Proceso soberanista de Cataluña de 2012-2020

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El proceso soberanista de Cataluña de 2012-2020, conocido coloquialmente como el procés catalán, es un conjunto de hechos sociales y políticos que se han desarrollado desde el año 2012 en la comunidad autónoma de Cataluña con el objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia de Cataluña de España.

El 9 de noviembre de 2014 se celebró el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña convocado por el presidente de la Generalidad Artur Mas en contra del gobierno español y de la ley. El 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones «plebiscitarias» en las que ganó la coalición independentista Junts pel Sí. El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia convocado por el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. El 27 de octubre de 2017 se aprobó en el Parlamento de Cataluña la declaración unilateral de independencia y el Gobierno de España intervino la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

La intervención de la autonomía terminó cuando, tras la celebración de elecciones autonómicas, Quim Torra fue nombrado presidente de la Generalidad en junio de 2018. En febrero de 2019 comenzó el denominado "Juicio del procés", cuya sentencia se emitió en octubre del mismo año, condenando a penas de 9 a 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

Antecedentes[editar]

El Estatuto de 1979 y la etapa de gobierno de Jordi Pujol (1980-2003)[editar]

La muerte del general Franco supuso en poco tiempo el fin de su dictadura y la apertura de un proceso de transición durante el que se celebraron las primeras elecciones democráticas de España en décadas. El proceso de cambio desembocó en la aprobación por las Cortes Generales de una Constitución consensuada por la mayor parte de las fuerzas políticas españolas y, particularmente, de las catalanas. Dicha ley fundamental fue ratificada por los españoles en referéndum. En Cataluña, la Constitución fue apoyada por un 91,09 % de los votantes.[1]

Una vez aprobada la Constitución, se tramitó la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña. El proyecto fue sometido a referéndum en Cataluña. De todos los partidos con representación parlamentaria, solo el ultraderechista Fuerza Nueva pedía abiertamente el voto negativo con el argumento de que las autonomías acabarían rompiendo la unidad de España. Los demás partidos respondieron que no solo no sucedería tal cosa, sino que se solucionarían los problemas que el centralismo no pudo resolver.[2]​ El Estatuto recibió el apoyo del 88,15 % de los votantes, siendo la participación del 59,30 %.[3]​ El nuevo Estatuto, aprobado por las Cortes Generales, contemplaba la existencia de un órgano legislativo, el Parlamento de Cataluña, y otro ejecutivo, el Gobierno de Cataluña, además de otras instituciones. En 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña.[4]

El estado de las autonomías, pese a cierta indefinición constitucional en torno a aspectos como el grado de descentralización asumible por las comunidades o incluso el número de estas, se desarrolló «rápidamente y con notable éxito» desde sus inicios hasta finales del siglo XX.[5]​ Al final del periodo se había llegado a un estado con un importante nivel de devolución de competencias,[5]​ habiéndose cumplido y sobrepasado la mayoría de los objetivos del catalanismo político de finales del siglo XIX y comienzos del XX en la cuestión de su relación con el Estado español.[6]Jordi Pujol, del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de su federación Convergència i Unió (CiU), defendió el concepto general de «Europa de las regiones» en la medida en que permitía las «naciones sin estado».[7]

Primer gobierno «tripartito» y el nuevo Estatuto (2003-2006)[editar]

Las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2003 pusieron fin a la etapa «pujolista» formándose un gobierno de coalición «tripartito» entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragall. La coalición puso en marcha la reforma del Estatuto de 1979 con el fin de aumentar la cotas de autogobierno de Cataluña.

El presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero con Artur Mas (CDC) y Duran i Lleida (UDC) en enero de 2006

Numerosos cronistas sitúan la corrupción del partido que había gobernado Cataluña (CiU, hoy disuelta) como motivo detonante del inicio del proceso soberanista.[8]​ Por ejemplo Joan Herrera para "distraer" y "tapar con la senyera"[9][10]​ casos de corrupción como el saqueo del Palau de la Música o las comisiones del Caso 3%. En febrero de 2005, el nuevo presidente de la Generalidad Pasqual Maragall denuncia en el propio parlamento en 2005[11]​:

“Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu tres per cent“ (Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por ciento)[12]​. Pasqual Maragall a Artur Mas, en el Parlament, 24 de febrero de 2005.

El 30 de septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó el nuevo Estatuto, consiguiendo 120 votos favorables (que suponían el 91,85 % de sus miembros), correspondientes a los diputados de CiU, PSC, ERC y ICV-EUiA, y 11 votos en contra (8,15 % del Parlament), correspondientes a los parlamentarios del PPC.[13]​ A continuación la propuesta de reforma fue presentada al Congreso de los Diputados.[14]​ Pero las Cortes Generales introdujeron modificaciones importantes al texto aprobado por el Parlamento de Cataluña a pesar de que José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España, se había comprometido a apoyar el Estatuto que aprobase el Parlamento de Cataluña sin alterarlo.[15]

El marzo de 2006 se aprobó una nueva propuesta de Estatuto pactada por CiU y PSOE en las Cortes Generales con los votos favorables de PSOE, CiU, PNV, IU, BNG y CC; y los votos en contra de PP, ERC y EA; absteniéndose Chunta Aragonesista y Nafarroa Bai.[16]​ Posteriormente, el nuevo Estatuto fue ratificado por el Parlamento de Cataluña pero con menos votos que en septiembre de 2005. El texto recogió 97 votos favorables (71,85% del Parlamento de Cataluña), correspondientes a los diputados de CiU, PSC e ICV-EUiA, y 38 votos en contra (28,15% restante), correspondientes a los diputados de ERC y PPC, por motivos completamente opuestos. ERC consideró insuficiente el Estatuto después de los recortes por parte de las Cortes Generales de España.[17]

El 18 de junio de 2006 el Estatuto fue sometido al referéndum de los ciudadanos de Cataluña. Con un 48,9 % de participación, el SÍ obtuvo un 73,2 % y el NO un 20,6 %. Según algunos analistas, el nuevo Estatuto perseguía principalmente un aggiornamento del texto anterior que consiguiera un aumento de la capacidad de toma de decisiones políticas por parte del gobierno catalán y el reconocimiento de «la singularidad» de Cataluña en España.[5]

Tras el referéndum del estatuto (2006-2010)[editar]

Manifestación «Som una nació i tenim el dret de decidir» convocada en Barcelona el 18 de febrero de 2006 por la Plataforma por el Derecho a Decidir y respaldada por Esquerra Republicana de Cataluña para oponerse a los cambios introducidos por el Congreso de los Diputados en el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Cataluña y más concretarmente para oponerse al acuerdo Zapatero-Mas. En el centro el secretario general de ERC Josep Lluís Carod Rovira.

Tras la aprobación del nuevo Estatuto pese a la baja participación en el referéndum,[18]​ el nacionalismo catalán inició entre 2006 y 2010 una «metamorfosis» que le llevaría a defender una salida al bloqueo del modelo territorial fuera del marco de la Constitución española de 1978 y que progresivamente iría siendo asumida por una parte considerable de la ciudadanía catalana.[19]​ Un cambio reforzado por una movilización popular cada vez más presente.[20]

El primer hito en esa movilización de lo que se acabaría llamando el procés soberanista fue la manifestación «Som una nació i tenim el dret de decidir» (‘Somos una nación y tenemos derecho a decidir’) convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir y celebrada en Barcelona el 18 de febrero de 2006, mientras se estaba debatiendo en el Congreso de Diputados el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. «Ese día y por primera vez, de una manera descarada, el catalanismo salió a la calle para reclamar el derecho a decidir. A efectos prácticos, ese fue el significado de la manifestación: un posicionamiento soberanista nítido y explícito».[21]

Una serie de obras publicadas en 2007 fueron poniendo los cimientos de la mutación ideológica del catalanismo político. En L’engany Vicenç Villatoro advertía que el segundo tripartit presidido por José Montilla estaba aboliendo el «eje nacional» sustituyéndolo por el eje derecha-izquierda. En El preu de ser catalans Patricia Gabancho dejaba claro en el subtítulo del libro que es lo que pretendía denunciar: Una cultura mil·lenària en vies d’extinció. Alfons López Tena en Catalunya sota Espanya. L’opressió nacional en democràcia defendía abiertamente la independencia como única vía para la supervivencia de Cataluña.[22]​ También aparecieron artículos en la prensa como los de Ferran Mascarell en los que afirmaba que el reconocimiento del derecho a decidir era la única alternativa para evitar que Cataluña continuara «desdibujando su personalidad».[23]

El «derecho a decidir» fue asumido también por Convergencia Democrática de Cataluña que dio por tanto dio un «giro copernicano» abandonando el «autonomismo», como se demostró en la conferencia que pronunció su líder Artur Mas en noviembre de 2007 con el título «El catalanismo, energía y esperanza para un país mejor» ―que sería publicada en forma de libro, con prólogo de Agustí Colomines, entonces director del think tank convergente Fundació Cat-Dem―.[24]

Muchos de los que votamos a favor (en el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006) lo hicimos conscientes de que representaba un salto adelante en el autogobierno, pero de ningún modo significaba una estación final de trayecto en el largo camino de Cataluña hacia el autogobierno y las libertades. (...)
El derecho a decidir de un pueblo es el ejercicio de la democracia en estado puro. ¿Qué demócrata puede tenerle miedo? ¿A qué persona con unos principios democráticos sólidos y bien fundamentados puede inquietarle que la democracia se manifieste con naturalidad? Si Cataluña es una nación, y lo será mientras los catalanes lo quieran, y no es simplemente una derivada o un subproducto constitucional, los catalanes tienen, tenemos, el derecho democrático a decidir lo que más nos conviene como pueblo. (…) Allí donde se hablaba de autonomía o de autogobierno tenemos que hablar del derecho a decidir por nosotros mismos en aquello que nos es propio.

Unos días después de la conferencia de Mas, concretamente el 1 de diciembre de 2007, tuvo lugar en Barcelona una segunda gran manifestación soberanista, convocada de nuevo por la Plataforma por el Derecho a Decidir bajo el lema «Som una nació i diem PROU! Tenim dret a decidir sobre les nostres infraestructures» ('¡Somos una nación y decimos BASTA! Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras'). El motivo de la misma fue que en la segunda mitad de 2007 se habían concatenado una serie de problemas en las infraestructuras catalanas que afectaron a decenas de miles de personas, comenzando con el apagón eléctrico del 23 de julio que afectó a casi medio millón de abonados en Barcelona y el colapso del aeropuerto de Barcelona ese mismo mes de julio, al que siguieron las interrupciones y los atrasos de los trenes de cercanías de RENFE del área de Barcelona como consecuencia de las obras del AVE Madrid-Barcelona. En los tres casos los organismos responsables eran de competencia estatal (Red Eléctrica, AENA y Adif).[25]​ A la manifestación, en la que abundaron los gritos a favor de la independencia, ya no acudieron solo dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya como en la del año anterior, sino que en la cabecera también estuvieron figuras públicas vinculadas a Convergencia e incluso algunas personalidades que habían militado en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Así, «un problema de infraestructuras, que se tendría que haber resuelto por medio de una fuerte inversión fruto de la negociación política, también se usó para ampliar la base de la movilización soberanista».[26]

Comisión evaluadora de la consulta sobre la independencia de Cataluña en Arenys de Munt (13 de septiembre de 2009). De izquierda a derecha, Jordi Bilbeny, Alfons López Tena, J.M. Ximenis, Uriel Bertran y Oriol Junqueras.

Así pues, frente a la política de colaboración con el gobierno central que defendió el presidente José Montilla, tanto Esquerra Republicana como CiU fueron definiendo una postura cada vez más clara a favor de la superación del marco autonómico. Artur Mas, líder de CiU, además del «derecho a decidir» comenzó a incluir en sus discursos el término «Estado propio» y empezó a hablar del «déficit fiscal» (Cataluña contribuía al Estado con mucho más de lo que recibía de este) y de los «agravios» de todo tipo que padecía Cataluña. Que el autonomismo era contemplado ya como una vía muerta por el nacionalismo catalán lo puso de manifiesto el editorial conjunto de los periódicos catalanes publicado el 26 de noviembre de 2009 con el título La dignidad de Cataluña en el que expresaban su preocupación por la sentencia que fuera a emitir el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía.[27]​ Según explicó en 2013 Rafael Nadal, director de El Periódico de Cataluña cuando se publicó el editorial, el propósito de este fue «alertar de que, después de todo el esfuerzo que habían hecho todos los partidos catalanes para rebajar algunas de las exigencias que figuraban en el Estatuto de 2006, si no había una respuesta positiva [en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que todavía no se había pronunciado sobre el Estatuto], la frustración que aquello generaría en Cataluña desembocaría en una reivindicación radical». «Ya han pasado sólo cuatro años y la profecía se ha cumplido», añadió.[28]

En ese mismo año de 2009 se produjo un nuevo impulso del procés en cuanto a la movilización social con la puesta en marcha de las llamadas consultas populares sobre la independencia. La primera se celebró el 13 de septiembre en Arenys de Munt a raíz de una moción presentada por un concejal de la CUP. La pregunta que se formuló fue: «¿Está de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?». En la comisión evaluadora de la consulta, que tuvo un gran impacto mediático, participaron personalidades del «nuevo soberanismo»: Alfons López Tena, Elisenda Paluzie (presidente de la Asamblea Nacional Catalana a partir de 2018) y Oriol Junqueras (presidente de Esquerra Republicana de Catalunya dos años después).[29]​ Durante el año y medio siguiente se celebraron otras consultas en diversas localidades catalanas, culminando con la que se celebró en Barcelona en abril de 2011 ―aunque carecían de validez legal y la participación en las mismas fue bastante baja, demostraban que existía una movilización social favorable a la independencia―.[30]​ En su organización participaron unas 60.000 personas y en las votaciones alrededor de 700.000.[31]

El auge del soberanismo y la vuelta de CiU al poder (2010-2012)[editar]

Manifestación contra el recorte del Estatuto (julio de 2010)[editar]

El 28 de junio de 2010 se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que supuso un nuevo recorte del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña cinco años antes. La sentencia respondía al recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2006 por el Partido Popular, al que siguieron otros seis recursos presentados por el Defensor del Pueblo y los gobiernos de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Región de Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. La resolución del Tribunal Constitucional ante el recurso del PP supuso la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de un estatuto autonómico.[32][33][34][35]​ Según algunos analistas, la sentencia supuso que no se ampliara sustancialmente la autonomía política catalana, pero no constituyó un retroceso.[36]​ No lo interpretó así la mayoría de las fuerzas políticas catalanas. Por otro lado, la sentencia supuso el final del pacto tripartito (PSC, ERC y ICV-EUiA) del gobierno catalán, la apertura de disensiones internas en el propio PSC y la mejora de perspectivas electorales por parte de CiU.[37]

La decisión del tribunal constitucional generó un profundo descontento entre los partidos que habían impulsado el Estatuto (CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA) y les llevó a apoyar una manifestación de protesta organizada por la entidad de defensa de la cultura catalana Òmnium Cultural en Barcelona el 10 de julio de 2010 bajo el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos».[38][39]​ También apoyaron la manifestación los sindicatos mayoritarios y cerca de 1.600 entidades.[40][41]​ Encabezaron la marcha el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, y el del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach.[38]

El PSC trató de dar un carácter institucional a la marcha y centrarla en la protesta contra el Tribunal Constitucional pero los gritos en favor de la independencia y las banderas independentistas dominaron la manifestación. Montilla se vio incluso obligado a abandonarla precipitadamente.[38]​ Los organizadores afirmaron que se trató de la manifestación más multitudinaria de la historia de Cataluña hasta esa fecha. Las cifras de participación oscilaron entre los 425.000 calculados por el periódico El País y los 1.500.000 que cifró Òmnium Cultural.[42]

Elecciones al Parlamento de Cataluña (noviembre de 2010)[editar]

Artur Mas, 8º presidente de la Generalidad de Cataluña moderna.
Manifestación "Catalunya, nou estat d'Europa" ("Cataluña, nuevo estado de Europa").
Manifestantes en el Paseo de Gracia.

