Primer bienio de la Segunda República Española

Alegoría de la República usada por el Gobierno

El primer bienio de la Segunda República Española, también llamado, bienio social-azañista, bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza y radicaliza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El gobierno social-azañista dura hasta septiembre de 1933 en que se produce la ruptura de la alianza entre republicanos y socialistas. Algunos historiadores incluyen en el primer bienio el período del Gobierno Provisional (que otros llaman periodo constituyente), bien desde el mismo 14 de abril en que se proclama la República y asume la presidencia provisional de la misma Niceto Alcalá-Zamora o desde el 14 de octubre en que Manuel Azaña es el nuevo presidente tras la dimisión de Alcalá-Zamora y su compañero de partido de la Derecha Liberal Republicana Miguel Maura por estar en desacuerdo con la redacción final que se ha dado al artículo 26 de la Constitución que trata la cuestión religiosa.

El programa político del gobierno republicano-socialista de Azaña

Manuel Azaña.

Durante el primer bienio se puso en marcha un programa de reformas que apuntaba a un cambio decisivo de todos los parámetros que habían sido esenciales en la sociedad de la Restauración. "La estructura del Estado con la implantación de la democracia de partidos y autonomías regionales, plasmadas en la Constitución. La transformación del sistema de tenencia de la tierra, con la reforma agraria [y el cambio del marco de relaciones laborales, tanto en el campo como en la industria y los servicios]. La recuperación por las fuerzas laicas de la hegemonía ideológica, lo que explica todo el intento de reformismo eclesiástico y educativo. La conversión del aparato militar en un instrumento moderno, mínimo y controlado, de un Estado que había renunciado a la guerra constitucionalmente, alejado de veleidades políticas como las que dieron lugar a la dictadura en los años veinte".

Pero todo este amplio abanico de reformas que intentaban solucionar las cuestiones pendientes (la "cuestión política" y la "cuestión regional”, la "cuestión agraria" y la "cuestión social", la "cuestión religiosa" y la "cuestión militar"), encontró gran resistencia desde sus primeros pasos por parte de los grupos sociales y corporativos a los que las reformas intentaban "descabalgar" de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo “africanista”.

Pero también existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario: el de revolucionarismo a ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas (la CNT y la FAI) y un sector del socialismo, el vinculado al sindicato UGT. Para ellos la República representaba el "orden burgués" (sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, Dictadura y Monarquía) que había que destruir para alcanzar el "comunismo libertario", según los primeros, o el "socialismo", según los segundos.

El programa de reformas se inició desde el mismo momento en que el Gobierno Provisional se hizo con el poder el 14 de abril de 1931. Pero el impulso mayor lo recibió cuando, tras la aprobación de la Constitución y la elección como primer Presidente de la República de Niceto Alcalá Zamora, Manuel Azaña presentó su segundo gobierno el 15 de diciembre de 1931, integrado exclusivamente por republicanos de izquierda (Acción Republicana, Partido Radical-Socialista, ORGA, Esquerra Republicana de Cataluña) y socialista.

Pero la izquierda llegaba al poder no en el mejor de los tiempos posibles. La depresión económica que azotaba a Europa y a Estados Unidos, aunque en España fue menos profunda, sí que afectó a la construcción y a las pequeñas industrias a ella vinculadas, un sector que había sido uno de los motores del crecimiento económico y de la creación de empleo desde el final de la "Gran Guerra" (cayeron en picado las licencias de nuevas obras y se paralizaron las obras públicas). En consecuencia creció el desempleo en las ciudades, e indirectamente se incrementó el subempleo en el campo, ya que los jornaleros ya no podían emigrar a las ciudades donde volvía a escasear el trabajo. Creció además el sentimiento de inseguridad de los trabajadores que sí tenían empleo, que no sabían si el sábado en que recibían la paga, ésta iría acompañada con el volante de despido. Y además, esa crisis económica coincidió con las enormes expectativas de mejora de vida que el cambio de régimen político había alumbrado entre los sectores populares, entre obreros y campesinos, antes de que la República tuviera tiempo de asentar y extender una cultura política democrática. Fue en esas circunstancias de crisis económica y de crecientes expectativas populares, cuando la coalición de izquierda comenzó a gobernar.

La reforma militar de Azaña

Cuando se forma el segundo gobierno de Azaña en diciembre de 1931, las reformas principales en este campo ya están en marcha. Fueron obra del propio Azaña, que en el Gobierno Provisional desempeñó el Ministerio de la Guerra, cargo que desde octubre de 1931 había simultaneado con el de presidente del gobierno.

La modernización del Ejército

Para reducir el excesivo número de oficiales (un problema histórico del Ejército español), el Gobierno Provisional había aprobado a propuesta de Azaña el 25 de abril de 1931 un decreto de retiros extraordinarios en el que se ofrecía a los oficiales del Ejército que así lo solicitaran la posibilidad de apartarse voluntariamente del servicio activo con la totalidad del sueldo. Casi 9.000 mandos (entre ellos 84 generales) se acogieron a la medida, aproximadamente un 40 % de la oficialidad (el mayor porcentaje de abandonos se produjo en los grados superiores), y gracias a esto Azaña pudo acometer a continuación la reorganización del Ejército, tanto de la península como de África.

Por un decreto de 25 de mayo de 1931 se reorganizó el ejército de la península. Se rebajó el número de divisiones de 16 a 8; las capitanías generales creadas por Felipe V a principios del siglo XVIII fueron suprimidas (y con ellas las regiones militares, divisiones administrativas de la Monarquía) y fueron sustituidas por ocho divisiones orgánicas, y sendas Comandancias Militares en Canarias y Baleares, al mando de las cuales se puso a un general de división (el empleo más alto que podía alcanzar un militar al haberse suprimido el rango de teniente general). Asimismo, en consonancia con la definición aconfesional del Estado, se suprimió el Cuerpo Eclesiástico del Ejército constituido por los capellanes castrenses.

El decreto 4 de julio de 1931, que reorganizó el Ejército de África, separó los cargos de Alto Comisario, encomendado a un civil, del de Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, asumido por un general y subordinado al primero.

Otra de las cuestiones que abordó Azaña fue el conflictivo tema de los ascensos, promulgando unos Decretos de mayo y junio de 1931 por el que se anulaban gran parte de los producidos durante la Dictadura de Primo de Rivera por "méritos de guerra" lo que supuso que unos 300 militares perdieran unos o dos grados, y que otros sufrieran un fuerte retroceso en el escalafón, como en el caso del general Francisco Franco. Estos decretos fueron confirmados por la Cortes por una ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad de 12 de septiembre de 1932 que además estableció un baremo para los ascensos en los que primaba la antigüedad y la capacitación profesional. Asimismo esta ley unificó en una única escala a los oficiales de carrera y a los procedentes de la tropa.

Azaña también decretó el 1 de julio de 1931 el cierre de la Academia General Militar (sita en Zaragoza y que fue clausurada el 14 de julio, el mismo día en que se abrieron las Cortes Constituyentes), y que dirigía el general Franco. Azaña repartió los alumnos de la Academia General en las academias de las armas respectivas (Toledo: Infantería, Caballería e Intendencia; Segovia: Artillería e Ingenieros; Madrid: Sanidad Militar).

Algunos oficiales interpretaron la clausura de la Academia General como un golpe al espíritu de cuerpo del ejército, puesto que era la única institución en la que los oficiales de las distintas armas se formaban juntos. También protestaron cuando una ley de septiembre de 1932 obligó a los candidatos a ingresas en las academias de oficiales a servir en el ejército seis meses y a seguir cierto número de cursillos en una Universidad.

En marzo de 1932 las Cortes aprobaron una ley que autorizaba al ministro de la Guerra a pasar a la reserva a aquellos generales que durante seis meses no hubieran recibido ningún destino. Era una forma encubierta de deshacerse de aquellos generales de los que el gobierno dudara de su fidelidad a la República. La misma ley disponía que los oficiales que hubieran aceptado el retiro establecido en el decreto de mayo de 1931 perderían sus pensiones si eran hallados culpables de difamación según la Ley de Defensa de la República. Esta última medida levantó un vivo debate en las Cortes, ya que tanto Miguel Maura como Angel Ossorio y Gallardo denunciaron la injusticia de la que podrían ser víctimas los alrededor de 5000 oficiales recientemente retirados que en un momento dado criticaran al Gobierno. Azaña respondió que sería intolerable para la República el tener que pagar a sus “enemigos”.

Asimismo en diciembre de 1931 se creó el cuerpo de suboficiales, con la posibilidad de incorporarse al Cuerpo de oficiales en la Escala de Complemento y además se les reservaba el 60% de las plazas en las academias militares. De esta forma se pretendía democratizar la base social e ideológica de los mandos del Ejército. Y también se pretendía estrechar el vacío profesional que había entre los oficiales y los suboficiales.

Una Ley de 6 de febrero de 1932 creó el Consorcio de Industrias Militares, que agrupaba a las fábricas de armas y de explosivos existentes con el fin de centralizar y aumentar su producción, y de esa forma abastecer de un material más moderno del Ejército sin recurrir a las compras en el extranjero, sino mediante el incentivo de la producción propia.

Por último, en cuanto al servicio militar obligatorio éste se redujo a 12 meses (cuatro semanas para los bachilleres y universitarios), pero mantuvo la redención en metálico del servicio militar, aunque sólo podía aplicarse a partir de los seis meses de permanecer en filas.

El mantenimiento de la jurisdicción militar en el orden público

Además de modernizar unas Fuerzas Armadas obsoletas Azaña pretendía “civilizar” la vida política poniendo fin al intervencionismo militar, uno de cuyos hitos fundamentales había sido la "Ley de Jurisdicciones" de 1906, cuya derogación fue la primera decisión que tomó Azaña, sólo tres días después de haber tomado posesión de su cargo como ministro de la Guerra.

Sin embargo la derogación de la “Ley de Jurisdicciones” no supuso en absoluto que en la República la jurisdicción militar dejara de aplicarse a individuos civiles con motivos de orden público, como había sucedido durante la Monarquía de la Restauración y durante la Dictadura de Primo de Rivera. El poder militar siguió ocupando una buena parte de los órganos de la administración del Estado relacionada con el orden público, desde las jefaturas de policía, Guardia Civil y Guardia de Asalto hasta la Dirección General de Segurida. Muchos de los generales que protagonizaron la rebelión de julio de 1936 había tenido responsabilidades en la administración policial y en el mantenimiento del orden público: Sanjurjo, Mola, Cabanellas, Queipo de Llano, Muñoz Grandes o Franco.

El Decreto de 11 de mayo de 1931, que delimitaba el ámbito de la jurisdicción militar, mantenía que esa jurisdicción seguiría conociendo «sobre los delitos militares», tal como se definían en el antiguo Código de Justicia Militar. Dado que el Gobierno Provisional, y todos los gobiernos de izquierdas y de derechas que le siguieron, mantuvieron una administración de orden público militarizada, entre otras cosas, porque no se cambió el carácter militar de la Guardia Civil, la fuerza principal de orden público, aquello significaba que la justicia ordinaria no era competente sobre sus actuaciones y además juzgaba a los civiles que las criticaran o se resistieran a ellas. Además al crearse la Sala Sexta de justicia militar en el Tribunal Supremo (que asumía las competencias del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que quedaba suprimido) el gobierno provisional de “plenos poderes” decidió que quedara integrada por cuatro magistrados militares y sólo dos civiles, por lo que resolvió los conflictos de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la militar mayoritariamente a favor de esta última.

