Historia del catalanismo político

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda

La historia del catalanismo político o del nacionalismo catalán comienza en los primeros años de la Restauración borbónica en España tras el fracaso de la experiencia federal de la Primera República, aunque los orígenes del catalanismo político se remontan a la primera mitad del siglo XIX con el crecimiento de la oposición al modelo centralista del Estado liberal y con el desarrollo del movimiento de la Renaixença.

Su afirmación como alternativa política tiene lugar en el contexto de la conmoción provocada por el «desastre del 98» en el que el protagonismo corresponde al nacionalismo conservador representado por la Lliga Regionalista. Su irrupción en la escena política española se produce en 1907 con motivo del resonante triunfo electoral de las candidaturas de Solidaridad Catalana, coalición formada como rechazo a la Ley de Jurisdicciones y a la impunidad en que quedaron los militares responsables de los Hechos del ¡Cu-Cut!. El primer fruto de la presión catalanista sobre los gobiernos del turno fue la creación en 1914 de la Mancomunidad de Cataluña, presidida por Enric Prat de la Riba pero la campaña autonomista catalana de 1918-1919 no consiguió su objetivo.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) aplicó una dura política anticatalanista que paradójicamente provocó el efecto contrario del que perseguía. En septiembre de 1932 las Cortes de la Segunda República Española aprobaban el tan ansiado Estatuto de Autonomía, que estuvo vigente hasta la ocupación de Cataluña por las tropas franquistas al final de la Guerra Civil Española. Durante la Dictadura del general Franco el catalanismo y todos los signos diferenciales, incluido el uso del catalán, fueron duramente reprimidos, aunque en los últimos años el catalanismo logró rehacerse, como se demostró durante la transición democrática en la que el lema de la Asamblea de Cataluña, Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomía logró un amplio respaldo popular.

En 1979 se aprobaba el nuevo Estatuto de Autonomía y al año siguiente se celebraban las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña, que fueron ganadas por la coalición Convergència i Unió encabezada por Jordi Pujol, que ostentaría la presidencia de la Generalidad de Cataluña durante los veintitrés años siguientes. Las elecciones de 2003 abrieron una nueva etapa con la formación del gobierno tripartito presidido por Pasqual Maragall, del Partit dels Socialistes de Catalunya, y cuyo objetivo principal era la reforma del Estatuto. En 2006 las Cortes aprobaban el nuevo estatuto con importantes recortes sobre el proyecto inicial aprobado el año anterior por el Parlament, lo que llevó a Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los socios del tripartit, a propugnar el 'NO' en el referéndum que lo ratificó. En junio de 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional que significó un duro golpe para las aspiraciones del nacionalismo catalán. Como rechazo a la misma se produjo un incremento espectacular del independentismo catalán que llevó al gobierno de la Generalidad presidida por Artur Mas, líder de CiU tras la retirada de Jordi Pujol, a aprobar la celebración de una «consulta» sobre el «derecho a decidir» prevista para el 9 de noviembre de 2014.

Índice

Los orígenes del catalanismo político (1808-1875)[editar]

La doble identidad catalana y española y la oposición al modelo centralista y uniformista del Estado Liberal[editar]

Primera página del primer número de Lo verdader catalá, el primer periódico escrito íntegramente en catalán. El grabado en el que aparece un catalán vestido con el traje tradicional junto a las cuatro barras está acompañado del siguiente pie en catalán: Por tierra observa el catalán con amargura/su industria, su comercio y agricultura.

En Cataluña comienza a fraguarse un «sentimiento de identidad española» durante la guerra antinapoleónica, cuando los catalanes «por primera vez compartieron con los otros españoles un enemigo común». Sin embargo, se mantuvo la «férrea oposición a cualquier tentativa de identificación con Castilla en lengua y leyes», ya que a lo largo del siglo XVIII se había mantenido la reivindicación de las instituciones y leyes propias del Principado de Cataluña abolidas por el decreto de Nueva Planta de Cataluña de 1714, así como el uso de la lengua propia, incluso en ciertos niveles administrativos y académicos, como lo prueba la reiteración de decretos exigiendo el uso exclusivo del castellano.[1]

En el opúsculo propagandístico Centinela contra franceses publicado poco después de la batalla de Bailén de julio de 1808, el barcelonés Antonio de Capmany, que luego sería diputado en las Cortes de Cádiz, alababa la existencia en España de una diversidad de la que adolecía Francia, donde «no hay provincias ni naciones», y que había servido para resistir al invasor napoleónico, aunque consideraba el catalán «idioma antiguo provincial muerto para la república de las letras»:[2]

¿Qué sería ya de los Españoles si no hubiese habido Aragoneses, Valencianos, Murcianos, Andaluces, Asturianos, Gallegos, Extremeños, Catalanes, Castellanos, etc.? Cada uno de esos nombres inflama y envanece, y de esas pequeñas naciones se compone la masa de la gran Nación, que no conocía nuestro conquistador.

Durante el complejo proceso de construcción del Estado liberal en España sus partidarios en Cataluña se preocuparon en destacar la continuidad de las antiguas libertades catalanas con el nuevo régimen constitucional, para de esa forma «favorecer la plena integración de Cataluña a la España liberal», pero también para «consolidar el sentimiento de catalanidad».[3]

A raíz de la convocatoria de las Cortes de Cádiz, la Junta Superior del Principado de Cataluña formada en 1808 tras el rechazo a las abdicaciones de Bayona, redactó una «Exposición de las principales ideas que... cree conveniente manifestar a los señores Diputados de la Provincia que en representación de la misma pasan al Congreso de las próximas Cortes» en la que se decía:[4]

Que aunque desde luego deben reconocerse las ventajas políticas que resultarían de uniformar la Legislación y los derechos de todas las Provincias de la Monarquía para que no quede esta después de la actual crisis hecha un cuerpo compuesto de partes eterogéneas; con todo quando no pensase así la pluralidad, o quando insuperables obstáculos se opusiesen a la realización de esta medida saludable, en tal caso debe Cataluña no solo conservar sus fueros y privilegios, sino recobrar los privilegios de que disfrutó Cataluña en el tiempo que ocupó el trono español la augusta Casa de Austria.

En 1820, al principio del Trienio Liberal, la Diputación Provincial de Cataluña se declaraba sucesora del «espíritu que animaba a nuestros mayores» para «mantener su libertad civil», pues «la historia nos recuerda… su sabio gobierno, su representación por medio de sus Diputados, su adhesión a las leyes establecidas por sí mismos». También se establecieron paralelismos entre la Constitución de 1812 y la antigua legislación catalana pues ambas, como dijo el diputado Vila en noviembre de 1836, habían sido arrebatadas por una «fuerza extranjera», en las dos ocasiones francesa, la primera en 1714 y la segunda en 1823.[3]

Víctor Balaguer, uno de los escritores principales de la Renaixença, impulsor del periódico La Corona de Aragón.

La consecuencia de todo ello fue la formación de una doble identidad catalana y española, un doble patriotismo que se podría resumir en la frase «España es la nación, Cataluña es la patria».[5]​ Esta dualidad de sentimientos se manifestaba por ejemplo en la primera revista escrita en catalán, Lo verdader catalá (1843), que preconizaba el mantenimiento de la personalidad catalana junto con la unidad material y espiritual de España. Y al mismo tiempo se criticaba el modelo centralista de Estado que estaba construyendo el Partido Moderado, en el poder durante la mayor parte del reinado de Isabel II.[6]​ El liberal progresista Tomás Bertran i Soler llegó a proponer que el gobierno de Isabel II otorgara «al pueblo catalán su antigua constitución», «conforme hizo con los vascos».[7]

En 1851 J.B. Guardiola defendió la descentralización como mejor garantía de la unidad de España, pues ésta constituía no «una sola nación, sino un conjunto de naciones». Tres años después tras el triunfo de la Vicalvarada, nacía el periódico impulsado por Víctor Balaguer La Corona de Aragón en el que se reivindicaba también la descentralización y cuyo título, según un editorial, era «el guante que arrojamos a los déspotas y a los tiranos que, ya sea desde un trono ya desde una silla ministerial, pretenden esclavizarnos». Para el periódico, que llegó a ser acusado de ser una «bandera de independencia», se defendía que «España es un conjunto de varios reinos» por la raza, la lengua y la historia. En 1855 J. Illas Vidal se lamentaba en su opúsculo Cataluña en España de «que las que fueron dos nacionalidades distintas, no hayan sido unidas por el tiempo y la justicia», una queja que compartía J. Mañé y Flaquer, «el más influyente ideólogo de la burguesía catalana conservadora», cuando destacaba la ausencia de «aquella comunidad de sentimientos y aspiraciones que debieran alentar pueblos hermanos», y que atribuía al uniformismo castellanizador de los Gobiernos isabelinos. En 1860 varios diputados catalanes de la Unión Liberal encabezados por Manuel Duran y Bas presentaron en las Cortes una propuesta de descentralización de España, atendiendo a la «aspiración universal y legítima del país», pero no fue apoyada por el gobierno de Leopoldo O'Donnell y fue rechazada. Ese mismo año se publicaba el libro de Joan Cortada Cataluña y los catalanes, en el que se diferenciaba a los catalanes de «los demás españoles», pero a los que consideraba «como hermanos» por lo que proponía la construcción de una España sólida y cohesionada. También se constataba la existencia de un sector de catalanes que «con exagerado celo patriótico pretenden renovar épocas y administraciones antiguas en consonancia con el espíritu altamente libre de los habitantes del principado».[6]​ También en 1860 Antoni de Bofarrull escribía:[8]

España, como he defendido en otras ocasiones, no es una nación, y sí un conjunto de nacionalidades, cada una de las cuales tiene su historia y gloria particular, que las demás no conocen, originándose de esta ignorancia que solo prepondere y se tenga por buena y capaz la que ha tenido medios para absorber toda la importancia.

La Renaixença y el «catalanismo popular»[editar]

Número del 24 de agosto de 1833 del periódico El Vapor donde apareció publicada la Oda a la Patria de Bonaventura Carles Aribau que inició la Renaixença.

La Renaixença fue un movimiento cultural que pretendía dignificar la lengua catalana, restituyéndole su espacio culto, ya que en la literatura popular no había desaparecido. Su inicio se ha situado tradicionalmente en agosto de 1833 cuando se produjo la publicación de la Oda a la Patria de Bonaventura Carles Aribau en el diario El Vapor, a la que siguieron los 27 poemas en catalán de Joaquim Rubió i Ors que publicó en el Diario de Barcelona a partir de 1839 y que fueron reunidos en el libro titulado Lo Gayter del Llobregat, el seudónimo del autor, quien en la introducción exponía su programa literario, basado en el amor a «las cosas de sa patria» y en la reivindicación del idioma que «desgraciadament se pert dia a dia» y del que algunos se avergüenzan de que se les «sorprengue parlant en catalá». Rubió i Ors también decía (en catalán):[9]

Cataluña puede aspirar todavía a la independencia; no a la política, pues pesa muy poco en comparación con el resto de las naciones, que pueden poner en el plato de la balanza, además del volumen de su historia, ejércitos de muchos miles de hombres y escuadras de cientos de navíos; pero sí a la literaria, hasta la que no se extiende la política del equilibrio.

El interés del movimiento se centró en la literatura, y dentro de ella en la poesía, por lo que se considera como uno de sus hitos la celebración de los primeros Jocs Florals en 1859 organizados por el Ayuntamiento de Barcelona —aunque tuvo un antecedente en 1841 con el certamen poético convocado por la Academia de Buenas Letras, en el que resultaron premiados un poema de Rubió i Ors sobre los almogávares y una memoria histórica de Braulio Foz sobre el compromiso de Caspe—.[10]​ Los Jocs con sus tres premios ordinarios —a la fe, la patria y el amor— fomentaron los poemas de exaltación historicista y los tres discursos rituales —del presidente, el secretario y uno de los mantenedores— se convirtieron en «una cátedra de regionalismo», según se dijo tiempo después, que atraían a un público numeroso y variado. Así, «los Jocs avivaron el sentimiento de catalanidad, mientras proclamaban la españolidad de Cataluña».[11]

Sin embargo, como denunció a principios del siglo XX el líder nacionalista catalán Enric Prat de la Riba, los que impulsaban los Jocs Florals, «lloraban los males de la lengua catalana y en su casa hablaban en castellano; enviaban a los Juegos Florales hermosas composiciones llorando trágicamente los males de Cataluña, y fuera del redil de los Juegos ya no se acordaban de Cataluña y se asociaban con sus enemigos». Proponían la huida hacia un pasado idealizado en un momento de grandes cambios economícos y sociales, ya que, a excepción del liberal progresista Víctor Balaguer —aunque su primera poesía en catalán la dedicó A la Verge de Montserrat—, la mayor parte de los integrantes de la primera Renaixença fueron afines al moderantismo. Rubió i Ors, por ejemplo, fue mucho más conocido en España por obras integristas como El libro de las niñas (1845) o Manual de elocuencia sagrada (1852) y en el discurso que pronunció ante la reina Isabel II con motivo de la apertura del curso 1861-1862 de la Universidad de Barcelona, defendió que «las universidades, manteniéndose católicas, sean en España las encargadas de impedir que el error se derrame por nuestro suelo». También fue muy conservador y clerical, Antoni de Bofarull, autor del primer folletín en catalán L'orfeneta de Menargues o Catalunya agonisant (1862).[12]

Cuadro histórico de Claudio Lorenzale (1843-1844) que representa la leyenda de las cuatro barras de sangre del escudo del condado de Barcelona.

Al mismo tiempo que se desarrollaba la Renaixença, y en conexión con ella, se produjo el resurgimiento de la historiografía catalana, que arranca en 1836 con la publicación de las Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de escritores catalanes, de Félix Torres Amat —«la primera historia indirecta de la literatura catalana»— y Los condes de Barcelona vindicados, de Próspero de Bofarull y Mascaró —«una historia a la vez crítica y laudatoria de los primeros condes-reyes»—, a las que siguieron tres años después Recuerdos y bellezas de España de Pablo Piferrer, que en palabras de su autor relata con pasión «las felices épocas de los Raimundos y los Jaimes» y elogia a todos los que fueron «el sostén de las libertades de su patria, que nunca consintieron que fuesen holladas por mano de Rey», por lo que esta obra es considerada como la primera «en dibujar las grandes líneas de la historia nacional de Cataluña», en palabras de Josep Fontana, quien además señala que en ella se esboza «el cuadro esencial de los hechos que hoy conmemoramos como los hitos de la nacionalidad, incluyendo el 11 de septiembre».[13]

Entre los continuadores de estas obras pioneras destacaron Víctor Balaguer, con Bellezas de la historia de Cataluña (1853) e Historia de Cataluña y de la corona de Aragón (1860) —cuyo propósito según el autor era reivindicar para España «un único, sí, unido, pero confederado», y Antonio Bofarull, quien además de editar las grandes crónicas medievales catalanas inició en 1876 la Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña. El historiador Jaume Vicens Vives señaló en el siglo siguiente que la obra de Balaguer proporcionaba argumentos a los poetas patrióticos y la de Bofarull a los juristas y a los políticos.[14]

En 1863 el Ayuntamiento de Barcelona encargó a Víctor Balaguer que propusiera los nombres de las calles del nuevo Ensanche de la ciudad. Este hizo un compendio del imaginario catalanista y español, recurriendo a las antiguas instituciones y dominios para las vías norte-sur (Gran Vía de las Cortes Catalanas, Diputación del General, Consejo de Ciento, etc.) y a las batallas, literatos y héroes para las de este-oeste (Balmes, Aribau, Muntaner, Roger de Lauria, Pau Claris, Rafael de Casanova, Berenguer de Entenza, Antonio de Villarroel, etc.).[15]

Víctor Balaguer pronunció el discurso inaugural de los Jocs Florals de mayo de 1868, celebrados unos meses antes de la Revolución Gloriosa que pondría fin al reinado de Isabel II y en la que Balaguer participó activamente —fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes de 1869—. En él dijo que «España es una gran nación compuesta de varias nacionalidades», «que la lengua castellana es solo la de nuestros labios, mientras que la catalana es la de nuestro corazón» y que su cultivo literario «es una obra regeneradora, y todo ha de ser para mayor esplendor y gloria de España, que así como es más rica una familia que tiene dos patrimonios, así ha de ser más rica una nación que tiene dos literaturas».[16]

La corriente democrático-republicana que se desarrolló en Cataluña a la izquierda del progresismo utilizó el catalán para su difusión porque esa era la lengua de los sectores populares que le daban apoyo. Pero el idioma que utilizaba estaba muy alejado del catalán culto y arcaizante de los Juegos Florales, defendiendo en su lugar el català que ara es parla ('el catalán que ahora se habla'). Entre los críticos del catalán consagrado por los Jocs Florals destacó Frederic Soler (Serafí Pitarra), cuya primera obra teatral Don Jaume el Conqueridor (1856) fue una sátira de trazo muy grueso de la venerada figura del rey Jaime I de Aragón y que por ello sólo se representó en privado. Le siguieron otras que sí se escenificaron en teatros como La Esquella de la Torratxa (1860), que daría nombre a un semanario satírico posterior, y Lo castell dels Tres Dragons.[17]

El Sexenio Democrático: el fracaso del federalismo[editar]

La revista La Renaixença fundada en 1871 se convirtió en diario en 1881. En la cabecera aparecía el escudo de Cataluña con el ave Fénix.

En Cataluña tras el triunfo de la Revolución Gloriosa de 1868 se quemaron símbolos y retratos borbónicos, se ensalzó a los héroes de 1714 y se llegó a pedir la restitución de las leyes e instituciones propias abolidas por el decreto de Nueva Planta de Cataluña, pues, como dijo la revista literaria Lo Gay Saber había llegado «la hora de regenerar a Cataluña» porque «en nombre de la libertad no se puede consentir que se continúe privándonos de la libertades rasgadas por las bayonetas del verdugo de Cataluña», en referencia a Felipe V. Asimismo se denunció la castellanización que se traducía en «tantos y tantos bastonazos, con los que moralmente y a todas horas se intenta herir nuestra dignidad de catalanes-españoles».[18]

Aunque hubo monárquicos que, como Víctor Balaguer, defendieron la «federación monárquica», fueron los republicanos los que apoyaron la solución federal. Así los representantes del Partido Republicano Democrático Federal de Cataluña, Valencia, Aragón y Baleares firmaron el 18 de mayo de 1869 el Pacto Federal de Tortosa, en cuyo artículo 1º se decía:[19]

Los ciudadanos aquí reunidos convienen que las tres antiguas provincias de Aragón, Cataluña y Valencia, incluidas las Islas Baleares, estén unidas y aliadas para todo lo que se refiere a la conducta del partido republicano y a la causa de la Revolución, sin que de ninguna manera se deduzca de ello que pretenden separarse del resto de España.

Ese mismo año Francesc Romaní Puigdendolas publicó El federalismo en España en el que defendía el «sistema federalista» que era el propio de la tradición española —España era «un haz de nacionalidades… aunado, pero no confundido»— y que «ha de ser el encargado de hacer revivir en la forma moderna las antiguas libertades». Más innovador era Josep Narcís Roca i Farreras que planteaba acabar con la «unidad absorbente, centralizadora y uniformativa» como el único camino para modernizar España. Para Roca Farreras había dos clases de nacionalismos, uno «agresivo, belicoso, orgulloso, dominador, altanero, tiránico, instrumentos de los déspotas» como el de Castilla-España, y otro «defensivo, amigable, fraternal, pacífico, emancipador, humanitario, social» como el catalán.[20]

En 1870 surgió la que puede ser considera como la primera asociación patriótica catalanista con el nombre de La Jove Catalunya, «un nombre mazziniano para un círculo literario que en realidad postulaba principios opuestos a los del italiano». Integraban el grupo Pere Aldavert, Àngel Guimerà, Francesc Matheu, Josep Roca i Roca, Josep Pella i Forgas, Lluís Domènech i Montaner, Francesc Pelagi Briz y Antoni Aulèstia i Pijoan. El grupo impulsó el semanario La Gramalla, dirigido por Matheu, que a partir de febrero de 1871 fue sustituido por el quincenal La Renaixensa. Periódich de literatura, ciencias y arts.[21]​ En sus dos primeros años acogió también artículos ideológicos y políticos de Roca i Farreras y otros, pero a partir de 1873, bajo la dirección de Guimerá, se decantó por la crítica literaria, la investigación histórica y los debates culturales y lingüísticos.[22]La Jove Catalunya fue la primera entidad que aunó literatura y reivindicación política marcadamente anticastellanista —sus miembros encabezaban sus misivas con la expresión Salut i Catalunya Independenta—.[23]

A la reivindicación anticentralista se sumaron por primera vez los carlistas catalanes que adoptaron la defensa de los fueros como ya habían hecho los carlistas vascos. Así en el panfleto de 1872 Los catalans y sos furs, realizaron una dura diatriba anticastellana y reclamaron los Fueros abolidos en 1714, aunque su propuesta, como destacó Roca Ferreras, estaba muy lejos del federalismo.[23]​ El pretendiente carlista Carlos VII en su proclama del 16 de julio de 1872 dijo:[24]

Hace siglo y medio que mi ilustre abuelo Felipe V creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las franquicias de la patria. Lo que él os quitó como rey, yo como rey os lo devuelvo. [...] Os llamaré, y de común acuerdo podremos adaptarlos a las exigencias de los tiempos.

El 11 de febrero de 1873 tras haber renunciado al trono Amadeo I de Saboya las Cortes proclamaron la Primera República Española. El 16 de febrero el periódico republicano de Barcelona La Campana de Gracia publicó el siguiente artículo en catalán:

Caricatura de la revista satírica catalana La Flaca del 3 de marzo de 1873 sobre la pugna entre los que defienden la república unitaria (representados por un burgués) y los que defienden la federal (representados por un menestral con la barretina catalana).

