Revolución Libertadora (Argentina)

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Revolución Libertadora
Eduardo Lonardi y Pedro E Aramburu (Revolución Libertadora).jpg
Generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, los dos dictadores sucesivos de la Revolución Libertadora.
Contexto del acontecimiento
Fecha 16 de septiembre de 1955
Sitio Flag of Argentina.svg Argentina
Impulsores Eduardo Lonardi
Influencias ideológicas de los impulsores Anticomunismo
Antiperonismo
Gobierno previo
Gobernante Juan Domingo Perón
Forma de gobierno Democracia representativa
Gobierno resultante
Gobernante Eduardo Lonardi
Forma de gobierno Dictadura militar
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La Revolución Libertadora es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina tras haber derrocado al presidente constitucional Juan Domingo Perón,[1]​ clausurar el Congreso Nacional, deponer a los miembros de la Corte Suprema y todos los gobiernos provinciales,[2]​ mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que, tras más de dos años de gobierno, hizo entrega del mismo al presidente electo Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958, quién también sería derrocado cuatro años después en 1962. Esta dictadura en particular también suele ser conocida de forma despectiva, sobre todo entre algunos sectores peronistas, como Revolución Fusiladora, debido a los militares y civiles fusilados por orden del dictador Pedro Eugenio Aramburu en 1956 con motivo del levantamiento del General Juan José Valle.[3]

El general de división Eduardo Lonardi, líder de la sublevación asumió el poder el 23 de septiembre de 1955 y fue sustituido el 13 de noviembre de ese mismo año por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, mediante un golpe palaciego. Ambos gobernaron como autoridades supremas del país, atribuyéndose el título de Presidente de la Nación.

Pedro Eugenio Aramburu derogó mediante una proclama la Constitución Nacional vigente y repuso el texto constitucional de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Poco después, la Revolución Libertadora organizó bajo su control y mediante elecciones condicionadas, una Convención Constituyente que aceptó la decisión anterior y realizó dos agregados a la Constitución, entre los que se destaca el artículo 14 bis.

Antecedentes y preparativos[editar]

En 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña estableciendo el sufragio secreto y obligatorio para todos los varones, que llevó a la elección del que se considera el primer presidente democrático de la Argentina, Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, aún cuando a las mujeres se les había negado el derecho al voto. El 6 de septiembre de 1930 el gobierno radical de Yrigoyen fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar. Recién el 24 de febrero de 1946 se volvieron a realizar elecciones libres, resultando elegido Presidente de la Nación Juan Domingo Perón, quien fue reelegido en 1951, en las primeras elecciones realizadas en Argentina mediante sufragio universal (mujeres y varones).

Perón lideró un amplio movimiento de base sindical, que se caracterizó por un fuerte sesgo social, conocido con el nombre de peronismo o justicialismo, debido al énfasis puesto en la justicia social. Simultáneamente se formó un amplio movimiento que adoptó el nombre de antiperonismo, coordinado inicialmente por la embajada de Estados Unidos en Argentina, e integrado por las principales cámaras patronales, por la mayoría de los partidos políticos existentes y por las asociaciones estudiantiles.

La confrontación entre peronistas y antiperonistas caracterizó todo el gobierno de Perón. Ya antes de que asumiera como Presidente, Perón había sido derrocado de su cargo de Vicepresidente y detenido en octubre de 1945, por un golpe de estado que fracasó luego de una amplia movilización obrera el 17 de octubre de 1945. Pocos días antes de las elecciones de 1946, la oposición también había preparado un golpe de Estado, que no llegó a ponerse en marcha.

Durante el gobierno peronista (1946-1955), el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas alcanzó altos niveles de violencia. Los estudiosos e investigadores destacan unos u otros hechos según su mayor o menor cercanía con los bandos en pugna. En general los peronistas señalan las conspiraciones golpistas y los actos terroristas de las fuerzas opositoras, como el golpe de estado de 1951, el atentado en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953 que asesinó a seis manifestantes peronistas e hirió a otros noventa, y el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955, en el que fueron asesinadas 308 personas oficialmente identificadas, más un sinnúmero de personas que eran irreconocibles debido a las mutilaciones, y cientos de heridos. Entre las víctimas habían 111 militantes sindicales, de los cuales 23 eran mujeres y seis niños.[4]​ Por su parte los, antiperonistas señalaron medidas antidemocráticas del gobierno peronista, como la limitación de la libertad de expresión, la detención de opositores, el uso de la tortura por las fuerzas policiales, el culto a la personalidad de Perón y Eva Perón, el exceso de poder sindical, las afiliaciones compulsivas al Partido Peronista y el incendio de iglesias, entre otras acciones.

El golpe de Estado[editar]

El 16 de septiembre de 1955 se inició el golpe de Estado que derrocaría al Presidente constitucional Juan D. Perón, al Congreso de la Nación y a los gobernadores provinciales. La sublevación se inició en Córdoba, fue liderada por el general Eduardo Lonardi y se extendió hasta el 23 de septiembre. En el curso de la misma renunció Perón, quien transfirió el mando a una junta militar. El golpe contó con el apoyo activo de Comandos civiles, un importante sector de la Iglesia Católica, el Reino Unido y algunos partidos políticos, entre ellos la Unión Cívica Radical.[5]​ El santo y seña de los conspiradores fue "Dios es justo".[6]​ En 2017 el Archivo Nacional de la Memoria concluyó una investigación sobre la cantidad de personas muertas en el golpe, documentando al menos 156 víctimas fatales.[7]

El 20 de septiembre Lonardi se autoproclama Presidente provisional de la Nación, disponiendo como sede del nuevo gobierno a la provincia de Córdoba, hasta su traslado a la Capital Federal. El 23 de septiembre de 1955 se hizo cargo de la suma del poder público. La banda presidencial le fue entregada por el cardenal rosarino Antonio Caggiano, quien también firmó el acta de toma del poder.[8]​ Sus primeras medidas fueron disolver el Poder Legislativo, derrocar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a todos los gobernadores y legislaturas provinciales y hacerse cargo de los poderes legislativo y ejecutivo, atribuyéndose el título de "Presidente". En los días siguientes nombraría por decreto a los miembros de la Corte Suprema y a los interventores de las provincias.

Gobierno de Eduardo Lonardi[editar]

El General de División Eduardo Lonardi en 1955.

El general Eduardo Lonardi gobernó solo 52 días, hasta ser derrocado por el sector liberal de los golpistas. Además padecía un cáncer cuyos síntomas ya eran notables al comienzo de la insurrección y que finalizaría con su vida en marzo del año siguiente.[9]​ Representaba una fracción de las fuerzas armadas, de orientación nacionalista católica, que tenía como objetivo derrocar a Perón y excluirlo de la vida nacional, así como impedir que el peronismo volviera al poder -al menos en lo inmediato-, pero sin recurrir a una represión masiva, ni derogar la Constitución de 1949 y las leyes sociales y laborales que caracterizaron al gobierno peronista.

Desde el triunfo de la revolución, Lonardi planeaba quedarse poco tiempo en el poder debido a su estado de salud. Pensaba convencer a la CGT que aceptara la nueva situación y simplemente ordenar el país para que se recuperara lo antes posible de lo que él consideraba una «tiranía».[10]

El lema político que expresaba esa intención fue la consigna pronunciada al asumir el poder, «ni vencedores ni vencidos», tomada de Justo José de Urquiza,[11]​ que se convirtió en una de las frases políticas más famosas de la historia argentina.[12]

Lonardi integró su gobierno con los siguientes ministros:

Al final de su gobierno el general Eduardo Lonardi dividió el Ministerio del Interior y Justicia, renunciando entonces el ministro Busso; el 12 de noviembre asumió Luis María de Pablo Pardo como Ministro del Interior y Julio Velar de Irigoyen como Ministro de Justicia.