La Constitución de 1931 no modificó el extenso ámbito de la jurisdicción militar mantenida durante el Gobierno de “plenos poderes” ya que la redacción final del artículo 96 mantuvo dentro de su competencia los “delitos militares” y “los servicios de armas y la disciplina de todos los institutos armados”, concepto este último que abarcaba no sólo a las Fuerzas Armadas «que defendían el territorio nacional», sino también a las fuerzas encargadas «sólo de mantener el Orden Público» (Guardia Civil, Carabineros y cualquier otro posible nuevo cuerpo militarizado). Esto estaba en contradicción con la normativa de otros países democráticos europeos, como Alemania, en cuya Constitución de Weimar los “tribunales militares” sólo actuaban en “tiempo de guerra” o en Francia, un caso había sido estudiado por Azaña, donde los consejos de guerra eran presididos por un magistrado civil y la jurisdicción castrense estaba limitada en tiempos de paz a los delitos de carácter militar cometidos «sólo» por militares.

En consecuencia la extensión de la jurisdicción militar en la República fue un hecho abarcando incluso los delitos previstos en la «monstruosa» Ley de Jurisdicciones de 1906, formalmente derogada, es decir, la competencia de los consejos de guerra para procesar a paisanos que han expresado críticas a las Fuerzas Armadas, específicamente por medio de la imprenta, que se presumen delictivas.

Este tratamiento militarizado del orden público se produjo, por ejemplo, con motivo de la insurrección anarquista de enero de 1933, durante la cual, por ejemplo, en Pedralba (Valencia) la guardia civil interviene y causa la muerte de diez paisanos, después de que se hubiera producido la muerte de un miembro de ese cuerpo y de dos guardias de asalto. El Consejo de Ministros resuelve que «la mayor parte de los detenidos en este complot quedan sometidos, dada la índole del delito, a la Jurisdicción militar y habrán de ser juzgados por ella». Los sucesos más graves y de mayor repercusión en la opinión pública son los que tienen lugar en Casas Viejas. Los encausados en una insurrección anarquista anterior, la del Alto Llobregat de enero de 1932, fueron juzgados el 25 de julio de 1933 en un consejo de guerra que se celebró en Tarrasa donde se condenó a 42 procesados a penas de hasta 20 años. Como señaló el socialista Juan Simeón Vidarte:

Aunque ello parezca extraòo, no llegó a modificarse el Código de justicia Militar y en todos los choques que se produjeron entre el pueblo y la Guardia Civil, siguieron interviniendo los Consejos de guerra

El rechazo de la derecha y de una parte del Ejército

La Reforma militar de Azaña fue duramente combatida por un sector de la oficialidad, por los medios políticos conservadores y por los órganos de expresión militares “La Correspondencia militar” y “Ejército y Armada”. A Manuel Azaña se le acusó de que querer “triturar” al Ejército. La frase la sacaron de un discurso pronunciado por Azaña el 7 de junio en Valencia en el que, refiriéndose al control municipal por parte de los caciques, dijo que “si alguna vez tengo participación en ese género de asuntos, he de triturar, he de arrancar esta organización con la misma energía, con la misma resolución, sin perder la serenidad, que he puesto en deshacer otras cosas no menos amenazadoras para la República”. No nombró al Ejército, pero daba igual.

El intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, en agosto de 1932, fue exponente del malestar de una parte del Ejército por causas no estrictamente políticas. "La fortísima campaña desatada por los medios conservadores contra la reforma, personalizada en la figura de Azaña, contribuyó, además, a convertir al primer ministro en la auténtica bestia negra de muchos militares".

Las reformas socio-laborales de Largo Caballero

Francisco Largo Caballero

Como en el caso de la reforma militar, las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, cuyo proyecto consistía en crear un marco legal que reglamentara las relaciones laborales y afianzara el poder de los sindicatos, especialmente de la UGT, en la negociación de los contratos de trabajo y en la vigilancia de su cumplimiento. Su fin último respondía al proyecto socialdemócrata que pretendía "otorgar a los trabajadores, a través de sus sindicatos, la posibilidad de aumentar paulatinamente su control sobre las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto del sistema económico y de relaciones de clase. Con ello se avanzaría hacia el logro de una sociedad socialista, pero gradualmente. En resumen se trataba de un proyecto que, coherente con la inspiración marxista del socialismo español, no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero que pretendía alcanzarla por cauces fundamentalmente reformistas. El modelo sindical capaz de obtener tal resultado no podía ser otro que el que encarnaba la Unión General de Trabajadores”.

Las dos piezas básicas del proyecto fueron la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos (una tercera, la de Intervención Obrera en la gestión de la Industria, que estaba destinada a ser la pieza fundamental, no llegó a promulgarse):

• Ley de Contratos de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, por la que se regulaban los convenios colectivos (negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes) y dictaminaba las condiciones de suspensión y rescisión de los contratos. Además establecía por primera vez el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga que, bajo ciertas condiciones, no podía ser causa de despido.
• Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931, que extendía el sistema de jurados mixtos (aprobado en mayo para el sector agrario) a la industria y a los servicios. En el fondo se trataba de una reforma de la organización corporativa de la Dictadura de Primo de Rivera, en la que se ampliaban las atribuciones de los comités paritarios (en los que había participado la UGT en representación de los trabajadores). Su composición era la misma, representantes de los empresarios elegidos por las asociaciones patronales y representantes de los trabajadores representados por los sindicatos obreros, más un funcionario del Ministerio de Trabajo que era quien presidía el jurado mixto. Su misión también: mediar en los conflictos laborales estableciendo un dictamen conciliatorio en cada caso, que si era rechazado por una de las partes el Jurado lo podía remitir al Consejo Superior de Trabajo, que era la última instancia mediadora.

El Ministerio de Trabajo de Largo Caballero también dio un considerable impulso a los seguros sociales, al ampliar el Seguro obligatorio de Retiro Obrero de tres millones y medio de trabajadores a cinco millones y medio. Asimismo, un Decreto de 26 de mayo de 1931 estableció el Seguro de Maternidad, y una Ley de octubre de 1932 estableció el seguro de accidentes de trabajo, que fijaba la cuantía de las indemnizaciones. Sin embargo no se pudo establecer un sistema generalizado de seguridad social, “tanto por falta de tiempo y recursos como por la resistencia de los empresarios y de los propios trabajadores a incrementar las cuotas de afiliación”.

La oposición de la CNT

Los socialistas esperaban que todas las medidas que habían aprobado, especialmente los mecanismo de control y arbitraje de los conflictos laborales, redujeran el número de huelgas y se alcanzara una cierta paz social, pero la paz social no se produjo y el número de huelgas y de incidentes violentos a consecuencia de ellas (que crearon graves problemas de orden público) se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República. En 1933 se registraron 1.127 huelgas (frente a las 402 de 1930), cuadruplicándose el número de huelguistas (casi un millón) y superándose los 14 millones de jornadas perdidas. Las causas de este proceso son múltiples, entre ellas la incidencia de la recesión económica, pero la más importante fue la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación, que identificaban con el corporativismo de la Dictadura de Primo de Rivera, y que se tradujo en una manifiesta tendencia a convocar huelgas "políticas".

Lo que había puesto en marcha Largo Caballero desde el Ministerior de Trabajo era una especie de sistema corporativo obrero en el que las posiciones de la UGT en la negociación y en el control de los contratos de trabajo salían considerablemente reforzadas. Eso le daba al sindicato socialista un cierto control de la oferta de trabajo, un bien escaso en un momento de depresión económica. Por eso la CNT se opuso radicalmente a la ley de contratos de trabajo y a los jurados mixtos y se lanzó a la acción directa para conseguir por otros medios el monopolio de la negociación laboral, en principio en forma de advertencias y amenazas, después en forma de coacciones y violencia. Lo que estaba en juego eran dos modelos sindicales, socialista y anarcosindicalista, casi opuestos, que además seguían teniendo una presencia diferente en las diversas regiones, pues si los socialistas eran preponderantes en Madrid, Asturias y el País Vasco, los anarquistas lo eran en Andalucía, Valencia y Cataluña (en cuanto al número de afiliados, la UGT pronto logró alcanzar a la CNT, y ambas organizaciones superaron el millón de afiliados cada una, en el caso de UGT gracias sobre todo al espectacular crecimiento de su rama agraria, la poderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), alcanzando entre ambas uno de los niveles de sindicación más altos de Europa, entre 40 y 50 trabajadores de cada 100.

La aprobación por las Cortes de la Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros a mediados de 1932 aún marginó más a la CNT en el campo de las relaciones laborales, ya que esta ley determinó una representación sindical en los organismos oficiales de negociación y mediación laboral, que los socialistas en el gobierno, y especialmente el ministro y líder de UGT Largo Caballero, sabían que la CNT no podía aceptar. “La nueva Ley, junto con la de Defensa de la República, contribuyó a alejar aún más al anarconsindicalismo de las tácticas legales de reivindicación obrera”.

La oposición de los patronos

Los empresarios también se opusieron a las reformas sociolaborales de Largo Caballero porque estaban acostumbrados a imponer su ley, y no estaban dispuestos a aceptar las decisiones de los Jurados Mixtos cuando beneficiaban a los trabajadores. Aunque al principio los patronos de la industria y el comercio habían aceptado con resignación los jurados mixtos y no habían tenido más remedio que reconocer los aumentos salariales y las mejoras de las condiciones laborales que los jurados acababan imponiendo, pronto comenzaron a movilizarse. Así a finales de enero de 1933, en plena crisis política por los sucesos de Casas Viejas, la Confederación Patronal Española dirigió una carta abierta a Azaña en la que señalaba la “vertiginosa rapidez” con que iba siendo aprobada la nueva legislación social y se quejaba de los jurados mixtos que prácticamente siempre daban la razón a los obreros, gracias al voto del representante del ministro de Trabajo que deshacía los empates. Así pedían que los presidentes y los vocales de los jurados mixtos fueran elegidos por oposición y no nombrados por el gobierno. En parecidos términos se expresó la Unión Económica, que agrupaba a empresarios y economistas, que se quejó de que las tendencias “socialistas” del Gobierno habían creado una atmósfera de inseguridad en la industria y pedían nuevas elecciones. Estas movilizaciones confluyeron en una asamblea económico-social celebrada en Madrid en julio de 1933. Allí se pidió la salida de los socialistas del gobierno, a los que hacían responsables de la "ruina de la economía" por el aumento de los costes (a causa de los incrementos de los salarios) y de la intervención obrera (la "socialización en frío" la llamaban) y por su ineficacia para detener y reducir el número de huelgas y garantizar la paz social.

