Quema de conventos de 1931 en España

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Ciudades en las que se produjeron los sucesos.

Se conoce como quema de conventos a la ola de violencia anticlerical contra edificios e instituciones de la Iglesia Católica, ocurrida entre los días 10 y 13 de mayo de 1931 en España, pocas semanas después de haberse proclamado la Segunda República.

Los disturbios comenzaron en Madrid durante la inauguración del Círculo Monárquico de la calle de Alcalá y rápidamente se extendieron por otras ciudades del sur y el levante peninsular. Alrededor de cien edificios religiosos ardieron total o parcialmente aquellos días, se destruyeron objetos del patrimonio artístico y litúrgico, se profanaron algunos cementerios de conventos, y varias personas murieron y otras resultaron heridas.

Antecedentes: la política religiosa inicial del Gobierno Provisional y la respuesta católica[editar]

Con la proclamación de la Segunda República Española, el nuevo orden constitucional debía amparar la libertad de conciencia y desarrollar un proceso de secularización que permitiera superar la tradicional identificación entre el Estado y la Iglesia Católica, uno de los elementos clave de legitimación de la monarquía. "Los republicanos anunciaron su determinación de crear un sistema de escuelas laicas, introducir el divorcio, secularizar los cementerios y los hospitales y reducir en gran medida, si no eliminar, el número de órdenes religiosas establecidas en España".[1]

Sin embargo, las primeras decisiones del Gobierno Provisional de la Segunda República Española sobre la secularización del Estado fueron muy moderadas, en sintonía con la decisión de poner a su frente al católico liberal Niceto Alcalá Zamora y nombrar en la cartera clave de Gobernación, a su compañero de la Derecha Liberal Republicana, el también católico Miguel Maura. En la regla tercera del Estatuto jurídico del Gobierno Provisional, promulgado el mismo día 14 de abril de 1931, y hecho público al día siguiente en el diario oficial, la Gaceta de Madrid, se proclamó la libertad de cultos:

El Gobierno provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas.[2]

En aplicación de esta declaración en las tres semanas siguientes el Gobierno aprobó algunas medidas secularizadoras poco importantes, pero significativas, como la “disolución de la órdenes militares, supresión de la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos en cárceles y cuarteles [22 de abril y 19 de abril, respectivamente], prohibición de participación oficial en actos religiosos [Circular del Ministro de la Gobernación del 17 de abril], fin de las exenciones tributarias a la Iglesia, privación de sus derechos a la Confederación Nacional Católico-Agraria, etc. Entre todas, quizá la medida más destacada fue el decreto de 6 de mayo declarando voluntaria la enseñanza religiosa”.[3] Por un decreto de 5 de mayo se privó a la Iglesia Católica su representación en los Consejos de Instrucción Pública, con lo que la jerarquía católica ya no pudo intervenir en la elaboración de los planes de estudios, un derecho que venía ejerciendo desde hacía mucho tiempo.[4] Además se prohibió la asistencia a actos religiosos de los militares no siendo a título personal y se suspendieron las festividades de los Patronos de Armas y Cuerpos del Ejército. Por último se modificó la ley electoral de 1907 para que los sacerdotes pudieran presentarse como candidatos en las elecciones.[5]

Al mismo tiempo el Gobierno Provisional inició los contactos con el nuncio Federico Tedeschini para asegurarle que el Gobierno hasta que no se aprobara la nueva Constitución respetaría el Concordato de 1851 y a cambio la Iglesia debía dar muestras de que acataba el nuevo régimen. Así el día 24 de abril el nuncio envió un telegrama a todos los obispos en el que les transmitía el «deseo de la Santa Sede» de que «recomend[asen] a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su[s] diócesis que respet[ase]n los poderes constituidos y obede[ciese]n a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común».[6] Junto al nuncio, el otro miembro de la jerarquía eclesiástica que encarnó esta actitud conciliadora hacia la República fue el cardenal arzobispo de Tarragona Francisco Vidal y Barraquer, que ya había realizado algunos gestos de deferencia hacia las nuevas autoridades como su visita al presidente de la Generalitat de Cataluña Francesc Macià, el día 18 de abril, o como el envío el día 22 de una carta de saludo y felicitación al Gobierno provisional de la República por parte de la conferencia de obispos catalanes.[7] Otro prelado que estaba en la misma línea era el cardenal arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundáin y Esteban, y el diario católico que la apoyaba era El Debate, dirigido por Ángel Herrera, fundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que al día siguiente de la proclamación de la República había manifestado en el editorial publicado en primera página, aunque acompañado de un retrato y de un “homenaje al Rey Alfonso XIII”: “La República es la forma de gobierno ‘de hecho’ en nuestro país. En consecuencia, nuestro deber es acatarla. (…) Y no le acataremos pasivamente… le acataremos de un modo leal, activo, poniendo cuanto podamos para ayudarle en su cometido”.[8]

