Corrupción en Colombia

En este artículo se listan los principales casos de corrupción en Colombia desde los años 1990, incluyendo los principales implicados y el valor de detrimento patrimonial público y privado estimado de cada uno (en el sector público, la corrupción no es solo económica, también es política cuando los servidores públicos realizan pactos o actividades ilegales a cambio de resultados operativos y/o electorales). La lista se irá expandiendo a medida que se desarrollen nuevos casos.​​​​​​

2017

• Escándalo en Secretaría de Movilidad de Medellín. El 1 de marzo, la Fiscalía General de la Nación capturó en Medellin a 17 personas: 14 tramitadores y 2 inspectores de tránsito de la Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña, que se dedicaban a falsificar o alterar infracciones de tránsito de la ciudad, así como documentos propios de la entidad, licencias de conducir y seguros para accidentes de tránsito (SOAT) a cambio de dinero. A los detenidos, quienes se les venia haciendo seguimiento de sus actividades desde el 2014, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y privado, con penas que van entre los 8 y 12 años de prisión.​

• Captura de alcaldesa de Ocaña. En febrero fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación la alcaldesa en ejercicio del municipio nortesantandereano de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, junto a sus Secretarios de Gobierno, Juan Pablo Bacca, y de Movilidad, Albert Urquijo, por los delitos de violación del régimen de inhabilidades y celebración indebida de contratos, con la respectiva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cada uno por parte de un juez. Según la investigación, hecha a raíz de una denuncia instaurada por un habitante del municipio, la alcaldesa firmó un contrato por $80 millones de pesos colombianos (USD$27.557 dolares) con un contratista que habría financiado su campaña electoral para la alcaldía. El denunciante aseguró que, con este accionar, la mandataria municipal vulneró una ley colombiana del año 2011, que fija prohibiciones para la entrega de contratos a financiadores de campañas electorales. Por estas mismas acciones, se radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.​​

• El Cartel de la Chatarrización. La Fiscalía General de la Nación ordenó, a mediados de febrero, la captura de 28 personas, entre policías, funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transporte, tramitadores privados y líderes sindicales del sector camionero, por hacer parte de una "organización criminal" dedicada a defraudar al estado en el proceso de desintegración de vehículos de carga. El Gobierno Nacional, para controlar el crecimiento del parque automotor de carga en el país, implementó la Política de Chatarrización a vehículos de carga en el año 2008: Si el propietario de un camión o empresa queria comprar un vehículo, debia chatarrizar o desmantelar otro de más de 20 años; si no regresa al negocio, se paga un incentivo de $89 millones de pesos (USD$30.945 dolares) por vehículo; si se chatarriza, pero compran otro camión, reciben un estímulo monetario menor y el cupo de su nuevo camión. Según fuentes de la Fiscalía, el cartel de la chatarrización aplicó varios métodos para evadir la normativa: La chatarrización virtual, que implicaba que funcionarios dentro del Ministerio y de otras dependencias manipulaban la información de un vehículo en la base de datos para hacerlo aparecer apto para reposición; la chatarrización de camiones inexistentes, armando vehículos por pedazos para este fin y la desintegración usando carpetas de vehículos legales y activos cuyos propietarios, en muchas ocasiones, ni sabian de la manipulación que era objeto la información de sus vehículos. Se estima que esta organización chatarrizó de manera fraudulenta, desde hace varios años, un total de 12.000 camiones, lo que ocasionó pérdidas al estado en más de $600 mil millones de pesos (más de USD$208 millones 680 mil dolares), a razón de $50 millones de pesos (USD$17.385 dolares) por camión.​​ A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con fraude procesal y en concurso con el de uso de documento falso, además del delito de supresión u ocultamiento de documento público.​

• Captura del alcalde de Mogotes. La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura en enero de 2017, con la respectiva medida de aseguramiento en prisión por parte de un Juez, del alcalde en ejercicio del municipio santandereano de Mogotes, Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión. La Fiscalía se basó en la investigación fiscal hecha por la Contraloria General de la Nación, donde se comprobaron irregularidades en dos contratos firmados en los años 2008-2011 por el alcalde, que para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno del municipio de Onzaga (Santander). En el primero, se hallaron irregularidades en la etapa precontractual, ya que el Informe de Conveniencia y Oportunidad (documento exigido por la ley colombiana para la realización de un contrato) no indicaba el valor a contratar y se tomó como base el valor del único proponente ($18 millones de pesos, USD$6.142 dolares) sin existir análisis o estudio de otras propuestas, además de no cumplir con su labor como supervisor de vigilar y controlar la ejecución del mencionado contrato. El otro contrato, por valor de $31 millones de pesos (USD$10.580 dolares), firmado con una cooperativa llamada Gente Líder, cuyo objeto era la "Realización de la capacitación y asesoría en el proceso financiero relacionado con el marco fiscal de mediano plazo, su relación con el presupuesto y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Secretaría", se descubrió que en 2008 ya se había realizado otro contrato con el mismo objeto, lo cual no esta permitido por la ley colombiana; se descubrió, además, que el objeto del contrato debía ser realizado directamente por personal de la secretaría contratante y no por particulares.​

• Caso Odebrecht. A finales de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado sobornos a funcionarios públicos de los gobiernos de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas, entre ellos, Colombia.​ Luego del anuncio, el entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció el comienzo de la investigación y luego de revisar la información dada a conocer por Estados Unidos, junto al trabajo hecho por fiscales e investigadores del país, a comienzos de enero se produjo la primera captura de este caso, la del exviceministro de Transporte en el período de Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, imputándole cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho y celebración indebida de contratos. La Fiscalía comprobó que García Morales exigió la suma de USD$6.5 millones de dólares a Odebrecht para garantizar que fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores. Según el Departamento de Justicia estadounidense, el monto total de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia rodea los USD$11 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.​ La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de enero en contra del exsenador Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el exsenador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual Odebrecht es parte. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato, Bula habría materializado el segundo soborno de la firma por valor de USD$4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley, sino que se realizara en forma directa a través de un convenio que se logró el 14 de marzo de 2014. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exsenador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.​ El proceso aún continua en etapa de investigación, en busqueda de más implicados y capturas.

