Proceso soberanista de Cataluña de 2012-2017

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Localización de Cataluña en España.

El proceso soberanista de Cataluña de 2012-2017 (aún activo) hace referencia a los hechos que se han ido desarrollando desde el año 2012 con el objetivo de lograr el derecho de autodeterminación y la independencia de Cataluña que se prolonga hasta el día de hoy.[1]

Índice

Antecedentes[editar]

El Estatuto de 1979 y la etapa de gobierno de Jordi Pujol (1980-2003)[editar]

La muerte del general Franco supuso en poco tiempo el fin de su dictadura y la apertura de un proceso de transición durante el que se celebraron las primeras elecciones democráticas de España en décadas. El proceso de cambio desembocó en la aprobación por las Cortes Generales de una Constitución consensuada por la mayor parte de las fuerzas políticas españolas y, particularmente, de las catalanas. Dicha ley fundamental fue ratificada por los españoles en referéndum. En Cataluña, la Constitución fue apoyada por un 91,09 % de los votantes.[2]

Una vez aprobada la Constitución, se tramitó la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña. El proyecto fue sometido a referéndum en Cataluña. De todos los partidos con representación parlamentaria, solo el ultraderechista Fuerza Nueva pedía abiertamente el voto negativo con el argumento de que las autonomías acabarían rompiendo la unidad de España. Los demás partidos respondieron que no solo no sucedería tal cosa, sino que se solucionarían los problemas que el centralismo no pudo resolver.[3]​ El Estatuto recibió el apoyo del 88,15 % de los votantes, siendo la participación del 59,30 %.[4]​ El nuevo Estatuto, aprobado por las Cortes Generales, contemplaba la existencia de un órgano legislativo, el Parlamento de Cataluña, y otro ejecutivo, el Gobierno de Cataluña, además de otras instituciones. En 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña.[5]

El estado de las autonomías, pese a cierta indefinición constitucional en torno a aspectos como el grado de descentralización asumible por las comunidades o incluso el número de estas, se desarrolló «rápidamente y con notable éxito» desde sus inicios hasta finales del siglo XX.[6]​ Al final del periodo se había llegado a un estado con un importante nivel de devolución de competencias,[6]​ habiéndose cumplido y sobrepasado la mayoría de los objetivos del catalanismo político de finales del siglo XIX y comienzos del XX en la cuestión de su relación con el Estado español.[7]Jordi Pujol, del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de su federación Convergència i Unió (CiU), defendió el concepto general de «Europa de las regiones» en la medida en que permitía las «naciones sin estado».[8]

El gobierno del «tripartito» y el nuevo Estatuto (2003-2010)[editar]

Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003 pusieron fin a la etapa «pujolista» formándose un gobierno de coalición «tripartito» entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragall. La coalición puso en marcha la reforma del Estatuto de 1979 con el fin de aumentar la cotas de autogobierno de Cataluña.

El 30 de septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó el nuevo Estatuto, consiguiendo 120 votos favorables (que suponían el 91,85 % de sus miembros), correspondientes a los diputados de CiU, PSC, ERC y ICV-EUiA, y 11 votos en contra (8,15 % del Parlament), correspondientes a los parlamentarios del PPC.[9]​ A continuación la propuesta de reforma fue presentada al Congreso de los Diputados.[10]​ Pero las Cortes Generales introdujeron modificaciones importantes al texto aprobado por el Parlament a pesar de que el candidato socialista a la presidencia del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (y ganador de las elecciones de marzo de 2004) se había comprometido a apoyar el Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña sin alterarlo.[11]

El marzo de 2006 se aprobó una nueva propuesta de Estatuto pactada por CiU y PSOE en las Cortes Generales con los votos favorables de PSOE, CiU, PNV, IU, BNG y CC; y los votos en contra de PP, ERC y EA; absteniéndose Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai.[12]

Tras su aprobación en Madrid el nuevo Estatuto fue ratificado por el Parlamento de Cataluña pero con menos votos que en septiembre de 2005. El texto recogió 97 votos favorables (71,85% del Parlament), correspondientes a los diputados de CiU, PSC e ICV-EUiA, y 38 votos en contra (28,15% del Parlament), correspondientes a los diputados de ERC y PPC, por motivos completamente opuestos. ERC consideró insuficiente el Estatuto después de los recortes por parte de las Cortes Generales de España. [13]

El 18 de junio de 2006 el Estatuto fue sometido al referéndum de los ciudadanos de Cataluña. Con un 48,9 % de participación, el SÍ obtuvo un 73,2 % y el NO un 20,6 %. Según algunos analistas, el nuevo Estatuto perseguía principalmente un aggiornamento del texto anterior que consiguiera un aumento de la capacidad de toma de decisiones políticas por parte del gobierno catalán y el reconocimiento de «la singularidad» de Cataluña en España.[6]​.

Pancarta a favor de la Consulta de Arenys de Munt.
Resultados de las consultas no oficiales sobre la independencia entre 2009 y 2010     Municipios donde ha ganado el sí.     Municipios donde ha ganado el no.

Durante 2009 y 2010 se celebraron consultas no oficiales sobre la independencia de Cataluña en 512 municipios de Cataluña, con una amplia mayoría de votos favorables, si bien con una exigua participación. La primera de ellas fue la Consulta de Arenys de Munt el 13 de septiembre de 2009.[14][15]

El 28 de junio de 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que supuso un nuevo recorte del texto aprobado por el Parlament cinco años antes. La sentencia respondía al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2006 por el Partido Popular, al que siguieron otros seis recursos presentados por el Defensor del Pueblo y los gobiernos de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Región de Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. La resolución del Tribunal Constitucional ante el recurso del PP supuso la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de un estatuto autonómico.[16][17][18][19]​ Según algunos analistas, la sentencia supuso que no se ampliara sustancialmente la autonomía política catalana, pero no constituyó un retroceso.[20]​ No lo interpretaron así la mayoría de las fuerzas políticas catalanas. Por otro lado la sentencia supuso el golpe final al pacto tripartito (PSC, ERC y ICV-EUiA) del gobierno catalán, la apertura de disensiones internas en el propio PSC y la mejora de perspectivas electorales por parte de CiU.[21]

El auge del soberanismo y la vuelta de CiU al poder (2010-2012)[editar]

Manifestación contra el recorte del Estatuto (julio de 2010)[editar]

La decisión del tribunal constitucional generó un profundo descontento entre los partidos que habían impulsado el Estatuto (CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA) y les llevó a apoyar una manifestación de protesta organizada por la entidad de defensa de la cultura catalana Òmnium Cultural en Barcelona el 10 de julio de 2010 bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos».[22][23]​ También apoyaron la manifestación los sindicatos mayoritarios y cerca de 1.600 entidades.[24][25]​ Encabezaron la marcha el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, y el del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach.[22]

El PSC trató de dar un carácter institucional a la marcha y centrarla en la protesta contra el Tribunal Constitucional pero los gritos en favor de la independencia y las banderas independentistas dominaron la manifestación. Montilla se vio incluso obligado a abandonarla precipitadamente.[22]​ Los organizadores afirmaron que se trató de la manifestación más multitudinaria de la historia de Cataluña hasta esa fecha. Las cifras de participación oscilaron entre los 425.000 calculados por el periódico El País y los 1.500.000 que cifró Òmnium Cultural.[26]

Elecciones al Parlamento de Cataluña (noviembre de 2010)[editar]

Artur Mas, 8º presidente de la Generalidad de Cataluña.
Manifestación "Catalunya, nou estat d'Europa" ("Cataluña, nuevo estado de Europa").
Manifestantes en el Paseo de Gracia.

En 2007, Artur Mas, presidente de Convergència Democràtica de Catalunya y de CiU, que no había obtenido mayoría en las elecciones autonómicas de 2006 y había tenido que dejar paso de nuevo al pacto entre PSC, ERC e ICV-EUiA (que revalidaba así la fórmula del "tripartito"), inició un proceso de «refundación» del catalanismo bajo la denominación La Casa Gran del Catalanisme («Casa Grande del Catalanismo»), en el cual planteaba que Cataluña debía tener el «derecho a decidir». Inicialmente, las reivindicaciones de CiU se centraban en aspectos prácticos como la gestión de las infraestructuras.[27]

Sin embargo, en las elecciones autonómicas de 2010, CiU incluyó como punto fundamental de su programa electoral el «derecho a decidir», centrado en la necesidad de que Cataluña dispusiera de un nuevo modelo de financiación, similar al concierto económico del País Vasco, el «pacto fiscal»,[28]​ excluyendo la posibilidad de celebrar una consulta sobre la independencia, al menos en la siguiente legislatura.[27][29]​ Durante la campaña, Mas declaró solo apoyaría al PSOE o al PP tras la celebración de las siguientes elecciones generales si se comprometían a conceder el pacto fiscal a Cataluña,[30]​ y que no consideraba que para ello fuese necesario reformar la constitución española, argumentando que ni el concierto vasco y el convenio navarro figuraban como tales en la carta magna.[31]​ Durante la campaña electoral, ERC, que hasta entonces formaba parte del gobierno y que pedía un referéndum de autodeterminación en su programa electoral, se había ofrecido a apoyar la investidura de Mas, si lo necesitase, sin requerir de CiU que convocase dicha consulta.[29]​ Las elecciones dieron la victoria a CiU, con 62 escaños, pero sin que consiguiera la mayoría absoluta. Los antiguos componentes del tripartito, que habían anunciado durante la campaña que no deseaban renovar la fórmula, incluso si contasen con escaños para repetirla, perdieron votos y escaños, quedando en conjunto por debajo de CiU (el PSC obtuvo los peores resultados en unas autonómicas hasta la fecha). Dos partidos que pedían la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para Cataluña obtuvieron también representación en el nuevo parlamento: ERC (con diez escaños, si bien había perdido casi la mitad de su representación en la legislatura anterior)[32]​ y Solidaritat Catalana per la Independència (cuatro escaños; su lema de campaña fue «Catalunya proper estat d'Europa»).

Artur Mas, que quedó a ocho escaños de la mayoría absoluta, se presentó al debate de investidura con un discurso en el que proponía que Cataluña comenzase una «transición nacional» hacia la aplicación plena del «derecho a decidir» de los catalanes, que comenzaría con la formación de un frente común en defensa de un pacto fiscal similar al concierto vasco. Según Mas, la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatuto de 2006 había dado por terminado el pacto constitucional entre Cataluña y España, y el proceso de transición nacional seguiría el camino marcado por la manifestación realizada el 10 de julio anterior que, con el lema Som una nació. Nosaltres decidim y la participación del gobierno de la Generalidad y de CiU, había sacado a la calle a cientos de miles de personas en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional.[33]​ También expuso un calendario: durante el año siguiente (2011), trataría de conseguir un frente común con dicho objetivo en Cataluña, para planteárselo al gobierno español que saliese de las siguientes elecciones generales, condicionando su apoyo a la aprobación del pacto fiscal. No excluyó explícitamente la independencia, pero, sin nombrarla, la descartó por el momento: «Es responsabilidad de un presidente y de un pueblo no cerrar las puertas a los anhelos de un pueblo, así como evitar fracturas internas».[34]​ Ningún partido votó a favor de su investidura en primera ronda. ERC porque Mas no contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación. El Partido Popular por estar en contra del planteamiento de Mas respecto al derecho a decidir. Además, criticó la pretensión de Más, introducida en el discurso de la sesión de investidura, de elaborar una ley de consultas catalana para que estas no tuvieran que ser autorizadas por el Gobierno español. Según le dijo la líder del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, a Artur Mas, «No busque usted reformas de leyes para facilitar el referéndum para el derecho a decidir».[35]

El «pacto fiscal» (julio de 2012)[editar]

El 25 de julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprueba el denominado «pacto fiscal» —un texto que proponía que Cataluña se dotara de un sistema fiscal nuevo con semejanzas al concierto económico que regula la relación tributaria entre la Administración General del Estado de España y la comunidad autónoma del País Vasco— con el apoyo a la totalidad de CiU, ICV-EUiA y ERC y la abstención del PP.[36]​ El 20 de septiembre de 2012 Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña se reunió con Mariano Rajoy que respondió que no había margen para negociar la propuesta. Artur Mas señalo que Cataluña deberá realizar una profunda reflexión y a tomar decisiones,[37]​ ya que el «pacto fiscal» se veía como la última posibilidad de entendimiento entre Cataluña y el resto de España.

