Dictadura de Primo de Rivera

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Dictadura de Primo de Rivera

Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg

1923-1930

Flag of Spain (1785-1873 and 1875-1931).svg

Bandera Escudo
Bandera Escudo
Himno nacional: Marcha Granadera
Capital Madrid
Idioma oficial Español
Religión Católica
Gobierno Dictadura con rey
Rey de España
 • 1886 - 1931 Alfonso XIII
Época histórica Siglo XX
 • Golpe de Estado de Primo de Rivera 1923
 • Directorio militar 1923-1925
 • Directorio civil 1925-1930
 • Dimisión de Primo de Rivera 1930
Moneda Peseta

La dictadura de Primo de Rivera fue el régimen político que hubo en España desde el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, hasta la dimisión de éste el 28 de enero de 1930 y su sustitución por la «dictablanda» del general Berenguer.

Antecedentes[editar]

Desde el desastre del 98 se produjo en España una creciente interferencia del Ejército en la vida política. Dos momentos claves de esta actitud pretoriana del Ejército fueron la crisis del Cu-Cut! de 1905 –el asalto por oficiales de la guarnición de Barcelona de la redacción y los talleres de esta publicación satírica nacionalista catalana, y también los del periódico La Veu de Catalunya, en respuesta a una viñeta satírica sobre los militares- y que condujo a la Ley de Jurisdicciones de 1906, y la crisis española de 1917 en la que cobraron un especial protagonismo las autodenominadas Juntas de Defensa, integradas exclusivamente por militares.[1]

Durante ese periodo, a los intentos regeneracionistas fracasados de Silvela, le siguió la intentona de hacer una “reforma desde arriba” del conservador Maura, que tuvo que dimitir tras los sucesos la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Posteriormente Canalejas intentó un programa reformista liberal, que tampoco logró resolver los problemas estructurales.

En este clima, los partidos tradicionales de la Restauración fueron debilitándose mientras fue creciendo la implantación de los partidos republicanos y de las organizaciones obreras (CNT, PSOE-UGT). La Primera Guerra Mundial trajo un periodo de pujanza económica gracias al auge de exportaciones a los países combatientes, pero supuso también un desabastecimiento interno y un alza de precios amén de no traer las inversiones que eran necesarias, por lo que las condiciones económicas de buena parte de la población no mejoraron. En cambio, la Revolución rusa sí causó un hondo efecto, convirtiéndose en referente del movimiento obrero revolucionario y alarmando a la burguesía. El final de la guerra acabó con la pujanza económica y, gracias al auge nacionalista en el Tratado de Versalles, motivó a los nacionalismos peninsulares.

Las décadas de 1910 y 1920 vieron cómo la crisis se acentuaba. La guerra en Marruecos era altamente impopular y carecía de beneficios económicos, pero era una cuestión de honor para el ejército. Éste sin embargo se hallaba dividido por el sistema de ascensos entre los africanistas que defendían los méritos de guerra y los que preferían la antigüedad. Esto desembocó en una crisis interna, en la que se formaron juntas de defensa. Sin embargo, el ejército fue determinante en el fracaso de la huelga general de 1917. Con el paso del tiempo, la suspensión de garantías constitucionales y el estado de excepción se fueron haciendo normales como forma de combatir el pistolerismo.

En 1921, el líder rifeño Abd-el-Krim derrotó al ejército español en Annual, en lo que fue un duro revés al dominio español de Marruecos. El "desastre de Annual" motivó una comisión investigadora parlamentaria y la redacción de un informe (Expediente Picasso) sobre la situación del ejército en Marruecos y las responsabilidades de la derrota que se convirtió en una dura crítica al régimen político y que llegaban hasta el rey.

El golpe de Estado[editar]

Alfonso XIII junto al general Miguel Primo de Rivera después de su nombramiento como Jefe del Gobierno y Presidente del Directorio militar
El Manifiesto de Primo de Rivera

AL PAÍS Y AL EJÉRCITO.
Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión.
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin, poner remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lanzamos por España y por el Rey.
Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. ¡Españoles!¡Viva España y viva el Rey!
No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex gobernadores, agentes de autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos, depreciación de moneda; francachela de millones de gastos reservados, sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad, rastreras intrigas políticas tomando como pretexto la tragedia de Marruecos, incertidumbres ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e industrial; impune propaganda comunista, impiedad e incultura, justicia influida por la política, descarada propaganda separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades, y… por último, seamos justos, un solo tanto a favor del Gobierno de cuya savia vive hace nueve meses, merced a la inagotable bondad del pueblo español, una débil e incompleta persecución al vicio del juego.
No venimos a llorar lástimas y vergüenzas, sino a ponerles pronto y radical remedio, para la que requerimos el concurso de todos los buenos ciudadanos. Para e!!o y en virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un directorio inspector militar con carácter provisional, encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales, requiriendo al país para que en breve plazo nos ofrezca hombres rectos, sabios y laboriosos que puedan constituir Ministerio a nuestra amparo, pero en plena dignidad y facultad, para ofrecerlos al Rey por si se digna aceptarlos.[...]

13 de septiembre de 1923

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado. La reunión prevista de las Cortes Generales para fechas inmediatamente posteriores con el objetivo de analizar el problema de Marruecos y el papel del ejército en la contienda pudieron constituir el detonante último de la sublevación. A esta situación se unió la crisis del sistema monárquico en el que los partidos del turno fueron incapaces de afrontar un régimen democrático pleno. El 14 de septiembre, el gobierno legítimo pidió al rey la destitución inmediata de los generales sublevados, y la convocatoria de las Cortes Generales, pero el monarca no apoyó la medida y el gobierno tuvo que dimitir. Poco después Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera Presidente del Gobierno. En el Manifiesto de los sublevados se invocó la salvación de España de "los profesionales de la política".

Se creó un Directorio Militar con ocho generales de brigada del Ejército y un contralmirante. Se suspendió la Constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, se crearon los Somatenes como milicias urbanas y se declaró el estado de guerra.