2016

• Escándalo en la Contraloría de Bogotá. A finales de diciembre, la Fiscalía General de la Nación expidió tres órdenes de captura, haciéndolas efectivas de manera inmediata, contra tres funcionarios de la Contraloría Distrital de Bogotá, debido a unas grabaciones dadas a conocer por la periodista Darcy Quinn de Caracol Radio, donde se expone a una de las capturadas, Hermelina Angulo, exigiendo $60 millones de pesos colombianos (USD$20.000 dólares a esa fecha) a un interventor de obras en la capital, para archivarle una investigación por presuntas irregularidades encontradas en auditorías hechas por el ente fiscalizador. La Fiscalía descubrió además una "red de sobornos" que operaban en varias localidades de la capital del país, en cabeza de estos funcionarios.​​​

• Escándalo en la CAS. A finales de diciembre, la Fiscalía General de la Nación capturó y envió a la cárcel, después de la audiencia de imputación de cargos, a cuatro (4) funcionarios y exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS (entidad estatal encargada de ejercer la autoridad ambiental en el departamento de Santander); entre ellos, la entonces directora del la entidad, Flor María Rangel, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público, debido a irregularidades encontradas en un contrato por un valor de $3.400 millones de pesos (más de USD$ 1.130.000 a la tasa de 2016), donde se le entregó casi la totalidad de la plata al contratista (Unión Temporal Barrancabermeja) sin que este hubiese ejecutado ni el 50% del objeto del contrato que era la "reforestación e intervención de zonas estratégicas para el medio ambiente". La Fiscalía descubrió también que se habrían presentado irregularidades en la suscripción del contrato, pues al momento de celebrarlo, la CAS no habría pedido al contratista que certificara su experiencia en el sector. Además, no se realizaron los estudios previos de manera adecuada y no hubo supervisión o interventoría que verificara la ejecución de las obras.​​

• Escándalo en el Hospital Universitario del Valle. A mediados de diciembre, fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Físcalia General de la Nación, siete (7) extrabajadores del Hospital Universitario del Valle de Cali, por presunta celebración indebida de contratos en el centro asistencial, lo que originó un detrimento patrimonial en esta entidad del estado que la obligó a entrar a la Ley de Quiebras de la nación (Ley 550) para reestructurarla. En julio pasado, la Contraloría General de la República había alertado sobre un posible detrimento patrimonial en el Hospital Universitario del Valle por $123.783 millones de pesos (más de USD$41.700.000 dólares a la tasa de 2016). Tras una auditoria que duró 40 días, se encontraron pruebas del detrimento a las arcas del centro médico y se declararon los estados contables de la institución como negativos. Entre los capturados se encuentra el exdirector de la institución, Jaime Rubiano.​

• Escándalo en la Policía de Barranquilla. En noviembre fueron capturados, en un operativo conjunto entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, 19 policías activos que eran parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla y 2 personas civiles que habrían cometido delitos en la ciudad: 15 que utilizaban la base de datos del Registro Único Nacional de Transito (RUNT), aprovechando su condición de autoridad de tránsito, para chantajear a aquellos que no tuvieran documentación al día a cambio de dádivas o sobornos, utilizando personal civil como operadores de radio, 3 que permitían el microtráfico a una banda delincuencial en dos barrios y 1 que había asaltado unos días atrás, en compañía de un exagente de la institución, una tienda de barrio.​

• Caso Pretelt. En febrero de 2015, el entonces magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo, radicó una acusación ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra su colega magistrado y entonces presidente de la misma corte, Jorge Pretelt, quien supuestamente habría pedido $500 millones de pesos (más de USD$200.000 dolares a la tasa de febrero de 2015) al abogado Victor Pacheco, para fallar una tutela que debía resolver la Corte a favor de la firma Fidupetrol.​ Pretelt negó rotundamente estas acusaciones, pese a que se comprobó posteriormente que el abogado Pacheco, condenado por este hecho, entregó el dinero al magistrado para que este influyera entre sus colegas y, de esta manera, en consenso aceptaran y fallaran a su favor un acción de tutela de Fidupetrol, que hubiera revertido una decisión judicial que le imponía a la desaparecida firma fiduciaria pagar una suma de $22.500 millones de pesos (USD$9.000.000 de dólares de la época) al departamento del Casanare, por manejos irregulares del dinero departamental (por este hecho, fue condenado en 2013 el exgobernador de Casanare, Whitman Porras). Luego de meses de interrogatorios a los involucrados y deliberaciones, la Comisión de Acusaciones formuló cargos contra el magistrado Pretelt y el Senado de la República en pleno lo suspendió de su cargo, perdiendo de esta manera su investidura como magistrado. En consecuencia, el ya exmagistrado Pretelt pasó a juicio por cohecho en la Corte Suprema de Justicia.​ Por estos hechos, también fueron acusados por la Fiscalía el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil,​ el presidente de Fidupetrol, Abel Guillermo Caballero Lozano​ y el máximo accionista de la fiducia, Hélbert Otero;​ a los tres se les imputó el cargo de tráfico de influencias. Pese a la comprobación en la participación de Jorge Pretelt del delito por parte de la Fiscalía, se habla de un trasfondo político en el caso, debido a la amistad del exmagistrado Pretelt con el expresidente de la república y Senador Álvaro Uribe Velez, rival político del presidente en ejercicio Juan Manuel Santos.​