Movilizaciones independentistas (2012)[editar]

Bandera "estelada" en el paseo de Gracia durante la Manifestación "Catalunya, nou estat d'Europa" del 11 de septiembre de 2012[38]

A lo largo de 2012 varios municipios y consejos comarcales catalanes se pronunciaron en favor de la independencia y sus plenos aprobaron declararse «territorio catalán libre», añadiendo que la legislación española solo estaría en vigor en dichos municipios de «forma provisional» hasta que el parlamento catalán dictase una nueva legislación.[39]​ El primer municipio en aprobar la moción fue San Pedro de Torelló el 3 de septiembre de 2012.

Durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2012 tuvo lugar en Barcelona la manifestación Catalunya, nou estat d'Europa» (en español, 'Cataluña, nuevo estado de Europa') organizada por la organización independentista Asamblea Nacional Catalana. Se consideró la manifestación más multitudinaria hasta la fecha en Cataluña,[40]​ estimándose el número de asistentes entre 600 000 (Delegación del Gobierno, diario El País) y 2 000 000 (organizadores).[41][42][43][44][42][43][45][43]

El proyecto de la «consulta»[editar]

El president Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras firman el 19 de diciembre de 2012 un Acord per a la transició nacional (o Pacte per la Llibertat) por el que se comprometen a convocar una consulta para que el «pueblo de Cataluña» pueda decidir si quiere constituirse en un «nuevo Estado en Europa».
El president Artur Mas anuncia en octubre de 2014 la celebración de un proceso participativo para el 9-N. Detrás aparecen Oriol Junqueras (centro), líder de ERC, y Joan Herrera (derecha), líder de ICV-EUiA.
Municipios adheridos a la plataforma Asociación de Municipios por la Independencia.

Objeto de la «consulta»[editar]

Durante varios meses, los partidarios del referéndum no lograron un consenso acerca de qué pregunta sería formulada en la consulta[46][47]​ —un referéndum consultivo,[48]​ no vinculante—. En octubre de 2012, durante la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas, Artur Mas propuso que la pregunta fuera «¿Usted desea que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?»[49]​ Sin embargo su socio en CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, líder de UDC, se opuso tres meses después a que la consulta únicamente ofreciese la independencia como alternativa al estatus actual.[50]

En marzo de 2013 ERC pidió que la pregunta fuera «¿Usted cree que Cataluña debería ser un Estado independiente?», con solo dos respuestas posibles: «Sí» y «No».[51]​ y en septiembre de 2013 se opuso públicamente a la opinión de Artur Mas, que en ese momento barajaba la posibilidad de que el referéndum incluyera varias preguntas.[52]

Finalmente, en diciembre de 2013 CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP alcanzaron un acuerdo para formular una pregunta con dos apartados en el referéndum: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».[53][54]

Marco legal y posiciones respecto a él[editar]

La Constitución española de 1978 permite la participación política ciudadana y la ley orgánica 2/1980 de 18 de enero regula diferentes variedades posibles de referéndum, entre las que se incluye el referéndum consultivo autonómico,[55]​ que según la legislación debe estar autorizado por el Estado español.[56]​ El estatuto de Cataluña de 2006 introdujo en el artículo 122 la noción de que la Generalidad de Cataluña tenía la competencia exclusiva para convocar consultas («consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución»).[57]​ El Tribunal Constitucional restringió sin embargo la interpretación del texto mediante la sentencia del 28 de junio de 2010, desautorizando la posibilidad de celebración de una consulta por parte de la Generalidad.[58]

Partidos políticos como el Partido Popular o Ciudadanos niegan que el artículo 150.2 de la Constitución —que permite la transferencia o delegación a las autonomías de responsabilidades del Estado español— sirva para convocar un referéndum, mientras que los partidos pro-independencia catalanes se oponen a esta interpretación;[59]Núria de Gispert, presidente del parlamento catalán, opinó en enero de 2014 que un referéndum consultivo sí podría tener «encaje constitucional» sobre la base del artículo 150.2.[48]

Asimismo, algunos agentes sociales, como el partido político Vox, han propuesto imputar los delitos de prevaricación, rebelión y sedición, recogidos en los artículos 404, 410, 472, 477, 544, 545 y 548 de Código Penal, a los líderes políticos partidarios de la consulta y suspender «al menos de manera parcial» la autonomía catalana, en lo que según ellos, sería en aplicación del artículo 155 de la Constitución.[60]​ Incluso el sindicato Manos Limpias se querelló contra Artur Mas por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial, rebelión y sedición durante el proceso soberanista catalán.[61]

El proceso previo a la «consulta» (2012-2014)[editar]

El Parlamento de Cataluña aprueba realizar un referéndum (27 de septiembre de 2012)[editar]

El Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de septiembre de 2012 una resolución pidiendo celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña durante la décima legislatura de la Cataluña autonómica «prioritariamente», con posterioridad a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012:[62]

El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al gobierno a hacer una consulta prioritariamente en la próxima legislatura.

La resolución fue votada después del debate de política general con el resultado de 84 votos a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, SI, más otros dos diputados), 21 en contra (PPC y C's) y 25 abstenciones (PSC).[63]​ El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, declaró en el discurso ante el Parlamento que había llegado la hora de que el pueblo de Cataluña ejerciera el derecho de autodeterminación.[64]

Elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña y pacto de gobernabilidad (septiembre-diciembre de 2012)[editar]

Resultados elecciones al Parlamento de Cataluña

Después de la negativa del gobierno central a negociar sobre el «pacto fiscal», CiU decidió que no tenía sentido seguir con la legislatura, ya que esa era su propuesta política más importante. Esta circunstancia, unida a la gran participación en la manifestación de la Diada de 2012, empujó a CiU a convocar elecciones anticipadas y presentarse esta vez con una consulta de autodeterminación en el programa electoral. Las elecciones se celebraron el 25 de noviembre de 2012. CiU volvió a ser la fuerza política más votada, si bien bajó en número de escaños. El conjunto de fuerzas políticas partidarias de la realización de la consulta aumentó ligeramente su representación en el Parlamento de Cataluña, pasando de los 86 diputados de la IX legislatura (CiU, ICV-EUiA, ERC y SI) a los 87 de la X legislatura (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP).

Artur Mas (CiU) y Oriol Junqueras (ERC) firmando el pacto de gobernabilidad

Tras las elecciones, CiU negoció con ERC su apoyo a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalidad de Cataluña. El 19 de diciembre de 2012 firmaron un pacto de gobernabilidad que incluyó entre sus puntos la denominada «Consulta sobre el futuro político de Cataluña».[65]​ El acuerdo estipuló que la fecha de la consulta debería ser pactada entre ambas formaciones, las cuales se comprometieron a llevarlo a cabo en 2014 «salvo que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga».[65][66]​ El acuerdo permitió que Artur Mas fuera investido Presidente de la Generalidad de Cataluña por segunda vez.[67]

Declaración de soberanía (23 de enero de 2013)[editar]

Resultado de la votación para la «Declaración de Soberanía» en el Parlamento de Cataluña, el 23 de enero de 2013.

El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar la "Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña",[68][69][70][71][72]​ manifestando que:

De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, para que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo de acuerdo con los principios siguientes:

Los principios recogidos en el texto son los de legitimidad democrática, transparencia, diálogo, cohesión social, europeismo, legalidad, papel principal del Parlamento y participación, todos ellos precedidos y legitimados por el de soberanía que se reafirma diciendo que «el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano».[72][73]

CiU (50 diputados), ERC (21) y ICV-EUiA (13) apoyaron la declaración de soberanía. El PPC (19) y C's (9) se opusieron a la propuesta. De los diputados del PSC, 15 votaron en contra y 5 no votaron pese a estar en el hemiciclo, desobedeciendo así las órdenes de la dirección del partido de votar en contra de la propuesta. La CUP dio un «sí crítico» con 1 voto a favor y 2 abstenciones.[73]

El 8 de mayo de 2013 el Tribunal Constitucional suspendió esta declaración cautelarmente al admitir a trámite la impugnación presentada por la Abogacía del Estado, que la consideró «un acto de poder constituyente» y «un desafío abierto contra la Constitución».[74]​ El 25 de marzo de 2014 el Tribunal Constitucional dictaminó finalmente que esta declaración de soberanía era "inconstitucional y nula", y por tanto no amparaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.[75]​ No obstante el gobierno de la Generalidad minimizó el impacto de la sentencia.[76]

El derecho a «realizar un diálogo bilateral con el Gobierno Central» (13 de marzo de 2013)[editar]

El Parlamento catalán Por resolución de 13 de marzo de 2013, en contradicción con su declaración de soberanía y en reconocimiento de su subordinación estatutaria, se arroga competencias necesarias para poder dialogar bilateralmente con el Gobierno español respecto al «el derecho a decidir su soberanía» acordando su intencionalidad política de negociar un referéndum de independencia al margen tanto del resto de Autonomías como del resto del cuerpo electoral español.[77][78]​ Todas estas actuaciones fueron recurridas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y la postura de la Generalidad de Cataluña fue hacer caso omiso a la resolución del recurso.

Suspensión cautelar de la Declaración de Soberanía y «el derecho a decidir». (8 de mayo de 2013)[editar]

El 8 de mayo de 2013 el Tribunal Constitucional, al admitir a trámite la impugnación presentada por la Abogacía del Estado, suspende cautelarmente la declaración de soberanía y del derecho a decidir. El recurrente la consideró «un acto de poder constituyente» y «un desafío abierto contra la Constitución».[74]

Preparación de la consulta (abril-septiembre de 2013)[editar]

El gobierno de la Generalidad de Cataluña creó un Consejo Asesor para la Transición Nacional que tiene el objetivo de asesorar a la Generalidad en el "proceso de transición nacional de Cataluña" y logro de la consulta. Su reunión constitutiva se celebró el 11 de abril de 2013. En su primer informe recomendó una pregunta clara y neutra que se pudiera responder con un "sí" o "no". Respecto a las vías para la obtención de la independencia, recomendó conseguir un acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum; en su defecto, que este se realizara utilizando la Ley de consultas de Cataluña en tramitación; si el gobierno bloqueara esta fórmula, recomendaba la celebración de unas elecciones plebiscitarias y, finalmente, proponía como último recurso la declaración unilateral de independencia.[79]

El 26 de junio de 2013 tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña la reunión constitutiva del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir a favor del ejercicio del derecho a la autodeterminación en Cataluña, formado por cuarenta partidos, sindicatos y asociaciones.[80][81]

Ante una eventual negativa del Gobierno a la aprobación de una consulta legal sobre la independencia de Cataluña o el impedimento absoluto de una consulta mediante la ley catalana por parte de las instituciones estatales, el presidente Artur Mas declaró el 5 de septiembre de 2013 que optaría por convocar unas elecciones en clave plebiscitaria.