Sin embargo un sector numeroso del episcopado estaba compuesto por obispos integristas (muchos de ellos nombrados durante la Dictadura de Primo de Rivera) que no estaban dispuestos a transigir con la República a la que consideraban una desgracia. La cabeza visible de ese grupo era el Cardenal Primado y arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que ya se había manifestado claramente contrario a la República antes y durante la campaña de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, afirmando que la República era obra de los “enemigos de la Iglesia y el orden social”, por lo que estaba justificado la formación de un “compacto frente unido” en defensa de la Monarquía y de la Iglesia Católica.[9] Ya en su primera intervención desde el púlpito después del 14 de abril se refirió a la República como un castigo divino,[10] lo que levantó las iras de la prensa republicana, señalándolo como el símbolo del clericalismo monárquico, y provocó el envío de una nota de protesta del gobierno a la nunciatura. Pero el pronunciamiento de mayor trascendencia del Cardenal Segura se produjo el día 1 de mayo cuando hizo pública una pastoral en la que, tras abordar la situación española en un tono catastrofista, hacía un agradecido elogio de la monarquía y del destronado monarca Alfonso XIII, “quien, a lo largo de su reinado, supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores”.[11] [12] La prensa republicana interpretó la pastoral como una incitación a los fieles a unirse para salvar los derechos amenazados de la iglesia[13] y los partidos y organizaciones de izquierda la consideraron una declaración de guerra, incrementando el sentimiento anticlerical de muchos ciudadanos.[14] El Gobierno Provisional de la Segunda República Española presentó una nota de "serena y enérgica" protesta al Nuncio Federico Tedeschini por lo que consideraba una intervención en política del Cardenal Primado, "cuando no hostilidad al régimen republicano", y pidió que fuera apartado de su cargo. La prensa, por su lado, arreciaba en su campaña contra Segura.[15]

Los sucesos[editar]

Madrid[editar]

En la mañana del domingo 10 de mayo de 1931 se inauguraba en la calle Alcalá el Círculo Monárquico Independiente, fundado por el director del diario monárquico ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, que acababa de regresar de Londres donde se había entrevistado con el exrey Alfonso XIII con el objetivo de formar un comité electoral del que surgiera una candidatura monárquica para presentarla en las elecciones a Cortes Constituyentes que se iban a celebrar al mes siguiente. Durante el acto, los monárquicos provocaron a los viandantes haciendo sonar la "Marcha Real" en un gramófono y lanzando pasquines de El Murciélago en el que se llamaba a "hacer la vida imposible a esta caricatura de República".[16]

Al parecer, en la calle dos nuevos invitados que acababan de llegar sostuvieron una discusión política con el taxista que los había traído que era republicano, a la que se unieron varios transeúntes. La discusión se convirtió en un altercado y ardieron tres coches aparcados frente al Círculo, cuyos dirigentes pidieron la protección de la fuerza pública. En seguida corrió el rumor por la ciudad de que un taxista republicano había sido asesinado por unos monárquicos, y una multitud se congregó ante la sede del diario ABC en la calle Serrano, donde tuvo que intervenir la Guardia Civil, que disparó contra los que intentaban asaltar y quemar el edificio causando varios heridos y dos muertos, uno de ellos un niño.[17]

Miguel Maura, ministro de la Gobernación del Gobierno Provisional

Una manifestación se dirigió entonces a la sede de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, donde exigieron la dimisión del ministro de la Gobernación Miguel Maura (que había acudido personalmente a la sede del Círculo Monárquico para calmar los ánimos y donde había sido recibido por los republicanos al grito de ¡Maura, no!, rememorando el rechazo a la actuación de su padre, Antonio Maura, durante la Semana Trágica de 1909). Al mismo tiempo grupos de exaltados quemaban un quiosco del diario católico El Debate, apedreaban el casino militar y rompían los escaparates de una librería católica. Además a las ocho de la tarde algunas armerías eran asaltadas y se producían disparos contra una unidad montada de la Guardia Civil. Hacia la medianoche un exaltado disparó contra la multitud congregada en la Puerta del Sol hiriendo a una persona y luego fue linchado.[18]

Esa misma noche el ministro de la Gobernación Miguel Maura quiso desplegar a la Guardia Civil pero sus compañeros de gobierno, encabezados por el presidente Niceto Alcalá Zamora y por el ministro de la Guerra Manuel Azaña, se opusieron, reacios a emplear a las fuerzas de orden público contra el "pueblo" y restando importancia a los hechos.[19] Maura también usó como argumento que había recibido una información de un capitán del ejército de que algunos jóvenes del Ateneo de Madrid estaban preparándose para quemas edificios religiosos al día siguiente, a lo que Manuel Azaña le contestó, según cuenta Maura en sus memorias, que eran «tonterías» y añadió, que, en caso de ser cierto lo que se preparaba, sería una muestra de «justicia inmanente».[20]

Cuando el gobierno estaba reunido a primeras horas de la mañana del lunes 11 de mayo le llegó la noticia de que la Casa Profesa de los jesuitas estaba ardiendo. El ministro de la Gobernación Miguel Maura de nuevo intentó sacar a la calle a la Guardia Civil para restablecer el orden pero al igual que la noche anterior se encontró con la oposición del resto del gabinete y especialmente de un ministro —a quien Maura en sus Memorias identificó como Manuel Azaña—, quien afirmó, según relató Maura al diario El Sol casi dos años después, que «todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito»» —sin embargo, Alcalá Zamora escribió en sus Memorias que Azaña «no se opuso ni por un instante a la declaración del estado de guerra»—.[21] A otro ministro, según Maura, le hizo gracia que fuesen los jesuitas los primeros en pagar «tributo» al «pueblo soberano». El que presentó su dimisión —que luego retiraría— fue Maura, que abandonó la sede de la Presidencia del Gobierno.[22] La inacción del gobierno permitió que los sublevados quemaran más de una decena de edificios religiosos.[23]

