públicos para la celebración del proceso participativo era delito y ordenó a la policía autonómica una lista de los locales públicos en los que se iba a realizar el proceso participativo y pidió identificar a los responsable de la realización de la consulta. Además, también exigió al gobierno de la Generalidad que confirmara si era la que había puesto a disposición los locales para la realización del proceso. La Fiscalía también reclamó a la empresa Unipost, responsable del reparto de la información sobre el proceso, que explicara qué entidad facilitó la lista de destinatarios y le exigió además, las facturas de los contratos.​​ Esa misma tarde, la asociación Sociedad Civil Catalana denunció ante el juzgado de guardia el uso de colegios públicos para la realización de la Consulta.​

La prensa catalana y madrileña dieron un tratamiento informativo opuesto del 9N

El tratamiento informativo de la consulta

El auge del soberanismo catalán ha sido relacionado de modo habitual​​​con el tratamiento que la prensa le ha dado. Los periódicos españoles, tanto los radicados en Madrid como en Barcelona, informaron a diario en su portada,​ como primera o segunda noticia más importante del día, sobre la consulta del 9-N entre el 20 de septiembre de 2014, en que el Parlamento catalán aprobó la Ley de Consultas, y el 3 de octubre de 2014, cuando la Generalitat de Cataluña presentó un recurso contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la Ley de Consultas y la convocatoria de la consulta sobre la independencia de Cataluña para el 9 de noviembre. Mientras que los diarios de Madrid presentaron un proceso cargado de tintes negativos que proponía vulnerar la ley, los diarios de Barcelona relataron el normal funcionamiento político de las instituciones dentro de un Estado de Derecho, de un modo neutral cuando no positivo. Se comprobó que ambos grupos mediáticos tiñeron sus informaciones con un tinte nacionalista, de manera que los políticos y las instituciones que les resultan más próximos tienden a protagonizar acciones evaluadas de un modo más positivo, mientras que los políticos e instituciones más lejanos reciben un tratamiento informativo más negativo.

Las investigaciones han detectado el éxito del término «desafío» entre los medios madrileños y su ausencia en los medios catalanes. "Se diría que la prensa española percibió un desafío a la legalidad y al orden establecido por parte de las instituciones catalanas, que pasó inadvertido a la propia prensa catalana".​

Celebración de la consulta del «9-N» (2014)

Papeleta utilizada en la consulta del 9 de noviembre de 2014

El 9 de noviembre de 2014, los locales abrieron sin ninguna incidencia grave a las 9:00 horas,​ hora peninsular española, aunque previamente habían comenzado la votación en algunos puntos situados fuera de Cataluña.​ Poco después del comienzo de la votación algunas organizaciones políticas, como Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Plataforma per Catalunya (PxC), presentaron denuncias al juzgado de guardia, exigiendo la detención de dirigentes del gobierno de Cataluña y la paralización del proceso por incumplir la resolución del Tribunal Constitucional, que había suspendido el proceso participativo.​

A las 14:00 horas, la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, dio los primeros datos de participación: 1 142 910 personas habían votado a las 13:00.​ Por la tarde, el juzgado de guardia de Barcelona expresó su oposición a la retirada de las urnas exigida esa mañana por UPyD por tratarse, según el auto, de medidas «desproporcionadas».​ Sin embargo, a pesar de no adoptarse las medidas cautelares exigidas, sí se iniciaría una investigación por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.​ A las 19:30, la vicepresidenta catalana volvió a comparecer y anunció que a las 18:00 habían participado 1 977 531 personas.​ Con el 96.8% del voto escrutado un total de 2.236.806 personas habían participado en el proceso.​

Resultados

¿Quiere que Cataluña sea un Estado?
En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?

Participación: 37,02%
Participaciones	Sí			No	En blanco	Otros
	Sí	No	En blanco
2.305.290	1.861.753	232.182	22.466	104.772	12.986	71.131
100%	80,76%	10,07%	0,97%	4,54%	0,56%	3,09%

Reacciones

En una rueda de prensa el propio 9 de noviembre, el presidente Mas explicó que intentarían realizar una "consulta definitiva" legal, vinculante y pactada con el gobierno español. Si ese acuerdo, como la propia Generalidad espera, no llega a realizarse, Artur Mas propondría la celebración de unas elecciones anticipadas, preferiblemente con una lista conjunta con otras fuerzas políticas y organizaciones soberanistas.​ Sin embargo, esta alternativa no es compartida por Unió, que se opone a unas elecciones anticipadas.​ ERC, sin embargo, se opone a la realización de una consulta pactada y pide convocar cuanto antes unas elecciones anticipadas, aunque no se muestra favorable a una lista conjunta sino a un gobierno de concentración tras dichas elecciones.​

Poco después de la celebración de la consulta, el Fiscal General del Estado presentó una querella por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones contra el Presidente Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la Consejera de Educación Irene Rigau.​ El 21 de diciembre de 2014, la querella fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.​ El 8 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aseguró que encontraba indicios de desobediencia por la celebración de la consulta.​

El 25 de febrero de 2015 el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad la inconstitucionalidad de la consulta del 9-N.​ El 11 de junio de 2015 el Tribunal Constitucional se pronunció y declaró inconstitucionales los actos impugnados por el gobierno, destinados a la realización del "proceso participativo" por parte de la Generalidad de Cataluña. Estas actuaciones eran, según afirmó el tribunal, "inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional".​

Elecciones «plebiscitarias» del 27 de septiembre de 2015

El 25 de noviembre de 2014, cuatro días después de que la fiscalía hubiera presentado una querella contra él por la celebración del proceso participativo del 9-N, Artur Mas presentó su plan para conseguir la independencia de Cataluña en 18 meses, tras unas elecciones autonómicas de carácter plebiscitario.​ El plan fue respondido por el Partido Popular el 13 de diciembre mediante la "Declaración de La Granja" en la que se oponía a la reforma de la Constitución porque «la soberanía y la unidad de España» no son negociables.​

El 14 de enero de 2015 el presidente de la Generalidad de Cataluña anunció el adelanto de las elecciones autonómicas al día 27 de septiembre de 2015 y afirmó que tendrían un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña.​ El 30 de marzo de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural pactaron la hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán en la que se incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses si los partidos soberanistas ganaban las elecciones.​ Al día siguiente el presidente Mariano Rajoy les advirtió de que ningún Gobierno de España autorizaría la ruptura de la soberanía nacional.​

Debido a diferencias entre los dirigentes de los dos partidos políticos que conformaban la federación Convergència i Unió (CiU), el 14 de junio de 2015 se realizó una consulta a la militancia de Unión Democrática de Cataluña (UDC) sobre la utilización de medios ilegales en el proceso independentista.​​ La militancia de UDC apoyó a la dirección al votar con un ajustado 50,9% a favor de respetar el marco legal.​ Tras un ultimátum de CDC a UDC para que decidiera si se sumaba o no a la hoja de ruta independentista,​ el 17 de junio los tres consejeros de UDC salieron del gobierno de la Generalitat de Cataluña.​ Al día siguiente CDC confirmó que UDC y CDC no se presentarían juntos a las elecciones autonómicas y que el proyecto político de la federación de CiU se había acabado.​

Logo de Junts pel Sí

En julio de 2015 tuvieron lugar negociaciones entre CDC, ERC y entidades soberanistas para definir una candidatura unitaria que defendiera la independencia de Cataluña. Acordaron que la lista estaría encabezada por 3 personalidades independientes: Raül Romeva, exeurodiputado por Iniciativa per Catalunya (ICV); Carme Forcadell, expresidenta de la ANC; y Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural. Artur Mas se situaría en el cuarto puesto y Oriol Junqueras, líder de ERC, en el quinto. También acordaron que Artur Mas sería investido presidente de la Generalidad en caso de victoria.​ Más tarde anunciaron que la candidatura se llamaría Junts pel Sí.​

La plataforma Ara es l'hora organizó, durante la fiesta del 11 de Septiembre de 2015, la llamada «Vía Libre a la República Catalana», una concentración multitudinaria que llenó un tramo de 5,2 kilómetros de la Avenida Meridiana de Barcelona con el objetivo de reivindicar la independencia de Cataluña.​

El carácter plebiscitario que los partidos soberanistas quisieron dar a las elecciones autonómicas fue asumido por los medios de comunicación, que centraron el debate en la cuestión independentista en vez de en las competencias propias del Gobierno autonómico que se eligiera.​ Al igual que ya se había detectado en el proceso participativo del 9N (2014) se volvió a repetir el carácter nacionalista de los medios de comunicación de Madrid y Barcelona que informaron en favor de las posturas políticas mayoritarias en su área de procedencia.​

Resultados

La lista independentista de Junts pel Sí (JxSÍ) ganó las elecciones al conseguir 62 escaños en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos (Cs) obtuvo 25 escaños, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) obtuvo 16 escaños, Catalunya Sí que es Pot (CSQP) obtuvo 11 escaños, el Partido Popular (PP) obtuvo 11 escaños y la Candidatura de Unidad Popular-Llamada Constituyente (CUP-CC) obtuvo 10 escaños. Los partidos a favor de la independencia ganaron las elecciones en escaños, pero no en número de votos.​

Los principales dirigentes de Junts pel Sí afirmaron que los resultados les proporcionaban una victoria y legitimidad política y moral para comenzar el proceso de constitución de una República Catalana,​ mientras que el candidato de la CUP afirmó que no se había ganado el plebiscito, pero sí que había un voto independentista mayoritario.​ Los líderes de Ciudadanos, PSC, PSOE y PP enfatizaron que las elecciones habían dejado clara la inexistencia de una mayoría a favor de la independencia.​

El proceso soberanista entre las elecciones del 27 de septiembre y el anuncio del referéndum de 2017 (2015-2016)

Declaración de inicio del proceso de independencia

El 26 de octubre de 2015 se inició la XI legislatura del Parlamento de Cataluña y Carme Forcadell de Junts pel Sí fue elegida presidenta del Parlamento. Un día después los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP registraron en el Parlamento de Cataluña una propuesta de declaración en la que instaban a «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república».​ El 5 de noviembre Ciudadanos, PSC y PP, presentaron ante el Tribunal Constitucional tres recursos de amparo independientes contra la admisión a trámite de la resolución en el Parlamento de Cataluña.​ Ciudadanos y PP pidieron además la suspensión cautelar del pleno en el que se debatiría la resolución, pero esta medida fue desestimada por el tribunal.​