La «Dictadura con rey»[editar]

La expresión "dictadura con rey" ha sido acuñada por el historiador Santos Juliá (que también utiliza el término "dictadura militar de real orden").[2] Obedece al hecho de que la suerte final del golpe militar la decidió el rey Alfonso XIII al no respaldar al gobierno y ceder el poder a Primo de Rivera, lo mismo que había hecho un año antes el rey de Italia Víctor Manuel III que se negó a firmar el decreto que declaraba el estado de emergencia para impedir que la "marcha sobre Roma" de los fascistas triunfara, y que al día siguiente nombró a Mussolini, jefe del gobierno. No es casualidad que poco después de instaurarse la Dictadura, Alfonso XIII le dijera a Víctor Manuel III en el curso de una visita oficial a Italia: ya tengo "mi Mussolini".[3] Por su parte Primo de Rivera admiraba a Mussolini, al que consideraba el apóstol de la campaña dirigida contra la corrupción y la anarquía. Según la historiadora Genoveva García Queipo de Llano, "el aumento de las dificultades y la propia consolidación del régimen dictatorial le llevaron [a Primo de Rivera] a aproximarse algo más al fascismo, pero siempre con indecisión, de manera tímida".[4]

A partir de la aceptación del golpe de Estado de Primo de Rivera, el rey ya no actuó como monarca constitucional, sino como jefe del Estado de una nueva fórmula política de "dictadura con rey", que se iba a difundir más tarde por otras monarquías europeas. Que Alfonso XIII ya no era un monarca constitucional, lo pudieran comprobar los presidentes del Senado, conde de Romanones, y del Congreso de Diputados, Melquiades Álvarez, cuando pasados tres meses del golpe le recordaron al rey que la Constitución de 1876 le obligaba a convocar elecciones (cosa que el rey no hizo). Fueron fulminantemente destituidos mediante un Decreto firmado por Primo de Rivera y refrendado por el Rey.[5] Primo de Rivera lo justificó así:[6]

El país no se impresiona ya con películas de esencias liberales y democráticas; quiere orden, trabajo y economía.

En principio la Dictadura iba a ser un régimen temporal —Primo de Rivera dijo que su propósito era permanecer sólo noventa días tiempo suficiente para regenerar el país—, pero duró seis años y cuatro meses.[7] [8]

Fases de la dictadura[editar]

El 14 de septiembre de 1923 se declaró el estado de guerra, que duraría hasta el 16 de marzo de 1925. El 15 de septiembre se aprobaba el real decreto que establecía un Directorio militar que asumía todas las funciones del poder ejecutivo. Primo de Rivera se convertía en jefe de Gobierno y único ministro. El resto del directorio estaba compuesto por un general de brigada de cada capitanía general, más el marqués de Magaz, Antonio Magaz y Pers (contralmirante), en representación la Armada. Los generales que integraban el Directorio fueron: Adolfo Vallespinosa Vior (I Región Militar), general de Artillería Luis Hermosa y Kith (II Región Militar), Luis Navarro y Alonso de Celada (III Región Militar), Dalmiro Rodríguez Pedré (IV Región Militar), Antonio Mayandía y Gómez (V Región Militar), el general Francisco Gómez-Jordana y Souza (VI Región Militar), Francisco Ruiz del Portal (VII Región Militar) y Mario Muslera y Planes (VIII Región Militar).

Las primeras decisiones del dictador marcaron el rumbo de cómo se iba a gobernar. A la disolución de las Cortes se unió el día 18 de septiembre un decreto que prohibía el uso de otra lengua que no fuera el castellano, ni de símbolos como banderas vascas o catalanas. La Mancomunidad de Cataluña fue intervenida con el nombramiento del conservador Alfons Sala y se disolvieron las Diputaciones Provinciales. Del mismo modo se restringieron las libertades políticas, se anuló el sistema de representación, se suspendieron las garantías constitucionales y se censuraron las publicaciones de la prensa.

El dictador fascista italiano Benito Mussolini en 1930.

El 3 de diciembre de 1925 se restableció el cargo de Presidente del Consejo de Ministros y se estableció lo que se conoce como Directorio civil, con hombres que no provenían del antiguo sistema de partidos, entre los que se encontraban José Calvo Sotelo como ministro de Hacienda, Galo Ponte y Escartín como ministro de Gracia y Justicia y Eduardo Callejo de la Cuesta como ministro de Instrucción Pública, entre otros. No obstante, la Constitución permaneció suspendida.

Contexto internacional[editar]

Los sistemas democráticos se tambaleaban también en Europa. El fascismo se implanta en Italia en 1922, se funda en Alemania el NSDAP y los regímenes autoritarios alcanzan a Portugal y Polonia. Primo de Rivera se reunirá con Benito Mussolini, a quien elogiará diciendo que era "el apóstol de la campaña contra la anarquía y la corrupción política", recogiendo con agrado una parte importante del sistema corporativista que se estaba implantando en Italia y que pretendió importar a España. La explosión del modelo autoritario, de fuerte sentimiento nacionalista, muy crítico con los sistemas democráticos débiles y acomodados, unido a una rápida extensión en toda Europa de las ideas emergentes de los socialistas con amplio apoyo de las masas populares, influyó en la reacción habida en España.

El Directorio militar (1923-1925)[editar]

De izquierda a derecha (en negrita los generales miembros del Directorio militar y entre paréntesis el número de la región militar a la que representan; en cursiva, los cuatro generales miembros del Cuadrilátero): el General Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII, y el general José Cavalcanti de Alburquerque, en primera fila; el general Antonio Mayandia Gómez (5.ª), el general Federico Berenguer Fusté y general Leopoldo Saro Marín, en segunda fila; el general Antonio Dabán Vallejo, el general Francisco Ruiz del Portal (7.ª) y el general Luis Navarro y Alonso de Celada (3.ª), en tercera fila; el general Luis Hermosa y Kith (2.ª), el general Dalmio Rodríguez Pedré (4.ª), el general Adolfo Vallespinosa Vior (1.ª), el general Francisco Gómez-Jordana Sousa (6.ª), y el general Mario Muslera y Planes (8.ª), en última fila.

El restablecimiento de la «paz social»[editar]

La primera medida que tomó el Directorio fue la destitución de las autoridades provinciales y locales (gobernadores civiles, alcaldes, presidentes de las diputaciones) que fueron sustituidas por militares, cuya primera misión fue el restablecimiento del orden público por el método expeditivo de declarar el estado de guerra, lo que suponía la suspensión de las garantías constitucionales (como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y asociación, etc.) y la atribución a la jurisdicción militar de los "delitos políticos" (incluidos el de ostentar banderas no nacionales o utilizar en actos oficiales lenguas no castellanas) y buena parte de los delitos comunes.[5] Otra de las primeras decisiones del Directorio también tuvo que ver con el orden público: mediante un decreto de 17 de septiembre, se extendió la institución catalana del Somatén a todas las provincias de España.[9]

La declaración del estado de guerra condujo a que se restableciera la "paz social". Desapareció casi por completo el pistolerismo (sólo se registraron 51 atentados entre 1923 y 1928, frente a los 1.259 de 1919 a 1923) y se redujo el número de huelgas, a lo que contribuyó también el crecimiento económico que se vivió en los "felices años veinte".[10]

La política seguida por la Dictadura con las dos grandes organizaciones obreras fue muy distinta. Primo de Rivera intentó atraerse a los socialistas, provocando una división en su seno entre los partidarios de la colaboración con la Dictadura, encabezados por Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero y Manuel Llaneza, y los contrarios, liderados por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Ganó la postura de los primeros y los socialistas se integraron en el Consejo de Trabajo como consecuencia de la absorción por este nuevo organismo del Instituto de Reformas Sociales, e incluso Largo Caballero formó parte del Consejo de Estado, lo que provocó la dimisión de Prieto de la ejecutiva del PSOE.[10] En cambio, la política de la Dictadura respecto de la CNT fue la represión, por lo que la organización anarquista pasó a la clandestinidad.[11]