Ja la tenim! Ja la tenim, ciutadans! Lo trono s'ha ensorrat per a sempre en Espanya. Ja no hi haurà altre rey que'l poble, ni mes forma de gobern que la justa, la santa y noble República federal. […]
Republicans espanyols! En aquestos moments solemnes dels quals depen la vida de les nacions, es quan se coneixen als homes y es quan se coneixen als pobles.
Donem lo nostre apoyo moral als homes a qui hém donat nostres aplausos, a qui hém fet objecte de nostre entusiasme. Posémnos a las sevas ordres, baix la bandera de nostres principis inmaculats é íntegros, y avassallem quants obstacles se presentin, per erigir definitivament en Espanya lo temple del dret, de la justicia, de la moralitat y de l'honra, que es lo de la República democrática federal!

¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos, ciudadanos! El trono ha caído para siempre en España. Ya no habrá otro rey que el pueblo, ni más forma de gobierno que la justa, santa y noble República federal.[…]
¡Republicanos españoles! En estos momentos solemnes de los que depende la vida de las naciones, es cuando se conocen a los hombres y es cuando se conocen a los pueblos.
Damos nuestro apoyo moral a los hombres a los que hemos dado nuestros aplausos, a quienes hemos hecho objeto de nuestro entusiasmo. ¡Pongámonos a sus órdenes, bajo la bandera de nuestros principios inmaculados e íntegros, y derribemos cuantos obstáculos se presenten, para erigir definitivamente en España el templo del derecho, de la justicia, de la moralidad y de la honra, que es el de la República democrática federal!

El 9 de marzo de 1873 diversos sectores federalistas catalanes con el apoyo obrero proclamaron el Estado Catalán lo que obligó al recién nombrado presidente del poder ejecutivo de la República, el catalán Estanislao Figueras, a trasladarse a Barcelona para convencer a sus correligionarios de que debían esperar al acuerdo de las Cortes.[23]​ El objetivo que perseguía la proclamación fue el de presionar para que la República recién proclamada fuese federal. Con la misma intención apareció en Madrid por iniciativa de Valentí Almirall el primer número de la segunda época del periódico El Estado Catalán que se publicó hasta junio.[25]

En julio estalló la revolución cantonal que en Cataluña no tuvo un gran seguimiento debido probablemente al peligro que suponían los carlistas que ocupaban parte del interior del antiguo Principado.[26]​ La revuelta cantonal condujo al fracaso de la Primera República con lo que las aspiraciones a construir una España federal se vinieron abajo, dando paso a la Restauración de la monarquía borbónica.[27]

El nacimiento del catalanismo político (1875-1905)[editar]

Valentí Almirall y el Centre Català[editar]

Valentí Almirall, considerado como el fundador del catalanismo político.

Con la Restauración borbónica de 1875 y la limitación de las libertades que trajo consigo en los primeros años, el incipiente catalanismo tuvo que replegarse. Así por ejemplo la revista La Renaixença a pesar de que se centró exclusivamente en los temas culturales, sufrió diversas suspensiones, aunque en 1881 se convertiría en diario bajo la dirección de Pere Aldavert y ocasionalmente de Àngel Guimerà. Otros grupos catalanistas adoptaron la apariencia de agrupaciones culturales como la Associació Catalanista d'Excursions Científiques fundada en 1876 y más conocida por su nombre abreviado de la Catalanista. Publicó revistas, anuarios y libros en catalán y organizó conferencias y seminarios en la misma lengua, cuyos objetivos eran, como dijo un contemporáneo, «el esplendor y la gloria de Cataluña».[13]

Tras el fracaso de la Primera República, un sector del republicanismo federal encabezado por Valentí Almirall, dio un giro catalanista y rompió con el grueso del Partido Federal, que dirigía Pi y Margall. En 1879 Almirall fundó el Diari Català, que aunque tuvo una breve vida —cerró en 1881— fue el primer diario escrito íntegramente en catalán.[28]​ Al año siguiente convocaba el Primer Congreso Catalanista del que surgiría en 1882 el Centre Català, la primera entidad catalanista claramente reivindicativa, aunque no se planteó como partido político sino como una organización de difusión del catalanismo y de presión sobre el gobierno.[29]

En 1885 se presentó al rey Alfonso XII un Memorial de greuges, en el que se denunciaban los tratados comerciales que se iban a firmar y las propuestas unificadoras del Código Civil, y en cuya redacción intervino Valentí Almirall. En la conclusión del documento se decía:[30]

¿Cómo salir de tal estado? Solo hay un camino justo y conveniente a un tiempo. El que se desprende de todas las páginas de esta Memoria: abandonar la vía de la absorción y entrar de lleno en la de la verdadera libertad. Dejar de aspirar a la uniformidad para procurar la armonía de la igualdad con la variedad, o sea la perfecta Unión entre las varias regiones españolas [...]
Cuando existen en el país grupos o razas de distinto carácter, cuya variedad casualmente se demuestra en la existencia de legislaciones distintas y aún diversas, la unifiación, lejos de ser útil, es perjudicial a la misión civilizadora del Estado.

Al año siguiente se organizó una campaña contra el convenio comercial que se estaba negociando con Gran Bretaña —y que culminó en el mitin del teatro Novedades de Barcelona que reunió a más de cuatro mil asistentes— y en 1888 otra en defensa del derecho civil catalán, campaña que alcanzó su objetivo —«la primera victoria del catalanismo», la llamó un cronista—.[31]

Arco de Triunfo de Barcelona construido para la Exposición Universal de Barcelona (1888), evento fue apoyado por las entidades y personalidades catalanistas, excepto Valentí Almirall que se quedó solo en su oposición al mismo.

En 1886, Almirall publicó su obra fundamental Lo catalanisme, en el que defendía el «particularismo» catalán y la necesidad de reconocer «las personalidades de las diferentes regiones en que la historia, la geografía y el carácter de los habitantes han dividido la península». Este libro constituyó la primera formulación coherente y amplia del «regionalismo» catalán y tuvo un notable impacto —décadas después Almirall fue considerado como el fundador del catalanismo político—. Según Almirall, «el Estado lo integraban dos comunidades básicas: la catalana (positivista, analítica, igualitaria y democrática) y la castellana (idealista, abstracta, generalizadora y dominadora), por lo que «la única posibilidad de democratizar y modernizar España era ceder la división política del centro anquilosado a la periferia más desarrollada para vertebrar "una confederación o estado compuesto", o una estructura dual similar a la del Austria-Hungría».[28]​ Almirall ponía como modelo Suiza, con un poder federal débil y colegiado (y que había analizado en su Estudio político comparativo de la Confederación suiza y la Unión Americana). El mismo año de Lo catalanisme Almirall publicó un polémico ensayo en francés titulado Espagne telle qu'elle est, en el que volvía a defender la tesis de que los males de España procedían de la imposición por parte de le groupe castillan ou central-méridional de su sistema político autoritario, frente al sistema pactista del grupo catalano-aragonés.[32]

Las propuestas de Almirall fueron airadamente contestadas por Gaspar Núñez de Arce, entonces presidente del Ateneo de Madrid y que había sido gobernador civil de Barcelona durante el Sexenio. Núñez de Arce afirmó que lo que pretendía Almirall era el «aniquilamiento de nuestra gloriosa España» susituida por «inverosímiles organismos soberanos... hasta con diferentes lenguas», añadiendo que los catalanes debían usar «en sus relaciones con los demás pueblos otro idioma más generalizado que el suyo, muy digno, sin duda,... pero que no tiene la fijeza indispensable, ni la extensión necesaria, ni la potencia bastante para pretender la universalidad de las lenguas dominadoras». Almirall le respondió que no pretendía romper España sino que lo que propugnaba era que se dejara de identificarla con Castilla y sobre la lengua dijo que utilizaba el castellano «con repugnancia, por la razón de que nos es impuesta». En la polémica intervino el catalanista conservador Joan Mañé i Flaquer quien escribió en el Diario de Barcelona:[33]

¿Nos consideran Vds. como hermanos? Trátennos Vds. como hermanos, bajo pie de igualdad, y no pretendan imponernos su derecho y su idioma, ya que nosotros no pretendemos imponerles los nuestros. ¿Nos consideran Vds. como país conquistado y con derecho a imponernos por el número, que es la fuerza, su voluntad? En este caso no exijan de nosotros correspondencia fraternal.

Por otro lado durante estos años comenzó la difusión de los símbolos del catalanismo, la mayoría de los cuales no tuvieron que ser inventados, sino que ya existían previamente a su nacionalización: la banderales quatre barres de sang, 1880—, el himno —Els Segadors, 1882—, el día de la patria —l'11 de setembre, 1886—, la danza nacional —la sardana, 1892—, los dos patronos de Cataluña —Sant Jordi, 1885, y la Virgen de Montserrat, 1881—.[34]​ En esta época también se extendieron los castells hasta entonces sólo conocidos en el Camp de Tarragona, considerados junto con la sardana y el ball de bastons como la demostración de la «enérgica vitalidad y el carácter profundamente original de la raza catalana». Asimismo en estos años se adoptó la costumbre castellana de llamarse con los dos apellidos unidos por una "i".[35]

La Lliga de Cataluña, la Unió Catalanista y las Bases de Manresa (1887-1892)[editar]

En 1887 el Centre Català vivió una aguda crisis producto de la ruptura entre las dos corrientes que lo integraban, una más izquierdista y federalista encabezada por Almirall, y otra más catalanista y conservadora aglutinada en torno al diario La Renaixença.[36]​ Esta última corriente había producido una obra importante publicada en 1878 con el título Los Fueros de Cataluña cuyos autores eran Josep Coroleu y Josep Pella i Forgas. Tras una declaración en la que se dice que «de la espléndida variedad con que a la Providencia le plugo dotar a Cataluña ha brotado el genio característico de sus hijos» —«su fiera libertad, su sentido práctico»—, se explican las antiguas leyes que rigieron en el Principado de Cataluña organizadas en artículos, como si se tratara de una Constitución, acompañados de largas digresiones. En el artículo primero se dice: «La nación catalana es la reunión de los pueblos que hablan el idioma catalán. Su territorio comprende: Cataluña, con los condados de Rosellón y Cerdaña; el Reino de Valencia; el Reino de Mallorca». El carácter conservador de la obra se pone en evidencia, por ejemplo, en el artículo 51 que establece que «solo tienen derecho de nombrar y ser nombrados los ciudadanos cabezas de familia» para el brazo popular, ya que las Cortes tendrán carácter estamental, o en el artículo 39 que dice: «Siendo la religión de los catalanes la católica, apostólica y romana, no le es lícito a ningún laico discutir pública ni privadamente acerca de sus dogmas». Además se reclama que el servicio militar se realice en Cataluña y que «solo los catalanes nacidos en el Principado y no los naturalizados por privilegio que se hallen en el pleno goce de la ciudadanía podrán obtener beneficios y oficios eclesiásticos en Cataluña y ejercer jurisdicción, oficio público, empleo o mando militar en Cataluña y reino de Mallorca». Tras negar la legitimidad a los procesos constituyentes españoles iniciados en las Cortes de Cádiz, Coroleu y Pella concluyen que España debe reparar «los derechos imprescriptibles de sus pueblos» oprimidos por «el despotismo de las dinastías estrangeras [sic]» y el «jacobinismo de infames políticos».[37]

Acto de inauguración de la Exposición Universal de Barcelona (1888), el 20 de mayo de 1888.

Los integrantes de la corriente conservadora abandonaron el Centre Catalá en noviembre de 1887 para fundar la Lliga de Catalunya, a la que se unió el Centre Escolar Catalanista, una asociación de estudiantes universitarios de la que formaban parte los futuros dirigentes del nacionalismo catalán: Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó y Josep Puig i Cadafalch. A partir de ese momento la hegemonía catalanista pasó del Centre Català a la Lliga que en el transcurso de los Jocs Florals de 1888, y aprovechando la presencia en Cataluña de María Cristina de Habsburgo-Lorena para inaugurar la Exposición Universal de Barcelona (1888), presentaron el Mensaje a la Reina Regente (Missatge a la Reina Regent), en el que entre otras cosas le pedían «que vuelva a poseer la nación catalana sus Cortes generales libres e independientes», el servicio militar voluntario, «la lengua catalana oficial en Cataluña», enseñanza en catalán, tribunal supremo catalán y que el rey jurara «en Cataluña sus constituciones fundamentales».[38]​ Un programa político que iba más allá del modelo austro-húngaro defendido en el Memorial de Greuges de tres años antes, ya que se demandaba la formación de una confederación sin más lazo entre sus miembros que el de la Corona.[39]

Entre los propagandistas del catalanismo conservador y católico destacaron Francisco Masferrer —colaborador de La España Regional—, Joan Mañé i Flaquer, y los sacerdotes Jaume Collell y Josep Torras i Bages. Este último, que llegó a ser obispo de Vich, escribió en 1892 La Tradició Catalana, la obra más importante de esta corriente, concebida como una respuesta a Lo Catalanisme de Almirall y en la que propuso tomar como ejemplo de convivencia la época medieval, otorgando así un protagonismo especial a la Iglesia Católica, pues «Cataluña es Cataluña tal como Dios la hizo, y no de otra manera».[40]​ Torras i Bages ataca el «uniformismo nacido en Francia» y a la «superficial e insubstancial Enciclopedia», así como a la masonería, que «no és ni siquiera humana», al Estado liberal, hijo del «lujurioso concubinage del principio revolucionario con la desenfrenada ambición de apoderarse absolutamente del gobierno del país», al sistema parlamentario, «artificioso y de gran vanidad», y a las elecciones, que se basan «en la materialidad del número de votos». El regionalismo es lo contrario a este liberalismo impío y por eso la Iglesia, «que es eterna» como las naciones, está de su parte. Así el catalanismo tiene que ser cristiano porque si Jesucristo fue «el Orfeo de la nación catalana, pues Él mismo ha de ser el restaurador» y el catalán debe seguir usándose para predicar y orar, y sobre todo para enseñar el catecismo a los niños, porque hacerlo en castellano «es una costumbre destestable, perniciosísima y destructiva de la fe».[41]

Por su parte el canónigo de Vich Jaume Collell, el principal representante del llamado vigatanismo (el regionalismo catalán más conservador y católico), fue el autor del poema Sagramental que ganó los Jocs Florals de 1888 y que fue leído ante la reina-regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, en el que después de proclamar que «pueblo que merece ser libre/si no se lo dan, lo toma», terminaba con un ambiguo «Viva libre Cataluña/dentro del reino español».[42]

Manresa en 1881.

La hegemonía del sector conservador supuso también un cambio conceptual en el catalanismo pues se pasó del España es la nación, Cataluña es la patria a España es el Estado, Cataluña es la nación. Uno de los primeros en negar a España el carácter de nación y hablar de Estado español fue Lluís Duran i Ventosa, hijo de Manuel Duran i Bas, al igual que Sebastià Farnés que escribió «Espanya no és una nació en la verdadera accepció de la paraula, sinó un Estat format per diferents nacions» ('España no es una nación en la verdadera accepción de la palabra, sino un Estado formado por diferentes naciones'). Enric Prat de la Riba consideraba a España una mera «indicación geográfica».[43]

En 1891 la Lliga de Catalunya propuso la formación de la Unió Catalanista que enseguida obtuvo el apoyo de entidades y periódicos catalanistas, y también de particulares —a diferencia de lo que había ocurrido cuatro antes con el fracasado Gran Consell Regional Català propuesto por Bernat Torroja, presidente de la Associació Catalanista de Reus, y que pretendía reunir a los presidentes de las entidades catalanistas y los directores de los periódicos afines—. La Unió celebró en marzo de 1892 su primera asamblea en Manresa, a la que asistieron 250 delegados en representación de unas 160 localidades, donde se aprobaron las Bases per a la Constitució Regional Catalana, más conocidas como las Bases de Manresa, que se suelen considerar como el «acta de nacimiento del catalanismo político», al menos el de raíz conservadora.[44]​ Según Jaume Claret y Manuel Santirso, las Bases se alejaban tanto del proyecto federalista como del posibilismo del Memorial de Greuges de 1885 para propugnar la vuelta a la Cataluña anterior a 1714, como se puede apreciar especialmente en la Base 2.ª que preserva la antigua legislación catalana; la Base 3.ª que establece que la llengua catalana serà la única que, ab [con] caràcter oficial, podrà usar-se a Catalunya i en les relacions d'aquesta regió ab [con] lo Poder central; la Base 4.ª que reserva a los naturales de Cataluña los cargos públicos; o la Base 7.ª que establece unas Cortes anuales elegidas por sufragio corporativo de todos los cabezas de familia agrupats en classes fundades en lo treball manual, en la capacitat o en les carreres professionals i en la propietat, indústria i comerç.[45]

«Las Bases son un proyecto autonomista, en absoluto independentista, de talante tradicional y corporativista. Estructuradas en diecisiete artículos propugnan la posibilidad de modernizar el Derecho civil, la oficialidad exclusiva del catalán, la reserva para los naturales de los cargos públicos incluidos los militares, la comarca como entidad administrativa básica, la soberanía interior exclusiva, unas cortes de elección corporativa, un tribunal superior en última instancia, la ampliación de los poderes municipales, el servicio militar voluntario, un cuerpo de orden público y moneda propios y una enseñanza sensible a la especificidad catalana».[46]

El impulso del nacionalismo catalán tras el «desastre del 98»: la Lliga Regionalista[editar]

Concurso de castells celebrado en 1902 en el Parque de la Ciudadela frente al edificio que a partir de 1932 sería la sede del Parlamento de Cataluña. Josep Torras i Bages consideraba els castells de xiquets, viril manifestació, símbol de la força i de l'aplom del nostre poble.

La mayoría de los catalanistas apoyaron la concesión de la autonomía a Cuba, pues la consideraron un precedente para conseguir la de Cataluña, pero la propuesta de Francesc Cambó de que la Unió Catalanista hiciera una declaración a favor de la autonomía cubana con posibilidad de llegar a la independencia encontró escaso respaldo.[47]​ La iniciativa de la Unió Catalanista que tuvo mayor repercusión fue el Missatge a S.M. Jordi I, rei dels Hel·lens ('Mensaje a S.M. Jorge I, rey de los Helenos') en el que se congratulaba por la anexión de la isla de Creta al Reino de Grecia. La entrega del Missatge, redactado por Prat de la Riba, al cónsul griego en Barcelona se convirtió en un acto de exaltación catalanista que acarreó sanciones administrativas. Pocos meses después se publicaba en Francia un manifiesto catalanista anónimo —escrito también por Prat de la Riba— dirigido a la prensa europea y titulado La Question Catalane.[48]

Tras la derrota española en la guerra hispano-estadounidense de 1898 el regionalismo catalán experimentó un fuerte impulso, fruto del cual nació en 1901 la Lliga Regionalista. Esta surgió de la fusión de la Unión Regionalista fundada en 1898 y del Centre Nacional Català, que aglutinaba a un grupo escindido de la Unió Catalanista encabezado por Enric Prat de la Riba y por Francesc Cambó. La razón de la ruptura fue que estos últimos, en contra de la opinión mayoritaria de la Unió, habían defendido la colaboración con el gobierno conservador regeneracionista de Francisco Silvela —uno de ellos Manuel Duran y Bas, formó parte de él; y personalidades cercanas al catalanismo ocuparon las alcaldías de Barcelona, Tarragona y Reus, así como los obispados de Barcelona y Vich—, aunque finalmente rompieron con el Partido Conservador al no ser aceptadas sus reivindicaciones —concierto económico, provincia única, reducción de la presión fiscal—. La respuesta fue el tancament de caixes y la salida del gobierno de Duran i Bas y la dimisión del doctor Bartomeu Robert como alcalde Barcelona.[49][50]

El fracaso del acercamiento a los conservadores españoles no hizo desaparecer a la nueva Lliga Regionalista sino todo lo contrario ya que encontró un apoyo cada vez mayor entre muchos sectores de la burguesía catalana desilusionados con los partidos del turno. Esto se tradujo en su triunfo en las municipales de 1901 en Barcelona, lo que significó el fin del caciquismo y del fraude electoral en la ciudad, y la obtención de 6 diputados en las elecciones generales. En los años siguientes la Lliga extendió su influencia aunque lentamente fuera de Barcelona. Como consecuencia del «accidentalismo» de la Lliga sobre la forma de gobierno, algunos de sus miembros encabezados por Jaume Carner y por Lluís Domènech i Montaner la abandonaron en 1904 para fundar dos años después el Centre Nacionalista Republicà cuyo órgano de prensa era El Poble Català. Ese mismo año de 1906 Prat de la Riba publicaba La nacionalitat catalana, «considerada muy pronto como la obra teórica culminante del catalanismo».[51][52]

En el libro Prat de la Riba proponía la formación de un Estado-imperio «de Lisboa al Ródano» integrado por España, Portugal y Occitania, bajo la hegemonía de Cataluña —su centro de gravedad se situaría en Barcelona— gracias a la pujanza de su cultura:[53]

El arte, la literatura, las concepciones jurídicas, el ideal político y económico de Cataluña han iniciado la obra exterior, la penetración pacífica en España, la transfusión al resto de nacionalidades españolas y al organismo del estado que las gobierna. El criterio económico de los catalanes en las cuestiones arancelarias hace años que ha triunfado.

Al mismo tiempo que la Lliga nació en Barcelona el lerrouxismo, una forma de populismo españolista que pronto se convirtió en la bestia negra del catalanismo. El nombre procedía del republicano no federal Alejandro Lerroux que acababa de llegar a Barcelona, tras haberse distinguido por su campaña de denuncia del los Procesos de Montjuic en el diario madrileño El País. En las elecciones generales de 1901 consiguió un escaño de diputado por Barcelona que revalidó en las de 1903, gracias al voto de los distritos más populares de la ciudad que se convirtieron en su feudo.[54]

La irrupción del catalanismo político en la vida política española (1905-1923)[editar]

Los hechos del "¡Cu-cut!" y el nacimiento de Solidaritat Catalana[editar]

Viñeta aparecida en la revista satírica ¡Cu-Cut! que provocó la ira de los militares.El pie dice:
AL FRONTON CONDAL
-¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente?
-El Banquet de la Victòria.
-¿De la Victoria? Ah, vaya, serán paisanos.