La resolución fue aprobada el 9 de noviembre con 72 votos a favor, de Junts pel Sí y la CUP, y 63 votos en contra, de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot (CSQP).​ Ese mismo día Rajoy pidió un informe al Consejo de Estado para presentar un recurso al Tribunal Constitucional. El Consejo se pronunció favorablemente a la presentación del recurso.​ El 11 de noviembre la Abogacía del Estado presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional,​ que fue admitido a trámite y la resolución independentista quedó suspendida cautelarmente.​ El 2 de diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la declaración por unanimidad.​

Nuevo Gobierno autonómico

Gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont en enero de 2016

El 9 de enero de 2016 Artur Mas dio un paso a un lado para permitir un acuerdo de investidura entre Junts pel Sí y la CUP, cuando todos los partidos políticos daban por hecho que habría que repetir las elecciones autonómicas. Acordaron elegir al alcalde de Gerona Carles Puigdemont (CDC) como presidente de la Generalitat.​

A principios de febrero Junts pel Sí y la CUP iniciaron los trámites para redactar las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9-N, al registrar en el Parlament la petición para crear las tres ponencias correspondientes, pese a que la declaración fue anulada por el Tribunal Constitucional.​ Tras ello, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, anunció que se actuaría contra las leyes de ruptura en cuanto el Parlament creara las ponencias para redactarlas.​ Unos días más tarde la Junta de Portavoces del Parlamento catalán reclamó a los servicios jurídicos de la cámara un informe para saber si con estas leyes se podía contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional, a petición del resto de grupos parlamentarios, lo que suponía la paralización temporal de los trámites.​

Pese al informe negativo obtenido,​ la Mesa del Parlament aprobó en marzo de 2016 seguir adelante con la creación formal de las ponencias.​ Ante esto, el PPC y el PSC anunciaron su intención de llevar al Tribunal Constitucional la creación de las tres ponencias soberanistas.​​

Un mes más tarde, el 7 de abril, el pleno del Parlament aprobó, por 71 votos a favor y 52 en contra, una moción reivindicando la vigencia de la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional.​

Las llamadas «estructuras de estado»

Después de la celebración de la consulta de 2014 se comenzó a hablar de la necesidad de crear algunos organismos catalanes que comenzaran a sustituir a sus similares españoles, entre ellos se incluían: Agencia Tributaria, aduanas, seguridad social catalana, servicio postal, banco central, registro mercantil, relaciones exteriores, migración entre otras oficinas y departamentos de gobierno.​

El 11 de marzo de 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas​ en ella se establecía la creación de una Hacienda catalana que comenzara a recaudar los impuestos de los catalanes y evitar la entrega tributaria a España, por este motivo el 12 de junio, el Gobierno Central presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la ley.​ Esta legislación sería anulada por unanimidad el 7 de julio de 2016.​

El decreto del TC anulaba los planes de la Generalitat para la creación de "un plan director de la Administración Tributaria de Cataluña, la elaboración de un catálogo de infraestructuras estratégicas de Cataluña; el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación de un Servicio Meteorológico de Cataluña; y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos".​

Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlamento de Cataluña

El 28 de enero de 2016, el Parlamento de Cataluña creó la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente con el apoyo de JxSí, CUP y CSQEP.​ Desde el Parlamento se insistió en que la comisión únicamente estudiaría las posibilidadesde crear un proceso constituyente en Cataluña, mientras que el Gobierno Central acusó a la comisión de «poner en marcha un proceso constituyente».​

La comisión terminó sus trabajos de investigación en el mes de julio. Entre sus conclusiones estaban el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán y su legitimidad para iniciar un proceso constituyente. Este proceso contaría con tres fases: en primer lugar un proceso participativo, a continuación la desconexión de las instituciones españolas y la convocatoria de elecciones constituyentes que redactarían la constitución catalana y finalmente la ratificación del texto mediante un referéndum popular.​​

Las conclusiones fueron aprobadas por la comisión de estudio el 18 de julio.​ Al día siguiente, el Tribunal Constitucional exigió al Parlamento de Cataluña el cumplimiento de la Constitución al declarar que "la labor de la Comisión de Estudio es inviable" por la similitud entre las conclusiones de la comisión y la declaración de soberanía aprobada el 9 de noviembre de 2015, la cual fue suspendida el 2 de diciembre.​ El 27 de julio las conclusiones fueron avaladas en el pleno del Parlamento por 72 votos a favor (JxSí y la CUP) y once en contra (CSQEP). El PSC no participó en la votación pero se mantuvo en el pleno, mientras que el PP y Ciudadanos se ausentaron de la cámara.​

Movilizaciones independentistas del Once de Septiembre

El Once de Septiembre de 2016, se realizaron movilizaciones de independentistas bajo el lema «A punto», que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. A diferencia de otros años, no existió una manifestación unitaria: hubo cinco concentraciones en Barcelona, Tarragona, Lérida, Salt y Berga, cada una dedicada a un eje concrecto de la «nueva república».​ Según Sociedad Civil Catalana acudieron a las manifestaciones 292 mil personas. Según la Delegación del Gobierno en Cataluña acudieron 350 mil personas.​ Según la Guardia Urbana de Barcelona y las policías locales acudieron 800 mil personas.​​

Cuestión de confianza a Carles Puigdemont

En junio de 2016, la CUP no apoyó los presupuestos autonómicos de ese año por considerar que no cumplían las medidas establecidas en el acuerdo de investidura logrado con Junts pel Sí en enero.​ Esto provocó que se comenzara a cuestionar el futuro de la legislatura y la necesidad de convocar nuevas elecciones. Por ese motivo, el Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont anunció que se sometería a una moción de confianza en el mes de septiembre y que en caso de perderla se disolvería el Parlamento y se convocarían nuevas elecciones.​​

Al comenzar el ciclo político tras el verano, la CUP anunció que sus diez diputados votarían a favor del Presidente y que esta decisión se desvinculaba de cualquier tipo de negociación sobre un referéndum.​El 28 de septiembre de 2016 se celebró la votación en el pleno del Parlamento, Puigdemont recibió el apoyo de 72 diputados y el rechazo de los 63 restantes, por lo que pudo continuar en el cargo.​

En su discurso en la cuestión de confianza Puigdemont anunció que el Gobierno de Cataluña celebraría un referéndum independentista vinculante en septiembre de 2017. El Presidente ofreció al Gobierno central la posibilidad de una consulta acordada, aunque aseguró que la propuesta seguiría adelante sin tener un acuerdo con Madrid.​ Anunció que la responsabilidad de la organización recaería en el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y en el consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales, Exteriores y de Transparencia, Raül Romeva.​

Preparación del referéndum (del 6 de octubre de 2016 al 1 de octubre de 2017)

Tras el anuncio de Puigdemont sobre la celebración de un referéndum en septiembre de 2017 se abrió una nueva etapa en el proceso de independencia.

El Parlamento insta al Gobierno a convocar un referéndum (octubre 2016)

El 6 de octubre de 2016 el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la cual se instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, a más tardar, en septiembre de 2017, además de solicitar que se contara con una pregunta clara con dos opciones de respuesta,​ también se invitó a las autoridades a impulsar el proceso constituyente que se había aprobado en julio.

En ese mismo pleno, la cámara legislativa pidió que la Generalitat comenzara con la preparación de las «estructuras de estado» en materias como gestión tributaria y fiscal, educación o prestaciones sociales,​ pese a que algunas leyes catalanas creadas sobre la materia ya habían sido anuladas por el Constitucional en julio de 2016.

El 14 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la resolución del 6 de octubre de 2016 en donde se instaba al gobierno catalán a celebrar un referéndum además de denunciar ante la Fiscal General del Estado contra Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, y a los miembros de la mesa ejecutiva: Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet por la posible desobediencia a las sentencias emitidas por parte del tribunal.​

Preparativos previos al anuncio oficial y Pacto Nacional por el Referéndum (septiembre-diciembre de 2016)

Después del anuncio y la invitación del Parlamento para celebrar un referéndum se comenzó a especular con la posible fecha de celebración de la consulta, siendo los domingos 17 y 24 de septiembre de 2017 los días que en un principio sonaban con más fuerza.​ Sin embargo, desde la Generalitat y el Parlamento no se mostraron pasos concretos de cara una posible decisión de fecha.

El 23 de diciembre de 2016 se creó el Pacto Nacional por el Referéndum, un acuerdo que reúne a instituciones políticas, organizaciones políticas y sociales, cargos electos y personas particulares que sustituyó al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El comité ejecutivo del organismo está encabezado por Joan Ignasi Elena como coordinador, también cuenta con la presencia de Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. El 23 de enero de 2017 la plataforma presentó su manifiesto, objetivos, hoja de ruta y programas de trabajo manteniéndose dentro de la idea de una consulta pactada con el Estado antes de tomar cualquier vía unilateral.​

El operativo del referéndum: la Operación Urnas

El operativo del referéndum fue dirigido desde la Conselleria de Economia por el equipo del vicepresident Oriol Junqueras encabezado por Josep Maria Jové.​

La compra de las urnas para el referéndum fue discutida en el seno del Govern por primera vez a principios de 2017, llegándose al acuerdo en mayo de que fuera la conselleria de Governació, encabezada por Meritxell Borràs del PDeCAT, la que llevara a cabo el proceso de licitación de la compra de las urnas. Pero el concurso quedó desierto porque ninguna empresa se presentó.​

Según los periodistas del diario en catalán Ara Laia Vicens y Xavi Tedó, autores del libro Operació Urnes (Editorial Columna, 2017), las 10.000 urnas necesarias para la votación fueron compradas en junio por un particular que pagó por ellas 100.000 euros de su bolsillo. Este particular, que los periodistas apodaron «Luis», había comenzado sus averiguaciones en marzo de 2017 decantándose finalmente por la firma Smart Dragon Ballot Expert, con sede en la ciudad china de Guangzhou ―el modelo que escogió fue el que había fabricado la firma china para el referéndum que se iba a celebrar en el Kurdistán el 25 de septiembre―. Las urnas fueron transportadas en tres contenedores que viajaron desde China hasta el puerto francés de Marsella por la ruta del Canal de Suez. Desde Marsella fueron llevadas a una localidad de la Cataluña Norte, cercana a la frontera con España, a donde llegaron el 7 de agosto. El president Puigdemont fue informado inmediatamente y solo un grupo muy reducido de personas supieron del asunto. Poco después comenzó el traslado de las urnas al interior de Cataluña, para lo que se designaron ocho coordinadores responsables de los ocho almacenes donde se iban a guardar y que abarcaban todo el territorio catalán. Desde los almacenes las urnas fueron llevadas a 40 locales más pequeños desde donde se harían llegar a los colegios electorales. El 11 de septiembre de 2017, Diada de Cataluña, ya habían cruzado la frontera unas 6.500 urnas, las necesarias para abastecer todas las mesas electorales, y las 3.500 restantes permanecieron en Francia para cubrir cualquier incidencia. Finalmente las urnas fueron confiadas a voluntarios, la inmensa mayoría de ellos militantes de los partidos independentistas, que las guardaron en sus casas o en otros lugares, como bosques o capillas. Los servicios de inteligencia españoles no consiguieron encontrarlas.​