El «descuaje del caciquismo»[editar]

Primo de Rivera se consideró a sí mismo el «cirujano de hierro» que debía lograr el «descuaje del caciquismo» del que había hablado Joaquín Costa a principios de siglo.[12] Así, además de restablecimiento de la "paz social", el otro objetivo asignado a las nuevas autoridades militares provinciales y locales fue "regenerar" la vida pública poniendo fin a las redes caciquiles, una vez que la "oligarquía" de los políticos del turno ya había sido desalojada del poder. Los nuevos gobernadores civiles, todos ellos militares, fueron encargados de investigar los casos de corrupción, admitiéndose al principio las denuncias anónimas, y para auxiliar a los gobernadores se nombraron en cada Partido judicial delegados gubernativos, también militares –más de ochocientas corporaciones locales fueron investigadas y se incoaron más de cien expedientes por haberse detectado irregularidades en ellas-.[13]

Sin embargo, en la práctica la medida de nombrar los delegados gubernativos fue "poco efectiva" porque entre ellos "también se dieron casos de corrupción" "e incluso algunos se convirtieron en auténticos caciques".[14] En realidad, "la razón fundamental de la crisis del caciquismo durante el período de la Dictadura fue la marginación del poder durante tanto tiempo de los partidos del turno", aunque muchos caciques encontraron refugio en el partido único de la Dictadura, la Unión Patriótica.[15]

La reforma política a nivel local culminó con la promulgación del Estatuto Municipal de 1924, impulsado por el entonces director general de Administración Local, el antiguo maurista José Calvo Sotelo. En el preámbulo del Estatuto se decía que el Estado para ser democrático ha de apoyarse en municipios libres, pero los alcaldes siguieron siendo designados por el Gobierno, y no elegidos por los vecinos.[12]

Otro paso en el "descuaje del caciquismo" fue la disolución de las diputaciones provinciales en enero de 1924, a excepción de las del País Vasco y de Navarra. Los gobernadores civiles quedaron encargados de nombrar a sus nuevos miembros entre profesionales liberales y empresarios, lo que provocó la desafección de los miembros de la Lliga Regionalista encabezados por Josep Puig i Cadafalch, quien en un principio había creído en la buena voluntad regionalista de Primo de Rivera, ya que los designados para las cuatro diputaciones catalanas, como en los ayuntamientos, fueron españolistas, procedentes en su mayoría de la Unión Monárquica Nacional.[9]

La Unión Patriótica: un partido «apolítico»[editar]

A principios de 1924, comenzó a fraguarse la idea de que no era suficiente para «regenerar» el país poner fin a la «oligarquía» y «descuajar el caciquismo», sino que también era necesaria una «política nueva», que se apoyara en «gentes de ideas sanas» y los hombres «de buena fe» que formarían un «partido político, pero apolítico, que ejerce una acción político-administrativa».[12] Una fuerza política, que no definiera los objetivos ni las políticas a aplicar, sino que se hiciera cargo de la administración del Estado llevando a la práctica el lema regeneracionista de «menos política, más administración».[3]

Así es como nació en abril de 1924 la Unión Patriótica, aunque las primeras "uniones patrióticas" habían surgido de manera espontánea en los círculos del catolicismo político. Primo de Rivera definió la Unión Patriótica como «un partido central, monárquico, templado y serenamente democrático» y más adelante lo dotó de un trilema, al modo carlista: «Patria, Religión y Monarquía». Uno de sus ideólogos, el escritor José María Pemán, se preocupó de diferenciarlo del fascismo y afirmó que el Estado que defendía la Unión Patriótica era el "tradicional socialcristiano", y que además renegaba del sufragio universal que consideraba "un gran error".[16] En el partido se integraron personas procedentes de la derecha tradicional católica (antiliberal y antidemocrática), del "maurismo" y de otros sectores conservadores, "apolíticos" de todo tipo y también simples oportunistas.[17]

La Unión Patriótica fue un partido «organizado desde el poder y por el poder» (como lo reconoció José Calvo Sotelo),[15] y para su constitución el dictador echó mano de una formación política en gestación que venía del mundo católico antiliberal y antidemocrático no carlista, más concretamente del vinculado a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que encabezaba Ángel Herrera Oria, y que precisamente había sido la organización que había impulsado las primeras "uniones patrióticas" con el fin de constituir el gran partido de la derecha católica.[3]

La base de la Unión Patriótica fue fundamentalmente local y provincial, y la Junta Directiva Nacional creada en 1926 nunca tuvo unas funciones muy precisas. Más importante como aglutinante del partido fue el papel del diario La Nación, el órgano de prensa de la Unión Patriótica sostenido con fondos de la Administración.[18]

Por otro lado, la eficacia de la Unión Patriótica en el «descuaje del caciquismo» fue en realidad reducida, porque "incorporó en sus filas a muchos antiguos caciques y permitió la creación de nuevos cacicazgos", como en el caso de la provincia de Cádiz, cuna de Primo de Rivera, "donde la práctica totalidad de los caciques tradicionales se integraron en la Unión Patriótica".[16]

El reforzamiento del nacionalismo español y la lucha contra el «separatismo»[editar]

En el Manifiesto del 13 de septiembre se hacía referencia a la descarada propaganda separatista como una de las justificaciones del golpe. Cinco días después el Directorio promulgaba el Decreto de 18 de septiembre de 1923 contra el «separatismo», que castigaba con severas penas los «delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria», juzgados por tribunales militares. Así pues, la Dictadura se decantó desde el primer momento por "un nacionalismo español autoritario y beligerante. Los símbolos y las entidades afines a los otros nacionalismos fueron perseguidos. La censura redujo a la mínima expresión no sólo la prensa democrática y obrera, sino también las publicaciones en otras lenguas. Las actividades políticas fueran severamente limitadas y, en general, nacionalismos subestatales y regionalismos entraron en un forzado eclipse, que duraría hasta 1929".[19]

En Cataluña, pronto se hizo patente la equivocación de la Lliga Regionalista de apoyar el golpe de Primo de Rivera, ya que este llevó a cabo inmediatamente una política de persecución del catalanismo. Entre otras medidas se prohibió el catalán en los actos oficiales, se intentó suprimir el uso de catalán en los sermones y en las ceremonias religiosas, se impuso el castellano como única lengua administrativa, se castellanizaron y cambiaron los topónimos catalanes, se boicotearon los Jocs Florals (que hubieron de celebrarse en el exterior), se prohibió izar la bandera catalana, se limitó el baile de sardanas, se persiguió a instituciones profesionales, sindicales y deportivas simplemente por usar el catalán, etc.[20] Esta política generó numerosos conflictos con diversas instituciones catalanas y entidades catalanistas que se resistían a aceptarla, y muchas de ellas acabaron siendo clausuradas temporal o definitivamente. Fue el caso, por ejemplo, de algunos locales de la Lliga Regionalista que fueron cerrados y el de su periódico La Veu de Catalunya que fue suspendido temporalmente.[20]