• Escándalo de Reficar. Estalló luego de la investigación hecha por la Contraloría General de la República, en cabeza de Edgardo Maya Villazón, la cual detectó sobrecostos injustificados por cerca de $8.5 billones de pesos colombianos (unos USD$2.879 millones de dólares) en la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar). Es posiblemente el escándalo de corrupción más grande en la historia de Colombia, con un detrimento patrimonial equivalente a un 5% del presupuesto nacional del país en 2016, que se terminaría de pagar en el año 2046, según datos de la entidad fiscalizadora.​ Aunque la Contraloría sacó a la luz pública el escándalo, un año atrás, la Procuraduría General de la Nación había iniciado investigaciones disciplinarias contra 12 directivos y exdirectivos de Reficar, por su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial.​ Por su parte, la Fiscalía General de la Nación inició en enero la investigación penal sobre el desfalco, realizando pesquisas a los archivos de Reficar y de los contratistas de la obra, así como copia de la investigación hecha por la Contraloría, buscando comprobar si hubo un posible peculado por apropiación; en diciembre comunicó que quedaban exentos de responsabilidades penales los entonces Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry.​​​

• El Cartel de la Hemofilia. Escándalo que estalló en julio luego de una investigación hecha por la Contraloría General de la Nación, donde descubrió nombres de personas vinculadas al Régimen Subsidiado del sistema de salud que las hacían pasar como enfermos de hemofilia, para luego cobrar millonarios recursos al gobierno en tratamientos NO-POS (Plan Obligatorio de Salud). Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, concluyó que se trataba de una "empresa criminal" gestada en los departamentos de Córdoba (donde más se presentaron casos), Sucre, Bolívar y La Guajira, donde, a través de falsas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), falsificaban listas de enfermos, evitando que verdaderos pacientes afectados con esta enfermedad fueran atendidos. Por este hecho, la Fiscalía ha capturado, hasta el momento, a tres (3) personas que trabajaron en la gobernación de Córdoba para la época de los hechos (2013 a 2015). El desfalco a la salud por este caso de corrupción estaría, según cálculos de la Fiscalía, en $80 mil millones de pesos (más de USD$26 millones 600 mil dolares a la tasa de 2016).​​

• Escándalo de las libranzas en Colombia. Miles de inversionistas fueran estafados al invertir en el mercado secundario de libranzas, a través de empresas como Estraval y Elite, aliadas con ciertas cooperativas de libranzas. Los pagarés-libranza ofrecidos por Estraval y Elite resultaron no estar respaldados por los montos establecidos. Según la Fiscalía General de la Nación, esto no fue por omisión, sino que estas empresas modificaron el mercado secundario, para introducirse y hacer captación masiva e ilegal de fondos; básicamente, un esquema de pirámide. Este desfalco llevó al cese de pagos a los inversionistas y la perdida de sus ahorros. Se estima que las perdidas pueden ascender a más de $1.5 billones de pesos colombianos​ (aprox $436 millones 681 mil dólares a la tasa de 2016) de más de 10.000 pequeños ahorradores o personas naturales, así como de grandes instituciones y fondos de pensiones.​​​​​​​​ Por este hecho, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) inició acciones contra Estraval y Élite desde agosto de 2015.​ La Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, ha liquidado a 6 cooperativas de libranzas, y ha abierto investigaciones a más de 12 cooperativas por el caso Estraval, y 12 por el caso Elite.​​ En cuanto a las dos sociedades, la Supersociedades ordenó la liquidación de sus bienes en agosto de 2016 para Élite y septiembre del mismo año para Estraval, con el objetivo de restituir el dinero a sus víctimas.​​ La Físcalia imputó cargos contra miembros de Estraval y Elite por captación masiva e ilegal de dinero.​

• Escándalo de la Gobernación de la Guajira. Estalló luego de la destitución de Oneida Pinto, por parte del Consejo de Estado de Colombia, como gobernadora del departamento a solo cinco meses de haber comenzado su mandato por una inhabilidad para ser candidata a la gobernación.​​​ En su lugar, el gobernador encargado Jorge Enrique Velez,​ ha destapado numerosas irregularidades que involucran miles de millones de pesos perdidos por el departamento, por las cuales ha recibido amenazas de muerte.​ Este escándalo resulta aún más aberrante, cuando se sabe de las altas sumas de dinero perdido por la corrupción, mientras el departamento sufre una crisis humanitaria por desnutrición y muerte generalizada de niños, entre otros problemas.​ En octubre, la Fiscalía General de la Nación capturó a 20 personas involucradas en el escándalo, entre ellos, un exalcalde de Riohacha (Rafael Ceballos Sierra) y un exgobernador departamental (Jorge Pérez Bernier), además de involucrar en la investigación a 21 personas más, entre funcionarios y exfuncionarios nacionales, departamentales y contratistas.​ Además, la Fiscalía imputó cargos en enero de 2017 a Oneida Pinto por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, al conocer las irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa. También se le imputó cargos en enero de 2017 al gobernador en ejercicio, Wilmer González Brito, por presuntas irregularidades en su elección luego de la destitución de Oneida Pinto, por los delitos de cohecho propio y corrupción al sufragante (convencer, mediante coimas, a los electores para que voten por determinada persona; en este caso, por él mismo).​ Igualmente, en enero de 2017 la Fiscalía capturó al alcalde en ejercicio de Riohacha, Fabio Velásquez, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio por valor de $5.713 millones de pesos (USD$1.899.900 dolares en 2016), al comprobarse que a los niños beneficiados no les estaba llegando la respectiva alimentación del programa de manera real, generando rechazo e indignación.​