Un testigo de los acontecimientos fue un muy joven Julio Caro Baroja que relató más tarde lo que vio:[24]

A las doce de la mañana, a las doce y cuarto, a la una y cinco, se avisó del Colegio de Jesuitas de la calle de la Flor a la Dirección de Seguridad que el incendio cobraba proporciones grandes. La gente pasaba, o medrosa o indiferente, por las proximidades, viendo salir el humo por las ventanas. Los incendiarios desaparecieron rápidos y organizados. El que vio aquello (y yo lo vi) no podía imaginarse que se desenvolviera así una clásica acción anticlerical. En una de las paredes ahumadas podía leerse después este letrero:

Abajo los jesu[itas]
La justicia del pueblo
por ladrones.
Ardieron así el convento de las Bernardas de Vallecas y la iglesia de Santa Teresa, de los carmelitas descalzos. (...) Por tener mi domicilio cerca, vi arder el convento de los carmelitas. Era por la mañana, ya avanzada ésta. Unos grupos de hombres habían prendido fuego a la iglesia, y mientras ardían tiraban por las ventanas de la residencia enseres y libros. Entre éstos, un ejemplar de la Enciclopedia Espasa. Recuerdo cómo dos o tres hombres sacaron a un fraile viejo, alto, de buen aspecto, custodiado, para que nadie se metiera con él, mientras que otro reprendía a un compañero, que -al parecer- quería llevarse un tomo o unas láminas del pobre repertorio enciclopédico: "Camarada, no hemos venido aquí para robar", etc.

Tiempo después vi incendiada una pequeña iglesia cerca de la plaza de Santa Ana, en la calle del Príncipe. La gente pasaba una vez más junto a ella torva o medrosa, y hubo algún gesto claro de disgusto. Una mujercilla desgreñada lo observó y dijo que los padecimientos del obrero tenían más importancia que aquella crema.

Por la tarde, por fin, el Gobierno declaró el estado de guerra en Madrid y a medida que las tropas fueron ocupando la capital, los incendios cesaron. Al día siguiente, martes 12 de mayo, mientras Madrid recuperaba la calma, la quema de conventos y de otros edificios religiosos se extendía a otras poblaciones del este y el sur peninsular (los sucesos más graves se produjeron en Málaga). Por el contrario, allí donde los gobernadores civiles y los alcaldes actuaron con contundencia no hubo incendios.[25]

Entre los días 11 y 12 de mayo de 1931 se quemaron intencionadamente en Madrid los siguientes edificios religiosos:

  • Casa Profesa ubicada en la calle Isabel la Católica de los jesuitas haciendo esquina con la calle Flor Baja y su iglesia aneja. En este incendio se quemó su biblioteca, considerada en aquel momento la segunda mejor de España. Contaba con más de 80 000 volúmenes, entre ellos incunables irreemplazables. En el incendio se perdieron para siempre ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca o Saavedra Fajardo.[26]
  • Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver y el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) de la calle de Alberto Aguilera. Se perdieron para siempre 20 000 volúmenes de su biblioteca. Toda la obra del P. García Villada entre ella sus libros particulares, colección Razón y Fe, papeles y todas las fichas.[27] También se perdieron más de 100 000 copias de canciones populares recopiladas por el P. Antonio Martínez.[28]
  • El centro de enseñanza de Artes y Oficios de la calle de Areneros regentado también por religiosos de la Compañía de Jesús.
  • Iglesia parroquial de Santa Teresa y San José de los Carmelitas Descalzos de la Plaza de España.
  • Colegio de Sagrado Corazón de Chamartín.
  • Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas de Cuatro Caminos. Se destruyó su museo de mineralogía y diverso material científico.
  • Convento de las Mercedarias Calzadas de San Fernando. En este edificio, antes de comenzar el incendio, fueron desenterrados y profanados distintos cadáveres de religiosas y sacados a paseo, finalmente fueron lanzados a las llamas.[cita requerida]
  • Colegio del María Auxiliadora de las Salesianas.
  • Convento de las Bernardas de Vallecas.

Además de estos se intentaron incendiar otros doce edificios religiosos, aunque sin éxito. Durante los altercados algunos religiosos fueron agredidos y expulsados de sus templos. En los incendios de estos edificios se quemaron y destruyeron para siempre obras pictóricas de artistas como Zurbarán, Van Dyck y Claudio Coello.[cita requerida] Además se realizaron diversos saqueos y robos antes de producirse los incendios.[cita requerida]

Málaga[editar]

En Málaga la quema de conventos estuvo precedida por un intento de incendio del Palacio del Obispo en 1930 y varios sucesos el mismo día de la proclamación de la República el 14 de abril con el asalto a la sede del diario La Unión Mercantil y un intento de asaltar la Residencia de los Jesuitas y el Seminario al día siguiente.