El 25 de noviembre de 1905 un grupo de oficiales asaltó en Barcelona la redacción del semanario satírico "¡Cu-Cut!" por la publicación de una viñeta en la que se ironizaba sobre las derrotas del ejército español a propósito de la celebración del triunfo de los catalanistas en las elecciones municipales de Barcelona.[55]​ También fue asaltada la redacción del diario La Veu de Catalunya, portavoz de la Lliga Regionalista. La conmoción que causaron estos hechos fue enorme. El gobierno liberal de Eugenio Montero Ríos intentó imponer su autoridad sobre los militares y acordó no ceder a la presión de los capitanes generales que mostraron su apoyo a los oficiales insurrectos, aunque declaró el estado de guerra en Barcelona el 29 de noviembre —al parecer presionado por el rey—.[56]​ El monarca finalmente no respaldó al gobierno y apoyó la actitud del Ejército, lo que obligó a Montero Ríos a presentar la dimisión.[57]

En un artículo publicado en La Publicidad Alejandro Lerroux apoyó a los asaltantes «que vengaron a la Patria» asegurando que si él hubiera sido militar «hubiera ido a quemar La Veu y El Cu-cut, la Lliga y el Palacio del Obispo, por lo menos». En el artículo describía el catalanismo político como «hijo degenerado de un contubernio monstruoso entre una aspiración literaturesca, romántica, y un malestar social subido al periodo agudo con motivo de la catástrofe nacional» y afirmaba «que antes que pactar con esa chusma envilecida por el amor al ochavo, que es la quintaesencia de su regionalismo separatista, estoy dispuesto a rebelarme contra todo el mundo, acompañado o solo».[58]

El nuevo gobierno presidido por el otro líder liberal Segismundo Moret, que recibió el encargo del rey de impedir que se reprodujeran los ataques «al Ejército y a los símbolos de la Patria»,[59]​ se dispuso a satisfacer a los militares —nombró ministro de la guerra al general Agustín Luque, uno de los capitanes generales que más había aplaudido el asalto al ¡Cu-Cut!— y rápidamente hizo aprobar por las Cortes la Ley para la Represión de los Delitos contra la Patria y el Ejército —conocida como "Ley de jurisdicciones"—, por la que a partir de ese momento las competencias para juzgarlos pasaron a la jurisdicción militar.[57]

Retrato de Alfonso XIII (1905).

En respuesta a la Ley de Jurisdicciones y a la impunidad en que habían quedado los responsables de los hechos del ¡Cu-Cut! se formó en Cataluña en mayo de 1906 Solidaridad Catalana, una gran coalición presidida por el anciano republicano Nicolás Salmerón, en la que se integraron los republicanos —excepto el partido de Alejandro Lerroux—, los catalanistas —la Lliga Regionalista, la Unió Catalanista y el Centre Nacionalista Republicà—, y hasta los carlistas catalanes.[60]​ Según Jaume Claret y Manuel Santirso, con la integración en la Solidaritat, «la Lliga se distanciaba del catalanismo romántico y del clericalismo, y de paso enterraba las Bases de Manresa». [61]

Los éxitos de convocatoria de la Solidaritat fueron espectaculares con manifestaciones masivas como la celebrada en Barcelona el 20 de mayo de 1906 que congregó a 200.000 personas.[62]​ En las elecciones generales de 1907 Solidaritat Catalana obtuvo un triunfo arrollador ya que consiguió 41 diputados de los 44 que le correspondían a Cataluña[63]​ y el 67% de los votos —aunque Lerroux mantuvo el suyo, lo que le permitió mantener la inmunidad parlamentaria y volver de Argentina a donde se había marchado, mientras sus partidarios realizaban actos violentos contra los dirigents y los periódicos que apoyaban a la Solidaritat Catalana—.[64]

Tras su victoria en las elecciones, como ha destacado Borja de Riquer, «ya nada sería igual en la vida política catalana, y los gobiernos de Madrid, y la propia corona, deberían asumir el hecho de que la cuestión catalana se había convertido en uno de los problemas más preocupantes de la vida política española».[65]

La coalición Solidaritat Catalana se acabó rompiendo a causa fundamentalmente del apoyo de la Lliga Regionalista al proyecto de ley de Administración local que presentó el gobierno de Antonio Maura que admitía la posibilidad de crear un ente regional en Cataluña, pero que finalmente no fue aprobado. Lo que quedaba en pie de Solidaritat Catalana se vino abajo tras la crisis de la Semana Trágica de 1909.[55]​ Al año siguiente el catalanismo progresista consiguió articularse con la creación de la Unión Federal Nacionalista Republicana, resultado de la fusión del Partido Republicano Democrático Federal, la Unión Republicana, y el Centre Nacionalista Republicà, pero la Unión Federal sólo duró seis años, integrándose la mayoría de sus miembros en el Partit Republicà Català fundado en 1917, y al que también se incorporó Lluís Companys, procedente del Partido Reformista.

El gobierno de Canalejas y la Mancomunidad de Cataluña[editar]

Retrato de Enric Prat de la Riba, cuando era presidente de la Diputación Provincial de Barcelona.

En 1911 la Diputación Provincial de Barcelona presidida por Prat de la Riba decidió impulsar una vieja reivindicación catalanista, que aparecía también en el programa de la coalición Solidaritat Catalana: aglutinar las cuatro diputaciones catalanas en un único ente regional. El 16 de octubre los cuatro organismos provinciales aprobaron conjuntamente las Bases de Mancomunidad Catalana que preveía la formación de una asamblea formada por todos los diputados provinciales y de un consejo permanente de ocho miembros, dos por provincia. Mes y medio después el proyecto de Bases fue entregado al presidente del gobierno José Canalejas y éste lo presentó el 1 de mayo de 1912 a las Cortes como proyecto de Ley de Mancomunidades.[66]

Al principio de su carrera política Canalejas se había mostrado partidario del Estado centralista llegando a decir que de una mayor autonomía local no podía «salir nada bueno», pero cuando llegó a la presidencia del gobierno en 1910 había cambiado de postura. Declaró entonces que «un liberal centralista era un sujeto digno de la Paleontología o la Arqueología».[67]​ Así Canalejas se propuso satisfacer la demanda de creación de una nueva instancia regional que integrara a las cuatro diputaciones catalanas bajo el nombre de Mancomunidad de Cataluña. Pero este proyecto se vio obstaculizado por un sector de su propio partido encabezado por Segismundo Moret, y apoyado por el diputado Niceto Alcalá Zamora.[68]​ Para conseguir el respaldo de la mayoría de los diputados liberales Canalejas tuvo que pronunciar uno de sus mejores discursos parlamentarios, y aun así 19 de sus diputados, entre ellos Moret, votaron en contra.[67]​ El proyecto fue aprobado el 5 de junio de 1912 por el Congreso de Diputados, pero cuando murió asesinado Canalejas aún no había sido ratificado por el Senado,[69]​ por lo que no entró en vigor hasta diciembre de 1913, y la Mancomunidad de Cataluña no se constituiría hasta el año siguiente.[68]

Las cuatro diputaciones catalanas cedieron sus competencias a la Mancomunidad pero en contra de lo esperado por la Lliga Regionalista el Estado central no cedió ninguna de las suyas. A pesar de todo la Mancomunidad «puso en evidencia cómo una gestión honesta y atenta a las necesidades del territorio podía ser eficaz pese a disponer de escasos recursos. Realizó una importante tarea educativa y cultural fundando escuelas técnicas (de agricultura, industrial, del trabajo, de bibliotecarias, de administración) o creando instituciones de alta cultura (Institut d'Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya), al tiempo que fomentaba obras de infraestructuras impulsando las redes de carreteras, de teléfonos y los servicios de asistencia social». De esta forma «se incrementó el sentimiento autonomista en amplias capas de la sociedad». [70]

La relevancia de la Mancomunitat también residía en «su carácter simbólico al representar en una única institución a la totalidad de las provincias catalanas, la primera experiencia de autogobierno desde el Decreto de Nueva Planta, cuyo aniversario Prat de la Riba no olvidó mencionar en su discurso inaugural del 6 de abril de 1914. Se trataba de una baza que la Lliga no dejaría escapar. El naciente e importante órgano administrativo ayudaría a desarrollar una conciencia catalanista y constituía una primera base con vistas a una futura autonomía de más largo abasto». Y por otro lado «la Mancomunidad de Cataluña también evidenciaba el giro de la Lliga hacia un pragmático pactismo, ofreciendo apoyo parlamentario al Gobierno de turno a cambio de concesiones concretas, una estrategia del catalanismo conservador que reencontraremos nuevamente tras la Transición. Prat de la Riba permanecía en Barcelona transformado en hombre de gobierno, mientras Francesc Cambó se convertía en el líder parlamentario en Madrid. La Lliga se hallaba en su momento más dulce».[71]

«Per Catalunya i l'Espanya Gran» y la campaña autonomista de 1918-1919[editar]

Nosotros, desde esta Cataluña... eliminada sistemáticamente de toda intervención activa en el gobierno de España, nosotros, tratados de separatistas y localistas, nosotros a los otros españoles de buena fe, a los que siente el alma oprimida por la impotencia actual y desean elevar su tierra a una mayor dignidad interior e internacional, les señalamos el obstáculo: esta lucha enervante, agotadora, inconsciente a veces, bien consciente ahora, entre una nacionalidad predominante y otras que no se resignan a desaparecer; y les invitamos a cerrar este periodo, a unir armónicamente unas con otras las nacionalidades españolas y a todas con el Estado, de tal forma que cada una rija libremente su vida interior y todas tengan la participación que por su importancia les corresponda en la dirección de la comunidad, haciendo de esta manera de España, no la suma de un pueblo y los despojos de otros pueblos, sino la resultante viva, poderosa, de todos los pueblos españoles, enteros, tal como Dios los ha hecho, sin mutilarlos antes, arrancándoles la lengua, la cultura, la personalidad, que son la raíz de su fuerza.
[...] No se hagan en Madrid ilusiones; la cuestión de Cataluña no se resolverá con violencias, ni con KulturKampf, ni con traiciones de antiguos patriotas, ni con habilidades políticas de gobernantes maestros en ganar elecciones encarcelando a los electores contrarios y distribuyendo con violación de todas las leyes favores y amenazas. La única solución es una franca y completa autonomía. Establecerla, ir a la consagración federativa de la libertad de todos los pueblos peninsulares, es empezar la España grande. Seguir el camino emprendido es trabajar por una España débil, más dividida, más disminuida cada día
—Manifiesto Per Catalunya i l'Espanya gran, 1916.

Coincidienco con las elecciones generales de abril de 1916,[72]​ la Lliga Regionalista publicó el mes anterior el manifiesto Per Catalunya i l'Espanya Gran, redactado por Prat de la Riba —que moriría en agosto del año siguiente— y firmado por todos los diputados y senadores del partido. En el documento se denunciaba que Cataluña era uno de los pueblos de España que veían «los elementos substanciales de su espiritualidad, de su personalidad, excluidos de las leyes del Estado», lo que les convertía en «españoles de tercera clase». La solución era el reconocimiento de la autonomía de Cataluña, «obra de justicia» y «de altísima conveniencia» y poner fin a la política asimilacionista, lo que haría posible la auténtica unidad «de todos los españoles, enteros, tales como Dios los ha hecho», convertidos en un «imperio peninsular de Iberia» —lo que implicaba también la integración de Portugal—.[73]

El primer intento de llevar a cabo este programa se produjo al año siguiente en el contexto de la crisis de 1917. El 5 de julio Francesc Cambó reunió en el Ayuntamiento de Barcelona a todos los diputados y senadores catalanes —aunque los 13 diputados monárquicos abandonaron enseguida la reunión— que reafirmaron la voluntad de Cataluña de constituirse en una región autónoma. En la declaración que aprobaron, firmada incluso por Alejandro Lerroux, se decía «que es voluntad general de Cataluña la obtención de un régimen de amplia autonomía» y se reclamaba una estructura federal acorde con «la realidad de la vida española», lo que incrementaría «su cohesión orgánica» y desarrollaría «sus energías colectivas».[74]​ Asimismo exigieron la reapertura de las Cortes que tendrían función de constituyentes. Si el gobierno Dato no aceptaba ninguna de las peticiones harían un llamamiento a todos los diputados y senadores a que acudieran a una Asamblea de Parlamentarios a celebrar el 19 de julio en Barcelona.[75]

El gobierno del conservador Eduardo Dato intentó desprestigiar la convocatoria presentando la reunión como un movimiento «separatista»" y «revolucionario» y finalmente a Barcelona sólo acudieron los diputados de la Lliga, los republicanos, los reformistas de Melquíades Álvarez y el socialista Pablo Iglesias, que aprobaron la formación de un gobierno «que encarne y represente la voluntad soberana del país»[76]​ y que presidiría las elecciones a Cortes Constituyentes. La Asamblea fue disuelta por orden del gobernador civil de Barcelona y todos los participantes fueron detenidos por la policía, aunque en cuanto salieron del Palacio del Parque de la Ciudadela donde se habían reunido fueron puestos en libertad.[77]​ Pasada la huelga general revolucionaria de agosto convocada por los socialistas, la Asamblea de Parlamentarios se volvió a reunir el 30 de octubre en el Ateneo de Madrid.[78]​ Ese mismo día Cambó fue llamado a Palacio para entrevistarse con el rey quien aceptó su propuesta de formar un «gobierno de concentración» que estaría presidido por el liberal Manuel García Prieto y que contaría con un ministro de la Lliga, Joan Ventosa[79]​ Sin embargo el gobierno de García Prieto duró muy pocos meses,[80]​ dando paso a otro gobierno de concentración, denominado «Gobierno Nacional», bajo la presidencia del conservador Antonio Maura, y del que formaría parte el propio Francesc Cambó Pero este gobierno sólo duró hasta noviembre de 1918, dando paso a un gobierno únicamente liberal presidido de nuevo García Prieto.[81]

Fracasada la vía de la asamblea de parlamentarios y los gobiernos de concentración para alcanzar los objetivos del manifiesto Per Catalunya i l'Espanya Gran, Cambó decidió que había «llegado la hora de Cataluña»[82]​ y la Lliga Regionalista organizó la campaña en pro de la «autonomía integral» para Cataluña que, según Javier Moreno Luzón, «conmovió hasta sus cimientos la escena política española».[83]

En un principio la posibilidad de conseguir el Estatuto parecía cercana pues contaba con el apoyo del rey, que pretendía, según le dijo a Cambó, distraer así «a las masas [de Cataluña] de todo propósito revolucionario»,[84][85]​ pero el nacionalismo español reaccionó inmediatamente y desplegó una fuerte campaña anticatalanista plagada de tópicos y de estereotipos sobre Cataluña y los catalanes, que sin embargo consiguió movilizar a miles de personas que se manifestaron en Madrid y en otras ciudades.[85]

Homenaje A Rafael Casanova en la diada de 1914.

El 2 de diciembre de 1918 las diputaciones castellanas, reunidas en Burgos, respondieron a las pretensiones catalanas con el Mensaje de Castilla donde defendían la «unidad nacional» española y se oponían a que cualquier región obtuviera una autonomía política que mermara la soberanía española —e incluso hicieron un llamamiento a boicotear «los pedidos de las casas industriales catalanas»—.[86]​ También se opusieron a la cooficialidad del catalán, al que llamaron «dialecto regional». Al día siguiente el diario El Norte de Castilla titulaba: «Ante el problema presentado por el nacionalismo catalán, Castilla afirma la nación española». También se denunciaba «la campaña separatista de que se hace alarde en las provincias vascongadas». Sólo en el País Vasco y en Galicia se registraron algunas muestras de apoyo a los nacionalistas catalanes.[87]

Entonces el rey cambió de posición y manifestó su solidaridad «con los gestos patrióticos de la provincias castellanas», animando a los presidentes de las diputaciones a proseguir en su empeño.[88]​ En el debate parlamentario de principios de diciembre sobre el proyecto de bases del estatuto de autonomía que había presentado la Mancomunidad de Cataluña y que contaba con el apoyo del 98% de los catalanes representados por sus ayuntamientos,[89]​ el portavoz de los liberales y por tanto del gobierno Niceto Alcalá Zamora acusó a Cambó de querer ser al mismo tiempo el Simón Bolívar de Cataluña y el Otto von Bismarck de España. El líder conservador Antonio Maura también se opuso a la autonomía catalana. Dirigiéndose a los diputados catalanistas les dijo que, les gustara o no, eran españoles: «Nadie puede elegir madre, ni hermanos, ni casa paterna, ni pueblo natal, ni patria». Su intervención fue muy aplaudida por los diputados de los dos partidos dinásticos, incluido el presidente del gobierno conde de Romanones. El mismo día de la intervención de Maura, el 12 de diciembre de 1918, Cambó escribió una carta al rey en la que se despedía de él y justificaba la retirada de las Cortes de la gran mayoría de diputados y senadores catalanes en señal de protesta por el rechazo al Estatuto, un gesto que fue muy mal visto por los partidos dinásticos.[90]​ De vuelta en Barcelona, Cambó lanzó en un mitin la consigna «Monarquia? República? Catalunya!». «Ni hipotecamos la autonomía a la República, ni esperamos la República para implantar la autonomía, pero no frenaremos nuestra marcha por el hecho de que pueda caer la Monarquía», declaró.[91]

El presidente del gobierno, el liberal conde de Romanones convocó una comisión extraparlamentaria para que redactara una propuesta que sería llevada a las Cortes. La comisión, presidida por Antonio Maura elaboró un proyecto de Estatuto muy recortado que incluso eliminaba algunas de las competencias que ya ejercía la Mancomunitat de Cataluña. [92]​ Al mismo tiempo la Mancomunidad de Cataluña había elaborado su propio proyecto de estatuto de autonomía lo que motivó que los parlamentarios catalanes volvieran a las Cortes para intentar que se aprobara. Pero el gobierno asumió como propio el proyecto de la comisión extraparlamentaria y no el de la Mancomunidad por lo que éste no se llegó ni siquiera a debatirse.[93]​ Los diputados catalanes republicanos, regionalistas y tradicionalistas, pero no los de los partidos dinásticos, presentaron una moción para que se realizara en Cataluña un plebiscito sobre la autonomía y para apoyarla intervino Cambó que dijo:[94]

… nuestro problema es el siguiente: un pueblo, el pueblo catalán, durante siglos ha vivido constituido en Estado independiente y ha producido una lengua, un derecho civil, un derecho político y un sentimiento general que ha caracterizado la expresión de su vida. Y este pueblo se unió primero a la Corona de España, luego la incorporación fue total con el estado, y en siglos de convivencia se han creado intereses comunes, se han creado trabazones espirituales que establecen una fórmula de patriotismo común que sería insensato querer destruir; pero a la vez, esta personalidad que había tenido una vida propia, independiente, subsiste, y no ha desaparecido; han persistido la lengua, el derecho, el sentido jurídico y el espíritu público propio, y todo eso, que era un hecho biológico mientras no había un fenómeno de voluntad que le convirtiese en un hecho político. Esta voluntad, ¿qué dice, qué expresa, qué quiere? Quiere que para todo lo que sea vida propia interior de Cataluña, Cataluña tenga plenitud de soberanía para regirse, y que en todo lo que afecte a lo que mira más allá de sus fronteras, no haya más que una unidad que sea España.

Finalmente Romanones cerró las Cortes el 27 de febrero –precisamente el día en que iba a votarse la propuesta del plebiscito catalán— aprovechando el conflicto social que había estallado en Barcelona a raíz de la huelga de La Canadiense. Los promotores de la campaña autonomista con Cambó a la cabeza decidieron entonces no impulsar ningún movimiento de resistencia civil o de boicot municipal sino que dieron por finalizada la campaña autonomista catalana de 1918-1919. Como ha señalado Albert Balcells, «después fue muy fácil decir que la huelga de la Canadiense había impedido desencadenar el boicot municipal. Pero es evidente que no se podía preparar el Somatén como fuerza antisindicalista a las órdenes del capitán general [ante quien desfiló en Barcelona el 12 de enero] y, al mismo tiempo, programar un movimiento de desobediencia civil que tendría que haberse enfrentado al capitán general». Además no hay que olvidar que se acababa de constituir la españolista Unión Monárquica Nacional (UMN) que constituía una amenaza seria para la hasta entonces hegemónica Lliga Regionalista y para el movimiento autonomista, que hasta entonces había contando con casi todos los parlamentarios catalanes de los partidos dinásticos.[95]

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): persecución y resistencia[editar]

Derribo de Las cuatro columnas que representaban las cuatro barras de la bandera catalana por orden de Primo de Rivera y que se construyeron para presidir la Exposición Internacional de Barcelona (1929).