El modelo de urna fue presentado oficialmente el 29 de septiembre, solo dos días antes del 1-O, durante una rueda de prensa celebrada en el Centro Internacional de Prensa habilitado para el seguimiento de la jornada y en la que intervinieron el vicepresident Junqueras y los consellers Jordi Turull y Raül Romeva.​

Campaña de difusión oficial

La Generalidad comenzó a trabajar en una campaña de difusión sobre la celebración del referéndum de independencia en septiembre de 2017. El 24 de enero se celebró en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la conferencia denominada "The Catalan Referendum" la cual contó con las intervenciones de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Al acto asistieron unas 500 personas entre las que se encontraban eurodiputados, diplomáticos y periodistas de diversos medios, sin embargo en el lugar no se presentó ninguna autoridad europea.​​​

El trabajo de los políticos independentistas fuera de las fronteras de España tuvo su primer éxito institucional el 14 de marzo cuando en el Parlamento del Reino Unido se constituyó un grupo de debate sobre Cataluña y el proceso independentista, bajo el nombre "All-Party Parliamentary Group on Catalonia" (Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre Cataluña).​

En mayo se presentó el manifiesto titulado «Let catalans vote» (Dejen votar a los catalanes), un documento en el que una serie de personalidades internacionales expresaron su apoyo a la celebración de un referéndum además de hacer un llamado a las instituciones españolas y catalanas para que trabajen en conjunto para que los ciudadanos catalanes puedan decidir su futuro e iniciar negociaciones basadas en la decisión colectiva de los votantes. Entre los firmantes del primer documento se encuentran personajes como los Premios Nobel Rigoberta Menchú, Desmond Tutu, Ahmed Galai, Adolfo Pérez Esquivel, Dario Fo y Jody Williams. Políticos como Gerry Adams y Piedad Córdoba y artistas como el actor Viggo Mortensen y el escritor Irvine Welsh.​ En julio se sumaron otros personajes reconocidos a nivel internacional como la artista Yoko Ono, los cantautores Peter Gabriel y Silvio Rodríguez o los ex futbolistas Hristo Stoichkov y Éric Cantona.​

Anuncio oficial del referéndum (junio de 2017)

El 9 de junio se oficializó la celebración del Referéndum sobre la independencia de Cataluña en un acto celebrado en conjunto por el Gobierno y los diputados independentistas. El anuncio tuvo como sede el Pati dels Tarongers localizado en el Palacio de la Generalidad de Cataluña, en el evento el Presidente Puigdemont anunció que el referéndum se celebrará el 1 de octubre, en la boleta de votación aparecerá una pregunta con dos respuesta posibles: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí o No», las papeletas serán impresas en catalán, castellano y aranés.​​ El funcionario destacó también que este referéndum será vinculante al tratarse de un «instrumento avalado por una amplia mayoría política y social» de Cataluña.​

Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (agosto-septiembre de 2017)

El 28 de agosto, la mayoría independentista del Parlament, compuesta por los grupos de Junts pel Sí y la CUP-CC, presentaron en la cámara catalana este proyecto legislativo.​​ El objetivo principal de este marco legal es el garantizar la seguridad jurídica, la sucesión ordenada entre las administraciones y la continuidad de los servicios públicos, en lo que sería llamado como "proceso de transición" de Cataluña a un estado independiente.​ La ley fue aprobada el 8 de septiembre por 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y el diputado no adscrito Germà Gordó) y 11 abstenciones (de los adscritos al grupo de CSQEP). Los miembros del parlamento pertenecientes a Ciudadanos, el PSC y el PP abandonaron el hemiciclo para no participar en la votación por considerarla ilegal.​​ La normativa entrará en vigor en caso de una victoria del «Sí» a la independencia en el referéndum del 1 de octubre, cuando se daría por iniciado el proceso de transición nacional.​

Atentados terroristas islámicos y sus repercusiones (agosto-septiembre de 2017)

Manifestación de repulsa a los atentados de Cataluña de 2017 en la que numerosos independentistas acudieron con esteladas y pitaron tanto al Rey como al presidente del gobierno y al resto de representantes institucionales​.

Entre el 16 y el 18 de agosto hubo una serie de atentados terroristas islámicos cometidos por una célula local inspirada por el Estado Islámico​ que provocaron 24 muertos entre víctimas y terroristas​. Las localidades afecadas fueron Alcanar, Barcelona, Cambrils y Subirats, siendo el peor ataque el atropello múltiple en el paseo de La Rambla.

Estos trágicos sucesos fueron instrumentalizados políticamente por una parte del independentismo​. La ANC pidió que no se use la bandera de España para solidarizarse con las víctimas​. El exvicepresident Carod Rovira en un artículo publicado en "Nació Digital" y titulado ‘Se va un Estado, llega otro’ aseguró que "durante ocho horas, las que tardó Rajoy en venir a Cataluña, el Estado español estuvo del todo ausente y su espacio, todo el espacio que corresponde a un Estado, estuvo ocupado por la Generalitat, por primera vez en 37 años de autonomía"​. El conseller de Interior Joaquim Forn diferenció a las víctimas del atentado entre las que tenían "nacionalidad catalana" y "nacionalidad española"​. La CUP insinúó que los atentados fueron "terrorismo de Estado" contra el procés​.

Mención aparte merece la manifestación multitudiaria de rechazo al atentado y solidaridad con las víctimas realizada el 26 de agosto en Barcelona a la que asistieron el Rey Felipe VI y numerosos cargos del gobierno, incluyendo al presidente Rajoy. Ya previamente la ANC pidió llevar banderas independentistas a la marcha contra los atentados, a pesar de que era una manifestación no política​. Durante la duración de la misma los pitos al Rey y a los miembros del gobierno fueron constantes​​. Según El Correo "El independentismo rompió en Barcelona la unidad antiterrorista"​.

Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña (6 de septiembre de 2017)

El 6 de septiembre, los grupos independentistas presentaron la denominada "Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña", es una legislación "que regula la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña con respecto de España, sus consecuencias en función de cuál sea el resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña",​​ además establece que "el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente, su condición política" y que "el Parlamento de Cataluña actúa como representante de la soberanía del pueblo de Cataluña".​​​

Esta ley fue aprobada por el Parlamento catalán el mismo 6 de septiembre, tras una sesión de 12 horas que se destacó por un ambiente de crispación, tensiones y enfrentamientos entre los bandos secesionista y constitucionalista,​​ la propuesta fue aceptada con 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y Germà Gordó) y 11 abstenciones.​​ Los diputados del bloque unionista (C's, PSC y PP) abandonaron el hemiciclo en señal de protesta, los populares colocaron banderas catalanas y españolas en sus asientos,​​ las rojigualdas fueron retiradas por la diputada de Podemos, Àngels Martínez, quien fue reprendida por algunos sectores del independentismo como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de su propia formación política, como Pablo Iglesias.​​

Debido al incumplimiento de la legislación (Reglamento del Parlament) y sentencias judiciales del Tribunal Constitucional, por parte de los partidos independentistas, , el 8 de septiembre, la ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional de manera urgente, además el organismo responsable de la Constitución apercibió a los 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos públicos de la Generalidad recordando que no pueden participar en el referéndum vinculante del 1 de octubre.​​ El Referéndum del 1 de octubre de 2017 fue declarado ilegal en España y en la Unión Europea.​​

Campaña del referéndum (septiembre de 2017)

Cartel oficial de la Campaña electoral del 1-O

La campaña de la Generalidad de Cataluña a favor del referéndum sobre la independencia tuvo lugar entre el 15 y el 29 de septiembre de 2017.​ Dio comienzo cuatro días después del Día Nacional de Cataluña, fiesta que motivó el atraso de la celebración de la consulta para evitar que las movilizaciones de ese día fueran consideradas como un acto de campaña en favor del sí.

Antes del inicio de la campaña y durante el desarrollo de esta, la Guardia Civil procedió previa orden judicial al cierre de diversas páginas web promotoras del referéndum, entre ellas el sitio de la Generalidad dedicado al 1-O,​ la dirección de la Asamblea Nacional Catalana​ o el dominio empaperem.cat, creado por un grupo de ciudadanos para distribuir carteles y propaganda publicitaria del referéndum catalán.​ Todas las páginas cerradas fueron replicadas en otros dominios por sus promotores, algunas de ellas volvieron a ser cerradas por las autoridades,​ siendo reabiertas en nuevas direcciones por los propios creadores o mediante la ayuda de organizaciones como WikiLeaks y The Pirate Bay,​ o activistas digitales como Julian Assange, Edward Snowden y Peter Sunde.​

El 29 de septiembre se celebró un acto de cierre de campaña en la Avenida María Cristina de Barcelona con la presencia de unas 80 mil personas según los organizadores. La reunión contó con la presencia de políticos de la CUP, ERC y el PDeCAT.​

La "Operación Anubis" y los hechos del 20 de septiembre de 2017

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Manifestantes subidos en uno de los vehículos de la Guardia Civil que fueron destruidos por una multitud de independentistas el 20 de septiembre de 2017 en Barcelona.​​

El 20 de septiembre de 2017 la Guardia Civil bajo orden de la Fiscalía General del Estado inició una operación policial para detener el referéndum. Los agentes policiales entraron en las Consejerías de Economía, Relaciones Institucionales y Asuntos Exteriores, Gobernación y Asuntos Sociales de la Generalidad además de rodear la sede de la Candidatura de Unidad Popular. El operativo policial dejó a 14 detenidos entre ellos altos cargos de gobierno y trabajadores de la institución regional catalana. Entre los detenidos se encuentran el Secretario General de la Vicepresidencia, Josep Maria Jové y el Secretario de Hacienda, Josép Lluís Salvadó. La operación policial fue contestada por una convocatoria a los simpatizantes del independentismo para manifestarse por parte de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, los manifestantes rodearon los edificios en donde actuaban las fuerzas de seguridad del estado. En otras ciudades y pueblos de Cataluña se realizaron manifestaciones paralelas en rechazo a la intervención de los cuerpos de seguridad.​

Durante las manifestaciones varios vehículos de la guardia civil quedaron destrozados​. De hecho, los agentes que cumplían una orden judicial quedaron asediados en el interior del edificio durante 19 horas hasta que lograron salir​. La secretaria judicial, presa del pánico, salió de manera humillante por un tejado que la comunicaba con un teatro adyacente​. Los mossos fueron acusados de inacción a pesar de las peticiones de la guardia civil, algo que se repetiría el día del refendum​.