Cuando llegaron a la ciudad las noticias de los sucesos de Madrid, las turbas de incontrolados se echaron a la calle por la noche y comenzaron los asaltos a la Residencia de los Jesuitas y el Palacio del Obispo. Los incidentes se prolongaron durante la madrugada y todo el día 12. Un periodista subido en su coche por la carretera de Colmenar, describió la ciudad: "El panorama que desde allí presenciamos no se borrará fácilmente de nuestra retina. Era verdaderamente aterrador, dantesco, producía escalofríos en el cuerpo y una intensa amargura en el espíritu. La ciudad estaba silenciosa y tétrica. El cielo veíase rojo, negras columnas de humo hacia él ascendían. Era el resplandor de las tremendas hogueras, que desde diversos sitios de la capital, elevaban hacia el infinito sus llamas intensas".[29] Cuando se declaró el estado de guerra, que no logró contener a los saqueadores, se constituyó una Guardia Cívica con militantes republicanos y socialistas y la CNT, que publicó un manifiesto pacificador.[30]

Existen dudas razonables sobre la actitud y acciones del, por entonces, recientemente nombrado por el gobierno republicano, general José Gómez Caminero, gobernador militar de Málaga, que incluso pudo ser condescendiente para con las masas incendiarias de iglesias. El citado gobernador militar no sólo no reprimió a las masas anticlericales, anarquistas y a los radicales de izquierda pirómanos, sino que mandó retirar las fuerzas de la Guardia Civil durante los disturbios, y envió un telegrama a Azaña con el siguiente contenido: "Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará".[31] Dicho gobernador militar fue destituido a los pocos días,[32] para al poco tiempo ser ascendido a General de División y posteriormente nombrado General Inspector del Ejército.

Málaga fue la ciudad española más afectada durante estos trágicos sucesos, y buena parte de su patrimonio religioso, artístico, cultural e histórico fue destruido para siempre. No solo la destrucción o semidestrucción de edificios, sino las pérdidas de archivos históricos inapreciables, piezas de orfebrería, ricos bordados, imágenes de incalculable valor, antiquísimas pinturas, bibliotecas, etc. serían de inviable cuantificación, y lo que es peor, imposibles de recuperar.[33] Entre las numerosas obras que fueron pasto de las llamas destacan las magníficas esculturas del "Cristo de la Buena Muerte" y la "Virgen de Belén" de la Iglesia de Santo Domingo, dos paradigmas del barroco español, ambas obras del imaginero Pedro de Mena, y de Fernando Ortiz, la imagen de "Jesús orando en el Huerto", que era una espléndida escultura de talla completa,[34] y la "Urna con el Cristo yacente" del antiguo Santo Sepulcro de la Iglesia de San Agustín,[35] así como la imagen del Nazareno, conocido como "El Chiquito" de la Hermandad perchelera de la Misericordia, también del escultor Pedro de Mena, que fue quemado en una hoguera en la Plaza de la Merced.

Resultaron afectados por incendios:

Igualmente fueron asaltadas y saqueadas:

Y los conventos e iglesias de San Manuel, San Lázaro, Catalinas, Reparadoras, San José, Concepción, San Bernardo, Encarnación, Servicio Doméstico, Esperanza, Sagrada Familia, Adoratrices, Mercedarias, Cruz del Molinillo, San Carlos, Terciarias Franciscanas, San Pedro y Santísima Trinidad.

Durante los sucesos hubo cuatro muertos, y los incendios y asaltos también afectaron a residencias y comercios de civiles.

Valencia[editar]

En Valencia ardieron los conventos de San José de las Carmelitas, San Julián de las agustinas y el Colegio de la Presentación. Asimismo, fueron asaltados los conventos de Teresianas, la Residencia de los Jesuitas y el Seminario Conciliar.

Sevilla[editar]

En Sevilla durante el 11 de mayo se quemó el colegio de los jesuitas en la Plaza de Villasis, la Iglesia del Buen Suceso, la Residencia de los Capuchinos, la Capilla de San José y los conventos de las Mínimas y los Paules. También se intentó incendiar el Palacio Arzobispal y los conventos de San Buenaventura, San Leandro y San Juan de Dios, aunque estos incendios fueron sofocados por la intervención ciudadana. La Guardia Civil impidió la quema de la iglesia de los jesuitas de la calle Trajano y las iglesias de los Salesianos y Reparadoras.

El día 12 de mayo se declara el estado de guerra en Sevilla, pero a pesar de ello, la violencia se extiende a los pueblos. En Lora del Río se reproducen los incidentes contra la iglesia parroquial, la ermita de Nuestro Padre Jesús y el convento de las Mercedarias Descalzas. En Coria del Río se incendian tres iglesias. En Alcalá de Guadaíra un grupo de asaltantes expulsa a las franciscanas del convento de Santa Clara. Sucedería lo mismo en Carmona donde tuvieron que abandonar su convento las Agustinas. No sucedió así en otros pueblos como Olivares, Carrión, Puebla del Río y Espartinas donde los propios vecinos hicieron unas "guardias cívicas" y armados impidieron que las partidas organizadas de incendiarios quemaran sus iglesias y conventos.[37]

Granada[editar]

En Granada el 12 de mayo se intenta quemar el diario católico Gaceta del Sur y el monárquico El Noticiero Granadino. Respecto a edificios religiosos se intentan quemar el colegio de los maristas, el convento de los agustinos y el de las monjas de Realejo. Todos estos incendios fueron sofocados por la rápida intervención de los bomberos. Pero los acontecimientos se desbordan cuando los asaltantes consiguen entrar en el citado diario católico, en los luises, la residencia de los redentoristas, la iglesia de Hospitalicos y el convento de las religiosas de Santiago. También estallará un artefacto en el convento de las carmelitas y se intenta agredir a varios sacerdotes en la Gran Vía. El general González Carrasco decreta el estado de guerra y logra impedir la quema del convento de las trinitarias, pero no logra que el convento de los capuchinos sea pasto de las llamas.[38]

En la provincia de Granada se reproducen los actos violentos en Loja donde se queman el convento de Santa Clara, la residencia de los jesuitas en Santa Fe y es saqueada la iglesia de la Macarena. En Atarfe se produce un violento incidente entre vecinos y unos presuntos incendiarios que se salda con seis muertos y varios heridos.[38]

Córdoba[editar]

En Córdoba ardió el Convento de San Cayetano.