La política anticatalanista y la disolución de la Mancomunidad de Cataluña[editar]

La Lliga Regionalista apoyó inicialmente el golpe de Estado de Primo de Rivera fundamentalmente porque dio crédito a las promesas descentralizadoras que había hecho el general, aunque esas expectativas se desvanecieron muy pronto.[96]​ En la misma mañana del golpe Primo de Rivera se manifestó complacido por los discursos pronunciados en catalán durante la inauguración de una exposición del mueble en Montjuïc, llegando a decir que él mismo se hallaba «catalanizado por el cariño que tengo y que visto que me tiene Cataluña» y finalizando su discurso con un «viva a Cataluña».[97]

En el Manifiesto del 13 de septiembre que justificó el golpe, Primo de Rivera ya hizo referencia a la «descarada propaganda separatista» y sólo cinco días después el Directorio militar promulgaba el Decreto contra el «separatismo», que castigaba con severas penas «los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y cuantos tiendan a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto», y que serían juzgados por tribunales militares, tal como establecía la Ley de Jurisdicciones de 1906. Se prohibía izar u ostentar «banderas que no sean la nacional», «la difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza», el uso del catalán «en los actos oficiales de carácter nacional o internacional» y se obligaba a las corporaciones locales y provinciales a llevar los libros de registro y de actas en castellano.[98]

En los meses y años siguientes se aplicó esta política –cuyo lema acuñado por el propio Primo de Rivera era España una, grande e indivisible-[99]​ que pretendía eliminar la especificidad de Cataluña, para «neutralizar y contrarrestar por la acción del gobierno la labor de desespañolización que con constancia se viene haciendo por ciertos sectores políticos en Cataluña».[98]​ Así se clausuraron centros políticos «separatistas», y se encarcelaron a los militantes de los partidos nacionalistas catalanes, incluidos algunos sacerdotes.[100]

Cualquier manifestación popular de la identidad catalana fue suprimida. Se prohibió izar la señera, cantar el himno de Els Segadors o usar el catalán en actos oficiales, y se limitó el baile de sardanas —las multas podían llegar a las 5.000 pesetas—[96]​. Se castellanizaron de forma arbitraria los nombres de calles y pueblos —a veces cayendo en el ridículo: la plaza de Sant Vicenç de Sarrià se convirtió en San Vicente Español—[96]​, se obligó a publicar en castellano los anuncios de las obras teatrales y se persiguieron a entidades culturales y sociales como el Centre Catalá, los Pomells de Joventut (una institución religiosa), el Ateneo Barcelonés, el Ateneo Enciclopédico Popular, la Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, las bibliotecas populares, las sociedades excursionistas, musicales y deportivas, los Juegos Florales (que pasaron a celebrarse en Francia) o los cursillos escolares en lengua catalana.[101]​ También el F.C. Barcelona, el Orfeón Catalán, el Instituto de Estudios Catalanes, el Colegio de Abogados de Barcelona o la Universidad Industrial vieron limitadas sus actividades.[102]​ Asimismo se prohibió a los comerciantes que anunciaran sus productos en catalán y en enero de 1928 se ordenó a la prensa que no tradujera al catalán las «notas oficiosas» del Directorio civil.[103]​ Con motivo de un viaje del rey a Barcelona, el gobierno prohibió la ejecución pública de la sardana La Santa Espina por haberse convertido «en himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música con el respeto y reverencia que se tributan a los himnos nacionales».[104]

Una Circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria del 27 de octubre de 1923 impuso la enseñanza exclusiva en castellano —se recordaba a los inspectores la obligación «de enseñar la lengua castellana en sus respectivas escuelas y de dar la enseñanza en el mismo idioma» vigilando estrictamente a los maestros en este punto—,[98]​ otra de final de año prohibía la enseñanza del catalán en los centros mantenidos por el Estado[105]​ y una tercera, del 15 de febrero de 1924, facultó a los inspectores de educación para que pudieran suspender de empleo y sueldo a los maestros que incumplieran la norma e incluso clausuraran los centros escolares, tanto públicos como privados, donde éstos trabajaran. De esta política represiva de cualquier manifestación de la identidad catalana ni siquiera se libró la Iglesia. Decenas de sacerdotes fueron detenidos acusados de «separatismo», otros fueron alejados de Cataluña –incluido el obispo de Barcelona Josep Miralles que fue trasladado a la diócesis de Mallorca- y la Academia Católica de Sabadell fue clausurada.[106]​ Cuatro años más tarde un decreto de diciembre de 1928 prohibió a las escuelas enseñar ninguna asignatura que no estuviera incluida en el programa oficial aprobado por el Ministerio de Instrucción Pública, lo que suponía dejar fuera del currículum la historia y la cultura catalanas.[103]

La política de persecución del catalanismo generó numerosos conflictos con diversas instituciones y entidades que se resistían a aceptarla (Ateneo Barcelonés, Ateneo Enciclopédico Popular, Orfeón Catalán, Orfeón Graciense, CADCI, Fútbol Club Barcelona, etc.), y más de un centenar de ellas acabaron siendo clausuradas temporal o definitivamente.[96]​ Fue también el caso de algunas sedes de la Lliga Regionalista y de su periódico La Veu de Catalunya.[107]​ También fueron suspendidos temporalmente otros periódicos como La Vanguardia, La Publicitat, La Nau, El Matí o Las Noticias, y revistas de humor o publicaciones infantiles.[108]

A iniciativa de Ángel Ossorio y Gallardo y de Eduardo Gómez Baquero, en marzo de 1924 más de un centenar de intelectuales castellanos por primera vez en la historia firmaron un manifiesto de solidaridad con la lengua catalana, redactado por Pedro Sáinz Rodríguez.[109]

Sin embargo, la alta cultura en catalán no fue tan perseguida. Como ha destacado el historiador Josep M. Roig i Rosich, «un sermón publicado en catalán era objeto de persecución y hasta de encarcelamiento, mientras que la Historia Nacional de Catalunya de Rovira i Virgili se publicaba sin trabas».[98]​ Así surgieron nuevas editoriales dedicadas exclusivamente al libro en catalán como Barcino, Llibreria Catalonia o Proa —en 1930 se publicaron 308 nuevos títulos—. También aparecieron nuevos diarios en catalán —Barcelona pasó de dos en 1923 a 15 en 1930— y revistas, como la Revista de Catalunya, Mirador y La paraula cristiana.[110]

La política anticatalanista de la Dictadura culminó con la disolución de la Mancomunidad en 1925. Dos años antes Primo de Rivera había nombrado al líder de la españolista Unió Monárquica Nacional, Alfonso Sala Argemí, conde de Egara, presidente de la Mancomunidad, en sustitución del catalanista Josep Puig i Cadafalch que había dimitido en señal de protesta por la política anticatalana de la Dictadura.[111][112]​ Pero a los pocos meses comenzaron las tensiones entre Sala y Primo de Rivera a causa de que el dictador comenzó a cuestionar la existencia misma de la Mancomunidad, porque según él, podía constituir el embrión de «un pequeño Estado», «capaz de dañar a España».[113]​ La aprobación del Estatuto Provincial de 1925 supuso la supresión de facto de la Mancomunidad, cuyas competencias ya habían sido recortadas por el Estatuto Municipal de 1924,[114]​ lo que provocó la dimisión de Alfonso Sala el 22 de abril de 1925.[115][116]​ El nuevo presidente de la Diputación de Barcelona, José María Milá Camps, conde de Montseny, pasó a presidir la Comisión gestora interina de los servicios coordinados que fue la encargada de liquidar los últimos asuntos de la Mancomunidad.[104]

Tras la desaparición de la Mancomunidad, las declaraciones de Primo de Rivera sobre la cultura, la identidad, el idioma y las instituciones de Cataluña fueron creciendo en virulencia, manifestándose totalmente contrario a cualquier tipo de autonomía regional. Como ha señalado la historiadora Genoveva García Queipo de Llano, "Primo de Rivera ofendió no sólo a grupos políticos sino a la totalidad de la sociedad catalana".[117]​ Así se fue produciendo un distanciamiento cada vez mayor entre Cataluña y la Dictadura, aumentando progresivamente los conflictos.[107]

La resistencia a la Dictadura y el renacimiento del catalanismo: la «Catalunya endins»[editar]

Camp de Les Corts del FC Barcelona en 1930. Allí tuvo lugar un acto de protesta contra la Dictadura y la Monarquía durante la interpretación de la Marcha Real en el acto previo a la disputa de un partido amistoso de fútbol. El campo fue clausurado durante seis meses.

Uno de los sectores que primero y de forma más firme reaccionó contra la política de la Dictadura fue el Colegio de Abogados de Barcelona que se negó a obedecer la orden de que la Guía Judicial anual en la que aparecían todos los abogados colegiados se publicara en castellano, y no en catalán. Para poner fin al conflicto del Colegio de Abogados de Barcelona con la Dictadura de Primo de Rivera, después de dos años en que ninguna de las dos partes cedía, la Dictadura recurrió a la fuerza y en marzo de 1926 destituyó a la Junta de gobierno del Colegio y desterró a sus miembros fuera de Cataluña, sustituyéndola por una Junta afín. Pero dos meses después se vio obligada a dejarles volver a Barcelona, aunque la Junta no sería repuesta en sus funciones hasta después de la caída de la Dictadura —el resto de sus colegas colegiados rindieron un homenaje en marzo de 1930 a los miembros de la Junta que «supieron mantener el prestigio y la dignidad del Colegio de Abogados»—-.[118][119][120]

Los que se oponían a la política anticatalanista aprovecharon los pocos márgenes de libertad que dejaba la Dictadura. Una de las protestas más sonadas fue la que tuvo lugar el 14 de junio de 1925 durante un partido amistoso de fútbol en homenaje al Orfeó Català entre el FC Barcelona y el Club Esportiu Júpiter en el que la Marcha Real fue pitada. Diez días después, el gobernador civil, el general Joaquín Milans del Bosch, suspendió indefinidamente las actuaciones del Orfeó y clausuró el Camp de Les Corts por seis meses. Además el presidente del FC Barcelona, el suizo Joan Gamper, fue obligado a dejar el cargo y a abandonar España por un tiempo.[101]

Otra forma de resistencia fue llevar el «caso catalán» ante los organismos internacionales. Con ese fin Acció Catalana redactó un manifiesto que fue presentado en la sede de la Sociedad de Naciones (SdN) en Ginebra en el que se denunciaba la represión que estaba sufriendo Cataluña y pedía la celebración de un referéndum a favor de la autonomía catalana bajo la supervisión de esa organización internacional. La iniciativa tuvo poca repercusión, pero le siguieron otras.[121]​ La política anticatalanista de Primo de Rivera también topó con la Iglesia católica de Cataluña, cuyos obispos encabezados por el arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, y por el obispo de Barcelona Josep Miralles, se negaron a ordenar a los párrocos que predicaran en castellano.[122]​ La decisión de Primo de Rivera «de suprimir el empleo de la lengua catalana, incluso en la liturgia, pronto convirtió al clero catalán —como iba a suceder con el clero vasco y la Iglesia catalana bajo el franquismo— en el campeón de las libertades regionales y de la autonomía cultural», afirma Shlomo Ben Ami.[123]

Sin embargo, como ha destacado Eduardo González Calleja, «la persecución oficial a la cultura catalana se tradujo paradójicamente en un renacimiento de la cultura autóctona gracias a la iniciativa privada y al mecenazgo particular» en el fomento de «actividades diversas, como las conferencias en los Ateneos populares, las sociedades excursionistas, las corales o las asociaciones religiosas. El papel de la Iglesia fue muy relevante, ya que la prohibición del uso del catalán afectó a la liturgia, y puso al clero catalán en primera línea de la defensa de las libertades regionales y de la autonomía cultural. Todo ello generó la aparición de una cultura indiscutiblemente catalana, donde el intelectual tuvo en lo sucesivo un protagonismo político significativo, al hacer de su actividad un arma eficaz de afirmación política nacional».[124]​ Algunos intelectuales sintetizaron esta política con la consigna Catalunya endins! ('Cataluña hacia dentro'), en el sentido de que «Cataluña se recluyó en ella misma para afirmarse y poder catapultarse hacia delante».[125]

La oposición política a la Dictadura: el complot de Prats de Molló[editar]

La implantación de la Dictadura de Primo de Rivera supuso la desaparición como asociaciones legalmente constituidas de los partidos políticos nacionalistas catalanes y la prohibición de todos los actos que pretendían organizar. En el caso de Acció Catalana, el presidente Jaume Bofill i Mates, líder del ala moderada de Acció, se exilió voluntariamente en París asumiendo la dirección Lluís Nicolau d'Olwer,[126]​ pero el sector más republicano y más socialmente avanzado de Acció, encabezado por Antoni Rovira i Virgili, se fue distanciando de la organización, creando en 1927 un periódico propio La Nau, del que surgiría poco después de la caída de Primo de Rivera un nuevo partido llamado Acció Republicana de Cataluña.[127]

En cuanto a la otra fuerza política que había asumido el liderazgo nacionalista catalán, Estat Català, el golpe de Primo de Rivera reafirmó su apuesta por la vía insurreccional.[128]​ Para financiar el plan de invasión desde la Cataluña francesa ideado por el líder de Estat Català Francesc Macià se emitió un empréstito, llamado empréstito de Pau Claris, por valor de cerca de nueve millones de pesetas, y entre abril y agosto de 1925 milicianos de los escamots, establecieron varios depósitos de armas en las cercanías de la frontera franco-española.[129]​ Macià llegó a viajar a Moscú en octubre de 1925 para recabar el apoyo del gobierno de la URSS y de la Komintern pero la ayuda económica (400.000 pesetas) y logística, nunca llegó.[130]​ Mientras tanto grupos clandestinos de Estat Catalá y de Acció Catalana organizaron el llamado complot de Garraf en junio de 1925, un atentado fallido contra los reyes de España que se iba a llevar a cabo cuando su tren atravesara los túneles de la costa de Garraf.[131]

A mediados de 1926 Macià decidió llevar a cabo la invasión de Cataluña con un pequeño ejército integrado por escamots.[132]​ Durante los preparativos entró en contacto con un grupo de exiliados italianos encabezado por el coronel Riciotti Garibaldi, nieto del héroe de la unificación italiana, pero éste era un agente doble al servicio de la policía política de Mussolini, por lo que a través de él parte del plan llegó a conocimiento de Primo de Rivera.[133]

Francesc Macià (derecha) con su abogado (izquierda) a punto de abandonar París tras el juicio por el fracasado complot de Prats de Molló.

Macià dio la orden de movilización el 29 de octubre y se instaló en una casa de campo cercana a Prats de Molló. Pero la policía francesa estaba sobre aviso y no tuvo muchas dificultades para detener cerca de la frontera española a la mayoría de los hombres comprometidos en la invasión —más de un centenar— entre los días 2 y 4 de noviembre. Macià junto con otros 17 detenidos fue juzgado en París en enero de 1927 siendo desterrado a Bélgica.[134]

A pesar del fracaso, el complot tuvo un amplio eco internacional lo que provocó, según Eduardo González Calleja, que cobrara «una inesperada dimensión épica» y diera «origen al persistente mito de l'Avi [Macià], precisamente en el momento de más baja popularidad de la Dictadura y sus cómplices en Cataluña». Macià desarrolló a partir de entonces una febril actividad propagandística de la «causa catalana». En diciembre de 1927 inició un viaje por América Latina, que culminó en Cuba, donde en octubre de 1928 convocó una autodenominada Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán, de la que surgiría el Partit Separatista Revolucionari Català y que aprobó la Constitución Provisional de la República Catalana. En la Asamblea se decidió también que el método de lucha seguiría siendo el «alzamiento armado de los catalanes», aunque tras el fracaso del golpe de Estado de enero de 1929 encabezado por el político conservador José Sánchez Guerra, Macià decidió abandonar el proyecto de realizar una nueva invasión y apostó por organizar una insurrección en el interior de Cataluña, vinculada a las diversas conspiraciones antidictatoriales y antimonárquicas que entonces se estaban tramando. [135]

Segunda República y Guerra Civil (1931-1939)[editar]

La proclamación de la «República Catalana» y la recuperación de la Generalidad[editar]

Proclamación de la Segunda República en Barcelona.

Un mes antes de la celebración de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, cuyo resultado condujo a la proclamación de la Segunda República Española, se fundó en Barcelona Esquerra Republicana de Catalunya, que iba ser el partido hegemónico en Cataluña durante la Segunda República Española, de la misma forma que la Lliga Regionalista lo había sido durante el reinado de Alfonso XIII. En Esquerra Republicana confluyeron Estat Català liderado por Francesc Macià —aunque un sector del partido no le siguió y mantuvo su nombre—, el Partit Republicà Català, con Lluís Companys a la cabeza y el llamado Grup de L'Opinió por el nombre del semanario (L'Opinió) que lo aglutinaba. El líder indiscutible del nuevo partido era l'Avi Francesc Macià, cuyo carisma fue clave para el rotundo triunfo de Esquerra en las elecciones municipales, especialmente en Barcelona donde se presentó en solitario —consiguió 25 concejales, frente a los 12 de la Lliga Regionalista y a otros 12 de la candidatura republicana-socialista—.[136]

El 14 de abril, alrededor de la una y media de la tarde, Lluís Companys salió al balcón del Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza de San Jaime que en esos momentos no estaba muy concurrida, para proclamar la República e izar la bandera republicana.[137]​ Alrededor de una hora después y desde el mismo balcón, donde ya ondeaba también la senyera catalana, el líder de Esquerra Francesc Macià se dirigió a la multitud concentrada en la plaza y proclamó, en nombre del pueblo de Cataluña, «L'Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques». Así pues, antes de que se proclamara la República en Madrid, Macià daba por constituido un Estado catalán y definía la forma de Estado de la nueva República «ibérica» como federal o confederal. A media tarde Macià se dirigía de nuevo a la multitud pero esta vez desde el balcón de la Diputación de Barcelona, situado enfrente del Ayuntamiento, para comunicarles que había tomado posesión del gobierno de Cataluña, afirmando a continuación que «d'aquí no ens trauran sino morts» ('de aquí no nos sacarán sino muertos'). A continuación firmó un manifiesto en el palacio de la Diputación en que proclamaba de nuevo el «Estat Català» bajo la forma de «una República Catalana», que pedía a los otros «pueblos de España» su colaboración para crear una «Confederació de Pobles Ibèrics». [138]​ Inmediatamente Macià empezó ejercer el poder y destituyó al capitán general Despujols, nombrando en su lugar al general López Ochoa y designó nuevo gobernador civil de Barcelona a su compañero de partido Lluís Companys. Asimismo nombró a los miembros de su gobierno, dominado por la Esquerra Republicana de Cataluña, en el que incluyó a un representante del Partido Republicano Radical y otro del PSOE, pero ninguno de la Lliga Regionalista —en la calle algunos gritaban "¡Visca Macià i mori Cambó!"—[137]​ Macià llegó a ofrecerle una cartera a la CNT, pero la organización anarcosindicalista rehusó participar alegando su tradicional apoliticismo. [139]

Una tercera declaración de Macià, por escrito como la segunda, se produjo a última hora de la tarde, cuando se supo que la República había sido proclamada en Madrid y el rey Alfonso XIII abandonaba el país, en la que, después de hacer referencia al Pacto de San Sebastián, se proclamaba «La República Catalana com Estat integrant de la Federació Ibèrica».[140]​ «En realidad, la actuación de Macià no iba encaminada a una ruptura con España, proclamando la independencia, sino a provocar desde una situación de fuerza el cumplimiento de lo acordado en San Sebastián, la concesión inmediata de una amplia autonomía, que quería federal».[139]

La proclamación de la República Catalana obligó al Gobierno Provisional de la Segunda República Española a enviar a tres ministros (los catalanes Marcelino Domingo y Lluis Nicolau d'Olwer, más Fernando de los Ríos) para que se entrevistaran en Barcelona con Francesc Macià. El mismo día de su llegada, el 17 de abril, se llegó al acuerdo de que Esquerra Republicana de Cataluña renunciaba a la “República Catalana” a cambio del compromiso del Gobierno Provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, previamente «aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes», y del reconocimiento del gobierno catalán que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre de Gobierno de la Generalidad de Cataluña recuperando así «el nombre de gloriosa tradición» de la centenaria institución del Principado que fue abolida por Felipe V en los decretos de Nueva Planta de 1714. La nueva Generalidad asumiría las funciones de las cuatro diputaciones catalanas y sería la encargada de organizar una Asamblea con representantes de los Ayuntamientos hasta que no fuera elegida por sufragio universal.[141]​ Casi todos los partidos políticos catalanes aceptaron el acuerdo, excepto Estat Català, que acusó a Macià —su antiguo líder— de traidor, y el Bloc Obrer i Camperol, un grupúsculo comunista recién creado, que afirmó que el Gobierno Provisional de Madrid había «aplastado la República Catalana, cuya proclamación fue el acto revolucionario más trascendental llevado a cabo el día 14».[139]

El día 26 de abril el presidente del Gobierno Provisional Niceto Alcalá-Zamora fue aclamado en el viaje que realizó a Barcelona. Tres días después el gobierno provisional aprobaba un decreto que establecía la legalidad del uso catalán en los parvularios y en las escuelas primarias, que fue acogido con entusiasmo.[139]​ Sin embargo a los pocos días se produjo el primer conflicto entre la Generalidad y el Gobierno Provisional cuando el Ministerio de la Gobernación consideró una invasión de sus competencias el decreto publicado el 3 de mayo en el primer número del “Butlletí de la Generalidad de Cataluña” en el que se reorganizaban las instituciones de la Generalidad y se nombraban unos comisarios de la misma en Gerona, Lérida y Tarragona. Un delegado de la Generalidad tuvo que viajar a Madrid para delimitar las competencias entre la Generalidad y el gobierno central.[142]

El Estatuto de Autonomía de 1932[editar]

Acto de homenaje a Rafael Casanova en 1931 presidido por Francesc Macià, presidente de la Generalidad de Cataluña.