• La Comunidad del Anillo. En febrero se denunció en la emisora radial La FM, por parte de la periodista Vicky Dávila, una "red de prostitución homosexual masculina" que funcionaba en la Policía Nacional desde la Escuela de Cadetes General Santander, a cargo del entonces director de la escuela, coronel Jerson Castellanos, donde algunos cadetes víctimas de esta red denunciaron haber sido abusados por el Coronel Castellanos, además de ser obligados a brindar servicios sexuales a altos oficiales de policía, congresistas y funcionarios enquistados en altos cargos del gobierno.​ La periodista dio a conocer en su programa de radio una grabación del año 2008, donde se ve al entonces senador, Carlos Ferro, sosteniendo una conversación de tipo homosexual con el entonces subteniente y miembro de su escolta, Ányelo Palacios. Por este hecho, Vicky Dávila fue obligada a presentar su renuncia como directora de La FM y también como presentadora de Noticias RCN, denunciando una "persecución" y un "atentando a la libertad de prensa" desde el gobierno.​​ No obstante, las declaraciones de las víctimas sirvieron como base a la Procuraduría General de la Nación para iniciar investigaciones disciplinarias contra los involucrados en este escándalo, entre ellos, el entonces Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino,​ quien se vio obligado a pedir la baja del servicio activo y renunciar a su cargo, dejando a la institución en el momento más crítico de su historia.​ El protagonista del vídeo, Carlos Ferro, quien se venía desempeñando como Viceministro de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, presentó su renuncia al conocerse el mismo; además que la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria por proxenetismo, inducción a la prostitución y trata de personas.​ El autor del vídeo y denunciante de esta red de prostitución, capitán Ányelo Palacios, fue destituido e inhabilitado por parte de la Inspección General de la Policía Nacional debido a supuestas acciones irregulares cuando ejercía como Comandante de Policía en Florencia, Caquetá, llevándolo a un estado depresivo que casi termina en suicidio del oficial.​​

2015

• Escándalo en los Juegos Nacionales. El escándalo estalló por el incumplimiento del municipio de Ibague, capital del departamento del Tolima, en la construcción de los escenarios deportivos requeridos para la realización de los XX Juegos Nacionales, en los cuales el gobierno nacional, a través de la entidad reguladora del deporte en el pais (Coldeportes), invirtió $258.910 millones de pesos (USD$ 94.389.355 dólares de la época); de los cuales, según una investigación hecha por la Contraloría General de la República, se habrían perdido unos $66.000 millones (USD$24.061.247 dolares), dejando inconclusos los escenarios para las justas deportivas. Luego que la Fiscalía asumiera la investigación, se comprobaron irregularidades en los diseños de los escenarios deportivos y sobrecostos injustificados en la construcción de los escenarios.​ Hasta el momento se ha ordenado la captura de 7 personas por el desfalco, entre contratistas de la obra y exfuncionarios de la alcaldía de Ibague; de estas personas, hay dos que ya están condenadas, la condena más severa cayó sobre el llamado "cerebro" de esta defraudación: El abogado Orlando Arciniegas Lagos, exasesor externo de la Secretaría de Hacienda de la alcaldía de Ibagué, quien fue condenado por la justicia en marzo de 2017 a 36 años y 4 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, celebración indebida de contratos y concusión, al defraudar al estado en más de $11.500 millones de pesos (USD$4.192.490 dolares), condenado además a pagar una multa de $22.000 millones de pesos (USD$8.020.416 dolares). Las investigaciones a 2017 siguen en curso buscando más responsables.​​

• Escándalo en el sistema judicial de Barranquilla. En agosto fueron capturados 11 miembros de la Rama Judicial de Barranquilla, entre jueces, fiscales, comisarios de familia y abogados litigantes, todos por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción agravada y falsedad ideológica en documento público.​ La Fiscalía descubrió, luego de pesquisas a procesos judiciales, que los funcionarios dictaban fallos que favorecían a peligrosos delincuentes de la ciudad a cambio de dinero, conformando una auténtica "empresa criminal" en el interior del poder judicial de Barranquilla.​

• Carrusel de las alcaldías locales de Bogotá. Estalló debido a irregularidades halladas por la contratación "a dedo" de fundaciones "de papel" y de "objeto social amplio" de parte de las alcaldías locales o menores de Bogotá, para realizar todo clase de servicios sin pasar por los procesos regulares de licitación establecidos por la ley.​​​ Por estos hechos, la Fiscalía ordenó la captura de las entonces alcaldesas locales de Usaquén, Julieta Naranjo; de Bosa, Diana Calderón Robles; de Suba, Marisol Perilla Gómez, y los exalcaldes locales de Kennedy, Jesús Antonio Mateus y de Los Mártires, Ernesto Rincón; a todos se les imputó el delito de celebración indebida de contratos. Las 20 alcaldías locales o menores de Bogotá, adscritas a la Alcaldia Mayor, manejan en conjunto un presupuesto anual aproximado de $300.000 millones de pesos (USD$98.880.000 dolares) a razón de $15.000 millones por localidad (USD$4.944.000 dolares), de los cuales se busca determinar cuanto dinero terminó en manos de las fundaciones "de papel" por contratos "a dedo".​