Cádiz[editar]

Murcia[editar]

En Murcia fue quemada la Iglesia de la Purísima y fueron asaltados los conventos de las Isabelas y de las Verónicas. También se incendió el inmueble del diario La Verdad.

Alicante[editar]

En Alicante se incendiaron las Escuelas Salesianas, el Colegio de las Carmelitas, la Parroquia de Benalúa, el Convento de San Francisco, la casa de ejercicios de la Compañía de Jesús, el Convento de las Oblatas, la Iglesia del Carmen, la Residencia de los Jesuitas, el Convento de Capuchinos, el Convento de Agustinos, el Palacio Episcopal, el Colegio de Jesús y María, el Colegio de la Compañía de María y el Colegio de los Maristas.

Reacciones[editar]

La Agrupación al Servicio de la República condenó los hechos en un artículo publicado en El Sol el 11 de mayo, firmado por Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, R. Pérez de Ayala:

Quemar conventos e iglesias no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal que lleva lo mismo a adorar las cosas materiales que a destruirlas.[39]

El alcalde socialista de Madrid publicó el siguiente bando:

El pueblo, que siempre dio pruebas de la más noble elevación espiritual (…) no puede olvidar en estos momentos que junto a los edificios que pretende destruir hay casas donde habitan millares de convecinos (…) ancianos (…) a los que las llamas (…) no podrían distinguir ni respetar. Por ello, si la indignación prendió el fuego, apáguenlo los corazones generosos de los madrileños.[40]

El diario El Socialista publicó el 12 de mayo de 1931:

La reacción ha visto ya que el pueblo está dispuesto a no tolerar. Han ardido los conventos: ésa es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista[41]

También El Socialista publicó él 15 de mayo de 1931:

(...) los religiosos disparaban contra los obreros (…) las violencias del pueblo (…) han respondido siempre al fuego que se les dirigía desde el interior de las fortalezas conventuales (sin duda con mala puntería, pues ni un sólo incendiario resultó víctima de aquel fuego) (…) eran arsenales y polvorines, había fusiles, bombas de mano y ametralladoras.[42]

Consecuencias[editar]

La responsabilidad de los hechos[editar]

No se sabe con absoluta certeza quién quemó los alrededor de cien edificios religiosos que ardieron total o parcialmente aquellos días (además de la destrucción de objetos del patrimonio artístico y litúrgico y la profanación de algunos cementerios de conventos), y durante los cuales murieron varias personas y otras resultaron heridas,[43] pero la hipótesis más admitida es que los incendiarios fueron elementos de extrema izquierda republicana y anarquista que pretendían presionar al Gobierno Provisional para que llevara a cabo la «revolución» que significaba ante todo arrancar de cuajo el «clericalismo».[44] Sin embargo lo que sí que está clara fue la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la situación, que sólo se explica, además de por una difusa simpatía que pudieran sentir algunos ministros por los alborotadores, por “una mezcla de perplejidad, error de cálculo, debilidad y miedo a la impopularidad derivada del empleo de la fuerza contra el pueblo”,.[45] En esta misma línea explicativa se manifiesta el historiador Gabriel Jackson que señala que la "mayoría de los ministros" no quería que "el nuevo régimen comenzara su existencia disparando contra españoles" convencidos de que "las masas odiarían a un Gobierno que recurriera a la guardia civil ante las primeras señales de un motín".[46] El propio presidente Niceto Alcalá Zamora en una alocución radiada el mismo día 11 justificó implícitamente la actitud del gobierno diciendo que se había evitado un baño de sangre. Sin embargo, el Papa Pío XI el 17 de mayo se referiría a la “gravísima” responsabilidad de los que no habían “impedido oportunamente” que los sucesos se produjeran.[47]

La izquierda republicana y los socialistas hablaron de la existencia de una conspiración monárquica y clerical e interpretaron los hechos como un “aviso para el Gobierno Provisional” sobre la política moderada que había llevado hasta esos momentos. El pueblo “dotado de fino instinto”, aseguró El Socialista, se había adelantado al Gobierno en la defensa del régimen. El órgano cenetista Solidaridad Obrera fue el que más insistió en la intervención popular en los hechos y en relacionarlos con un movimiento justiciero frente al «afeminamiento político» del Gobierno, que «ha[bía] dejado de ser un Gobierno revolucionario para convertirse en uno de los tantos Gobiernos liberales de la monarquía».[45] Las logias masónicas también expresaron al gobierno su descontento por su contemporización con los elementos conservadores, clericales y monárquicos. Entre los que apoyaban al gobierno Provisional los únicos que claramente condenaron lo sucedido y se opusieron a la interpretación que estaban haciendo de los sucesos la izquierda republicana y los socialistas fueron los intelectuales de la Agrupación al Servicio de la República que criticaron duramente que se considerara una expresión de la democracia los actos vandálicos de una “multitud caótica e informe” y ponían en duda que incendiar edificios religiosos fuera una demostración de “verdadero celo republicano”.[48]

La tensión entre la República y la Iglesia Católica[editar]