Tal como había acordado Macià con los tres ministros del Gobierno provisional, la Generalidad convocó a los ayuntamientos catalanes para que eligieran a los 45 miembros —uno por cada partido judicial— de la Diputación Provisional de la Generalidad de Cataluña. Gracias al retraimiento de la Lliga Regionalista, que había sido derrotada en las municipales del 12 de abril, Esquerra consiguió una holgada mayoría. Nada más constituirse el 9 de junio, la Diputación nombró una comisión de seis miembros para que redactara el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Se reunieron en el santuario de Nuria y en pocos días lo acabaron, presentándolo el 20 de junio. Tras la aprobación por la Diputación Provisional el proyecto de estatuto fue sometido a referéndum a principios de agosto, obteniendo el 99% de votos positivos, con una participación del 75% del censo —las mujeres no pudieron votar, pero casi medio millón enviaron sus firmas de adhesión al mismo, al igual que unos 100.000 emigrantes que no figuraban en el censo—.[143]​ En la provincia de Barcelona 175.000 personas votaron a favor y sólo 2.127 en contra.[144]​ Macià entregó el texto a Niceto Alcalá Zamora, presidente del Gobierno Provisional, y éste lo presentó el 18 de agosto a las Cortes Constituyentes.[139]

El llamado Estatuto de Nuria respondía a un modelo federal de Estado y rebasaba en cuanto a denominación y en cuanto a competencias a lo que ya había sido aprobado de la futura Constitución de la República —el «Estado integral» respondía a una concepción unitaria, no federal—.[145]​ El Estatuto creaba una ciudadanía catalana, declaraba como lengua oficial únicamente el catalán, abría la posibilidad de que se incorporaran a Cataluña otros territorios, como Valencia y Baleares, y hasta determinaba las condiciones en las que los jóvenes catalanes debían cumplir el servicio militar. Al presentar el proyecto los representantes catalanes argumentaron que en el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930 se reconoció el derecho de autodeterminación de Cataluña.[146]

Manifestación en contra del Estatuto de Cataluña

Entre enero y abril de 1932 una comisión de las Cortes adecuaron el proyecto de Estatuto de Cataluña a la Constitución, lo que irritó a los diputados nacionalistas catalanes —uno de ellos llegó a afirmar que «habían sido engañados»—[147]​. Pero aun así el proyecto encontró una fuerte oposición entre todos los sectores de la cámara, incluidos los intelectuales liberales como Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset y los diversos grupos republicanos y el socialista que apoyaban al gobierno. Así la autonomía catalana «se convirtió en un regateo constante que se tradujo en un progresivo diluir de sus contenidos» y «las sesiones borrascosas se multiplicaron con el paso de los días empujando a una sensación de desaliento progresivo en numerosos sectores del catalanismo, que veían rotas sus expectativas de un ensamblaje amigable dentro de la República».[148]​ En la oposición al proyecto de Estatuto destacaron la Minoría Agraria y los diputados de la Comunión Tradicionalista que ya se habían separado de los diputados del PNV de la Minoría vasco-navarra, y que impulsaron una amplia movilización callejera «antiseparatista».[149]

Tras cuatro meses de debates interminables, sólo el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo de agosto de 1932 provocó que se acelerara la discusión del Estatuto, que finalmente fue aprobado el 9 de septiembre por 314 votos a favor —todos los partidos que apoyaban al gobierno, más la mayoría de los diputados del Partido Republicano Radical— y 24 en contra —y unas 100 abstenciones—.[147]​ El presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora lo firmó el día 15 de septiembre en San Sebastián.[150]​ Según Gabriel Jackson, «Manuel Azaña arriesgó la vida de su Gobierno y su prestigio personal en la aprobación del Estatuto... Para Azaña, como inteligente nacionalista español... el Estatuto era un juego calculado en la construcción de una España unida por mutuos intereses y no por la fuerza militar».[149]

El Estatuto era menos de lo que los nacionalistas catalanes habían esperado «pero cuando el presidente del Consejo de ministros fue a Barcelona para la ceremonia de presentación, lo recibieron con una tremenda ovación».[151]​ En realidad el Estatuto de Nuria sufrió una modificación a fondo durante su tramitación parlamentaria, ya que desaparecieron las referencias a la autodeterminación —el único recuerdo que quedó fue la afirmación de que «Cataluña se constituye como región autónoma», «como si el reflexivo indicara que lo hacía por propia y única voluntad»—[147]​, los impuestos directos siguieron siendo competencia exclusiva del Estado, así como la legislación social, un tema irrenunciable para los socialistas, pero el resultado final fue una «solución de transacción, que no siendo totalmente satisfactoria para nadie se demostró estable y punto de coincidencia de izquierdas y derechas en Cataluña».[147]

El Estatuto aprobado provocó la decepción entre muchos sectores pues se había eliminado del proyecto originario la referencia a la soberanía —la frase «el poder de Cataluña emana del pueblo» fue eliminada; la definición de Cataluña como «estado autónomo» fue sustituida por la de región autónoma—, se había impuesto la cooficialidad del castellano suprimiendo la posibilidad de dirigirse a los poderes estatales en catalán, se habían recortado las competencias exclusivas de la Generalidad, sobre todo en materia de enseñanza, orden público y administración de justicia, etc. Un grupúsculo comunista definió el Estatuto como «la subordinación catalana al imperialismo español», lo que «dejando de lado el maximalismo léxico, debía compartir una parte importante del electorado, al percatarse de las limitaciones a que era sometida la tan largamente reivindicada autonomía». Además la lentitud en el traspaso de las competencias del Estado central a la Generalidad y la infrafinanciación de los servicios transferidos, lo que generó un progresivo déficit en el presupuesto catalán, contribuyeron a incrementar la decepción. Pero a pesar de todo el Estatuto fue considerado «un instrumento útil para avanzar en el diseño de una legislación propia».[150]

Las primeras elecciones al Parlament tuvieron lugar dos meses después y fueron ganadas por Esquerra Republicana de Cataluña —coaligada con la minoritaria Unió Socialista de Catalunya, una escisión del PSOE en 1923, que era prácticamente inexistente en Cataluña—, seguida a mucha distancia de la Lliga Regionalista, que al año siguiente adoptaría el nombre de Lliga Catalana y que se presentó en coalición con la Unió Democràtica de Catalunya, nacida a finales de 1931 como resultado de la confluencia del sector del carlismo catalán favorable a la autonomía —a la que se oponía el grueso de la Comunión Tradicionalista— y del sector confesional y más nacionalista catalán, encabezado por Manuel Carrasco Formiguera, del Partit Catalanista Republicà —surgido a su vez de la reunificación en marzo de 1931 de Acció Catalana y de su escisión Acció Republicana de Catalunya, y que en 1933 adoptaría Acció Catalana Republicana—.[152]

A las elecciones también se presentó una coalición monárquica integrada por la carlista Comunión Tradicionalista y los alfonsinos Peña Blanca y Renovación Española, que formarían al año siguiente Derecha de Cataluña, radicalmente opuesta a la autonomía de Cataluña y a la República. Quedaron fuera del parlament los grupúsculos comunistas Partit Comunista Català, vinculado al PCE, el Bloc Obrer i Camperol y la Esquerra Comunista —estos dos últimos grupos se fusionaron en 1935 para formar el POUM, liderado por Andreu Nin. Tampoco entraron en el Parlament los grupos independentistas Partit Nacionalista Català, Nosaltres Sols! —traducción literal del Sinn Fein irlandés— y Estat Català-Partit Proletari —que a partir de 1934 pasó a llamarse Partit Català Proletari y que en 1936 seria uno de los grupos fundadores del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), junto con la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista Català y la federación catalana del PSOE—.[150]

Tras el triunfo de Esquerra Republicana en las elecciones al Parlament Francesc Macià fue confirmado como presidente de la Generalidad.[153]​ Estuvo en el cargo hasta su muerte en diciembre de 1933. Le sustituyó Lluís Companys que formó un Gobierno de concentración de izquierda integrado por Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, Unió Socialista de Catalunya y un sector de Estat Català, con Josep Dencàs en la conselleria de Gobernación.[154]

El conflicto de la ley de contratos de cultivos y la Revolución de octubre de 1934[editar]

Lluís Companys, presidente de la Generlaitat tras la muerte de Francesc Macià en diciembre de 1933.

El 21 de marzo de 1934 el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad de los diputados presentes —los de la Lliga Catalana, nueva denominación de la veterana Lliga Regionalista, se ausentaron— la Ley de Contratos de Cultivo que garantizaba a los rabassaires la explotación de las tierras que tenían arrendadas durante un mínimo de seis años y que les daba el derecho a acceder a la propiedad de las parcelas que hubieran estado cultivando ininterrumpidamente durante más de dieciocho años. [155][154]

La ley se encontró con la oposición frontal del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que agrupaba a los más importantes propietarios agrarios, y de la Lliga, que pidió al gobierno del Partido Republicano Radical presidido por Ricardo Samper, al que la Lliga y la CEDA apoyaban en las Cortes, que recurriese la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cosa que hizo el 4 de mayo. El recurso se basaba en una presunta invasión de competencias estatales, lo que puso en evidencia a la Lliga pues ésta «anteponía la defensa de los intereses económicos de sus votantes potenciales a la de las potestades autonómicas, contradiciendo el deseo expresado en su declaración programática de 1933 de aspirar a "una fórmula de autonomía mucho más amplia"».[154][155]

El 8 de junio de 1934 el Tribunal de Garantías, por 13 votos a 10, declaró incompetente al Parlamento de Cataluña sobre el tema y anuló por tanto la ley. La respuesta catalana fue la aprobación por el Parlament de una ley virtualmente idéntica el 12 de junio.[155]​ Se generó así una grave crisis política entre Madrid y Barcelona —incluyendo la retirada de los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña de las Cortes Españolas, a la que sumaron los del PNV en muestra de solidaridad— y una considerable exacerbación nacionalista, que favorecía las actividades paramilitares y la propaganda separatista de las Joventuts d'Estat Català, dirigidas por Josep Dencàs.[156]​ El Partido Comunista de Cataluña reivindicó «la lucha por el ilimitado derecho de la nación catalana de disponer por sí mima hasta su separación completa del Estado opresor español».[154]

Sin embargo, como ninguno de los dos gobiernos quería iniciar una nueva confrontación, representantes de los mismos negociaron a lo largo del verano la introducción de enmiendas en el reglamento que tenía que desarrollar la ley. Pero el acuerdo alcanzado entre Samper y Companys se rompió cuando a principios de octubre se constituyó en Madrid el nuevo gobierno presidido por Alejandro Lerroux y del que formaban parte tres ministros de la CEDA. Inmediatamente se inició la Revolución de Octubre de 1934, en la que Companys fue uno de los protagonistas con la Proclamación del Estado Catalán.[157]

Hacia las 8 de la tarde del sábado 6 de octubre —al día siguiente del inicio de la huelga general revolucionaria en Cataluña convocada por la Alianza Obrera— Companys anunció que el Gobierno de la Generalidad rompía toda relación con «las instituciones falseadas» de la República —como habían hecho ya todos los partidos republicanos de izquierdas al conocerse la entrada en el gobierno de la CEDA— y a continuación proclamó, como en el 14 de abril de 1931, «el Estado catalán en la República Federal Española» como una medida contra «las fuerzas monárquicas y fascistas... que habían asaltado el poder».[158]​ A continuación propuso la formación de un Gobierno Provisional de la República que tendría su sede en Barcelona.[159]​ Sin embargo esta ruptura de la legalidad no tenía ninguna conexión con la revolución obrera que estaba en marcha, como lo probó el hecho de que la Generalidad se negó a armar a los revolucionarios e incluso actuó contra ellos. [160]​ Tampoco fue un acto secesionista, por lo que la actitud de Companys «sólo puede explicarse por la voluntad de frenar una auténtica revolución social, poniéndose al frente de un pronunciamiento político que asumía su dirección y la desactivaba, y por la necesidad de evitar la pérdida de control por la ERC de los sindicatos, en especial el agrario, que constituía una de sus principales fuentes de votantes. La actuación se justifica también por la presión de los distintos grupos de la izquierda marxista e independentista a favor de una defensa radical de los acuerdos del Parlament».[161]

Josep Dencàs, conseller de Gobernación.

La falta de planificación —a pesar de que el conseller de Gobernació, Josep Dencàs, movilizó los escamots, las milicias de la Esquerra, y a los Mozos de Escuadra— y la pasividad con que respondió la principal fuerza obrera de Cataluña, la CNT, hizo que la rebelión catalana se terminara rápidamente el día 7 de octubre por la intervención del Ejército encabezado por el general Domingo Batet, cuya moderada actuación evitó que hubiera muchas más víctimas —murieron ocho soldados y treinta y ocho civiles—.[159]

El president y los consellers de la Generalidad fueron encarcelados, menos Dencás que consiguió escapar, y el Estatuto de Autonomía fue dejado sin efecto y todos los órganos de la administración autonómica fueron suspendidos y sustituidos temporalmente por un control militar. Finalmente, las Cortes aprobaron una ley el 2 de enero de 1935 que acordaba la suspensión indefinida del Estatuto de Cataluña —la derecha exigía su derogación definitiva— y la recuperación por la Administración central de las competencias transferidas a la Generalidad. [158]​ La Lliga participó en el Consell de la Generalidad designado por el Gobierno, «lo que confirmó su imagen de cómplice de los enemigos de la autonomía y alejó de ella a sectores de clases medias, pese a que paralelamente, desde finales del mismo octubre, denunciara al Gobierno central por aprovechar la situación creada para suprimir o recortar las facultades autonómicas, sosteniendo que "no se debe castigar a un pueblo por los errores de sus gobernantes". En nombre de la Lliga, el vicepresidente del Parlamento catalán, A. Martínez Domingo, impugnó ante el Tribunal de Garantías la ley de 2 de enero de 1935, que vaciaba de contenidos a la Generalidad».[161]

Asimismo el gobierno de Lerroux desató «una dura oleada represiva con la clausura de centros políticos y sindicales, la supresión de periódicos, la destitución de ayuntamientos y miles de detenidos, sin que hubieran tenido una actuación directa en los hechos», lo que evidenció «una voluntad punitiva a menudo arbitraria y con componentes de venganza de clase o ideológica».[161]

La victoria del Front d'Esquerres y el restablecimiento de la Generalidad[editar]

En las elecciones generales de febrero de 1936 triunfó el Frente Popular lo que supuso la formación de un gobierno de republicanos de izquierda presidido por Manuel Azaña. La primera decisión que tomó fue conceder la amnistía a los condenados por la Revolución de Octubre de 1934, que era el primer punto del programa electoral del la coalición.[162]

Gracias a la amnistía también pudieron salir de la cárcel los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña, una media que fue acompañada de inmediato por un Decreto de 1 de marzo que reanudaba las funciones del Parlament y reponía en su puesto a Lluís Companys como Presidente de la Generalidad de Cataluña y a sus Consejeros.[162]​ De esta forma se satisfacía la principal reivindicación del Front d'Esquerres, la versión del Frente Popular en Cataluña, que había obtenido el 59% de los votos, gracias en parte a que la CNT esta vez no había hecho campaña a favor de la abstención, pues también buscaba la amnistía para sus presos. Asimismo respondía a la nueva sensibilidad de los partidos republicanos y de izquierda respecto a la cuestión regional, que se tradujo en la aparición de propuestas de autonomía para otras regiones —Cambó llegó a decir: «hoy en España hay la moda estatutista»—, y que pudieron comprobar los miembros del Gobierno catalán cuando fueron aclamados en todas las estaciones de ferrocarril que recorrieron los trenes que los llevaron de vuelta a Barcelona desde las cárceles donde habían estado más de un año presos.[163]

Una de las primeras decisiones que tomó el Consell Executiu de la Generalidad de Cataluña fue, de acuerdo con el gobierno central, empezar a aplicar la polémica Ley de Contratos de Cultivo. [162]​ Y por otro lado el tono reivindicativo de los partidos políticos nacionalistas catalanes fue aumentando hasta rebasar en algunos casos los límites del Estatuto. Manuel Carrasco Formiguera de la Unió Democràtica de Catalunya dijo que «Cataluña ha de luchar hasta conseguir constituirse políticamente, como nación que es, en Estado independiente que con toda libertad pueda hacer las alianzas y confederaciones que crea convenientes», mientras que Joan Comorera de la Unió Socialista de Catalunya, que poco después se integraría en el nuevo Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), dijo que «debemos luchar por la República Socialista Catalana federada con la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas y hermana de la URSS».[164]

La Guerra Civil[editar]

El fracaso del golpe de Estado de julio de 1936 en Barcelona tuvo como consecuencia que el poder efectivo en Cataluña pasara a las organizaciones obreras, y fundamentalmente a la anarcosindicalista CNT-AIT. El gobierno de Lluís Companys se vio obligado a pactar con los cenetistas la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que teóricamente estaba subordinado a la Generalidad, pero que se convirtió en el organismo que en la práctica detentaba el poder real. Surgió así una dualidad de poderes Generalidad-Comité de Milicias que sólo fue formalmente superado cuando el 26 de septiembre Companys logró que el Comité de Milicias fuera disuelto y los anarquistas entraran a formar parte del gobierno de la Generalidad en el que también se integraron los comunistas estalinistas del PSUC y los comunistas antiestalinistas del POUM. El único partido favorable a la República que quedó fuera del gobierno de la Generalidad fue Estat Català, que también había sido excluido del Comité de Milicias, debido a «su histórico enfrentamiento con los cenetistas y por la escasa simpatía que generaba en las filas de la ERC, que le veía como su principal oponente». Por su parte la Lliga Regionalista, que en contra de lo que se dijo no había participado en los preparativos del golpe militar, acabó dando su apoyo económico y personal al bando franquista debido a la revolución social que se desencadenó en la zona republicana y a la persecución que sufrieron sus militantes y dirigentes.[165]

La exclusión de Estat Català estuvo relacionada con el confuso complot de noviembre de 1936 que pretendió sustituir a Companys al frente de la Generalidad por el presidentes del Parlament Joan Casanovas —firme partidario de recuperar el control del orden público entonces en manos de las milicias cenetitas— y que fue organizado por el secretario general de Estat Català, Joan Torres Picart. El objetivo al parecer era proclamar la independencia de Cataluña bajo la protección francesa y quizá inglesa y a continuación declararse neutral en la guerra civil española. «Casanovas y otros protagonistas del supuesto complot siempre negaron su veracidad, que está en oposición con la salida de Barcelona el 19 de noviembre de una columna de mil hombres de Estat Català hacia el frente de Madrid, para contribuir a su defensa, y con la ratificación de Casanovas en la presidencia del Parlament el 8 de agosto de 1937».[166]

El nuevo gobierno de la Generalidad, en el que se había integrado la CNT, la fuerza política y social dominante en aquellos momentos, amplió notablemente sus competencias asumiendo el control del orden público, la economía —con la creación de las industrias de guerra, y el decreto de colectivizaciones que legalizaba la socialización de multitud de empresas llevada a cabo en las primeras semanas de la guerra, además de intervenir las delegaciones de Hacienda y del Banco de España—, la justicia y el ejército —con la creación de una Consejería de Defensa—, por lo que durante los primeros diez meses de la guerra Cataluña se constituyó en una especie de Estado casi independiente. En enero de 1937 Companys declaraba a un diario francés: «En realidad ya somos una federación… El futuro no podrá desmentir las conquistas federalistas, construidas sobre la base de la resistencia y el factor de la victoria». La situación cambió radicalmente tras los hechos de mayo de 1937 y el traslado del gobierno de la República a Barcelona en octubre.[167]

Joan Comorera, secretario general del comunista PSUC.

El lunes 3 de mayo de 1937 un destacamento de la Guardia de Asalto por orden de la Generalidad de Cataluña intentó recuperar el control sobre el edificio de la Telefónica en la plaza de Cataluña de Barcelona, en poder de la CNT desde las jornadas "gloriosas" de julio de 1936. Varios grupos anarquistas respondieron con las armas y el POUM se sumó a la lucha. En el otro bando, la Generalidad y los comunistas y socialistas unificados en Cataluña bajo un mismo partido —el PSUC— hicieron frente a la rebelión, que ellos mismos habían provocado, y la lucha se prolongó varios días. Barcelona se llenó de barricadas y hubo cuatrocientos muertos y mil heridos según el recuento oficial. El gobierno republicano con sede en Valencia envió a Barcelona un primer contingente de dos mil guardias de asalto —que en los días siguientes alcanzaría la cifra de cinco mil— respondiendo a la petición de ayuda que formuló el Presidente de la República, Manuel Azaña, que entonces tenía su sede oficial en el Palacio de Pedralbes en Barcelona. También salió para Barcelona una delegación encabezada por dos de los cuatro ministros anarquistas, Joan García Oliver y Federica Montseny, y por el secretario del Comité Nacional de la CNT Mariano Rodríguez Vázquez, que nada más llegar hicieron un llamamiento a sus correligionarios en favor de un alto el fuego «por la unidad antifascista, por la unidad proletaria, por los que cayeron en la lucha». El viernes 7 de mayo la situación pudo ser controlada por las fuerzas de orden público enviadas desde Valencia, ayudadas por militantes del PSUC. [168]​ Para la Generalidad supuso la pérdida de sus competencias en materia de orden público y defensa que fueron asumidas directamente por el nuevo gobierno de la República presidido por el socialista prietista Juan Negrín, que se formó tras la caída del gobierno de Francisco Largo Caballero el 17 de mayo.[167]

Negrín se marcó como objetivo convertir al Ejército Popular Republicano en una fuerza armada capaz de ganar la guerra o al menos conseguir una paz "digna", para lo que era necesario reconstruir la autoridad del Estado republicano en todos sus ámbitos,[169]​ incluida la recuperación por el gobierno central de todos los poderes, con la justificación de que la dirección de la guerra así lo reclamaba. A ello obedeció el traslado del gobierno de Valencia a Barcelona en octubre de 1937, cuando terminada la Campaña del Norte la República perdió toda la franja cantábrica. A partir de ese momento los conflictos entre los dos gobiernos con sede en Barcelona fueron en aumento sobre todo cuando el gobierno republicano asumió el control de la administración de justicia y de la industria de guerra y suprimió la Consejería de Defensa. Ya el 11 de septiembre de 1937 el presidente del Parlamento de Cataluña Canasanovas denunció la «política de absorción» que estaba sufriendo la Generalidad de Cataluña y reclamaba una «política de dignidad», recordando que «cuando el Gobierno central no existía, la acción de Cataluña suplió la acción del Estado». Casanovas fue más lejos al proponer desde Perpiñán una paz rápida que acabara con «el martirio de Cataluña» y la celebración de un referéndum sobre el «derecho de autodeterminación», lo que provocó la furiosa respuesta de Negrín.[170]

La Generalidad perdió así toda capacidad de gestión, lo que influyó en la baja moral de resistencia de la población de Cataluña. Como dijo Lluís Nicolau d'Olwer: «Si Franco nos quita el Estatuto y la República no lo respeta, ¿para qué luchamos?».[171]​ Como respuesta a la política de Negrín, el presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys, cuyo mandato fue prorrogado por el Parlament hasta el final de la guerra, y el lehendakari José Antonio Aguirre, refugiado en Barcelona tras la ocupación franquista del País Vasco, hicieron gestiones ante los gobiernos de Francia y Gran Bretaña para conseguir la mediación de los dos países que pusiera fin a la guerra y garantizara la continuidad de los respectivos estatutos, pero la iniciativa no dio ningún resultado.[170]

Nada más ocupar Lérida el 5 de abril de 1938, a donde sus tropas llegaban «en plan de conquistadores de un territorio que no era España», el Generalísimo Franco derogó el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 «en mala hora concebido», cumpliendo así su compromiso de imponer «una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española». En un artículo publicado en El Norte de Castilla cuatro días después Francisco de Cossío escribió: «Ya no queda ni ezquerra [sic] ni lliga, ni derechas, ni izquierdas, ni catalanes templados, ni catalanes radicales…, esto se acabó… La guerra se hizo para esto y se gana para esto».[172]

Tras la derrota republicana en la batalla del Ebro (julio-noviembre de 1938), el 23 de diciembre de 1938 empezó la ofensiva final sobre Cataluña del ejército franquista desde el oeste y desde el sur sobre un ejército republicano muy inferior en hombres y medios que se batía en retirada. Huyendo de los bombardeos y temerosa de las represalias, mucha población civil comenzó a pasar en enero a Francia. El 26 de enero de 1939 las tropas de Franco entraban en Barcelona prácticamente sin lucha. El 5 de febrero ocupaban Gerona.[173]​ Al día siguiente las principales autoridades republicanas, encabezadas por el Presidente Azaña, cruzaban la frontera seguidos de un inmenso éxodo de civiles y militares republicanos que marchaban al exilio. El día 9 hacía lo mismo el presidente del gobierno, Juan Negrín, pero en Toulouse cogió un avión para regresar a Alicante al día siguiente acompañado de algunos ministros con la intención de reactivar la guerra en la zona centro-sur. El 11 de febrero habían cruzado la frontera las últimas tropas republicanas y toda Cataluña estaba en poder del bando sublevado.[173]​ El 5 de febrero Antoni Rovira i Virgili había formulado su «juramento del exilio»:[172]

En medio del presente desolado y trágico, pongo mi esperanza en los días que vendrán, en la lengua que persistirá. No me desaliento, no renuncio, no deserto.