Dentro del Estado asumieron ciertas responsabilidades minoritarias las demás fuerzas que, junto al nacionalismo católico, habían intervenido en la revolución. En el Ministerio del Interior tuvieron influencia los demócratas progresistas, uno de cuyos líderes, el doctor Sebastián Soler, fue designado Procurador General de la Nación. En el Ministerio de Marina estuvieron los representantes del socialismo con Américo Ghioldi.[13]

Luchas internas y golpe palaciego[editar]

A poco de asumir Lonardi, se manifestaron las diferencias entre las dos alas del gobierno militar:

  • El ala nacionalista católica, liderada por el propio general Eduardo Lonardi, más proclive a negociar con el peronismo y preservar la mayor parte de las conquistas sociales y laborales realizadas durante los gobiernos de Perón.
  • El ala liberal, liderada por el vicepresidente almirante Isaac Rojas, sostenía un antiperonismo radical, pretendía erradicar totalmente al peronismo de la vida política y sindical argentina, derogar las medidas sociales y laborales establecidas durante el gobierno peronista, y establecer una política económica dirigida por los economistas más conservadores.

En este primer período de la Revolución Libertadora, el peronismo intentó maniobrar aprovechando las diferencias entre ambas corrientes militares, para obtener ventajas y ganar tiempo para reorganizarse alrededor del movimiento sindical. Por esa razón ese momento fue conocido como la entente cordiale.[14]​La Confederación General Económica (CGE) fue intervenida por Lonardi. Fue declarada ilegal e intervenida militarmente.

El 5 de octubre la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) renunció asumiendo la dirección provisoria Andrés Framini y Luis Natalini de Luz y Fuerza.[15]​ Los sindicalistas negociaban con el régimen militar, a través del Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, un socialcristiano, abogado del sindicato metalúrgico, que había sido peronista hasta 1947. Al día siguiente de asumir la dirección de la CGT, Framini y Natalini firmaron un pacto formal con el ministro Cerruti Costa, por el cual el gobierno reconocía a las autoridades de la CGT y se comprometía a designar interventores imparciales en los sindicatos, donde se deberían realizar elecciones democráticas en 120 días.[16]​ Por su parte, la CGT aceptó realizar algunas concesiones, como la eliminación del preámbulo del estatuto donde se adoptaba la doctrina peronista y la eliminación del 17 de octubre como feriado.[16]

Para fines del mes de octubre, las tensiones en pugna se acentuaron. El peronismo comenzó a reorganizarse y a recuperar su capacidad de acción, y llegó a realizar una silbatina al vicepresidente de facto, Almirante Isaac Rojas, en ocasión de una visita de este al Hipódromo de San Isidro, que se frustró a los pocos minutos cuando aviones de la Marina de Guerra comenzaron a realizar vuelos rasantes sobre las tribunas.

Por su parte, la CGT aumentó su presión sobre el gobierno para que se abstuviera de intervenir en la situación interna de los sindicatos, buscando imponer direcciones no peronistas y antiperonistas. El 26 de octubre, en una reunión con el Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, La CGT le exigió dejar de apoyar a los grupos opositores, bajo amenaza de declarar una huelga general.[16]​ Cerruti Costa entonces rechaza la exigencia sindical y, dos días después establece nuevas reglas para la "normalización sindical" que, en los hechos, dejaban sin efecto el acta firmada con la CGT. Las nuevas reglas establecían la caducidad de los mandatos de los dirigentes de la CGT y los sindicatos, y el llamado a elecciones controladas por las Fuerzas Armadas.[16]

Ante la actitud ofensiva demostrada por el peronismo a través de la CGT, los sectores liberales del régimen militar se movieron para obtener mayor poder. El 1 de noviembre la Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la represión de los sindicalistas peronistas. Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de la central sindical y se decide designar de común acuerdo a los interventores sindicales que procederían a la normalización.[16]​un conjunto con los grupos de choque denominados Comandos Civiles habían ocupado por la fuerza una cantidad considerable de locales sindicales. Entre ellos se encontraban los locales de la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, La Confederación de Empleados de Comercio, la Fraternidad, el SUPE, la Unión Ferroviaria, entre otros, provistos con armas de la Marina. [17]

Su gobierno estuvo teñido por las persecuciones al peronismo, que sin ser tan acentuado como el que le siguió con Aramburu, ponía en evidencia su debilidad para controlar a los sectores mas antiperonistas que se lanzaron a ocupar espacios en todos los niveles, ingresando a punta de pistola en locales partidarios, sindicatos y universidades. Además se procedió en encarcelar e interrogar a miles de dirigentes peronistas y sindicales, mientras sus hogares eran allanados.La hija del general Lonardi señala al coronel Carlos Eugenio Moori Koenig como el cabecilla de los comandos civiles que actuaron como fuerza parapolicial organizada, en todos los ataques sufridos por locales peronistas y sindicatos, además ese militar fue el que cumplió la misión de ultrajar el cadáver de Eva Perón. [18]

Un foco sedicioso para el derrocamiento de Lonardi estuvo ubicado en la Casa Militar, organismo que debía ocuparse de la seguridad del presidente, las audiencias y el protocolo, cuyo jefe era el coronel Bernardo Labayrú, el jefe del despacho de la Casa de Gobierno era el coronel Emilio Bonnecarrere y el jefe del regimiento de granaderos a Caballo, Alejandro Lanusse, todos los cuales tenían la obligación de defender al presidente sin embargo fueron miembros activos y determinantes de la conspiración.

Junta Consultiva Nacional[editar]

Primera reunión de la Junta Consultiva Nacional, 11 de noviembre de 1955.

El ala liberal volvió a tomar la iniciativa el 11 de noviembre, al formarse una Junta Consultiva Nacional del gobierno militar (creada por decreto del 28 de octubre), presidida por el almirante Rojas e integrada por políticos destacados designados por la mayor parte de los partidos antiperonistas. La Junta estuvo integrada por cuatro miembros de la Unión Cívica Radical (Oscar Alende, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Miguel Ángel Zavala Ortiz), cuatro del Partido Socialista (Alicia Moreau de Justo, Américo Ghioldi, Ramón Muñiz y Nicolás Repetto), cuatro por el Partido Demócrata Nacional (José Aguirre Cámara, Rodolfo Coromina Segura, Adolfo Mugica y Reinaldo Pastor), cuatro por el Partido Demócrata Progresista (Juan José Díaz Arana, Julio Argentino Noble, Horacio Thedy y Luciano Molinas), dos por el Partido Demócrata Cristiano (Manuel Ordóñez y Rodolfo Martínez) y dos por la nacionalista Unión Federal (Enrique Arrioti y Horacio Storni).

Asimilándola a un poder legislativo, el gobierno militar decidió que la Junta Consultiva se reuniría en el edificio del Congreso Nacional, y haciendo una interpretación extensiva de la Constitución Nacional (art. 50)[19]​ en la que el Vicepresidente de la Nación es Presidente del Senado, consideró que debía ser presidida por el almirante Rojas, en su condición de Vicepresidente de facto. A la primera sesión de la junta concurrieron casi 300 invitados especiales, y se colocó en el salón un cuadro correspondiente a la Asamblea Constituyente de 1853.

La constitución de la Junta Consultiva influyó decisivamente para que predominara en el gobierno militar el sector liberal y una línea antiperonista radical. Poniendo en evidencia el desplazamiento inminente del sector nacionalista católico, ese mismo día Luis Pandra, del Partido Socialista escribió en el diario La Época:

Vamos a hacer la Revolución Libertadora desde el gobierno, con el gobierno, sin el gobierno o contra el gobierno.