El gobierno se sumó a la interpretación de la izquierda republicana y de los socialistas y por eso ordenó la suspensión de la publicación del diario católico El Debate y del monárquico ABC, así como la detención de varios significados monárquicos (que semanas después serían absueltos por los tribunales, lo que provocó una dura reacción de la prensa de izquierdas que lo consideró una nueva y vergonzosa maniobra monárquica).[49] El gobierno llegó a acordar incluso la expulsión de los jesuitas aunque finalmente no se consumó.[50] Y en ese contexto se produjo la expulsión de España el 17 de mayo del obispo integrista de Vitoria Mateo Múgica, por negarse a suspender el viaje pastoral que tenía previsto realizar a Bilbao donde el gobierno temía que con motivo de su visita se produjeran incidentes entre los carlistas y los nacionalistas vascos que compartían su oposición a la República y su defensa del clericalismo, y los republicanos y los socialistas anticlericales.[51]

El Gobierno Provisionals aprobó también algunas medidas dirigidas a asegurar la separación de la Iglesia y el Estado sin esperar a la reunión de las Cortes Constituyentes. El 13 de mayo una circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria concretaba el decreto de 6 de mayo que había declarado voluntaria la enseñanza religiosa. En ella, además de establecer que sería necesaria una manifestación expresa de los padres en la matrícula indicando que deseaban recibirla, se ordenaba la retirada de crucifijos de las aulas donde hubiese alumnos que no recibieran enseñanza religiosa. El 21 de mayo un decreto declaraba obligatorio el título de maestro para ejercer la enseñanza, lo que afectaba especialmente a los colegios religiosos ya que los frailes y monjas que impartían las clases carecían del mismo. El 22 de mayo otro decreto reconocía la libertad de cultos y la libertad de conciencia en la escuela y otra disposición prohibía a los religiosos “enajenar inmuebles y objetos artísticos, arqueológicos o históricos” sin permiso de la administración.[52]

El "caso Segura"[editar]

Cardenal Pedro Segura

La Iglesia Católica, que en general había reaccionado con moderación a los incendios de mayo, criticó todas estas medias laicistas, especialmente la retirada de los crucifijos de las aulas donde hubiera alumnos que no querían recibir enseñanza religiosa, y sobre todo el decreto de 22 de mayo que provocó incluso la protesta del Nuncio asegurando que no era legal legislar sobre libertad de cultos o enseñanza religiosa en las escuelas sin tener en cuenta el Concordato de 1851.[52] El 30 de mayo el Vaticano negó el placet al recién nombrado embajador de España, Luis de Zulueta.[1] La reacción más radical partió de nuevo del cardenal Segura que el 3 de junio en Roma, donde se encontraba desde el 12 de mayo, hizo pública una pastoral en la que se recogía “la penosísima impresión que les había producido ciertas disposiciones gubernativas” a los obispos y todos los agravios que a su juicio había padecido la Iglesia hasta esos momentos, incluido el último decreto, del que no aceptaban que la enseñanza religiosa desapareciera de la escuela pública, poniendo de manifiesto el antiliberalismo que la Iglesia Católica seguía manteniendo.[53] La pastoral del cardenal Segura de nuevo desató las iras de la prensa republicana y socialista que la calificó de “intromisión intolerable”. El Gobierno Provisional expresó al Vaticano su deseo de que el cardenal no retornase a España y que fuese destituido de la sede de Toledo. En estas circunstancias el cardenal Segura volvió inesperadamente a España el 11 de junio y fue detenido tres días después por orden del gobierno en Guadalajara, y el día 15 fue expulsado del país. De este hecho quedó una famosa foto que dio la vuelta al mundo con el cardenal abandonando el convento de los paúles de Guadalajara rodeado de policías y guardias civiles, que se presentó como "prueba" de la "persecución" que estaba padeciendo la Iglesia Católica en España.[54] El Cardenal Segura no volvería a España hasta después de iniciada la guerra civil[51] Al día siguiente se celebró en la plaza de toros de Pamplona un gran mitin católico para protestar contra la expulsión del cardenal.[1]

El "caso Echeguren"[editar]

Dos meses después, y en pleno debate en las Cortes Constituyentes recién abiertas sobre la nueva Constitución en el que la “cuestión religiosa” estaba siendo la más polémica, se producía un nuevo incidente que enturbió aún más las relaciones de la República y la Iglesia Católica y en el que el Cardenal Segura volvía a ser protagonista. El día 17 de agosto entre la documentación incautada al vicario de Vitoria, Justo Echeguren, que había sido detenido tres días antes en la frontera hispano francesa por la policía, se encontraron unas instrucciones del Cardenal Segura a todas las diócesis en las que se facultaba a los obispos a vender bienes eclesiásticos en caso de necesidad. "Pero lo más grave era que, a tal circular, acompañaba un dictamen del abogado Rafael Martín Lázaro, firmado en fecha tan temprana como el 8 de mayo, que aconsejaba la transferencia por parte de la Iglesia de sus bienes inmuebles a seglares y la colocación de bienes muebles en títulos de deuda extranjeros, es decir, invitaba a la fuga de capitales", todo ello para eludir una posible expropiación por parte del Estado.[55] La respuesta inmediata del Gobierno Provisional, después de descartar la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, fue la publicación el 20 de agosto de un decreto en el que se suspendían las facultades de venta y enajenación de los bienes y derechos de todo tipo de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas. En el preámbulo se intentó suavizar la medida haciendo referencia a “los esfuerzos notorios que ha[bían] realizado elementos destacados de la Iglesia española” para mantener su lealtad al nuevo régimen, aludiendo así al sector conciliador encabezado por el cardenal Francisco Vidal y Barraquer y el Nuncio frente al intransigente sector integrista encabezado por el cardenal Segura. Por otro lado, el decreto fue acompañado por la suspensión de una decena de periódicos católicos del País Vasco y de Navarra que se habían significado por sus proclamas antirrepublicanas y que fueron acusados por el gobierno de hacer llamamientos a la rebelión armada contra la República.[56]