• Carrusel de la educación en Córdoba. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación capturaron en octubre a 17 personas que estaban involucradas en una red que tramitaba pagos irregulares de pensiones a educadores en el departamento de Córdoba, los cuales habrían llegado a los $164 mil millones de pesos colombianos (más de USD$48.800.000 dolares en 2015). Estos casos ocurrieron entre 2010 y 2012, donde varios abogados, con la complicidad de jueces y funcionarios del departamento, falsificaron poderes y documentos de la Secretaría de Educación de Córdoba y del municipio de Lorica, con los que tramitaban el pago o aumento de mesadas pensionales. Esta operación afectó las finanzas de la Entidad Administradora de Recursos del Ministerio de Educación (Fiduprevisora).​ Entre los involucrados está el senador Armando Benedetti, por lo cual la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió indagación preliminar en su contra.​

2014

• Casos Andrómeda y Andrés Sepúlveda. El 5 de mayo, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación allanaron un local en un sector residencial de Bogotá con el nombre de "Restaurante Andrómeda", que resultó ser una fachada de una central de inteligencia de la Fuerza Pública, que realizaba interceptaciones de manera ilegal a teléfonos celulares y correos electrónicos de diferentes personalidades, entre ellos, los miembros del equipo negociador del gobierno con la FARC en el marco de los diálogos de paz de La Habana; en este lugar se hallaron videocámaras, cajas fuertes, memorias USD, planos de diagramas para crear páginas electrónicas, agendas y cientos de documentos, entre otras cosas.​ En el allanamiento, el CTI capturó al hacker Andrés Sepúlveda, quien supuestamente compró información de manera ilícita a Andrómeda sobre el proceso de paz, para utilizarla en favor de la campaña presidencial del entonces candidato del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga.​ Un colaborador de Sepúlveda, el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, fue capturado en junio por interceptar ilegalmente al exvicepresidente Francisco Santos.​ En el caso de Andrómeda, la Fiscalía capturó en octubre a 3 miembros de la Fuerza Pública por los seguimientos irregulares y por sus nexos con Andrés Sepúlveda, además de anunciar la captura de 4 miembros más.​​ Finalmente, un informe de una comisión especial creada por el Ministerio de Defensa, concluyó que no se cumplieron con los protocolos de seguridad, hubo desorden en el manejo de la información y no hubo control que permitiera a civiles tener acceso a la fachada Andromeda, por lo que se determinó separar de labores de inteligencia a 20 uniformados relacionados con la central de espionaje, de los cuales, a 5 se le solicitó su retiro de la Fuerza Pública. A pesar de estos hallazgos, la comisión ratificó que Andrómeda era una operación legal de inteligencia.​

• Carrusel de contratos en Bucaramanga. En octubre, la Fiscalía capturó al exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, imputándole cargos de falsedad en documento público y privado, falsedad por ocultamiento, peculado por apropiación y celebración indebida de contratos,​ ya que en el tiempo que estuvo a cargo de la administración de la ciudad luego de la destitución del alcalde titular por parte de la Procuraduría General de la Nación, Fernando Vargas Mendoza (de octubre a diciembre de 2011), firmó contratos por más de $2.000 millones de pesos (más de USD$800.000 dólares de la época) sin haber pasado por el proceso de licitación respectivo. Además, se descubrió que muchos de los objetos contractuales firmados nunca se realizaron y, aún así, se entregaron certificaciones de cumplimiento por parte de los supervisores o interventores para el cobro de los mismos. También se descubrieron contratos donde el contratista no cumplía con los requisitos mínimos o la experiencia requerida para el objeto del contrato.​ El exalcalde Moreno Galvis firmó en 2016 un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la mayoría de los delitos imputados, recibiendo beneficio de detención domiciliaria;​ en el mismo año 2016, también fueron condenados dos de los supervisores o interventores de los contratos cuestionados, Libardo Jaramillo y Ulises Dueñas, a 5 y 6 años de prisión respectivamente.​

• Caso Villarraga. Caso ocurrido en octubre de 2013, cuando unas grabaciones fueron reveladas a la opinión pública. En una de ellas, hay una conversación entre el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, y el coronel (r) Róbinson González del Río (posteriormente condenado en julio de 2014 por nexos con bandas criminales), donde el magistrado ofrece ayudarlo con un proceso en su contra a cambio de $400 millones de pesos (USD$163.000 en 2014); del Río tenía dos investigaciones en su contra, una por "falsos positivos" (asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros) y otra por presuntas irregularidades en contratación. En las grabaciones hablan sobre un almuerzo al que, supuestamente, iban a asistir los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón y la posibilidad de lograr, al parecer, con la ayuda de estos altos funcionarios judiciales, que el proceso en contra del oficial retirado por falsos positivos quedara en manos de la Justicia Penal Militar, donde las penas son menos severas que en la justicia ordinaria. Al respecto, los magistrados mencionados han dicho en reiteradas ocasiones que tal encuentro nunca tuvo lugar y que no actuaron de forma ilegal. La investigación quedó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, llamando a indagatoria en 2014 a los magistrados implicados en este caso,​ provocando la renuncia, tiempo después, del magistrado Villarraga ante el Senado de la República, renuncia aceptada por el Congreso en pleno.