En enero de 1924 Primo de Rivera se reunió en Barcelona con algunos dirigentes políticos catalanes pero sólo consiguió el apoyo de la españolista Unión Monárquica Nacional, cuyo líder Alfonso Sala Argemí pasó a presidir la Mancomunitat tras la dimisión de Puig i Cadafalch. Sin embargo, Sala acabó enfrentándose a las autoridades militares de Cataluña y protestando por carta a Primo de Rivera. Así cuando en marzo de 1925 se aprobó el Estatuto Provincial, que en la práctica prohibía la Mancomunitat, Sala dimitió.[21]

Tras la desaparición de la Mancomunitat, las declaraciones de Primo de Rivera sobre la cultura, la identidad, el idioma y las instituciones de Cataluña fueron creciendo en virulencia, manifestándose totalmente contrario a cualquier tipo de autonomía regional. Como ha señalado la historiadora Genoveva García Queipo de Llano, "Primo de Rivera ofendió no sólo a grupos políticos sino a la totalidad de la sociedad catalana".[20] Así se fue produciendo un distanciamiento cada vez mayor entre Cataluña y la Dictadura, aumentando progresivamente los conflictos. Acció Catalana llevó el "caso catalán" a la Sociedad de Naciones y Francesc Macià, un antiguo militar fundador de Estat Catalá, se convirtió en el símbolo de la resistencia de Cataluña a la Dictadura.[20]

La pacificación de Marruecos[editar]

Respecto al "problema de Marruecos" el general Primo de Rivera siempre había manifestado una postura "abandonista",[20] así que ordenó el repliegue de las tropas a la franja litoral del Protectorado español de Marruecos, con el consiguiente malestar del sector "africanista" del Ejército. Entre ellos se encontraba el teniente coronel Francisco Franco que escribió varios artículos en la Revista de Tropas Coloniales, en defensa del colonialismo español. Una de las razones de fondo de la oposición al "abandono" de Marruecos estribaba en que el repliegue suponía el final de los rápidos ascensos por "méritos de guerra", lo que había permitido a los oficiales destinados en África ascender más rápidamente que los que estaban en las guarniciones peninsulares. Era el caso del propio teniente coronel Franco, que cuando se graduó solicitó destino en el Ejército de África (en los "regulares", primero en Melilla y después en Ceuta), y en sólo cinco años (de 1912 a 1917) ascendió de teniente a comandante por "méritos de guerra". Cuando el teniente coronel Millán Astray organizó en 1920 la Legión Extranjera (siguiendo el modelo francés) nombró al comandante Franco al frente de uno de sus batallones. En 1922, Franco publicó Marruecos, diario de una Bandera, donde contó su experiencia en la Legión. Ese mismo año los medios conservadores, como el diario ABC, lo pusieran como ejemplo de "soldado", ante la campaña antimilitarista que se desató tras el "desastre de Annual". En 1923 ocupaba la jefatura de la Legión y era ascendido a teniente coronel. Cuando, finalmente, Primo de Rivera se decidió a reanudar la guerra de Marruecos el teniente coronel Franco, como otros oficiales "africanistas", cambiaron su actitud y se hicieron acérrimos partidarios de la Dictadura. El teniente coronel Franco ascendió en sólo tres años a coronel y de coronel a general. Tenía 33 años de edad. Si no hubiera habido guerra aún seria capitán, afirma el historiador Gabriel Cardona.[22]

En marzo de 1924 Primo de Rivera mandó retirar las tropas de la zona de Yebala y Xauen lo que permitiría acortar las líneas. Pero el repliegue se hizo en muy malas condiciones climatológicas y fue aprovechado por Abd el-Krim, el líder de la autoproclamada República del Rif, para lanzar una ofensiva, por lo que la operación fue una catástrofe. Hubo más bajas que las producidas en el desastre de Annual de tres años antes, aunque con un número inferior de muertos, y Abd el-Krim se apoderó de buena parte del protectorado español.[23] Primo de Rivera logró ocultar a la opinión pública la magnitud del desastre gracias a la censura[24] pero en octubre de 1924 tuvo que asumir personalmente el cargo de Alto Comisario Español en Marruecos. Sólo el error de los rebeldes rifeños de atacar las posiciones francesas en la primavera de 1925 permitió a Primo de Rivera salvar la situación.[23]

Desembarco de Alhucemas, septiembre de 1925

En efecto, el ataque de Abd el-Krim a las zonas de Marruecos bajo protectorado francés fue suficiente para que Francia por primera vez se mostrara dispuesta a colaborar con España para poner fin a la rebelión rifeña.[25] De esta colaboración surgió el proyecto del desembarco de Alhucemas que tuvo lugar en septiembre de 1925 y fue un completo éxito pues cogió al enemigo por la espalda y partió en dos la zona controlada por los rebeldes. Así en abril de 1926, Abd el-Krim solicitaba entablar negociaciones y al año siguiente Marruecos estaba completamente pacificado, dejando de ser un problema para España.[25] En su obsesión por no caer en manos del ejército español, Abd el-Krim se entregó a los franceses que lo deportaron a la isla Reunión.[24]

Según Genoveva García Quiepo de Llano,[25]

La victoria de Marruecos fue, sin duda, el triunfo más espectacular del gobierno de Primo de Rivera, y sentó las bases de la política exterior de la Dictadura en el futuro. La voluntad de permanencia en el poder del general Primo de Rivera a partir del año 1925, a pesar de que él mismo había indicado la provisionalidad de su régimen, fue precisamente que hubiera solucionado un problema que había sido la pesadilla de todos los gobernantes españoles desde el año 1898

Por otro lado, como ha señalado Santos Juliá, "entregada la dirección de la guerra a las africanistas carecía de sentido seguir con el enojoso asunto de las responsabilidades, al que se dio definitivo carpetazo".[26]

El Directorio civil (1925-1930)[editar]

El nacimiento del Directorio civil[editar]

Como ha señalado la historiadora Ángeles Barrio, "la popularidad que le había dado a Primo de Rivera el éxito de la campaña de África le permitía dar un paso adelante en la continuidad del régimen, devolver el ejército a los cuarteles y emprender una fase civil del Directorio. De hecho, el 13 de diciembre de 1925 Primo de Rivera constituía su primer gobierno de tipo civil, en el que sin embargo los puesto clave –Presidencia, ocupada por él mismo, Vicepresidencia y Gobernación, por Severiano Martínez Anido, y guerra por Juan O'Donnell, duque de Tetuán- se reservaban a militares. En el mismo acto de presentación del gobierno, para salir del paso de las especulaciones, cada vez más insistentes en diversos sectores, sobre la necesidad de una salida constitucional, Primo de Rivera hizo pública su intención de mantener en suspenso la Constitución y de no convocar elecciones".[27]

Con el "Directorio civil" Primo de Rivera restableció el Consejo de Ministros con las carteras tradicionales y con una composición mitad civiles y mitad militares. Los civiles pertenecían a la Unión Patriótica, y entre ellos destacaban las "las estrellas ascendentes del autoritarismo corporativo: José Calvo Sotelo [un antiguo "maurista" que en los dos años anteriores había ocupado la Dirección General de Administración Local] en Hacienda, Eduardo Aunós en Trabajo y el conde de Guadalhorce en Fomento".[28] Otro ministro destacado era el conservador José Yanguas Messía.[29]

Según Genoveva García Queipo de Llano, con el nombramiento del Directorio civil Primo de Rivera, "afirmaba su voluntad de permanecer en el poder y no marcaba ningún camino preciso para salir del régimen dictatorial".[29]

La fracasada institucionalización del régimen[editar]

El primer paso hacia la institucionalización del régimen fue la fundación en abril de 1924 del "partida único" Unión Patriótica y el segundo la formación del "Directorio civil" en diciembre de 1925. Los pasos siguientes fueron el establecimiento de la Organización Corporativa Nacional y la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar un proyecto de nueva Constitución.