El periodista y escritor Agustí Calvet Gaziel escribió:[174]

Res no ha quedat en peu del que era nostre: ni el govern, ni les institucions, ni la cultura, ni la llengua, ni tan sols la senyera. Només ens resta, com un bocí trossejat i sense ànima, la nostra vençuda terra catalana

Nada ha quedado en pie de lo nuestro: ni el gobierno, ni las instituciones, ni la cultura, ni la lengua, ni tan solo la bandera. Tan solo nos queda, como un pedazo troceado y sin alma, nuestra vencida tierra catalana.

La Dictadura franquista (1939-1975)[editar]

Represión y exilio[editar]

Muro del castillo de Montjuic donde fue fusilado el president Lluís Companys en 7 de octubre de 1940.

El triunfo franquista en la Guerra Civil supuso el exilio de los políticos e intelectuales catalanes que habían apoyado a la República, con lo que «Cataluña se quedaba casi sin cuadros dirigentes y algunos ámbitos de las artes y el conocimiento quedaban desiertos». Como dijo el arqueólogo y rector de la Universidad de Barcelona Pere Bosch Gimpera: «Si la sublevación hubiese triunfado en Barcelona, yo habría sido uno de los "liquidados"».[175]​ La mayoría de los exiliados se refugió en Francia, aunque tras la ocupación nazi en junio de 1940, los que pudieron escapar marcharon a América. No fue el caso del president Lluís Companys que fue detenido en agosto por la Gestapo y entregado inmediatamente a las autoridades franquistas. Interrogado, torturado y sometido a un consejo de guerra sumarísimo fue fusilado casi en secreto en el castillo de Montjuic el 7 de octubre de 1940.[172]

La represión franquista fue especialmente dura en Cataluña porque «para el nuevo régimen, representaba la síntesis de todos los peligros» —el republicanismo, el anarquismo y el catalanismo—. «Huidos y exiliados los principales dirigentes políticos y sindicales... la mayoría de hombres y mujeres eliminados al ser considerados enemigos políticamente peligrosos eran simples afiliados a ERC, a la CNT y a otras fuerzas de izquierdas. La contundencia de la represión buscaba difundir el terror y el miedo entre la población, incluso entre aquella que permanecía indiferente políticamente. A las penas capitales [4.000 personas fueron condenadas a muerte y fusiladas entre 1938 y 1953] debían sumarse las depuraciones profesionales, los encarcelamientos, las palizas, los desterramientos, las multas, los campos de trabajo, las confiscaciones, las miles de humillaciones y la incertidumbre ante una justicia caprichosa y capciosa».[176]

La política aplicada en Cataluña por las autoridades franquistas no se limitó a la represión de toda manifestación de catalanismo o de republicanismo, sino que se dirigió a la eliminación de todo aquello que diferenciaba a Cataluña de España, llevando a cabo un intento de «genocidio cultural», en palabras del historiador Josep Benet. La lengua, la cultura, los símbolos y las señas de identidad de Cataluña fueron perseguidos, sin diferencias entre vencedores y vencidos.[177][178]​ Así «el intento de nacionalización [español] fue mucho más brutal que el de Primo de Rivera».[179]

El uso del catalán fue abolido en la escuela, en la prensa, en la radio, en las prácticas religiosas y en toda la vida oficial y carteles y consignas imponían el uso del castellano en público. Se prohibió publicar libros en catalán y los fondos editoriales, las librerías de lance y las bibliotecas fueron expurgadas. Los centros culturales fueron clausurados, las canciones proscritas y los monumentos más emblemáticos retirados de la vía pública. Se cambiaron el nombre de las calles y se tradujeron al castellano los nombres de los pueblos y los topónimos. Se obligó a poner en castellano los rótulos de los establecimientos y razones sociales y se les obligó a eliminar el epíteto 'catalán', así como los nombres propios de las personas. Tampoco se permitía usar facturas en catalán —bajo multa de 500 pesetas—. Los curas eran también multados por enseñar el catecismo en catalán —150 pesetas—. Pero también se perseguía el uso del catalán en el ámbito privado —en 1941 una persona fue multada con 500 pesetas por haber impreso sus participaciones de matrimonio en catalán— y en la correspondencia, para facilitar el trabajo a la censura. Además se fomentó la delación al ofrecer al denunciante el 25% del valor de la multa. Todas estas medidas fueron aplaudidas, por ejemplo, por la Real Academia Española que en septiembre de 1939 felicitó a las autoridades franquistas por «la defensa del señorío de la Lengua Española».[180]

Sin embargo la cultura catalana logró sobrevivir en la clandestinidad y gracias al patrocinio privado —se imprimieron libros, desde las obras de Shakespeare hasta obras de devoción y catecismos, retrasando el año del pie de imprenta, de 1945 a 1935, por ejemplo; los suprimidos Institut d'Estudis Catalans y los Estudis Universitaris Catalans siguieron funcionando— por lo que no se consumó el «genocidio cultural» pues «no consiguió que la mayoría de la población renunciara a su lengua, manteniéndosele fieles las distintas clases sociales al margen de sus contrapuestas ideologías, y además evidenció a amplios sectores conservadores que si bien habían ganado socialmente la guerra, podían considerarse derrotados en otros aspectos cruciales de su vivir cotidiano. De ahí que notables burgueses, algunos bien relacionados con el régimen, participaran activamente en la lucha por la recuperación cultural, y no sólo en Barcelona».[181]

La resistencia a la Dictadura en los años 40 y 50[editar]

Pompeu Fabra, presidente del primer Consell Nacional de Catalunya en el exilio.

A excepción de la Lliga Regionalista, cuyos miembros en su mayoría se integraron en el régimen franquista —Cambó en cambio no regresó y murió en el exilio—, los partidos políticos catalanes se posicionaron en contra de la Dictadura e intentaron reorganizarse en la clandestinidad, aunque la mayoría no lo lograron a causa del acoso a que les sometió la policía franquista y su activismo se redujo al exilio. Fue el caso de Unió Democrática de Catalunya, de Acció Catalana Republicana y de Esquerra Republicana de Cataluña. El peso de la oposición a la Dictadura en la inmediata posguerra lo llevó Estat Català que en abril de 1940 creó en París el independentista Front Nacional de Catalunya, al que se unieron militantes de otros partidos y sindicatos. «Durante la II Guerra Mundial colaboró con los aliados en tareas de espionaje y paso clandestino de la frontera, apoyó el Consell Nacional de Londres, colgó banderas catalanas y colocó pequeños artefactos explosivos. Además, disponía de una emisora que emitía desde Perpiñán (1946) y su revista Per Catalunya distribuía 5.000 ejemplares». Sin embargo, el Front se disolvió al no producirse la esperada intervención aliada en España al finalizar la II Guerra Mundial, aunque aún llegó a celebrar su II Conferencia en 1947.[182]

En el exilio el presidente de la Generalidad Lluís Companys fracasó en su intento de formar un nuevo gobierno catalán a causa de la creciente hostilidad entre Esquerra Republicana de Catalunya y el PSUC, acrecentada por la firma del Pacto Germano-Soviético a finales de agosto de 1939. Así que optó por nombrar un Consell Nacional de Catalunya integrado por personalidades relevantes de la vida pública y bajo la presidencia de Pompeu Fabra.[175]​ Tras la capitulación de Francia ante los alemanes y la posterior detención y ejecución de Companys, se constituyó en Londres otro Consell Nacional de Catalunya, presidido por el delegado de la Generalidad en Gran Bretaña, Carles Pi i Sunyer, que hizo las funciones de un gobierno en el exilio, y que contó con el apoyo de las comunidades catalanas de América. El Consell adoptó posiciones independentistas frente a los minoritarios autonomistas que defendían la vigencia del Estatuto.[183]

Cuando se produjo la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial en 1945 y ante la posibilidad de que éstos intervinieran en España para poner fin a la Dictadura franquista, se formó un gobierno de la Generalidad en el exilio encabezado por Josep Irla, presidente del Parlamento de Cataluña, y del que formaban parte Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Acció Catalana Republicana (ACR) y PSUC y al que se incorporaron más tarde el recién creado Moviment Socialista de Catalunya (MSC) —integrado por antiguos militantes del POUM y de la Unió Socialista de Catalunya— y la Unió de Rabassaires. Ese mismo año de 1945 se formó en el interior de Cataluña por iniciativa del escritor Josep Pous i Pagès el Consell Nacional de la Democràcia Catalana con representantes de ERC, ACR, Estat Català, Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i Unió de Rabassaires, a los que se sumaron el Front Nacional de Catalunya (FNC) y el MSC, y con la ausencia destacada del PSUC. Por su parte Josep Tarradellas, que contaba con el apoyo de la mayoría de ERC, creó otra instancia unitaria llamada Solidaritat Catalana, y en la que estaban todos los partidos catalanes, incluida la Lliga, pero también dejando fuera a los comunistas del PSUC.[184]

Monasterio de Montserrat, donde tuvo lugar en 1947 el primer acto de resistencia importante contra el genocidio cultural franquista.

El primer acto importante de resistencia se produjo en abril de 1947 con motivo de las fiestas de entronización de la Virgen de Montserrat, organizadas por la Comissió Abat Oliba, impulsada por el abad del Monasterio de Montserrat Aureli Maria Escarré y con Josep Benet como secretario, bajo el amparo de Fèlix Millet i Maristany, y en la que participaron personas provenientes de los dos bandos de la guerra civil, como Fèlix Escalas, Maurici Serrahima, o los jóvenes Joan Reventós o Antón Cañellas —«incluso se había previsto el retorno de Cambó, pero su muerte lo impidió»—.[185]​ Aprovechando la fiesta religiosa se organizó una campaña por toda Cataluña a través de circulares y conferencias en catalán, por primera vez desde el final de la guerra civil. Al acto final que se realizó en la basílica de Montserrat asistieron más de 60.000 personas, presididas «por una gigantesca e ilegal bandera catalana colgada clandestinamente en la montaña».[186]​ Sin embargo, el compromiso de la jerarquía eclesiástica católica con el franquismo no se resquebrajó como lo demostró la celebración en Barcelona del XXXV Congreso Eucarístico Internacional en 1952.[187]​ a pesar de que se desplegó una enorme bandera catalana colocada clandestinamente. El siguiente acto de protesta antifranquista importante fue la huelga de tranvías de Barcelona de 1951, aunque en él la reivindicación nacionalista estuvo ausente.[186]

En 1954 el presidente de la Generalidad en el exilio, Josep Irla, viejo y enfermo, dimitió. Se convocó entonces a los diputados del Parlamento de Cataluña que estaban vivos quienes eligieron en una reunión celebrada en la embajada republicana en México a Josep Tarradellas, por 24 votos contra 2 (9 diputados estuvieron presentes y 17 votaron por correo), pero éste se negó a formar ningún gobierno, lo que levantó las protestas del Consell Nacional Català fundado en México en 1953 y que agrupaba a 60 entidades de 30 países —y cuya actividad principal fue la denuncia ante los organismos internacionales de la situación catalana bajo la dictadura franquista— y del Consell de Forces Democrátiques fundado en la clandestinidad en 1951 —o en 1958—[188]​ bajo la presidencia de Claudi Ametlla e integrado por ERC, ACR, UDC, MSC y FNC, y del que estuvo excluido el PSUC.[183]​ El también llamado Comité Ametlla constituyó «el eslabón imprescindible entre el viejo y el nuevo antifranquismo, un espacio de aprendizaje y conocimiento mutuo. Era el primer paso antes de superar la fractura con otras fuerzas clandestinas como los comunistas, o de extender la mano a los sectores disidentes dentro del propio régimen».[189]

Sin embargo, el principal sostén del catalanismo no fueron los partidos políticos clandestinos duramente reprimidos por la policía franquista, sino las asociaciones de todo tipo que actuaban legalmente. «Centros excursionistas, grupos sardanistas, sociedades culturales… [que] organizaban, luchando contra la censura, concursos literarios, conferencias, conmemoraciones, actos en definitiva de reafirmación colectiva presentados como estrictamente culturales o tradicionales… [contando] con el apoyo de parte del bajo clero y de una amplia representación burguesa». Estas entidades apoyaron la campaña de 1958-1959 contra el franquista director de La Vanguardia Española Luis Martínez de Galinsoga que había manifestado que «todos los catalanes son una mierda» tras salir indignado de una misa en catalán, y que consiguió su destitución. El caso Galinsoga fue promovido por el grupo Cristians Catalans (CC) fundado en 1954 y cuyo líder era Jordi Pujol.[190][191]

El renacimiento del catalanismo político (1960-1975): la «Assemblea de Catalunya»[editar]

Palcio de la Música Catalana donde tuvo lugar la protesta conocida como los sucesos del Palau de la Música de 1960, 51 años después de que en ese mismo lugar se aprobara el primer proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña propuesto por la Mancomunidad de Cataluña.

Habiendo conseguido sobrevivir a la dura represión de las dos primeras décadas de la dictadura franquista, el catalanismo político resurgió a partir de 1960. El acto fundacional se suele situar en los sucesos del Palau de la Música de Barcelona de mayo de 1960, durante los cuales el público asistente a un acto celebrado en el Palacio de la Música Catalana presidido por varios ministros franquistas cantó el Cant de la senyera, que funcionaba como himno alternativo al prohibido Els Segadors. Como presunto responsable de la protesta fue detenido, juzgado y condenado por un tribunal militar a siete años de cárcel Jordi Pujol —de los que cumplió tres—[192]​ a quien también se acusó —lo que era cierto—[192]​ de ser el autor del panfleto Us presentem al general Franco.[190]

Otros hitos importantes fueron el nacimiento un año antes de los sucesos del Palau, y bajo los auspicios de la Abadía de Montserrat, de la revista Serra d'Or; la fundación en 1961 de la entidad privada Omnium Cultural y de Edicions 62, editorial íntegramente dedicada a la publicación de libros en catalán; la aparición también en 1961 del grupo Els Setze Jutges, primer representante de la Nova Cançó; la petición firmada por 115 intelectuales en 1962 para que se incorporara el catalán a la enseñanza —que no fue atendida—; las declaraciones del abad de Montserrat Aureli Escarré al diario francés Le Monde en septiembre 1963 en las que criticó el régimen franquista —«era la primera vez que un dirigente católico criticaba abiertamente a la dictadura. Sus palabras le costaron el exilio»—[193]​; la campaña Volem bisbes catalans de 1966 o la del Català a l'escola de tres años después —el mismo año en que apareció el primer tomo de la Gran Enciclopedia Catalana impulsada por Max Cahner, Jordi Carbonell, Ernest Lluch y Ramon Folch y con la financiación de la Banca Catalana de Jordi Pujol[194]​. Todo ello unido a una intensa actividad en los más diversos campos: aplecs de sardanas, recitales, teatro, excursionismo, clases semitoleradas de catalán… Una prueba del impacto que tuvieron lo constituye el hecho de que el 97% de los entrevistados en el informe FOESSA de 1970 afirmaron que querían que sus hijos supieran hablar catalán —entonces fuera del sistema educativo—, a pesar de que sólo el 56% declaraba tenerlo como primera lengua y que sólo el 62% de los habitantes había nacido en Cataluña —incluidos los hijos de los emigrantes—.[195]

En cuanto a la oposición antifranquista el peso principal en los años 60 y 70 pasó al PSUC y el primer acontecimiento importante fue La Capuchinada de marzo de 1966, así llamada por el convento de los capuchinos de Sarrià que la policía rodeó durante tres días —ya que no podía entrar por tratarse de un recinto religioso— para proceder a detener a los promotores del ilegal y clandestino Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona que estaban allí reunidos junto con un grupo de profesores y de intelectuales —como Salvador Espriu, Antoni Tàpies o Maria Aurèlia Capmany—, quienes entre otras cosas reivindicaban el deber de las universidades de «acoger a las lenguas y culturas nacionales y responsabilizarse de su desarrollo y consolidación».[196]

Como consecuencia de las acciones emprendidas para conseguir la libertad de los detenidos, se fundó la Taula Rodona, un organismo que agrupaba a toda la oposición antifranquista y del que también formó parte el PSUC, por primera vez desde el final de la Guerra Civil, precedente de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, fundada en 1969 e integrada por el Front Nacional de Catalunya, el Moviment Socialista de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya y el PSUC. En su manifiesto fundacional la Coordinadora reclamó la amnistía y las libertades políticas y sindicales, así como el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de 1932 y la convocatoria de Cortes constituyentes, como paso previo al reconocimiento del derecho de autodeterminación que se extendía a todos los pueblos del Estado español. Con la fundación de este organismo unitario de toda la oposición y la presentación de un programa conjunto «el antifranquismo catalán [se situó] a la cabeza de la oposición española».[197]

Lluís Llach, uno de los principales representantes de la Nova Cançó, en una actuación en el Olympia de París, 2006. Su canción L'Estaca compuesta en 1968 se convirtió en un himno de la oposición antifranquista.

Como medio de protesta por el proceso de Burgos la Coordinadora organizó en diciembre de 1970 una Assemblea d'Intel•lectuals celebrada en el Monasterio de Montserrat —unos 250 intelectualaes catalanes se encerraron en el monasterio: Joan Miró, Antoni Tàpies, Alexandre Cirici, Montserrat Roig y Terenci Moix, entre otros—[188]​ cuyo éxito condujo a la formación el 7 de noviembre del año siguiente de la Asamblea de Cataluña, «la creación más original y culminante del antifranquismo catalán». Además de los partidos de la Coordinadora se integraron en ella el PSAN —una escisión del Front Nacional de Catalunya—, el PSOE, los sindicatos CC OO y UGT, así como diversos colectivos profesionales y sociales, además de entidades legales y personas independientes. Su programa se sintetizó en el lema Llibertat, Amnistía, estatut d'autonomia que alcanzó una gran popularidad —su primera campaña Per què l'Estatut de 1932? iniciada en mayo de 1972 obtuvo un notable éxito—, extendiendo su influencia por todo el territorio catalán con más de 40 delegaciones, a pesar de que su comisión permanente fue detenida por la policía en 1973 (113 personas) y en 1974 (67 personas). «Su mayor éxito fue sacar la reivindicación democrática y nacionalista del gueto de los partidos a la calle constatando su implantación social. La Assemblea invirtió la situación: hasta entonces los grupos clandestinos tenían que eludir la represión, con ella el problema era del Gobierno que tenía que combatir en la calle una plataforma ilegal y provocadora, que atraía un número creciente de ciudadanos». Y por otro lado «condenó al fracaso inmediato, faltas de todo tipo de apoyo social, las tentativas de constituir grupos de lucha armada a imagen de ETA como el Front d'Alliberament de Catalunya (FAC), fundado en 1969, que realizó diversos atentados terroristas hasta 1971, la Organització de Lluita Armada (OLLA) surgida en 1972 o el Exèrcit Popular Català (EPOCA), bautizado con este nombre por las notas policiales».[198]

Entre abril y junio de 1975 el gobernador civil de Barcelona Rodolfo Martín Villa autorizó la celebración de un ciclo de conferencias titulado Les terceres vies a Europa que en realidad sirvieron para la presentación oficiosa de los principales líderes de la oposición antifranquista catalana: Antón Cañellas por Unió Democràtica de Catalunya; Josep Solé i Barberà por el PSUC —su secretario general Gregorio López Raimundo permanecía en la clandestinidad—; Josep Pallach por Reagrupament Socialista de Catalunya; Joan Reventós por Convergència Socialista de Catalunya; Ramon Trías Fargas por Esquerra Democràtica de Catalunya; y Jordi Pujol por Convergència Democràtica de Catalunya. «Su autorización cabe situarla entre los tanteos que los sectores más aperturistas del régimen intentaban con la oposición».[199]

Reinado de Juan Carlos I (1975-2014)[editar]

La transición democrática y la recuperación de la Generalidad (1975-1978)[editar]

Tras la muerte del general Franco en noviembre de 1975, la Asamblea de Cataluña incrementó su campaña a favor de la Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomía que se tradujo en las dos manifestaciones celebradas en Barcelona los días 1 y 8 de febrero de 1976 y que fueron duramente reprimidas por la policía. Un primer fruto de la presión popular fue la autorización por parte del gobierno de Carlos Arias Navarro —en el que Manuel Fraga Iribarne era su hombre fuerte— de la publicación del periódico Avui, el primer diario escrito en catalán desde el final de la Guerra Civil y cuyo primer número salió a la calle el 23 de abril de 1976. Aprovechando el mayor margen de libertad otorgado por el nuevo gobierno de Adolfo Suárez formado en julio, se organizó a lo largo del verano la Marxa de la Llibertat impulsada por el sacerdote Lluís Maria Xirinacs —que resultaría elegido senador en las primeras elecciones democráticas de junio de 1977— que recorrió no sólo Cataluña sino también Valencia y Baleares con el lema Poble català, posa't a caminar y que en ocasiones fue reprimida por la policía. Al mismo tiempo el Consejo de Fuerzas Políticas de Cataluña, fundado en diciembre de 1975 como organismo unitario sucesor de la Coordinadora, negoció con el gobierno de Suárez la conmemoración del primer 11 de septiembre en libertad desde el final de la guerra civil. El permiso fue concedido en el último momento y no para Barcelona y aun así más de 100.000 personas se reunieron en San Baudilio de Llobregat (Barcelona), lugar de nacimiento del consejero en cap de 1714 Rafael Casanova, mientras que las manifestaciones convocadas en otras localidades eran brutalmente reprimidas por la policía.[200]​ En el acto de Sant Boi hablaron Miquel Roca en nombre del Consejo, Octavi Saltor por los no adscritos y Jordi Carbonell por la Asamblea. También se leyó un mensaje del president de la Generalidad en el exilio Josep Tarradellas.[201]

En diciembre de 1976 se celebró el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política convocado por el gobierno que obtuvo un resultado favorable entre el electorado catalán —el 69% votó a favor de la Ley de Reforma Política—. Meses después el nuevo alcalde de Barcelona José María Socías, nombrado por el gobierno y hombre de confianza del ministro Martin Villa, tuvo un gesto con el catalanismo al restituir el nombre de Pau Casals a la calle que tras el final de la guerra civil se había cambiado por el de General Goded. «El acto fue multitudinario, las banderas catalanas lucían de forma mayoritaria y se interpretó tanto El Cant dels Ocells como Els Segadors».[202]

En junio se celebraron las las elecciones generales que fueron ganadas por la coalición Unión de Centro Democrático (UCD) encabezada por Suárez, pero que en Cataluña arrojaron un resultado muy diferente, ya que ganó la izquierda: el Partit Socialista de Catalunya-Congrés, coaligado con el PSOE, fue la fuerza más votada, y obtuvo 15 diputados; el PSUC, 8; y la coalición Esquerra de Catalunya, encabezada por Esquerra Republicana de Cataluña, que no pudo presentarse con sus propias siglas a las elecciones, 1. UCD quedó en tercer lugar con nueve escaños, siendo superada no sólo por el PSC-C (PSOE) sino también por el Pacte Democràtic per Catalunya encabezado por Convergència Democràtica de Catalunya, un partido fundado por Jordi Pujol en 1974 que aglutinaba al catalanismo progresista de raíz católica. El resultado en el Senado fue aún más contundente pues la coalición de la izquierda Entesa dels Catalans consiguió los doce escaños a los que optaba, y al grupo se sumaron otros tres senadores independientes, sumando un total de 15 sobre los 16 que le correspondían a Cataluña.[203]

Archivo:Tarradellas03.jpg
Josep Tarradellas, president de la Generalidad en el exilio que volvió a Cataluña el 23 de octubre de 1977 para presidir la Generalidad restaurada. Desde el balcón del Palacio de la Generalidad de Cataluña pronunció su célebre frase Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí.