La cuestión agraria

Los Decretos agrarios del Gobierno Provisional

Unos de los problemas más urgentes que tuvo que resolver el Gobierno Provisional en la primavera de 1931 fue la grave situación que estaban padeciendo los jornaleros, sobre todo en Andalucía y Extremadura, donde el invierno anterior se habían superado los 100.000 parados y los abusos en la contratación y los bajos salarios los mantenían en la miseria. Para aliviar su situación el Gobierno Provisional, y en cumplimiento de uno de los artículos del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional, a propuesta del ministro de Trabajo, Largo Caballero, aprobó siete "decretos agrarios" que tuvieron un enorme impacto:

• Decreto de Términos Municipales, de 20 de abril de 1931, "para el remedio de la crisis de trabajo y ocupación de los obreros que se hallan en paro forzoso". Cuyo artículo 1° decía: "En todos los trabajos agrícolas, los patronos vendrán obligados a emplear preferentemente a los braceros que sean vecinos del Municipio en que aquellos hayan de realizarse". El decreto, muy combatido por los propietarios, permitía, pues, a los sindicatos un mejor control del mercado de trabajo (al impedir la contratación de jornaleros forasteros), pero su aplicación fue muy complicada y provocó agravios comparativos entre zonas de mayor o menor paro agrícola.
• Decreto de los "desahucios” (o de prórroga de los arrendamientos rústicos), de 29 de abril, por el que se prohibía la expulsión de la tierra de los arrendatarios cuya renta (la cantidad que pagaban al propietario anualmente por el uso de la tierra) no excediera las 1.500 pesetas. Posteriormente otro Decreto autorizó la revisión de las rentas abusivas.
• Decreto de Jurados Mixtos, de 7 de mayo, "relativo a la organización de entidades democráticas de los diversos elementos agrarios... para la regulación de sus intereses comunes". El Decreto establecía tres tipos, pero los de mayor incidencia fueron los Jurados mixtos de trabajo rural, designados por las entidades patronales y obreras para regular las condiciones del trabajo agrario (6 patronos, 6 obreros y 1 secretario nombrado por el Ministerio de Trabajo). Estos Jurados fueron los que determinaron los salarios de la campaña agrícola, logrando subidas sustanciales en los jornales, que de 3’5 pesetas pasaron a superar las 5 pesetas diarias. La ley de 27 de noviembre de 1931, integró los Jurados Mixtos agrarios en el sistema general, como órganos de mediación laboral y de negociación de los convenios colectivos.
• Decreto de Laboreo forzoso, de 7 de mayo, que se dictó para evitar que los propietarios agrícolas, atemorizados por la situación en el campo, o que simplemente quisieran boicotear al nuevo régimen republicano, abandonasen el cultivo de sus tierras conforme a los "usos y costumbres" locales (lo cual dejaba un amplio margen discrecional a la interpretación, de cuyo cumplimiento se encargaban unas comisiones municipales de patronos y obreros). Si eso sucedía sus tierras podrían ser entregadas a los campesinos para su cultivo directo.
• Decreto de Asociaciones de Obreros Agrícolas, de 20 de mayo, que permitía a éstas arrendar colectivamente las fincas cuyos dueños no las cultivasen directamente, "con la doble finalidad de remediar los paros periódicas en el trabajo de los obre ros del campo y evitar el parasitismo de los intermediarios con el intolerable e inmoral sistema de subarriendos, satisfaciendo, sobre todo y ante todo, el ansia de tierra que siente la población rural".
• Decreto de 17 de junio de implantación en el medio agrario del Seguro de Accidentes de Trabajo que ya existía en la industria.
• Decreto de establecimiento de la jornada de 8 horas para los jornaleros, de 1 de julio, lo que suponía que el resto de las horas que se trabajasen en el día se deberían pagar con un salario superior. Se ponía así fin a las jornadas "de sol a sol" que habían predominado en el campo español hasta entonces y por las que se cobraba un solo jornal. El Artículo 24 de este Decreto decía:

  Art. 24. Para las faenas de sementera y recolección, para el acarreo de las simientes y de las mieses, en las épocas respectivas de aquéllas, y para los trabajos de lucha contra las plagas del campo, ante la dificultad de emplear mayor número de brazos, los organismos paritarios podrán acordar la ampliación de la jornada legal hasta el máximo de 12 horas. Las horas de exceso sobre la jornada de 8 horas se considerarán como extraordinarias y se pagarán como tales

La FNTT de la UGT creció mucho durante este tiempo pues pasó de unos 100.000 afilidados en 1931 a cerca de 450.000 en el verano del año siguiente (hasta constituir casi la mitad de los afiliados de toda la UGT), siendo la mayoría de los nuevos afiliados campesinos sin tierras que se sentían agradecidos a los socialistas porque éstos le habían dado su primera oportunidad de hacer oír su voz a la hora de negociar con los propietarios.

La oposición de los propietarios

La aplicación de los decretos agrarios de Largo Caballero encontró la viva oposición de los propietarios que se apoyaron en los ayuntamientos en su mayoría monárquicos y en el recurso a la Guardia Civil para enfrentarse a los representantes y cuadros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT y las Casas del Pueblo socialistas, que funcionaban a modo de cuarteles generales de los obreros sindicados de las distintas localidades. Así “en los pueblos y aldeas, inevitablemente, las primeras semanas de la República provocaron un cierto ambiente de guerra de clases”.

Esta mayor oposición de los patronos en el campo, donde los enfrentamientos alcanzaron cotas mucho mayores de violencia que en las ciudades, se explica, según el historiador Santos Juliá, porque

las organizaciones patronales de las ciudades estaban acostumbradas a negociar con los trabajadores... [pero] en los campos, los propietarios disponían de toda la fuerza que se derivaba de la falta de organización de los jornaleros, de un exceso de mano de obra y del control de los ayuntamientos y la presencia de la Guardia Civil. El solo hecho de la instauración de la República subvirtió esa situación. Los propietarios o sus representantes perdieron el control de los ayuntamientos, regidos por unos republicanos que ante las reivindicaciones de los jornaleros no podía actuar como las antiguas autoridades. (...) El establecimiento de salarios legales y de jornada máxima, la necesidad de acudir a las bolsas de trabajo, la imposibilidad de envilecer los salarios contratando a trabajadores de otros términos municipales, la obligación de dar trabajo en períodos de paro estacional, la autoridad de los jurados mixtos para resolver los conflictos trastocaron por completo las relaciones de clase en la agricultura".

La consecuencia de todo esto fue el reforzamiento de las organizaciones agrarias: a la antigua Confederación Nacional Católico-Agraria, se sumó en 1931 la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, y en marzo de 1933, la Confederación Española Patronal Agrícola (en su manifiesto fundacional se decía: "el socialismo es el enemigo; él y sus aliados; él y sus colaboradores"). De estas organizaciones saldrán muchos de los dirigentes del catolicismo político.

La Ley de Reforma Agraria

Al mismo tiempo que se promulgaban los "decretos agrarios", una Comisión Técnica Agraria creada el 21 de mayo de 1931 había comenzado a preparar un anteproyecto de Ley de Reforma Agraria. El 20 de julio de 1931, sólo una semana después de la apertura de las Cortes Constituyentes la Comisión Técnica Agraria presentó el anteproyecto que le había encargado el Gobierno Provisional. Pero la propuesta fue rechazada por los representantes de los propietarios rurales que la consideraban demasiado radical y también por los socialistas (y mucho más por la CNT) que la consideraban demasiado moderada, ya que no contemplaba la expropiación de los latifundios y el traspaso de la propiedad a los nuevos colonos.

Rechazada la propuesta de la Comisión Técnica Agraria, una Comisión del Ministerio de Agricultura elaboró un nuevo proyecto que presentó a las Cortes Constituyentes el 25 de agosto de 1931. El principio de la nueva propuesta era la expropiación con indemnización, lo que satisfacía a los propietarios rurales, de las tierras de “origen señorial”, las fincas que superaran la quinta parte del término municipal y de las que estuvieran “notoriamente abandonadas”. El texto de nuevo fue muy criticado por los socialistas, y hubo que rehacerlo. Por fin se presentó en marzo de 1932 un último proyecto elaborado por el equipo del Ministerio de Agricultura del radical-socialista Marcelino Domingo.

Pero el debate de este último proyecto de Ley de Reforma Agraria costó mucho tiempo. Y la discusión se habría prolongado aún más de no haberse producido el intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que al ser derrotado dio al gobierno el impulso definitivo para la aprobación de la Ley (el fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo también desatascó el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña).

Como dijo el ministro de Agricultura, el radical-socialista Marcelino Domingo, en una intervención en las Cortes a favor del proyecto que él mismo había presentado (el 24 de marzo de 1932), la reforma agraria tenía "tres finalidades principales: primera, evitar el paro obrero en el campo [mediante el asentamiento de jornaleros en las tierras expropiadas]; segunda, distribuir la tierra [expropiando las grandes fincas "señoriales" y los latifundios en manos de propietarios absentistas]; tercera, racionalizar la economía agraria [disminuyendo el crecimiento de la superficie cerealista y devolviendo a los núcleos rurales sus antiguos bienes comunales, perdidos con las desamortizaciones del siglo XIX]". La reforma agraria, finalmente aprobada, consistió en la expropiación (con indemnización, excepto las tierras de la nobleza que fueran "grandes de España" por su supuesta implicación en la "Sanjurjada") de las tierras de la España latifundista (Andalucía, Extremadura, el sur de La Mancha y la provincia de Salamanca) incluidas en los apartados que señalaba la Base 5ª de la Ley, que contemplaba cuatro tipos de tierras expropiables: los señoríos jurisdiccionales, las tierras mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas y las que estaban en zonas de riego y no hubieran sido convertidas en regadío.

Sin embargo y a pesar de las grandes expectativas que había levantado, los efectos de la Ley de Reforma Agraria fueron muy limitados: a finales de 1933 sólo se habían ocupado 24.203 Has., repartidas entre 4.339 campesinos, a los que habría que añadir otros tres o cuatro mil en las tierras previamente expropiadas a la Grandeza. La razón principal de este fracaso en la aplicación fue que el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que era el organismo encargado de aplicar la ley, fue dotado de unos recursos humanos y económicos claramente insuficientes, debido a la falta de dinero de la Hacienda pública y al boicot que realizó la banca privada (vinculada familiar y económicamente a los terratenientes) al Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado por la Ley para financiar la reforma.

La lentitud en la aplicación de la ley se intentó paliar con una medida complementaria, que fue el Decreto de Intensificación de Cultivos de 22 de octubre de 1932, que permitía la ocupación temporal de fincas de tierras de labranza que hubieran dejado de ser arrendadas a cultivadores y se hubieran dedicado sólo a la ganadería en la mitad sur de España (Extremadura fundamentalmente). La medida afectó a 1.500 fincas en 9 provincias (unas 125.000 hectáreas) y dio trabajo a 40.108 familias, sobre todo extremeñas, cuyos miembros se encontraban en paro.

El fracaso de la reforma agraria fue una de las causas principales de la aguda agitación social del periodo 1933-34, porque el anuncio de la reforma hizo creer a muchos jornaleros en una rápida entrega de tierras, que finalmente no se produjo por lo que pronto se sintieron decepcionados. Esto llevó a la radicalización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT que se situó en la vanguardia de los que pedían la ruptura de la coalición republicano-socialista que gobernaba el país y se oponían a la "república burguesa", coincidiendo así con la CNT, que desde el principio había combatido una reforma agraria que, según ella, consolidaba el modelo capitalista en el medio rural e imposibilitaba el que se produjera una "verdadera" revolución.

Al otro lado del espectro político, la reforma agraria unió a los tradicionales sectores sociales dominantes en el agro y contribuyó, en grado similar o incluso superior a la "cuestión religiosa", a consolidarlos como bloque de oposición al régimen republicano. Ya en agosto de 1931 crearon la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, en defensa del "legítimo derecho de propiedad", y valiéndose de las viejas redes caciquiles y la apelación continua a la intervención de la Guardia Civil boicotearon la aplicación de los "decretos agrarios". Asimismo en las Cortes, la Minoría Agraria realizó una aparatosa obstrucción de los debates de la Ley que contribuyeron notablemente al retraso en su aprobación. En marzo de 1933 se celebró una Asamblea Económico-agraria en Madrid que reunió a las patronales del sector y a los partidos de la derecha, que lograron paralizar un nuevo proyecto reformista, la Ley de Arrendamientos Rústicos, que no llegó a votarse. Esta campaña movilizó a grandes sectores del campesinado conservador de la mitad norte de España (la no latifundista), que desempeñaría un importante papel en el triunfo de las derechas en las elecciones de noviembre de 1933.