La Organización Corporativa Nacional (OCN)[editar]

Primo de Rivera había prometido a los sectores obreros una actitud de "paternal intervención" para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, que se concretó en la creación en noviembre de 1926 de la Organización Corporativa Nacional (OCN), una institución que regularía las relaciones entre trabajadores y empresarios bajo la "supervisión" del Estado, y cuyo impulsor fue el ministro de Trabajo Eduardo Aunós, antiguo miembro de la Lliga Regionalista y defensor del catolicismo social. La idea de la OCN estaba inspirada en la "doctrina social de la Iglesia", aunque también estaba influida por el modelo corporativo fascista, dado el papel "tutelar" que se concedía al Estado.[30] [28] Según Ángeles Barrio, el objetivo último de la OCN era garantizar la paz social mediante una política de intervención en el mundo del trabajo (lo que denomina como "corporativismo social").[31]

La OCN constaba de un primer escalón formado por comités paritarios; un segundo escalón constituido por las comisiones mixtas provinciales y, finalmente, un tercero, formado por los consejos de la corporación de cada oficio, que constituían el órgano superior. La representación de patronos y obreros era igual en cada paso –cinco por cada lado-[32] y la labor presidencial era ejercida por un representante del gobierno. Primo de Rivera ofreció la representación de la clase obrera en la OCN al sindicato socialista, la Unión General de Trabajadores, lo que creó un importante elemento de división interna entre las socialistas, ya que la UGT aceptó el ofrecimiento.[30] "El plan que Primo de Rivera proponía a la UGT era ventajoso para el desarrollo y ensanchamiento de sus bases sindicales y para su representatividad en el ámbito de las relaciones laborales, que venía disputándosela con la CNT desde los primeros años del siglo", afirma Ángeles Barrio, pero como alega esta misma historiadora la colaboración de la UGT con la Dictadura produjo una honda fractura en el socialismo español, ya que algunos líderes como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos se opusieron a ella por considerarla injustificada y oportunista.[33]

La Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de nueva Constitución[editar]

El 13 de septiembre de 1926, tercer aniversario del golpe de Estado que le llevó al poder, Primo de Rivera realizó un plebiscito informal para demostrar que contaba con el respaldo popular y presionar así al rey para que aceptara su propuesta de convocar una Asamblea Consultiva, no elegida. Durante un año Alfonso XIII se resistió, pero en septiembre de 1927, firmó la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva que debería preparar y presentar escalonadamente al gobierno en un plazo de tres años y con carácter de anteproyecto, una legislación general y completa que a su hora ha de someterse a un sincero contraste de opinión pública y, que en la parte que proceda, a la real sanción. Esta Asamblea se reunió en febrero de 1928 y la mayoría de sus cerca de 400 miembros fueron nombrados directamente o indirectamente por el gobierno, y sólo unos sesenta habían sido antes diputados, senadores o ministros.[29]

En el Real Decreto-ley de 12 de septiembre de 1927 que la fundó, se decía que "no ha de ser un Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías", sino un "órgano de información, controversia y asesoramiento de carácter general que colaborará con el Gobierno".[34] Era "una asamblea corporativa, dependiente por completo del poder ejecutivo",[28] "con miembros elegidos por los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las uniones patrióticas, los órganos del Estado y representantes destacados de la Administración, el ejército, la justicia o la Iglesia junto a otros representantes del trabajo, el comercio, la cultura, las artes y demás actividades por el gobierno, y pretendía ser la expresión de un modelo tripartito de representación –Administración, Sociedad y Partido- que tenía sus raíces en el corporativismo clásico y en el corporativismo fascista italiano".[35]

Un fuerte revés para el proyecto de Primo de Rivera fue la negativa de los socialistas a participar en la Asamblea Nacional Consultiva, en principio motivada porque los puestos les habían sido asignados sin elección, pero cuando Primo de Rivera más tarde aceptó que fueran elegidos por el sindicato UGT, los socialistas mantuvieron su negativa.[11] El socialista que más fuertemente se opuso a la participación fue Indalecio Prieto, mientras que Francisco Largo Caballero o Julián Besteiro siguieron defendiendo la colaboración con el régimen —Besteiro argumentó que por qué no habrían de ir los socialistas a la Asamblea si habían participado en las Cortes Genrales que, a su juicio, eran tan ilegítimas como aquélla—.[36] Por otro lado, las Universidades, cada vez más enfrentadas con el régimen, tampoco enviaron represenantes.[37]

La sección primera de la Asamblea, presidida por José Yanguas Messía, con José María Pemán de secretario, y Antonio Goicoechea, Víctor Pradera y César Silió, entre sus vocales, presentó en el verano de 1928 una propuesta de Carta otorgada, como la calificó el reputado jurista Mariano Gómez, aunque fue presentada como anteproyecto de "Constitución de la Monarquía Española", a pesar de que rompía completamente con la historia del constitucionalismo español.[38]

El anteproyecto de Constitución –llamado Estatuto Fundamental de la Monarquía, y que fue redactado por José María Pemán, Gabriel Maura Gamazo y Juan de la Cierva-[36] tenía un carácter fuertemente autoritario ya que limitaba el ejercicio de los derechos, no establecía la división de poderes y sólo la mitad de la Cámara (única) era elegida por sufragio universal, mientras que la otra mitad era designada por las "corporaciones" y por el rey. El anteproyecto no satisfizo a nadie, ni siquiera a Primo de Rivera, debido al excesivo peso que se concedía a la Corona.[39] Así un año después de su presentación el anteproyecto se hallaba completamente estancado, por lo que el debate político se centró ya en la apertura de un verdadero "período constituyente".[40]

Como ha señalado Genoveva García Queipo de Llano, "lo que acabó por arruinar a la Dictadura como fórmula política fue su propia incapacidad para encontrar una fórmula institucional diferente a la del pasado".[41]

La política exterior[editar]

Amerizaje del Plus Ultra en el Río de la Plata, frente a Buenos Aires (enero de 1926)

