Caso 3%

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El denominado caso del 3% es un escándalo de corrupción política que apunta al cobro de comisiones ilegales en un porcentaje de alrededor del 3% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por parte del gobierno de la Generalidad de Cataluña por parte de Convergència i Unió, que mencionó por primera vez el entonces presidente de la Generalidad Pasqual Maragall en 2005, y que finalmente fue archivado. Posteriormente el caso fue reabierto y desde al menos el 2015 se encuentra en fase de investigación en los juzgados

Denuncia pública en 2005[editar]

Este caso se hizo público el 24 de febrero de 2005 en un pleno del parlamento de Cataluña a consecuencia del derrumbamiento causado por las obras del metro en el barrio del Carmel de Barcelona. El entonces presidente desde hace 2 años Pasqual Maragall se defendió de las acusaciones de Convergència i Unió y afirmó que este partido tenía "un problema denominado 3%",[1]​ en alusión al rumor basado en un editorial de El Periódico que decía que la formación de Artur Mas había cobrado comisiones por la adjudicación de obras cuando dirigía la Generalitat. Mas amenazó de dejar a solas el gobierno del tripartito en la reforma del Estatuto, cosa que habría impedido llevarla adelante, e interpuso una querella contra el presidente por calumnias. Por este motivo, Maragall se tuvo que retractar de todo el que había dicho y Más, por su parte, retiró la querella.

El 16 de diciembre del 2005,[2]​ a raíz de las declaraciones el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, abrió una investigación y diligencias sobre Adigsa —la empresa pública de la Generalidad de Cataluña que rehabilita viviendas sociales.

En épocas recientes Josep Lluís Carod-Rovira líder de Esquerra Republicana había previamente mencionado el tema.[3]

Comisión parlamentaria en 2005[editar]

Se constituyó una comisión parlamentaria para estudiar las acusaciones de Maragall, que el 25 de mayo del 2005 entregó sus conclusiones. De acuerdo con estas, no se pudo acreditar el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas, pero se instaba la implantación de mecanismos que favorecieran la claridad en las cuentas de los partidos políticos, como la eliminación de las donaciones anónimas.

2015[editar]

  • (11/11/2015) CDC paga 250.000 euros en un cheque para que su tesorero salga de la cárcel: La Audiencia de Tarragona deja en libertad a Andreu Viloca al no ver riesgo de destrucción de pruebas sobre posibles comisiones ilegales.
  • (10/11/2015) La Fiscalía Anticorrupción pide mantener la prisión para Viloca: Consideran que la libertad del tesorero de CDC podría poner en riesgo la instrucción del caso por el presunto pago de comisiones ilegales.
  • (5/11/2015) El juez de El Vendrell analiza la documentación del último maletín atribuido a Rosell: La defensa del director de Infraestructures insiste en que la documentación es intrascendente y que solicitará levantar el secreto de sumario.
  • (29/10/2015) La Generalitat aparta temporalmente a Rosell de sus funciones en Infraestructures: El juez del Vendrell continúa con el análisis de la documentación de los maletines del director general imputado por el 'caso 3%'.

2016[editar]

  • 25/2/2016: El Govern destituye ahora al cargo de Infraestructures imputado en el 'caso 3%': Josep Antoni Rosell fue recolocado en diciembre por el Ejecutivo en funciones de Mas.
  • (22/2/2016) La fiscalía reclama cuatro años y medio al exalcalde de Torredembarra (Tarragona) por malversación: El juez acuerda la apertura del juicio oral para el edil y 13 personas más.
  • (15/2/2016) Los que tiraron de la manta: Nos, Gürtel, Pujol, Palau, ERE... Los perfiles de quienes destaparon los casos de corrupción más sonados van desde los que quieren reducir su condena hasta quienes actuaron por honradez.
  • (12/2/2016) El juez afirma que Jordi Pujol i Ferrusola gestiona "todo el patrimonio de la familia": El magistrado retira el pasaporte al primogémito del 'expresident'.
  • (11/2/2016) La oposición pide explicaciones a Junqueras por la reubicación de un imputado por corrupción: Economía argumenta que la decisión la tomó el Govern en funciones de CDC y que, al ser funcionario, echarle sería un despido improcedente.
  • (10/2/2016) El Govern en funciones reubicó a un imputado por el 3%: Infraestructures.cat (exGISA) recolocó a Joan Antoni Rosell.
  • (19/1/2016) Òmnium asegura que las donaciones que recibió eran legales: CDC señala que las aportaciones a sus fundaciones eran "legales, auditadas, públicas y transparentes".
  • (18/1/2016) Dos constructoras hicieron donaciones a la fundación de CDC hasta el 2015: Los importes fueron pagados por Copisa y el Grupo Soler meses antes del registro en la sede del partido.

2017[editar]

En julio de 2017 el juez Carlos Ramos y el fiscal anticorrupción José Grinda autorizaron que agentes del instituto armado y el fiscal acudieran al Parlamento de Cataluña, a la Conselleria de Justicia, al Palau de la Generalidad y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en busca de pruebas contra del diputado Germà Gordó[5]​ investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por tráfico de influencias, soborno y malversación de fondos públicos.[6]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]