Luis Pandra, La Época, 11 de noviembre de 1955.[20]

El 13 de noviembre un golpe palaciego desalojó del poder al general Lonardi, instalando como nuevo presidente de facto a un liberal, el general Pedro Eugenio Aramburu.[16]​Al día siguiente el gobierno militar dio a conocer tres comunicados con la firma de Aramburu informando de los motivos del desplazamiento de Lonardi: el primero se limitó a informar del cese de Lonardi; el segundo sostiene que Lonardi había sido depuesto debido a la "presencia de grupos que orientaron su política hacia un extremismo totalitario incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora"; y el tercero amplía las razones acusando al grupo de Lonardi de "escudarse tras el estandarte de la religión católica".[21]

Esto desairó gravemente a todos los militantes nacionalistas que habían participado en la revolución. El decreto-ley 4161 imponía una política opuesta a la de Lonardi con respecto a los peronistas, abandonando el lema «ni vencedores ni vencidos» se convirtieron en delito: el uso del escudo peronista, pronunciar el nombre del anterior líder o su esposa, y cantar la Marcha peronista.[22]

Gobierno de Pedro Eugenio Aramburu[editar]

El vicepresidente almirante Isaac Rojas y el presidente teniente general Pedro Eugenio Aramburu, al momento de la asunción de este último el 13 de noviembre de 1955.

El general Pedro Eugenio Aramburu asumió la presidencia de facto el día 13 de noviembre de 1955, en tanto que el almirante Rojas, líder del ala liberal, permaneció como vicepresidente. Se inició así una segunda etapa de la dictadura militar, caracterizada esencialmente por adoptar una línea dura frente al peronismo, abandonando así el lema «ni vencedores, ni vencidos».

Inmediatamente la CGT declaró una huelga general para los días 15, 16 y 17 de noviembre. Ese mismo día el gobierno militar encarceló a más de 9.000 dirigentes sindicales, incluidos Framini y Natalini. El paro solo tuvo adhesión en algunos distritos obreros como Avellaneda, Berisso y Rosario y debió ser levantado al día siguiente de iniciarse. La CGT y la mayor parte de los sindicatos fueron intervenidos por los militares.[16]

Política interna[editar]

En el gabinete del nuevo gobierno se produjeron cambios sustanciales respecto al anterior, participando del mismo desde integrantes de la derecha liberal hasta socialistas.

En el Ministerio del Interior, asumieron dos radicales: Laureano Landaburu y Carlos Alconada Aramburú. También eran radicales el Ministro de Educación (Acdel Salas) y el Ministro de Trabajo (Horacio Aguirre Legarreta, frondizista).

Se intervinieron todos los sindicatos y la Confederación General del Trabajo (CGT), y se dispuso el encarcelamiento de más de 9.000 dirigentes sindicales, luego de la huelga general declarada el 14 de noviembre de 1955.[23]​ El gobierno militar dictó el Decreto 3855/55 disolviendo el Partido Peronista y luego el 5 de marzo de 1956 el Decreto 4161, de "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista", por el que incluso se prohibía mencionar el nombre de Juan Domingo Perón, castigando a los infractores con penas de hasta seis años de prisión.[24]​ De este modo se inició un largo período de proscripción del peronismo de la vida militar, pública y docente que se extendería hasta 1973, y que dio lugar a un movimiento opositor, muchas veces clandestino, conocido como la Resistencia Peronista.Se intervino la CGT y todos los sindicatos de base, se inhabilitaron más de 150.000 delegados de fábricas y se encarcelaron cientos de dirigentes justicialistas. A mediados de octubre de 1956 Comandos Civiles atacaron los locales sindicales y los tomaron a punta de pistola. Los gremios llamaron a la primera huelga para el 2 de noviembre y el gobierno detuvo a sus dirigentes[25]

Estampilla del primer aniversario de la Revolución Libertadora.

El 25 de mayo de 1957, agentes de la dictadura de Aramburu, instalados en la embajada argentina en Venezuela, intentaron asesinar a Perón haciendo estallar su automóvil. El atentado fracasó. En respuesta, el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez, que había dado asilo al derrocado Perón, ordenó la expulsión del embajador argentino en ese país, general de brigada Carlos Severo Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.[26]

Cuando Aramburu consideró, en 1957, que debía levantarse la proscripción contra el peronismo, se enfrentó duramente con su "vice" Isaac Rojas, quien se opuso férreamente. La medida había sido propuesta por el presidente y el Ministro del Interior, el balbinista Carlos Alconada Aramburú. Aramburu evaluó continuar adelante con la Revolución sin el apoyo de la Marina, aunque esto resultó imposible en la práctica, pues la Marina era el grupo más homogéneo y aguerrido de los que habían participado en el golpe. Respecto a las libertades individuales el gobierno de ‘facto’ ha hecho tabla rasa de las leyes para imponer el principio de la fuerza . El capricho del poder ha puesto a la Nación al margen de su ordenamiento jurídico haciendo valer las normas impuestas por el criterio de quienes mandan pero no gobiernan. Es así que las reformas constitucionales fueron derogadas por los mismos que juraron mantenerlas; la libertad privada de los ciudadanos está sometida al arbitrio policial del Estado y no a la garantía de los jueces; las organizaciones sindicales han sido avasalladas en el claro designio de servir intereses ajenos a la masa trabajadora; se ha sustituido la voluntad del pueblo en la digitación de palaciegos candidatos...[27]

Se desata la epidemia de poliomielitis, en 1956, cuando la llamada Revolución Libertadora había empezado a desmantelar la infraestructura sanitaria. Conocida como parálisis infantil, la enfermedad dejó una secuela de muertes y discapacidades.[28]​Se dio el mayor brote epidémico de poliomielitis en todo el territorio nacional. Según cifras oficiales, en 1956 se registraron y notificaron 6490 casos mortales, con una tasa de mortalidad del 33,7 % en todo el país.[29]

Respecto al turismo el hotel Puente del Inca fue intervenido y su director reemplazado por un capitán de navío, quién ordeno destruir toda la vajilla del hotel llevándola a la plaza y gran parte de sus muebles, rompiendo cada plato y cubierto por asociarselos con el peronismo, incluso paró un tren ferroviario con maples de huevo que ordenó destruir por tener las letras P.P creyendo que eran las siglas de Partido Peronista, siendo en realidad las siglas Pascual Palmada dueño del embarque de huevos.[30]​ en 1956 el dictador Aramburu sancionó el decreto 17.800 por el que se transfirieron a la Dirección General Inmobiliaria las Unidades Turísticas Chapadmalal, Embalse Río Tercero y de Alta Montaña, privatizando dichas unidades turísticas, quedando en muchos casos en manos privadas de los interventores designados por Aramburu.[31]

Exclusión de la reforma constitucional de 1949 y reforma de 1957[editar]

Una de las decisiones del general Aramburu fue la exclusión del texto constitucional de la reforma constitucional de 1949, mediante proclama del 27 de abril de 1956, imponiendo el texto de la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898.