El éxito en la pacificación de Marruecos tras el desembarco de Alhucemas impulsó una política exterior más "agresiva". Primo de Rivera exigió que Tánger, ciudad marroquí que contaba con una importante comunidad española o de origen español, se integrara en el Protectorado español de Marruecos. En esto fue apoyado por Mussolini, lo que levantó las suspicacias de Francia y de Gran Bretaña, garantes del estatuto internacional de Tánger. Al mismo tiempo exigió también que España tuviera un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones, amenazando con una retirada de la organización si no lo obtenía. Pero Primo de Rivera no alcanzó ninguno de los dos objetivos. En cuanto a Tánger obtuvo algunas concesiones administrativas y militares, pero la ciudad mantuvo su status internacional, y en cuanto a la Sociedad de Naciones Primo de Rivera tuvo que conformarse con que una de las reuniones de la misma se celebrara en Madrid.[42]

Plaza de España de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

Estos fracasos llevaron a Primo de Rivera a reorientar su política exterior hacia Portugal y hacia Hispanoamérica, un término que empezó a difundirse entonces. Así la Dictadura patrocinó el viaje del Plus Ultra, un hidroavión pilotado por el comandante Ramón Franco que salió de Palos de Moguer el 22 de enero de 1926 y llegó a Buenos Aires dos días después, tras haber hecho escala en las islas Canarias y en las de Cabo Verde. Un objetivo similar -estrechar los lazos entre la "madre patria" y las repúblicas americanas- tuvo la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.[43]

La política económica[editar]

Locomotora de la MZA, una de las más potentes de su tiempo. La ampliación y modernización de la Red de Comunicaciones española fue una de las bazas de la Dictadura primorriverista.

La Dictadura centró su propaganda en los logros económicos, pero lo cierto es que en el notable crecimiento económico que se produjo en esos años tuvo mucho que ver la favorable coyuntura internacional (los "Felices Años Veinte"). Su política económica se basó en una mayor intervención del Estado, a través de organismos como el Consejo de Economía Nacional creado en 1924 (sin cuyo permiso no podía, por ejemplo, instalarse ninguna industria nueva),[44] y en el proteccionismo de la "producción nacional". Dos logros importantes de la misma fueron la creación en junio de 1927 de CAMPSA, la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, y de la Compañía Telefónica Nacional de España, con capital mayoritario de la ITT norteamericana. Pero donde más se hizo patente la política económica intervencionista de la Dictadura fue en las obras públicas, desde las obras hidráulicas —para cuyo aprovechamiento integral (energético, de riegos y de transporte) se crearon las Confederaciones Hidrográficas— a las carreteras (en 1926 se fundó el Circuito Nacional de Firmes Especiales que realizó unos 7.000 kilómetros de carreteras) y los ferrocarriles.[45] También se llevó la electricidad al mundo rural.[46] En realidad, según Ángeles Barrio, "nacionalismo económico a ultranza, intervencionismo y miedo a la competencia eran máximas ya tradicionales de la política económica en España, y Primo de Rivera sólo hizo que se desarrollaran y que alcanzaran en los años de la dictadura su máxima expresión".[44]

Todo esto motivó una burocratización de la economía, que dio lugar a episodios de "favoritismo" como la entrega de monopolios a Juan March (tabaco en Marruecos) o a Urquijo y Ussía. Por otro lado, las regiones ya industrializadas como Cataluña o el País Vasco, vieron un incremento notable de la prosperidad económica y un crecimiento de los puestos de trabajo. Por vez primera, se pasó de un 57% de mano de obra dedicada a la agricultura, a un 45%, y el parque automovilístico se duplicó en seis años. Se consolidaba así un modelo que iba a permitir el desarrollo económico de unas zonas y el estancamiento relativo de otras. Además, el incremento demográfico, unido al proceso anterior, provocó las primeras notables migraciones interiores en la península.

Edificio del Palacio de la Prensa en la Gran Vía de Madrid, inaugurado en 1929

Para financiar el considerable aumento del gasto público que supuso la política económica intervencionista de la dictadura, no se puso en marcha ningún tipo de reforma fiscal que incrementara los ingresos, por lo que se tuvo que recurrir a la emisión de Deuda, lo que produjo un fuerte endeudamiento exterior e interior,[47] poniendo en riesgo la estabilidad de la peseta.[46]

Para conjugar el grave endeudamiento resultante de la importante inversión en infraestructuras que generaba un creciente déficit presupuestario también se recurrió a la venta de monopolios (tabaco, Telefónica, CAMPSA en petróleo, lotería...). Se echaba en falta una política fiscal avanzada, pues salvo un intento de José Calvo Sotelo de crear un impuesto único y progresivo echado atrás por la burguesía no hubo intentos de mejorar la Hacienda. Se promulgaron eso sí, decretos contra la Ocultación de la Riqueza Territorial, sobre la Contribución Industrial y sobre el Registro de Arrendamiento y Fincas Territoriales para combatir la evasión fiscal. Todo ello logró aumentar la renta nacional y la producción industrial, pero empeoró drásticamente la situación de la Hacienda Pública, cada vez más endeudada. El endeudamiento se arrastraría más allá de la dictadura, condicionando la política económica de la posterior Segunda República.

Por otro lado, se trató de combatir la conflictividad laboral atrayendo al obrerismo más moderado. Para ello se recurrió a medidas como la vivienda de protección oficial y el retiro obrero, o la protección de familias numerosas y del trabajo de mujeres en temas de maternidad. No se encararon en cambio la reforma agraria o de las estructuras económicas que creaban el grueso de la problemática.

La caída de la Dictadura[editar]

La historiadora Genoveva García Queipo de Llano sitúa el inicio de la decadencia de la Dictadura a mediados de 1928, momento en que confluyeron varios factores: el agravamiento de la diabetes que padecía de Primo de Rivera, y que poco después de dejar el poder le llevaría a la muerte; el fracaso de la Dictadura para instaurar un régimen nuevo; y el papel creciente de la oposición, a la que se sumó un sector del Ejército que organizó varias conspiraciones armadas contra el régimen.[48] Ángeles Barroso la sitúa un poco antes, a finales de 1927, cuando con la constitución de la Asamblea Nacional Consultiva quedó claro que Primo de Rivera, a pesar que desde el principio había presentado su régimen como "temporal", no tenía ninguna intención de volver a la situación anterior a septiembre de 1923.[33]

La pérdida de apoyos[editar]

Primo de Rivera junto a los monarcas españoles. En los últimos tiempos de la dictadura se acrecentó la distancia entre ambos pero la caída de Primo de Rivera arrastraría a Alfonso XIII.