Valoración[editar]

A juicio del historiador Julián Casanova:[57]

El significado principal de estos acontecimientos es que se produjeron al mes escaso de inaugurarse la República y que en la memoria colectiva de muchos católicos quedaron grabados como el primer asalto contra la Iglesia por parte de una República laica y anticlerical, un ensayo general de la catástrofe que se avecinaba. Las consecuencias fueron "desastrosas" para la República, escribió después en sus memorias Niceto Alcalá-Zamora: le crearon enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon su crédito hasta entonces diáfano e ilimitado. Algo similar manifestaba el cardenal Francisco Vidal y Barraquer en la nota de protesta que el 17 de mayo envió al presidente del Gobierno Provisional: hechos de esta índole... disminuyen la confianza que un numeroso sector de católicos había inspirado la actuación directa del Gobierno en muchas de sus primeras disposiciones

Referencias[editar]

  1. a b c Jackson, Gabriel (1976). La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939. (The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939. Princeton, 1965) (2ª edición). Barcelona: Crítica. p. 47. ISBN 84-7423-006-3. 
  2. De la Cueva Merino, Julio (1998). «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil». En Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina. El anticlericalismo español contemporáneo. Madrid: Biblioteca Nueva. p. 215. 
  3. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. pp. 224–225. 
  4. Juliá, Santos (2009). La Constitución de 1931. Madrid: Iustel. p. 31. ISBN 978-84-9890-083-5. 
  5. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. p. 87. ISBN 84-259-1202-4. 
  6. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 215. 
  7. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 216. «Ambos sabían que la instalación en el poder de los republicanos significaba que éstos, antes o después, habrían de llevar a cabo la política anticlerical que siempre habían propugnado. Ambos confiaban en la prudencia, la deferencia y la negociación, más que en el enfrentamiento, para reducir al mínimo los efectos de esa política» 
  8. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. pp. 93–94. 
  9. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 79. 
  10. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 215. «Lo que dijo el cardenal en la primera «sabatina» de la catedral de Toledo tras el 14 de abril no está del todo claro. La prensa republicana lo acusaba de haberse despachado en términos como éstos: «Que la ira de Dios caiga sobre España si la República persevera.» Los periódicos católicos -y algún otro como Ahora- negaron la verdad de estas acusaciones, si bien parece que Segura se refirió a las circunstancias españolas del momento como un castigo divino» 
  11. Casanova, Julián (2007). República y guerra civil. Historia de España, vol. 8. Barcelona: Crítica-Marcial Pons. p. 23. ISBN 978-84-8432-878-0. 
  12. Jackson, Gabriel (1976). La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939 (2ª edición). Barcelona: Crítica. ISBN 84-7423-006-3. «En la carta Segura se refería repetidamente a las graves conmociones y amenazas de anarquía a que España se veía expuesta. Aunque la Iglesia no se preocupaba de formas de régimen, deseaba expresar la gratitud de la Iglesia a S.M., por haber consagrado España al Sagrado Corazón de Jesús y por haber preservado las tradiciones de piedad de sus antepasados. Apeló a las mujeres de España para que organizaran una cruzada de oraciones y sacrificios para defender la Iglesia contra los muchos ataques a sus derechos. Recordó el ejemplo de Baviera en 1919, cuando la población católica salvó al país de una breve ocupación bolchevique, sugiriendo, por tanto, por su analogía, que el Gobierno provisional era de la misma categoría que el régimen comunista de la breve revolución bávara» 
  13. diario La Libertad, Nº 3472, edición del 7 de mayo de 1931. Página 4.
  14. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. pp. 97–98. ISBN 84-259-1202-4. «Desde finales de abril [los socialistas y la izquierda republicana más extrema] exigieron al Gobierno la suspensión del Primado, por considerar sus pastorales como una actividad política intolerable. No se dijo nada sobre el comportamiento de otros prelados. (Se explicaría así que gran parte de la opinión pública pensara que la iglesia en bloque estaba conspirando contra la República)» 
  15. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 97. 
  16. González Calleja, Eduardo (2011). Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República. Alianza Editorial= Madrid. pp. 28–30. ISBN 978-84-206-6455-2. 
  17. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. pp. 100–101. 
  18. González Calleja, Eduardo (2011). Ibid. Alianza Editorial= Madrid. pp. 30–31. 
  19. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 102. 
  20. De la Cueva Merino, Julio (1998). «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil». En Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (Eds.). El anticlericalismo español contemporáneo. Biblioteca Nueva. p. 221. 
  21. Juliá, 1990, p. 124.
  22. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. pp. 219–221. 
  23. Josep Pla, "El Advenimiento de la República".
  24. Caro Baroja, Julio (2008) [1980]. pp. 219–220.  Falta el |título= (ayuda)
  25. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 104. 
  26. Pío Moa, "Los personajes de la República vistos por ellos mismos". Pág. 198.