La "cuestión regional"

El Estatuto de Cataluña

Firma del Estatuto de Autonomía por el Presidente de la República Alcalá-Zamora. San Sebastián, septiembre de 1932

El primer proyecto de estatuto para Cataluña, el llamado Estatuto de Nuria (refrendado el 3 de agosto por el pueblo de Cataluña por una abrumadora mayoría: en la provincia de Barcelona, por ejemplo, 175.000 personas votaron a favor y sólo 2.127 en contra), respondía a un modelo federal de Estado y rebasaba en cuanto a denominación y en cuanto a competencias a lo que se había aprobado en la Constitución de 1931 (ya que el "Estado integral" respondía a una concepción unitaria, no federal).

Entre enero y abril de 1932 una comisión de las Cortes adecuaron el proyecto de Estatuto de Cataluña a la Constitución y aun así encontró una enorme oposición en la cámara para su aprobación, especialmente entre la Minoría Agraria y los diputados de la Comunión Tradicionalista que ya se habían separado de los diputados del PNV en la Minoría vasco-navarra, y que incluyó una amplia movilización callejera “antiseparatista”. “Manuel Azaña arriesgó la vida de su Gobierno y su prestigio personal en la aprobación del Estatuto... Para Azaña, como inteligente nacionalista español... el Estatuto era un juego calculado en la construcción de una España unida por mutuos intereses y no por la fuerza militar”. Tras cuatro meses de debates interminables, sólo el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo de agosto de 1932 motivó que se acelerara la discusión del Estatuto, que finalmente fue aprobado el 9 de septiembre por 314 votos a favor (todos los partidos que apoyaban al gobierno, más la mayoría de los diputados del Partido Republicano Radical) y 24 en contra. El Estatuto era menos de lo que los nacionalistas catalanes habían esperado (la versión final eliminaba todas las frases que implicaban soberanía para Cataluña; se rechazaba la fórmula federal; los idiomas castellano y catalán eran declarados igualmente oficiales, etc), "pero cuando el presidente del Consejo de ministros fue a Barcelona para la ceremonia de presentación, lo recibieron con una tremenda ovación”. Las primeras elecciones al Parlament tuvieron lugar dos meses después (en noviembre de 1932) y fueron ganadas por Esquerra Republicana de Cataluña, seguida a mucha distancia de la Lliga Regionalista. Francesc Macià fue así confirmado como president de la Generalitat.

Los Estatutos del País Vasco y de Galicia

Referéndum autonómico del 5 de noviembre de 1933 en Eibar para la aprobación de un nuevo texto de Estatuto

Las razones del "retraso" respecto de Cataluña en el acceso a la autonomía por parte de las otras dos "regiones" donde existía un “hecho diferencial” (Euskadi y Galicia), fueron diferentes. En el caso del País vasconavarro, el proceso se inició muy pronto. La primera propuesta fue iniciativa de los alcaldes del Partido Nacionalista Vasco que a principios de mayo encargaron a la Sociedad de Estudios Vascos (SEV) la redacción de un anteproyecto de Estatuto General del Estado Vasco (o Euskadi), que incluiría Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra. El resultado fue un intento de síntesis entre el foralismo tradicional y la estructura de los modernos estados federales que no contentó a nadie. Mes y medio después, una asamblea de los ayuntamientos vasconavarros reunidos en Estella el 14 de junio aprobaron un Estatuto más conservador y nacionalista que el de la SEV y que se basaba en el restablecimiento de los fueros vascos abolidos por la ley de 1839, junto con la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1841.

El Estatuto de Estella fue presentado el 22 de septiembre de 1931 a las Cortes Constituyentes por una delegación de alcaldes pero no fue tomado en consideración porque el proyecto se situaba claramente al margen de Constitución que se estaba aprobando, entre otras cosas, por su concepción federalista y por la declaración de confesionalidad del "Estado vasco" (que podría negociar por ello un Concordato particular con el Vaticano), además de que no reconocía derechos políticos plenos a los inmigrantes españoles con menos de diez años de residencia en Euskadi.

En diciembre de 1931 las Cortes encargaron a las Comisiones Gestoras provisionales de las Diputaciones (que habían sido designadas por los gobernadores civiles respectivos para sustituir a los equipos monárquicos, y donde los republicanos y socialistas tenían mayoría) para que elaboraran un nuevo proyecto de Estatuto, que al final fue consensuado con el PNV, que se había distanciado de la Comunión Tradicionalista carlista. Una Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona en junio de 1932 aprobó el proyecto, pero los carlistas lo rechazaron, por lo que al tener la mayoría en Navarra, dejaron fuera del ámbito de la futura "región autónoma" a este territorio. Ello obligó a una nueva redacción del proyecto que excluyera a Navarra y a un nuevo retraso. Un nuevo obstáculo se planteó cuando al realizarse el preceptivo referéndum sobre el "Estatuto de las Gestoras" el 5 de noviembre de 1933, en plena campaña para las elecciones a Cortes, los votos favorables en Álava no alcanzaron la mayoría del censo, de nuevo por la oposición de los carlistas (Alava era una provincia que, como Navarra, tenía una menor identidad nacionalista vasca debido a la fuerte implantación del carlismo). El nuevo presidente del gobierno salido de las elecciones de noviembre, el republicano radical Alejandro Lerroux ofreció el apoyo al “Estatuto de las Gestoras” a cambio del la colaboración de los diputados del PNV, pero la CEDA, el aliado principal de Lerroux, se opuso a esta iniciativa y el proceso quedó bloqueado. Sólo con la llegada del Frente Popular en febrero de 1936 las Cortes comenzaron a discutir el proyecto. Cuando ya estaba muy avanzada la discusión se produjo la sublevación militar de julio de 1936 que daría inicio a la guerra civil española.

En cuanto a Galicia, la razón del retraso fue el menor arraigo del nacionalismo gallego que hizo que la primera iniciativa se tomara más tarde, en abril de 1932, a cargo del ayuntamiento de Santiago de Compostela. Pero sólo nueve meses después, en diciembre, ya se había cumplido la primera fase del proceso establecido por la Constitución de 1931, al haber aprobado la mayoría de los ayuntamientos gallegos un proyecto de estatuto, que estaba inspirado en buena medida en el Estatuto catalán que acababan de aprobar las Cortes. Sin embargo, el triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 paralizó el proceso y hubo que esperar al triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 para que se organizara el referéndum que debía ratificar la propuesta de los ayuntamientos. (Éste finalmente se celebró el 28 de junio de 1936 y fue aprobado por una abrumadora mayoría de los gallegos. Sólo dos días antes del inicio de la sublevación militar que haría estallar la guerra civil, era entregado en las Cortes el proyecto de Estatuto. Este no llegó a debatirse porque Galicia enseguida fue controlada en su totalidad por los sublevados).

La cuestión religiosa

A partir de la aprobación de la Constitución el gobierno republicano-socialista promulgó una serie decretos y propuso unas leyes para su aprobación por las Cortes que hicieran efectiva la aconfesionalidad del Estado y que permitieran que éste asumiera aquellas funciones administrativas y sociales que la Iglesia Católica había desempeñado hasta entonces. La primera medida que tomó fue el decreto de 23 de enero de 1932 que daba cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución: la disolución de la orden de los jesuitas y la nacionalización de la mayor parte de sus bienes (colegios y residencias, especialmente), que pasaron a ser gestionados por un Patronato.

El problema que se le planteó al Gobierno fue que la mayoría de las propiedades no figuraban a nombre de los jesuitas, sino que pertenecían a hombres de paja o a sociedades. El Gobierno pudo identificar unas 33 escuelas, 47 residencias y 79 edificios urbanos que esperaba utilizar como escuelas, pero pronto se vio frustrada esa pretensión porque los jesuitas plantearon numerosos recursos ante los tribunales (uno de sus abogados fue el líder de Acción Nacional José María Gil Robles) que demostraban que ellos eran simplemente los inquilinos de los inmuebles, pero no los propietarios. Al final el Gobierno pudo hacerse con una docena de edificios, pero la legalidad de su ocupación continuaba pendiente de los tribunales y de la eventual compensación que tendría que ser pagada. El decreto no expulsaba a los jesuitas del país, como ya sucedió en tiempos de Carlos III, sino que les daba la oportunidad de permanecer en España si se desvinculaban de la Compañía. Pero los jesuitas decidieron por propio acuerdo retirar a muchos de sus sacerdotes más jóvenes, lo que fue dado a conocer en la prensa mundial como la “expulsión de los jesuitas”.

Cumpliendo otro mandato constitucional, siete días después, el decreto de 30 de enero de 1932 secularizaba los cementerios (la mayoría de ellos estaban administrados por iglesias parroquiales o por cofradías), que pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos que fueron los que a partir de entonces asumieron su gestión. Asimismo los entierros católicos fueron considerados manifestaciones públicas del culto, por lo que de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, tenían que ser autorizados por los alcaldes, quienes podían establecer las normas por las que deberían regirse e incluso gravarlos con impuestos.

La secularización de los cementerios en algunos lugares dio lugar a ceremonias públicas presididas por los alcaldes acompañados por la banda municipal tocando La Marsellesa, y allí donde existían, se procedía al derribo de las vallas que separaban las tumbas de los que no habían querido ser enterrados según el rito católico del resto de cementerio. Además había discursos en los que decía que el matrimonio y el entierro civiles eran signos de “cultura”, mientras que las ceremonias religiosas eran signos de superstición.

Pocos días después, el 2 de febrero de 1932, las Cortes aprobaban la ley de divorcio que sentaba el principio de que la disolución del contrato matrimonial era una potestad del Estado no de la Iglesia Católica, que hasta entonces había detentado su monopolio (con las "nulidades matrimoniales" de los tribunales eclesiásticos). Gabriel Jackson atribuye “el hecho asombroso” de la escasez de casos de divorcio (sólo hubo unas 7.000 demandas y se dictaron unas 3.500 sentencias favorables) a que “los españoles de todas clases eran intensamente conservadores en esta materia”.

La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas

El momento de mayor confrontación entre el gobierno y la Iglesia Católica fue la presentación y el debate de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que tuvo lugar en los primeros meses de 1933. Así, el 25 de mayo de 1933, cuando ya había sido aprobada por las Cortes aunque faltaba la firma del presidente Alcalá-Zamora, los cardenales y obispos españoles, encabezados por el nuevo cardenal primado Isidro Gomá y Tomás (nombrado por Roma el mes anterior), hacían pública una carta episcopal que consideraba la ley “un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia”, condenaba "todas las injerencias y restricciones con que esta ley de agresiva excepción pone a la Iglesia bajo el dominio del poder civil" y llamaba a la movilización de los católicos. El 3 de junio, al día siguiente de la promulgación de la ley, se hacía pública una encíclica del Papa Pío XI (Dilectisima Nobis) en la que condenaba el "espíritu anticristiano" del régimen español, afirmando que la Ley de Congregaciones “nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia”, y de nuevo llamaba a la movilización contra la República. En la Encíclica se decía:

ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos vivamente a los católicos de España que, dejando a un lado recriminaciones y lamentos y subordinando al bien común de la patria y de la religión todo otro ideal, se unan todos, disciplinados, para la defensa de la fe y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil.

Enrique Herrera, hermano de Ángel Herrera y dirigente de la Federación de Amigos de la Enseñanza, calificó el escenario creado por la Ley de “guerra civil de la cultura”.

La ley de Congregaciones desarrollaba los artículos 26 y 27 de la Constitución y establecía que las órdenes y congregaciones religiosas debían inscribirse en un Registro especial del Ministerio de Justicia; reglamentaba el culto público; suprimía la dotación de "culto y clero” del Estado y eliminaba otros subsidios oficiales; nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (templos, monasterios, seminarios, etc.) aunque quedaban a disposición de la Iglesia; atribuía al Estado la potestad de vetar determinados nombramientos religiosos; y por último, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1º de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.