2013

• Escándalo de la gobernación del Casanare. El gobernador de Casanare, en el periodo comprendido de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, Witman Herney Porras, fue condenado en marzo por la Corte Suprema de Justicia a 18 años de cárcel e inhabilitado para ejercer cargos en el sector público de por vida, debido a la pérdida injustificada de $63.000 millones de pesos (más de USD$34 millones 700 mil dolares de la época) correspondientes a las regalías petroleras del departamento en fiduciarias. Acusado por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, Witman Porras autorizó el traslado de $38.000 millones de pesos (USD$20.967.000 dolares) del departamento a cinco patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; además de otra operación ilegal en septiembre de 2007 por $25.000 millones de pesos (USD$13.794.000 dolares) al patrimonio de Fidupetrol (posteriormente condenada por la Corte a reembolsar este dinero al departamento, provocando su quiebra) y UT Carbones Likuen. El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros "sin contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. De esos $63.000 millones, siguen perdidos $46.000 millones (USD$25.381.000 dolares).​

2012

• Caso Santoyo. El General Retirado de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo, Jefe de Seguridad del entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe Velez, quien estaba siendo investigado por narcotráfico en Estados Unidos, admitió en agosto en una corte del Distrito de Virginia haber ayudado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).​​​ Debido a la controversia, Uribe indicó​ que desconocía las "andanzas" de su exfuncionario y que estába "decepcionado" de este, además de que no había influido en la elección de Santoyo como su Jefe de Seguridad ni en su promoción de coronel a general.​ Sin embargo, sectores políticos de izquierda y algunos periodistas manifestaron que Uribe si había intervenido en la promoción de Santoyo y que éste contribuyó en el establecimiento de la relación del entonces presidente con el narcoparamilitarismo.​ Añadieron que, aparte de Uribe, el actual presidente del país, Juan Manuel Santos (para entonces era Ministro de Defensa), Luis Carlos Restrepo (Comisionado de Paz de Uribe, prófugo de la justicia desde 2012) y el exdirector de la Policía, Óscar Naranjo, también sabían de lo que hizo Santoyo en su momento. El sindicado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, por el cual solo pagaría de 10 a 15 años de cárcel y la posibilidad del otorgarle libertad bajo fianza, además de protección para su familia en territorio norteamericano. Mientras tanto, la Fiscalía de Colombia ejecutó el proceso de extinción de dominio​ a todas las propiedades de Santoyo y su familia.​​

• Escándalo de Interbolsa. Estalló el escándalo por el descubrimiento del desvío de millonarias sumas de dinero por parte de la directiva de Interbolsa (principal corredor de bolsa del mercado bursátil colombiano) de su "Fondo Premium" para su uso personal. Se estima que los perjuicios ascienden a más de $340.000 millones de pesos (unos $170 millones de dólares a la tasa de 2012), perjudicando a más de 1.200 inversionistas, originando también su intervención por parte de la Superfinanciera y posterior quiebra.​​​​​​​​​​ Por este hecho fueron enviados a la cárcel los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, además de otras personas vinculadas con la entidad.​ También por este hecho fue condenado a prisión el expresidente de Interbolsa; Rodrigo Jaramillo, además del pago de una multa de $7.000 millones de pesos (USD$3.600.000 de 2012), pese a la inconformidad de las víctimas de esta estafa, porque el condenado tendría prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.​

• Escándalo de Termorrío. Debido a un laudo arbitral del Tribunal Internacional de Arbitramento, emitido el 22 de diciembre, que condena a la Nación a pagar la suma de USD$ 60.3 millones, por concepto de indemnización al Consorcio Termorío S.A. E.S.P., por el presunto incumplimiento de un contrato por parte de Electranta, empresa subsidiaria de Corelca, una generadora de energía de propiedad del estado.​ Esa suma equivale al monto del presupuesto anual para el programa de vivienda de interés social (VIS) del Gobierno Nacional. Por este escándalo la justicia condenó a 134 meses de prisión al exsuperintendente de Servicios Públicos, Enrique Ramirez Yáñez, al abogado Marino Zuluaga y a la señora Marlén Valderrama, por los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos, además de una multa de $111 millones de pesos a cada uno (USD$57.000 de la época).​

• Carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. Escándalo destapado por la entonces Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora, al descubrir que magistrados colegas de ella en esta corporación nombraron, supuestamente, a personas allegadas a ellos para que, en períodos cortos, se hicieran acreedores a pensiones que podían triplicar el salario que devengaban antes de llegar a la Judicatura. En manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (cuestionada desde la absolución del entonces presidente Ernesto Samper en el caso del llamado "Proceso 8000") estaba la misión de investigar a los magistrados de la Judicatura que habrían promovido este ‘chanchullo’. Sin embargo, en 2013 la Comisión decidió archivar el proceso.​ Pese a ello, la Contraloría General de la República abrió investigación fiscal en 2012 a los magistrados implicados por detrimento patrimonial al estado en más de $3.421 millones de pesos (USD$17.600.000 dolares de ese año),​ investigación que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la Contraloría no tiene la jurisdicción para investigar a los magistrados de las altas cortes (en Colombia, el fiscal de estos magistrados, al igual que el del Presidente y el Vicepresidente de la República, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y quien los destituye de sus cargos es el Congreso de la República para que luego sean investigados, ya sin investidura, por parte de los respectivos entes de control).​