Vía Catalana hacia la Independencia (11 de septiembre de 2013)[editar]

Tramo de la Vía Catalana hacia la independencia

La Asamblea Nacional Catalana durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2013 organizó la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de unos 400 km a lo largo de Cataluña. Apoyaron la cadena los partidos CiU y ERC así como otras 14 entidades.[82]​ de Cataluña.[83]​ Siguió el trazado de la antigua Vía Augusta, desde la localidad francesa de El Pertús hasta la localidad valenciana de Vinaroz (ambas incluidas), atravesando Cataluña de norte a sur. Los organizadores animaron a los habitantes de los deminados "Países Catalanes" (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el departamento francés de Pirineos Orientales) a participar en la cadena o en actos simultáneos.[84]

Anuncio de la «consulta» (12 de diciembre de 2013)[editar]

Haciendo caso omiso a las actuaciones del Gobierno central y la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional los representantes parlamentarios independentistas continúan con sus acciones políticas. Tras una negociación de varias semanas entre los partidos nacionalistas catalanes, el 12 de diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad anuncia que tenía previsto convocar el referéndum para el 9 de noviembre de 2014, incluyendo una pregunta con dos apartados: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».[54]​ Inmediatamente el Gobierno de España advirtió de que la convocatoria de tal referéndum no tendrá lugar por contravenir la Constitución.[53]

Petición de la cesión de la competencia para realizar el referéndum (enero de 2014)[editar]

El jueves 16 de enero el Parlamento de Cataluña votó una petición al Congreso de los Diputados para que la Generalidad de Cataluña pudiera celebrar un referéndum consultivo sobre el futuro político de Cataluña.[85]​ Se aprobó con 87 votos a favor (64% del parlamento) y 43 en contra (32% del Parlamento). Votaron a favor CiU (50 diputados), ERC (21) e ICV-EUiA (13) así como tres diputados del PSC.;[86]​ La CUP, con 3 diputados, se abstuvo a pesar de estar a favor de realizar el referéndum, por considerar que no se debe "pedir permiso a Madrid" para realizarlo.[87]​ Votaron en contra PPC (18), PSC (16) y C's (9).[86]

Tres diputados del PSC, Joan Ignasi Elena, Núria Ventura y Marina Geli, rompieron la disciplina de voto del PSC, cuya directiva había decidido votar en contra.[86]​ Otro diputado del PSC, Àngel Ros, renunció a su escaño en el Parlamento de Cataluña la víspera de la votación para no tener que votar "no".[88]Rocío Martínez-Sampere declaró haber votado "no" a regañadientes y anunció después que renunciaba a sus cargos en la ejecutiva del partido. Era partidaria de que el grupo del PSC se abstuviese para que todos los diputados se sintieran cómodos.[89]​ Por otra parte la ex-diputada Laia Bonet dejó también la ejecutiva del PSC.[90]

La propuesta era de artículo único y constaba de cuatro apartados:

1. Se delega a la Generalitat de Catalunya la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes y catalanas se pronuncien sobre el futuro político colectivo de Cataluña, a partir de los términos que se acuerden con el gobierno del Estado y de las condiciones que se exponen en los apartados siguientes.

2. El referéndum se ha de convocar y celebrar antes que finalice el año 2014, sin que coincida con periodos electorales, ni con una fecha de alto contenido simbólico-político.

3. La convocatoria del referéndum la realizará el Govern de la Generalitat.

4. El procedimiento para realizar el referéndum y sus garantías, serán las que determina la legislación reguladora de los procesos refrendarios y electorales, y, si procede, en el decreto del Govern de la Generalitat que convoque el referéndum.

Sentencia sobre «la soberanía» y «el derecho a decidir» en Cataluña (14 de marzo de 2014)[editar]

La sentencia de marzo de 2014 del Tribunal Constitucional[91]​ resolvió el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno español sobre «la declaración de Soberanía» y «el derecho a decidir» y estableció dos fallos fundamentales que delimitan la convivencia política y jurídica en dicha Comunidad Autónoma y por extensión en todo el Estado de España.

El primer fallo dice que:

«1º Se declara inconstitucional y nulo el denominado principio primero titulado “Soberanía” de la Declaración aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña.»

Ese primer fallo se hace con base en el punto 3 de los fundamentos jurídicos que razona jurídicamente para concluir literalmente que «el reconocimiento que lleva a cabo del pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” resulta contrario a la Constitución española y... de esto se infiere que en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España». De este modo el tribunal aclara que la soberanía para disponer sobre la organización territorial del Estado corresponde a todo el cuerpo electoral español, sentenciando que jurídicamente en España no existe un derecho de autodeterminación.

El segundo fallo dice que:

«2º Se declara que las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” contenidas en el título, parte inicial, y en los principios segundo, tercero, séptimo y noveno, párrafo segundo, de la Declaración aprobada por la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que se expone en los fundamentos jurídicos 3 y 4 de esta Sentencia.»

Con ello el tribunal termina concretando que el llamado «derecho a decidir» no es sino el derecho de participación política que existe en Cataluña y en toda España, siempre que se aplique la legalidad existente sobre soberanía, referéndums, consultas y competencias propias de cada administración del Estado, parcelas estas que deberán ser respetadas por todos los poderes públicos, para que se reconozca la legitimidad en el origen de sus actos políticos.

Rechazo de la cesión de la competencia para realizar el referéndum (abril de 2014)[editar]

El Congreso de los Diputados el 8 de abril de 2014 rechazó la petición, por 299 votos en contra frente a 47 a favor. Votaron en contra PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias; a favor Izquierda Plural, CiU, PNV, BNG, Amaiur, ERC, Compromís y Geroa Bai. Se abstuvo el diputado de Coalición Canaria.[92][93]

Preparativos de la «consulta» (mayo de 2014)[editar]

En mayo de 2014 el gobierno de la Generalidad presenta un modelo de urna que usaría para la «consulta» y anuncia que las 6.000 que se necesitarán serán fabricadas por el Centro de Iniciativas para la Reinserción de Lérida. En cuanto al problema del censo electoral, que es propiedad del Estado y que el gobierno central no ha autorizado a usar, el gobierno catalán prevé utilizar como censo el Registro de Población de Cataluña, formado con los padrones municipales.[94]

Movilizaciones independentistas de 2014[editar]

El 11 de septiembre de 2014 la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural organizaron una concentración que se realizó en la Gran Vía y avenida Diagonal de Barcelona, bajo el lema «Ahora es la Hora, unidos por un país nuevo», formando los concentrados una «V» que simbolizaba las palabras «voluntad, votar y victoria». Un cálculo estadístico por parte de Llorenç Badiella, responsable del Servicio de Estadística Aplicada de la Universidad de Barcelona arrojó una cifra de alrededor de &&&&&&&&&0900000.&&&&&0900 000 participantes en la «V».[95]​ La delegación de gobierno estimó la asistencia de la concentración en &&&&&&&&&0520000.&&&&&0520 000 personas, mientras que la guardia urbana cifró la asistencia en &&&&&&&&01800000.&&&&&01 800 000.[96]

La Asamblea Nacional Catalana, conjuntamente con la Asociación de Municipios por la Independencia, presentó el 15 de septiembre al Parlamento de Cataluña 750.000 firmas en favor de que el Parlamento declare la independencia si no se puede celebrar la consulta el 9 de noviembre.[97]​ La campaña se fundamenta, según sus organizadores, en reclamar la independencia a través del derecho de petición, recogido en la legislación autonómica y estatal.[98]

La ley de consultas del Parlamento de Cataluña (julio-septiembre de 2014)[editar]

Tras el rechazo del Congreso de los Diputados a la petición de la cesión de la competencia para convocar y celebrar referéndums, los partidos CIU-ERC apoyan la iniciativa parlamentaria para elaborar una Ley de consultas no refrendarias con la intencionalidad política de facilitar un nuevo marco legal de consultas. Así se empezó a elaborar una nueva ley de consultas que amparase la convocatoria anunciada para el 9 de noviembre, construyendo un sistema legal alternativo al de un posible referéndum. El gobierno de Mariano Rajoy anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional por invadir las competencias del Estado. En julio de 2014, la ponencia correspondiente del Parlamento catalán finalizó la redacción del proyecto, que estaba previsto para su votación en septiembre.[94]

El 22 de agosto de 2014, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, una institución de la Generalidad, avala la legalidad de la Ley de consultas por 5 votos a favor y 4 en contra. El dictamen señala que la ley está amparada por el artículo 122 del Estatuto y no incumple la Constitución. Los 5 juristas que votaron a favor fueron los propuestos por CiU y ERC al principio de la legislatura. Los 4 juristas que presentaron votos particulares argumentaron que la ley vulnera la Constitución y el Estatuto ya que ésta trata, afirman, sobre la celebración de referéndums, lo que invade las competencias del Estado, pero bajo la denominación encubierta de «consulta popular no referendaria».[99]​ Pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avala la totalidad de la ley, ésta puede ser recurrida al Tribunal Constitucional de España.[100]

El 19 de septiembre, la ley de consultas es aprobada por 106 votos a favor y 28 en contra en el pleno del Parlamento de Cataluña.[101]​ Contó con el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV y CUP que suman el 79% de los representantes del Parlamento de Cataluña; mientras que se posicionaron en contra el PP y C's.[102]​ Aunque apoya la ley, el PSC manifestó que la Ley de Consultas Populares no Refrendarias y Participación ciudadana no amparaba legalmente la «consulta» prevista para el 9N. Por su parte, el portavoz de CiU Josep Rull afirmó que la ley «encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto».[103]​ La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el 27 de septiembre de 2014, poco antes de ser convocada oficialmente la consulta.[104][105]

Hay que tener en cuenta que a raíz de su sentencia del 2010, sobre el Estatuto de 2006, el diario ABC titula que «El TC permite la celebración de consultas populares en Cataluña», pudiendo realizarse «consultas no refrendarias en Cataluña, mediante las cuales se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos».[106]​ De igual modo se ha de valorar que estos procedimientos consultivos quedan delimitados con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre «el derecho a decidir» de marzo de 2014. Y como ya expresó literalmente el tribunal están circunscritos exclusivamente a las competencias propias de las Generalidad por lo que 'una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España'.

Mociones de los ayuntamientos sobre la consulta (septiembre de 2014)[editar]

La Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios realizaron un llamamiento para que los consistorios mostrasen su apoyo a la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y a la convocatoria de la consulta. El 96,2 % de los 947 ayuntamientos catalanes aprobó mociones de apoyo a la consulta soberanista del 9 de noviembre, lo que representa el 88 % de la población.[107]​ Este elevado porcentaje es, en parte, debido a la indisciplina de voto de los miembros del PSC que participaron en las mociones.[108][109]

Decreto de convocatoria de la consulta (27 de septiembre de 2014)[editar]

Papeleta diseñada para la votación de la consulta

Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña, firmó el decreto de convocatoria de la consulta en el Palacio de la Generalidad.[110]​ El presidente explicó que «ahora ha llegado el momento de ejercer el derecho a decidir» y reafirmó que estaba abierto a pactar la consulta hasta el último momento con el Estado. En el acto estuvieron presentes representantes de CiU, ERC, CUP, Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y el Consejo Asesor para la Transición Nacional. En la Plaza de San Jaime se concentraron ciudadanos convocados por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para mostrar su apoyo a la convocatoria de la consulta.[111]​ El coste previsto de la consulta es de 8.987.699,17 euros.[112]

Recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Consultas de Catalunya y al decreto de Consulta del 9N[editar]

Sede del Consejo de Estado de España.Madrid

La misma mañana en la que se convocó oficialmente la consulta, compareció en Madrid ante los medios de comunicación la vicepresidenta del gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, para anunciar que, con la petición de un informe al Consejo de Estado, el gobierno había iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra el decreto de convocatoria de la consulta y contra la Ley de consultas de Cataluña en la que se ampara esta.[113]​ Al día siguiente, el 28 de septiembre, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, tras una reunión de casi 2 horas, aprobó por unanimidad los dictámenes favorables a que el gobierno de España solicitara los recursos de inconstitucionalidad del decreto de convocatoria de la consulta y de la Ley de Consultas en la que se ampara.[114][115][116][117][118]​ La mañana del 29 de septiembre tuvo lugar una reunión extraordinaria del Consejo de ministros en la que se aprobaron dos recursos de incontitucionalidad[119]​ que fueron presentados al Tribunal Constitucional.[120]

Estudiados en Consejo de Ministros los dictámenes anteriores, el Gobierno de España, ordena a la Abogacía del Estado interponer los recursos de inconstitucionalidad ante Tribunal Constitucional, manifestando públicamente su preocupación sobre el deterioro de la convivencia política en Cataluña debido a los graves errores que achaca a su presidente.[113]

El cuerpo de juristas del Estado plantea por una parte recurso contra «el Título II y las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de Consultas Populares no Referendarias y Participación Ciudadana, publicada en el D.O.G.C. nº 6715, de 27 de septiembre de 2014.».[121]​ Por la otra, los Abogados del Estado plantean recurso de inconstitucionalidad impugnando íntegramente «el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre del Presidente de la Generalitat de Cataluña, así como sus anexos, de convocatoria de la consulta no referendaria sobre el futuro político de Cataluña, publicada en el Anexo al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 27 de septiembre de 2014.»[122]

Ese mismo día, fue convocado de forma excepcional un pleno del Tribunal Constitucional en el que se admitieron a trámite los recursos presentados por el gobierno quedando suspendida cautelarmente la consulta.[123]​ El Tribunal Constitucional emite una providencia que deja suspendidas cautelarmente tanto la ley como el decreto[124][125]​ que ampara consulta, dejando pendientes las dos sentencias que ha de dictar al respecto.