Para dar cabida en la red pública a los 20.000 alumnos de Segunda Enseñanza y los 350.000 de Primaria que cursaban sus estudios en colegios religiosos (295 centros de secundaria atendidos por 2.050 profesores, y cerca de 5000 de primaria), el Gobierno confiaba en tener preparadas para finales de 1933 7000 nuevas escuelas, con 10.000 maestros que serían formados mediante cursillos especiales, y 20 nuevos institutos de Bachillerato, y seguir luego creando escuelas a un ritmo de 4000 por año. El plan de construcciones para la Educación Secundaria se fue cumpliendo, pero no así para la Educación Primaria, ya que fueron muchos los Ayuntamientos que no abrieron las escuelas previstas, por falta de fondos fundamentalmente o porque no quisieron colaborar, lo que causó una gran incertidumbre en las familias. Finalmente no se produciría el cierre de los colegios religiosos porque el nuevo gobierno de centro-derecha surgido de las elecciones de noviembre de 1933 suspendió la aplicación de la ley.

La política educativa

Escudo de una Escuela Nacional de Niñas

Desde el 14 de abril, una de las prioridades del gobierno provisional había sido ampliar el número de escuelas primarias públicas, para poner fin a una de las lacras de la sociedad española, el todavía elevado analfabetismo (en 1931 las estimaciones oscilaban entre el 30 y el 50% de la población total). Existían unas 35.000 escuelas servidas por una plantilla de 36.680 maestros y maestras, que daban clase a cerca de dos millones de niños. Para atender al más de millón y medio de niños que no iban a la escuela el Estado calculaba que necesitaría construir unas 27.000 nuevas escuelas, a un ritmo de 5000 escuelas nuevas cada año. Así el ministro de Instrucción Pública, el radical-socialista Marcelino Domingo, y el director general de Enseñanza Primaria, el socialista Rodolfo Llopis pusieron en marcha un ambicioso programa de construcciones escolares, en los que los municipios debían proporcionar los solares y hacerse cargo entre el 25 o 50 % del coste de la construcción, ocupándose del resto el Estado que también pagaría el sueldo de los maestros una vez la escuela comenzara a funcionar (y con un aumento del sueldo de un 15%). A finales de 1932 el nuevo ministro de Instrucción Pública, el socialista Fernando de los Ríos, comunicó a las Cortes que se habían construido o habilitado casi 10.000 escuelas, y que se esperaban alcanzar las 27.000 necesarias en un plazo de cinco años, con un coste de unos 400 millones de pesetas. Pero este plan no pudo cumplirse por falta de recursos debido a la caída de los ingresos de la Hacienda Pública a causa de la depresión económica y a la política de equilibrio presupuestario decidida por el gobierno.

Lo que por otro lado hacía más difícil cumplir con la Ley de Congregaciones que había establecido el cierre de los colegios de primaria religiosos para el 31 de diciembre de 1933, y el cálculo que había hecho el ministerio era que para atender a los 350.000 niños de esos colegios sería necesario construir a toda prisa unas 7000 escuelas más. Y no sólo existía el problema presupuestario sino la falta de colaboración de los ayuntamiento gobernados por la derecha monárquica y católica que no ofrecían ni solares ni locales para las nuevas escuelas (por ejemplo Guipúzcoa donde se calculaba que se necesitarían 355 nuevas escuelas, los ayuntamientos sólo habían ofrecido 56). Además en muchas localidades rurales los padres se negaban a la coeducación y reclamaban clases separadas para niños y para niños. Y cuando fueron retirados los crucifijos que colgaban de las paredes de las clases, muchas familias respondieron haciendo que sus hijos llevaran grandes crucifijos pendientes o intentaron forzar a los maestros a que asistieran a misa.

En el verano de 1933 la República puso en marcha “el más notable de sus experimentos” educativos: las misiones pedagógicas. Era una iniciativa del crítico de arte Manuel Bartolomé Cossío, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que quería llevar “el aliento del progreso” a los pueblos más aislados y atrasados de España. Así profesores y estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad de Madrid, se fueron a las aldeas con reproducciones de pinturas célebres y con discos y películas, y sobre escenarios improvisados representaban obras de teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Asimismo llevaban libros y medicinas y ayudaban a construir escuelas. En este proyecto también participó el grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca.

Los obstáculos a las reformas

Los obstáculos puestos al proceso reformista de los años 1931-1933 fueron de muy variada naturaleza. Unos provinieron del interior del propio bloque reformista, que creyó contar con más apoyos de los que realmente tenía y que no llegó a alcanzar un acuerdo definitivo sobre los ritmos y el alcance del proceso (los republicanos de izquierda buscaban consolidar la democracia sin cambiar el sistema social, por lo que hacían más hincapié en las reformas políticas; mientras que los socialistas consideraban el sistema democrático como un paso intermedio hacia una sociedad nueva, y hacían más hincapié en las reformas sociales). La realidad era que la mayoría tan aplastante de que gozaba la coalición republicano-socialista en las Cortes respondía más a un voto "contra el rey y los dictadores" que un voto por la República, como se demostraría en las siguientes elecciones. El problema fue, pues, que los dirigentes republicanos no fueron conscientes de ello (y tampoco de que sus partidos todavía no habían arraigado profundamente en la sociedad) y gobernaron pensando que las reformas que iban a emprender iban a tener el respaldo aplastante de la sociedad (como aplastante era la mayoría de que disfrutaban en las Cortes). Además, los enemigos de esas reformas, conservaban sólidas posiciones de poder, aun si su presencia en el Parlamento era desdeñable, ya que ni el funcionariado civil ni el militar fueron sometidos a depuración por sus ideas políticas ni por sus servicios a la Dictadura de Primo de Rivera.

Otro obstáculo fue el contexto de depresión económica que, aunque en España tuvo un alcance menor que en otros países europeos, dificultó notablemente las posibilidades de éxito del proyecto reformista. La crisis y el aumento del desempleo explicaría, en buena parte, el notable aumento del número de huelgas y conflictos laborales sobre todo a partir del invierno de 1932-1933 (en la construcción y la agricultura, especialmente). Esto se tradujo en la creciente frustración de un sector importante de la clase obrera decepcionada por los (a su juicio) escasos avances en las mejoras de las condiciones de vida, lo que contribuyó aún más a la extensión y a la radicalización de los conflictos laborales.

Junto con el aumento del paro debido a la crisis económica, y que no había dinero para financiar obras públicas que hubieran paliado el desempleo, otra de las causas de los conflictos sociales tan extendidos durante el primer bienio fue el incumplimiento patronal de las bases reguladoras del trabajo agrícola y, en general, de la legislación social republicana.

La política de orden público

Véanse también: Estatuto jurídico del Gobierno Provisional, Ley de Defensa de la República y Ley de Orden Público de 1933.

Los gobiernos republicano-socialistas siguieron otorgando a los militares importantes atribuciones sobre el orden público, porque éste se convirtió en una obsesión para ellos. Apenas nacido, el régimen republicano se dotó de un Estatuto jurídico del Gobierno Provisional que otorgaba al Gobierno provisional “plenos poderes”, una excepcionalidad mantenida hasta la Ley de Defensa de la República del 21 de octubre de 1931 e incrementada por la Ley de Orden Público de 1933. Así los gobiernos republicanos utilizaron los mismos mecanismos de represión que los de la Monarquía ya que no fueron capaces de adecuar la administración de orden público a los principios de un régimen democrático.

En 1930 la Guardia Civil había 27.585 guardias civiles y 16.200 carabineros. En 1932 había más de treinta mil guardias y cerca de 20000 carabineros, además de 10.000 guardias de asalto. El gobierno mantuvo la militarización de la Guardia Civil y continuó siendo el núcleo fundamental de las fuerzas de policía. Sólo tras la Sanjurjada se suprimió la Dirección General de la Guardia Civil y pasó a depender del Ministerio de la Gobernación, a través de la nueva Inspección General del Cuerpo, pero al frente de la misma siempre estuvo un militar. Los guardias de asalto, armados con porra y revólver, creados por orden del director general de Seguridad, Angel Galarza, debían “ser capaces de hacer frente a los desórdenes públicos con medios menos expeditivos que los empleados por la Guardia civil, demasiado proclive a la utilización del fusil y del sable”.

Esta obsesión por el orden público y el recurso a las fuerzas de orden público militarizadas se pudo comprobar en la “semana trágica” que se inició con los sucesos de Castilblanco el 31 de diciembre de 1931 y se cerró con los sucesos de Arnedo del 5 de enero de 1932. En Castilblanco una muchedumbre se abalanzó sobre un grupo de cuatro guardias civiles que les impedían el paso a la Casa del Pueblo, y los linchó allí mismo con ensañamiento. A los pocos días en Zalamea de la Serena la intervención de la Guardia Civil, en lo que parecía un escarmiento por lo sucedido en Castilblanco, mató a dos campesinos e hirió a tres más. El domingo 3 de enero una concentración de obreros en huelga en Épila (Zaragoza) fue disuelta por la Guardia Civil, matando a dos personas e hiriendo a varias más. El lunes 4 de enero en Xeresa (Valencia) una manifestación de campesinos, enfrentados a los patronos que no aceptaban las bases de trabajo propuestas, recibió a la la Guardia Civil a caballo con insultos y piedras. Hubo una carga de sables y disparos. El resultado fue cuatro muertos y trece heridos, dos de ellos mujeres. Finalmente en la localidad riojana de Arnedo unos obreros en huelga se concentraron en la plaza del pueblo acompañando a sus representantes sindicales para que negociaran con los patronos la readmisión de unos obreros despedidos y la Guardia Civil comenzó a disparar sin mediar ningún tipo de advertencia matando a seis varones y cinco mujeres (entre ellos una madre y su hijo de cuatro años, más una mujer de setenta años) e hiriendo a once mujeres y a diecinueve varones (entre ellos un niño de cinco años a quien tuvieron que apuntar una pierna y varios ancianos) de los cuales cinco quedaron inútiles para el trabajo; un guardia civil fue herido de bala en un pie.

La opinión pública reaccionó indignada y la simpatía que había mostrado hacia la Guardia Civil tras los sucesos de Caltilblanco se tornó en hostilidad, porque no era la primera vez que la guardia civil disparaba a quemarropa. En las Cortes los diputados de la oposición pidieron el cese inmediato del director general de la Guardia Civil, el general Sanjurjo. Pero un mes después el gobierno cedió a la presión y lo sustituyó por el general Cabanellas, pasando Sanjurjo a dirigir el Cuerpo de Carabineros, lo que Sanjurjo lo interpretó como desautorización y una degradación por parte del gobierno (cinco meses después encabezaría el primer intento de golpe de Estado para derribar a la República).

En la conversación que mantuvo Sanjurjo con el presidente del Gobierno Manuel Azaña en la que éste le comunicó su destitución como director de la Guardia Civil Sanjurjo no habló de las atrocidades cometidas por sus subordinados en Arnedo sino que echó la culpa a los “ayuntamientos socialistas” donde se había metido “lo peor de cada casa”, gente “indeseable” que “fomenta el desorden, amedrenta a los propietarios, causa daños en las propiedades y a de chocar necesariamente con la Guardia civil”. Los socialistas, le dijo Sanjurjo a Azaña, no deberían estar en el gobierno “porque su presencia alienta a los que favorecen los desmanes”.

El consejo de guerra que el 30 de enero de 1934 juzgó en Burgos al teniente de la Guardia Civil que dio la orden de disparar en Arnedo lo absolvió “del delito de homicidio y lesiones por imprudencia temeraria por falta bastante de prueba para apreciar lo hubiera cometido, existiendo la misma circunstancia respecto a cargos sobre la fuerza de la Guardia Civil a sus órdenes”.