Diez días después de celebrarse las elecciones se constituía la Asamblea de Parlamentarios que reunía a todos los diputados y senadores catalanes que reclamó la restauración del Estatuto de Autonomía de 1932.[204]​ Entonces Suárez jugó la baza del presidente de la Generalidad en el exilio Josep Tarradellas con quien negoció en Madrid su vuelta a Barcelona que se produjo el 23 de octubre, pero sin que eso supusiera el restablecimiento del Estatuto, por lo que las únicas competencias de las que dispondría la Generalidad restaurada serían las de la diputación de Barcelona. De esta forma Suárez le arrebató el protagonismo político a la izquierda, abrumadoramente mayoritaria en la Asamblea de Parlamentarios presidida por el socialista Joan Reventós, para dárselo a Tarradellas que a principios de diciembre formó un gobierno de unidad.[205][206]​ Algunos parlamentarios catalanes criticaron el acuerdo entre Tarradellas y el gobierno porque no se restableció la autonomía de Cataluña, una cuestión que se dejaba para más adelante, una vez que se hubiera aprobado la nueva Constitución.[207][208]​ Mes y medio antes de la vuelta de Tarradellas había tenido lugar en Barcelona una masiva manifestación en conmemoración del 11 de septiembre.[200]

Así pues, a diferencia de lo que sucedió durante la Segunda República, la elaboración y refrendo del nuevo estatuto de autonomía tuvo que esperar a la aprobación de la nueva Constitución, en cuya ponencia inicial intervinieron dos diputados catalanes, el convergente Miquel Roca i Junyent y el comunista del PSUC Jordi Solé Tura. En la votación final de la Constitución todos los diputados y senadores catalanes votaron a favor, excepto el diputado de Esquerra Republicana Heribert Barrera y el senador del mismo partido Rossend Audet, que se abstuvieron, y el senador independiente y catalanista radical Lluís María Xirinacs que votó en contra. En el referéndum de la Constitución celebrado el 6 de diciembre de 1978 votaron afirmativamente en Cataluña 2.700.000 personas —más del 90%— mientras que el 'NO', defendido por el independentista PSAN y otros partidos y por la extrema derecha, no llegó a los 140.000 votos, y el voto en blanco o nulo a los 150.000.[209]

El Estatuto de Autonomía de 1979 y los gobiernos de Jordi Pujol (1980-2003)[editar]

En cuanto se aprobó la Constitución por las Cortes la Asamblea de Parlamentarios catalanes designó una ponencia de veinte de sus miembros para que redactaran el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Estos se reunieron en el Parador de Vilanova de Sau y el 29 de diciembre de 1978 presentaron el anteproyecto al plenario que lo aprobó con un único voto en contra. El debate en las Cortes no se inició hasta después de las elecciones de marzo de 1979, en las que de nuevo UCD ganó en España y la izquierda en Cataluña —el recién fundado Partit dels Socialistes de Catalunya, a partir del PSC-Congrés y de la federación catalana del PSOE, consiguió 17 diputados; el PSUC 8 y Esquerra Republicana de Cataluña, que ya se pudo presentar con sus siglas, 1— aunque UCD pasó a ser la segunda fuerza política, con 12 diputados, por delante de los ocho de la nueva coalición Convergència i Unió, formada el año anterior por Convergència Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol y la histórica Unió Democràtica de Catalunya, que en las elecciones de 1977 había conseguido dos escaños.[210]

La negociación entre los representantes de la Asamblea de Parlamentarios y los del gobierno fue muy dura pues UCD presentó 59 enmiendas al proyecto de Sau. Finalmente los representantes catalanes tuvieron que aceptar buena parte de los «recortes» exigidos por el partido del gobierno y el 13 de agosto fue aprobado por la Comisión Constitucional. El 25 de octubre el nuevo Estatuto de autonomía fue sometido a referéndum de los catalanes, siendo apoyado por el 88,1% de los votantes, y con el 7,8% de votos negativos, aunque la participación fue baja —59,6%— debido al «desgaste de imagen de la Generalidad provisional, vacía de competencias efectivas, agravado por el pronunciado protagonismo de su presidente, la erosión de la unidad política a causa de los enfrentamientos electorales, la acumulación de elecciones en un breve espacio de tiempo y el retraimiento de parte de los inmigrantes que veían el plebiscito como ajeno a sus intereses». El Estatuto fue finalmente aprobado por el pleno del Congreso el 19 de noviembre de 1979 y por el pleno del Senado el 12 de diciembre.[211]

El Estatuto aprobado finalmente presentó notables diferencias respecto del proyecto presentado por la Asamblea de Parlamentarios. Las más importantes fueron: la cooficialidad del catalán y del castellano, cuando en el proyecto de Sau el catalán tenía la oficialidad exclusiva, lo que supuso aceptar que todos los ciudadanos de Cataluña tenían el derecho y el deber de conocer el castellano, pero no el catalán al que sólo se le reconocía el derecho a conocerlo y a usarlo; la pervivencia de las cuatro provincias catalanas y sus correspondientes diputaciones cuando en el proyecto de Sau habían sido suprimidas; el recorte de las competencias, especialmente en educación que dejó de ser una competencia «exclusiva» de la Generalidad para pasar a ser sólo «plena»; la rebaja de la participación de la Generalidad en los ingresos estatales; la eliminación del control exclusivo del orden público.[212]

El 20 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña en las que CiU fue la fuerza política más votada (45 diputados) adelantando al PSC-PSOE (33 escaños) que hasta entonces había ganado todas las elecciones celebradas en Cataluña. El líder de CiU Jordi Pujol ofreció al PSC formar un gobierno de coalición pero los socialistas catalanes rechazaron la oferta, por lo que Pujol formó un gobierno monocolor cediendo a Heribert Barrera, líder de Esquerra Republicana de Cataluña —quinta fuerza con 14 escaños—, la presidencia del Parlamento de Cataluña.[213]

Así la construcción de la nueva administración autonómica fue obra de CiU, lo que llevó a buena parte del electorado a considerar a la coalición como la fuerza política garante de la autonomía de Cataluña, lo que se tradujo en la consecución de la mayoría absoluta en las elecciones de 1984 (pasó del 27,7% de los votos en 1980 al 46,6%), 1988 y 1992 y la mayoría relativa en las de 1995 y 1999, lo que supuso que Jordi Pujol presidiera la Generalidad durante veintitrés años consecutivos (de 1980 a 2003). En estas elecciones al Parlamento de Cataluña el PSC quedó siempre en segundo lugar —en las de 1999 obtuvo mayor número de votos pero no de escaños—, mientras que en las elecciones generales y municipales celebradas durante ese tiempo el PSC era la primera fuerza política gracias al voto de la inmigración. Por su parte el PSUC, tercera fuerza política en las elecciones de 1980, se hundió en las de 1984 (pasó del 18,7% al 5,6% de los votos) y sólo se recuperó parcialmente a partir de 1988 cuando formó la coalición Iniciativa per Catalunya. El pacto con CiU perjudicó a Esquerra Republicana de Cataluña y sólo a partir de su renovación ideológica y generacional de 1989 comenzó a ganar votos especialmente cuando aglutinó al independentismo catalán —en sus estatutos aprobados en 1992 propugnaba «la unidad territorial y la independencia de la nación catalana mediante la construcción de un Estado propio en el marco europeo»—. Por otro lado la herencia de UCD fue recogida por el Partido Popular, manteniéndose siempre por debajo del 10% de los votos.[214]

Entre las leyes más importantes aprobadas por el Parlamento catalán durante los años de gobierno de CiU se encuentran las dos relacionadas con la protección y extensión de la lengua catalana. La primera fue la Ley de Normalización Lingüística del 6 de abril de 1983, que contó con el apoyo casi unánime del Parlamento de Cataluña —sólo se opusieron los dos diputdos del Partido Socalista de Andalucía[215]​, y que fue precedida por la polémica suscitada por un manifiesto hecho público en marzo de 1981 titulado Por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña, también conocido como Manifiesto de los 2.300, en el que se denunciaba la supuesta persecución del castellano por parte de la Generalidad de Cataluña, y que fue respondido por el manifiesto Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, del que surgiría la plataforma Crida a la Solidaritat que organizó la manifestación del 14 de marzo de 1982 en contra de la LOAPA bajo el lema Som una nació ('Somos una nación'). La segunda fue más polémica. Se trató de la Ley de Política Lingüística del 7 de enero de 1998 que fue duramente contestada por el gobierno de José María Aznar y por los medios de comunicación afines con sede en Madrid, contrarios a la inmersión lingüística de los niños en las escuelas y que denunciaban la «persecución» del castellano en Cataluña. La respuesta fue la Declaración de Barcelona firmada conjuntamente por CiU, PNV y BNG en la que se defendían los «derechos nacionales» de Cataluña, País Vasco y Galicia.[216][217]

Más polémica aún fue la proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Cataluña con la oposición del Partit dels Socialistes de Catalunya y la ausencia del PP el 12 de diciembre de 1989, dos meses después de la caída del muro de Berlín, en la que se decía que la aceptación del «marco constitucional no implica la renuncia del pueblo catalán a la autodeterminación».[218]

El gobierno del «tripartito» (2003-2010) y el Estatuto de Autonomía de 2006[editar]

En las elecciones al Parlamento catalán de noviembre de 2003 ningún partido logró la mayoría absoluta pero gracias al acuerdo alcanzado entre el PSC-PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) se formó el primer gobierno de izquierdas en Cataluña desde 1936, que fue presidido por el socialista Pasqual Maragall. El pacte del Tinell del 14 de diciembre entre PSC, ICV y ERC —en el que se acordó el programa del tripartito que expresamente excluía cualquier acuerdo con el PP— fue criticado duramente por el gobierno de Aznar y por el nuevo líder del PP Mariano Rajoy —quien a finales de agosto de 2003 había sido propuesto por Aznar para sustituirle como candidato en las elecciones del año siguiente—[219]​ porque suponía la entrada en el gobierno catalán de un partido independentista como ERC —lo que se sumaba al reto «soberanista» vasco del Plan Ibarretxe—. También se alzaron voces en contra del tripartito dentro del PSOE.[220]

Las elecciones de 2003 pusieron en evidencia que el sistema de partidos catalán se estaba transformando porque los dos partidos hegemónicos hasta entonces, CiU y PSC, habían sufrido un notable retroceso —tanto CiU como el PSC habían perdido diez escaños—, mientras que los hasta entonces tres partidos menores —ERC, ICV y PP— ganaban posiciones.[221]

El punto principal del programa político del tripartito era la reforma del Estatuto de 1979, aunque el acuerdo sobre el texto definitivo no se alcanzó hasta el 30 de septiembre de 2005, después de muchos meses de intensos debates. Según Jaume Claret y Manuel Santirso, «la redacción del nuevo Estatuto se convirtió en un espectáculo continuo, donde los diferentes partidos competían por los titulares diarios tras cada reunión de la comisión encargada de su redacción. Cada partido miraba de incluir guiños a su propio electorado y de aparecer como el máximo defensor del autogobierno catalán, en una auténtica campaña de despropósitos».[222]​ Una valoración similar es la de Germà Bel, quien señala como principales responsables a ERC y a CiU que «se enzarzaron sobre la marcha en una carrera que acabó perdiendo el sentido de la orientación» y que hizo que el PSC llegara a «estar muy incómodo con la reforma» que el propio partido había impulsado con Maragall al frente.[223]

Finalmente votaron a favor del proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña 105 diputados —los del tripartito y los de CiU— y en contra los 15 diputados del PP, aunque al día siguiente de su aprobación (el 30 de septiembre de 2005) el secretario del PSC y ministro de Industria del gobierno de Rodríguez Zapatero, José Montilla anunció que presentaría un bloque de varias decenas de enmiendas cuando se tramitase en el Congreso de los Diputados.[223]​ Entre las novedades que introducía destacaban la afirmación del artículo 1º de que «Cataluña es una nación»; un nuevo sistema de financiación que se aproximaba al sistema del concierto económico del País Vasco y de Navarra; la ampliación de las competencias de la Generalidad de Cataluña y su «blindaje» para que el gobierno central no pudiera limitarlas mediante «leyes básicas»; y la propuesta de una relación «bilateral» entre España y Cataluña que implícitamente reconocía la soberanía del «pueblo catalán». En seguida arreciaron las críticas fundamentalmente por parte del PP y de los medios de comunicación afines porque, según ellos, suponía la instauración de un nuevo modelo «federal» o «confederal» del Estado que rompía abiertamente con la Constitución de 1978.[224]

La dudosa constitucionalidad de la propuesta del nuevo Estatuto de Cataluña colocó en una difícil situación al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero —ganador de las elecciones generales de marzo de 2004— porque éste durante la campaña de las elecciones catalanas se había comprometido a apoyar en las Cortes de Madrid el proyecto que aprobara el Parlamento de Cataluña. Los problemas de Zapatero se pusieron en evidencia cuando dentro de su propio partido se alzaron voces en contra del Estatuto y arreciaron las críticas contra el «catalanismo» y el «soberanismo» del principal impulsor del proyecto, el presidente de la Generalidad de Cataluña Pasqual Maragall, del PSC. Mientras, el PP apoyado y alentado por los medios de comunicación conservadores madrileños convocaba actos y manifestaciones «en defensa de España».[225][226]​ El 31 de enero de 2006 el PP con Mariano Rajoy al frente inició una campaña popular de recogida de firmas contra el Estatuto durante la que utilizó expresiones como: «Écheme aquí una firmita contra Cataluña».[227]

Manifestación convocada en Barcelona por Esquerra Republicana de Cataluña el 18 de febrero de 2006 bajo el lema Som una nació. Tenim dret a decidir ('Somos una nación. Tenemos derecho a decidir') para oponerse al acuerdo Zapatero-Mas. En el centro el secretario general de ERC Josep Lluís Carod Rovira.

Se inició así un duro debate en las Cortes generales para eliminar de la propuesta del Parlamento de Cataluña los elementos más claramente anticonstitucionales, pero uno de los socios del tripartito catalán, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se opuso a los «recortes», por lo que Rodríguez Zapatero decidió negociar directamente con el dirigente de CiU Artur Mas, alcanzando un acuerdo el 22 de enero de 2006: la definición de Cataluña como nación sería relegada al preámbulo del Estatuto y se matizarían sus elementos «soberanistas», incluida la financiación autonómica y la relación «bilateral» entre el Estado Español y Cataluña.[225][228]

Esquerra Republicana de Cataluña rechazó el acuerdo entre Zapatero y Mas por lo que se produjo la paradoja de que en el referéndum que se celebró en Cataluña el 18 de junio de 2006 para aprobar el nuevo Estatuto ERC, uno de los impulsores del mismo, pidió el NO,[229]​ lo que obligó a disolver el gobierno tripartito y a convocar nuevas elecciones para el 1 de noviembre de 2006, a las que ya no se presentó Pasqual Maragall obligado a retirarse por su propio partido —el también socialista José Montilla sería el nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña, gracias a que se alcanzó un nuevo acuerdo tripartito y el líder de ERC Josep Lluís Carod Rovira fue nombrado vicepresidente de la Generalidad de Cataluña—. Por su parte, el Partido Popular, que también hizo campaña por el "NO" en el referéndum —aunque por razones diametralmente opuestas a las de ERC—, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional.[229][230]

En las elecciones de noviembre de 2006 la reconfiguración del sistema de partidos catalán continuó avanzando. «Por un lado, CiU se mantenía como primera fuerza, pero lejos ya de las mayorías de antaño, mientras se acortaban las distancias entre PSC, ERC PP (lograba 14 escaños, uno menos que la anterior legislatura) e ICV. Por el otro, el Parlamento conservaba su gran diversidad y, de hecho, la incrementaba con la aparición de Ciutadans. El nuevo partido, encabezado por Albert Rivera y apadrinado por diversos intelectuales críticos hacia el catalanismo, conseguía tres diputados —gracias al trasvase de votos tanto del PP como del PSC— y manifestaba su directa oposición a la inmersión lingüística».[193]

En la segunda mitad de 2007 se concatenaron una serie de problemas en las infraestructuras catalanas que afectaron a decenas de miles de personas, comenzando con el apagón eléctrico del 23 de julio que afectó a casi medio millón de abonados en Barcelona y el colapso del aeropuerto de Barcelona ese mismo mes de julio, al que siguieron las interrupciones y los atrasos de los trenes de cercanías de RENFE del área de Barcelona como consecuencia de las obras del AVE Madrid-Barcelona. El malestar de los ciudadanos se expresó en una manifestación bastante multitudianria celebrada en Barcelona el 1 de diciembre de 2007 con el lema Som una nació i diem PROU! Tenim dret a decidir sobre les nostres infraestructures ('¡Somos una nación y decimos BASTA! Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras'), ya que en los tres casos los organismos responsables eran de competencia estatal (Red Eléctrica, AENA y Adif).[231]

El 26 de noviembre de 2009 todos los diarios catalanes publicaron un editorial conjunto titulado La dignidad de Cataluña (en catalán, La dignitat de Catalunya) con el propósito, según explicó en 2013 Rafael Nadal, director de El Periódico de Cataluña cuando se publicó, «de alertar de que, después de todo el esfuerzo que habían hecho todos los partidos catalanes para rebajar algunas de las exigencias que figuraban en el Estatuto de 2006, si no había una respuesta positiva [en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que todavía no se había pronunciado sobre el Estatuto], la frustración que aquello generaría en Cataluña desembocaría en una reivindicación radical». «Ya han pasado sólo cuatro años y la profecía se ha cumplido», añadió.[232]

El crecimiento del independentismo y el proceso hacia la «consulta» del 9 de noviembre de 2014[editar]

Después de cuatro años de deliberaciones durante los cuales sus miembros fueron sometidos a toda clase de presiones, el Tribunal Constitucional publicó a finales de junio de 2010 la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006,[233][234]​ que supuso un duro golpe a las aspiraciones del nacionalismo catalán en temas tan sensibles como la identidad «nacional», la lengua, la administración de justicia o la posibilidad de disponer de una Hacienda propia. A partir de entonces se produjo un crecimiento espectacular del independentismo en Cataluña,[233][235]​ cuando doce años antes —según una encuesta publicada en 1998— sólo el 17% de los entrevistados prefería la independencia, frente al 52% que optaba por la autonomía —y un 15% por la solución federal—, aunque el porcentaje de los que se declaraban independentistas aumentaba hasta el 24% entre los que tenían entre 18 y 24 años y entre los votantes de Esquerra Republicana que alcanzaba el 60% —mientras que entre los de CiU era del 27%; del 13% entre los de Iniciativa y del 8% del PSC—.[236]

La sentencia del Constitucional selló el fracaso de la operación del nuevo Estatuto que «había buscado una solución diferenciada y propia para Cataluña» y con él la derrota de las apuestas clásicas del catalanismo político, tanto de la «pactista» que había defendido hasta entonces CiU como de la «federal» propugnada por el PSC. La iniciativa a partir de entonces dejó de estar en manos del Gobierno o del Parlamento para pasar a manos de las diversas entidades que apostaban claramente por la independencia.[237]

El cambio del escenario político catalán se pudo comprobar sólo pocos días después de la publicación de la sentencia del Constitucional cuando el 9 de julio de 2010 se celebró en Barcelona una gran manifestación de rechazo a la misma con el lema Som una nació, nosaltres decidim, a la que acudieron todos los partidos catalanes excepto el Partido Popular y Ciutadans, y que derivó en un plebiscito a favor de la independencia. Durante la misma el presidente de la Generalidad de Cataluña, el socialista José Montilla, se vio obligado a abandonar la manifestación entre fuertes medidas de seguridad presionado por grupos independentistas radicales.[233][235]

Cuatro meses después se celebraron las elecciones al parlamento catalán que ganó CiU, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, y su líder Artur Mas fue investido como nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña. Los grandes derrotados fueron los integrantes del tripartito (el PSC perdió 9 escaños y ERC e ICV 10 cada uno) y tanto el PSC como ERC experimentaron sendas crisis internas que se saldaron con la elección de nuevos líderes, el federalista Pere Navarro en el primero y el independentista Oriol Junqueras, en el segundo, quien inció el acercamiento a CiU para lograr una mayoría «soberanista». La gran sorpresa de las elecciones fue la irrupción de Solidaritat Catalana per la Independència, encabezada por el expresidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, que consiguió cuatro escaños. Por su parte el PP obtuvo cuatro diputados más y Ciutadans mantuvo los 3 que tenía. El objetivo principal del nuevo gobierno de Artur Mas fue el denominado pacto fiscal para equiparar la financiación de Cataluña a la del País Vasco y Navarra con su régimen de concierto, pero tanto el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, como el popular de Mariano Rajoy, formado tras lograr la mayoría absoluta en las elecciones generales de noviembre de 2011, lo rechazaron.[238]

Al mismo tiempo continuó el crecimiento del independentismo catalán. Según Jaume Claret y Manuel Santirso, fue «alimentado tanto por la sensación de fracaso tras el Estatuto de 2006 como por la posterior crisis económica, por determinadas políticas del PP desde el Gobierno central percibidas como agresiones al autogobierno —desde leyes concretas como la LOMCE del ministro José Ignacio Wert [quien el 10 de octubre de 2012 afirmó en el Congreso que «nuestro propósito es españolizar a los alumnos catalanes»][239]​ a decisiones políticas respecto a infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias— y por simplificaciones con gran poder de convocatoria como "el expolio fiscal" de Cataluña a manos del resto del Estado».[240]​ Según Germà Bel, «el factor principal [del aumento tan grande y tan rápido del apoyo a la independencia en Cataluña] ha sido la frustración de las expectativas y esperanzas puestas en la transformación de España» de un Estado «uninacional» a un Estado «plurinacional».[241]​ «El largo proceso desde el referéndum y el recurso del PP al Tribunal Constitucional de 2006, hasta la tortuosa y partidistamente intervenida sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010 agotaron el resto de esperanza de muchos catalanes que habían depositado su confianza en una transformación de España en un Estado plurinacional. [...] Y una vez fracasada la estrategia de reforma, las alternativas disponibles quedan reducidas a dos: la asimilación y disolución en una España uninacional, o la creación de un Estado propio. La mayoría de estos catalanes ha optado por pasar a apoyar la independencia, aunque ésta no hubiese sido su opción óptima. Cuando la voz ha fallado, la salida se convierte en el último recurso».[242]

El president Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras firman el 19 de diciembre de 2012 un Acord per a la transició nacional (o Pacte per la Llibertat) por el que se comprometen a convocar una consulta para que el «pueblo de Cataluña» pueda decidir si quiere constituirse en un «nuevo Estado en Europa».