En 2007, Artur Mas, presidente de Convergència Democràtica de Catalunya y de CiU, que no había obtenido mayoría en las elecciones autonómicas de 2006 y había tenido que dejar paso de nuevo al pacto entre PSC, ERC e ICV-EUiA (que revalidaba así la fórmula del "tripartito"), inició un proceso de «refundación» del catalanismo bajo la denominación La Casa Gran del Catalanisme («Casa Grande del Catalanismo»), en el cual planteaba que Cataluña debía tener el «derecho a decidir». Inicialmente, las reivindicaciones de CiU se centraban en aspectos prácticos como la gestión de las infraestructuras.[43]

Sin embargo, en las elecciones autonómicas de 2010, CiU incluyó como punto fundamental de su programa electoral el «derecho a decidir», centrado en la necesidad de que Cataluña dispusiera de un nuevo modelo de financiación, similar al concierto económico del País Vasco, el «pacto fiscal»,[44]​ excluyendo la posibilidad de celebrar una consulta sobre la independencia, al menos en la siguiente legislatura.[43][45]​ Durante la campaña, Mas declaró solo apoyaría al PSOE o al PP tras la celebración de las siguientes elecciones generales si se comprometían a conceder el pacto fiscal a Cataluña,[46]​ y que no consideraba que para ello fuese necesario reformar la constitución española, argumentando que ni el concierto vasco y el convenio navarro figuraban como tales en la carta magna.[47]​ Durante la campaña electoral, ERC, que hasta entonces formaba parte del gobierno y que pedía un referéndum de autodeterminación en su programa electoral, se había ofrecido a apoyar la investidura de Mas, si lo necesitase, sin requerir de CiU que convocase dicha consulta.[45]​ Las elecciones dieron la victoria a CiU, con 62 escaños, pero sin que consiguiera la mayoría absoluta. Los antiguos componentes del tripartito, que habían anunciado durante la campaña que no deseaban renovar la fórmula, incluso si contasen con escaños para repetirla, perdieron votos y escaños, quedando en conjunto por debajo de CiU (el PSC obtuvo los peores resultados en unas autonómicas hasta la fecha). Dos partidos que pedían la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para Cataluña obtuvieron también representación en el nuevo parlamento: ERC (con diez escaños, si bien había perdido casi la mitad de su representación en la legislatura anterior)[48]​ y Solidaritat Catalana per la Independència (cuatro escaños; su lema de campaña fue «Catalunya proper estat d'Europa»).

Artur Mas, que quedó a ocho escaños de la mayoría absoluta, se presentó al debate de investidura con un discurso en el que proponía que Cataluña comenzase una «transición nacional» hacia la aplicación plena del «derecho a decidir» de los catalanes, que comenzaría con la formación de un frente común en defensa de un pacto fiscal similar al concierto vasco. Según Mas, la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatuto de 2006 había dado por terminado el pacto constitucional entre Cataluña y España, y el proceso de transición nacional seguiría el camino marcado por la manifestación realizada el 10 de julio anterior que, con el lema Som una nació. Nosaltres decidim y la participación del gobierno de la Generalidad y de CiU, había sacado a la calle a cientos de miles de personas en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional.[49]​ También expuso un calendario: durante el año siguiente (2011), trataría de conseguir un frente común con dicho objetivo en Cataluña, para planteárselo al gobierno español que saliese de las siguientes elecciones generales, condicionando su apoyo a la aprobación del pacto fiscal. No excluyó explícitamente la independencia, pero, sin nombrarla, la descartó por el momento: «Es responsabilidad de un presidente y de un pueblo no cerrar las puertas a los anhelos de un pueblo, así como evitar fracturas internas».[50]​ Ningún partido votó a favor de su investidura en primera ronda. ERC porque Mas no contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación. El Partido Popular por estar en contra del planteamiento de Mas respecto al derecho a decidir. Además, criticó la pretensión de Más, introducida en el discurso de la sesión de investidura, de elaborar una ley de consultas catalana para que estas no tuvieran que ser autorizadas por el Gobierno español. Según le dijo la líder del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, a Artur Mas, «No busque usted reformas de leyes para facilitar el referéndum para el derecho a decidir».[51]

Nacimiento del 15-M y protestas frente al Parlamento de Cataluña (2011)[editar]

Un manifestante del 15-M delante de los mossos en las protestas del 15 de junio de 2011 frente al Parlament. Los diputados tuvieron que entrar escoltados en vehículos blindados y el entonces presidente Artur Mas lo hizo en helicóptero, en una imagen muy comentada[52][53][54]​.

En 2011 estalló en toda España el movimiento de protesta social conocido como "15-M". Desde el punto de vista de la cuestión territorial, el movimiento no simpatizaba con el nacionalismo ni el independentismo provocando reacciones como la del ex vicepresidente de la Generalidad Carod Rovira (perteneciente a ERC; partido republicano y de izquierdas) claramente en contra de este movimiento[55]​.

Pero en Cataluña este movimiento subió un grado la escalada de la confrontación social tras los incidentes provocados por los manifestantes del 15-M el 15 de junio de 2011 frente al Parlamento, que obligó a una parte de los políticos a entrar escoltados en vehículos blindados, y al ya entonces presidente Artur Mas a entrar en helicóptero.[56][57]​. El diputado convergente Gerard Figueras, que acudió a pie al hemiciclo, fue sorprendido por los manifestantes, insultado, escupido y tuvo que pedir auxilio a los policías[58]​ mientras que otros políticos también sufrieron insultos, escupitajos y lanzamiento de objetos varios[59]​.

Este hecho ha provocado que numerosos periodistas, políticos e intelectuales, -tanto favorables al proceso, como en contra- hayan indicado que esas protestas fuero una de las claves que explicaría la posterior sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, el periodista Enric Juliana -uno de los autores del editorial conjunto contra la sentencia del Estatut- admitió años después que el proceso pudo ser creado para intentar desviar la atención de la crisis económica y las protestas ciudadanas:

“[...] Hasta que un día se encontró con el Parlament de Catalunya rodeado de manifestantes, inflamados por las consignas del 15-M. Algunos diputados fueron acosados y el gobierno catalán tuvo recurrir a un helicóptero para poder entrar en el recinto. (15 de junio del 2011). Es el único gobierno europeo al que le ha ocurrido una cosa similar en los últimos diez años. Aquel día también podríamos decir que empezó todo. El jansenismo empezó a pensar que quizá se estaba equivocando. CiU empezaba a bajar en los sondeos y en paralelo a la protesta urbana del 15-M, en las capitales de comarca aceleraba y ganaba adeptos el otro movimiento contestatario: “In-de-pen-dència!” Dicho en pocas palabras: “Si es la hora de los radicales, también nosotros vamos a ser radicales” [...]. Enric Juliana, La Vanguardia 2 de abril de 2017[60]​.

El «pacto fiscal» (julio de 2012)[editar]

El 25 de julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprueba el denominado «pacto fiscal» —un texto que proponía que Cataluña se dotara de un sistema fiscal nuevo con semejanzas al concierto económico que regula la relación tributaria entre la Administración General del Estado de España y la comunidad autónoma del País Vasco— con el apoyo a la totalidad de CiU, ICV-EUiA y ERC y la abstención del PP.[61]​ El 20 de septiembre de 2012 Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña se reunió con Mariano Rajoy que respondió que no había margen para negociar la propuesta. Artur Mas señaló que Cataluña deberá realizar una profunda reflexión y a tomar decisiones,[62]​ ya que el «pacto fiscal» se veía como la última posibilidad de entendimiento entre Cataluña y el resto de España.

Hay que indicar que durante la transición el gobierno central ofreció al gobierno catalán que este tuviera un régimen económico similar al navarro o al vasco y fue rechazado por el entonces líder Jordi Pujol porque creía que una Hacienda catalana sería muy impopular y porque pensaba que no conseguiría un alto grado de eficiencia en la recaudación fiscal[63][64][65][66][67]​.

Movilizaciones independentistas (2012)[editar]

Bandera "estelada" en el paseo de Gracia durante la Manifestación "Catalunya, nou estat d'Europa" del 11 de septiembre de 2012[68]

A lo largo de 2012 varios municipios y consejos comarcales catalanes se pronunciaron en favor de la independencia y sus plenos aprobaron declararse «territorio catalán libre», añadiendo que la legislación española solo estaría en vigor en dichos municipios de «forma provisional» hasta que el parlamento catalán dictase una nueva legislación.[69]​ El primer municipio en aprobar la moción fue San Pedro de Torelló el 3 de septiembre de 2012.

Durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2012 tuvo lugar en Barcelona la manifestación Catalunya, nou estat d'Europa» (en español, 'Cataluña, nuevo estado de Europa') organizada por la organización independentista Asamblea Nacional Catalana. Se consideró la manifestación más multitudinaria hasta la fecha en Cataluña,[70]​ estimándose el número de asistentes entre 600 000 (Delegación del Gobierno, diario El País) y 2 000 000 (organizadores).[71][72][73][74][72][73][75][73]

El proyecto de la «consulta»[editar]

El presidente Artur Mas anuncia en octubre de 2014 la celebración de un proceso participativo para el 9-N. Detrás aparecen Oriol Junqueras (centro), líder de ERC, y Joan Herrera (derecha), líder de ICV-EUiA.
Municipios adheridos a la plataforma Asociación de Municipios por la Independencia.
Objeto de la «consulta»[editar]

Durante varios meses, los partidarios del referéndum no lograron un consenso acerca de qué pregunta sería formulada en la consulta[76][77]​ —un referéndum consultivo,[78]​ no vinculante—. En octubre de 2012, durante la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas, Artur Mas propuso que la pregunta fuera «¿Usted desea que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?»[79]​ Sin embargo su socio en CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, líder de UDC, se opuso tres meses después a que la consulta únicamente ofreciese la independencia como alternativa al estatus actual.[80]

En marzo de 2013 ERC pidió que la pregunta fuera «¿Usted cree que Cataluña debería ser un Estado independiente?», con solo dos respuestas posibles: «Sí» y «No».[81]​ y en septiembre de 2013 se opuso públicamente a la opinión de Artur Mas, que en ese momento barajaba la posibilidad de que el referéndum incluyera varias preguntas.[82]

Finalmente, en diciembre de 2013 CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP alcanzaron un acuerdo para formular una pregunta con dos apartados en el referéndum: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».[83][84]

Marco legal y posiciones respecto a él[editar]

La Constitución española de 1978 permite la participación política ciudadana y la ley orgánica 2/1980 de 18 de enero regula diferentes variedades posibles de referéndum, entre las que se incluye el referéndum consultivo autonómico,[85]​ que según la legislación debe estar autorizado por el Estado español.[86]​ El estatuto de Cataluña de 2006 introdujo en el artículo 122 la noción de que la Generalidad de Cataluña tenía la competencia exclusiva para convocar consultas («consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32.ª de la Constitución»).[87]​ El Tribunal Constitucional restringió sin embargo la interpretación del texto mediante la sentencia del 28 de junio de 2010, desautorizando la posibilidad de celebración de una consulta por parte de la Generalidad.[88]

Partidos políticos como el Partido Popular o Ciudadanos niegan que el artículo 150.2 de la Constitución —que permite la transferencia o delegación a las autonomías de responsabilidades del Estado español— sirva para convocar un referéndum, mientras que los partidos pro-independencia catalanes se oponen a esta interpretación;[89]Núria de Gispert, presidente del parlamento catalán, opinó en enero de 2014 que un referéndum consultivo sí podría tener «encaje constitucional» sobre la base del artículo 150.2.[78]

Asimismo, algunos agentes sociales, como el partido político Vox, han propuesto imputar los delitos de prevaricación, rebelión y sedición, recogidos en los artículos 404, 410, 472, 477, 544, 545 y 548 de Código Penal, a los líderes políticos partidarios de la consulta y suspender «al menos de manera parcial» la autonomía catalana, en lo que según ellos, sería en aplicación del artículo 155 de la Constitución.[90]​ Incluso el sindicato Manos Limpias se querelló contra Artur Mas por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial, rebelión y sedición durante el proceso soberanista catalán.[91]

Gobierno de Mas (2012-2015)[editar]

El Parlamento de Cataluña aprobó el 27 de septiembre de 2012 una resolución pidiendo celebrar un referéndum de autodeterminación de Cataluña durante la X legislatura del Parlamento de Cataluña «prioritariamente», con posterioridad a las elecciones autonómicas de 2012.[92]​ La resolución obtuvo 84 votos a favor (CiU, ICV-EUiA, ERC, SI, más otros dos diputados), 21 en contra (PPC y C's) y 25 abstenciones (PSC).[93]​ El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, declaró en el discurso ante el Parlamento que había llegado la hora de que el pueblo de Cataluña ejerciera el derecho de autodeterminación.[94]

Elecciones autonómicas[editar]

Artur Mas (CiU) y Oriol Junqueras (ERC) firmando el pacto de gobernabilidad

Después de la negativa del Gobierno de Rajoy a negociar sobre el «pacto fiscal», CiU decidió que no tenía sentido seguir con la legislatura, ya que esa era su propuesta política más importante. Esta circunstancia, unida a la gran participación en la manifestación de la Diada de 2012, empujó a CiU a convocar elecciones anticipadas y presentarse esta vez con una consulta de autodeterminación en el programa electoral. Las elecciones se celebraron el 25 de noviembre de 2012. CiU volvió a ser la fuerza política más votada, aunque bajó en número de escaños. Las candidaturas partidarias de la realización de la consulta aumentaron su representación en el Parlamento de Cataluña, pasando de 86 diputados en la IX legislatura (CiU, ICV-EUiA, ERC y SI) a 87 en la X legislatura (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP).