De la celebración del referéndum a la declaración unilateral de independencia (1-27 de octubre de 2017)

Según Oriol March, «esos 27 días han cambiado el presente y el futuro del país. Los catalanes, en el terreno de las sensaciones, difícilmente habrán vivido un periodo tan intenso en la historia reciente, con decisiones políticas y ciudadanas altamente trascendentes».​

Celebración del referéndum (1 de octubre de 2017)

Votantes el 1 de octubre de 2017

El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia a pesar de haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional. La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil dificultaron su funcionamiento. Durante la celebración del referéndum se detectaron numerosas irregularidades. El gobierno español denunció que se cambiaron las reglas del referéndum 45 minutos antes del inicio de la votación.​ Entre las nuevas normas, se incluyó un censo universal con el que cualquier ciudadano podía votar en cualquier centro, aunque no fuera el que tenía asignado. También se aceptaron papeletas caseras no oficiales y votos sin sobre.​

Policías y guardias civiles entraron para interrumpir la votación en unos 400 colegios electorales (que corresponden un 14,4% del censo) con evidentes signos de violencia​y habiendo también casos de violencia por la resistencia de los votantes, que acabaron incluso con la detención de algunos de ellos​​, y se requisaron las urnas. Uno de los objetivos de las cargas policiales fueron los colegios electorales donde iban a votar los líderes del ‘procés’. Así la policía intervino en la Escola Nostra Llar de Sabadell, donde tenía que votar la presidenta del ‘’Parlament’’ Carme Forcadell ―que finalmente votó en la escuela Joanot Alisanda―,​ o en el colegio de Sant Julià de Ramis donde debía votar Carles Puigdemont. «A través de las cámaras de todo el mundo, agolpadas para conseguir la imagen del president ante la urna, se pudo ver la contundencia de la acción policial: vidrios rotos, trato verbalmente vejatorio dirigido a los responsables de las mesas y golpes a los concentrados que intentaban salvaguardar las urnas y el acceso al reciento».​ Puigdemont, tras burlar el dispositivo de la policía española que lo seguía, votó en un colegio electoral de Cornellà del Terri, a unos kilómetros de su domicilio en Sant Julià de Ramis. ​ Once juzgados de instrucción de toda Cataluña abrieron diligencias para investigar las cargas policiales.​

También se produjeron algunas escenas de tensión entre Mossos d'Esquadra y agentes de la policía nacional y de la guardia civil.​​. El 'major' de los Mossos Josep Lluís Trapero acabaría siendo procesado por la Audiencia Nacional.​. También se acusó a algunos mossos de manipular actas del 1-O para hacer creer a la fiscalía de que habían cumplido con la orden de retirar las urnas.​. Por otro lado, la Guardia Civil acusó a los Mossos de haber vigilado a sus agentes.​​

También se produjeron algunas escenas de tensión entre Mossos d'Esquadra y agentes de la policía nacional y de la guardia civil.​​. El 'major' de los Mossos Josep Lluís Trapero acabaría siendo procesado por la Audiencia Nacional.​. También se acusó a algunos mossos de manipular actas del 1-O para hacer creer a la fiscalía de que habían cumplido con la orden de retirar las urnas.​. Por otro lado, la Guardia Civil acusó a los Mossos de haber vigilado a sus agentes​.

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Policias retirando una urna del referendum ilegal mientras son increpados por manifestantes independentistas.

Según el departamento de salud las cargas policiales causaron 844 heridos atendidos en hospitales, aunque esta cifra fue puesta en duda por el gobierno español. El herido más grave fue un joven que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía nacional​​. Previamente ese joven había tirado vallas a la policía​. A su vez, de acuerdo con el Ministerio del Interior, 431 agentes de la policía nacional y la Guardia Civil resultaron heridos, 39 de los cuales requirieron tratamiento médico inmediato.​. Hubo algunas falsas acusaciones de violencia policial, como una mujer, concejal de Esquerra Republicana de Catalunya e interventora en un instituto de Barcelona, que acusó a la policía de haberle roto todos los dedos de una mano «expresamente, uno por uno». Más adelante matizaría sus declaraciones y afirmaría que sus lesiones, tras ser agarrada y arrastrada por una escalera, se limitaban a una inflamación en un dedo.​​​​ Se difundieron a través de las redes sociales algunas imágenes de civiles lesionados en otros eventos como correspondientes al 1-O, como las de un niño de 13 años que fue golpeado por los Mossos d'Esquadra durante la huelga general de Cataluña del 14 de noviembre de 2012 y otras de ese mismo día.​​​​ También se difundieron algunas imágenes que eran fotomontajes, como en las que se añadió la bandera independentista como si fuera portada por las personas que eran contenidas por la policía.​​ La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acusó a las Fuerzas de Seguridad del Estado de haber agredido sexualmente a manifestantes. El Ministerio del Interior ha denunciado a Ada Colau por estas acusaciones.​

Huelga general catalana (3 de octubre de 2017)

Partidarios y opositores a la independencia se manifiestan en la Vía Layetana de Barcelona, 3 de octubre de 2017.

El 3 de octubre de 2017 se llevó a cabo una huelga general convocada por los sindicatos CGT, CNT, COS, I-CSC e IAC, así como por los Comités de Defensa de la Huelga, sucesores de los Comités de Defensa del Referéndum. El motivo de la convocatoria fue denunciar la vulneración de derechos y el empeoramiento de las condiciones laborales en diferentes centros de trabajo consecuencia de la intervención en ellos del cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, enmarcada dentro de la campaña represiva llamada Operación Anubis contra la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ante la urgencia de los acontecimientos, la petición de huelga fue tramitada el 21 de septiembre y de acuerdo con el preaviso legalmente establecido, esta no se pudo realizar antes del 3 de octubre.​

Paralelamente, el 1 de octubre, después de los violentos hechos represivos durante la jornada electoral del referéndum sobre la independencia de Cataluña, la Mesa por la Democracia decidió convocar una paralización social general, bajo el nombre de Parada de país, para el mismo 3 de octubre. La composición de esta plataforma es heterogénea, agrupando a entidades sociales (Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural), organizaciones sindicales (CCOO, UGT, USOC) y organizaciones patronales (PIMEC, CECOT), entre otras muchas. El motivo fue para reivindicar la dignidad del pueblo catalán y denunciar la represión del Estado español contra la ciudadanía de Cataluña.​

La intervención del rey Felipe VI por televisión el 3 de octubre

En el discurso retransmitido por televisión desde el Palacio de la Zarzuela el rey Felipe VI ―era la primera vez que hablaba fuera de los actos protocolarios y los mensajes de Nochebuena― dijo:​

Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía. (…) Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.(…)
Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

El discurso de Felipe VI fue recibido de forma entusiasta por los partidos constitucionalistas y de forma muy crítica por los partidos independentistas. El president Carles Puigdemont declaró al día siguiente: «Así no, majestad».​

Traslado de sedes sociales empresariales (octubre de 2017)

Edificio histórico del Banco Sabadell en Sabadell.

Ante el anuncio del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, de que se aplicarían los resultados del referéndum, tanto Banco Sabadell como CaixaBank confirmaron que cambiarían de emplazamiento sus sedes sociales, hecho efectivo el 5 de octubre cuando ambas instituciones trasladaron sus domicilios fiscales a Valencia y Alicante, respectivamente. Los dos bancos, que los días anteriores habían sufrido importantes caídas en bolsa, expusieron que la salida de la Unión Europea provocaría que dejaran de encontrarse en el marco de la eurozona y bajo la protección del Banco Central Europeo. El mismo día que se confirmaba que CaixaBank se trasladaba a Valencia, Gas Natural, establecida en Cataluña desde 1843 y participada en un 24,4% por Criteria, explicó que trasladaba su sede a Madrid. Aquel mismo día seis empresas como Abertis, Freixenet, Dogi, Arquia o el Banco Mediolanum avisaron que propondrían medidas similares.​

El día 7, a pesar de que los propietarios de CaixaBank habían asegurado que el traslado a Mallorca era para asegurarse la cobertura del BCE, la fundación La Caixa también anunció que cambiaría su sede social a la isla balear. Según anunciaron, esta decisión seguiría vigente mientras se mantuviera la situación que vivía Cataluña. Criteria, participada al 100% por La Caixa, también mudó su sede a Palma. El gobierno central aprobó una legislación para facilitar el traslado de todas aquellas empresas interesadas en trasladar su sede central.​

Empresas como Abertis, Colonial, Cellnex, Grupo Planeta, La Bruixa d'Or, Cerveza San Miguel, Aguas de Barcelona, Gas Natural Fenosa, Catalana Occidente, Bimbo, Codorníu, Grupo Gallo o Axa Vida y Axa Pensiones abandonaron Cataluña desde el 1 de Octubre de 2017.​ En la actualidad, 2.276 empresas han abandonado la comunidad autónoma por el desafío soberanista.​

Además de la "fuga de empresas", hubo otra fuga de depósitos bancarios hacia el resto de España de entorno a 31.400 millones de euros durante el último trimestre de 2017​​.

Escraches y acoso a las distintas posiciones (septiembre de 2017-presente)

Albert Rivera del partido Ciudadanos en un mitin. Hubo escenas de acoso sociales contra numerosos politicos opuestos a la independencia, provocando que el ministerio de Interior destinara guardaespaldas a Cataluña​.