Dicha suspensión ordena por providencia paralizar todos los actos de la consulta y los derivados de la misma en estricto cumplimiento de las garantías legales y en los siguientes términos:

«...De conformidad con dicho artículo de la Constitución, acuerda suspender el Decreto impugnado y sus anexos (desde hoy, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros), así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella..»

Al día siguiente de la suspensión, el gobierno de Cataluña anunciaba la suspensión "cautelar y temporal" de la campaña del 9N,[126]​ evitando enfrentarse a un posible delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal,[127][128]​ y anunció que tomaría medidas legales para levantar la suspensión.[129]​ Para ello, el 1 de octubre, el gobierno de Cataluña presentó un recurso contra la impugnación de la consulta.[130]​ Esta argumentó un genérico derecho de participación de la ciudadanía en procesos electorales tratando de diferenciar consultas, referéndums y vinculación de los mismos.[130]​ El parlament hizo lo propio alegando la constitucionalidad de la Ley.[131]

En defensa de las posiciones jurídicas del Parlamento catalán sus letrados emiten un recurso en oposición a la suspensión de la Ley de Consultas.[132][133]​ A la par los letrados de la Generalidad hacen lo propio con el decreto de convocatoria electoral.[134]

En un resumen enciclopédico sucinto el lector puede apreciar las peticiones jurídicamente enfrentadas a través de la ley y el decreto. Por una parte el Estado recurrente denuncia la existencia de un 'fraude constitucional' en lo que afecta a su soberanía y un 'fraude de ley' por invasión de competencias del Estado sobre los procesos electorales refrendarios. Frente a esto los impugnadores reclaman un genérico derecho de la ciudadanía a la participación en procesos electorales y diferencian los procesos de consultas, referendos y vinculación de los mismos, argumentando con todos ello la legalidad de la ley y del decreto impugnado para poder realizar una consulta de independencia.[130]

Reacciones a la suspensión cautelar de la consulta[editar]

El mismo día en el que quedó suspendida la consulta se desarrollaron varias manifestaciones en contra de esta suspensión.[135][136]​ La líder de UPyD, Rosa Díez, pidió al Congreso de los diputados que apoyara el recurso del gobierno.[137]​ El líder de la oposición, Pedro Sánchez, también apoyó los recursos del gobierno pero pidió diálogo entre las dos partes para resolver el conflicto.[138]

El viernes 3 de octubre, se llevó a cabo una reunión entre los partidos favorables a la consulta en la que se decidió no abandonar la realización de la consulta y el impulso de medidas para que el Tribunal Constitucional levantara pronto la impugnación de la consulta para que esta pudiera celebrarse.[139]

Nombramiento de los miembros de la Comisión de control (3 de octubre de 2014)[editar]

El 3 de octubre de 2014, el Gobierno Catalán nombra los miembros de las Comisiones de control electoral central y locales con el fin de cumplir con el calendario electoral marcado.[140]​ Estas actuaciones fueron consideradas ilegales por algunas personalidades. Llegaron a ser tachadas de antidemocráticas por uno de los miembros de la Comisión de Control, el catedrático Joan Brugué, que renunció a pertenecer a dicha comisión.[141][142]​ También manifestaron sus dudas acerca de la legalidad de la consulta los funcionarios municipales afectados.[143]

Retirada y planteamiento de una "consulta alternativa"[editar]

Mas anuncia en octubre de 2014 la celebración de un proceso participativo el 9 de noviembre.

Después de proclamar que se acataba la suspensión cautelar de la «consulta del 9N» dictada por el Tribunal Constitucional, el 13 de octubre, tras una reunión con los partidos soberanistas, el presidente Mas afirma que la consulta ya no podrá celebrarse en los términos previstos y plantea alternativamente trasladar sus posibles responsabilidades legales mediante un proceso de participación ciudadana.[144]​ Al día siguiente anuncia públicamente su intención de realizar una consulta alternativa usando los recursos de la Generalidad de Cataluña pero con la colaboración de voluntarios, asociaciones civiles y al amparo de parte de la ley de consultas que no había sido suspendida.[145]​ El presidente Mas no aclaró exactamente en que marco jurídico se basaba esta nueva consulta.[146]​ Llegó a declarar que no iba a dar pistas para facilitar la impugnación por parte del gobierno de España y que había que "engañar al Estado".[147]

Con este fin el Gobierno catalán se compromete a financiar e impulsar lo que redenomina como «proces participatiu». Para ello se cambia la forma de actuar administrativamente, sin dejar constancia documental publicada de las órdenes impartidas, con el objetivo de realizar la misma consulta que la descrita en el decreto suspendido cautelarmente por los tribunales. Se apertura una página web en la que se reclutan voluntarios denominada «participa2014.cat».[148]​ Así mismo se opta por brindar las sedes públicas para votar y se requiere a funcionarios del Departamento de Educación, para que presten una participación voluntaria en el control de esas sedes electorales. Con todas estas actividades por parte de los independentistas se considera que se respeta formalmente el ordenamiento legal y por parte de los constitucionalistas se considera que se están eludiendo las posibles responsabilidades legales en el acatamiento de las resoluciones judiciales, así como la posibilidad de que estas sean paralizadas en un fraude de ley o fraude constitucional.[149]

El líder de ERC exigió unas elecciones anticipadas para posteriormente, si se obtenía una mayoría en el parlamento, proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña.[150][151]​ El líder de ICV declaró que no apoyaba esta nueva consulta, y que no iría a votar.[152]​ Más tarde, rectificó y afirmó que sí iría a votar.[153]​ El líder del PSC dijo que la nueva consulta era un engaño, ya que no tenía ninguna garantía democrática, mientras que el PP de Cataluña declaró que el proceso había acabado.[154]​ El líder de Unió se mostró en contra de celebrar unas elecciones anticipadas y proclamar unilateralmente la independencia.[155][156]​ La ANC apoyó la nueva consulta pero exigió la celebración de unas elecciones plebiscitarias en 3 meses.[157]

Pronto comenzó a discutirse la idea de la elaboración de una "lista de país" independentista que concurriera en unas posibles elecciones plebiscitarias, pero hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo entre ERC y CiU.[158]

Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya comenzaron a hacer campaña de forma separada.[159]​ Convergencia presentó su campaña, junto a la de Ara és l'hora, en la que llamaba a votar "haga lo que haga el estado" y pidiendo el voto por el Sí, Sí.[160]

Planteamiento de «elecciones plebiscitarias», «declaraciones unilaterales de independencia»[editar]

En ese contexto de cambio de escenario del 9N, varios políticos independentistas proponen unas elecciones plebiscitarias de candidatura única en el caso de no poder finalmente realizar la consulta y/o ante el cambio de escenario.[161]

Oriol Junqueras del partido político de ERC, proclama el día 13, su abierta intención de realizar una declaración unilateral de independencia tras unas elecciones plebiscitarias con el fin de concluir en un proceso constituyente.[162]

La hipotética declaración planteada públicamente por Junqueras como un acto político, de imponerse por la fuerza está tipificado en el ordenamiento jurídico de España como un delito de rebelión, penado de 15 a 25 años de prisión para los instigadores.[163][164]​ La finalidad del castigo es defender la seguridad territorial del Estado y la soberanía nacional por ser bienes jurídicos protegidos de carácter constitucional tal como se expone en los tratados y las enciclopedias jurídicas al uso.[165]

Recursos del gobierno y suspensión cautelar de la consulta alternativa[editar]

Ante esta nueva situación, el gobierno de España empezó a estudiar si esta nueva consulta planteada por Artur Mas sería legal y si sería recurrible.[166]

Más tarde, el gobierno declaró que había comenzado los trámites para recurrir la nueva consulta solicitando un nuevo informe al Consejo de Estado para valorar una posible impugnación del nuevo proceso anunciado por Artur Mas.[167][168][169]​ El Consejo de Estado avaló la presentación de un recurso por parte del gobierno de España el 30 de octubre de 2014, que valora jurídicamente que al mantenerse la pregunta y continuar implicando recursos de la Administración se están ante un reiterado fraude de ley que ha de tener consecuencias legales graves.[170][171]

El 2 de noviembre de 2014, tras la reunión del Consejo de ministros, el gobierno de España confirmó que impugnaría la nueva consulta.[172]​ 2 días después, el Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos presentados por el gobierno contra las actuaciones de la Generalidad de Cataluña relativas a la convocatoria de esta consulta y esta quedó suspendida cautelarmente.[173]

Sin embargo, la Generalidad de Cataluña anunció que continuaba con el proceso participativo y que presentaría un recurso contra el gobierno de España ante el Tribunal Supremo alegando que este vulneraba los derechos de participación, de libertad expresión y libertad ideológica.[174]​ El 6 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso presentado por la Generalidad ya que el acuerdo del consejo de ministros cuestionado no es un acto susceptible de recurso contencioso y la impugnación correspondería al Tribunal Constitucional. Además, el recurso llegó tarde ya que el Tribunal Constitucional ya había admitido a trámite los recursos del gobierno de España y el Supremo no tiene competencia para enjuiciar las resoluciones del Constitucional.[175]

El sábado, día previo a la consulta, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias para investigar si el uso de locales públicos para la celebración del proceso participativo era delito y ordenó a la policía autonómica una lista de los locales públicos en los que se iba a realizar el proceso participativo y pidió identificar a los responsable de la realización de la consulta. Además, también exigió al gobierno de la Generalidad que confirmara si era la que había puesto a disposición los locales para la realización del proceso. La Fiscalía también reclamó a la empresa Unipost, responsable del reparto de la información sobre el proceso, que explicara qué entidad facilitó la lista de destinatarios y le exigió además, las facturas de los contratos.[176][177]​ Esa misma tarde, la asociación Sociedad Civil Catalana denunció ante el juzgado de guardia el uso de colegios públicos para la realización de la Consulta.[178]

Celebración de la consulta (2014)[editar]

Papeleta utilizada en la consulta del 9 de noviembre de 2014

El 9 de noviembre de 2014, los locales abrieron sin ninguna incidencia grave a las 9:00 horas,[179]​ hora peninsular española, aunque previamente habían comenzado la votación en algunos puntos situados fuera de Cataluña.[180]​ Poco después del comienzo de la votación algunas organizaciones políticas, como Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Plataforma per Catalunya (PxC), presentaron denuncias al juzgado de guardia, exigiendo la detención de dirigentes del gobierno de Cataluña y la paralización del proceso por incumplir la resolución del Tribunal Constitucional, que había suspendido el proceso participativo.[181]