Tras las elecciones, CiU negoció con ERC su apoyo a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalidad de Cataluña. El 19 de diciembre de 2012 firmaron un pacto de gobernabilidad que incluyó entre sus puntos la denominada «Consulta sobre el futuro político de Cataluña».[95]​ Se comprometieron a convocar una consulta para que el «pueblo de Cataluña» pudiera decidir si quería constituirse en un «nuevo Estado en Europa». El acuerdo estipuló que la fecha de la consulta debería ser pactada entre ambas formaciones, las cuales se comprometieron a llevarlo a cabo en 2014 «salvo que el contexto socioeconómico y político requieran una prórroga».[95][96]​ El acuerdo permitió que Artur Mas fuera investido Presidente de la Generalidad de Cataluña por segunda vez.[97]

Declaración de soberanía[editar]

Resultado de la votación para la «Declaración de Soberanía» en el Parlamento de Cataluña, el 23 de enero de 2013.

El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar la "Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña".[98][99][100][101][102]

CiU (50 diputados), ERC (21) y ICV-EUiA (13) apoyaron la declaración de soberanía. El PPC (19) y C's (9) se opusieron a la propuesta. De los diputados del PSC, 15 votaron en contra y 5 no votaron pese a estar en el hemiciclo, desobedeciendo así las órdenes de la dirección del partido de votar en contra de la propuesta. La CUP dio un «sí crítico» con 1 voto a favor y 2 abstenciones.[103]

En marzo de 2014 el Tribunal Constitucional dictaminó que la declaración de soberanía era "inconstitucional y nula", y por tanto no amparaba la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.[104][105]​ No obstante el gobierno de la Generalidad minimizó el impacto de la sentencia.[106]

Diada 2013[editar]

Tramo de la Vía Catalana hacia la independencia

La Asamblea Nacional Catalana durante la fiesta del Día Once de Septiembre de 2013 organizó la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de unos 400 km a lo largo de Cataluña. Apoyaron la cadena los partidos CiU y ERC así como otras 14 entidades.[107]​ de Cataluña.[108]​ Siguió el trazado de la antigua Vía Augusta, desde la localidad francesa de El Pertús hasta la localidad valenciana de Vinaroz (ambas incluidas), atravesando Cataluña de norte a sur. Los organizadores animaron a los habitantes de los denominados "Países Catalanes" (Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el departamento francés de Pirineos Orientales) a participar en la cadena o en actos simultáneos.[109]

La "confesión" de Jordi Pujol[editar]

Jordi Pujol en 2013

El 25 de julio de 2014, el que hubiera sido president durante 20 años, Jordi Pujol, reconoció en un comunicado enviado a varios medios[110]​ haber ocultado a la Hacienda Pública durante 34 años «un dinero ubicado en el extranjero», según sus afirmaciones procedente de su padre Florenci Pujol.[111][112]​ En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el «momento adecuado» para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública.[113]​ Según varios medios, se trataría de en torno a cuatro millones de euros, ubicados en Andorra,[114]​ que se habrían beneficiado de la amnistía fiscal (o regularización extraordinaria) promovida por el Gobierno de España en 2012.[115]​ La confesión de Jordi Pujol generó gran controversia política habida cuenta del enorme ascendiente que Jordi Pujol había tenido durante 30 años en la sociedad catalana.[116]

Tras estas revelaciones, numerosos miembros de la familia Pujol-Ferrusola acabaron investigados por la policía.[117][118]Jordi Pujol Ferrusola acabó en la cárcel aunque salió meses después tras depositar una fianza.[119]

Consulta independentista del 9-N[editar]

En diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad anunció que tenía previsto convocar el referéndum para el 9 de noviembre de 2014, incluyendo una pregunta con dos apartados: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».[84]​ Inmediatamente el Gobierno de España advirtió de que la convocatoria de tal referéndum no tendría lugar por contravenir la Constitución.[83]

Petición de la cesión de competencias[editar]

El jueves 16 de enero el Parlamento de Cataluña votó una petición al Congreso de los Diputados para que la Generalidad de Cataluña pudiera celebrar un referéndum consultivo sobre el futuro político de Cataluña.[120]​ Se aprobó con 87 votos a favor y 43 en contra. Votaron a favor CiU (50 diputados), ERC (21) e ICV-EUiA (13) así como tres diputados del PSC.[121]​ La CUP, con 3 diputados, se abstuvo a pesar de estar a favor de realizar el referéndum, por considerar que no se debe "pedir permiso a Madrid" para realizarlo.[122]​ Votaron en contra PPC (18), PSC (16) y C's (9).[121]

Tres diputados del PSC, Joan Ignasi Elena, Núria Ventura y Marina Geli, rompieron la disciplina de voto del PSC, cuya directiva había decidido votar en contra.[121]​ Otro diputado del PSC, Àngel Ros, renunció a su escaño en el Parlamento de Cataluña la víspera de la votación para no tener que votar "no".[123]Rocío Martínez-Sampere declaró haber votado "no" a regañadientes y anunció después que renunciaba a sus cargos en la ejecutiva del partido. Era partidaria de que el grupo del PSC se abstuviese para que todos los diputados se sintieran cómodos.[124]​ Por otra parte la exdiputada Laia Bonet dejó también la ejecutiva del PSC.[125]

El Congreso de los Diputados el 8 de abril de 2014 rechazó la petición, por 299 votos en contra frente a 47 a favor. Votaron en contra PP (185), PSOE (107), UPyD (5), UPN (1) y Foro Asturias (1); a favor CiU (16), Izquierda Plural (11), PNV (5), BNG (2), Amaiur (7), ERC (3), Compromís (1) y Geroa Bai (1). Se abstuvo el diputado de Coalición Canaria (1).[126][127][128][129]

Diada 2014[editar]

El 11 de septiembre de 2014 la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural organizaron una concentración que se realizó en la Gran Vía y avenida Diagonal de Barcelona, bajo el lema «Ahora es la Hora, unidos por un país nuevo», formando los concentrados una «V» que simbolizaba las palabras «voluntad, votar y victoria». Un cálculo estadístico por parte de Llorenç Badiella, responsable del Servicio de Estadística Aplicada de la Universidad de Barcelona arrojó una cifra de alrededor de &&&&&&&&&0900000.&&&&&0900 000 participantes en la «V».[130]​ La delegación de gobierno estimó la asistencia de la concentración en &&&&&&&&&0520000.&&&&&0520 000 personas, mientras que la guardia urbana cifró la asistencia en &&&&&&&&01800000.&&&&&01 800 000.[131]

La Asamblea Nacional Catalana, conjuntamente con la Asociación de Municipios por la Independencia, presentó el 15 de septiembre al Parlamento de Cataluña 750.000 firmas en favor de que el Parlamento declare la independencia si no se puede celebrar la consulta el 9 de noviembre.[132]​ La campaña se fundamenta, según sus organizadores, en reclamar la independencia a través del derecho de petición, recogido en la legislación autonómica y estatal.[133]

Ley de consultas[editar]

Tras el rechazo del Congreso de los Diputados a la petición de la cesión de la competencia para convocar y celebrar referéndums, CiU y ERC empezaron a elaborar una nueva ley de consultas que amparase la convocatoria anunciada para el 9 de noviembre, construyendo un sistema legal alternativo al de un posible referéndum. El gobierno de Mariano Rajoy anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional por invadir las competencias del Estado. En julio de 2014, la ponencia correspondiente del Parlamento catalán finalizó la redacción del proyecto, que estaba previsto para su votación en septiembre.[134]

En agosto de 2014, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avaló la legalidad de la Ley de consultas por 5 votos a favor y 4 en contra, al señalar que la ley estaba amparada por el artículo 122 del Estatuto y no incumplía la Constitución. Los 5 juristas que votaron a favor fueron los propuestos por CiU y ERC al principio de la legislatura. Los 4 juristas que presentaron votos particulares argumentaron que la ley vulneraba la Constitución y el Estatuto por invadir las competencias del Estado sobre celebración de referéndums.[135]

En septiembre, la ley de consultas fue aprobada por el Parlamento de Cataluña con 106 votos a favor y 28 en contra.[136]​ Votaron a favor CiU, ERC, PSC, ICV y CUP, y en contra el PP y C's.[137]​ Aunque apoyó la ley, el PSC manifestó que la ley no amparaba legalmente la «consulta» prevista para el 9N. Por su parte, el portavoz de CiU Josep Rull afirmó que la ley «encaja plenamente en la Constitución y en el Estatuto».[138]​ La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña el 27 de septiembre de 2014, poco antes de ser convocada oficialmente la consulta.[139][140]

La Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios realizaron un llamamiento para que los consistorios mostrasen su apoyo a la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y a la convocatoria de la consulta. El 96,2 % de los 947 ayuntamientos catalanes aprobó mociones de apoyo a la consulta soberanista del 9 de noviembre, lo que representa el 88 % de la población.[141]​ Este elevado porcentaje es, en parte, debido a la indisciplina de voto de los miembros del PSC que participaron en las mociones.[142][143]

Artur Mas, presidente de la Generalidad de Cataluña, firmó el decreto de convocatoria de la consulta en el Palacio de la Generalidad.[144]​ El presidente explicó que «ahora ha llegado el momento de ejercer el derecho a decidir» y reafirmó que estaba abierto a pactar la consulta hasta el último momento con el Estado. En el acto estuvieron presentes representantes de CiU, ERC, CUP, Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y el Consejo Asesor para la Transición Nacional. En la Plaza de San Jaime se concentraron ciudadanos convocados por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para mostrar su apoyo a la convocatoria de la consulta.[145]​ El coste previsto de la consulta es de 8.987.699,17 euros.[146]

Sede del Consejo de Estado (Madrid)

Tras un informe favorable del Consejo de Estado,[147][148][149][150][151]​ el Gobierno presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de consultas de Cataluña y contra el decreto de convocatoria.[152][153]​ El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos quedando suspendida cautelarmente la consulta.[154][155][156]

Al día siguiente de la suspensión, el gobierno de Cataluña anunciaba la suspensión "cautelar y temporal" de la campaña del 9N,[157]​ evitando enfrentarse a un posible delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal,[158][159]​ y anunció que tomaría medidas legales para levantar la suspensión.[160]​ Para ello, el 1 de octubre, el gobierno de Cataluña presentó un recurso contra la impugnación de la consulta.[161]​ Esta argumentó un genérico derecho de participación de la ciudadanía en procesos electorales tratando de diferenciar consultas, referéndums y vinculación de los mismos.[161]​ El Parlamento de Cataluña hizo lo propio alegando la constitucionalidad de la Ley.[162]

El viernes 3 de octubre, se llevó a cabo una reunión entre los partidos favorables a la consulta en la que se decidió no abandonar la realización de la consulta y el impulso de medidas para que el Tribunal Constitucional levantara pronto la impugnación de la consulta para que esta pudiera celebrarse.[163]

Retirada y planteamiento de una "consulta alternativa"[editar]

Mas anuncia en octubre de 2014 la celebración de un proceso participativo el 9 de noviembre.

Después de proclamar que se acataba la suspensión cautelar de la «consulta del 9N» dictada por el Tribunal Constitucional, el 13 de octubre, tras una reunión con los partidos soberanistas, el presidente Mas afirma que la consulta ya no podrá celebrarse en los términos previstos y plantea alternativamente trasladar sus posibles responsabilidades legales mediante un proceso de participación ciudadana.[164]​ Al día siguiente anuncia públicamente su intención de realizar una consulta alternativa usando los recursos de la Generalidad de Cataluña pero con la colaboración de voluntarios, asociaciones civiles y al amparo de parte de la ley de consultas que no había sido suspendida. El presidente Mas no aclaró exactamente en que marco jurídico se basaba esta nueva consulta.[165]​ Llegó a declarar que no iba a dar pistas para facilitar la impugnación por parte del gobierno de España y que había que "engañar al Estado".[166]

Con este fin el Gobierno catalán se compromete a financiar e impulsar lo que redenomina como «proces participatiu». Para ello se cambia la forma de actuar administrativamente, sin dejar constancia documental publicada de las órdenes impartidas, con el objetivo de realizar la misma consulta que la descrita en el decreto suspendido cautelarmente por los tribunales. Se apertura una página web en la que se reclutan voluntarios denominada «participa2014.cat».[167]​ Así mismo se opta por brindar las sedes públicas para votar y se requiere a funcionarios del Departamento de Educación, para que presten una participación voluntaria en el control de esas sedes electorales. Con todas estas actividades por parte de los independentistas se considera que se respeta formalmente el ordenamiento legal y por parte de los constitucionalistas se considera que se están eludiendo las posibles responsabilidades legales en el acatamiento de las resoluciones judiciales, así como la posibilidad de que estas sean paralizadas en un fraude de ley o fraude constitucional.[168]

El líder de ERC exigió unas elecciones anticipadas para posteriormente, si se obtenía una mayoría en el parlamento, proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña.[169][170][171]​ El líder de ICV declaró que no apoyaba esta nueva consulta, y que no iría a votar.[172]​ Más tarde, rectificó y afirmó que sí iría a votar.[173]​ El líder del PSC dijo que la nueva consulta era un engaño, ya que no tenía ninguna garantía democrática, mientras que el PP de Cataluña declaró que el proceso había acabado.[174]​ El líder de Unió se mostró en contra de celebrar unas elecciones anticipadas y proclamar unilateralmente la independencia.[175][176]​ La ANC apoyó la nueva consulta pero exigió la celebración de unas elecciones plebiscitarias en 3 meses.[177]​ En ese contexto de cambio de escenario del 9N, varios políticos independentistas propusieron unas elecciones plebiscitarias de candidatura única en el caso de no poder finalmente realizar la consulta y/o ante el cambio de escenario.[178]