2011

• Condena a exalcaldes de Barranquilla. En octubre, los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisberg, fueron condenados por la justicia a 4 años de prisión cada uno por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos, debido a presuntas anomalías en la compra, el 20 de agosto de 1998, de dos lotes que iban a ser utilizados para Vivienda de Interés Social (VIS) en la capital del Atlántico y el municipio de Galapa. La Fiscalía comprobó que el Distrito le adelantó $1.120 millones de pesos (USD$ 606.388 a la tasa de 2011) del total de $4.500 millones (USD$ 2.436.383 en 2011) a Juan Cure Vilaró, dueño de los predios a comprar; los cuales se comprobaron, posteriormente, que no eran idóneos para la realización del proyecto porque presentaban problemas de inundaciones. Aunque el proyecto no se ejecutó, el anticipo no fue devuelto por parte del vendedor ni se hicieron los trámites por parte del Distrito para recuperar esos dineros. Para la época de los hechos, Hoyos era alcalde de la ciudad y Hoenisberg era su Secretario de Hacienda.​ Los dos exalcaldes también fueron procesados penalmente en 2006 por irregularidades en la remodelación del edificio de la alcaldía de Barranquilla en 1993, calculado inicialmente en $1.500 millones de pesos (USD$ 812.127 a 2011), y que terminó con sobrecostos por el orden de los $4 mil millones de pesos (USD$ 2.165.674 en 2011); igual que con el proceso de los lotes, Hoyos era en ese momento alcalde de la ciudad y Hoenisberg Secretario de Hacienda.​

• Destitución del Alcalde de Bucaramanga. En julio, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 10 años al alcalde en ejercicio de Bucaramanga, Fernando Vargas Mendoza, por irregularidades cometidas en la firma de un convenio con el Instituto Universitario para la Paz (Unipaz), al no haber realizado una licitación pública en la celebración del contrato, el cual lo hizo pasar como convenio para no licitarlo, por la suma de $900 millones de pesos (USD$487.300 dolares a la tasa de 2011), que tenía como fin brindar capacitaciones a docentes y mejorar las condiciones tecnológicas del municipio. Por hechos similares, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos a funcionarios de alto rango del entonces alcalde Vargas; la más drástica, contra la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Paola Andrea Carvajal, inhabilitada por 12 años al dividir un contrato de gran cuantía en varios contratos de pequeña cuantía, los cuales no se requieren de procesos licitatorios por la ley colombiana.​ En enero de 2015, el exalcalde Vargas recibió otra sanción, por parte de la Procuraduría, para ejercer cargos públicos por 11 años, debido a irregularidades contractuales presentadas en la construcción de la Fase I del Parque Integral Metropolitano de Bucaramanga. Según el ente de control "El exalcalde intervino en la celebración del citado contrato de obra pública sin contar previamente con estudios técnicos y económicos precisos, serios y completos, teniendo en cuenta que los estudios geotécnicos no tuvieron el alcance necesario y de cubrimiento de gran parte del área donde se concibió construir el parque"; también fue sancionado su exsecretario de Infraestructura, Álvaro Ramírez Herrera, con 12 años sin ejercer cargos públicos.​

• Escándalo de la DIAN. Estalló por el descubrimiento de operaciones fraudulentas de funcionarios de la DIAN con las que se apropiaban de recursos del Estado enmascarándolos, por medio de cifras infladas, como devolución de IVA. Incluso, involucró el soborno a los investigadores iniciales por $1.400 millones de pesos (USD$ 350.000 dolares en 2016). Se estima que los perjuicios totales a la nación llegaban a más de $400.000 millones de pesos colombianos (más de $133 millones de dólares a la tasa de diciembre de 2016).​ Por estos hechos, fueron detenidos 12 funcionarios de la DIAN que podrían afrontar penas de hasta 18 años de cárcel.​

• Escándalo de la Salud en Colombia. En el mes de mayo, el presidente Juan Manuel Santos anunció el descubrimiento de un desfalco a los dineros de la salud, gestado desde hace varios años que podrían superar no millones, sino billones de pesos en el Ministerio de la Protección Social. A través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Presidencia, se logró detectar a un grupo de funcionarios del Ministerio de la Protección Social que organizaron un verdadero grupo delictivo mediante el cual presentaban reclamaciones fraudulentas al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), con el que se financia la salud de los más pobres en Colombia. Una de las modalidades de fraude consistía en “autorizarles los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que habrían sido retenidos”; esto significa que, la ‘‘organización delictiva’’ negaba el derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos y tratamientos a través del Plan Obligatorio de Salud (POS), y con esto desviaban el servicio obligando a un reembolso de la prestación de los servicios por el NO-POS (por el que responde directamente el Gobierno), lo que obligaba al Fosyga a disponer de los recursos y generar un doble cobro. Otra modalidad era colocar "personas fallecidas que recibieran los beneficios de sobrecostos monumentales o personas que interponían una tutela para que les pagaran por los tratamientos, ganaban la tutela, les pagaban y resulta que esas personas nunca recibían la plata, sino que eran personas que esta mafia ponían a cobrar sin que las beneficiarias se enteraran". Por estas acciones fueron capturadas siete (7) personas, entre funcionarios del Ministerio, particulares y trabajadores de EPS.​ Este hecho provocó, con el pasar de los años, que muchas EPS en Colombia se encuentren en grave crisis económica, ya que ellas dependen para sus gastos de funcionamiento y pago a sus proveedores de los recobros al FOSYGA que, debido al escándalo, ahora tardan mucho tiempo para hacerse efectivo, mientras se estudia el cumplimiento de los requisitos para el desembolso. Mientras tanto, las EPS´s incumplen las respectivas obligaciones con sus acreedores y, en consecuencia, se genera la suspensión de sus servicios en las clínicas y hospitales públicos y privados. En algunas EPS la crisis es tan grave que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha debido intervenirlas para, o reestructurar sus deudas o liquidarlas, como los casos de Caprecom y Saludcoop (que eran en su momento las más grandes de país). Las deudas de las EPS a las clínicas y hospitales del país suman, a finales de 2015, unos 4 billones de pesos (cerca de USD$ 1.200 millones a la tasa de 2015).​

2010

• Carrusel de la Contratación en Bogotá. Estalló en junio debido al descubrimiento de asignaciones fraudulentas de millonarios contratos para la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio de Bogotá, entre otros contratos para la ciudad. Por este caso, están condenados el exalcalde de la ciudad Samuel Moreno y su hermano, el excongresista Iván Moreno Rojas, igual que el excongresista Germán Olano y otros antiguos altos funcionarios distritales y empresarios colombianos (el Grupo Nule, conformado por los primos Manuel, Miguel y Guido).​ El detrimento patrimonial se estima en $2,2 billones de pesos colombianos (USD$1.100 millones de dólares a 2011).