El auge del independentismo se pudo comprobar en la gran manifestación convocada en Barcelona el 11 de septiembre de 2012, Día de Cataluña, con el lema Catalunya, nou estat d'Europa y organizada por la autodenominada Asamblea Nacional Catalana. Dos semanas después el Parlamento de Cataluña aprobaba una resolución en la que instaba al gobierno catalán la celebración de una «consulta» en la que «el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo». A continuación el presidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas adelantó las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para 2014 y éstas se celebraron el 25 de noviembre. Aunque CiU sufrió un descalabro —perdió 12 escaños—, tanto Esquerra Republicana (ERC) como Iniciativa per Cataluña-Verds (ICV) aumentaron su representación parlamentaria —ERC consiguió 11 diputados más e ICV 3 más—, y además la CUP entró en el Parlament con tres diputados, por lo que se configuró una mayoría «soberanista» —«sin respuestas a la crisis [económica] y obturadas las tradicionales propuestas de encaje de Cataluña en España, la solución soberanista ganaba adeptos o, cuando menos, presencia pública», afirman Jaume Claret y Manuel Santirso—. Por su parte el PSC continuó con su caída libre —en las elecciones muncipales de 2011 había perdido la alcaldía y la Diputación de Barcelona— y obtuvo 8 escaños menos, mientras Ciutadans triplicaba su representación pasando de tres a nueve diputados y el PP sumaba uno. Con estos resultados se confirmó la «implosión del sistema de partidos» iniciada en 2006.[243]

El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó la «Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña» cuyo artículo primero —que declaraba al «pueblo de Cataluña» «sujeto político y jurídico soberano»— anuló el Tribunal Constitucional en marzo del año siguiente. El 11 de septiembre de 2013 una gran cadena humana unió de norte a sur el territorio de Cataluña en la que se llamó la «Vía Catalana hacia la Independencia» y tres meses después, el 12 de diciembre, los partidos defensores de la «consulta» (CiU, ERC, ICV y CUP) acordaron la pregunta («¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?») y la fecha de la misma, fijada para el 9 de noviembre de 2014.[244]

En enero de 2014 el parlamento de Cataluña aprobó una moción por la que se solicitaba al Congreso de los Diputados la cesión de la competencia para la celebración del referéndum, pero el 8 de abril la petición fue rechazada por el pleno por una abrumadora mayoría. La respuesta del parlamento de Cataluña fue elaborar su propia ley de consultas, para amparar legalmente la convocatoria prevista para el 9 de noviembre.[245]

Reinado de Felipe VI[editar]

El «proceso participativo» del 9-N y la convocatoria de elecciones «plebiscitarias» para septiembre de 2015[editar]

El 19 de septiembre de 2014, al día siguiente de la celebración del Referéndum para la independencia de Escocia de 2014 que levantó una enorme expectación en Cataluña,[246]​ el Parlamento de Cataluña aprobaba la Ley de consultas de Cataluña. Entró en vigor el 27 de septiembre al ser publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña y ese mismo día el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, firmó el decreto de convocatoria de la Consulta sobre el futuro político de Cataluña 2014,[247]​ pero el gobierno de Mariano Rajoy reaccionó inmediatamente y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional[248][249][250]​ que lo admitió a trámite por lo que el 29 de septiembre quedaron suspendidos cautelarmente la Ley y el decreto.[251]

El 13 de octubre, el president Mas reconocía que no podría celebrarse la consulta del 9-N por falta de garantías legales,[252]​ pero al día siguiente anunciaba que el 9-N se celebraría un proceso de participación ciudadana amparándose en la parte de la Ley de consultas de Cataluña que no había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.[253]​ Finalmente el 9 de noviembre se celebró el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña de 2014 sin que se produjeran incidentes.

El 25 de noviembre de 2014, cuatro días después de que la fiscalía hubiera presentado una querella contra él por la celebración del proceso participativo, Mas presentó su plan para conseguir la independencia de Cataluña en 18 meses,[254]​ y el 14 de enero anunció en una rueda de prensa el adelanto de las elecciones autonómicas para el día 27 de septiembre de 2015 y que éstas tendrían un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña.[255]

A pesar de que el 25 de febrero el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad la inconstitucionalidad de la consulta del 9-N,[256]​ un mes después Convergència Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, y la Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència, pactaban la hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán en la que se incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses, si los partidos soberanistas ganaban las elecciones «plebiscitarias» previstas para el 27 de septiembre —«Los programas de las candidaturas soberanistas deben dejar claro, como punto primero y destacado, que votarlas supone un pronunciamiento favorable a la independencia de Cataluña», afirmaban—.[257]​ Al día siguiente el presidente Mariano Rajoy les advirtió que «ningún Gobierno de España va a autorizar la ruptura de la soberanía nacional».[258]

Referencias[editar]

  1. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 23. "El apego al catalán, reflejo de una asumida conciencia de comunidad diferenciada, forzó al Gobierno de Carlos IV durante la Guerra contra la Convención no sólo a publicar pasquines incitando a la lucha en catalán, sino recordando las viejas glorias del país. Lo mismo hicieron los propagandistas franceses"
  2. Claret y Santirso, 2014, p. 31-32.
  3. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 24-25.
  4. Claret y Santirso, 2014, p. 29.
  5. Claret y Santirso, 2014, p. 54.
  6. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 26-27.
  7. Claret y Santirso, 2014, p. 51-52.
  8. Claret y Santirso, 2014, pp. 54-55.
  9. Claret y Santirso, 2014, p. 57-58.
  10. Claret y Santirso, 2014, pp. 58-59.
  11. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 28-29.
  12. Claret y Santirso, 2014, pp. 59-61.
  13. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 27-28.
  14. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 28.
  15. Claret y Santirso, 2014, p. 61.
  16. Claret y Santirso, 2014, p. 70.
  17. Claret y Santirso, 2014, p. 65-66.
  18. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 29.
  19. Claret y Santirso, 2014, p. 71.
  20. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 29-30.
  21. Claret y Santirso, 2014, pp. 71-72.
  22. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 60.
  23. a b c De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 30.
  24. Claret y Santirso, 2014, pp. 72-73.
  25. Claret y Santirso, 2014, p. 74.
  26. Claret y Santirso, 2014, p. 75.
  27. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 21.
  28. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 62.
  29. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 64.
  30. Claret y Santirso, 2014, p. 88.
  31. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 64; 70.
  32. Claret y Santirso, 2014, pp. 89-90.
  33. Claret y Santirso, 2014, pp. 91-92.
  34. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 67-70.
  35. Claret y Santirso, 2014, p. 103.
  36. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 70.
  37. Claret y Santirso, 2014, p. 83-85.
  38. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 70-71.
  39. Claret y Santirso, 2014, p. 93-94.
  40. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 65-66.
  41. Claret y Santirso, 2014, p. 97-98.
  42. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 66-67.
  43. Claret y Santirso, 2014, p. 95.
  44. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 71.
  45. Claret y Santirso, 2014, p. 95-96.
  46. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 71-72.
  47. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 72.
  48. Claret y Santirso, 2014, p. 108.
  49. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 72-73.
  50. Claret y Santirso, 2014, pp. 109-110.
  51. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 73.
  52. Claret y Santirso, 2014, p. 110.
  53. Claret y Santirso, 2014, p. 114-115.
  54. Claret y Santirso, 2014, pp. 111-112.
  55. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 74.
  56. De Riquer, 2013, p. 48.
  57. a b Juliá, 1999, p. 29.
  58. Claret y Santirso, 2014, p. 113.
  59. De Riquer, 2013, p. 49.
  60. Moreno Luzón, 2009, p. 362-363.
  61. Claret y Santirso, 2014, p. 114. "Sus dirigentes con olfato político y visión de Estado, Cambó el primero, habían comprendido qu ese programa les impedía el crecimiento electoral y que hacía falta algo más que retórica frente a la doble presión del Estado centralizador y de la plebe turbulenta"
  62. De Riquer, 2013, p. 51-52.
  63. Juliá, 1999, p. 31.
  64. Claret y Santirso, 2014, p. 116.
  65. De Riquer, 2013, p. 52.
  66. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 74-75.
  67. a b Tusell, 1997, p. 280.
  68. a b Suárez Cortina, 2006, p. 181.
  69. Tusell, 1997, p. 279.
  70. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 75.
  71. Claret y Santirso, 2014, pp. 121-122.
  72. Claret y Santirso, 2014, pp. 123.
  73. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 76-77.
  74. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 77.
  75. Suárez Cortina, 2006, p. 197.
  76. Moreno Luzón, 2009, p. 448.
  77. Moreno Luzón, 2009, p. 449.
  78. Moreno Luzón, 2009, p. 453.
  79. De Riquer, 2013, p. 89-91.
  80. Barrio, 2004, p. 21.
  81. Juliá, 1999, p. 59-60.
  82. De Riquer, 2013, p. 114.
  83. Moreno Luzón, 2009, p. 471.
  84. De Riquer, 2013, p. 113.
  85. a b Moreno Luzón, 2009, p. 472.
  86. De Riquer, 2013, p. 115.
  87. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 58.
  88. De Riquer, 2013, p. 116.
  89. Barrio, 2004, p. 45-46.
  90. De Riquer, 2013, p. 121.
  91. De Riquer, 2013, p. 123. "Era un proclamación pública de que los catalanes daban total prioridad a la causa autonomista y de que se sentían indiferentes o accidentalistas con respecto al tipo de régimen político que hubiese en España"
  92. De Riquer, 2013, p. 125-126.
  93. Balcells, 2010, pp. 121.
  94. Balcells, 2010, pp. 123-124.
  95. Balcells, 2010, pp. 125-128; 131.
  96. a b c d De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 78.
  97. Claret y Santirso, 2014, pp. 130.
  98. a b c d Roig i Rosich, 1984, p. 70.
  99. Ben-Ami, 2012, p. 182.
  100. González Calleja, 2005, p. 101.
  101. a b González Calleja, 2005, p. 101-102.
  102. Roig i Rosich, 1984, p. 71.
  103. a b Ben-Ami, 2012, p. 183.
  104. a b González Calleja, 2005, p. 107.
  105. Roig i Rosich, 1984, p. 70-71.
  106. González Calleja, 2005, p. 102.
  107. a b García Queipo de Llano, 1997, p. 108.
  108. González Calleja, 2005, p. 108-109.
  109. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 79.
  110. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 78-79.
  111. González Calleja, 2005, p. 104.
  112. Ben-Ami, 2012, p. 184.
  113. Puy, 1984, p. 48.
  114. González Calleja, 2005, p. 105; 136.
  115. García Queipo de Llano, 1997, p. 106.
  116. González Calleja, 2005, p. 105; 107.
  117. García Queipo de Llano, 1997, p. 106-108.
  118. Pérez-Bastardas, 1984, p. 56.
  119. González Calleja, 2005, p. 109.
  120. Ben-Ami, 2012, p. 183-184.
  121. González Calleja, 2005, p. 109-110.
  122. González Calleja, 2005, p. 96-97.
  123. Ben-Ami, 2012, p. 186.
  124. González Calleja, 2005, p. 110.
  125. Roig i Rosich, 1984, p. 74.
  126. Baras, Montserrat (1984). pp. 51-53.  Falta el |título= (ayuda)
  127. González Calleja, 2005, p. 351.
  128. González Calleja, 2005, p. 351-253.
  129. González Calleja, 2005, p. 353-354.
  130. González Calleja, 2005, p. 354-355.
  131. González Calleja, 2005, p. 354.
  132. González Calleja, 2005, p. 355.
  133. González Calleja, 2005, p. 356.
  134. González Calleja, 2005, p. 356-357.
  135. González Calleja, 2005, p. 357.
  136. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 130.
  137. a b Balcells, Albert (2006). «El reto de Cataluña». La Aventura de la Historia (15). ISSN 1579-427X. 
  138. Juliá, 2009, p. 31-32.
  139. a b c d e De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 125.
  140. Juliá, 2009, p. 32. Fueron tres declaraciones que mostraron la variedad de tendencias agrupadas en la coalición de izquierdas catalana... y un elevado nivel de improvisación acerca de qué se está proclamando...: si un Estado catalán independiente de una monarquía borbónica, que deja para el futuro la decisión de integrarse en una federación, o confederación, de pueblos ibéricos, como se dice a mediodía; o un Estado catalán que es parte integrante de una República federal española o, indistintamente, de una Federación ibérica, como se dice cuando ya ha caído la tarde
  141. Juliá, 2009, p. 33.
  142. Juliá, 2009, p. 33-34.
  143. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 126.
  144. Jackson, 1976, p. 81.
  145. Gil Pecharromán, 1997, p. 28.
  146. Tusell, 1997c, p. 72.
  147. a b c d Tusell, 1997c, p. 74.
  148. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 126-127.
  149. a b Jackson, 1976, p. 83.
  150. a b c De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 127.
  151. Jackson, 1976, p. 85.
  152. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 128-132.
  153. Gil Pecharromán, 1997, p. 28-29.
  154. a b c d De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 133.
  155. a b c Jackson, 1976, p. 132.
  156. Termes, 1999, p. 377.
  157. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 134.
  158. a b Gil Pecharromán, 1997, p. 92.
  159. a b Casanova, 2007, p. 129.
  160. Gil Pecharromán, 1997, p. 94.
  161. a b c De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 134-135.
  162. a b c Gil Pecharromán, 1997, p. 120.
  163. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 135-136.
  164. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 136.
  165. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 136-137.
  166. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 137.
  167. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 138.
  168. Casanova, 2007, p. 318-321.
  169. Bahamonde Magro y Cervera Gil, 1999, p. 11-12.
  170. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 138-139.
  171. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 139.
  172. a b c De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 170.
  173. a b Casanova, 2007, p. 403-405.
  174. Claret y Santirso, 2014, pp. 153.
  175. a b Claret y Santirso, 2014, p. 157.
  176. Claret y Santirso, 2014, pp. 160-161.
  177. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 170-171.
  178. Claret y Santirso, 2014, p. 161.
  179. Claret y Santirso, 2014, pp. 154.
  180. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 171.
  181. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 171-172.
  182. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 172-173.
  183. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 173.
  184. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 173; 175.
  185. Claret y Santirso, 2014, pp. 165-166.
  186. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 174.
  187. Claret y Santirso, 2014, p. 166.
  188. a b Claret y Santirso, 2014, p. 175.
  189. Claret y Santirso, 2014, p. 176.
  190. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 175.
  191. Claret y Santirso, 2014, p. 172.
  192. a b Juliana, 2014, p. 73.
  193. a b Claret y Santirso, 2014, p. 178.
  194. Claret y Santirso, 2014, p. 174.
  195. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 176-177.
  196. Claret y Santirso, 2014, p. 179-180.
  197. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 177-178.
  198. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 178.
  199. Claret y Santirso, 2014, p. 184.
  200. a b De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 213.
  201. Claret y Santirso, 2014, p. 192.
  202. Claret y Santirso, 2014, p. 193.
  203. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 214; 212.
  204. Tusell, 1997b, p. 66.
  205. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 214-215.
  206. Claret y Santirso, 2014, pp. 195-198.
  207. Juliá, 1999, p. 237-238.
  208. Tusell, 1997b, p. 67.
  209. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 215.
  210. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 215; 212.
  211. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 215-216.
  212. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 216.
  213. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 217-219;213-214.
  214. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 217-220.
  215. Claret y Santirso, 2014, p. 208.
  216. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 219-220;213-214.
  217. Claret y Santirso, 2014, p. 214-215.
  218. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 219. "Fue acordada en el mismo momento en que el Estado reconocía este derecho [de autodeterminación] a los pueblos de la Europa oriental, como lo hacían la mayoría de los Gobiernos democráticos europeos y además la declaración repetía los principios que respecto a Cataluña sostenían la mayoría de partidos progresistas españoles en 1975"
  219. García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 665.
  220. García de Cortázar y González Vesga, 2012, pp. 667-668.
  221. Claret y Santirso, 2014, p. 217.
  222. Claret y Santirso, 2014, p. 219.
  223. a b Bel, 2013, p. 13.
  224. García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 677-678.
  225. a b García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 678.
  226. Claret y Santirso, 2014, pp. 218-219.
  227. Bel, 2013, p. 13-14.
  228. Claret y Santirso, 2014, p. 220.
  229. a b García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 679.
  230. Claret y Santirso, 2014, p. 220-221.
  231. Bel, 2013, pp. 226-229.
  232. San Agustín, 2014, pp. 253.
  233. a b c Sánchez-Cuenca, 2012, pp. 97.
  234. Sánchez-Cuenca, 2014, pp. 72.
  235. a b García de Cortázar y González Vesga, 2012, p. 699-700.
  236. De la Granja, Beramendi y Anguera, 2001, p. 221.
  237. Claret y Santirso, 2014, p. 222-223.
  238. Claret y Santirso, 2014, p. 223-226.
  239. Bel, 2013, p. 33.
  240. Claret y Santirso, 2014, p. 224-225.
  241. Bel, 2013, p. 232-233. "Una España en la que todas las lenguas y culturas fuesen tratadas en pie de igualdad, sin hegemonismos de la lengua y cultura mayoritarias, y con los pragmatismos necesarios. En la que las políticas públicas en los ámbitos fiscales, de infraestructuras y tantos otros no aplicasen diferentes reglas de equidad dentro del mismo Estado, vulnerando nociones básicas de justicia. En la que no hubiese esa obsesión por sujetar a todo un país anclándolo físicamente a su capital. En la que... Pero esa España no pudo ser
  242. Bel, 2013, p. 119; 232.
  243. Claret y Santirso, 2014, p. 226-228.
  244. Claret y Santirso, 2014, p. 228.
  245. Vera Gutiérrez Caro, "Paso a paso hacia la consulta", El País, 19 de julio de 2014.
  246. "El Parlament da luz verde al 9-N", El País, 20 de septiembre de 2014.
  247. "Artur Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta del 9N", La Vanguardia, 27 de septiembre de 2014 (consultado el 27 de septiembre de 2014).
  248. "Sáenz de Santamaría": 'Lamentamos profundamente el error de Mas'", El País, 27 de septiembre de 2014 (consultado el 27 de septiembre de 2014).
  249. http://politica.elpais.com/politica/2014/09/29/actualidad/1411974304_889124.html
  250. http://www.lavanguardia.com/politica/20140929/54416444338/abogacia-estado-registra-tribunal-constitucional-recursos-gobierno.html
  251. http://politica.elpais.com/politica/2014/09/29/actualidad/1412005295_056524.html
  252. "Mas propone diluir la consulta en un proceso de particpación ciudadana", El País, 14 de octubre de 2014.
  253. "Mas gana tiempo con una consulta sin garantías legales", El País, 15 de octubre de 2014.
  254. "Mas diseña un plan para proclamar la independencia en 18 meses", El País, 26 de noviembre de 2014.
  255. Mas gana el pulso a ERC y convoca elecciones para el 27 de septiembre
  256. El Constitucional declara inconstitucional la consulta catalana
  257. "Mas y Junqueras pactan un plan para declarar la independencia en 18 meses", El País, 31 de marzo de 2014.
  258. "Rajoy critica la hoja de ruta de Mas y Junqueras para la independencia", El País, 1 de abril de 2014.

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]