El Gobierno central comenzó los trámites para recurrir la nueva consulta solicitando un nuevo informe al Consejo de Estado,[179][180][181]​ que avaló la presentación de un recurso al valorar que al mantenerse la pregunta y continuar implicando recursos de la Administración se estaba ante un reiterado fraude de ley que había de tener consecuencias legales graves.[182][183]​ El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos presentados por el Gobierno y la consulta quedó suspendida cautelarmente.[184]

Sin embargo, la Generalidad de Cataluña anunció que continuaba con el proceso participativo y que presentaría un recurso contra el gobierno de España ante el Tribunal Supremo alegando que este vulneraba los derechos de participación, de libertad expresión y libertad ideológica.[185]​ El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la Generalidad ya que el acuerdo del Consejo de Ministros no era un acto susceptible de recurso contencioso y la impugnación correspondería al Tribunal Constitucional. Además, el recurso llegó tarde ya que el Tribunal Constitucional ya había admitido a trámite los recursos del gobierno de España y el Supremo no tenía competencia para enjuiciar las resoluciones del Constitucional.[186]

El sábado, día previo a la consulta, la Fiscalía Superior de Cataluña abrió diligencias para investigar si el uso de locales públicos para la celebración del proceso participativo era delito y ordenó a la policía autonómica una lista de los locales públicos en los que se iba a realizar el proceso participativo y pidió identificar a los responsable de la realización de la consulta. Además, también exigió al gobierno de la Generalidad que confirmara si era la que había puesto a disposición los locales para la realización del proceso. La Fiscalía también reclamó a la empresa Unipost, responsable del reparto de la información sobre el proceso, que explicara qué entidad facilitó la lista de destinatarios y le exigió además, las facturas de los contratos.[187][188]​ Esa misma tarde, la asociación Sociedad Civil Catalana denunció ante el juzgado de guardia el uso de colegios públicos para la realización de la Consulta.[189]

Celebración de la consulta[editar]

Papeleta utilizada en la consulta del 9 de noviembre de 2014

El 9 de noviembre de 2014, los locales abrieron sin ninguna incidencia grave a las 9:00 horas,[190]​ hora peninsular española, aunque previamente habían comenzado la votación en algunos puntos situados fuera de Cataluña.[191]​ Poco después del comienzo de la votación algunas organizaciones políticas, como Unión Progreso y Democracia (UPyD) y Plataforma per Catalunya (PxC), presentaron denuncias al juzgado de guardia, exigiendo la detención de dirigentes del gobierno de Cataluña y la paralización del proceso por incumplir la resolución del Tribunal Constitucional, que había suspendido el proceso participativo.[192]

A las 14:00 horas, la vicepresidente de la Generalidad, Joana Ortega, dio los primeros datos de participación: 1 142 910 personas habían votado a las 13:00.[193]​ Por la tarde, el juzgado de guardia de Barcelona expresó su oposición a la retirada de las urnas exigida esa mañana por UPyD por tratarse, según el auto, de medidas «desproporcionadas».[194]​ Sin embargo, a pesar de no adoptarse las medidas cautelares exigidas, sí se iniciaría una investigación por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.[194]​ A las 19:30, la vicepresidente catalana volvió a comparecer y anunció que a las 18:00 habían participado 1 977 531 personas.[195]​ Con el 96.8% del voto escrutado un total de 2.236.806 personas habían participado en el proceso.[196]

¿Quiere que Cataluña sea un Estado?
En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?
Participación: 37,02%
Participaciones Sí  No No En blanco Otros
Sí  No No En blanco
2.305.290 1.861.753 232.182 22.466 104.772 12.986 71.131
100% 80,76% 10,07% 0,97% 4,54% 0,56% 3,09%

En una rueda de prensa el propio 9 de noviembre, el presidente Mas explicó que intentarían realizar una "consulta definitiva" legal, vinculante y pactada con el gobierno español. Si ese acuerdo, como la propia Generalidad espera, no llega a realizarse, Artur Mas propondría la celebración de unas elecciones anticipadas, preferiblemente con una lista conjunta con otras fuerzas políticas y organizaciones soberanistas.[197]​ Sin embargo, esta alternativa no es compartida por Unió, que se opone a unas elecciones anticipadas.[198]ERC, sin embargo, se opone a la realización de una consulta pactada y pide convocar cuanto antes unas elecciones anticipadas, aunque no se muestra favorable a una lista conjunta sino a un gobierno de concentración tras dichas elecciones.[199]

Poco después de la celebración de la consulta, el Fiscal General del Estado presentó una querella por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones contra el Presidente Mas, la vicepresidente Joana Ortega y la Consejera de Educación Irene Rigau.[200]​ El 21 de diciembre de 2014, la querella fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.[201]​ El 8 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aseguró que encontraba indicios de desobediencia por la celebración de la consulta.[202]

El 25 de febrero de 2015 el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad la inconstitucionalidad de la consulta del 9-N.[203]​ El 11 de junio de 2015 el Tribunal Constitucional se pronunció y declaró inconstitucionales los actos impugnados por el gobierno, destinados a la realización del "proceso participativo" por parte de la Generalidad de Cataluña. Estas actuaciones eran, según afirmó el tribunal, "inconstitucionales en su totalidad, en cuanto viciadas de incompetencia, por no corresponder a la Comunidad Autónoma la convocatoria de consultas que versan sobre cuestiones que afectan al orden constituido y al fundamento del orden constitucional".[204]

Elecciones «plebiscitarias»[editar]

El 25 de noviembre de 2014, cuatro días después de que la fiscalía hubiera presentado una querella contra él por la celebración del proceso participativo del 9-N, Artur Mas presentó su plan para conseguir la independencia de Cataluña en 18 meses, tras unas elecciones autonómicas de carácter plebiscitario.[205]​ El plan fue respondido por el Partido Popular el 13 de diciembre mediante la "Declaración de La Granja" en la que se oponía a la reforma de la Constitución porque «la soberanía y la unidad de España» no son negociables.[206]

El 14 de enero de 2015 el presidente de la Generalidad de Cataluña anunció el adelanto de las elecciones autonómicas al día 27 de septiembre de 2015 y afirmó que tendrían un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña.[207]​ El 30 de marzo de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural pactaron la hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán en la que se incluía una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses si los partidos soberanistas ganaban las elecciones.[208]​ Al día siguiente el presidente Mariano Rajoy les advirtió de que ningún Gobierno de España autorizaría la ruptura de la soberanía nacional.[209]

Debido a diferencias entre los dirigentes de los dos partidos políticos que conformaban la federación Convergència i Unió (CiU), el 14 de junio de 2015 se realizó una consulta a la militancia de Unión Democrática de Cataluña (UDC) sobre la utilización de medios ilegales en el proceso independentista.[210][211]​ La militancia de UDC apoyó a la dirección al votar con un ajustado 50,9% a favor de respetar el marco legal.[212]​ Tras un ultimátum de CDC a UDC para que decidiera si se sumaba o no a la hoja de ruta independentista,[213]​ el 17 de junio los tres consejeros de UDC salieron del gobierno de la Generalidad de Cataluña.[214]​ Al día siguiente CDC confirmó que UDC y CDC no se presentarían juntos a las elecciones autonómicas y que el proyecto político de la federación de CiU se había acabado.[215]

Logo de Junts pel Sí

En julio de 2015 tuvieron lugar negociaciones entre CDC, ERC y entidades soberanistas para definir una candidatura unitaria que defendiera la independencia de Cataluña. Acordaron que la lista estaría encabezada por 3 personalidades independientes: Raül Romeva, exeurodiputado por Iniciativa per Catalunya (ICV); Carme Forcadell, expresidente de la ANC; y Muriel Casals, presidente de Òmnium Cultural. Artur Mas se situaría en el cuarto puesto y Oriol Junqueras, líder de ERC, en el quinto. También acordaron que Artur Mas sería investido presidente de la Generalidad en caso de victoria.[216]​ Más tarde anunciaron que la candidatura se llamaría Junts pel Sí.[217]

La plataforma Ara es l'hora organizó, durante la fiesta del 11 de septiembre de 2015, la llamada «Vía Libre a la República Catalana», una concentración multitudinaria que llenó un tramo de 5,2 kilómetros de la Avenida Meridiana de Barcelona con el objetivo de reivindicar la independencia de Cataluña.[218]

El carácter plebiscitario que los partidos soberanistas quisieron dar a las elecciones autonómicas fue asumido por los medios de comunicación, que centraron el debate en la cuestión independentista en vez de en las competencias propias del Gobierno autonómico que se eligiera.[219]​ Al igual que ya se había detectado en el proceso participativo del 9N (2014) se volvió a repetir el carácter nacionalista de los medios de comunicación de Madrid y Barcelona que informaron en favor de las posturas políticas mayoritarias en su área de procedencia.[220]

La lista independentista de Junts pel Sí (JxSÍ) ganó las elecciones al conseguir 62 escaños en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos (Cs) obtuvo 25 escaños, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) obtuvo 16 escaños, Catalunya Sí que es Pot (CSQP) obtuvo 11 escaños, el Partido Popular (PP) obtuvo 11 escaños y la Candidatura de Unidad Popular-Llamada Constituyente (CUP-CC) obtuvo 10 escaños. Los partidos a favor de la independencia ganaron las elecciones en escaños, pero no en número de votos.[221]

Los principales dirigentes de Junts pel Sí afirmaron que los resultados les proporcionaban una victoria y legitimidad política y moral para comenzar el proceso de constitución de una República Catalana,[222]​ mientras que el candidato de la CUP afirmó que no se había ganado el plebiscito, pero sí que había un voto independentista mayoritario.[223]​ Los líderes de Ciudadanos, PSC, PSOE y PP enfatizaron que las elecciones habían dejado clara la inexistencia de una mayoría a favor de la independencia.[222]

Gobierno de Puigdemont (2015-2017)[editar]

El 26 de octubre de 2015 se inició la XI legislatura del Parlamento de Cataluña y Carme Forcadell de Junts pel Sí fue elegida presidenta del Parlamento. Un día después, Junts pel Sí y la CUP registraron una propuesta de declaración en la que instaban a «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república»,[224]​ que fue aprobada el 9 de noviembre con 72 votos a favor, de Junts pel Sí y la CUP, y 63 votos en contra, de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot (CSQP).[225]​ Tras un informe favorable del Consejo de Estado,[226]​ la Abogacía del Estado presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional,[227]​ que en diciembre de 2015 declaró inconstitucional la declaración por unanimidad.[228]

Gobierno Puigdemont (enero de 2016)

El 9 de enero de 2016 Artur Mas dimitió para permitir un acuerdo de investidura entre Junts pel Sí y la CUP, cuando todos los partidos políticos daban por hecho que habría que repetir las elecciones autonómicas. Acordaron elegir al alcalde de Gerona Carles Puigdemont (CDC) como presidente de la Generalidad.[229]

A principios de febrero Junts pel Sí y la CUP iniciaron los trámites para redactar las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9-N.[230]​ Pese al informe negativo de los servicios jurídicos de la cámara,[231]​ la Mesa del Parlament aprobó en marzo de 2016 seguir adelante con la creación formal de las ponencias.[232]​ Ante esto, el PPC y el PSC anunciaron su intención de llevar al Tribunal Constitucional la creación de las tres ponencias soberanistas.[232][233]​ En abril el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó, por 71 votos a favor y 52 en contra, una moción reivindicando la vigencia de la declaración independentista del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional.[234]

En marzo de 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas,[235]​ que fue anulada por unanimidad por el Tribunal Constitucional en julio de 2016.[236][237]​ La ley pretendía la creación de "un plan director de la Administración Tributaria de Cataluña, la elaboración de un catálogo de infraestructuras estratégicas de Cataluña; el plan director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario; la creación de un Servicio Meteorológico de Cataluña; y la limitación para el establecimiento de grandes establecimientos comerciales en puertos públicos", estructuras de Estado para sustituir a las españolas.[237]

En enero de 2016, el Parlamento de Cataluña creó la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente con el apoyo de JxSí, CUP y CSQEP.[238]​ La comisión concluyó en julio con el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán y su legitimidad para iniciar un proceso constituyente.[239][240][241]​ El Tribunal Constitucional exigió al Parlamento de Cataluña el cumplimiento de la Constitución al declarar que «la labor de la Comisión de Estudio es inviable» por la similitud entre las conclusiones de la comisión y la declaración de soberanía aprobada el 9 de noviembre de 2015, la cual fue suspendida el 2 de diciembre.[242]​ El 27 de julio las conclusiones fueron avaladas en el pleno del Parlamento por 72 votos a favor (JxSí y la CUP) y once en contra (CSQEP). El PSC no participó en la votación pero se mantuvo en el pleno, mientras que el PP y Ciudadanos se ausentaron de la cámara.[243]

El Once de Septiembre de 2016, se realizaron movilizaciones de independentistas bajo el lema «A punto», que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. A diferencia de otros años, no existió una manifestación unitaria: hubo cinco concentraciones en Barcelona, Tarragona, Lérida, Salt y Berga, cada una dedicada a un eje concreto de la «nueva república».[244]​ Según Sociedad Civil Catalana acudieron a las manifestaciones 292 mil personas. Según la Delegación del Gobierno en Cataluña acudieron 350 mil personas.[245]​ Según la Guardia Urbana de Barcelona y las policías locales acudieron 800 mil personas.[246][247]

En junio de 2016, la CUP no apoyó los presupuestos autonómicos al considerar que no cumplían el acuerdo de investidura logrado con Junts pel Sí en enero, dejando en el aire el futuro de la legislatura.[248]​ Por ello, el Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont anunció que se sometería a una moción de confianza en septiembre y que en caso de perderla se disolvería el Parlamento y se convocarían nuevas elecciones.[249][250]​ Finalmente, la CUP anunció que votaría a favor del Presidente en la moción, desvinculando la decisión de cualquier tipo de negociación sobre un referéndum.[251]​En la votación del 28 de septiembre de 2016 Puigdemont recibió el apoyo de 72 diputados y el rechazo de los 63 restantes, por lo que pudo continuar en el cargo.[252]​ En su discurso Puigdemont anunció la celebración de un referéndum independentista vinculante en septiembre de 2017. El Presidente ofreció al Gobierno central la posibilidad de una consulta acordada, aunque aseguró que la propuesta seguiría adelante sin tener un acuerdo con Madrid.[253]

Referéndum de independencia del 1-O[editar]

El 6 de octubre de 2016 el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución en la cual se instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña antes de septiembre de 2017, además de solicitar que se contara con una pregunta clara con dos opciones de respuesta,[254]​ también se invitó a las autoridades a impulsar el proceso constituyente que se había aprobado en julio.