Pocos días después de los sucesos de Castilblanco y Arnedo, el 10 de enero de 1932 tuvo lugar un incidente en Bilbao con motivo de la celebración de un mitin carlista, donde se habían dado gritos de ¡Gora Euskadi!, y ¡Viva España! A la salida del mitin algunos carlistas comenzaron a disparar contra una concentración de jóvenes socialistas que estaban desfilando delante del local cantando La Internacional. El resultado fueron tres personas muertas y varias heridas, incluyendo a un guardia civil. Tras una investigación el gobierno ordenó la clausura del convento de las Madres Reparadoras (que era un colegio para señoritas), desde donde se habían producido algunos disparos, y en cuyo interior se hallaron rifles y cartuchos. A mediados de abril, una disputa callejera en Pamplona entre jóvenes socialistas y carlistas degeneró en una pelea general, resultando muerto uno de cada bando y ocho heridos por disparos de armas de fuego. En noviembre de 1932 una manifestación improvisada de estudiantes de medicina de la universidad de Barcelona que iban a despedir a algunos de sus profesores que marchaban a una conferencia en Francia, los guardias de asalto la disolvieron alegando que era una manifestación “separatista” ilegal.

La oposición a las reformas: los monárquicos (y los fascistas)

El primer intento serio, no de frenar, sino de acabar con las reformas emprendidas por el gobierno republicano-socialista de Azaña provino de los monárquicos alfonsinos, grupo integrado fundamentalmente por una parte importante de las elites conservadoras de la Monarquía de Alfonso XIII, que buscaban su restauración mediante un golpe de Estado militar. Los monárquicos a los pocos meses de proclamada la República crearon en julio de 1931 la Sociedad Cultural de Acción Española para la difusión de las ideas monárquicas más ultraconservadoras, y a partir de mediados de diciembre de ese mismo año la revista Acción Española, inspirada en L’Action Française, el órgano de expresión del movimiento autoritario fundado por Charles Maurras. En la revista, financiada por destacados monáruicos como el marqués de Quintanar, participaron intelectuales monárquicos como Eugenio Vegas Latapie, Ramiro de Maeztu o el carlista Víctor Pradera. Todos estos monárquicos fundamentalistas tuvieron una participación destacada en Acción Nacional.

Bandera del Requeté carlista

Los monárquicos alfonsinos, a diferencia de los carlistas cuya Comunión Tradicionalista seguía creciendo y organizando sus milicias de requetés, no se propusieron formar un movimiento de masas sino que actuaron en tres frentes: el cultural, actualizando el discurso tradicionalista y conservador, a través de un grupo de intelectuales agrupados en torno a la revista Acción Española; el político, fundando un partido propio, llamado Renovación Española, que intentará formar un frente antirrepublicano con el naciente fascismo español, los carlistas y el sector menos “accidentalista” de la CEDA; y sobre todo el insurreccional, buscando la colaboración de los sectores del Ejército español que se mantenían fieles a la Monarquía (a pesar de haber jurado fidelidad a la República) y de aquellos otros descontentos por las reformas militares de Azaña.

La primera conspiración militar para restaurar la monarquía tuvo lugar en el verano de 1931 y estuvo protagonizada por los generales Luis Orgaz, José Cavalcanti, Miguel Ponte y Emilio Barrera, que contaron con la ayuda financiera de algunos aristócratas exiliados, como el duque de Alba, y de antiguos colaboradores de la Dictadura de Primo de Rivera como el marqués de Quintanar y el conde de Vallellano. También estaba involucrado el director del diario madrileño Informaciones, Juan Pujol, agente del millonario Juan March. La conspiración fue descubierta por el gobierno y el general Orgaz fue desterrado a Canarias.

Más tarde el general Miguel Ponte desde Francia reconstruyó la trama conspirativa, contando el grupo de exministros de la Monarquía y de la Dictadura que vivían exiliados en Biarritz (Juan de la Cierva, José Calvo Sotelo y Eduardo Aunós). Esta vez buscaron apoyos exteriores y el mismo general Ponte acompañado del aviador Juan Antonio Ansaldo, se entrevistaron en Roma con Italo Balbo, uno de los jerarcas del régimen fascista italiano, que al parecer les prometió armas y municiones para los conjurados.

El intento de golpe de estado del general Sanjurjo en agosto de 1932

El general Sanjurjo durante su juicio en 1932

Al mismo tiempo que se organizaba la conspiración encabezada por el general Ponte, un grupo de exmonárquicos encabezados por Manuel Burgos y Mazo y Melquiades Álvarez buscaban apoyos para “rectificar” el rumbo que estaba tomando la República que ellos creían que se orientaba “irremediablemente” hacia la anarquía. El objetivo era sustituir al gobierno de Azaña por otro de republicanos moderados. Para encabezar el movimiento pensaron en el general José Sanjurjo, un militar de gran popularidad pues había sido director de la Guardia Civil en el momento de la proclamación de la República, aunque éste al principio no mostró mucho interés. Pero su opinión cambió cuando fue destituido en enero de 1932 de su puesto de director de la Guardia Civil, a raíz de los sucesos de Arnedo, y nombrado director general de Carabineros, un cargo de menor relieve. Sanjurjo lo consideró un castigo y a comienzos del verano de 1932 se incorporó a la Junta militar golpista que presidía desde hacía unos meses el general Barrera.

Entre los que le animaron a encabezar el pronunciamiento también estaban los dirigentes carlistas Fal Conde y el conde de Rodezno. Y entre sus colaboradores militares figuraban un cierto número de oficiales antirrepublicanos que iban de jugar papeles importantes en el golpe de estado de julio de 1936: los generales González Carrasco y Ponte; los coroneles Valera, Martín Alonso, Valentín Galarza y Heli Rolando de Tella (el general Franco también estaba comprometido pero en el último momento se retiró de la conjura). Aunque finalmente la Comunión Tradicionalista no se adhirió a la sublevación y no puso al servicio de la misma el Requeté, la milicia armada carlista que recibía preparación e instrucción militar.

Pero el golpe estaba mal organizado, y la policía estaba sobre la pista de la trama confusa que lo apoyaba. El 15 de junio de 1932 era detenido el general Luis Orgaz, uno de los principales conspiradores y a principios de agosto de 1932 la policía detuvo a miembros de los grupos civiles que iban a apoyar el golpe militar, entre ellos varios dirigentes del partido alfonsino radical Partido Nacionalista Español, cuyo líder José María Albiñana ya había sido confinado en mayo en Las Hurdes. El golpe, finalmente, tuvo lugar el 10 de agosto de 1932. En Madrid un grupo de militares y civiles armados al mando de los generales Barrera y Cavalcanti intentaron tomar el Ministerio de la Guerra, donde se encontraba Azaña, pero varias unidades de la Guardia Civil y de Asalto sofocaron la rebelión, en la que murieron nueve sublevados y varios fueron heridos. El general Barrera voló a Pamplona para intentar convencer a los carlistas para que se sumaran, pero al no lograrlo se refugió en Francia. El general González Carrasco que no consiguió sublevar a la guarnición de Granada también huyó a Francia.

En Sevilla, en cambio, donde el general Sanjurjo había situado su cuartel general, sí que consiguió que la guarnición apoyara el golpe y se declaró el estado de guerra, aunque Sanjurjo mantuvo las tropas acuarteladas. Publicó un manifiesto en el que anunciaba que no se sublevaba contra la República como tal (lo que decepcionó a parte de los monárquicos que le habían apoyado), sino contra las actuales Cortes “ilegítimas”, convocadas por un “régimen de terror”, y que había llevado a España al borde de “la ruina, la iniquidad y la desmembración”. Inmediatamente los sindicatos convocaron una huelga general en la ciudad y ante la falta de apoyo de otras guarniciones el general Sanjurjo huyó en dirección a Portugal, pero fue detenido en Huelva cerca de la frontera.

Sanjurjo con otros oficiales siendo juzgado en el tribunal en 1932

Sanjurjo fue condenado a muerte por un consejo de guerra, aunque la pena fue conmutada por la de cadena perpetua por un decreto del Presidente de la República. Manuel Azaña escribió en su diario del 25 de agosto de 1932: “Más ejemplar escarmiento es Sanjurjo fracasado, vivo en presidio, que Sanjurjo glorificado, muerto”. En cambio el ministro de la Gobernación Santiago Casares Quiroga se opuso a la conmutación de la pena de muerte porque “rompe la firme del Gobierno, alienta a los conspiradores, y nos impide ser rigurosos con los extremistas”.

Tras un tiempo en la cárcel en el penal de El Dueso, fue amnistiado en abril de 1934 por el gobierno de Alejandro Lerroux y se refugió en Portugal. Sobre los militares y los civiles monárquicos que habían participado o había apoyado el golpe cayeron casi todas las medidas represivas previstas por la Ley de Defensa de la República: 145 jefes y oficiales fueron detenidos y deportados a Villa Cisneros en la colonia española del Sahara Occidental, como se había hecho con 104 anarquistas unos meses antes con motivo de la insurrección anarquista del Alto Llobregat; sus más destacados órganos de prensa, el diario ABC y la revista Acción Española fueron suspendidos; muchas sedes políticas y culturales fueron clausuradas; las propiedades de la nobleza "grande de España" (acusada de financiar el golpe) fue expropiada sin indemnización de sus tierras por una ley aprobada por el Parlamento, etc.

El gobierno sospechó que Alejandro Lerroux había estado implicado o al menos había tenido conocimiento de la conspiración, por los diversos contactos que mantuvo en los días anteriores con algunos de sus organizadores, el general Sanjurjo incluido. Incluso se creía que le habían propuesto presidir el gobierno si el golpe triunfaba. La sospecha se alimentó después cuando Lerroux a los pocos meses de presidir el gobierno tras las elecciones de noviembre de 1933 amnistió a los implicados en el golpe.

Además del fracaso, los efectos de la "Sanjurjada" fueron los contrarios a lo que se pretendía: el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley de Reforma Agraria, cuya aprobación intentaban impedir los golpistas, fueron rápidamente votados favorablemente por las Cortes. Además Azaña hizo importantes cambios en las fuerzas de seguridad y cesó al general Cabanellas, que había tenido contactos con algunos de los conspiradores, como director de la Guardia Civil.

Otra de las consecuencias de la Sanjurjada fue que los monárquicos abandonaron Acción Nacional (que desde marzo se llamaba Acción Popular) porque ésta había decidido optar sólo por los cauces legales para oponerse a la política republicana. Así Antonio Goicoechea dimitió de todos sus cargos en Acción Popular y en enero de 1933 fundó el nuevo partido Renovación Española. A partir de ese momento se dedicaron a conspirar y a buscar los fondos y apoyos para llevar a cabo una sublevación militar contra la República. Además de intentar demostrar que esa sublevación contra el orden establecido era legítima.

Los fascistas

José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española

Por otro lado, tras el fracaso del golpe de Sanjurjo, los monárquicos empezaron a apoyar financieramente a los pequeños grupos fascistas que habían surgido los dos años anteriores, presionándolos para que se unificaran en una única organización. En 1931 Ramiro Ledesma Ramos (joven intelectual, funcionario de correos, que había fundado en marzo de 1931 un semanario llamado La Conquista del Estado) y Onésimo Redondo (un abogado ultracatólico de Valladolid) habían fusionado sus respectivos grupos para formar las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), organizadas en “escuadras” según el modelo de las “squadra d’azzione” del fascismo italiano, que desarrollaron acciones violentas en la universidad contra estudiantes republicanos, y contra las sedes y mítines de los partidos y organizaciones de la izquierda. Otro grupúsculo fascista estaba liderado por el abogado José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador general Primo de Rivera, que había fundado junto con el periodista y escritor Rafael Sánchez Mazas y el aviador Julio Ruiz de Alda el Movimiento Español Sindicalista (MES), que los “jonsistas” consideraban poco “revolucionario”. Al MES se sumó el filofascista Frente Español, encabezado por Alfonso García Valdecasas, un antiguo seguidor de José Ortega y Gasset e integrado con él en la Agrupación al Servicio de la República.