Tras el 1 de Octubre hubo numerosas escenas provocadas por partidarios y opositores a la independencia contra aquellos que no secundaban su objetivo. Antes de esa fecha el president Carles Puigdemont, refiriéndose a los alcaldes y a los concejales de los ayuntamientos que habían anunciado que no iban a ceder locales para la celebración del referéndum, había dicho: "Cuando los veáis por la calle, decidles: 'Mírame a los ojos, te debes a mí'. Y de forma serena preguntadles: '¿Me dejarás votar o me impedirás que vote?'"​. Así se produjeron escenas de acoso contra algunos de estos alcaldes y concejales.​​

Para numerosos políticos y periodistas; tanto de dentro de Cataluña como del resto de España, e independientemente de si son favorables o no a la independencia; la situación provocada por el llamado "proces" provocó una fractura social​​​​.

Tras las cargas policiales del 1-O, hubo escenas de acoso contra hijos, parejas y demas familiares y entorno cercanos de los miembros de guardia civil y policía nacional​​. Hubo peticiones de los ayuntamientos a hoteles para que expulsaran a los policias y guardias civiles que tenían alojados​​. Hubo niños y niñas que lloraron en el colegio porque los profesores criticaron delante de sus compañeros la labor de sus padres​. Varios de estos docentes tuvieron que acabar dando explicaciones de sus presuntos adoctrinamientos en el juzgado ​ siendo finalmente absueltos por la justicia. Los escraches superaron el centenar​.

También sufrieron los escraches y los acosos los distintos representantes políticos, por ejemplo las sedes de Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya​ o la Candidatura d'Unitat Popular fueron atacadas varias veces​. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, fue víctima de un delito cuando una mujer publicó en internet un deseo de que abusaran grupalmente de ella, y esa mujer finalmente acabó condenada​, al igual que también recibieron mensajes intimidatorios la diputada de la CUP Anna Gabriel en una universidad valenciana o también por las redes el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián. Posteriormente el actor de TV3 Toni Albà insultó a Arrimadas​. La valla metálica del comercio particular de los padres de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, fue dibujada varias veces​​. El 1 de diciembre aparecieron colgados de un puente varios muñecos con las siglas del PP, Ciudadanos y el PSC​. El incidente, cuya autoría aún no ha sido esclarecida, provocó una fuerte polémica por que se asociaba a los ajustes de cuentas que se producen por el narcotráfico en Sudamérica​.

De igual modo, la violencia física con motivaciones políticas se ha visto aumentada a raíz de este proceso. Por ejemplo, en una concentración en apoyo a los Jordis tras su encarcelamiento, un vecino unionista de Palamós disparó balines contra manifestantes al grito de "catalanes de mierda", aunque los ataques de personas simpatizantes a este movimiento no se limitaron a los "oponentes" políticos, sino que también hubo multitud de ataques contra la prensa que informaba de sus manifestaciones, con múltiples casos de periodistas teniendo que salir protegidos por las fuerzas policiales por ser empleados de TV3 -o ser confundidos como tal-, cuya dirección ha decidido acudir a esas concentraciones con material que no refleje el logo de la cadena ante la posibilidad de que se vuelvan a repetir dichos sucesos. Además, el marzo de 2018 fue calcinado el edificio del Ateneu Popular de Sarrià, un suceso que las investigaciones ratificaron como intencionado tras encontrar dentro esvásticas y pintadas de "muerte a los CDR". También aparecieron durante 2018 los denominados "Grupos de Defensa y Resistencia", vinculados a grupos de la extrema derecha española, quienes a pesar de ser ensalzados por una parte de la prensa de Madrid han causado un gran número de agresiones a ciudadanos independentistas.

El 24 de abril de 2018 la fiscalía denunció a nueve profesores por presuntamente haber humillado a alumnos hijos de guardias civiles el día siguiente a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre,​​​​ aunque la mayoría de las denuncias fueron rechazadas ya a los pocos meses.​

En 2018 continuaba el acoso contra los politicos no independentistas, por ejemplo el líder del PP catalán, Xavier García Albiol fue increpado el día de Sant Jordi en plena calle​​. La sede de Ciudadanos en L'Hospitalet fue atacada con heces ese mismo día​. El político del PSC Salvador Illa presentó una demanda ante los mossos por pintadas intimidatorias en su casa​.

Declaración de independencia (10-27 de octubre de 2017)

Discurso de Carles Puigdemont el 10 de octubre de 2017 en el Parlamento de Cataluña

El 10 de octubre de 2017 el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán. Instantes después Puigdemont propuso suspender los efectos de la misma para entablar negociaciones con el Gobierno de España. Tras el pleno, diputados de Junts pel sí y la CUP firmaron la Declaración de independencia de Cataluña.​ Al día siguiente, el Gobierno de España requirió al presidente de la Generalitat que confirmara si había declarado la independencia, paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución española.​ Una semana después, Puigdemont no aclaró si había declarado la independencia.​

Entretanto, el 15 de octubre de 2017, Jordi Sànchez Picanyol, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, ingresaron en la prisión de Soto del Real (Comunidad de Madrid), siendo acusados de delito de sedición por haber encabezado las manifestaciones en contra del operativo policial del 20 de septiembre. Por los mismos actos, Josep Lluís Trapero, mayor de los Mozos de Escuadra y la intendente del cuerpo Teresa Laplana fueron requeridos para declarar ante la Audiencia Nacional, quedando en libertad con medidas cautelares.​

El día 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente la independencia después de una votación anónima por 70 votos a favor, 2 en blanco, 10 en contra y la ausencia de PSC, PP y Cs.​

De la intervención de la autonomía catalana al Govern de Quim Torra (octubre 2017-actualidad)

La aplicación del artículo 155 de la Constitución y las actuaciones judiciales (octubre de 2017)

Mariano Rajoy anunciando la intevención de la autonomía catalana el 27 de octubre de 2017

El 27 de octubre de 2017 el Senado aprobó dar la autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución española a Cataluña.​ A continuación, Mariano Rajoy convocó un consejo de ministros extraordinario en el que se aprobó el cese del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y del resto de miembros del Gobierno de la Generalidad, la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre de 2017.​

Tras la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas y la querella de la Fiscalía por rebelión, Puigdemont y sus ex-consejeros fueron citados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el día 2 de noviembre. La juez ordenó el ingreso en prisión provisional del ex-vicepresidente Oriol Junqueras y ocho ex-consejeros de la Generalitat. Por su parte Puigdemont permaneció en Bruselas, siendo citado a declarar ante la justicia belga tras la orden europea de detención y entrega emitida por la justicia española.

Paralelamente, se seguía una instrucción contra los miembros aforados del Parlamento de Cataluña, llevada por el juez Pablo Llarena Conde en el Tribunal Supremo.​ El 24 de noviembre, Llarena dictó un auto por el cual —tras solicitar informe a Lamela—​ acumulaba a la causa contra los miembros aforados de la Mesa del Parlamento de Cataluña, la de los no aforados del destituido Gobierno catalán y la de los miembros de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y ANC Jordi Sánchez que instruía Lamela. Así, quedó para Lamela únicamente la causa por sedición contra Josep Lluís Trapero —ya destituido como major de los Mossos— y Teresa Laplana.​ Pocos días después Puigdemont afirmó a un medio israelí que la UE era un “club de países decadentes, obsolescentes, en el que mandan unos pocos, además muy ligados a intereses económicos cada vez más discutibles” y “donde hay varias varas de medir” e insinuando que los catalanes “deberían decidir si quieren pertenecer a esta Unión Europea” y “en qué condiciones”​.

El 22 de diciembre, Llarena amplió la acusación a Artur Mas (expresidente de la Generalitat), Marta Rovira (número dos de ERC), Anna Gabriel (exportavoz de la CUP en el Parlament), Marta Pascal (coordinadora general del PDeCAT), Mireia Boya (expresidenta del grupo parlamentario de la CUP) y a Neus Lloveras (presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia) por pertenecer al Comité Estratégico del procés, con una participación destacada en su desarrollo y "aportando el apoyo político".​

Pérdida de la posibilidad de acoger la Agencia del Medicamento (noviembre de 2017)

El 20 de Noviembre, Barcelona perdía la posibilidad de acoger la Agencia Europea de Medicamentos, que tenía que buscar nueva sede tras el Brexit​. Cayó en la primera ronda de votaciones, cuando era una de las favoritas para albergar este organismo europeo​.

Este mismo mes se publicó que en los llamados papeles del Paraíso aparecía un truts familiar en una banca privada suiza perteneciente la familia del ex-alcalde convergente de Barcelona Xavier Trias. El abogado de Trias, tras reconocer la existencia del truts creado por el padre, aseguró que «Xavier Trias no sabía nada y no ha participado en nada», añadiendo a continuación que «lo heredó su hermano».​​. Previamente Trias había negado tener cuentas o dinero en el extranjero​.

Las elecciones del 21-D de 2017

Logo de Junts per Catalunya, la candidatura encabezada por Carles Puigdemont

El 21 de diciembre de 2017 se celebraron las elecciones al Parlamento de Cataluña, que habían sido convocadas por el presidente Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155. Las fuerzas políticas independentistas calificaron las elecciones como «ilegales e ilegítimas», pero acabaron presentándose. La participación fue la más alta de las registradas hasta entonces: rondó el 80%. Los tres partidos independentistas consiguieron mayoría absoluta al sumar 70 diputados en total: Junts per Catalunya, la formación encabezada por el expresident Carles Puigdemont con el respaldo legal del PDeCAT, obtuvo 34 diputados; Esquerra Republicana de Cataluña, 32 diputados; y la CUP, 4 diputados. Ciudadanos consiguió más de un millón de votos y 36 escaños. Los tres partidos independentistas consiguieron el 47,49% de los votos, mientras que los partidos “constitucionalistas” (Ciudadanos, PSC y PP) consiguieron el 43,49% y sumaron 57 escaños. Catalunya en Comú-Podem, heredera de Catalunya sí que es pot y que rechazaba tanto la aplicación del artículo 155 como la declaración unilateral de independencia, consiguió 8 escaños y el 7,45% de los votos.​

Tras este resultado electoral se impulsó en una parte de la sociedad catalana la idea de Tabarnia.​

El nuevo Parlament surgido de las elecciones del 21-D se constituyó el 17 de enero de 2018, resultando elegido nuevo presidente de la cámara Roger Torrent, de Esquerra Republicana de Catalunya, quien en su discurso de aceptación del cargo no hizo ninguna mención a la «República Catalana» e hizo un llamamiento para recuperar las instituciones catalanas intervenidas por el gobierno central por la aplicación del artículo 155 de la Constitución ―la mesa del Parlament que se constituyó en la misma sesión contaba con mayoría independentista―​. El 15 de enero se hizo pública la sentencia del llamado caso Palau, donde se condenó a la antigua Convergència por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas a través del Palau a cambio de obra pública y Fèlix Millet fue sentenciado a 9 años de cárcel​​.