En ese mismo pleno, la cámara legislativa pidió que la Generalidad comenzara con la preparación de las «estructuras de estado» en materias como gestión tributaria y fiscal, educación o prestaciones sociales,[255]​ pese a que algunas leyes catalanas creadas sobre la materia ya habían sido anuladas por el Constitucional en julio de 2016.

El 14 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la resolución del 6 de octubre de 2016 en donde se instaba al gobierno catalán a celebrar un referéndum además de denunciar ante la Fiscal General del Estado contra Carme Forcadell, presidente del Parlamento de Cataluña, y a los miembros de la mesa ejecutiva: Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet por la posible desobediencia a las sentencias emitidas por parte del tribunal.[256]

La Operación Urnas[editar]

El operativo del referéndum fue dirigido desde la Consejería de Economía por el equipo del vicepresidente Oriol Junqueras encabezado por Josep Maria Jové.[257]​ La compra de las urnas para el referéndum fue discutida en el seno del Govern por primera vez a principios de 2017, llegándose al acuerdo en mayo de que fuera la Consejería de Gobernación, encabezada por Meritxell Borràs del PDeCAT, la que llevara a cabo el proceso de licitación de la compra de las urnas. Pero el concurso quedó desierto porque ninguna empresa se presentó.[258]

Según los periodistas del diario en catalán Ara Laia Vicens y Xavi Tedó, autores del libro Operació Urnes (Editorial Columna, 2017), las 10.000 urnas necesarias para la votación fueron compradas en junio por un particular que pagó por ellas 100.000 euros de su bolsillo. Este particular, que los periodistas apodaron «Luis», había comenzado sus averiguaciones en marzo de 2017 decantándose finalmente por la firma Smart Dragon Ballot Expert, con sede en la ciudad china de Guangzhou ―el modelo que escogió fue el que había fabricado la firma china para el referéndum que se iba a celebrar en el Kurdistán el 25 de septiembre―. Las urnas fueron transportadas en tres contenedores que viajaron desde China hasta el puerto francés de Marsella por la ruta del Canal de Suez. Desde Marsella fueron llevadas a una localidad de la Cataluña Norte, cercana a la frontera con España, a donde llegaron el 7 de agosto. El presidente Puigdemont fue informado inmediatamente y solo un grupo muy reducido de personas supieron del asunto. Poco después comenzó el traslado de las urnas al interior de Cataluña, para lo que se designaron ocho coordinadores responsables de los ocho almacenes donde se iban a guardar y que abarcaban todo el territorio catalán. Desde los almacenes las urnas fueron llevadas a 40 locales más pequeños desde donde se harían llegar a los colegios electorales. El 11 de septiembre de 2017, Diada de Cataluña, ya habían cruzado la frontera unas 6.500 urnas, las necesarias para abastecer todas las mesas electorales, y las 3.500 restantes permanecieron en Francia para cubrir cualquier incidencia. Finalmente las urnas fueron confiadas a voluntarios, la inmensa mayoría de ellos militantes de los partidos independentistas, que las guardaron en sus casas o en otros lugares, como bosques o capillas. Los servicios de inteligencia españoles no consiguieron encontrarlas.[259]

El modelo de urna fue presentado oficialmente el 29 de septiembre, solo dos días antes del 1-O, durante una rueda de prensa celebrada en el Centro Internacional de Prensa habilitado para el seguimiento de la jornada y en la que intervinieron el vicepresidente Junqueras y los consejeros Jordi Turull y Raül Romeva.[260]

Campaña de difusión oficial[editar]

La Generalidad comenzó a trabajar en una campaña de difusión sobre la celebración del referéndum de independencia en septiembre de 2017. El 24 de enero se celebró en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la conferencia denominada "The Catalan Referendum" la cual contó con las intervenciones de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Al acto asistieron unas 500 personas entre las que se encontraban eurodiputados, diplomáticos y periodistas de diversos medios, sin embargo en el lugar no se presentó ninguna autoridad europea.[261][262][263]

El trabajo de los políticos independentistas fuera de las fronteras de España tuvo su primer éxito institucional el 14 de marzo cuando en el Parlamento del Reino Unido se constituyó un grupo de debate sobre Cataluña y el proceso independentista, bajo el nombre "All-Party Parliamentary Group on Catalonia" (Grupo Parlamentario de todos los partidos sobre Cataluña).[264]

En mayo se presentó el manifiesto titulado «Let catalans vote» (Dejen votar a los catalanes), un documento en el que una serie de personalidades internacionales expresaron su apoyo a la celebración de un referéndum además de hacer un llamado a las instituciones españolas y catalanas para que trabajen en conjunto para que los ciudadanos catalanes puedan decidir su futuro e iniciar negociaciones basadas en la decisión colectiva de los votantes. Entre los firmantes del primer documento se encuentran personajes como los Premios Nobel Rigoberta Menchú, Desmond Tutu, Ahmed Galai, Adolfo Pérez Esquivel, Dario Fo y Jody Williams. Políticos como Gerry Adams y Piedad Córdoba y artistas como el actor Viggo Mortensen y el escritor Irvine Welsh.[265]​ En julio se sumaron otros personajes reconocidos a nivel internacional como la artista Yoko Ono, los cantautores Peter Gabriel y Silvio Rodríguez o los ex futbolistas Hristo Stoichkov y Éric Cantona.[266]

El 9 de junio se anunció oficialmente la celebración del Referéndum sobre la independencia de Cataluña en un acto celebrado en el Pati dels Tarongers del Palacio de la Generalidad de Cataluña. El referéndum se celebraría el 1 de octubre con la pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí o No» en catalán, castellano y aranés.[267][268]

Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República[editar]

El 28 de agosto, la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña, compuesta por los grupos de Junts pel Sí y la CUP-CC, presentaron en la cámara catalana este proyecto legislativo.[269][270]​ El objetivo principal de este marco legal es el garantizar la seguridad jurídica, la sucesión ordenada entre las administraciones y la continuidad de los servicios públicos, en lo que sería llamado como "proceso de transición" de Cataluña a un estado independiente.[271]​ La ley fue aprobada el 8 de septiembre por 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y el diputado no adscrito Germà Gordó) y 11 abstenciones (de los adscritos al grupo de CSQEP). Los miembros del parlamento pertenecientes a Ciudadanos, el PSC y el PP abandonaron el hemiciclo para no participar en la votación por considerarla ilegal.[272][273]​ La normativa entrará en vigor en caso de una victoria del «Sí» a la independencia en el referéndum del 1 de octubre, cuando se daría por iniciado el proceso de transición nacional.[274]

Atentados terroristas islámicos[editar]

Manifestación de repulsa a los atentados de Cataluña de 2017 en la que numerosos independentistas acudieron con esteladas y pitaron tanto al Rey como al presidente del gobierno y al resto de representantes institucionales[275]​.

Entre el 16 y el 18 de agosto hubo una serie de atentados terroristas islámicos cometidos por una célula local inspirada por el Estado Islámico[276]​ que provocaron 24 muertos entre víctimas y terroristas[277]​. Las localidades afectadas fueron Alcanar, Barcelona, Cambrils y Subirats, siendo el peor ataque el atropello múltiple en el paseo de La Rambla.

Estos trágicos sucesos fueron instrumentalizados políticamente por una parte del independentismo[278]​. La ANC pidió que no se use la bandera de España para solidarizarse con las víctimas[279]​. El exvicepresident Carod Rovira en un artículo publicado en "Nació Digital" y titulado ‘Se va un Estado, llega otro’ aseguró que "durante ocho horas, las que tardó Rajoy en venir a Cataluña, el Estado español estuvo del todo ausente y su espacio, todo el espacio que corresponde a un Estado, estuvo ocupado por la Generalidad, por primera vez en 37 años de autonomía"[280]​. El consejero de Interior Joaquim Forn diferenció a las víctimas del atentado entre las que tenían "nacionalidad catalana" y "nacionalidad española"[281]​. La CUP insinuó que los atentados fueron "terrorismo de Estado" contra el procés[282]​.

Mención aparte merece la manifestación multitudinaria de rechazo al atentado y solidaridad con las víctimas realizada el 26 de agosto en Barcelona a la que asistieron el Rey Felipe VI y numerosos cargos del gobierno, incluyendo al presidente Rajoy. Ya previamente la ANC pidió llevar banderas independentistas a la marcha contra los atentados, a pesar de que era una manifestación no política[283]​. Durante la duración de la misma los pitos al Rey y a los miembros del gobierno fueron constantes[284][285]​. Según El Correo "El independentismo rompió en Barcelona la unidad antiterrorista"[286]​.

Ley del referéndum de autodeterminación vinculante[editar]

El 6 de septiembre, los grupos independentistas presentaron la denominada "Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña", es una legislación "que regula la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña con respecto de España, sus consecuencias en función de cuál sea el resultado y la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña",[287][288]​ además establece que "el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente, su condición política" y que "el Parlamento de Cataluña actúa como representante de la soberanía del pueblo de Cataluña".[289][290][291]

Esta ley fue aprobada por el Parlamento catalán el mismo 6 de septiembre, tras una sesión de 12 horas que se destacó por un ambiente de crispación, tensiones y enfrentamientos entre los bandos secesionista y constitucionalista,[292][293]​ la propuesta fue aceptada con 72 votos a favor (de JxSí, CUP-CC y Germà Gordó) y 11 abstenciones.[294][295]​ Los diputados del bloque unionista (C's, PSC y PP) abandonaron el hemiciclo en señal de protesta, los populares colocaron banderas catalanas y españolas en sus asientos,[296][297]​ las rojigualdas fueron retiradas por la diputada de Podemos, Àngels Martínez, quien fue reprendida por algunos sectores del independentismo como la presidente del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y de su propia formación política, como Pablo Iglesias.[298][299]

Debido al incumplimiento de la legislación (Reglamento del Parlament) y sentencias judiciales del Tribunal Constitucional, por parte de los partidos independentistas, , el 8 de septiembre, la ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional de manera urgente, además el organismo responsable de la Constitución apercibió a los 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos públicos de la Generalidad recordando que no pueden participar en el referéndum vinculante del 1 de octubre.[300][301]​ El Referéndum del 1 de octubre de 2017 fue declarado ilegal en España y en la Unión Europea.[302][303]

Campaña[editar]

Cartel oficial de la Campaña electoral del 1-O con el lema: "Naciste con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás a ella?"

La campaña de la Generalidad de Cataluña a favor del referéndum sobre la independencia tuvo lugar entre el 15 y el 29 de septiembre de 2017.[304]​ Dio comienzo cuatro días después del Día Nacional de Cataluña, fiesta que motivó el atraso de la celebración de la consulta para evitar que las movilizaciones de ese día fueran consideradas como un acto de campaña en favor del sí.

Antes del inicio de la campaña y durante el desarrollo de esta, la Guardia Civil procedió previa orden judicial al cierre de diversas páginas web promotoras del referéndum, entre ellas el sitio de la Generalidad dedicado al 1-O,[305]​ la dirección de la Asamblea Nacional Catalana[306]​ o el dominio empaperem.cat, creado por un grupo de ciudadanos para distribuir carteles y propaganda publicitaria del referéndum catalán.[307]​ Todas las páginas cerradas fueron replicadas en otros dominios por sus promotores, algunas de ellas volvieron a ser cerradas por las autoridades,[308]​ siendo reabiertas en nuevas direcciones por los propios creadores o mediante la ayuda de organizaciones como WikiLeaks y The Pirate Bay,[309]​ o activistas digitales como Julian Assange, Edward Snowden y Peter Sunde.[310]

El 29 de septiembre se celebró un acto de cierre de campaña en la Avenida María Cristina de Barcelona con la presencia de unas 80 mil personas según los organizadores. La reunión contó con la presencia de políticos de la CUP, ERC y el PDeCAT.[311]

La Operación Anubis[editar]

Una multitud de Manifestantes independentistas catalanes rodea la sede de la Consejería de Economía y Hacienda en una protesta contra las detenciones policiales.[312][313]

El 20 de septiembre de 2017 la Guardia Civil bajo orden de la Fiscalía General del Estado inició una operación policial para detener el referéndum. Los agentes policiales entraron en las Consejerías de Economía, Relaciones Institucionales y Asuntos Exteriores, Gobernación y Asuntos Sociales de la Generalidad además de rodear la sede de la Candidatura de Unidad Popular. El operativo policial dejó a 14 detenidos entre ellos altos cargos de gobierno y trabajadores de la institución regional catalana. Entre los detenidos se encuentran el Secretario General de la Vicepresidencia, Josep Maria Jové y el Secretario de Hacienda, Josép Lluís Salvadó. La operación policial fue contestada por una convocatoria a los simpatizantes del independentismo para manifestarse por parte de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, los manifestantes rodearon los edificios en donde actuaban las fuerzas de seguridad del estado. En otras ciudades y pueblos de Cataluña se realizaron manifestaciones paralelas en rechazo a la intervención de los cuerpos de seguridad.[314]

Durante las manifestaciones varios vehículos de la guardia civil quedaron destrozados[315]​. De hecho, los agentes que cumplían una orden judicial quedaron asediados en el interior del edificio durante 19 horas hasta que lograron salir[316]​. La secretaria judicial, presa del pánico, salió de manera humillante por un tejado que la comunicaba con un teatro adyacente[317]​. Los mossos fueron acusados de inacción a pesar de las peticiones de la guardia civil, algo que se repetiría el día del referéndum[318]​.