A las 14:00 horas, la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, dio los primeros datos de participación: 1 142 910 personas habían votado a las 13:00.[182]​ Por la tarde, el juzgado de guardia de Barcelona expresó su oposición a la retirada de las urnas exigida esa mañana por UPyD por tratarse, según el auto, de medidas «desproporcionadas».[183]​ Sin embargo, a pesar de no adoptarse las medidas cautelares exigidas, sí se iniciaría una investigación por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.[183]​ A las 19:30, la vicepresidenta catalana volvió a comparecer y anunció que a las 18:00 habían participado 1 977 531 personas.[184]​ Con el 96.8% del voto escrutado un total de 2.236.806 personas habían participado en el proceso.[185]

Resultado[editar]

¿Quiere que Cataluña sea un Estado?
En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?
Participación: 37,02%
Participaciones Sí  No No En blanco Otros
Sí  No No En blanco
2.305.290 1.861.753 232.182 22.466 104.772 12.986 71.131
100% 80,76% 10,07% 0,97% 4,54% 0,56% 3,09%

Reacciones tras la celebración de la consulta[editar]

En una rueda de prensa el propio 9 de noviembre, el presidente Mas explicó que intentarían realizar una "consulta definitiva" legal, vinculante y pactada con el gobierno español. Si ese acuerdo, como la propia Generalidad espera, no llega a realizarse, Artur Mas propondría la celebración de unas elecciones anticipadas, preferiblemente con una lista conjunta con otras fuerzas políticas y organizaciones soberanistas.[186]​ Sin embargo, esta alternativa no es compartida por Unió, que se opone a unas elecciones anticipadas.[159]ERC, sin embargo, se opone a la realización de una consulta pactada y pide convocar cuanto antes unas elecciones anticipadas, aunque no se muestra favorable a una lista conjunta sino a un gobierno de concentración tras dichas elecciones.[187]

Investigaciones judiciales por la celebración de la consulta[editar]

Poco después de la celebración de la consulta, el Fiscal General del Estado presentó una querella por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones contra el Presidente Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la Consejera de Educación Irene Rigau.[188]​ El 21 de diciembre de 2014, la querella fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.[189]​ El 8 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aseguró que encontraba indicios de desobediencia por la celebración de la consulta.[190]

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el "proceso participativo"[editar]

El 11 de junio de 2015 el Tribunal Constitucional se pronunció y declaró inconstitucionales los actos impugnados por el gobierno, destinados a la realización del "proceso participativo" por parte de la Generalidad de Cataluña. Estas actuaciones eran, según afirmó el tribunal, "inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional".[191]

Convocatoria de elecciones «plebiscitarias» para el 27 de septiembre de 2015[editar]

El 25 de noviembre de 2014, cuatro días después de que la fiscalía hubiera presentado una querella contra él por la celebración del proceso participativo del 9-N, el president Artur Mas presentó su plan para conseguir la independencia de Cataluña en 18 meses.[192]​ El plan fue respondido por el Partido Popular el 13 de diciembre mediante la "Declaración de La Granja" en la que se oponía a la reforma de la Constitución porque «la soberanía y la unidad de España» no son negociables.[193]

El 14 de enero de 2015 el presidente de la Generalidad de Cataluña anunciaba en una rueda de prensa el adelanto de las elecciones autonómicas para el día 27 de septiembre de 2015 y que éstas tendrían un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña.[194]​ A pesar de que el 25 de febrero el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad la inconstitucionalidad de la consulta del 9-N,[195]​ un mes después Convergència Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, y la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, pactaban la hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán en la que se incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses, si los partidos soberanistas ganaban las elecciones «plebiscitarias» previstas para el 27 de septiembre —«Los programas de las candidaturas soberanistas deben dejar claro, como punto primero y destacado, que votarlas supone un pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña», afirmaban—.[196]​ Al día siguiente el presidente Mariano Rajoy les advirtió que «ningún Gobierno de España va a autorizar la ruptura de la soberanía nacional».[197]

Ruptura de CiU[editar]

Debido a las diferencias entre la posición de la dirección de UDC y la del líder de CDC Artur Mas con respecto al proceso soberanista, se realizó el 14 de junio de 2015 una consulta a la militancia de UDC, en la que preguntaban si UDC debería comprometerse a seguir con el proceso pero con unas determinadas condiciones, entre ellas no vulnerar la legalidad con declaraciones unilaterales de independencia o iniciando procesos constituyentes al margen de la legalidad, lo que sería contrario a lo suscrito en la hoja de ruta firmada por CDC, ERC y entidades soberanistas.[198][199]​ La militancia de UDC decidió apoyar a la dirección con un ajustado 50,9% a favor.[200]​ Tras esto, se realizaron reuniones entre dirigentes de UDC y CDC que desembocaron en un ultimátum de CDC a UDC para que esta última decidiera en un plazo de "2 o 3 días" si se sumaba o no a la hoja de ruta independentista.[201]​ El miércoles 17 tras una reunión del Comité de Gobierno de UDC, se anunció la salida de los tres consejeros de UDC del gobierno de la Generalitat de Cataluña, aunque se comprometían a mantener la estabilidad parlamentaria hasta el final de la legislatura.[202]​ Ese mismo día por la noche, la Comisión Ejecutiva Nacional de CDC se reunió y en una rueda de prensa al día siguiente confirmó que UDC y CDC no se presentarían juntos a las elecciones autonómicas y que el proyecto político de la federación de CiU se había acabado.[203]

Conformación de una lista soberanista unitaria[editar]

A mediados de julio de 2015, tuvieron lugar negociaciones entre CDC, ERC y entidades soberanistas sobre un posible acuerdo para concurrir bajo una lista unitaria que defendiera la independencia de Cataluña para las elecciones autonómicas de 2015. Finalmente, las direcciones de CDC y ERC llegaron a un acuerdo: esta lista estaría encabezada por 3 personalidades independientes: Raül Romeva, exeurodiputado por ICV; Carme Forcadell, expresidenta de la ANC; y Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural. Artur Mas se situaría en el puesto número 4 y Oriol Junqueras, líder de ERC se situaría quinto. Sin embargo, se acordó que Artur Mas sería investido presidente.

Movilizaciones independentistas de 2015[editar]

La plataforma Ara es l'hora[204]​ organizó, durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2015, la llamada «Vía Libre a la República Catalana», una concentración multitudinaria que llenó un tramo de 5,2 kilómetros de la Avenida Meridiana de Barcelona con el objetivo de reivindicar la independencia de Cataluña.[205]

Tras los resultados de las elecciones de septiembre de 2015[editar]

En las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, la lista independentista de Junts pel Sí consiguió el 39,6% de los votos y 62 escaños. La CUP, también independentista, consiguió un 8,2% y 10 escaños. A pesar de que los partidos a favor de la independencia ganaron las elecciones en escaños, no lo hicieron en número de votos. [206]

Los principales dirigentes de Junts pel Sí afirmaron que los resultados les proporcionaban una victoria y legitimidad política y moral para comenzar el proceso de constitución de una República Catalana,[207]​ mientras que el candidato de la CUP afirmó que "no se ha ganado el plebiscito, pero sí que hay un voto independentista mayoritario".[208]

Por su parte, los líderes de Ciudadanos, del PSC, del PSOE y del PP enfatizaron que las elecciones habían dejado clara la inexistencia de una mayoría a favor de la independencia.[207]

El proceso soberanista entre las elecciones del 27 de septiembre y el anuncio del referéndum de 2017 (2015-2016)[editar]

Declaración de inicio del proceso de independencia[editar]

El 27 de octubre de 2015, un día después de la constitución del nuevo parlamento, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP registraron en el Parlamento de Cataluña una propuesta de declaración en la que insta a "declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república".[209]​ La resolución fue aprobada el 9 de noviembre con 72 votos a favor, de Junts pel Sí y la CUP, y 63 votos en contra, de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot (CSQP).[210]

Recursos de amparo de diputados de Ciudadanos, PSC y PP[editar]

El 5 de noviembre representantes de Ciudadanos, PSC y PP, presentaban ante el Tribunal Constitucional tres recursos de amparo independientes contra la admisión a trámite de la resolución en el Parlamento de Cataluña.[211]​ Ciudadanos y PP pedían además la suspensión cautelar del pleno en el que se debatiría la resolución, pero esta medida fue desestimada por el tribunal.[212]

Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España[editar]

El mismo día en el que se aprobaba la resolución en el Parlamento, Rajoy inició los trámites para presentar un recurso al Tribunal Constitucional pidiendo un informe al Consejo de Estado. Al día siguiente el Consejo se pronunció favorablemente a la presentación del recurso.[213]​ El 11 de noviembre la Abogacía del Estado presentaba el recurso ante el Tribunal Constitucional.[214]​ Ese mismo día el tribunal admitía a trámite el recurso y suspendía la resolución.[215]

El 2 de diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró inconstitucional la declaración.[216]

Primeras ponencias del nuevo gobierno catalán[editar]

Integrantes del Gobierno de la Generalitat que inició sus funciones en enero de 2016. Al centro, Carles Puigdemont, presidente.

Tras la elección del nuevo presidente autonómico, Carles Puigdemont, el 10 de enero de 2016, procedente de las filas de CDC,[217]​ a principios de febrero Junts pel Sí y la CUP iniciaron los trámites para redactar las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9-N, al registrar en el Parlament la petición para crear las tres ponencias correspondientes, pese a que la declaración fue anulada por el Tribunal Constitucional.[218]​ Tras ello, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, anunció que se actuaría contra las leyes de ruptura en cuanto el Parlament creara las ponencias para redactarlas.[219]​ Unos días más tarde la Junta de Portavoces del Parlamento catalán reclamó a los servicios jurídicos de la cámara un informe para saber si con estas leyes se podía contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional, a petición del resto de grupos parlamentarios, lo que suponía la paralización temporal de los trámites.[220]

Pese al informe negativo obtenido,[221]​ la Mesa del Parlament aprobó en marzo de 2016 seguir adelante con la creación formal de las ponencias.[222]​ Ante esto, el PPC y el PSC anunciaron su intención de llevar al Tribunal Constitucional la creación de las tres ponencias soberanistas.[222][223]

Un mes más tarde, el 7 de abril, el pleno del Parlament aprobó, por 71 votos a favor y 52 en contra, una moción reivindicando la vigencia de la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional.[224]

La Operación Cataluña[editar]

El 6 de julio, el comisario de la Policía Nacional de España José Manuel Villarejo reveló en juzgado que trabajó en conjunto con Marcelino Martín Blas, ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos del cuerpo de seguridad, ambos funcionarios pusieron en marcha un grupo que se dedicaba a buscar información comprometedora sobre políticos de CDC y ERC con el objetivo de frenar el proceso independentista. Distintos funcionarios se encargaban de funciones como recaudación de fondos, conseguir citas de personajes reunidos con líderes políticos, crear historias o conseguir información sobre cuentas bancarias.[225][226]

La trama incluía pruebas falsas, manipulación de datos, informes irregulares, agentes secretos, filtraciones a la prensa o amenazas para obtener información comprometedora.[227]

Los datos que reveló Villarejo implicaron a funcionarios como el entonces Ministro del Interior, Jorge Fernandez Díaz, el ex jefe de gabinete del Presidente de Gobierno, Jorge Moragas, el ex jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso o el ex director adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Como consecuencia de ello, el Parlamento de Cataluña abrió una comisión de investigación con el apoyo de Junts pel Sí, la CUP, el PSC y CSQEP, la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos.[228]​ De forma paralela el Congreso de los Diputados inició sus indagatorias sobre el tema, finalmente el 20 de julio de 2017, la comisión determinó que existió una operación de espionaje hacia políticos independentistas en Cataluña encabezada por el entonces Ministro del Interior, la resolución contó con el apoyo de PSOE, Podemos, PNV, ERC y el PDeCAT.[229]