El «bloqueo» del Parlament (enero-mayo 2018)

Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, en un acto para pedir la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart el 16 de febrero de 2018

El 22 de enero Roger Torrent propuso como candidato a la presidencia de la Generalidad al expresidente Carles Puigdemont, que continuaba en Bruselas y que se consideraba a sí mismo como el presidente legítimo de Cataluña.​ El gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que desestimara la candidatura de Puigdemont. El Constitucional advirtió que para poder ser investido el candidato tenía que estar presente en la cámara y haber obtenido autorización judicial, dado que estaba vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.​ Torrent acató la decisión del Tribunal Constitucional y aplazó el pleno de investidura hasta que no estuviera asegurado poder celebrar uno en el que elegir al presidente de la Generalidad de forma «efectiva y con garantías».​ Junts per Catalunya y la CUP criticaron la decisión de Torrent ya que pretendían que se aceptara la presencia de Puigdemont en el debate de investidura por vía telemática o por delegación de la lectura de su discurso en algún otro diputado, y a continuación proceder a la votación.​

El 1 de marzo de 2018 se aprobó una moción con los votos de los tres grupos independentistas en la que se denunciaba la «destitución ilegal e ilegítima» de Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad, y en la que se reivindicaba el resultado favorable a la independencia del referéndum ilegal del 1 de octubre.​ Ese mismo día Carles Puigdement anunció desde Bruselas que renunciaba «provisionalmente» a ser el candidato y propuso a Jordi Sánchez, número 2 de la lista de Junts per Catalunya y entonces en prisión, como su sustituto.​

Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó el permiso para que Sánchez pudiera asistir al pleno de investidura que estaba convocado para el día 12 de marzo​ ―que Torrent tuvo que suspender hasta que se resolviera el recurso que iban a presentar los abogados de Sánchez―​, por lo que la situación de bloqueo continuó, agravada además por el rechazo de la CUP a la candidatura de Sánchez porque apoyarla supondría la «sumisión a la legalidad española» y porque no iba encaminada a la «materialización de la república».​ La CUP también rechazó el programa de gobierno que le presentaron Esquerra Republicana y Junts per Catalunya​​ por considerarlo «autonomista» y porque no iba dirigido a «implementar políticas republicanas efectivas».​ El 13 de marzo Inés Arrimadas, líder Ciudadanos, el principal partido «constitucionalista», exigía al presidente Roger Torrent que pusiera fin al «bloqueo de Cataluña» proponiendo un candidato «elegible» que no estuviera inmerso en procesos judiciales y que iniciara la cuenta atrás para la convocatoria de nuevas elecciones si ningún candidato resultaba elegido.​ Dos días antes la entidad independentista Asamblea Nacional Catalana había convocado una manifestación exigiendo la república, ara (‘la república, ahora’).​ El 18 de marzo se manifestaban los "constitucionalistas" para pedir un govern con 'seny'.​

El tercer intento de investir un presidente de la Generalitat también resultó fallido porque el candidato Jordi Turull, quien en su discurso no hizo ninguna mención a la República ni a la independencia, no consiguió el apoyo de la CUP en la primera votación celebrada el 22 de marzo​ y porque al día siguiente el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo envió a prisión junto con otros tres exconsellers y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell,​ lo que causó una honda consternación en buena parte de la sociedad catalana.​ Así que la segunda sesión de investidura en la que el candidato podía haber sido elegido por mayoría simple fue suspendida por el presidente del Parlament Roger Torrent,​ quien en una declaración institucional pidió la formación de un «frente unitario en defensa de la democracia».​

El mismo día 23 de marzo en que ordenó la prisión sin fianza de Jordi Turull y los otros cuatro líderes independentistas, el juez Llarena dictó auto de procesamiento por un delito de rebelión contra el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y siete exconsellers (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa), además de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural, respectivamente; Carme Forcadell, expresidenta del Parlament; y Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya. El resto de exconsellers (Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret) fueron procesados por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos. Por último fueron procesados únicamente por un delito de desobediencia, que no lleva aparejado la pena de cárcel, los miembros de la mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la expresidenta de la CUP, Mireia Boya y su ex jefa de filas en el Parlament, Anna Gabriel —no resultaron procesados los también investigados Marta Pascal, secretaria general del PDeCAT; Artur Mas, expresidente del PDeCAT; y Neus Lloveras, expresidenta de la asociación AMI—.​ Y a continuación reactivó las euroordenes contra el expresident Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos, y dictó una nueva contra Marta Rovira, huida en Suiza.​

Prisión de Neumünster (Alemania) donde estuvo encarcelado Carles Puigdemont durante doce días, a la espera de la resolución de la euroorden de entrega a España.

Dos días después, el 25 de marzo, Carles Puigdemont era detenido en Alemania nada más cruzar la frontera con Dinamarca cuando se dirigía a Bruselas después de haber participado en un acto en la Universidad de Helsinki.​ En cuanto se conoció la noticia se produjeron concentraciones y manifestaciones de protesta en Barcelona y en otras ciudades catalanas,​ así como cortes de carreteras y de avenidas realizados por los Comités de Defensa de la República.​ A las diez de la noche del mismo día 25 el presidente del Parlament Roger Torrent pronunció un mensaje institucional por televisión en el que después de acusar al Estado de perseguir "el corazón de la democracia" volvió a reclamar la formación de “un frente común para defender los derechos y las libertades individuales y colectivas”.​

El 5 de abril la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein acordó dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y descartó el delito de rebelión alegando que el delito que podría ser equiparable en Alemania al de rebelión, el de “alta traición”, no podía aplicarse porque no se cumplía el requisito de la “violencia”.​​ Tras salir de la cárcel al día siguiente Carles Puigdemont pidió la liberación de los "presos políticos" encarcelados en España y el inicio del diálogo entre el gobierno español y las autoridades catalanas. Añadió que “la democracia corre riesgo en España”.​

El cuarto intento para investir un nuevo presidente de la Generalitat tampoco tuvo éxito porque el 12 de abril el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volvió a denegar el permiso carcelario a Jordi Sánchez, que por segunda vez había sido propuesto como candidato, por lo que el presidente del Parlament Roger Torrent tuvo que aplazar el pleno de investidura convocado para el día siguiente.​

Finalmente, y tras el intento desbaratado por el Tribunal Constitucional de investir a distancia a Carles Puigdemont,​ el Parlament invistió el 14 de mayo por mayoría simple —con los votos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y la abstención de la CUP— como nuevo presidente de la Generalitat a Quim Torra, el candidato designado por Puigdemont desde Berlín. Sus primeras palabras tras la votación fueron de agradecimiento al «president Puigdemont» del que aseguró: «Lo investiremos».​ Su nombramiento fue recibido con preocupación por la oposición debido a diatribas etnicistas xenófobas contra «los españoles» vertidos hace años en internet y en artículos periodísticos​​​. Ada Colau exigió a Torra que se disculpara por sus comentarios despectivos​. Ciudadanos anunció que realizaría una gira por europa para fuera conocido el "racismo" y la "supremacia" por los eurodiputados​.

El Govern de Quim Torra y el final de la intervención de la autonomía catalana

Quim Torra (quinto por la izquierda) tras ser investido el 14 de mayo como president de la Generalitat, acompañado (a su derecha) por los expresidentes del Parlament Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol, y por el presidente actual Roger Torrent, y por los expresidentes de la Generalitat (a su izquierda) José Montilla y Artur Mas.

El primer acto del presidente electo Quim Torra, antes de jurar el cargo, fue viajar a Berlín al día siguiente de ser investido para «para rendir homenaje y expresar gratitud al presidente legítimo de Catalunya» Carles Puigdemont. Tras una reunión por la mañana, durante la rueda de prensa que dieron por la tarde conjuntamente Puigdemont y Torra, este último manifestó: «El principio de restitución para nosotros es básico en esta legislatura y esto pasa también por acabar invistiendo a Carles Puigdemont». Asimismo ambos hicieron un llamamiento al diálogo al presidente del gobierno español Mariano Rajoy para «hallar una solución política al conflicto».​ Ese mismo día, por la mañana se reunieron en el Palacio de la Moncloa el presidente Rajoy con el secretario general del PSOE Pedro Sánchez para analizar la situación en Cataluña tras la investidura de Torra, a quien calificaron en el comunicado final, emitido por la mañana, de «frentista» y «xenófobo», por sus declaraciones antiguas.​El presidente Rajoy respondió esa misma tarde que aceptaba hablar con Torra, pero siempre dentro de la ley​.

El 2 de junio tomó posesión el nuevo Govern de Quim Torra, poniendo fin así a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978 en Cataluña.​

Estudios y encuestas sobre la independencia

Anteriores al anuncio del referéndum

Barómetro de Opinión Pública

El Barómetro de Opinión Pública de la Generalidad de Cataluña incluye desde 2011 la pregunta «Si mañana se hiciera un referéndum para decidir la independencia de Cataluña, ¿usted qué haría?». La oleada —conjunto de encuestas— más reciente del Barómetro refleja que el 54,7 % de los catalanes votarían sí a la independencia.

Fecha	A favor (%)	En contra (%)	Abstención (%)	Otras respuestas (%)	No lo sabe(%)	No contesta (%)	Ref.
1a oleada 2011	42,9	28,2	23,3	0,5	4,4	0,8	​
2a oleada 2011	45,4	24,7	23,8	0,6	4,6	1,0	​
1a oleada 2012	44,6	24,7	24,2	1,0	4,6	0,9	​
2a oleada 2012	51,1	21,1	21,1	1,0	4,7	1,1	​
3a oleada 2012	57,0	20,5	14,3	0,6	6,2	1,5	​
1a oleada 2013	54,7	20,7	17,0	1,1	5,4	1,0	​
2a oleada 2013	55,6	23,4	15,3	0,6	3,8	1,3	​
3a oleada 2013	54,7	22,1	15,7	1,3	4,9	1,4	​
Fecha	A favor (%)	En contra (%)	Abstención (%)	Otras respuestas (%)	No lo sabe (%)	No contesta (%)	Ref.