La decisión fue cuestionada por diversos sectores, debido a la imposibilidad jurídica de que se pudiera aceptar que un presidente de facto militar, derogara una constitución e impusiera otra. La derogación por decisión militar de la Constitución, generó una crisis en la Corte Suprema que, si bien aceptaba una cierta legitimidad del régimen por aplicación de la doctrina de los gobiernos de facto, tenía establecido que un régimen así debía ser provisorio y mantener la Constitución como norma suprema. La crisis llevó a la renuncia de uno de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Vera Vallejo.[32]

Luego de intensas discusiones sobre como resolver la cuestión, el gobierno militar decidió convocar a una Convención Constituyente que convalidara el acto. A tal efecto, se decidió también que los convencionales a la misma serían elegidos en elecciones en las que no pudiera participar el Partido Peronista.[32]

Las elecciones se realizaron el 28 de julio de 1957 y en ellas el voto en blanco, propuesto por el peronismo, resultó en la primera minoría.[33]

Elecciones para constituyentes de 1957
Partido Votos % Bancas
Total 8.703.322 100 205
En blanco 2.115.861 24,31
Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) 2.106.524 24,20 75
Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) l.847.603 21,23 77
Partido Socialista (PS) 525.721 6,01 12
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 420.606 4,83 8
Demócrata (PD) 333.749 3,83 7
Partido Demócrata Progresista (PDP) 263.805 3,03 5
Partido Comunista (PC) 228.821 2,63 3
Unión Federal (UF) 159.177 1,83 1
Partido Laborista (PL) 93.172 1,07 3
Partido Cívico Independiente (PCI) 86.441 0,99 1
Partido Conservador* 76.976 0,88 1
Partido de los Trabajadores (PT) 58.312 0,67 1
Partido Liberal de Corrientes* 47.862 0,55 2
Demócrata Autonomista Conservador Popular (Corrientes) 40.269 0,46 1
UCR-Bloquista (San Juan) 30.461 0,35 2
Partido Demócrata Conservador Popular (Chaco, Jujuy y Tucumán)* 25.036 0,28 1
Partido Demócrata Liberal (San Luis y Tucumán)* 24.206 0,28 2
Unión Provincial (Salta)* 11.265 0,13 1
Partido Demócrata Conservador Popular/Partido Demócrata (Catamarca)* 9.689 0,11 1
Fuentes: La Nación,[34]​ Melon Pirro.[35]​ Edgardo Manara.[36]
* Estos partidos provinciales, identificados con el conservadorismo, formaron en la Convención el Bloque Demócrata de Centro, totalizando 8 bancas.

La población peronista votó en blanco siguiendo las instrucciones de Perón. Los partidos políticos que apoyaban la reforma (UCRP, PS, PDC, PDP, PD, PDC y PCI) alcanzaron 120 bancas, mientras que los partidos que estaban en contra de la reforma (UCRI, PL, PdelosT, UF) obtuvieron solo 85 bancas. Estos últimos se presentaron en la Convención Constituyente para dejar constancia de que la misma era ilegítima.[32]

La Convención Constituyente se reunió y en su primera sesión la UCRI, que constituía el bloque mayoritario (77 convencionales), sostuvo su ilegalidad debido a su origen antidemocrático, generando un escándalo en el que se produjeron agresiones y el retiro de los convencionales frondizistas y otras fuerzas opositoras a la dictadura gobernante. A continuación las fuerzas restantes procedieron a convalidar la decisión del gobierno militar de declarar nula la Constitución de 1949 y establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898. Cuando la Convención Constituyente se preparó para proceder a volver a incluir los derechos humanos de segunda generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la economía, que ya habían sido incluidos por la abolida Constitución de 1949, los sectores conservadores que incidían en el quorum de la Convención, debido al retiro de los representantes de la UCRI, comenzaron a retirarse para evitar las reformas. En esa circunstancias, el ala izquierda de la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por su presidente Crisólogo Larralde, presionó a los delegados del partido para que no abandonaran las reuniones y así logró que se aprobara la inclusión del artículo 14 bis, referido a los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.[32]

Pero inmediatamente después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir a la Asamblea, dejando sin quorum a la Convención, que no pudo siquiera tratar la extensa lista de reformas que se había propuesto. La convención se extinguió así informalmente, circunstancia que fue duramente criticada por todo el espectro político.[32]

Sobre el final de la Convención Constituyente de 1957, y ya sin quorum, el convencional socialista Alfredo Palacios, pronunciaba las siguientes palabras:

Los que se han ido serán responsables ante el pueblo y ante la historia. Por hoy basta con el repudio de esta Asamblea y de sus propios compañeros; repudio terrible, Señor Presidente.

Alfredo Palacios.[37]

Comparada con la Constitución de 1949, la reforma constitucional de 1957 realizó algunos agregados y exclusiones de importancia:

  • Agregados: derecho de huelga; la movilidad del salario; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática por la simple inscripción en un registro especial; derecho sindical a concertar convenios colectivos; garantías para los representantes sindicales; naturaleza estatal de la seguridad social; participación de los trabajadores en los organismos de seguridad social. Todos los agregados se encuentran en el art. 14 bis.
  • Exclusiones: derecho de reunión (art. 26); prohibición de discriminar por raza (art. 28); derecho de trabajar (art. 37, I); derecho a la capacitación (art. 37, I); derecho a la preservación de la salud (art. 37, I); derecho a la atención por el Estado de la madre y el niño; igualdad jurídica de hombre y mujer en el matrimonio (art. 37, II); patria potestad compartida (art. 37, II); derechos de la ancianidad (art. 37, III); educación primaria obligatoria y gratuita (art. 37, IV); autonomía universitaria (art. 37, IV); la función social de la propiedad (art. 38); estatización del comercio exterior (art. 40); nacionalización de los recursos mineros y energéticos (art. 40); estatización de los servicios públicos (art. 40); voto directo (arts. 42, 47 y 82).

Levantamiento del general Juan José Valle y fusilamientos[editar]

Portada del libro Operación Masacre (1957) de Rodolfo Walsh, utilizando como imagen el cuadro El tres de mayo de 1808, de Francisco Goya.

El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto de Aramburu, liderado por el general Juan José Valle, quien a su vez estuvo secundado en el mando por el general Raúl Tanco y los dirigentes sindicales Andrés Framini y Armando Cabo.[38][39]

El levantamiento fue rápidamente abortado, debido a que el movimiento había sido infiltrado y el gobierno militar estaba esperando a los insurrectos. El único lugar donde llegó a tener algún éxito fue la ciudad de Santa Rosa (La Pampa), donde tropas y civiles al mando del coronel Adolfo Philippeaux lograron publicar un manifiesto por una radio, aunque posteriormente huyeron. Los sublevados mataron a tres personas -Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez- y tuvieron a su vez dos muertos -Carlos Yrigoyen y Rolando Zanera-, sin contar a los que fueron luego fusilados

Como consecuencia del mismo fueron fusilados 32 civiles y militares, un acto represivo que no tiene antecedentes en la historia argentina. La decisión de fusilar al general Valle respondió a una orden directa del almirante Rojas.

Los fusilamientos estuvieron signados por irregularidades, como la aplicación retroactiva de la ley marcial, decretos pre-redactados, falta de registros sobre la existencia de juicios sumarios y de las órdenes de ejecución, etc. Los mismos incluyeron también fusilamientos clandestinos de civiles en un basural de José León Suárez, que fueron mantenidos ocultos por el gobierno hasta que el periodista Rodolfo Walsh revelara los hechos en un libro clásico titulado Operación Masacre, publicado en 1957. Otro acto abiertamente ilegal fue el asalto a la embajada de Haití por parte de un grupo comando, que violando las reglas sobre asilo diplomático secuestró a los insurrectos allí refugiados, entre ellos el general Raúl Tanco, los cuales fueron devueltos a su asilo cuando el embajador presentó su reclamo.

Los 18 militares fusilados fueron: el general de división Juan José Valle, coronel Ricardo Santiago Ibazeta, coronel Alcibíades Eduardo Cortines, coronel José Albino Irigoyen, teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, capitán Eloy Luis Caro, capitán Dardo Néstor Cano, capitán Jorge Miguel Costales, teniente primero Jorge Leopoldo Noriega, teniente primero Néstor Marcel Ovidela, subteniente Alberto Juan Abadie, suboficial principal Miguel Ángel Paolini, suboficial principal Ernesto Garecca, sargento ayudante Luis Pugnetti, sargento Hugo Eladio Quiroga, sargento Luis Bagnetti, cabo Miguel José Rodríguez, cabo músico Luciano Isaías Rojas. Los 14 civiles fusilados fueron: Clemente Braulio Ross, Norberto Ross, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón Raulvidela, Carlos Irigoyen, Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion, Vicente Rodríguez.