Celebración del referéndum[editar]

Votantes el 1 de octubre de 2017

El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum de independencia a pesar de haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional. La intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil dificultaron su funcionamiento. Durante la celebración del referéndum se detectaron numerosas irregularidades. El gobierno español denunció que se cambiaron las reglas del referéndum 45 minutos antes del inicio de la votación.[319]​ Entre las nuevas normas, se incluyó un censo universal con el que cualquier ciudadano podía votar en cualquier centro, aunque no fuera el que tenía asignado. También se aceptaron papeletas caseras no oficiales y votos sin sobre.[320]

Policías y guardias civiles entraron para interrumpir la votación en unos 400 colegios electorales (que corresponden un 14,4% del censo) habiendo casos de violencia por ambas partes causados por la resistencia de los ciudadanos, que acabaron incluso con la detención de algunos de ellos,[321][322]​ y se requisaron las urnas. Uno de los objetivos de las cargas policiales fueron los colegios electorales donde iban a votar los líderes del ‘procés’. Así la policía intervino en la Escola Nostra Llar de Sabadell, donde tenía que votar la presidente del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell ―que finalmente votó en la escuela Joanot Alisanda―,[323]​ o en el colegio de Sant Julià de Ramis donde debía votar Carles Puigdemont. «A través de las cámaras de todo el mundo, agolpadas para conseguir la imagen del president ante la urna, se pudo ver la contundencia de la acción policial: vidrios rotos, trato verbalmente vejatorio dirigido a los responsables de las mesas y golpes a los concentrados que intentaban salvaguardar las urnas y el acceso al reciento».[324]​ Puigdemont, tras burlar el dispositivo de la policía española que lo seguía, votó en un colegio electoral de Cornellà del Terri, a unos kilómetros de su domicilio en Sant Julià de Ramis.[325]​ Once juzgados de instrucción de toda Cataluña abrieron diligencias para investigar las cargas policiales.[326]

También se produjeron algunas escenas de tensión entre Mossos d'Esquadra y agentes de la policía nacional y de la guardia civil.[327][328]​ El 'major' de los Mossos Josep Lluís Trapero acabaría siendo procesado por la Audiencia Nacional.[329]​ También se acusó a algunos mossos de manipular actas del 1-O para hacer creer a la fiscalía de que habían cumplido con la orden de retirar las urnas.[330]​ Por otro lado, la Guardia Civil acusó a los Mossos de haber vigilado a sus agentes[331]​ Se llegó incluso a la situación de que los mossos no organizaron controles de alcoholemia, con el consiguiente riesgo para los conductores, porque sus efectivos estaban vigilando a la policía.[332]

Según el departamento de salud las cargas policiales causaron 844 heridos atendidos en hospitales, aunque esta cifra fue puesta en duda por el gobierno español. El herido más grave fue un joven que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía nacional.[333][334]​ Previamente ese joven había tirado vallas a la policía.[335]​ A su vez, de acuerdo con el Ministerio del Interior, 431 agentes de la policía nacional y la Guardia Civil resultaron heridos, 39 de los cuales requirieron tratamiento médico inmediato.[336]​ Hubo algunas falsas acusaciones de violencia policial, como una mujer, concejal de Esquerra Republicana de Catalunya e interventora en un instituto de Barcelona, que acusó a la policía de haberle roto todos los dedos de una mano «expresamente, uno por uno». Más adelante matizaría sus declaraciones y afirmaría que sus lesiones, tras ser agarrada y arrastrada por una escalera, se limitaban a una inflamación en un dedo.[337][338][339][340]​ Se difundieron a través de las redes sociales algunas imágenes de civiles lesionados en otros eventos como correspondientes al 1-O, como las de un niño de 13 años que fue golpeado por los Mossos d'Esquadra durante la huelga general de Cataluña del 14 de noviembre de 2012 y otras de ese mismo día.[337][341][342][343]​ También se difundieron algunas imágenes que eran fotomontajes, como en las que se añadió la bandera independentista como si fuera portada por las personas que eran contenidas por la policía.[341][342]​ La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acusó a las Fuerzas de Seguridad del Estado de haber agredido sexualmente a manifestantes. El Ministerio del Interior ha denunciado a Ada Colau por estas acusaciones.[344]

Huelga general catalana[editar]

Pancarta que encabezaba la manifestación en Barcelona, 3 de octubre de 2017, con motivo de la Huelga general en Cataluña de octubre de 2017.

El 3 de octubre de 2017 se llevó a cabo una huelga general convocada por los sindicatos CGT, CNT, COS, I-CSC e IAC, así como por los Comités de Defensa de la Huelga, sucesores de los Comités de Defensa del Referéndum. El motivo de la convocatoria fue denunciar la vulneración de derechos y el empeoramiento de las condiciones laborales en diferentes centros de trabajo consecuencia de la intervención en ellos del cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, enmarcada dentro de la campaña represiva llamada Operación Anubis contra la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ante la urgencia de los acontecimientos, la petición de huelga fue tramitada el 21 de septiembre y de acuerdo con el preaviso legalmente establecido, esta no se pudo realizar antes del 3 de octubre.[345]

Paralelamente, el 1 de octubre, después de los violentos hechos represivos durante la jornada electoral del referéndum sobre la independencia de Cataluña, la Mesa por la Democracia decidió convocar una paralización social general, bajo el nombre de «parada de país», para el mismo 3 de octubre. La composición de esta plataforma fue heterogénea, agrupando a entidades sociales (Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural), organizaciones sindicales (CCOO, UGT, USOC) y organizaciones patronales (PIMEC, CECOT), entre otras muchas. Reivindicaban la dignidad del pueblo catalán y denunciaban la represión del Estado español contra la ciudadanía de Cataluña.[346]

Intervención del rey Felipe VI por televisión[editar]

En el discurso retransmitido por televisión desde el Palacio de la Zarzuela el rey Felipe VI ―era la primera vez que hablaba fuera de los actos protocolarios y los mensajes de Nochebuena― dijo:[347]

Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía. (…) Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.(…)
Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del estado de derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

El discurso de Felipe VI fue recibido de forma entusiasta por los partidos constitucionalistas y de forma muy crítica por los partidos independentistas. El presidente Carles Puigdemont declaró al día siguiente: «Así no, majestad».[348]

Traslado de sedes sociales empresariales[editar]

Edificio histórico del Banco Sabadell en Sabadell.

Ante el anuncio del presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, de que se aplicarían los resultados del referéndum, tanto Banco Sabadell como CaixaBank confirmaron que cambiarían de emplazamiento sus sedes sociales, hecho efectivo el 5 de octubre cuando ambas instituciones trasladaron sus domicilios fiscales a Valencia y Alicante, respectivamente. Los dos bancos, que los días anteriores habían sufrido importantes caídas en bolsa, expusieron que la salida de la Unión Europea provocaría que dejaran de encontrarse en el marco de la eurozona y bajo la protección del Banco Central Europeo. El mismo día que se confirmaba que CaixaBank se trasladaba a Valencia, Gas Natural, establecida en Cataluña desde 1843 y participada en un 24,4% por Criteria, explicó que trasladaba su sede a Madrid. Aquel mismo día seis empresas como Abertis, Freixenet, Dogi, Arquia o el Banco Mediolanum avisaron que propondrían medidas similares.[349]

El día 7, a pesar de que los propietarios de CaixaBank habían asegurado que el traslado a Valencia era para asegurarse la cobertura del BCE, la fundación La Caixa también anunció que cambiaría su sede social a Mallorca. Según anunciaron, esta decisión seguiría vigente mientras se mantuviera la situación que vivía Cataluña. Criteria, participada al 100% por La Caixa, también mudó su sede a Palma. El gobierno central aprobó, a petición de CaixaBank, un decreto-ley para facilitar el traslado de sedes sociales: Si hasta ese momento se requería que no solo el Consejo de Administración lo aprobase expresamente sino también la Junta General de Accionistas, el Decreto eximía temporalmente de este último requisito a las empresas interesadas en trasladar su sede .[350]

Empresas como Abertis, Colonial, Cellnex, Grupo Planeta, La Bruixa d'Or, Cerveza San Miguel, Aguas de Barcelona, Gas Natural Fenosa, Catalana Occidente, Bimbo, Codorníu, Grupo Gallo o Axa Vida y Axa Pensiones abandonaron Cataluña desde el 1 de octubre de 2017.[349]​ A fecha de marzo de 2018, 4558 empresas habían abandonado la comunidad autónoma por el desafío soberanista.[351]​ Además de la fuga de empresas, hubo otra fuga de depósitos bancarios hacia el resto de España de en torno a 31.400 millones de euros durante el último trimestre de 2017.[352][353]

Escraches y acoso a no independentistas[editar]

Albert Rivera del partido Ciudadanos en un mitin. Hubo escenas de acoso sociales contra numerosos políticos opuestos a la independencia, provocando que el ministerio de Interior destinara guardaespaldas a Cataluña.[354]

Antes de la celebración del 1-O, el presidente Puigdemont llamó a coaccionar a los alcaldes que no cedieran locales para el referéndum, provocando escenas de acoso contra algunos de ellos.[355][356][357]​ Para numerosos políticos y periodistas la situación provocada por el procés provocó una fractura social en Cataluña.[358][359][360][361]

Tras las cargas policiales del 1-O, hubo escenas de acoso contra familiares y el entorno cercano de miembros de la guardia civil y policía nacional.[362][363]​ Hubo presiones de los ayuntamientos a hoteles para expulsar a los policías y guardias civiles que tenían alojados.[364][365]​ Hubo niños que lloraron en el colegio porque los profesores criticaron delante de sus compañeros la labor de sus padres.[366]​ Varios de estos docentes tuvieron que acabar dando explicaciones de sus "adoctrinamientos" en el juzgado.[367]​ La fiscalía denunció a nueve profesores por presuntamente haber humillado a alumnos hijos de guardias civiles el día siguiente a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.[368][369][370][371]​ Los escraches superaron el centenar.[372]

También sufrieron escraches y acoso los políticos opuestos a la independencia: por ejemplo, la sede de Ciudadanos fue atacada varias veces.[373]​ La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, fue víctima de un delito cuando una mujer publicó en Internet un deseo de que abusaran grupalmente de ella, y esa mujer finalmente acabó condenada.[374]​ Posteriormente el actor de TV3 Toni Albà insultó a Arrimadas.[375]​ El comercio particular de los padres de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, fue atacado varias veces.[376][377]​ El 1 de diciembre aparecieron colgados de un puente varios muñecos con las siglas del PP, Ciudadanos y el PSC.[378]​ El incidente -provocado por miembros asociados a la CUP- provocó una fuerte polémica porque se asociaba a los ajustes de cuentas que se producen por el narcotráfico en Sudamérica.[379]

En 2018 continuó el acoso contra políticos no independentistas: el líder del PP catalán, Xavier García Albiol fue increpado el día de Sant Jordi en plena calle,[380][381]​ la sede de Ciudadanos en L'Hospitalet fue atacada con heces[382]​ y el político del PSC Salvador Illa recibió pintadas intimidatorias en su casa.[383]​ El incidente más grave tuvo lugar en noviembre de 2018 cuando un joven que portaba una bandera de España fue agredido por un desconocido en el metro de Barcelona tras una manifestación de Jusapol, causándole una herida de ocho centímetros en la frente.[384]

Declaración de independencia[editar]

Discurso de Carles Puigdemont el 10 de octubre de 2017 en el Parlamento de Cataluña

El 10 de octubre de 2017 el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán. Instantes después Puigdemont propuso suspender los efectos de la misma para entablar negociaciones con el Gobierno de España. Tras el pleno, diputados de Junts pel Sí y la CUP firmaron la Declaración de independencia de Cataluña.[385]​ Al día siguiente, el Gobierno de España requirió al presidente de la Generalidad que confirmara si había declarado la independencia, paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución española.[386]​ Una semana después, Puigdemont no aclaró si había declarado la independencia.[387]

Entretanto, el 15 de octubre de 2017, Jordi Sànchez Picanyol, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, ingresaron en la prisión de Soto del Real (Comunidad de Madrid), siendo acusados de delito de sedición por haber encabezado los altercados en contra del operativo policial del 20 de septiembre. Por los mismos actos, Josep Lluís Trapero, mayor de los Mozos de Escuadra y la intendente del cuerpo Teresa Laplana fueron requeridos para declarar ante la Audiencia Nacional, quedando en libertad con medidas cautelares.[388]

El día 27 de octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente la independencia después de una votación anónima por 70 votos a favor, 2 en blanco, 10 en contra y la ausencia de PSC, PP y Cs.[389]

Intervención de la autonomía catalana (octubre 2017-junio 2018)[editar]

Mariano Rajoy anunciando la intervención de la autonomía catalana el 27 de octubre de 2017

El 27 de octubre de 2017 el Senado aprobó dar la autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución española a Cataluña.[390]​ A continuación, Mariano Rajoy convocó un consejo de ministros extraordinario en el que se aprobó el cese del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y del resto de miembros del Gobierno de la Generalidad, la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria de elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre de 2017.[391]

Tras la huida de Carles Puigdemont a Bruselas y la querella de la Fiscalía por rebelión, Puigdemont y sus ex-consejeros fueron citados por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el día 2 de noviembre. La juez ordenó el ingreso en prisión provisional del ex-vicepresidente Oriol Junqueras y ocho ex-consejeros de la Generalidad. Por su parte Puigdemont permaneció en Bruselas, siendo citado a declarar ante la justicia belga tras la orden europea de detención y entrega emitida por la justicia española.