Los sectores sociales y políticos que inicialmente habían prestado su apoyo a la Dictadura fueron retirándoselo: los nacionalismos periféricos cuando la Dictadura incumplió lo prometido sobre la "descentralización" y acabó disolviendo la Mancomunitat de Cataluña; las organizaciones empresariales descontentas con la "injerencias" de la UGT en sus empresas ("la UGT reforzó sus organizaciones y comenzó a extenderlas a la agricultura, lo que subvertía las tradicionales relaciones entre jornaleros y patronos en el campo. En las ciudades, donde lo que dominaba era el pequeño y mediano patrono, el auge del poder sindical se traducía en obligaciones respecto a horarios, jerarquías de oficios, definición de tareas y de salarios a los que no estaban acostumbrados"); los sectores intelectuales y universitarios que abandonaron su "benévola expectativa", desengañados con su "regeneracionismo" conservador; diversos grupos sociales y políticos líberales que veían cómo la Dictadura pretendía perpetuarse en el poder, incumpliendo su promesa de ser un "régimen temporal"; etc. La progresiva pérdida de apoyos sociales de la Dictadura, hizo que el rey comenzara "a considerar que tal vez la Corona corría algún riesgo si seguía atada a la figura del dictador".[37]

El conflicto de la Dictadura con los intelectuales tuvo un primer episodio en 1924 cuando Primo de Rivera expedientó a varios catedráticos –Luis Jiménez de Asúa, Fernando de los Rios- por haberse solidarizado con Miguel Unamuno, que había sido destituido de sus cargos en la Universidad de Salamanca y desterrado a Fuerteventura, por las críticas que había hecho al régimen dictatorial. El conflicto se acentuó cuando muchos intelectuales apoyaron las protestas de los estudiantes universitarios, que fueron respondidas por la Dictadura expulsando y desterrando a varios de ellos, incluido el líder del movimiento Antonio María Sbert. Estas movilizaciones estudiantiles fueron protagonizadas por la Federación Universitaria Escolar (FUE), fundada en 1929.[49]

Así Ramón del Valle-Inclán participó en la creación de la Alianza Republicana, Vicente Blasco Ibáñez, desde el exilio, y el blasquismo, desde Valencia, también se oponían, así como Ramón Menéndez Pidal desde su cátedra. En las Universidades el régimen era impopular y la imposibilidad de dar títulos oficiales a Universidades de órdenes religiosas extendieron el descontento a sectores de la Iglesia. Varios periódicos fueron cerrados, así como las universidades de Madrid y Barcelona.

En el Ejército el principal conflicto surgió con el Cuerpo de Artillería, a causa de su completo desacuerdo con la escala abierta de ascensos (es decir, ascensos no sólo por antigüedad sino también por méritos) propuesta por la Dictadura. La respuesta de Primo de Rivera fue, primero, suspender a todos los oficiales del arma en septiembre de 1926 y, después, disolverla. Alfonso XIII intentó mediar en el conflicto proponiendo una especie de pacto entre caballeros, pero Primo de Rivera se opuso radicalmente al pacto, amenazando con dimitir y recordándole al rey que el Ejército estaba bajo su mando. La disolución del arma suscitó la solidaridad de otros militares con los artilleros, a pesar de que inicialmente habían apoyado la escala abierta de ascensos.[50] La aceptación final del rey de la disolución del arma fue interpretada por los artilleros como una connivencia entre Alfonso XIII y Primo de Rivera. "Desde entonces, un sector importante del ejército adoptó una postura republicana".[51] Además, "el conflicto con los artilleros no dejó de tener repercusiones en los sucesivo, y la más importante de ellas fue que acentuó el progresivo distanciamiento del rey".[50]

Hubo dos intentos de golpe de estado para desbancar a Primo de Rivera del poder y retornar al sistema constitucional. El primero fue conocido como la Sanjuanada porque estaba previsto para el 24 de junio de 1926. En la conspiración participaron los generales liberales Weyler y Aguilera, y destacados miembros de la "vieja política" como Melquiades Álvarez.[50] El segundo intento de golpe tuvo lugar en enero de 1929 en Valencia y su principal protagonista fue el político conservador José Sánchez Guerra.[48] En este último intento también tuvieron un papel destacado los artilleros.[52]

Francesc Macià (derecha) con su abogado (izquierda) a punto de abandonar París tras el juicio por el fracasado complot de Prats de Molló.

Entre los dos intentos se produjo el llamado complot de Prats de Molló, un intento de invasión de España desde la Cataluña francesa dirigido por Francesc Macià y su partido Estat Catalá, y en el que colaboraron grupos anarcosindicalistas catalanes de la CNT.[50]

Los intentos de golpes de estado eran una novedad que había legitimado la propia Dictadura -era lícito recurrir a la fuerza militar (al viejo pronunciamiento) para derribar un gobierno y cambiar un régimen– y "en este sentido, la Dictadura fue como un retorno a la política del siglo XIX", afirma Santos Juliá-.[53]

Según Ricardo de la Cierva la Dictadura de Primo de Rivera supuso aciertos en la institucionalización económica, pero fracasó en su intento de cerrar sólidas instituciones políticas:

...Ya hemos registrado la dilución de su convocatoria ciudadana, la Unión Patriótica, que sin líderes capaces acabó por convertirse en un conglomerado carente de ilusión y de objetivos, aunque la buena voluntad de sus orientadores aficionados no mereciese la sangrienta traducción de iniciales que propuso el general Gonzalo Queipo de Llano: U.P., urinario público...
El segundo fracaso institucional fue el de la Asamblea Nacional Consultiva, anunciada por el Dictador el 5 de septiembre de 1926, de forma extraconstitucional, pero sin derogar de momento la Constitución de 1876, que siguió suspendida hasta el final del período.

Ricardo de la Cierva Historia de España, páginas 808-809

El crecimiento de la oposición[editar]

Al tiempo que la Dictadura fue perdiendo apoyos, crecieron los grupos de oposición. Entre los miembros de los partidos del turno, de la vieja política, que se enfrentaron a la Dictadura destacó el conservador José Sánchez Guerra, quien, tal como había prometido, cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente se exilió de España, y más tarde participó en el intento de golpe de estado de enero de 1929. Pero los partidos del turno como tales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, prácticamente habían desaparecido como consecuencia de su desalojo del poder y de la política de la Dictadura de "descuaje del caciquismo". Algunos de sus miembros se integraron en la Union Patriótica y otros, como Sánchez Guerra o Manuel de Burgos y Mazo, del partido conservador, o Santiago Alba, del liberal, se unieron al Bloque Constitucional fundado por el reformista Melquiades Álvarez, que defendía la abdicación de Alfonso XIII y la convocatoria de Cortes Constituyentes. Otros irían aún más lejos y se pasarían abiertamente al campo republicano, como Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura Gamazo, que fundaron la Derecha Liberal Republicana.[54]

Por su parte, los republicanos se vieron reforzados por el nuevo Grupo de Acción Republicana, de Manuel Azaña (un antiguo miembro del Partido Reformista de Melquiades Álvarez), y alcanzaron la unidad de acción con la "Alianza Republicana", fundada en febrero de 1926, en el aniversario de la Primera República Española.[55] Formaban parte de la Alianza los viejos Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux –del que en diciembre de 1929 se desgajó el Partido Republicano Radical-Socialista, de Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz- y Partido Republicano Democrático Federal, junto con las nuevas formaciones de Acción Republicana de Azaña y el Partit Republicà Català, fundado por Marcelino Domingo y Lluís Companys.[56] Como ha señalado Ángeles Barrio, "la importancia de la Alianza estribaba en que representaba una renovación del republicanismo capaz de lograr, como se demostró a raíz de la proclamación de la Segunda República Española, lo que hasta entonces no le había sido posible: atraer al proyecto político de la República a unas bases sociales principalmente urbanas, de claes medias y medias bajas, así como a amplios sectores de los trabajadores".[57]

En cuanto al movimiento obrero, la CNT recobró sus fuerzas, aunque escindida entre los moderados que dirigía Ángel Pestaña y los más radicales agrupados en la FAI. Las condiciones de trabajo seguían siendo pésimas y la dura represión sobre los obreros fue distanciando a la UGT y el PSOE que, de la mano de Indalecio Prieto, abandonaron el proyecto del dictador.