Momentos antes de ser fusilado, el general Valle le escribió una histórica carta al general Aramburu en la que le reclama duramente la decisión de fusilar a los insurrectos y justifica el levantamiento en la necesidad de defender al pueblo de un gobierno que le estaba «imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica». En uno de sus párrafos la carta dice:

Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos.
Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones.

Los fusilamientos han sido fuertemente cuestionados por actores políticos, observadores e historiadores,[40][41]​ tanto por su falta de legalidad como por el grado de violencia innecesaria que los mismos implicaron, así como por sus consecuencias negativas, desatando desde el Estado un ciclo vicioso de violencia y terror que desembocó en el Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980. Más allá de las irregularidades concretas que presentan los fusilamientos en cada caso, quienes cuestionan los mismos destacan que la Constitución Nacional de la Argentina prohíbe la pena de muerte por causas políticas desde 1853.

Entre quienes han justificado legalmente los fusilamientos se encuentra el abogado radical Carlos Alconada Aramburú, quien al momento del levantamiento se desempeñaba como Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y, al año siguiente, fue designado Ministro de Educación y Justicia del gobierno militar. Para Alconada Aramburú, los fusilamientos fueron penas de muerte aplicadas por el delito de insubordinación militar, aplicando las leyes 13.234 de 1948 y 14.062 de 1951. La historiadora María Spinelli afirma que las leyes invocadas por Alconada Aramburú habían sido derogadas por el propio gobierno militar el año anterior de los levantamientos, mediante los decretos-leyes 140 y 8.313.[41]​ También, en sus respectivas Memorias, defendieron los fusilamientos, el almirante Isaac Rojas (1993), quien los justifica en la necesidad de "salvaguardar los logros de la Revolución Libertadora",[42]​ y el contralmirante Jorge Perrén (1997), quien sostiene que era necesario dar un "escarmiento ejemplar al peronismo".[43]

Perón fijó su posición en una carta enviada a Cooke sobre la cual cuenta Miguel Bonasso:

«En carta a Cooke, Perón criticó acerbamente 'el golpe militar frustrado', que atribuyó a 'la falta de prudencia que caracteriza a los militares'. Después, los acusó de haberlo traicionado y conjeturó que, de no haberse ido del país, lo hubieran asesinado 'para hacer méritos con los vencedores'.»[44]

Sobre la misma carta dice el historiador Joseph A. Page:

«En una carta que Perón envió a John William Cooke el mismo día del levantamiento de Valle, no había la más mínima traza de compasión por los militares rebeldes. El conductor criticaba su apresuramiento y falta de prudencia y aseguraba que sólo su ira por haber debido sufrir el retiro involuntario los había motivado a actuar».[45]

Legislación laboral[editar]

Luego del golpe de 1955, se produjo por una parte la ocupación de todos los locales sindicales combinado con represión y encarcelamiento para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales.[46]​luego del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre, Pedro Eugenio Aramburu lo hizo impulsando una política antiobrera que incluyó: proscripción de dirigentes sindicales peronistas; intervención de la CGT; se declararon nulas y disueltas las comisiones internas por parte del Ministerio de Trabajo; nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos; derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, quedando restringido el derecho de huelga.[46]​Al momento de su designación como Ministro por el dictador Pedro Eugenio Aramburu, se encontraba retirado. Durante su gestión se dio una extensa huelga de trabajadores de astilleros en 1956. La llamada “Huelga de los Locos” hace referencia al paro protagonizado por los miembros de la Federación de Obreros en Construcciones Navales-Autónoma (FOCN) entre octubre de 1956 y noviembre de 1957, siendo la huelga más extensa de la clase obrera argentina en el siglo XX. desarrollo de los Ferrocarriles Argentinos.[47]

En materia laboral creó el régimen de asignaciones familiares para empleados de comercio[48]​ y trabajadores de la industria.[49]​aprobó la primera regulación laboral específica para trabajadores domésticos –fijado por un decreto de 1956–, reconociéndoles relación de dependencia a quienes trabajabann por lo menos cuatro horas diarias, cuatro días a la semana, y reconociéndoles a partir de entonces una indemnización por despido de medio mes por año de servicio[50][51]​También incrementó a $ 30.000 el monto de la indemnización por accidente de trabajo.[52]​Las cajas de jubilaciones de asalariados tuvieron entre 1950 y 1954 un superávit que rondaba el 4 por ciento del PBI, el resultado se revirtió rápidamente tras el golpe de Estado y las cajas pasaron a exhibir un elevado déficit, a partir de 1955 la jubilación media se redujo en un tercio en moneda constante, a una tasa de descenso aún mayor que la de los salarios. [53]​ El decreto/ley 9270/56, eliminó la personería gremial que otorgaba determinados derechos a los sindicatos más representativos, que así pasaban a ser entidades simplemente inscriptas, en igualdad de condiciones con los sindicatos menos representativos.

Política económica[editar]

En el ámbito económico, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se decretó la intervención de la CGT, la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales y la restricción del derecho de huelga, el desmantelamiento de IAPI y la privatización de los depósitos bancarios. Se dispuso la intervención de 40 firmas nacionales y extranjeras, entre ellas industrias como Kaises Argentina, Mercedes Benz, Fiat, Deuz, etc. En 1956 firmó un acuerdo con empresas fabricantes de tractores que lo llevó a un fuerte conflicto con la cámara argentina de fabricación de tractores y maquinaria agrícola, por los contratos que otorgaban el total control del sector a cuatro empresas extranjeras. La cámara sotenía que el oligopolio permitía a dichas firmas incrementar los precios abruptamente y cometer prácticas desleales, violentando los principios de competencia.[54]​Se promovió la industrialización de la Patagonia[cita requerida].Al finalizar su período, Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido hasta alcanzar los 1800 millones de dólares.[55]​ El déficit fiscal que en 1957 era de 27 000 millones de pesos moneda nacional, en 1958 se elevó a 38 000 millones.[55]​ Durante su gestión sumó nuevas obligaciones externas por 700 millones de dólares estadounidenses, que no pudo pagar, dejando al país al borde del default.[56][57]​ En 1955, meses antes de asumir como minsitro, Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 millones de dólares en reservas.[56][58]​Al finalizar la dictadura Argentina se encontraba en default, y la deuda externa había crecido. Cuando la dictadura tomó el poder Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 millones de dólares en reservas. Al retirarse en 1958, la deuda externa era de 1800 millones de dólares. El déficit fiscal que en 1957 era de 27.000 millones de pesos, en 1958 se elevó a 38.000 millones.[59]

Fundó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el 4 de diciembre de 1956 por medio del Decreto Ley 21.680/56. El organismo nació con la finalidad de «impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural». Se realizó e inaugró la Usina de San Nicolás, en 1957.