Paralelamente, se seguía una instrucción contra los miembros aforados del Parlamento de Cataluña, llevada por el juez Pablo Llarena Conde en el Tribunal Supremo.[392]​ El 24 de noviembre, Llarena dictó un auto por el cual —tras solicitar informe a Lamela—[393]​ acumulaba a la causa contra los miembros aforados de la Mesa del Parlamento de Cataluña, la de los no aforados del destituido Gobierno catalán y la de los miembros de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y ANC Jordi Sánchez que instruía Lamela. Así, quedó para Lamela únicamente la causa por sedición contra Josep Lluís Trapero —ya destituido como major de los Mossos— y Teresa Laplana.[394]​ Pocos días después Puigdemont afirmó a un medio israelí que la UE era un “club de países decadentes, obsolescentes, en el que mandan unos pocos, además muy ligados a intereses económicos cada vez más discutibles” y “donde hay varias varas de medir” e insinuando que los catalanes “deberían decidir si quieren pertenecer a esta Unión Europea” y “en qué condiciones”.[395]

El 22 de diciembre, Llarena amplió la acusación a Artur Mas (expresidente de la Generalidad), Marta Rovira (número dos de ERC), Anna Gabriel (exportavoz de la CUP en el Parlament), Marta Pascal (coordinadora general del PDeCAT), Mireia Boya (expresidente del grupo parlamentario de la CUP) y a Neus Lloveras (presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia) por pertenecer al Comité Estratégico del procés, con una participación destacada en su desarrollo y "aportando el apoyo político".[396]

El 20 de noviembre, Barcelona perdió la posibilidad de acoger la Agencia Europea de Medicamentos, que tenía que buscar nueva sede tras el Brexit.[397]​ Cayó en la primera ronda de votaciones, cuando era una de las favoritas para albergar este organismo europeo.[398]

Este mismo mes se publicó que en los llamados papeles del Paraíso aparecía un trust familiar en una banca privada suiza perteneciente la familia del exalcalde convergente de Barcelona Xavier Trias. El abogado de Trias, tras reconocer la existencia del truts creado por el padre, aseguró que «Xavier Trias no sabía nada y no ha participado en nada», añadiendo a continuación que «lo heredó su hermano».[399][400]​ Previamente Trias había negado tener cuentas o dinero en el extranjero.[401]

Las elecciones del 21-D[editar]

Logo de Junts per Catalunya, la candidatura encabezada por Carles Puigdemont

El 21 de diciembre de 2017 se celebraron las elecciones al Parlamento de Cataluña, que habían sido convocadas por el presidente Rajoy en virtud de la aplicación del artículo 155. Las fuerzas políticas independentistas calificaron las elecciones como «ilegales e ilegítimas», pero sí se presentaron. La participación fue la más alta de las registradas hasta entonces: rondó el 80%. Los tres partidos independentistas consiguieron mayoría absoluta al sumar 70 diputados en total: Junts per Catalunya, la formación encabezada por el expresident Carles Puigdemont con el respaldo legal del PDeCAT, obtuvo 34 diputados; Esquerra Republicana de Cataluña, 32 diputados; y la CUP, 4 diputados. Ciudadanos consiguió 36 escaños, haciendo que la suma de los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) llegara a 57 escaños. Catalunya en Comú-Podem, que rechazaba tanto la aplicación del artículo 155 como la declaración unilateral de independencia, consiguió 8 escaños.[402]​ Tras este resultado electoral se impulsó en una parte de la sociedad catalana la idea de Tabarnia.[403]

El Parlamento de Cataluña se constituyó el 17 de enero de 2018 y fue elegido presidente de la cámara Roger Torrent (ERC), quien en su discurso de aceptación del cargo no hizo ninguna mención a la «República Catalana» e hizo un llamamiento para recuperar las instituciones catalanas intervenidas por el gobierno central por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.[404]

El 15 de enero se hizo pública la sentencia del llamado caso Palau, donde se condenó a la antigua Convergència por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas a través del Palau a cambio de obra pública y Fèlix Millet fue sentenciado a 9 años de cárcel.[405][406]

El bloqueo del Parlamento de Cataluña[editar]

Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, en un acto para pedir la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart el 16 de febrero de 2018

El 22 de enero Roger Torrent propuso como candidato a la presidencia de la Generalidad al expresidente Carles Puigdemont, que continuaba en Bruselas y que se consideraba a sí mismo como el presidente legítimo de Cataluña.[407]​ El Gobierno de Rajoy presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que desestimara la candidatura de Puigdemont. El Constitucional advirtió que para poder ser investido el candidato tenía que estar presente en la cámara y haber obtenido autorización judicial, dado que estaba vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.[408]​ Torrent acató la decisión del Tribunal Constitucional y aplazó el pleno de investidura a pesar de las críticas de Junts per Catalunya y la CUP que pretendían que se aceptara la presencia de Puigdemont por vía telemática o por delegación en algún otro diputado.[409][410]

El 1 de marzo de 2018 se aprobó una moción con los votos de los tres grupos independentistas en la que se denunciaba la «destitución ilegal e ilegítima» de Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad,[411]​ quien, ese mismo día, anunció que renunciaba «provisionalmente» a ser el candidato y propuso a Jordi Sánchez, en prisión provisional, como su sustituto.[412]​ Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó el permiso para que Sánchez pudiera salir de la cárcel para asistir al pleno de investidura.[413][414]​ El bloqueo continuó agravado por el rechazo de la CUP a la candidatura de Sánchez porque supondría la «sumisión a la legalidad española» y porque no iba encaminada a la «materialización de la república».[415]

El tercer intento de investidura también falló porque el candidato Jordi Turull, quien en su discurso no hizo ninguna mención a la República ni a la independencia, no consiguió el apoyo de la CUP en la primera votación celebrada el 22 de marzo.[416]​ Al día siguiente el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo envió a prisión junto con otros tres exconsejeros y la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell,[417]​ por lo que no se pudo celebrar la segunda sesión de investidura en la que el candidato podría haber sido elegido por mayoría simple.[418]

El mismo día 23 de marzo en que ordenó la prisión sin fianza de Jordi Turull y los otros cuatro líderes independentistas, el juez Llarena dictó auto de procesamiento por un delito de rebelión contra el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa), además de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural, respectivamente; Carme Forcadell, expresidente del Parlamento de Cataluña; y Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya. Los demás exconsejeros (Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret) fueron procesados por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos. Por último fueron procesados únicamente por un delito de desobediencia, que no lleva aparejado la pena de cárcel, los miembros de la mesa del parlamento Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la expresidente de la CUP, Mireia Boya y su exjefa de filas en el Parlamento, Anna Gabriel.[419]​ Y a continuación reactivó las euroordenes contra el expresidente Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos, y dictó una nueva contra Marta Rovira, huida en Suiza.[420]

Prisión de Neumünster (Alemania) donde estuvo encarcelado Carles Puigdemont durante doce días, a la espera de la resolución de la euroorden de entrega a España.

El 25 de marzo, Carles Puigdemont fue detenido en Alemania al cruzar la frontera con Dinamarca cuando se dirigía a Bruselas después de haber participado en un acto en la Universidad de Helsinki,[421]​ lo que provocó concentraciones y manifestaciones de protesta y cortes de carreteras y de avenidas por los Comités de Defensa de la República.[422][423]​ Ese mismo día, Roger Torrent pronunció un mensaje institucional por televisión en el que después de acusar al Estado de perseguir "el corazón de la democracia" volvió a reclamar la formación de “un frente común para defender los derechos y las libertades individuales y colectivas”.[424]​ El 5 de abril la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein acordó dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y descartó el delito de rebelión alegando que el delito que podría ser equiparable en Alemania al de rebelión, el de “alta traición”, no podía aplicarse porque no se cumplía el requisito de la “violencia”.[425][426]

El cuarto intento para investir un nuevo presidente de la Generalidad tampoco tuvo éxito porque el 12 de abril el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volvió a denegar el permiso carcelario a Jordi Sánchez, que por segunda vez había sido propuesto como candidato, por lo que el presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent tuvo que aplazar el pleno de investidura convocado para el día siguiente.[427]

Finalmente, tras un nuevo intento de investir a distancia a Carles Puigdemont desbaratado por el Tribunal Constitucional,[428]​ el Parlamento de Cataluña invistió el 14 de mayo por mayoría simple —con los votos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y la abstención de la CUP— como nuevo presidente de la Generalidad a Quim Torra, el candidato designado por Puigdemont desde Berlín. Sus primeras palabras tras la votación fueron de agradecimiento al «president Puigdemont» del que aseguró: «Lo investiremos».[429]

Gobierno de Quim Torra (junio 2018-actualidad)[editar]

Quim Torra (quinto por la izquierda) tras ser investido el 14 de mayo como presidente de la Generalidad, acompañado (a su derecha) por los expresidentes del Parlamento de Cataluña Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol, y por el presidente actual Roger Torrent, y por los expresidentes de la Generalidad (a su izquierda) José Montilla y Artur Mas.

Tras ser investido presidente, Quim Torra viajó a Berlín para «rendir homenaje y expresar gratitud al presidente legítimo de Catalunya», Carles Puigdemont. Ambos pidieron diálogo al presidente del Gobierno Mariano Rajoy para «hallar una solución política al conflicto»,[430]​ quien aceptó la oferta pero «siempre dentro de la ley».[431]​ Ese mismo día, Rajoy y Pedro Sánchez se reunieron para analizar la situación en Cataluña y emitieron un comunicado calificando a Torra de «frentista» y «xenófobo»,[432]​ debido a sus diatribas contra «los españoles» emitidas años antes en Internet y en artículos periodísticos.[433][434][435]​ El 2 de junio de 2018 tomó posesión el Gobierno de Quim Torra, poniendo fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978 en Cataluña.[436]

El 1 de octubre hubo incidentes en toda Cataluña protagonizados por los CDR durante la conmemoración del primer aniversario del "1-O". Por la tarde se celebró en Barcelona una manifestación de decenas de miles de personas (180.000 según la Guardia Urbana [437]​) que acabó con abucheos al presidente Torra y con un intento de asalto al Parlamento de Cataluña por parte de grupos independentistas radicales.[438][439][440]​ El 9 de octubre Junts per Catalunya rompió el acuerdo con Esquerra Republicana sobre los diputados suspendidos por lo que el Gobierno perdió la mayoría en el Parlamento de Cataluña al no poder delegar su voto Carles Puigdemont y los tres diputados de Junts per Catalunya que estaban en prisión.[441][442]

El 21 de diciembre, aniversario de las elecciones autonómicas, se celebró un Consejo de Ministros del Gobierno español en Barcelona; previa reunión en la víspera con una parte del Gobierno catalán. Como protesta los CDR convocaron manifestaciones y realizaron cortes en las principales carreteras de Cataluña. En Barcelona los altercados se saldaron con 77 heridos (35 Mozos de Escuadra) y 13 personas detenidas.[443]​ El 30 de marzo de 2019 el partido político VOX convocó un acto a favor de la unidad de España en Barcelona que fue boicoteado por radicales independentistas, con el balance de 5 simpatizantes de VOX heridos y 7 radicales detenidos por los Mozos de escuadra.[444]​ El 23 septiembre, tres semanas antes de que se notificara la sentencia judicial del procés, fueron arrestados 7 miembros del ala más radical de los CDR acusados de preparar atentados terroristas.[445]​ Dos de ellos reconocieron la tenencia de explosivos y que hicieron pruebas con ellos.[446]

Juicio del procés[editar]

El 12 de febrero de 2019 comenzó el juicio a los 18 detenidos por este proceso en el Tribunal Supremo, acusados de delitos de rebelión, desobediencia, sedición y malversación de caudales públicos. El partido político VOX ejerció como acusación popular en el juicio. Celebrado entre una fuerte expectación y entre acusaciones de indefensión de los acusados, el juicio fue transmitido en directo a través del portal YouTube. Tras cinco meses de juicio, el 12 de junio fue declarado visto para sentencia. El 14 de octubre de 2019 se dio a conocer la sentencia firme, en la que se condenó a penas de 9 hasta a 13 años de prisión a los enjuiciados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.[447][448][449][450]

Barricada ardiendo en Gerona (16 de octubre de 2019)

Al conocerse la sentencia se produjeron cortes de carreteras y vías ferroviarias en Cataluña en protesta por la sentencia condenatoria a los líderes del procés. El Aeropuerto de Barcelona-El Prat fue colapsado por miles de manifestantes independentistas, provocando la cancelación de 108 vuelos. En Gerona grupos de manifestantes paralizaron el servicio de AVE tras ocupar las vías del tren. La jornada de protesta acabó con cargas policiales y dejó un total de 131 personas heridas[451]​, dando comienzo a una semana de protestas y disturbios que culminaron con una jornada de huelga y manifestaciónes el viernes 18 de octubre. En cinco días resultaron heridos 579 civiles (18 heridos graves y un herido muy grave) y 288 agentes de policía (uno herido muy grave[452]​) en hechos relacionados con las protestas en toda Cataluña.[453]​ Las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado practicaron un total de 194 detenciones (32 ingresos en prisión provisional sin fianza).[454][455]

2020[editar]

En enero de 2020 el presidente Quim Torra hizo una declaración pública señalando que tras aprobar los presupuestos se adelantarían las elecciones autonómicas a ese año.[456]​ No obstante, el proces -y las elecciones anunciadas- pasaron a segundo plano el primer trimestre de 2020 debido a la pandemia de coronavirus que en el caso de España acabó con la declaración del estado de alarma.[457]​ Aun así la Generalidad y sus medios afines aprovecharon la ocasión para criticar los -a su juicio- errores de gestión del gobierno español,[458]​llegando incluso a difundir noticias falsas[459]​. En verano de ese año se rompía el partido heredero de CiU, el PDeCAT, tras el abandono de Puigdemont y sus afines[460][461]​. Previamente Puigdemont había arrebatado la marca "Junts per Catalunya" al PDeCat[462]​. En septiembre Torra hizo una crisis de gobierno y removió a tres de sus consellers[463][464]​.

La supuesta Operación Cataluña[editar]

El 6 de julio de 2016, el comisario de la Policía Nacional de España José Manuel Villarejo[465]​ reveló en sede judicial que trabajó en conjunto con Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos del cuerpo de seguridad, para poner en marcha un grupo que se dedicaba a buscar información comprometedora sobre políticos de CDC y ERC con el objetivo de frenar el proceso independentista. Distintos funcionarios se encargaban de funciones como recaudación de fondos, conseguir citas de personajes reunidos con líderes políticos, crear historias o conseguir información sobre cuentas bancarias.[466][467]

La trama incluía pruebas falsas, manipulación de datos, informes irregulares, agentes secretos, filtraciones a la prensa o amenazas para obtener información comprometedora.[468]​ Los datos que reveló Villarejo implicaron a funcionarios como el entonces Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exjefe de gabinete del Presidente de Gobierno, Jorge Moragas, el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso o el exdirector adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Como consecuencia de ello, el Parlamento de Cataluña abrió una comisión de investigación con el apoyo de Junts pel Sí, la CUP, el PSC y CSQEP, la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos.[469]​ De forma paralela el Congreso de los Diputados inició sus indagatorias sobre el tema, finalmente el 20 de julio de 2017, la comisión determinó que existió una operación de espionaje hacia políticos independentistas en Cataluña encabezada por el entonces Ministro del Interior, la resolución contó con el apoyo de PSOE, Podemos, PNV, ERC y el PDeCAT.[470]

Producto de esta operación y las revelaciones periodísticas que llevaron a su descubrimiento se produjo el documental Las cloacas de Interior, el cual llevó al público la manera en la cual se trabajó para obtener las declaraciones e implicar a los políticos independentistas en distintos escándalos de corrupción.[471]

El 11 de febrero de 2019 La Vanguardia informó que el comisario José Manuel Villarejo, según reconoció él mismo en unas grabaciones, habría recibido fondos reservados para financiar sus actuaciones en la llamada Operación Cataluña.[472]

Posiciones respecto a la independencia de Cataluña[editar]

Posición del pueblo de Cataluña[editar]

Aquí se detalla la posición del pueblo de Cataluña:

Elección Voto independentista Voto no independentista Voto NS/NR Participación
Elecciones autonómicas de 2015 47,80%
JxS + CUP
41.62%
CS + PSC + PP
10.58%
ECP + otros
74.95%
Elecciones autonómicas de 2017 47,49%
JxC + ERC + CUP
43,49%
CS + PSC + PP
9,02%
ECP + otros
79.09%

Nota: sobre el total de votos emitidos, no sobre el total del censo electoral.