Producto de esta operación y las revelaciones periodísticas que llevaron a su descubrimiento se produjo el documental Las cloacas de Interior, el cual llevó al público la manera en la cual se trabajó para obtener las declaraciones e implicar a los políticos independentistas en distintos escándalos de corrupción.[230]

Las estructuras de estado[editar]

Después de la celebración de la consulta de 2014 se comenzó a hablar de la necesidad de crear algunos organismos catalanes que comenzaran a sustituir a sus similares españoles, entre ellos se incluían: Agencia Tributaria, aduanas, seguridad social catalana, servicio postal, banco central, registro mercantil, relaciones exteriores, migración entre otras oficinas y departamentos de gobierno.[231]

El 11 de marzo de 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas[232]​ en ella se establecía la creación de una Hacienda catalana que comenzara a recaudar los impuestos de los catalanes y evitar la entrega tributaria a España, por este motivo el 12 de junio, el Gobierno Central presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la ley.[233]​ Esta legislación sería anulada por unanimidad el 7 de julio de 2016.[234]

El decreto del TC anulaba los planes de la Generalitat para la creación de "un plan director de la Administración Tributaria de Cataluña, la elaboración de un catálogo de infraestructuras estratégicas de Cataluña; el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación de un Servicio Meteorológico de Cataluña; y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos".[234]

Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlamento de Cataluña[editar]

El 28 de enero de 2016, el Parlamento creó la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente con el apoyo de JxSí, CUP y CSQEP.[235]​ El objetivo de esta dependencia administrativa se centró en el estudio de la posibilidad de crear un proceso constituyente en Cataluña, si bien desde el Parlamento se insistió en que la comisión únicamente estudiaría las posibilidades de tomar esas medidas, el Gobierno Central acusó las intenciones de "poner en marcha un proceso constituyente"[236]​ como consecuencia de la declaración de soberanía que fue aprobada el 9 de noviembre de 2015.

Conclusiones de la Comisión[editar]

La comisión terminó sus trabajos de investigación en el mes de julio con las siguientes conclusiones:[237][238]

  1. Reconoce el derecho a decidir del pueblo catalán, que se logrará únicamente iniciando un proceso de desconexión de las leyes y el marco constitucional español.
  2. El pueblo de Cataluña tiene legitimidad para iniciar un proceso constituyente "propio, democrático, ciudadano, transversal, participativo y vinculante" que debería contar con el apoyo de las instituciones catalanas
  3. El proceso catalán estaría avalado por "las experiencias comparadas de otros países" según las "circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas que son propias (de los catalanes)"
  4. El proceso constituyente debería ser inclusivo, debido a la necesidad de "englobar todas las sensibilidades ideológicas y sociales", para que al concluir su realización sea "compartido con toda la sociedad y con las instituciones que lo avalan".
  5. El proceso debería contar con tres fases: la primera sería un proceso participativo; la segunda constaría en la desconexión de las instituciones españolas y la convocatoria de elecciones constituyentes que redactarían la constitución catalana; y finalmente, en la tercera etapa se debería ratificar el texto mediante un referéndum popular.
  6. El órgano principal del proceso tendría el nombre de Foro Social Constituyente compuesto por representantes de los partidos políticos y la sociedad civil cuya función sería la de "debatir y formular un conjunto de preguntas sobre los contenidos concretos de la futura constitución". Que finalmente sería resuelto mediante la celebración de un "proceso de participación ciudadana que constituirá un mandato vinculante".
  7. Aprobación de leyes de desconexión, el Parlamento de Cataluña tendría que dar visto bueno a una serie de legislaciones que marcarían el proceso de separación de las instituciones españolas, destacando que los resultados emitidos por el organismo legislativo "no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal".
  8. El Parlamento de Cataluña se colocaría como el garante del cumplimiento del proceso por parte del Gobierno, ya que desde el legislativo se instaría al ejecutivo catalán "a poner a disposición de la ciudadanía los recursos que hagan falta para conseguir un debate constituyente de base social", para lo cual la cámara crearía una comisión de seguimiento del proceso.
  9. Asamblea Constituyente. Una vez convocada y electa se encargaría de crear los "mecanismos para garantizar la participación directa de las personas en el proceso de discusión y elaboración de propuestas para el proyecto de constitución", la Constituyente se convertiría en el órgano principal durante el periodo de creación ya que sus disposiciones serían de "cumplimiento obligatorio para el resto de poderes públicos".
  10. Referéndum constitucional. Después de la aprobación del proyecto constitucional por parte de la Asamblea, se convocaría a una consulta popular "para que el pueblo de Catalunya apruebe o rechace de manera pacífica y democrática (el texto constitucional)".
  11. Perspectiva de género.

Las conclusiones fueron aprobadas por la comisión de estudio el 18 de julio.[239]​ Sin embargo, al día siguiente, el Tribunal Constitucional exigió al Parlamento de Cataluña el cumplimiento de la Constitución al declarar que "la labor de la Comisión de Estudio es inviable" por la similitud entre las conclusiones de la comisión y la declaración de soberanía aprobada el 9 de noviembre de 2015, la cual fue suspendida el 2 de diciembre.[240]

Finalmente, el día 27 fueron avaladas en el pleno del Parlamento por 72 votos a favor (JxSí y la CUP) y once en contra (CSQEP). Sin embargo, el PSC no participó en la votación pero se mantuvo en el pleno, mientras que el PP y Ciudadanos se ausentaron de la cámara.[241]

Movilizaciones independentistas del Once de Septiembre[editar]

El Once de Septiembre de 2016, se realizaron las movilizaciones de independentistas bajo el nombre «A punt», las manifestaciones fueron convocadas por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. A diferencia de otros años, en esta ocasión no existió una manifestación central y unitaria, por el contrario, hubo cinco concentraciones en el mismo número de localidades catalanas: Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt y Berga.[242]​ Los organizadores de la manifestación determinaron que en cada una de las cinco plazas la se dedicara a un eje concreto de una "nueva república": a Barcelona le correspondieron las libertades; Tarragona el progreso; a Lleida el equilibrio territorial; a Salt la justicia social; y a Berga le correspondió ser la ciudad de la cultura.[242]​ La manifestación con un baile de cifras, desde los 292 mil según Sociedad Civil Catalana, pasando por las 350 mil personas según la Delegación del Gobierno Español en Cataluña,[243]​ hasta las 800 mil de acuerdo con las Guardias Urbanas de las respectivas ciudades sede.[244][245]

Cuestión de confianza a Carles Puigdemont y anuncio de convocatoria de Referéndum.[editar]

En junio de 2016, la CUP no apoyó los presupuestos autonómicos de ese año por considerar que no cumplían las medidas establecidas en el acuerdo de investidura logrado con Junts pel Sí en enero,[246]​ este suceso provocó que se comenzara a cuestionar el futuro de la Legislatura y la necesidad de convocar nuevas elecciones, por ese motivo, el Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont anunció que sería sometido a una moción de confianza en el mes de septiembre y que en caso de perderla se disolvería el Parlamento y se convocaría a nuevas elecciones.[247][248]

Al comenzar el ciclo político tras el verano, la CUP anunció que sus diez diputados votarían a favor del Presidente y que esta decisión se desvinculaba de cualquier tipo de negociación sobre un referéndum.[249]​El 28 de septiembre se celebró la votación en el pleno del Parlamento, Puigdemont recibió el apoyo de 72 diputados y el rechazo de los 63 restantes, por lo que pudo continuar en el cargo.[250]

Durante el discurso celebrado durante el debate de investidura, Puigdemont anunció que el Gobierno de Cataluña convocaría a un referéndum vinculante a celebrarse en el mes de septiembre de 2017, el Presidente ofreció al Gobierno Central la posibilidad de una consulta acordada, aunque aseguró que la propuesta seguiría adelante sin tener un acuerdo con Madrid.[251]​ El mandatario catalán anunció además que la responsabilidad de la organización recaerían en el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y en el consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales, Exteriores y de Transparencia, Raül Romeva. [252]

Preparación del referéndum (2016-2017)[editar]

Tras el anuncio de Puigdemont sobre la celebración de un referéndum en septiembre de 2017 se abrió una nueva etapa en el proceso de independencia.

El Parlamento insta al Gobierno a convocar un referéndum (octubre 2016)[editar]

El 6 de octubre de 2016 el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la cual se instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, a más tardar, en septiembre de 2017, además de solicitar que se contara con una pregunta clara con dos opciones de respuesta,[253]​ también se invitó a las autoridades a impulsar el proceso constituyente que se había aprobado en julio.

En ese mismo pleno, la cámara legislativa pidió que la Generalitat comenzara con la preparación de las «estructuras de estado» en materias como gestión tributaria y fiscal, educación o prestaciones sociales,[254]​ pese a que algunas leyes catalanas creadas sobre la materia ya habían sido anuladas por el Constitucional en julio de 2016.

El 14 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la resolución del 6 de octubre de 2016 en donde se instaba al gobierno catalán a celebrar un referéndum además de denunciar ante la Fiscal General del Estado contra Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, y a los miembros de la mesa ejecutiva: Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet por la posible desobediencia a las sentencias emitidas por parte del tribunal.[255]

Preparativos previos al anuncio oficial (septiembre 2016 - junio 2017)[editar]

Después del anuncio y la invitación del Parlamento para celebrar un referéndum se comenzó a especular con la posible fecha de celebración de la consulta, siendo los domingos 17 y 24 de septiembre de 2017 los días que en un principio sonaban con más fuerza.[256]​ Sin embargo, desde la Generalitat y el Parlamento no se mostraron pasos concretos de cara una posible decisión de fecha.

Pacto Nacional por el Referéndum[editar]

El 23 de diciembre de 2016 se creó el Pacto Nacional por el Referéndum, un acuerdo que reúne a instituciones políticas, organizaciones políticas y sociales, cargos electos y personas particulares que sustituyó al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El comité ejecutivo del organismo está encabezado por Joan Ignasi Elena como coordinador, también cuenta con la presencia de Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. El 23 de enero de 2017 la plataforma presentó su manifiesto, objetivos, hoja de ruta y programas de trabajo manteniéndose dentro de la idea de una consulta pactada con el Estado antes de tomar cualquier vía unilateral.[257]

Campaña de difusión oficial[editar]

La Generalidad comenzó a trabajar en una campaña de difusión sobre la celebración del referéndum de independencia en septiembre de 2017. El 24 de enero se celebró en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la conferencia denominada "The Catalan Referendum" la cual contó con las intervenciones de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Al acto asistieron unas 500 personas entre las que se encontraban eurodiputados, diplomáticos y periodistas de diversos medios, sin embargo en el lugar no se presentó ninguna autoridad europea.[258][259][260]

El trabajo de los políticos independentistas fuera de las fronteras de España tuvo su primer éxito institucional el 14 de marzo cuando en el Parlamento del Reino Unido se constituyó un grupo de debate sobre Cataluña y el proceso independentista, bajo el nombre "All-Party Parliamentary Group on Catalonia" (Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre Cataluña).[261]