Política cultural y educativa[editar]

Siguiendo la política general de proscripción del peronismo, la dictadura militar reprimió sistemáticamente la expresión de las ideas de esa corriente política. Las posturas en contra del peronismo se profundizaron, decidiéndose la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación política para sus dirigentes más destacados. De ese modo, fueron clausuradas publicaciones como la revista «De Frente» y el periódico Palabra Argentina, este último clausurado el 9 de junio de 1957, simultáneamente con el encarcelamiento de su director, Alejandro Olmos.[26]​Se dispuso que fueran intervenidos los más importantes periódicos colocando en ellos personas favorables al régimen. Carlos Alberto Erro fue el interventor de ALEA y ATLAS y se asignó a José Barreiro, director de El Mundo; también fueron intervenidos o expropiados el diarioMundo Argentino; el Hogar Democracia La Época; y Crítica. El 13 de junio de 1957 apareció muerto en su estudio de la calle San Martín 536, el doctor Marcos Satanowsky. El crimen estaba vinculado con la tenencia de las acciones del diario La Razón, intervenido por Aramburu. Peralta Ramos había recibido presiones y extorsiones para que entregara el diario al gobierno de Aramburu.[60]​La Marcha de la Libertad teniendo como objetivo la desperonización y combinando un gran despliegue de su aparato de propaganda, fue impuesta obligatoriamente dentro de las escuelas.[61]

Se dictaron desde un primer momento una serie de disposiciones tendientes a eliminar todas aquellas referencias que de forma gráfica, escrita u oral hicieran mención al gobierno peronista. Como parte de la campaña de "desperonización de la sociedad" se encargo de aplicar el decreto 4161 que prohibía los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista. Se establecía una pena de prisión de treinta días a seis años para los infractores. Adicionalmente las personas culpables debían pagar una multa y quedaban inhabilitadas para desempeñar cargos públicos, sindicales o en partidos políticos. Si se trataba de una empresa comercial, en la primera ocasión era clausurada quince días y si infringía el decreto por segunda vez era clausurada permanentemente, por lo que se dejaron sin efecto los nombres alusivos al peronismo tales como Eva Perón, Juan Domingo Perón, 26 de julio, 8 de octubre (cumpleaños de Perón), 7 de mayo (cumpleaños de Eva Perón) y 17 de octubre entre otros.

Se llegó al extremo de castigar a deportistas: cualquier figura del deporte relacionada o sospechada de haber brindado su apoyo a Perón, o de haber recibido favores de éste, pagaba con la exclusión social. Tal situación afectó a un centenar de atletas, como el remero olímpico Eduardo Guerrero, los campeones mundiales de básquet de 1950, el campeón sudamericano de bochas Roque Juárez, el maratonista Delfo Cabrera y hasta los corredores Walter Lemos y Osvaldo Suárez, que por consecuencia de la suspensión no pudo competir en la Maratón de Melbourne 1956.[62]

En materia universitaria se expulsaron a profesores simpatizantes del peronismo de las escuelas y universidades. La persecución motivó a muchos profesores a exiliarse. En los meses siguientes cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. [63][64]​Se 1955 intervienen todas las universidades, se proyecta retornar a la autonomía universitaria respecto del gobierno con cogobierno estudiantil e independencia en la administración de los recursos y el nombramiento de los profesores, así traer un impulso modernizador.[65]​ El socialista José Luis Romero, fue nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires, a partir de una terna elevada por la FUBA. Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Es demolido el Palacio Unzué, casona que había pertenecido a la familia Unzué, en 1958 definió que el Palacio Unzué debería ser demolido.

Por otro lado, en enero de 1956 el gobierno creó por decreto la Universidad Nacional del Sur (UNS) en la sureña ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Por iniciativa de Atilio Dell'Oro Maini también se ocupó de la situación de las Academias Nacionales existentes en el país. El peronismo, disgustado entre otras cosas porque la Academia Argentina de Letras había rehusado solicitar el Premio Nobel de Literatura para Eva Perón, les había quitado el derecho de elegir sus miembros y sus autoridades. El Ministro hizo aprobar un decreto-ley que continuó sin modificaciones en sucesivos gobiernos posteriores, dándoles autonomía académica y si bien debían rendir cuenta de la inversión de los fondos que entregara el Estado para su financiación, el gobierno no intervenía en su funcionamiento ni en la elección de sus autoridades.[cita requerida]

Simultáneamente al impulso brindado a las universidades nacionales tradicionales, el gobierno militar implementó una política de desfinanciamiento y postergación de la Universidad Obrera Nacional (UON), creada durante el gobierno de Perón, con la evidente intención de organizarla como instituto de formación no universitario. Los estudiantes de la UON se organizaron para reclamar la misma organización y reconocimiento que las demás universidades, y comenzaron a denominarla Universidad Tecnológica Nacional, denominación que finalmente fue adoptada de manera oficial, cuando la misma fue reconocida y organizada como universidad en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi.[66]​El decreto incluyo también la cesantía de profesores universitarios, médicos y la elaboración de listas negras de artistas peronistas, a los cuáles se les negó créditos y censuró a través de diversos organismos y se los inscribió en listas negras, negandoles cualquier tipo de ayuda económica y prohibiéndoles participar de muestras artísticas.[67]​ Producido el Golpe de Estado de 1955, el dictador Eduardo Lonardi emitió un bando donde Isidro Odena, fue nombrado Director Nacional de Radiodifusión. Pocos días después del derrocamiento del gobierno peronista varias escuelas fueron intervenidas, los estudiantes comenzaron a movilizarse, ocuparon establecimientos. Tanto en las escuelas dependientes del nivel nacional como en aquellas que estaban a cargo de la provincia de Buenos Aires, los ministros de Educación establecieron que las clases terminarían antes de tiempo, el 11 de noviembre. En un contexto igualmente conflictivo, se inició el período lectivo siguiente,20 con el agravante de que la epidemia de poliomielitis lo retrasó en las instituciones de educación primaria hasta mediados de mayo. [68]​Se procedió a una masiva censura de los libros de lectura y enseñanza Asimismo, cada una de las recien creadas Inspecciones de Enseñanza de los distritos de la provincia se abocaron a elegir los textos de lectura y depuraron de los textos vigentes.[69]​fueron acompañadas, en este contexto, de medidas orientadas al desplazamiento de docentes que pudieran ser identificados con el peronismo o el comunismo a través del decreto nº 2035 serie A del 28 de diciembre, a partir del cual, la Subsecretaría de Educación reglamentaba criterios de despido docent

En 1957 se sancionó por decreto la denominada "Ley del Cine", que creó el primer organismo especializado con el nombre de Instituto Nacional de Cinematografía (INC).[70]​ se cortan los créditos y el cine argentino enfrenta su peor época: se suspende por completo la producción y durante dos años no se estrenará ningún film argentino. El cine estuvo signado por una paralización de la producción cinematográfica, la suspensión de los créditos y la persecución de los hombres y mujeres de la industria cinematográfica que padecían la inclusión en listas negras, especialmente los ligados al peronismo o la izquierda.[71]​se elaboraron películas panfletarias[72]​ En 1955 Lucas y Atilio Mentasti, propietarios de Argentina Sono Films, fueron arrestados.[73]​se elaboran películas propagandísticas como Después del Silencio[74]​o el mito, con el objetivo de intentar desacreditar al peronismo.[75]​Se adoptaron medidas económicas a favor del catolicismo en las ecuelas, que comenzaron con el restablecimiento de subsidios a colegios religiosos el 19 de febrero de 1956, el 22 de mayo de 1957 se firmá el decreto por el cual se otorgaba a la educación privada subsidios.Estado e iglesia católica atendía también, la construcción de fundamentos políticos y pedagógicos sobre las modificaciones realizadas y por realizar en el curriculum oficial y especialmente en lo vinculado a la inclusión de la religión en la escuela pública. El 9 de junio el Consejo de Educación obliga a incluir en el horario de clases la enseñanza de la religión católica. Esta materia hacia finales de 1956 sería incorporada al curriculum oficial en carácter de materia de promoción obligatoria para los alumnos. [76]

A partir de 1957, con la nueva reglamentación de la radiodifusión, el medio entró en un terreno complejo. La censura y el cuidado de los contenidos en los programas se convirtieron en una práctica frecuente.[77]​Durante la misma, dictadura de 1955 a 1958, figuras identificadas con el depuesto gobierno de Perón fueron prohibidas: Hugo del Carril, Alberto Castillo, Tita Merello, Nelly Omar, Luis Elías Sojit, Américo Barrios, entre otras.[78]​ Asimismo se dictaron nuevas reglamentaciones con las que el medio entró en un terreno complejo, donde la censura y el cuidado de los contenidos en los programas se convirtieron en una práctica frecuente.[79]​Muchos tangueros peronistas, como Hugo del Carril, Nelly Omar, Héctor Mauré, Anita Palmero, Chola Luna, entre otros, fueron perseguidos por sus ideas y prácticamente nunca más volvieron a trabajar. Tormo, llamado «el cantor de los cabecitas negras» y reconocido como el «inventor del folklore de masas», sería prohibido por la dictadura.