El mismo Barómetro pregunta a los catalanes «¿Cree que Cataluña habría de ser...?». En la oleada más reciente (primera de 2013) un 46,4 % respondió «un estado independiente», siendo las siguientes opciones con más apoyos «un estado dentro de una España federal» (22,4 %), «una comunidad autónoma de España» (20,7 %) y «una región de España» (4,4 %).​

En septiembre de 2013 el diario El País publicó una encuesta en la que un 49% de catalanes afirmaba que votaría "en principio" a favor de la independencia frente a un 36% en contra. Sin embargo, si la independencia implicase que Cataluña quedase excluida de la Unión Europea el no ganaría con un 44% frente a un 41% del sí.​

Medios de comunicación

Fecha	Medio	Sí (%)	No (%)	Otras respuestas (%)	Ref.
2007/10	El Periódico	33,9	43,9	22,2	​
2009/11/02	La Vanguardia	35,0	46,0	19,0	​
2009/12	El Periódico	39,0	40,6	20,4	​
2010/03/15	La Vanguardia	36,0	44,0	20,0	​
2010/05/19	La Vanguardia	37,0	41,0	22,0	​
2010/06	El Periódico	48,1	35,3	16,6	​
2010/07/17	La Vanguardia	47,0	36,0	17,0	​
2010/09/07	La Vanguardia	40,0	45,0	15,0	​
2010/09/28	RAC1	48,8	41,4	9,8	​
2010/10	Ara	38,5	42,8	18,7	​
2011/09	Ara	42,0	37,7	20,3	​
2012/01	El Periódico	53,6	32,0	14,4	​​
2012/07	Ara	50,4	23,8	25,8	​
2012/09	El Periódico	49,5	48,0	2,5	​​
2012/09	Telecinco	50,9	18,6	30,5	​
2012/09/29	La Vanguardia	54,8	33,5	11,7	​
2012/10	Ara	51,9	28,3	19,8	​
2012/10	El Periódico	57,0	43,0		​
2012/10/24	RAC1	53,0	39,4	7,6	​
2012/10/28	La Vanguardia	52,8	35,0	12,2	​
2012/11	Telecinco	50,9	36,9	12,2	​
2013/01	El Periódico	56,9	35,0	8,1	​
2013/05	El Periódico	43,8	43,5	12,7	​
2012/07	Ara	50,4	23,8	25,8	​
2013/09	Cadena Ser	52,3	24,1	23,6	​

Sobre el referéndum

Una vez anunciada la pregunta y la fecha del referéndum, el GESOP fue el primero en realizar un sondeo.

			¿Quiere que Cataluña sea un Estado?				En caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?					Extrapolación voto decidido
Fecha	Medio	Encuestador	Sí (%)	No (%)	Abstención (%)	Ns/Nc (%)	Sí (%)	No (%)	Abstención (%)	Ns/Nc (%)	Ref.	Independencia Sí (%)	Independencia No (%)
2013/12/14	El Periódico	GESOP	52,3	30,4	17,3	-	84,3	11,1	4,6	-	​	54,4	44,7
2013/12/14	El Mundo	SIGMA DOS	43,0	39,1	9,0	8,9	81,9	15,8	-	2,3	​	43,4	56,6
2013/12/15	La Razón	NC Report	48,2	32,2	10,7	9,0	83,0	13,9	-	3,1	​	50,8	49,4
2013/12/21	La Vanguardia	Feedback	56,0	36,6	-	7,4	80,0	15,0	-	4,9	​	49,9	50,1
2014/02/06	8tv	GESOP	48,1	24,4	-	27,5	84,7	8,0	-	7,3	​	59,1	40,1
2014/03/09	El Periódico	GESOP	53,4	31,9	-	14,8	86,4	8,3	-	5,4	​	56,1	44,1
2014/04/30	CEO	-	57,6	19,3	11,1	11,2	81,8	14,9	0,8	2,5	​	62,9	37,2
2014/06/25	El Periódico	GESOP	53,9	31,9	4,4	9,8	86,7	7,4	-	5,8	​	56,5	43,4
2014/07/19	El País	Metroscopia	53,0	35,0	-	12,0	84,9	15,1	-	-	​	51,1	48,9
2014/08/08	La Razón	NC Report	49,3	35,9	-	14,8	80,5	15,9	-	3,6	​	47,6	52,4
2014/09/01	El Mundo	SIGMA DOS	41,3	39,5	-	19,2	82,3	17,7	-	-	​	42,1	57,9
2014/10/30	8tv	GESOP	46,2	38,0	-	15,8	100,0​	0,0	-	-	​	54,9	45,1
2014/10/31	CEO	-	64,2	19,7	6,9	9,3	76,9	19,6	0,6	2,8	​	60,2	39,8

Posiciones respecto a la «consulta» y a la independencia de Cataluña

Aquí se detalla la posición de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, así como la de otros Estados, en las fechas previas a la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como las del Referéndum del 1 de octubre de 2017.

Posición de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña

Partido político	Referéndum sobre la independencia	Independencia de Catalunya	Declaración unilateral de Independencia	Diputados en el Parlamento de Catalunya (2017)
C's	No	No	No	36
JUNTSxCAT	Sí	Sí	No	34
ERC-CatSí	Sí	Sí	No	32
PSC	No	No	No	17
CatComú-Podem	No/Sí *	No/Sí	No	8
CUP	Sí	Sí	Sí	4
PPC	No	No	No	4
*Aunque en el programa electoral de las Elecciones de 2015 apostaban por un referéndum, algunos representantes del partido se han manifestado en contra de la celebración del referéndum del 1 de octubre propuesto por el Gobieno de la Generalidad.​​​

Posición de los partidos políticos parlamentarios de España

Partido político	Referéndum sobre la independencia	Independencia de Catalunya	Declaración unilateral de Independencia	Diputados en el Congreso (elecciones 2016)
PP	No	No	No	137
PSOE	No	No	No	85
Unidos Podemos	Sí	No	No	45
C's	No	No	No	32
En Comú Podem	Sí	No	No	12
Compromís-Podemos-EUPV: A la Valenciana	Sí	No	No	9
ERC-CAT SÍ	Sí	Sí	No	9
CDC	Sí	Sí	No	8
En Marea	Sí	No	No	5
EAJ-PNV	Sí	Sí	No	5
EH Bildu	Sí	Sí	Sí (en Euskal Herria)	2
CCa-PNC	Sí	No	No	1

Posición de los grupos parlamentarios europeos (Parlamento Europeo)

Grupo político	Referéndum sobre la independencia	Reconocimiento en caso de independencia de Cataluña	Reconocimiento en caso de una Declaración unilateral de Independencia	Diputados en el Parlamento Europeo (elecciones 22-25M)
PPE	?	No*	No*	216
S&D	?	No	No	190
CRE​	No/Sí *̈*	No/Sí *̈*	? *̈*	75
ALDE​	No/Sí *̈*̈*	No/Sí *̈*̈*	No*̈*̈*	70
IUN-IVN	Sí *̈*̈*̈*	No	No	52
Verdes/ALE​	Sí *̈*̈*̈**	Sí *̈*̈*̈**	?	50
ELDD	? *̈*̈*̈***	No/Sí *̈*̈*̈***	No	45
ENL​	No	No	No	38
* La Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera se negó a votar contra la legalidad de los processos de independència.​ * Franz Schausberger, expresidente regional de Salzburgo y dirigente veterano del Partido Popular Europeo dijo que «la independencia de Cataluña sería inevitable».​ *̈* El partido independentista flamenco forma parte de los Conservadores y Reformistas Europeos.​ *̈*̈* Partidos claramente a favor de la independencia de Cataluña como lo era Convergència Democràtica de Catalunya y partidos claramente en contra como lo es Ciudadanos. Ningún partido está a favor de una declaración unilateral de independencia.​ *̈*̈*̈* Partidos favorables a la consulta (Izquierda Unida y Esquerra Unida i Alternativa). *̈*̈*̈** Esquerra Republicana de Catalunya forma parte del partido, así como el Partido Nacional Escocés entre otros. ALEː partido Europeo que defiende el derecho a la autodeterminación.​ *̈*̈*̈***Partidos independentistas (Liga Norte) y partidos contrarios a la independencia (Plataforma per Catalunya).

Posición del Gobierno español

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó ya en octubre de 2012 la oposición a cualquier posibilidad de consulta convocada por una comunidad autónoma. Arguyó que el artículo 92 de la Constitución establece que la competencia exclusiva para convocar referendos consultivos la tiene el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, con previa autorización del Congreso de los Diputados. Igualmente invocó el artículo 149.1.32 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». El Gobierno recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, que considera que el referéndum es un procedimiento excepcional que está limitado a los casos previstos expresamente en la Constitución y que no existen consultas populares distintas de aquél.​

Posición de organizaciones supranacionales

• Unión Europea
  • Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, declaró tras la proclamación de independencia del 27 de octubre de 2017 que «para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor».
  • Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea: A finales de diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas dirigió una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y a los jefes de gobierno de la Unión Europea, junto con un memorando dirigido a los responsables de exteriores de 45 países de todo el mundo buscando la internacionalización del proceso soberanista. En su misiva a los líderes europeos Artur Mas expresaba su confianza en el apoyo que los destinatarios podían aportar a la consulta con la que «el pueblo catalán está plenamente comprometido», además de reafirmar la voluntad de los catalanes de permanecer en la UE y en la zona euro.​ En la única respuesta que ha trascendido, la Unión Europea mantuvo que las cuestiones planteadas en el escrito del presidente de la Generalidad constituyen un asunto interno español: «No es el papel de la Comisión Europea dar opiniones sobre los eventos políticos que están aconteciendo. La organización de un referendo es un asunto que pertenece al debate nacional español». Durão Barroso recordó, además, que los tratados europeos dejarían de ser de aplicación en Cataluña.​ En unas declaraciones efectuadas en España reiteró textualmente que «Si hay un territorio de un país que vaya a salir de ese país, claro que es otro Estado y ahí tendría que pedir la adhesión, si quiere, a la UE, y los otros países tendrían que aceptarlo para ser miembro».​
  • Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo: «Un nuevo estado independiente, por el hecho de ser independiente, se convertiría en un tercer país con respecto a la Unión [Europea] y los tratados [europeos] no se aplicarían en su territorio a partir del día de su independencia.»​
  • Pia Ahrenkilde, portavoz de la Comisión Europea: «Un Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión y desde el momento de la independencia no se aplicarían los Tratados en su territorio.»​​
  • Joaquín Almunia, Comisario europeo de Competencia: «La parte segregada no es miembro de la UE.»​
• OTAN: Oana Lungescu, portavoz de la OTAN, ante las preguntas de los periodistas que en la «hipotética» situación de independencia de Cataluña y Escocia, respondió que estas podrían quedar fuera de la OTAN debido a que «En general para que cualquier nación se incorpore a la Alianza necesitaría obtener el consenso de todos los aliados de la OTAN».​
• ONU. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU declaró, ante la pregunta de un periodista sobre los procesos de autodeterminación de Cataluña y Escocia durante una visita a Andorra, que «Todos los asuntos pendientes entre países se deben resolver por medios pacíficos y por la vía del diálogo, respetando las aspiraciones genuinas de la gente que está afectada».​ Posteriormente, en otra entrevista, declaró que «Cataluña no está incluida entre los territorios sin autogobierno con derecho de autodeterminación».​