El impulso definitivo del grupo del MES fue gracias a la firma en agosto de 1933 del llamado “Pacto de El Escorial” por el que los monárquicos alfonsinos de Renovación Española se comprometieron a financiar al movimiento a cambio de que éste adoptara gran parte de sus postulados. Gracias a este pacto el propio José Antonio Primo de Rivera y uno de sus colaboradores, el marqués de Aliseda, fueron incluidos en la candidatura derechista por la provincia de Cádiz en las elecciones de noviembre de 1933, lo que les permitió salir elegidos diputados a Cortes. El 29 de octubre de 1933, en plena campaña electoral, el MES celebró un mitin en el teatro Teatro de la Comedia de Madrid, una especie de refundación del movimiento que pasó a llamarse Falange Española.

A principios de 1934 falangistas y jonsistas se fusionarían en la Falange Española de las JONS, que hasta la primavera de 1936 siguió siendo una organización minúscula, con apenas varios miles de afiliados. Tampoco el sindicato fascista y antimarxista que fundaron con el nombre de Confederación Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) tuvo ningún éxito.

La oposición a las reformas: los católicos

Logo de la CEDA

La hostilidad de Iglesia Católica y de los sectores que la apoyaban a la declaración de la aconfesionalidad del Estado y al política secularizadora radical que emprendió el gobierno republicano-socialista presidido por Manuel Azaña, dio nacimiento al catolicismo político, que logró construir a partir de Acción Nacional (a partir de marzo de 1932 llamada Acción Popular) un gran partido de masas que fue la CEDA, aunque esto no se habría producido sin la dirección, el discurso ideológico y los recursos organizativos de la Iglesia Católica. Esta confederación de partidos aglutinaba no sólo a las oligarquías del antiguo régimen sino a miles de agricultores medios y pobres dirigidos políticamente por miembros de las clases medias urbanas, que a su vez se sentían perjudicadas por las políticas reformistas de la coalición de izquierda, como determinados sectores profesionales y funcionariales, tanto civiles como militares, o círculos intelectuales vinculados a la tradición conservadora. Y todos ellos veían con horror el laicismo del Estado y con miedo el ascenso de la clase obrera. Como ha señalado Santos Juliá:

El nuevo partido católico inició su actividad buscando una confrontación directa con el gobierno en los dos puntos que podían servir para atraer mayor afiliación: los republicanos eran calificados de fríos perseguidores de la Iglesia, y, en consecuencia, enemigos de la Patria, y a los socialistas se les presentaba como enemigos de la propiedad, de la familia y el orden. Fue así como Acción Popular, y desde su congreso fundacional de febrero y marzo de 1933, la CEDA, lograron una audiencia de masas vinculando la defensa de la religión católica a la lucha por la propiedad como fundamento del orden social

La oposición a las reformas: la CNT y los anarquistas

Bandera de la CNT-FAI.

La CNT se mantuvo a la expectativa, aunque llena de reservas, durante las primeras semanas de la República "burguesa". Pero esa posición cambió a medida que vio como las medidas represivas del gobierno provisional de “plenos poderes” se cebaban con ella (como en los tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera) y a medida que se fue promulgando la nueva y prolija legislación laboral (especialmente los "jurados Mixtos" que les recordaba demasiado a los comités paritarios de la Dictadura durante la cual la CNT había sido ferozmente perseguida) que intentaba imponer el modelo sindical “corporativo” de UGT por la vía del decreto, y que la CNT consideró como un intento de restarle influencia sobre la clase obrera (y contrario a la “acción directa” que ella defendía) y como una traición a la verdadera revolución social.

Los conflictos en las ciudades tuvieron características diferentes a los del mundo rural. Muchos de ellos fueron “por el control de trabajo disponible, por el reparto del espacio sindical, que en un momento de crisis, al covertirse los sindicatos en centros de colocación, va unido a lo anterior, y la confrontación en torno al entramado corporativo”. Manuel Azaña escribió en sus diarios sobre esta “guerra civil” entre las dos prácticas sindicales, “acaso la realidad política más vigorosa de España en estos momentos”.

Como ha señalado Santos Juliá:

Para la CNT, la UGT no hacía más que la política de los burguesía entre la clase obrera, garantizando la sumisión de los trabajadores, aniquilando las fuentes de su rebeldía y conduciéndola a un sometimiento al Estado y a la clase burguesa. A esa política se oponía su tradicional forma de confrontación directa con los patronos, llamando continuamente a la huelga sin recurrir a la mediación de organismos gubernamentales [los "comités paritarios" de la Dictadura, o los "jurados mixtos" de la República], y de movilización de la clase obrera en una permanente gimnasia revolucionaria que conduciría al derrocamiento del Estado y a la revolución social entendida como sindicalización de la economía y liquidación de la política

Esta política de confrontación con la República también tuvo repercusiones internas en la CNT porque reforzó a la tendencia propiamente anarquista (identificada con la Federación Anarquista Ibérica, FAI) frente a la tendencia sindicalista, que lideraban Juan Peiró y Ángel Pestaña, que llegarán a difundir sus tesis contrarias al insurreccionalismo en un manifiesto llamado "de los Treinta" en agosto de 1931. Muchos de estos "treintistas" serán expulsados de la CNT a lo largo de 1932 y la escisión se consumará el febrero de 1933 poco después del fracaso de la insurrección del mes anterior cuyo hecho más destacado habían sido los Sucesos de Casas Viejas, con la fundación de la Federación Sindicalista Libertaria, con Pestaña como secretario general; Pestaña, acabará rompiendo con los "treintistas" “posibilistas” de Peiró, que no rechazan mantener relaciones con la FAI aunque en el capo estrictamente sindical, y fundará el Partido Sindicalista, poniendo fin así a uno de los postulados básicos del "apoliticismo" anarquista.

La primera muestra importante de la política de confrontación de la CNT fue la convocatoria de una huelga de los empleados de la Compañía Telefónica Nacional de España, una empresa subsidiaria de la norteamericana American Telephone and Telegraph Company, que dio lugar a sangrientos incidentes en Sevilla. La huelga se inició el 4 de julio y sólo tuvo un seguimiento total en Barcelona y en Sevilla. Los socialistas apoyaron la determinación del Gobierno de mantener el servicio, y en Madrid y en Córdoba trabajadores de la UGT actuaron de esquiroles. La CNT convocó entonces huelgas generales de apoyo de los huelguistas de Telefónica. El lugar donde tuvieron más éxito fue en Sevilla que quedó paralizada el día 20 de julio. La respuesta del gobierno fue declarar el Estado de Guerra dos días después, por lo que las fuerzas militares ocuparon la ciudad llegando a utilizar la artillería contra el local de la CNT donde estaba reunido el comité de huelga. El resultado fue 30 muertos y unos 200 heridos. En Barcelona el presidente de la Generalitat Francesc Macià criticó al gobierno provisional por su forma de actuar y se negó a utilizar estos métodos para acabar con la huelga. Lo mismo hizo el portavoz en las Cortes Constituyentes Lluís Companys que no apoyó el voto de confianza que pidió el Gobierno Provisional. “Los anarquistas descubrieron que una República los podía tratar con la misma severidad que un Gobierno monárquico”. En la madrugada del 23 de julio cuatro detenidos murieron en el Parque de María Luisa de Sevilla, en lo que, según el ministro de la Guerra Manuel Azaña, tenía “la apariencia de una aplicación de la ley de fugas”. Según la explicación oficial dada por el ministro de la Gobernación Miguel Maura, “de madrugada, con ocasión de un traslado de presos desde Sevilla al puerto, para conducirlos al penal de Cádiz, al cambiar de furgoneta en pleno Parque de María Luisa a varios detenidos, éstos intentaron escapar y la fuerza del Ejército, al mando de un joven teniente, disparó, matando a cuatro”.

A esta huelga siguieron otras, no sólo en las ciudades (como la del metal en Barcelona el 4 de agosto) sino también en el campo, donde además se produjeron ocupaciones de fincas por jornaleros en demanda de la reforma agraria. Esto culminó en la organización de un movimiento insurreccional en el Alto Llobregat (Cataluña) en enero de 1932.

La insurrección anarquista del Alto Llobregat

La del Alto Llobregat fue la primera de las tres insurrecciones llevadas a cabo por la CNT durante la Segunda República (la segunda fue la Insurrección anarquista de enero de 1933, durante la cual se produjeron los famosos sucesos de Casas Viejas, y la tercera la Insurrección anarquista de diciembre de 1933). Comenzó el 19 de enero de 1932 cuando los mineros de la colonia de San Cornelio, en Fígols, iniciaron una huelga y se apoderaron de las armas del somatén y empezaron a patrullar por las calles. Algunos trabajadores más exaltados proclamaron el “comunismo libertario”. El motivo eran las duras condiciones de trabajo en las minas, con largas jornadas y falta de seguridad en el fondo de los pozos, y también las expectativas que habían levantado los nuevos derechos de reunión y de asociación que la Constitución de 1931 recién aprobada reconocía. Al día siguiente el conflicto se había extendido a otras localidades del Alto Llobregat como Berga, Sallent, Cardona, Balsareny, Navarcles y Súria, donde pararon las minas y cerraron los comercios. En Manresa los piquetes de trabajadores impedían el acceso a las fábricas y a los talleres. Las líneas telefónicas fueron cortadas. En muchos lugares las banderas republicanas fueron sustituidas por las banderas rojas y negras de la CNT. Ese mismo día un delegado del Comité Regional de la CNT proclamó en Fígols, delante del comité revolucionario creado por los mineros, que “el comunismo libertario había llegado”, noticia que se difundió por toda la zona.

Al día siguiente, 21 de enero, Manuel Azaña declaraba ante las Cortes: “A mí no me espanta que haya huelgas… porque es un derecho reconocido por la ley”, pero nadie puede ponerse “en actitud de rebeldía contra la República” y frente a los “desmanes” la fuerza militar tenía la obligación de intervenir. Así, el día 22 de enero llegaban a Manresa las primeras unidades militares y el 23 ya habían ocupado todos los pueblos de la zona excepto Fígols, donde entraron el día 24. Los mineros habían volado el polvorín y habían huido por las montañas. El orden fue restablecido y los mineros despedidos.

Buenaventura Durruti

El día 23 cuando ya sólo Fígols permanecía en poder de los insurrectos, el Comité Nacional de la CNT acordó “dar la orden de paro en toda España, aceptándola con todas sus consecuencias”. Sin embargo sólo en algunos pueblos aislados del País Valenciano y de Aragón la siguieron. En Alcorisa (Teruel) los insurrectos colocaron dos bombas en el cuartel de la Guardia Civil, y en Castel de Cabra, los revoltosos se apoderaron “del Ayuntamiento, destruyeron el Registro fiscal y todos los documentos que había en el archivo de la secretaría municipal”, según informó un periódico. Tropas de infantería enviadas desde Barcelona al mando del general Batet y desde Zaragoza acabaron con disturbios y el día 27 de enero la primera insurrección anarquista contra la República había acabado.