Ante la censura oficial del régimen fueron creados períodicos clandestinos de breve duración ya que muchos fueron censurados y sus editores y periodistas encarcelados, entre ellos El Descamisado, dirigido por Malfredo Sawady; y La Argentina, dirigida por Nora Lagos, cDoctrina, dirigida por José Rubén García Martín, El Fedrealista, dirigido por José Antonio Guemes.Luego se incorporarían durante los siguientes años Tres Banderas y Compañeros, ambos dirigidos por J. Bernado Iturraspe; Bandera Popular, Palabra Argentina, dirigido por Alejandro Olmos; Palabra Prohibida, dirigido por Luis A. Sobrino Aranda; Rebeldía, dirigido por Manuel E. Bustos Nuñez; Línea Dura, dirigido por María Granata; etc.[80]

Se creo el Fondo Nacional de las Artes dirigido por Victoria Ocampo. El gobierno militar desmanteló el CONITYC[81]​ que había congregado a importantes científicos, como el físico José Balseiro, Enrique Gaviola, el ingeniero nuclear Otto Gamba, los cuales debieron exiliarse o trabajar de forma privada, y se lo renombró como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), designando a su frente al Premio Nobel Bernardo Houssay.[82]

Relaciones exteriores[editar]

Respecto a las relaciones exteriores se produjeron varias controversias, en 1957 agentes del régimen militar presidido por Pedro Eugenio Aramburu colocan un artefacto explosivo en el automóvil asignado a Juan Domingo Perón que se hallaba exiliado en Caracas[83]​ al estallar un vehículo de su propiedad en la esquina de Venus, en Caracas muriendo tres ciudadanos venezolanos. El gobierno venezolano procedió a llamar al Embajador de Venezuela en Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela declaró persona no grata al embajador argentino Toranzo Montero, responsable del atentado. El comunicado emitido por el Ministerio explicaba que lo efectuaba por “existir fundados indicios de que en la sede de la Representación Diplomática de la República Argentina se ha venido fraguando sucesivos atentados contra la vida de refugiados políticos que en nuestro país, se acogen al derecho de asilo territorial”. A los pocos días agentes argentinos perpetran un nuevo atentado en Caracas que terminó con la muerte de cinco venezolanos en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Pérez Jiménez acusó la injerencia extranjera y rompió relaciones con Argentina.[26]

En Panamá un comando argentino fue enviado al Hotel Washington con el objetivo de matar a Perón. La guardia nacional panameña pone hombres para custodiar a Perón. La guardia nacional panameña descubre intentos para asesinar a Perón, pero fueron frustrados y deportados los mercenarios, lo que originó una grave crisis diplomática con Argentina.[84]

Durante su gestión también se produce el asalto argentino a la embajada de Haití. En 1956, en la madrugada del jueves 14 una veintena de hombres fuertemente armados comandados por el general Domingo Quaranta, jefe del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE) penetra violentamente en la sede diplomática haitiana, sacando por la fuerza a siete asilados políticos. Estos son obligados a ubicarse a lo largo de la verja exterior de la embajada. El grupo asaltante se posiciona frente a ellos preparando sus armas con la intención es fusilarlos allí mismo. Pero se presenta Therese Brierre, esposa del embajador. El general Quaranta, mano derecha del dictador Pedro Eugenio Aramburu la aparta bruscamente “-callate negra hija de puta”. Ante el escándalo un grupo de vecinos se acerca. La señora Brierre por vía telefónica denuncia inmediatamente el hecho a las agencias internacionales de noticias y se comunica con el ministerio de asuntos exteriores haitiano solicitando su intervención, logrando salvar a los asilados que iban a ser fusilados.[85]

En 1958 el régimen de Aramburu financió, entrenó y apoyó la invasión al Paraguay desde territorio argentino de un comando militar que atacó el 1 de abril la localidad de Coronel Bogado, causando la muerte de un número nunca determinado de ciudadanos paraguayos, con el fin de anular la influencia brasileña en la dictadura del general Alfredo Stroessner. Paraguay denunció la agresión argentina ante la Organización de Estados Americanos y la crisis llevó a que Argentina y Brasil quedaran al borde de la guerra.[86][87]

En 1956 llegó a Venezuela un individuo llamado Lluvisa Nicodevieth, procedente del Estado Libre de Tánger contratado por el Secretario de la Embajada Argentina en Venezuela, A Rottjer quién lo había contratado por intermedio de una organización delictiva, para ejecutar un a Perón en Venezuela.

Durante la noche del 22 de noviembre de 1955, por órdenes directas del dictador Pedro Eugenio Aramburu, un comando de marinos al mando del teniente coronel Carlos de Moori Koenig entró por la fuerza en el edificio de la CGT, derribó el busto de Evita que se encontraba en el primer piso y con armas forzaron la puerta de la capilla del segundo piso. Allí quemaron las banderas argentinas dispuestas sobre el cadáver de Eva Duarte y orinaron sobre el mismo.[88]​ El relato del exmayor Jorge Dansey Gazcón difiere, ya que asegura que fue él quién lo trasladó.[89]​ Desde ese momento se estableció un itinerario macabro y perverso.[90]​ Aramburu destituyó a Moori Koenig y le encomendó al coronel Héctor Cabanillas sepultarlo clandestinamente. [91]​El 23 de abril de 1957 el cadáver fue trasladado en secreto en el barco Conte Biancamano a Génova (Italia) en un ataúd que se explicaba pertenecía a una mujer llamada María Maggi de Magistris y fue enterrado bajo ese nombre en Milán.[90]

El gobierno del general Lonardi tuvo una vida efímera y su gestión con respecto a la URSS no alcanzó a delinearse. Con el arribo, en noviembre de 1955, de Pedro Eugenio Aramburu comenzó a precisarse la política hacia Moscú, con una base ideológica netamente anticomunista, durante el lapso de la dictadura las relaciones comerciales y diplomáticas argentino-soviéticas volvieron a entrar en un impasse, con una caída de los montos del intercambio a pesar de no anularse el convenio vigente con la URSS, siendo el año1956 el de mayor deterioro que comenzó a manifestarse en el comercio pero se extendió a los vínculos diplomáticos y políticos.[92]​También fueron deterioradas las relaciones con todos los países del bloque oriental.[93]

La Revolución Libertadora y la oposición peronismo-antiperonismo[editar]

La Revolución Libertadora ha sido materia de encendido debates sobre su justificación, en el marco de la oposición entre peronismo y antiperonismo. Históricamente, peronistas y antiperonistas se han acusado mutuamente de no proceder en forma democrática: el peronismo señalando la participación de políticos no peronistas y antiperonistas en complots, actos terroristas e intentos de golpes de Estado;[94]​ y algunos no peronistas y los antiperonistas calificando como autoritario el proceder de algunos actos del gobierno, algunas medidas sobre los medios de comunicación y algunas acciones represivas.[95]