  27. Luis García Iglesias, "El P. Zacarías García Villada, académico, historiador y jesuita".
  28. Alejandro Barcenilla, "La Universidad Pontificia Comillas: cien años de historia". Pag. 199.
  29. CEDMA, Diputación de Málaga (ed.): «La quema de conventos en Málaga en mayo de 1931». Consultado el 9 de septiembre de 2011.
  30. Diario Sur Digital, La quema de conventos.
  31. Cfr. J. ARRARÁS, Historia de la segunda república española, Madrid 1969, I, p. 116
  32. CEDMA, Diputación de Málaga (ed.): «La quema de conventos en Málaga en mayo de 1931». Consultado el 9 de septiembre de 2011.
  33. CEDMA, Diputación de Málaga (ed.): «La quema de conventos en Málaga en mayo de 1931». Consultado el 9 de septiembre de 2011.
  34. De la talla de Nto. Padre Jesús Orando en el Huerto se pudo salvar parte, destacando la testa, que le fue restaurada (y sustancialmente modificada), además de esculpido un nuevo cuerpo durante el resto del siglo XX. En 2006, cunpliéndose 250 años de su ejecución por parte de Fernando Ortiz, el imaginero Manuel Carmona recupera la policromía original y realiza un nuevo cuerpo, fiel al original, al que se integraron los brazos primigenios.
  35. Diario Sur (ed.): «El gran taller de la escultura barroca». Consultado el 8 de octubre de 2011.
  36. Diario Sur Digital, La Merced, en el recuerdo
  37. Leandro Álvarez Rey, "La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936".
  38. a b José Manuel Macarro Vera, "Socialismo, república y revolución en Andalucía (1931-1936)"
  39. El Sol, La Agrupación al Servicio de la República condena la quema de conventos, 11/05/1931.
  40. Heraldo de Madrid, 13-5-31.
  41. El Socialista, 12-5-31.
  42. El Socialista, 14-5-31.
  43. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. pp. 105–106. 
  44. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 220. «El incendio de edificios religiosos era una manera simbólica y expeditiva de hacer efectiva la anhelada destrucción del poder clerical, que por medios políticos no llegaba, y de así avanzar, mediante el fuego purificador, hacia la regeneración de España. Bastó la provocación monárquica y el ambiente creado en torno a Segura y otros clérigos refractarios para que saltase la chispa y se produjese la acción de los exasperados revolucionarios» 
  45. a b De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 220. 
  46. Jackson, Gabriel (1976). Ibid. (2ª edición). p. 51. «Los socialistas, especialmente, consideraban a la guardia civil como enemiga de la clase trabajadora, un enemigo peor, bien considerado, que la propia Monarquía. Los liberales opinaban que el pueblo español, aun en sus actos más deplorables, había sido más v´citima que verdugo. La República debía dirigir al pueblo tan sólo por la persuasión» 
  47. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. pp. 105–106. 
  48. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. pp. 108–109. 
  49. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 103. 
  50. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 221. 
  51. a b De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 224. 
  52. a b Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 115. 
  53. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. p. 116. «Los obispos se habían reunido el 9 de mayo en Madrid para tomar una decisión sobre la política a seguir si el Gobierno aprobaba por decreto las medidas de secularización que reclamaba la izquierda. La conferencia de metropolitanos aprobó dos textos, uno dirigido a los fieles que debería ser publicado en el boletín de Toledo y otro que era una protesta al Gobierno por los agravios cometidos hasta entonces contra la Iglesia. A diferencia de Segura, Vida y Barraquer no deseaba que el segundo se hiciera público -por razones de oportunidad pero también de fondo-. Convenció a sus compañeros y logró que pasara todo el complicado mes de mayo sin que se publicara ninguno de los dos. Pero al final Segura, que estaba en el extranjero desde el 11 de mayo, decidió publicar el segundo por su cuenta y riesgo. Lo hizo además fechándolo en Roma, de tal forma que, como temía Vidal, aquel documento acabó siendo interpretado por los republicanos como la oposición del Vaticano a la política del Gobierno Provisional» 
  54. Casanova, Julián (2007). República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Barcelona: Crítica/Marcial Pons. p. 24. ISBN 978-84-8432-878-0. 
  55. De la Cueva Merino, Julio (1998). Ibid. p. 225. 
  56. Álvarez Tardío, Manuel (2002). Ibid. pp. 143–145. 
  57. Casanova, Julián (2007). Ibid. pp. 25–26. 

Bibliografía[editar]

  • Álvarez Tardío, Manuel (2002). Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. ISBN 84-259-1202-4. 
  • Caro Baroja, Julio (2008). Historia del anticlericalismo español. Madrid: Caro Raggio. ISBN 978-84-7035-188-4. 
  • Casanova, Julián (2007). República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Barcelona: Crítica/Marcial Pons. ISBN 978-84-8432-878-0. 
  • De la Cueva Merino, Julio (1998). «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil». En Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina. El anticlericalismo español contemporáneo. Madrid: Biblioteca Nueva. ISBN 84-7030-532-8. 
  • Jackson, Gabriel (1976). La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939 (2ª edición). Barcelona: Crítica. ISBN 84-7423-006-3. 
  • Juliá, Santos (1990). Manuel Azaña, una biografía política. Del Ateneo al Palacio Nacional. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-9606-4. 

Enlaces externos[editar]