Hubo muchos detenidos y todos los centros de la CNT de las comarcas afectadas fueron cerrados, pero la medida represiva que mayor impacto tuvo fue la decisión del gobierno de aplicar la Ley de Defensa de la República a un centenar de detenidos que fueron deportados a las colonias de Africa. El día 22 de enero, cuando las tropas ocupaban Manresa, en Barcelona eran detenidos varios militantes anarquistas, entre los que se encontraban los hermanos Fernando Ascaso y Domingo Ascaso, Buenaventura Durruti y Tomás Cano Ruiz. Fueron trasladados al buque de vapor “Buenos Aires”, anclado en el puerto. Cuatro días después ya había más de 200 detenidos en el buque. El día 28 un centenar iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta y redactaron un manifiesto denunciando su indefensión. Algunos consiguieron salir pero el 10 de febrero el “Buenos Aires” zarpaba del puerto de Barcelona con 104 detenidos a bordo. Tras recoger otros detenidos en Cádiz, el barco pasó por Canarias, Fernando Poo y finalmente recaló en Villa Cisneros el 3 de abril. En la travesía algunos de los presos habían enfermado, uno de ellos murió, y otros fueron liberados. Los últimos deportados regresaron a la Península en septiembre. Con este “affaire” de los deportados el enfrentamiento entre la CNT y el gobierno republicano-socialista se radicalizó aún más.

La insurrección anarquista de enero de 1933: los sucesos de Casas Viejas

Justo un año después de la insurrección del Alto Llobregat se produjo un nuevo movimiento insurreccional anarquista, esta vez general, que provocó graves incidentes en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, expeditivamente reprimidos por las fuerzas gubernativas, que causaron numerosos muertos. Los sucesos más graves tuvieron lugar en la aldea de Casas Viejas (Cádiz) donde la intervención de las fuerzas de orden público provocó una matanza. Los hechos fueron utilizados por la oposición para atacar al gobierno (se difundió la falsa noticia de que el propio Azaña había dado la orden de disparar a los guardias), y aunque pudo superar la crisis, a medio plazo "Casas Viejas" le sería enormemente perjudicial.

La crisis de la coalición republicano-socialista: el fin del gobierno de Azaña

En el otoño de 1932 el Gobierno de Azaña alcanzó su máximo prestigio. Había contenido la oposición anarquista y derrotado sin dificultades la sublevación militar monárquica de agosto. La UGT apoyaba al gobierno a pesar de la impaciencia de millares de sus afiliados más exaltados y de la creciente influencia sobre las masas de la CNT. La República había iniciado la reforma del ejército, la construcción de escuelas públicas, y un programa de grandes obras públicas. Finalmente, había logrado la aprobación de una ley de reforma agraria y concedido un Estatuto de autonomía a Cataluña.

Pero contra todos los pronósticos, 1933 resultó un año muy complicado para el Gobierno de Azaña. Empezó con la insurrección anarquista, que desembocó en la matanza de Casas Viejas y minó la credibilidad republicana. Confluyeron las malas noticias sobre la economía y el paro con la ofensiva de las organizaciones patronales contra el sistema corporativo de los jurados mixtos, la irrupción del catolicismo como movimiento político de masas y el acoso del Partido Republicano Radical. “En septiembre de 1933, como consecuencia de todo ello y de que Azaña perdió la confianza de Alcalá Zamora, los republicanos de izquierda y los socialistas ya no estaban en el gobierno”.

Una de las puntas de lanza de acoso al gobierno fue el Partido Republicano Radical, que había abandonado la coalición republicano-socialista en diciembre de 1931 al haberse decantado Azaña por la alianza con los socialistas en lugar de con ellos. La oposición de los radicales a la continuidad en el gobierno de los socialistas, una vez aprobada la Constitución de 1931, radicaba fundamentalmente en que una parte importante de su base social la constituían las clases medias urbanas y rurales, comerciantes, tenderos y pequeños empresarios que rechazaban las reformas socio-laborales aprobadas por el socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo. Dado el conglomerado interclasista que lo constituía su propaganda se dirigía a “todos los españoles”. Alejandro Lerroux se convirtió así en portavoz de todos aquellos que odiaban a los socialistas, a los que llegó a acusar en una ocasión de estar ejerciendo “una especie de dictadura”, y presionó a Niceto Alcalá Zamora para que le retirara su apoyo al gobierno de Azaña. “Que se fueran los socialistas se convirtió en el grito unánime de empresarios y patronos en la primavera y verano de 1933, cuando la crisis económica y el paro llegaban a su punto más alto y la CNT centraba sus huelgas y movilizaciones contra los jurados mixtos”.

Las protestas patronales culminaron en julio de 1933 cuando se celebró en Madrid una “Magna Asamblea Nacional” de todas las organizaciones empresariales más importantes: la Confederación Gremial, la Confederación Patronal y la Unión Económica. Allí volvieron a exigir la modificación de la composición de los jurados mixtos. Por su parte la Confederación Española Patronal Agrícola acusaba a los socialistas y a su política en el Ministerio de Trabajo de haber trasladado de la ciudad al campo “la odiosa lucha de clases”, además de solicitar la revisión de la Ley de Reforma Agraria por “antijurídica y antieconómica”.

Un revés para el gobierno y un signo de que la coalición gobernante estaba perdiendo apoyos fueron las elecciones municipales parciales que se celebraron en abril de 1933 (se trataba de los 2500 ayuntamientos designados en abril de 1931 por el artículo 29 de la antigua Ley electoral de 1907, que decía que si sólo se presentaba una única candidatura esta era proclamada ganadora y no hacía falta votar, y que desde entonces habían sido gobernados por comisiones gestoras) a pesar de que los concejales republicanos duplicaron en número a los monárquicos, el número de estos últimos (4954 sobre unos 15.000) era demasiado alto. Sólo representaban el 2% de los electores de toda España, pero los resultados ofrecieron un avance sustancial de la CEDA y del Partido Radical, y un retroceso de los republicanos de izquierda y de los socialistas.

Pero el punto clave de la ruptura de la coalición no fueron las presiones “externas” o la pérdida de apoyos sino que fue el intenso debate interno que vivió el socialismo español sobre la conveniencia de mantenerse en el gobierno. En el XIII Congreso del PSOE en octubre de 1932 y en el de UGT los dos sectores del socialismo (los encabezados por Indalecio Prieto y por Francisco Largo Caballero) decidieron continuar con la colaboración con los republicanos de izquierda con el objetivo de consolidar las reformas y de avanzar más por esa senda. Pero la colaboración se mantuvo con ciertas reservas porque crecía el descontento de las bases socialistas en el campo, desilusionadas por el alcance y los ritmos de la reforma agraria, y había habido ya sangrientos enfrentamientos como los de Sucesos de Castilblanco (Badajoz) o los Sucesos de Arnedo (Logroño) entre jornaleros de la FNTT-UGT y la Guardia Civil, que estaba a las órdenes de un gobierno donde había tres ministros socialistas. En las ciudades la crisis económica se agudizaba, aumentaba el paro y las patronales radicalizaban su oposición a la normativa sociolaboral. Todo ello acentuó la brecha de las bases socialistas con "su" gobierno. Por otro lado, los dirigentes de UGT observaron el crecimiento más rápido de sus rivales de la CNT y lo atribuyeron al hecho de que éstos no se habían comprometido colaborando con un Gobierno “burgués”.

Los sucesos de Casas Viejas son los que terminaron de hacer prevalecer entre los socialistas la idea de que había llegado el momento de abandonar la alianza con la burguesía republicana. Incluso el sector encabezado por Prieto, hasta entonces el más firme partidario de la colaboración con los republicanos, llegó a defender a partir de marzo de 1933 la salida pactada de los socialistas del Ejecutivo y la formación de un gobierno de "concentración republicana" con apoyo del PSOE desde fuera. Pero el sector "caballerista" se opuso alegando que eso abriría el paso a la derecha y pondría fin al programa de reformas que aún estaban por acabar. Pero era muy difícil que la UGT siguiera comprometida en la consolidación de un régimen que sufría la abierta hostilidad del sindicato rival, CNT, capaz de movilizar a sectores cada vez más amplios de obreros y campesinos.

Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República

Finalmente fue la presión de los católicos movilizados por la recién creada CEDA sobre la Presidencia de la República con motivo del debate de la Ley de Congregaciones lo que provocó la primera crisis del gobierno de Azaña. Alcalá Zamora y sus escrúpulos de conciencia como católico le indujeron a demorar hasta el último día el plazo hábil para sancionar la Ley de Congregaciones, aprobada por las Cortes el 17 de mayo pero no promulgada hasta el 2 de junio. Al día siguiente Alcalá Zamora le retiró su confianza al gobierno y éste tuvo que dimitir. El presidente de la República estaba convencido de que la opinión pública se estaba inclinando hacia la derecha.

Sin embargo, Alcalá Zamora no tuvo más remedio que volver a nombrar a Azaña porque no encontró ningún otro candidato que pudiera obtener el respaldo de la mayoría de los diputados. Así, el 13 de junio se formó el tercer gobierno de Azaña, con una composición muy similar al segundo (los socialistas mantuvieron a sus tres ministros) aunque amplió su respaldo parlamentario al incluir un ministro del Partido Republicano Democrático Federal, José Franchy Roca, nuevo ministro de Industria y Comercio, y a Lluís Companys, de la Esquerra Republicana de Cataluña, como ministro de Marina.

Pero a partir de ese momento el gobierno fue perdiendo apoyos porque continuaba la crisis de los radical-socialistas, divididos entre los seguidores de Félix Gordon Ordás, que se oponían a la continuidad de los socialistas en el gobierno (la reforma agraria no avanzaba, la recesión económica se encontraba en su punto álgido), y los que lideraban Marcelino Domingo y Alvaro de Albornoz, partidarios de su continuidad.

La nueva oportunidad para destituir a Azaña se le presentó a Alcalá-Zamora a principios de septiembre de 1933. Se habían celebrado el día 3 las elecciones de los quince miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales que le correspondía elegir a los ayuntamientos, y durante las mismas los partidos de oposición, CEDA y Partido Radical se movilizaron y consiguieron la CEDA seis puestos y el Partido Republicano Radical cuatro, mientras que los republicano-socialistas sólo obtuvieron cinco. Azaña buscó el voto de confianza de las Cortes y lo obtuvo, pero al día siguiente, 7 de septiembre, el presidente le retiró la suya por segunda vez y Azaña tuvo que dimitir.

Alcalá Zamora encargó la formación de un nuevo gobierno al Alejandro Lerroux, para que restableciera la “fraternal inteligencia entre todas las facciones republicanas”. Así el líder radical constituyó el 12 de septiembre un gobierno de "concentración republicana" (con los socialistas fuera del Ejecutivo que declararon que habían quedado “rotos todos los compromisos contraídos entre los republicanos y los socialistas”) pero, falto de los suficientes apoyos parlamentarios sólo duró tres semanas, a causa de que los republicanos de izquierda, los socialistas y los radical-socialistas "independientes" de Marcelino Domingo no le otorgaron la confianza (la ruptura de los radical-socialistas se había consumando a finales de septiembre: la minoría más a la izquierda encabezada por Marcelino Domingo acabó formando el Partido Radical Socialista Independiente, mientras el sector más favorable a la alianza con los radicales quedó encabezado por Félix Gordón Ordás). En consecuencia, el Presidente de la República nombró nuevo presidente al también radical Diego Martínez Barrio cuya única misión sería organizar nuevas elecciones que permitieran salir del bloqueo en que se encontraba el Parlamento, para el 19 de noviembre la primera vuelta (y para el 3 de diciembre la segunda). Sería la primera vez en la historia de España, y una de las primeras en la de Europa, en que votarían las mujeres (seis millones estaban censadas).

Enlaces externos

• Especial del diario "Público" sobre la II República Española en su 80 aniversario.

Predecesor: Gobierno Provisional de la Segunda República Española

Periodos de la Historia de España Primer bienio de la Segunda República Española

Sucesor: Segundo bienio de la Segunda República Española