Posición de Estados

• Alemania. Angela Merkel, canciller de Alemania, declaró el 18 de julio de 2014 que está «a favor de la integridad territorial de todos los Estados» europeos, que comparte «la opinión del Gobierno español» sobre el proyecto de referéndum de Cataluña y que «no me involucraré en asuntos nacionales españoles».​
• Reino Unido. David Cameron, primer ministro del Reino Unido afirmó el 12 de junio de 2013: «No se pueden ignorar las cuestiones de nacionalidad, independencia e identidad; hay que dejar que la gente decida»,​ aunque añadiendo a continuación: «Pero nunca querría decir a la gente de España cómo hacer frente a sus propios retos. Esto lo tienen que decidir el Gobierno español y el presidente español.»​ Posteriormente, en noviembre del mismo año, Cameron declaró junto a Mariano Rajoy que toda región que se independizase de un estado miembro de la Unión Europea se vería inmediatamente excluida de la Unión, en referencia a Escocia y Cataluña.​
• Francia. François Hollande, presidente de la República Francesa, al ser preguntado el 26 de noviembre de 2013 sobre la posible independencia de Cataluña, afirmó: «Cataluña es una región de España, y por tanto [la relación entre España y Cataluña], es un tema interno de España. Es competencia de su soberanía en exclusiva. No tengo nada más que comentar al respecto.»​​​
• Estados Unidos. Tras la proclamación de independencia del 27 de octubre de 2017, la Casa Blanca reiteró el respaldo del presidente Donald Trump a «una España unida». Previamente, durante la visita del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a los Estados Unidos, el presidente norteamericano había declarado, en una comparecencia conjunta con Rajoy en la Casa Blanca, que​ «sería una tontería que Cataluña no siguiera en España».Caitlin Hayden, portavoz en materia de seguridad y política exterior del gobierno de los Estados Unidos, en respuesta a una petición a la web de la Casa Blanca con más de 30 000 firmas dijo: «Los Estados Unidos reconocen la singularidad cultural y las tradiciones catalanas, pero considera que el estatus de Cataluña es un asunto interno español», y añadió que su gobierno está seguro «de que el gobierno y el pueblo español resolverán la cuestión conforme a sus leyes y a la Constitución».​​
• Letonia. Valdis Dombrovskis, primer ministro de Letonia: «Si hay una clara voluntad del pueblo y una clara demanda de un referéndum, vale absolutamente la pena prestarle atención y mirar opciones sobre cómo abordar el tema».​ Posteriorme, se dio a conocer que, según un informe policial, Dombrovskis habría cobrado seis millones de euros a cambio de apoyar públicamente el proceso soberanista de Cataluña, apuntando que parte de dicho dinero procedería de cuentas ocultas de la familia de Jordi Pujol con dinero negro en Panamá.​
• Lituania. Algirdas Butkevičius, primer ministro de Lituania: «Cada país tiene que encontrar su propio camino y tiene derecho a la autodeterminación».​ Posteriormente, a raíz de una queja emitida por el Gobierno español y la reunión del ministro español de Asuntos exteriores y la embajadora lituana Audra Plepyté, el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano lamentó «la interpretación tendenciosa y errónea» a las palabras del primer ministro lituano.​También añadía «no se puede comparar la ocupación soviética de los países bálticos con la situación en España.»​
• Andorra. Antoni Martí Petit, Jefe del Gobierno de Andorra: «No puedo concebir que no exista la posibilidad de que alguien pueda votar sobre su futuro», «No me pronunciaré sobre el resultado de la consulta, eso concierne exclusivamente a los catalanes».​

Posición de otros partidos y políticos

• Internacional Liberal, organización de la que forma parte Convergència Democràtica de Catalunya. Hans van Baalen (holandés, presidente de la formación): «El gobierno español debería tomar ejemplo del británico y permitir una consulta a Cataluña».​
• Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, partido político europeo del que forma parte CDC. Graham Watson (británico, presidente del partido): «Yo creo en la democracia. Los catalanes han de tener el derecho a decidir. Así es la democracia».​
• Partido Popular Europeo, partido político europeo del que forman parte el PP y Unió Democràtica de Catalunya.
  • Antonio López-Istúriz (español, secretario general), calificó de «insolidario y egoísta» al movimiento independentista catalán y advirtió de que «cualquiera que lleve la secesión en su programa o en su acción de Gobierno debe saber que está condenado al aislamiento político y económico en Europa».​
  • Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, eurodiputada: «Europa nunca ha cerrado las puertas a una Cataluña independiente», «Cataluña reúne todos los factores para, en caso de pedir su ingreso a la Unión Europea, este sea muy rápido», «Europa respectará el resultado de los referéndums escocés y catalán porque no puede ir contra la voluntad de los pueblos»​
• Eduard Kukan (exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia): «La voluntad de la gente, al final, prevalecerá si se comportan con responsabilidad política y piden sus derechos»​
• Stéphane Dion exministro canadiense de Asuntos Intergubernamentales: «En Canadá es muy probable que esta pregunta [un referéndum con dos preguntas] fuese considerada un intento de manipular a los electores, porque no sería considerada clara.»​
• Alistair Carmichael, Secretario de Estado para Escocia —un territorio próximo en la fecha a celebrar su propio referéndum— del Reino Unido afirmó el 19 de noviembre de 2013 que mientras que la decisión sobre la independencia de Escocia sería tomada por los escoceses, debido a «claras diferencias constitucionales» la decisión sobre la independencia de Cataluña «debería ser tomada a nivel estatal».​
• Alex Salmond, primer ministro de Escocia y líder independentista afirmó que la diferencia clave entre el referéndum de independencia de Escocia y el proyecto de reférendum catalán es que el escocés es "un referéndum consentido, un acuerdo constitucional entre el Gobierno en Londres y el Gobierno en Escocia".​
• Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, ante las preguntas de los periodistas acerca del derecho a decidir de Cataluña respondió que «No solo acepto el derecho a decidir, también lo fomento» y sobre si Cataluña necesitaba pedir permiso al gobierno central para realizar el referéndum respondió «No hace falta pedir permiso para que se autorice» y aconsejó que Cataluña «vaya directamente a organismos internacionales y que en Madrid piensen lo que quieran», aunque también señaló que en su opinión la ONU no reconocería hoy por hoy un estado catalán independiente.​

• 
  Stéphane Dion
• 
  Graham Watson
• 
  Hans Van Baalen
• 
  Antonio López-Istúriz
• 
  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
• 
  Eduard Kukan
• 
  Alistair Carmichael
• 
  Federico Mayor Zaragoza

Véase también

• Proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña de 2014
• Consulta sobre el futuro político de Cataluña 2014
• Referéndum sobre la independencia de Cataluña de 2017
• Independentismo catalán
• Derecho de autodeterminación
• Federalismo en España
• Tabarnia

Bibliografía

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• Bel, Germà (2013). Anatomía de un desencuentro. La Cataluña que es y la España que no pudo ser. Barcelona: Destino. ISBN 978-84-233-4727-8. 
• Cassasas, Jordi (2009). «Nación y nacionalismo: notas para el estudio comparado del caso catalán en relación al resto de nacionalismos periféricos de España». En Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Departament d'Història Contemporània, ed. Cercles: revista d'història cultural (12): 8-25. ISSN 1139-0159 . 
• Llorens Ferrer, Marta (2013). «La Consulta popular como mecanismo para revitalizar el urbanismo democrático». Revista catalana de dret públic (46). ISSN 1885-5709. 
• Kleiner-Liebau, Désirée (2009). Migration and the Construction of National Identity in Spain. Ediciones de Iberoamericana (en inglés) 15. Iberoamericana Editorial. p. 272. ISBN 8484894762. 
• March, Oriol (2018). Los entresijos del ‘procés’. Madrid: Los Libros de la Catarata. ISBN 978-84-9097-426-1. 
• Rodríguez Mesa, Cristian (2017). «Discurso y prácticas políticas del catalanismo: del nacionalismo al independentismo instrumental». En Steven Forti, Arnau González y Enric Ucelay-Da Cal, ed. El proceso separatista en Cataluña. Análisis de un pasado reciente (2006-2017). Granada: Editorial Comares. ISBN 978-84-9045-560-9. 
• San Agustín, Arturo (2014). Cuando se jodió lo nuestro. Cataluña-España: crónica de un portazo. Barcelona: Península. ISBN 978-84-9942-311-1. 
• Serra i Puig, Blanca (2012). «L’Assemblea Nacional Catalana (ANC): moviment i política». Anuari del Conflicte Social (en catalán): 528-551. ISSN 2014-6760. 
• Santamaría, Antonio (2011). «Catalunya vira a la derecha» (pdf). El Viejo topo (276): 16-21. ISSN 0210-2706. 
• Tornos Mas, Joaquín (2011). «La sentencia del Tribunal Costitucional español 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña». Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici (1): 13-46. ISSN 1126-7917. 

Enlaces externos

• Consulta sobre el futuro político de Cataluña 2014 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
• Catalonia Votes (en inglés) (en alemán) (en francés)
• Propuesta de resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña el 27 de septiembre de 2012  — PDF (en catalán)
• Acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Cataluña  — PDF (en catalán)
• Lo que no se quiere oír sobre Cataluña: Un pueblo norteño en un país sureño
• Simulador de referéndum de doble pregunta (hoja de cálculo)

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