El colapso final[editar]

En diciembre de 1929 Primo de Rivera presentó al rey un plan de "transición" que pasaba por la convocatoria de una Asamblea formada por 250 senadores y 250 diputados, pero Alfonso XIII le pidió tiempo para responder. Por esas mismas fechas tomaba cuerpo una conspiración militar para derribar a la Dictadura que tenía su epicentro en Andalucía y que se desarrollaba casi a la luz pública.[58]

Ante la progresiva pérdida de apoyos sociales y políticos y ante el crecimiento de los sectores que se oponían a la Dictadura, a lo que se añadió un factor personal (se estaba agravando la diabetes que padecía), Primo de Rivera pretendió reforzar su posición ante la Corona y buscó el apoyo directo del Ejército (el otro pilar en el que se sustentaba su poder). Pero la respuesta de los capitanes generales fue demasiado tibia (les había enviado una carta solicitando su apoyo para continuar) por lo que presentó su dimisión al rey en enero de 1930, que le fue aceptada en el acto. "Alfonso XIII, que era desde hacía seis años un rey sin Constitución, nombró al general Dámaso Berenguer [entonces jefe de la casa militar del rey][59] presidente del gobierno con el propósito de retornar a la normalidad constitucional".[60]

Según Genoveva García Queipo de Llano, que Primo de Rivera eligiera la dimisión, el "procedimiento más insospechado" para dar una salida a la situación, se debió a "su mal estado de salud y [a] las ganas que tenía de abandonar el ejercicio de sus responsabilidades". Tras su dimisión, salió de España y poco después fallecía en un modesto hotel de París.[58]

Según Ángeles Barrio,[61]

La sensación de frustración y abandono que debió de experimentar Primo de Rivera cuando, tras su dimisión forzada en enero de 1930, se trasladó a París, probablemente aceleró su muerte, que se produjo dos meses más tarde en la más completa soledad. Ni él ni sus colaboradores más directos –entre los que además de Calvo Sotelo o Aunós, habría que citar a su propio hijo, José Antonio Primo de Rivera- pudieron comprender la poca benevolencia de la ciudadanía con lo que ellos consideraban un balance muy positivo de un régimen, que habría librado a España del separatismo, del sindicalismo, del déficit y de la guerra.

Responsabilidades[editar]

Tras la proclamación de la Segunda República, varios altos cargos, algunos en rebeldía, fueron condenados a penas de destierro e inhabilitación en el acto celebrado en el Senado, ante los veintiún diputados de la Comisión de Responsabilidades, constituidos en Tribunal, presidido por el diputado José Franchy y Roca.

Referencias[editar]

  1. González Calleja, 2005, p. 18-19.
  2. Juliá, 1999, p. =63-64. "Una fórmula de dictadura con rey que se extenderá por Yugoslavia con el rey Alejandro en 1929, Bulgaria con el rey Boris en 1934-35, Grecia con Jorge II y la toma del poder por el general Metaxas tras la restauración de 1935, y Rumania con el rey Carol en 1938"
  3. a b c Juliá, 1999, p. 65.
  4. García Queipo de Llano, 1997.
  5. a b Juliá, 1999, p. 64.
  6. González Calleja, 2005, p. 46-47.
  7. García Queipo de Llano, 1997, p. 98.
  8. Juliá, 1999, p. 63.
  9. a b Barrio, 2004, p. 77.
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  14. García Queipo de Llano, 1997, p. 100.
  15. a b García Queipo de Llano, 1997, p. 105.
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  17. Barrio, 2004, p. 78.
  18. Barrio, 2004, p. 79.
  19. De la Granja, José Luis; Beramendi, Justo; Anguera, Pere (2001). La España de los nacionalismos y las autonomías. Madrid: Síntesis. p. 60. ISBN 84-7738-918-7. 
  20. a b c d e García Queipo de Llano, 1997, p. 108.
  21. García Queipo de Llano, 1997, p. 106.
  22. Cardona, Gabriel (2003). «El joven Franco. Cómo se forja un dictador"». Clío (16):  pp. 18-24. 
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  32. Barrio, 2004, p. 93.
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  34. Juliá, Santos (2009). La Constitución de 1931. Madrid: Iustel. p. 23. ISBN 978-84-9890-083-5. 
  35. Barrio, 2004, p. 90.
  36. a b Barrio, 2004, p. 91.
  37. a b Juliá, 1999, p. 67.
  38. Juliá, Santos (2009). Ibid. pp. 23–24. 
  39. García Queipo de Llano, 1997, p. 114-116.
  40. Juliá, 1999, p. 24.
  41. García Queipo de Llano, 1997, p. 116.
  42. Barrio, 2004, p. 82.
  43. Barrio, 2004, p. 82-83.
  44. a b Barrio, 2004, p. 84.
  45. García Queipo de Llano, 1997, p. 116-117.
  46. a b Barrio, 2004, p. 85.
  47. García Queipo de Llano, 1997, p. 117-118.
  48. a b García Queipo de Llano, 1997, p. 124.
  49. Barrio, 2004, p. 95.
  50. a b c d Barrio, 2004, p. 96.
  51. García Queipo de Llano, 1997, p. 122-123.
  52. Barrio, 2004, p. 95-96.
  53. Juliá, 1999, pp. 68-69. "Todo el mundo entendió que recurrir a las armas para conquistar el poder estaba de nuevo permitido; la imagen de los comités revolucionarios, los militares insurrectos y el pueblo en la calle, unidos en su común propósito contra el Rey, recuperó su empañado prestigio"
  54. Barrio, 2004, p. 97-98.
  55. García Queipo de Llano, 1997, p. 121-122.
  56. Barrio, 2004, p. 99.
  57. Barrio, 2004, p. 100.
  58. a b García Queipo de Llano, 1997, p. 126.
  59. Barrio, 2004, p. 101.
  60. Juliá, 1999, p. 68.
  61. Barrio, 2004, p. 94.

Bibliografía[editar]

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]


Predecesor:
Periodo constitucional del reinado de Alfonso XIII
España y Portugal.jpg
Periodos de la Historia de España

Dictadura de Primo de Rivera
Sucesor:
"Dictablanda" del general Berenguer