Votaciones 2012-2019.- Suma de votos de los partidos que llevaban la independencia en sus programas [473]

Posición del Gobierno español[editar]

La vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó ya en octubre de 2012 la oposición a cualquier posibilidad de consulta convocada por una comunidad autónoma. Arguyó que el artículo 92 de la Constitución establece que la competencia exclusiva para convocar referendos consultivos la tiene el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, con previa autorización del Congreso de los Diputados. Igualmente invocó el artículo 149.1.32 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». El Gobierno recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, que considera que el referéndum es un procedimiento excepcional que está limitado a los casos previstos expresamente en la Constitución y que no existen consultas populares distintas de aquel.[97]

Posición de organizaciones supranacionales[editar]

  • Bandera de Unión Europea Unión Europea
    • Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, declaró tras la proclamación de independencia del 27 de octubre de 2017 que «para la Unión Europea nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor».
    • Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea: A finales de diciembre de 2013 el presidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas dirigió una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y a los jefes de gobierno de la Unión Europea, junto con un memorando dirigido a los responsables de exteriores de 45 países de todo el mundo buscando la internacionalización del proceso soberanista. En su misiva a los líderes europeos Artur Mas expresaba su confianza en el apoyo que los destinatarios podían aportar a la consulta con la que «el pueblo catalán está plenamente comprometido», además de reafirmar la voluntad de los catalanes de permanecer en la UE y en la zona euro.[474]​ En la única respuesta que ha trascendido, la Unión Europea mantuvo que las cuestiones planteadas en el escrito del presidente de la Generalidad constituyen un asunto interno español: «No es el papel de la Comisión Europea dar opiniones sobre los eventos políticos que están aconteciendo. La organización de un referendo es un asunto que pertenece al debate nacional español». Durão Barroso recordó, además, que los tratados europeos dejarían de ser de aplicación en Cataluña.[475]​ En unas declaraciones efectuadas en España reiteró textualmente que «Si hay un territorio de un país que vaya a salir de ese país, claro que es otro Estado y ahí tendría que pedir la adhesión, si quiere, a la UE, y los otros países tendrían que aceptarlo para ser miembro».[476]
    • Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo: «Un nuevo estado independiente, por el hecho de ser independiente, se convertiría en un tercer país con respecto a la Unión [Europea] y los tratados [europeos] no se aplicarían en su territorio a partir del día de su independencia.»[477]
    • Pia Ahrenkilde, portavoz de la Comisión Europea: «Un Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión y desde el momento de la independencia no se aplicarían los Tratados en su territorio.»[478][479]
    • Joaquín Almunia, Comisario europeo de Competencia: «La parte segregada no es miembro de la UE.»[480]
  • Bandera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN: Oana Lungescu, portavoz de la OTAN, ante las preguntas de los periodistas que en la «hipotética» situación de independencia de Cataluña y Escocia, respondió que estas podrían quedar fuera de la OTAN debido a que «En general para que cualquier nación se incorpore a la Alianza necesitaría obtener el consenso de todos los aliados de la OTAN».[481]
  • Bandera de las Naciones Unidas ONU. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU declaró, ante la pregunta de un periodista sobre los procesos de autodeterminación de Cataluña y Escocia durante una visita a Andorra, que «Todos los asuntos pendientes entre países se deben resolver por medios pacíficos y por la vía del diálogo, respetando las aspiraciones genuinas de la gente que está afectada».[482]​ Posteriormente, en otra entrevista, declaró que «Cataluña no está incluida entre los territorios sin autogobierno con derecho de autodeterminación».[483]

Posición de Estados[editar]

  • Bandera de Alemania Alemania. Angela Merkel, canciller de Alemania, declaró el 18 de julio de 2014 que está «a favor de la integridad territorial de todos los Estados» europeos, que comparte «la opinión del Gobierno español» sobre el proyecto de referéndum de Cataluña y que «no me involucraré en asuntos nacionales españoles».[484]
  • Bandera de Reino Unido Reino Unido. David Cameron, primer ministro del Reino Unido afirmó el 12 de junio de 2013: «No se pueden ignorar las cuestiones de nacionalidad, independencia e identidad; hay que dejar que la gente decida»,[485]​ aunque añadiendo a continuación: «Pero nunca querría decir a la gente de España cómo hacer frente a sus propios retos. Esto lo tienen que decidir el Gobierno español y el presidente español.»[486]​ Posteriormente, en noviembre del mismo año, Cameron declaró junto a Mariano Rajoy que toda región que se independizase de un estado miembro de la Unión Europea se vería inmediatamente excluida de la Unión, en referencia a Escocia y Cataluña.[487]
  • Bandera de Francia Francia. François Hollande, presidente de la República Francesa, al ser preguntado el 26 de noviembre de 2013 sobre la posible independencia de Cataluña, afirmó: «Cataluña es una región de España, y por tanto [la relación entre España y Cataluña], es un tema interno de España. Es competencia de su soberanía en exclusiva. No tengo nada más que comentar al respecto.»[488][489][490]
  • Bandera de Estados Unidos Estados Unidos. Tras la proclamación de independencia del 27 de octubre de 2017, la Casa Blanca reiteró el respaldo del presidente Donald Trump a «una España unida». Previamente, durante la visita del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a los Estados Unidos, el presidente norteamericano había declarado, en una comparecencia conjunta con Rajoy en la Casa Blanca, que[491]​ «sería una tontería que Cataluña no siguiera en España». Caitlin Hayden, portavoz en materia de seguridad y política exterior del gobierno de los Estados Unidos, en respuesta a una petición a la web de la Casa Blanca con más de 30 000 firmas dijo: «Los Estados Unidos reconocen la singularidad cultural y las tradiciones catalanas, pero considera que el estatus de Cataluña es un asunto interno español», y añadió que su gobierno está seguro «de que el gobierno y el pueblo español resolverán la cuestión conforme a sus leyes y a la Constitución».[492][493]
  • Bandera de Letonia Letonia. Valdis Dombrovskis, primer ministro de Letonia: «Si hay una clara voluntad del pueblo y una clara demanda de un referéndum, vale absolutamente la pena prestarle atención y mirar opciones sobre cómo abordar el tema».[494]​ Posteriormente, se dio a conocer que, según un informe policial, Dombrovskis habría cobrado seis millones de euros a cambio de apoyar públicamente el proceso soberanista de Cataluña, apuntando que parte de dicho dinero procedería de cuentas ocultas de la familia de Jordi Pujol con dinero negro en Panamá.[495]
  • Bandera de Lituania Lituania. Algirdas Butkevičius, primer ministro de Lituania: «Cada país tiene que encontrar su propio camino y tiene derecho a la autodeterminación».[496]​ Posteriormente, a raíz de una queja emitida por el Gobierno español y la reunión del ministro español de Asuntos exteriores y la embajadora lituana Audra Plepyté, el Ministerio de Asuntos Exteriores lituano lamentó «la interpretación tendenciosa y errónea» a las palabras del primer ministro lituano.[497]​También añadía «no se puede comparar la ocupación soviética de los países bálticos con la situación en España.»[498]
  • Bandera de Andorra Andorra. Antoni Martí Petit, Jefe del Gobierno de Andorra: «No puedo concebir que no exista la posibilidad de que alguien pueda votar sobre su futuro», «No me pronunciaré sobre el resultado de la consulta, eso concierne exclusivamente a los catalanes».[499]

Posición de otros partidos y políticos[editar]

  • Internacional Liberal, organización de la que forma parte Convergència Democràtica de Catalunya. Hans van Baalen (holandés, presidente de la formación): «El gobierno español debería tomar ejemplo del británico y permitir una consulta a Cataluña».[500]
  • Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, partido político europeo del que forma parte CDC. Graham Watson (británico, presidente del partido): «Yo creo en la democracia. Los catalanes han de tener el derecho a decidir. Así es la democracia».[501]
  • Partido Popular Europeo, partido político europeo del que forman parte el PP y Unió Democràtica de Catalunya.
    • Antonio López-Istúriz (español, secretario general), calificó de «insolidario y egoísta» al movimiento independentista catalán y advirtió de que «cualquiera que lleve la secesión en su programa o en su acción de Gobierno debe saber que está condenado al aislamiento político y económico en Europa».[502]
    • Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, eurodiputada: «Europa nunca ha cerrado las puertas a una Cataluña independiente», «Cataluña reúne todos los factores para, en caso de pedir su ingreso a la Unión Europea, este sea muy rápido», «Europa respectará el resultado de los referéndums escocés y catalán porque no puede ir contra la voluntad de los pueblos»[503]
  • Eduard Kukan (exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia): «La voluntad de la gente, al final, prevalecerá si se comportan con responsabilidad política y piden sus derechos»[504]
  • Stéphane Dion exministro canadiense de Asuntos Intergubernamentales: «En Canadá es muy probable que esta pregunta [un referéndum con dos preguntas] fuese considerada un intento de manipular a los electores, porque no sería considerada clara.»[505]
  • Alistair Carmichael, Secretario de Estado para Escocia —un territorio próximo en la fecha a celebrar su propio referéndum— del Reino Unido afirmó el 19 de noviembre de 2013 que mientras que la decisión sobre la independencia de Escocia sería tomada por los escoceses, debido a «claras diferencias constitucionales» la decisión sobre la independencia de Cataluña «debería ser tomada a nivel estatal».[506]
  • Alex Salmond, primer ministro de Escocia y líder independentista afirmó que la diferencia clave entre el referéndum de independencia de Escocia y el proyecto de referéndum catalán es que el escocés es "un referéndum consentido, un acuerdo constitucional entre el Gobierno en Londres y el Gobierno en Escocia".[507]

Véase también[editar]

Notas[editar]

Referencias[editar]

  1. Ministerio del Interior. «Referéndum - 1978 - Cataluña». Consulta de resultados electorales. Consultado el 7 de enero de 2014. 
  2. Ollero Butler, Fernando (1979-1980). «El Referéndum para la autonomía de Cataluña». Revista de Derecho Político (5): 213 y 215. ISSN 0210-7562. Consultado el 7 de enero de 2014. 
  3. Departament de Governació i Relacions Institucionals. «Referèndum sobre l'Estatut d'autonomia de Catalunya 1979». Les eleccions (en catalán). Consultado el 5 de enero de 2014. 
  4. Departament de Governació i Relacions Institucionals. «Eleccions al Parlament de Catalunya 1980». Les eleccions (en catalán). Consultado el 5 de enero de 2014. 
  5. a b c Tornos Mas, 2011, p. 16.
  6. Cassasas, 2009, p. 12.
  7. Kleiner-Liebau, 2009, p. 75.
  8. El 'procés' nació para tapar la corrupción del 'caso 3%', según una nota de los Mossos
  9. «Mas pretende tapar ahora la corrupción bajo la 'senyera'»
  10. Artur Mas se envuelve en la 'senyera' para tapar el '3%'
  11. Maragall acusa a CiU de corrupción y lo retira tras la amenaza de Mas de boicotear el Estatuto
  12. Maragall acusa a CiU de corrupción y lo retira tras la amenaza de Mas de boicotear el Estatuto
  13. «El nou estatut aprovat pel Parlament de Catalunya» (en catalán). Vilaweb. 3 de octubre de 2005. Consultado el 11 de enero de 2014. 
  14. «Benach presenta el Estatuto catalán en el Congreso y asegura que 'no es una declaración de independencia'». El Mundo. 5 de octubre de 2005. 
  15. Rusiñol, Pere; E. Cué, Carlos (14 de noviembre de 2013). «Zapatero promete apoyar la reforma del Estatut que apruebe el Parlament». El País. 
  16. El Congreso aprueba el Estatuto catalán con 189 votos a favor y 154 en contra
  17. «ERC considera insuficiente la propuesta del PSOE y rechaza negociar bajo ultimatums». ABC. 20 de enero de 2006. Consultado el 11 de enero de 2014. 
  18. Amat, 2017, p. 48. ”El proyecto no había ilusionado a la gente, la sociedad terminó respondiendo con una indiferencia asqueada”
  19. Amat, 2017, p. 51. ”Una parte considerable de la sociedad catalana ha interiorizado que la pertenencia a España es una rémora y, asumiendo como indiscutible un concepto tan atractivo y volátil como el del ‘derecho a decidir’, ha naturalizado que la nación a la que siente que pertenece (la catalana) puede y debe ejercer el derecho de autodeterminación
  20. Amat, 2017, p. 51.
  21. Amat, 2017, p. 46. ”En Barcelona se organizó una primera manifestación que también tensaba el consenso catalanista. Se iniciaba así otro camino en el proceso de soberanización. No el legal. El social”
  22. Amat, 2017, p. 53.
  23. Amat, 2017, p. 54.
  24. Amat, 2017, p. 54; 56-58. ”La conferencia es un hito significativo en la consolidación de la mutación del catalanismo. No tanto por lo que aporta desde el punto de vista ideológico sino porque da carta de naturaleza a un nuevo proyecto para Convergència. El centro catalanista quería pilotar el procés
  25. Bel, 2013, pp. 226-229.
  26. Amat, 2017, p. 58-59.
  27. Rodríguez Mesa, 2017, p. 34-35.
  28. San Agustín, 2014, pp. 253.
  29. Amat, 2017, p. 59.
  30. Rodríguez Mesa, 2017, p. 37-39.
  31. Amat, 2017, p. 59-60.
  32. Tornos Mas, 2011, pp. 13-14.
  33. 3cat24.cat (ed.). «el TC dicta sentencia por el Estatuto» (en catalán). Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2011. 
  34. Diario, ed. (9 de julio de 2010). «la lectura de la sentencia confirma los peores presagios» (en catalán). 
  35. El Periódico, ed. (29 de junio de 2010). (en catalán) http://web.archive.org/web/http://www.3cat24.cat/especial/211/altres/El-TC-dicta-sentencia-per-lEstatut. Archivado desde [El TC rebaja el listón del Estatuto el original] |url= incorrecta (ayuda) el 3 de diciembre de 2015.  Falta el |título= (ayuda)
  36. Tornos Mas, 2011, p. 24.
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