En mayo se presentó el manifiesto titulado «Let catalans vote» (Dejen votar a los catalanes), un documento en el que una serie de personalidades internacionales expresaron su apoyo a la celebración de un referéndum además de hacer un llamado a las instituciones españolas y catalanas para que trabajen en conjunto para que los ciudadanos catalanes puedan decidir su futuro e iniciar negociaciones basadas en la decisión colectiva de los votantes. Entre los firmantes del primer documento se encuentran personajes como los Premios Nobel Rigoberta Menchú, Desmond Tutu, Ahmed Galai, Adolfo Pérez Esquivel, Dario Fo y Jody Williams. Políticos como Gerry Adams y Piedad Córdoba y artistas como el actor Viggo Mortensen y el escritor Irvine Welsh.[262]​ En julio se sumaron otros personajes reconocidos a nivel internacional como la artista Yoko Ono, los cantautores Peter Gabriel y Silvio Rodríguez o los ex futbolistas Hristo Stoichkov y Éric Cantona.[263]

Anuncio oficial del referéndum (junio de 2017)[editar]

El 9 de junio se oficializó la celebración del Referéndum sobre la independencia de Cataluña en un acto celebrado en conjunto por el Gobierno y los diputados independentistas. El anuncio tuvo como sede el Pati dels Tarongers localizado en el Palacio de la Generalidad de Cataluña, en el evento el Presidente Puigdemont anunció que el referéndum se celebrará el 1 de octubre, en la boleta de votación aparecerá una pregunta con dos respuesta posibles: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí o No», las papeletas serán impresas en catalán, castellano y aranés.[264][265]​ El funcionario destacó también que este referéndum será vinculante al tratarse de un «instrumento avalado por una amplia mayoría política y social» de Cataluña.[266]

Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (agosto - septiembre de 2017)[editar]

El 28 de agosto, la mayoría independentista del Parlament, compuesta por los grupos de Junts pel Sí y la CUP-CC, presentaron en la cámara catalana este proyecto legislativo.[267][268]​ El objetivo principal de este marco legal es el garantizar la seguridad jurídica, la sucesión ordenada entre las administraciones y la continuidad de los servicios públicos, en lo que sería llamado como "proceso de transición" de Cataluña a un estado independiente.[269]​ La ley fue aprobada el 8 de septiembre por 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y el diputado no adscrito Germà Gordó) y 11 abstenciones (de los adscritos al grupo de CSQEP). Los miembros del parlamento pertenecientes a Ciudadanos, el PSC y el PP abandonaron el hemiciclo para no participar en la votación por considerarla ilegal.[270][271]​ La normativa entrará en vigor en caso de una victoria del «Sí» a la independencia en el referéndum del 1 de octubre, cuando se daría por iniciado el proceso de transición nacional.[272]

Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña (6 de septiembre de 2017)[editar]

El 6 de septiembre, los grupos independentistas presentaron la denominada "Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña", es una legislación "que regula la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña con respecto de España, sus consecuencias en función de cuál sea el resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña",[273][274]​ además establece que "el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente, su condición política" y que "el Parlamento de Cataluña actúa como representante de la soberanía del pueblo de Cataluña".[275][276][277]

Esta ley fue aprobada por el Parlamento catalán el mismo 6 de septiembre, tras una sesión de 12 horas que se destacó por un ambiente de crispación, tensiones y enfrentamientos entre los bandos secesionista y unionista,[278][279]​ la propuesta fue aceptada con 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y Germà Gordó) y 11 abstenciones.[280][281]​ Los diputados del bloque unionista (C's, PSC y PP) abandonaron el hemiciclo en señal de protesta, los populares colocaron banderas catalanas y españolas en sus asientos,[282][283]​ las rojigualdas fueron retiradas por la diputada de Podemos, Àngels Martínez, quien fue reprendida por algunos sectores del independentismo como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de su propia formación política, como Pablo Iglesias.[284][285]

El 8 de septiembre, la ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional de manera urgente, además el organismo responsable de la Constitución apercibió a los 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos públicos de la Generalidad recordando que no pueden participar en el referéndum vinculante del 1 de octubre.[286][287]

Campaña del referéndum (septiembre de 2017)[editar]

Según la Generalidad de Cataluña, la campaña del referéndum sobre la independencia de Cataluña se llevará a cabo entre el 15 y el 29 de septiembre de 2017,[288]​ y dará comienzo cuatro días después del Día Nacional de Cataluña, fiesta que motivó el atraso de la celebración de la consulta para evitar que las movilizaciones de ese día fueran consideradas como un acto de campaña en favor del sí.

Celebración del referéndum (1 de octubre de 2017)[editar]

Artículo principal: Referéndum sobre la independencia de Cataluña de 2017

Según la Generalidad de Cataluña, el referéndum sobre la independencia de Cataluña se llevará a cabo el domingo 1 de octubre de 2017.

Estudios y encuestas sobre la independencia[editar]

Anteriores al anuncio del referéndum[editar]

Barómetro de Opinión Pública[editar]

El Barómetro de Opinión Pública de la Generalidad de Cataluña incluye desde 2011 la pregunta «Si mañana se hiciera un referéndum para decidir la independencia de Cataluña, ¿usted qué haría?». La oleada —conjunto de encuestas— más reciente del Barómetro refleja que el 54,7 % de los catalanes votarían sí a la independencia.

Fecha A favor (%) En contra (%) Abstención (%) Otras respuestas (%) No lo sabe(%) No contesta (%) Ref.
1a oleada 2011 42,9 28,2 23,3 0,5 4,4 0,8 [289]
2a oleada 2011 45,4 24,7 23,8 0,6 4,6 1,0 [289]
1a oleada 2012 44,6 24,7 24,2 1,0 4,6 0,9 [289]
2a oleada 2012 51,1 21,1 21,1 1,0 4,7 1,1 [289]
3a oleada 2012 57,0 20,5 14,3 0,6 6,2 1,5 [289]
1a oleada 2013 54,7 20,7 17,0 1,1 5,4 1,0 [290]
2a oleada 2013 55,6 23,4 15,3 0,6 3,8 1,3 [291]
3a oleada 2013 54,7 22,1 15,7 1,3 4,9 1,4 [292]
Fecha A favor (%) En contra (%) Abstención (%) Otras respuestas (%) No lo sabe (%) No contesta (%) Ref.

El mismo Barómetro pregunta a los catalanes «¿Cree que Cataluña habría de ser...?». En la oleada más reciente (primera de 2013) un 46,4 % respondió «un estado independiente», siendo las siguientes opciones con más apoyos «un estado dentro de una España federal» (22,4 %), «una comunidad autónoma de España» (20,7 %) y «una región de España» (4,4 %).[290]

En septiembre de 2013 el diario El País publicó una encuesta en la que un 49% de catalanes afirmaba que votaría "en principio" a favor de la independencia frente a un 36% en contra. Sin embargo, si la independencia implicase que Cataluña quedase excluida de la Unión Europea el no ganaría con un 44% frente a un 41% del sí.[293]

Medios de comunicación[editar]

Fecha Medio Sí (%) No (%) Otras respuestas (%) Ref.
2007/10 El Periódico 33,9 43,9 22,2 [294]
2009/11/02 La Vanguardia 35,0 46,0 19,0 [295]
2009/12 El Periódico 39,0 40,6 20,4 [296]
2010/03/15 La Vanguardia 36,0 44,0 20,0 [297]
2010/05/19 La Vanguardia 37,0 41,0 22,0 [298]
2010/06 El Periódico 48,1 35,3 16,6 [299]
2010/07/17 La Vanguardia 47,0 36,0 17,0 [300]
2010/09/07 La Vanguardia 40,0 45,0 15,0 [301]
2010/09/28 RAC1 48,8 41,4 9,8 [302]
2010/10 Ara 38,5 42,8 18,7 [303]
2011/09 Ara 42,0 37,7 20,3 [304]
2012/01 El Periódico 53,6 32,0 14,4 [305][306]
2012/07 Ara 50,4 23,8 25,8 [307]
2012/09 El Periódico 49,5 48,0 2,5 [308][309]
2012/09 Telecinco 50,9 18,6 30,5 [310]
2012/09/29 La Vanguardia 54,8 33,5 11,7 [311]
2012/10 Ara 51,9 28,3 19,8 [312]
2012/10 El Periódico 57,0 43,0 [313]
2012/10/24 RAC1 53,0 39,4 7,6 [314]
2012/10/28 La Vanguardia 52,8 35,0 12,2 [315]
2012/11 Telecinco 50,9 36,9 12,2 [316]
2013/01 El Periódico 56,9 35,0 8,1 [317]
2013/05 El Periódico 43,8 43,5 12,7 [318]
2012/07 Ara 50,4 23,8 25,8 [319]
2013/09 Cadena Ser 52,3 24,1 23,6 [320]

Sobre el referéndum[editar]

Una vez anunciada la pregunta y la fecha del referéndum, el GESOP fue el primero en realizar un sondeo.

¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo:
¿Quiere que este Estado sea independiente?
Extrapolación voto decidido
Fecha Medio Encuestador Sí (%) No (%) Abstención (%) Ns/Nc (%) Sí (%) No (%) Abstención (%) Ns/Nc (%) Ref. Independencia Sí (%) Independencia No (%)
2013/12/14 El Periódico GESOP 52,3 30,4 17,3 - 84,3 11,1 4,6 - [321] 54,4 44,7
2013/12/14 El Mundo SIGMA DOS 43,0 39,1 9,0 8,9 81,9 15,8 - 2,3 [322] 43,4 56,6
2013/12/15 La Razón NC Report 48,2 32,2 10,7 9,0 83,0 13,9 - 3,1 [323] 50,8 49,4
2013/12/21 La Vanguardia Feedback 56,0 36,6 - 7,4 80,0 15,0 - 4,9 [324] 49,9 50,1
2014/02/06 8tv GESOP 48,1 24,4 - 27,5 84,7 8,0 - 7,3 [325] 59,1 40,1
2014/03/09 El Periódico GESOP 53,4 31,9 - 14,8 86,4 8,3 - 5,4 [326] 56,1 44,1
2014/04/30 CEO - 57,6 19,3 11,1 11,2 81,8 14,9 0,8 2,5 [327] 62,9 37,2
2014/06/25 El Periódico GESOP 53,9 31,9 4,4 9,8 86,7 7,4 - 5,8 [328] 56,5 43,4
2014/07/19 El País Metroscopia 53,0 35,0 - 12,0 84,9 15,1 - - [329] 51,1 48,9
2014/08/08 La Razón NC Report 49,3 35,9 - 14,8 80,5 15,9 - 3,6 [330] 47,6 52,4
2014/09/01 El Mundo SIGMA DOS 41,3 39,5 - 19,2 82,3 17,7 - - [331] 42,1 57,9
2014/10/30 8tv GESOP 46,2 38,0 - 15,8 100,0[nota 1] 0,0 - - [332] 54,9 45,1
2014/10/31 CEO - 64,2 19,7 6,9 9,3 76,9 19,6 0,6 2,8 [333] 60,2 39,8

Posiciones respecto a la «consulta» y a la independencia de Cataluña[editar]

Aquí se detalla la posición de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, así como la de otros Estados, en las fechas previas a la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como las del Referéndum del 1 de octubre de 2017.