Sin embargo esos debates se han ido atenuando desde la instalación definitiva de la democracia el 10 de diciembre de 1983. Los gobiernos democráticos instalados desde entonces, han tendido a no reconocer legitimidad histórica a ninguno de los gobiernos militares, incluida la Revolución Libertadora, y se han abstenido de utilizar los nombres de sus gobernantes de facto para designar calles, edificios, plazas y otros espacios públicos, así como realizar actos de conmemoración de los golpes, a la vez que se han aprobado iniciativas para cambiar nombres de espacios públicos que llevaban sus nombres.[96]​ En sentido contrario, los nombres de funcionarios del gobierno peronista derrocado en 1955, incluido el del presidente Juan D. Perón, han sido aplicados a diversos ámbitos públicos.[97]

Dentro de esta tendencia es el proceso de cambio de nombre del tramo autopista de la Ruta Nacional Nº 9 que une las ciudades de Rosario y San Nicolás. Al mismo se le había sido dado el nombre de Pedro Eugenio Aramburu en 1979, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.[98]​ En 2005, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, aprobó una resolución declarando que la misma debía ser renombrada como Juan José Valle, en memoria del militar peronista fusilado por la Revolución Libertadora.[99]​ Poco después, ese mismo año, hicieron lo mismo los concejos deliberantes de las ciudades de San Nicolás y Villa Constitución.[100]​ En 2006, el senador justicialista y ex gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann y la senadora Roxana Latorre, presentaron un proyecto de ley para dar a la Ruta 9 el nombre de Juan José Valle en toda su extensión, obteniendo la media sanción de la cámara el 11 de abril de 2007; pasado a la Cámara de Diputados, fue aprobado por unanimidad en comisión el 10 de junio de 2008.[101]

En 2008 se inauguró también, frente a la Casa Rosada, un monumento en memoria de las víctimas del Bombardeo de Plaza de mayo de 1955.[102]

Los fusilamientos y secuestro de Aramburu[editar]

El peronismo y algunos otros sectores de opinión, suelen utilizar el término «Revolución Fusiladora» para referirse a éste período, aludiendo a los fusilamientos de 1956, luego de un fracasado el intento de levantamiento contra el régimen militar encabezado por el general Juan José Valle.[103]

En 1970 el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por el grupo guerrillero Montoneros, de extracción católica, peronista e izquierdista, y sometido a lo que la organización llamó un «juicio revolucionario» en el que Aramburu no pudo ejercer su defensa y cuyo resultado estaba decidido de antemano. Según la versión de Montoneros, a Aramburu se le imputaron «108 cargos de traidor a la patria y de asesino de 27 argentinos», refiriéndose en este último caso, a los fusilamientos derivados del levantamiento del general Juan José Valle. El «juicio revolucionario«» impuso pena de muerte al general Aramburu, la que fue ejecutada mediante un tiro de pistola por Fernando Abal Medina el 1 de junio de ese año.[104]​ Algunos historiadores han afirmado que las causas de la muerte de Aramburu fueron más complejas, y estaban relacionadas con las circunstancias políticas en las que se estaba desenvolviendo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, frente al cual el general Aramburu estaba organizando una oposición que llevara a una salida electoral.[105][106][107][108]

A partir del golpe de 1955 también se popularizó el término "gorila", para denominar a los civiles y militares antiperonistas. El término fue tomado de un sketch cómico del humorista Aldo Cammarota que no tenía connotaciones políticas. Inicialmente tuvo un sentido elogioso de los militares y civiles que conspiraban para derrocar a Perón. Con el paso del tiempo, el término adoptó un sentido peyorativo. Desde entonces, la población comenzó a utilizar esa misma expresión para referirse a los movimiento de las tropas.[109][110]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Osvaldo Pellettieri (2006). «La nacionalización del teatro independiente». Teatro del Pueblo: una utopía concretada. Consultado el 7 de septiembre de 2014. 
  2. Por decreto 415 del 6 de octubre de 1955 se dispuso el cese de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
  3. Lettieri, Alberto (2012). «17. La 'Revolución Fusiladora'». La historia argentina en clave nacional, federalista y popular. Buenos Aires: Kapelusz Norma. pp. 209-216. ISBN 978-950-13-0476-3. 
  4. Elsa Portugheis (coord.) (2010). «Atentado del 15 de abril de 1953». Bombardeo del 16 de junio de 1955. Buenos Aires: Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina. pp. 135-142. ISBN 978-987-1407-88-0. 
  5. Rapaport, Mario; Spiguel, Claudio (1995). EEUU y el peronismo: la política norteamericana en la Argentina, 1949-1955. Buenos Aires: Emece. ISBN 9506943842. 
  6. Verbitsky, Horacio (2011). «Una alegría fugaz». Historia política de la Iglesia Católica. 2 (De Lonardi al Cordobazo). Buenos Aires: Sudamericana. ISBN 978-950-07-3433-2. 
  7. Verbitsky, Horacio (10 de septiembre de 2017). «Subjetividad, historia y política». Página/12. 
  8. Verbitsky, Horacio (2011). «Un gabinete clerical». Historia política de la Iglesia Católica. 2 (De Lonardi al Cordobazo). Buenos Aires: Sudamericana. ISBN 978-950-07-3433-2. 
  9. Eduardo Lonardi. Presidente de facto, País Global.
  10. Bonifacio del Carril, Crónica Interna de la Revolución Libertadora, 142-143. "A mi juicio el gobierno revolucionario debía ser enteramente apolítico. A fin de completar la obra de la Revolución, su misión era establecer en el país las condiciones que eran necesarias para que la política pudiese desarrollarse libremente en la calle. (...) La reconstrucción no debía de ninguna manera ser dirigida. Para que fuese auténtica y verdadera debía ser libre y espontáneamente realizada por el pueblo."
  11. La frase "sin vencidos ni vencedores" fue insertada por Justo José de Urquiza en una cláusula del tratado que firmara el 8 de octubre de 1851, con motivo de la rendición de Manuel Oribe, aliado de Juan Manuel de Rosas, en la Guerra Grande uruguaya, pocos días después que Urquiza en alianza con Brasil, iniciara su enfrentamiento a Rosas, y que terminaría con la caída de este último al año siguiente.
  12. Pigna, Felipe (2007). ¿Ni vencedores ni vencidos?, Clarín, 16 de septiembre de 2007.
  13. Bonifacio del Carril, Crónica Interna de la Revolución Libertadora, páginas 152 y 153
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  94. "Fueron muchas las conspiraciones que se fueron tejiendo, casi todas ellas totalmente locas y sin ninguna posibilidad de concretarse, pero que de todos modos dan la idea de que por parte de la oposición tampoco existía la idea de un juego leal." Luna, Félix (1993). Breve historia de los argentinos, Buenos Aires, Planeta.
  95. "Era una atmósfera en donde la oposición era tomada como si fuese una sombra negativa en el país, un sector que, por no compartir los ideales de la mayoría, debía ser marginado del proceso político". Luna, Félix (1993). Breve historia de los argentinos, Buenos Aires, Planeta.
  96. En Junín seguirán recordando a dictadores, Desaparecidos.org.
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  99. Proyecto de ley para designar con el nombre de general Juan José Valle al tramo de la ruta Nacional 9 - San Nicolás, provincia de Buenos Aires - Rosario, Provincia de Santa Fe., Cámara de Diputados de la Nación.
  100. Piden cambiar nombre a la autopista, Villa Constitución.
  101. El proyecto fue presentado el 15 de agosto de 2006 y tramitó en el Senado por expediente 2870-S-2006. En la Cámara de Diputados tramita por expediente 0037-S-2007. Fuente: Base de datos del Congreso de la Nación Argentina.
  102. La Presidenta inauguró un monumento al cumplirse el 53º aniversario del bombardeo de Plaza de mayo de 1955, Sitio oficial de la Presidencia de la Nación Argentina, 17 de junio de 2008.
  103. Revolución fusiladora y proscripción del peronismo
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Notas[editar]

Enlaces externos[editar]