Posición de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña[editar]

Partido político Referéndum sobre la independencia Independencia de Catalunya Declaración unilateral de Independencia Diputados en el Parlamento de Catalunya (2015)
JxSí No 62
C's No No No 25
PSC No No No 16
CSQP No/Sí * No/Sí No 13
PPC No No No 11
CUP 10
*Aunque en el programa electoral de las Elecciones de 2015 apostaban por un referéndum, algunos representantes del partido se han manifestado en contra de la celebración del referéndum del 1 de octubre propuesto por el Gobieno de la Generalidad.[334][335][336]

Posición de los partidos políticos parlamentarios de España[editar]

Partido político Referéndum sobre la independencia Independencia de Catalunya Declaración unilateral de Independencia Diputados en el Congreso (elecciones 2016)
PP No No No 137
PSOE No No No 85
Unidos Podemos No No 45
C's No No No 32
En Comú Podem No No 12
Compromís-Podemos-EUPV: A la Valenciana No No 9
ERC-CAT SÍ No 9
CDC No 8
En Marea No No 5
EAJ-PNV No 5
EH Bildu (en Euskal Herria) 2
CCa-PNC No No 1

Posición de los grupos parlamentarios europeos (Parlamento Europeo)[editar]

Grupo Político Referéndum sobre la independencia Reconocimiento en caso de independencia de Cataluña Reconocimiento en caso de una Declaración unilateral de Independencia Diputados en el Parlamento Europeo (elecciones 22-25M)
PPE ? No* No* 216
S&D ? No No 190
CRE[337] No/Sí *̈* No/Sí *̈* ? *̈* 75
ALDE[338] No/Sí *̈*̈* No/Sí *̈*̈* No*̈*̈* 70
IUN-IVN *̈*̈*̈* No No 52
Verdes/ALE[339] *̈*̈*̈** *̈*̈*̈** ? 50
ELDD ? *̈*̈*̈*** No/Sí *̈*̈*̈*** No 45
ENL[340] No No No 38
* La Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera se negó a votar contra la legalidad de los processos de independència.[341]

* Franz Schausberger, ex presidente regional de Salzburgo y dirigente veterano del Partido Popular Europeo dijo que«la independencia de Cataluña sería inevitable».[342]
*̈* El partido independentista flamenco forma parte de los Conservadores y Reformistas Europeos.[337]
*̈*̈* Partidos claramente a favor de la independencia de Cataluña como lo era Convergència Democràtica de Catalunya y partidos claramente en contra como lo es Ciudadanos. Ningún partido está a favor de una declaración unilateral de independencia.[338]
*̈*̈*̈* Partidos favorables a la consulta (Izquierda Unida y Esquerra Unida i Alternativa).[343]
*̈*̈*̈** Esquerra Republicana de Catalunya forma parte del partido, así como el Partido Nacional Escocés entre otros. ALEː partido Europeo que defiende el derecho a la autodeterminación.[339]
*̈*̈*̈***Partidos independentistas (Liga Norte) y partidos contrarios a la independencia (Plataforma per Catalunya).

Posición del Gobierno español[editar]

La vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó ya en octubre de 2012 la oposición a cualquier posibilidad de consulta convocada por una comunidad autónoma. Arguyó que el artículo 92 de la Constitución establece que la competencia exclusiva para convocar referendos consultivos la tiene el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, con previa autorización del Congreso de los Diputados. Igualmente invocó el artículo 149.1.32 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». El Gobierno recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, que considera que el referéndum es un procedimiento excepcional que está limitado a los casos previstos expresamente en la Constitución y que no existen consultas populares distintas de aquél.[67]

Posición de organizaciones supranacionales[editar]

  • Bandera de Unión Europea Unión Europea:
    • Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea: A finales de diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas dirigió una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y a los jefes de gobierno de la Unión Europea, junto con un memorando dirigido a los responsables de exteriores de 45 países de todo el mundo buscando la internacionalización del proceso soberanista. En su misiva a los líderes europeos Artur Mas expresaba su confianza en el apoyo que los destinatarios podían aportar a la consulta con la que «el pueblo catalán está plenamente comprometido», además de reafirmar la voluntad de los catalanes de permanecer en la UE y en la zona euro.[344]​ En la única respuesta que ha trascendido, la Unión Europea mantuvo que las cuestiones planteadas en el escrito del presidente de la Generalidad constituyen un asunto interno español: «No es el papel de la Comisión Europea dar opiniones sobre los eventos políticos que están aconteciendo. La organización de un referendo es un asunto que pertenece al debate nacional español». Durão Barroso recordó, además, que los tratados europeos dejarían de ser de aplicación en Cataluña.[345]​ En unas declaraciones efectuadas en España reiteró textualmente que «Si hay un territorio de un país que vaya a salir de ese país, claro que es otro Estado y ahí tendría que pedir la adhesión, si quiere, a la UE, y los otros países tendrían que aceptarlo para ser miembro».[346]
    • Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo: «Un nuevo estado independiente, por el hecho de ser independiente, se convertiría en un tercer país con respecto a la Unión [Europea] y los tratados [europeos] no se aplicarían en su territorio a partir del día de su independencia.»[347]
    • Pia Ahrenkilde, portavoz de la Comisión Europea: «Un Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión y desde el momento de la independencia no se aplicarían los Tratados en su territorio.»[348][349]
    • Joaquín Almunia, Comisario europeo de Competencia: «La parte segregada no es miembro de la UE.»[350]
  • Bandera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN: Oana Lungescu, portavoz de la OTAN, ante las preguntas de los periodistas que en la «hipotética» situación de independencia de Cataluña y Escocia, respondió que estas podrían quedar fuera de la OTAN debido a que «En general para que cualquier nación se incorpore a la Alianza necesitaría obtener el consenso de todos los aliados de la OTAN».[351]
  • Bandera de las Naciones Unidas ONU. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU declaró, ante la pregunta de un periodista sobre los procesos de autodeterminación de Cataluña y Escocia durante una visita a Andorra, que «Todos los asuntos pendientes entre países se deben resolver por medios pacíficos y por la vía del diálogo, respetando las aspiraciones genuinas de la gente que está afectada».[352]​ Posteriormente, en otra entrevista, declaró que «Cataluña no está incluida entre los territorios sin autogobierno con derecho de autodeterminación».[353]

Posición de Estados[editar]

  • Bandera de Alemania Alemania. Angela Merkel, canciller de Alemania, declaró el 18 de julio de 2014 que está «a favor de la integridad territorial de todos los Estados» europeos, que comparte «la opinión del Gobierno español» sobre el proyecto de referéndum de Cataluña y que «no me involucraré en asuntos nacionales españoles».[354]
  • Bandera de Reino Unido Reino Unido. David Cameron, primer ministro del Reino Unido afirmó el 12 de junio de 2013: «No se pueden ignorar las cuestiones de nacionalidad, independencia e identidad; hay que dejar que la gente decida»,[355]​ aunque añadiendo a continuación: «Pero nunca querría decir a la gente de España cómo hacer frente a sus propios retos. Esto lo tienen que decidir el Gobierno español y el presidente español.»[356]​ Posteriormente, en noviembre del mismo año, Cameron declaró junto a Mariano Rajoy que toda región que se independizase de un estado miembro de la Unión Europea se vería inmediatamente excluida de la Unión, en referencia a Escocia y Cataluña.[357]
  • Bandera de Francia Francia. François Hollande, presidente de la República Francesa, al ser preguntado el 26 de noviembre de 2013 sobre la posible independencia de Cataluña, afirmó: «Cataluña es una región de España, y por tanto [la relación entre España y Cataluña], es un tema interno de España. Es competencia de su soberanía en exclusiva. No tengo nada más que comentar al respecto.»[358][359][360]
  • Bandera de Estados Unidos Estados Unidos. Caitlin Hayden, portavoz en materia de seguridad y política exterior del gobierno de los Estados Unidos, en respuesta a una petición a la web de la Casa Blanca con más de 30 000 firmas dijo: «Los Estados Unidos reconocen la singularidad cultural y las tradiciones catalanas, pero considera que el estatus de Cataluña es un asunto interno español», y añadió que su gobierno está seguro «de que el gobierno y el pueblo español resolverán la cuestión conforme a sus leyes y a la Constitución».[361][362]
  • Bandera de Letonia Letonia. Valdis Dombrovskis, primer ministro de Letonia: «Si hay una clara voluntad del pueblo y una clara demanda de un referéndum, vale absolutamente la pena prestarle atención y mirar opciones sobre cómo abordar el tema».[363]​ Posteriorme, se dio a conocer que, según un informe policial, Dombrovskis habría cobrado seis millones de euros a cambio de apoyar públicamente el proceso soberanista de Cataluña, apuntando que parte de dicho dinero procedería de cuentas ocultas de la familia de Jordi Pujol con dinero negro en Panamá.[364]
  • Bandera de Lituania Lituania. Algirdas Butkevičius, primer ministro de Lituania: «Cada país tiene que encontrar su propio camino y tiene derecho a la autodeterminación».[365]​ Posteriormente, a raíz de una queja emitida por el Gobierno español y la reunión del ministro español de Asuntos exteriores y la embajadora lituana Audra Plepyté, el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano lamentó «la interpretación tendenciosa y errónea» a las palabras del primer ministro lituano.[366]​También añadía «no se puede comparar la ocupación soviética de los países bálticos con la situación en España.»[367]
  • Bandera de Andorra Andorra. Antoni Martí Petit, Jefe del Gobierno de Andorra: «No puedo concebir que no exista la posibilidad de que alguien pueda votar sobre su futuro», «No me pronunciaré sobre el resultado de la consulta, eso concierne exclusivamente a los catalanes».[368]

Posición de otros partidos y políticos[editar]

  • Internacional Liberal, organización de la que forma parte Convergència Democràtica de Catalunya. Hans van Baalen (holandés, presidente de la formación): «El gobierno español debería tomar ejemplo del británico y permitir una consulta a Cataluña».[369]
  • Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, partido político europeo del que forma parte CDC. Graham Watson (británico, presidente del partido): «Yo creo en la democracia. Los catalanes han de tener el derecho a decidir. Así es la democracia».[370]
  • Partido Popular Europeo, partido político europeo del que forman parte el PP y Unió Democràtica de Catalunya.
    • Antonio López-Istúriz (español, secretario general), calificó de «insolidario y egoísta» al movimiento independentista catalán y advirtió de que «cualquiera que lleve la secesión en su programa o en su acción de Gobierno debe saber que está condenado al aislamiento político y económico en Europa».[371]
    • Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, eurodiputada: «Europa nunca ha cerrado las puertas a una Cataluña independiente», «Cataluña reúne todos los factores para, en caso de pedir su ingreso a la Unión Europea, este sea muy rápido», «Europa respectará el resultado de los referéndums escocés y catalán porque no puede ir contra la voluntad de los pueblos»[372]
  • Eduard Kukan (exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia): «La voluntad de la gente, al final, prevalecerá si se comportan con responsabilidad política y piden sus derechos»[373]
  • Stéphane Dion exministro canadiense de Asuntos Intergubernamentales: «En Canadá es muy probable que esta pregunta [un referéndum con dos preguntas] fuese considerada un intento de manipular a los electores, porque no sería considerada clara.»[374]
  • Alistair Carmichael, Secretario de Estado para Escocia —un territorio próximo en la fecha a celebrar su propio referéndum— del Reino Unido afirmó el 19 de noviembre de 2013 que mientras que la decisión sobre la independencia de Escocia sería tomada por los escoceses, debido a «claras diferencias constitucionales» la decisión sobre la independencia de Cataluña «debería ser tomada a nivel estatal».[375]
  • Alex Salmond, primer ministro de Escocia y líder independentista afirmó que la diferencia clave entre el referéndum de independencia de Escocia y el proyecto de reférendum catalán es que el escocés es "un referéndum consentido, un acuerdo constitucional entre el Gobierno en Londres y el Gobierno en Escocia".[376]
  • Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, ante las preguntas de los periodistas acerca del derecho a decidir de Cataluña respondió que «No solo acepto el derecho a decidir, también lo fomento» y sobre si Cataluña necesitaba pedir permiso al gobierno central para realizar el referéndum respondió «No hace falta pedir permiso para que se autorice» y aconsejó que Cataluña «vaya directamente a organismos internacionales y que en Madrid piensen lo que quieran», aunque también señaló que en su opinión la ONU no reconocería hoy por hoy un estado catalán independiente.[377]

Véase también[editar]

Notas[editar]

  1. Esta encuesta recoge únicamente una pregunta: "¿Usted quiere que Cataluña sea un estado independiente?".

Referencias[editar]

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  98. La ANC ha entregado este lunes al Parlament "casi 750.000 instancias" invocando el derecho de petición
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Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]