• Gobernadores y exgobernadores de Colombia destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos. A continuación se relaciona una lista de gobernadores departamentales en ejercicio y exgobernadores destituidos e inhabilitados en los últimos 2 años por la Procuraduría General de la Nación para ejercer cargos públicos, debido a irregularidades cometidas en sus mandatos que involucran violación del régimen de inhabilidades de la ley colombiana para cargos de elección popular, contratos suscritos de manera indebida, delitos electorales y vínculos con bandas criminales y personas y empresas de dudosa reputación (en los 3 últimos casos, los mandatarios y exmandatarios respondieron también penalmente en la Fiscalía). Gobernadores en ejercicio: Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle del Cauca; Oscar Raúl Flórez, gobernador del Casanare; Joaco Berrío, gobernador de Bolívar; Felipe Alonso Guzmán, gobernador del Putumayo; Fredy Forero Renquiva, gobernador de Arauca; Guillermo Alberto González, gobernador del Cauca; Blas Arvelio Ortiz, gobernador del Vichada; Oscar López, gobernador del Guaviare; Patrocinio Sánchez Montes de Oca, gobernador del Chocó. Exgobernadores: Jorge Eduardo Londoño, exgobernador de Boyacá; Efrén de Jesús Ramírez exgobernador de Guainía; Luis Carlos Torres Rueda, exgobernador del Meta; William Pérez Espinel, exgobernador del Casanare.​ Cabe destacar que, en el periodo de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación (2009-2016), se han sancionado por irregularidades cometidas en sus mandatos e inhabilidades para ejercer cargos públicos a 2.806 funcionarios, entre gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y congresistas;​ mientras que en el periodo de Edgardo Maya (2004-2008) se destituyeron e inhabilitaron de ejercer cargos públicos a 460 funcionarios de elección popular por las mismas razones expuestas por su sucesor.​

2009

• Escándalo de Agro Ingreso Seguro. Estalló por irregularidades en el diseño e implementación del programa que debía ser destinado a familias campesinas de escasos recursos, el cual terminó asignando subsidios rurales por más de $200.000 millones de pesos colombianos (unos $77 millones de dólares, a la tasa de 2009) a narcotraficantes​ y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca, entre ellas la exseñorita Colombia Valerie Domínguez, su entonces novio, cuñada y suegros.​ Por este caso, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el exministro de Agricultura Andres Felipe Arias, hallándolo culpable de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros,​​​ por lo cual fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión.​​​ Después de haberle sido concedida casa por cárcel, el exministro Arias escapó a Estados Unidos, siendo capturado por la Policía migratoria de ese país y dejado en libertad bajo fianza pero con vigilancia judicial, mientras se estudia la viabilidad o no de su extradición a Colombia.​​​

• Escándalo de las chuzadas. El 21 de febrero de 2009, la revista Semana publicó un informe en el que se detallaba cómo funcionarios del DAS (antigua agencia de inteligencia del Estado colombiano) grababan de manera ilegal conversaciones telefónicas a líderes de oposición, magistrados, periodistas y funcionarios del Estado.​ Una vez presentadas las pruebas por la Fiscalía, la situación fue calificada de una «empresa criminal» dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa de Nariño, por parte de representantes de la Corte Suprema de Justicia.​ Por este caso, fueron capturados importantes funcionarios del gobierno de Uribe, entre otros, la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Este escándalo fue determinante para que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretara en 2011 la desaparición del DAS.

2008

• Condena a exgobernador de Santander. En febrero, fue capturado por la Fiscalia General de la Nación en Bogotá el exgobernador del departamento de Santander, Mario Camacho Prada, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción. La investigación comenzó después de la denuncia que instauró en la Fiscalía Óscar Poveda Velandia, exfuncionario de la Gobernación de Santander, que llevó a cabo el 2 de octubre de 1998. Poveda denunció que en la compra del Hotel Bella Isla del municipio de San Gil, por parte del departamento, hubieron irregularidades: No contaba con disponibilidad presupuestal el departamento para una inversión de esta naturaleza, no estaba previsto en el presupuesto aprobado para 1995 ni era parte del programa de gobierno de Camacho Prada para el departamento. Poveda denunció que Camacho Prada dispuso de recursos departamentales por $1.404 millones de pesos (USD$713.777 a la tasa de 2008) para la compra del hotel y después lo adicionó al presupuesto, sin contar con la autorización del entonces Contralor Departamental para pedir un crédito adicional; y en octubre de 1995 negoció con el Banco de Occidente un crédito para la Tesorería departamental por la suma de $700 millones de pesos (USD$355.871 dolares en 2008), dinero que giró directamente a Inversiones Bella Isla, como pago del primer anticipo en la compra del hotel.​ En 2001, Camacho Prada había sido condenado a 52 meses de prisión por violar el régimen de inhabilidad, al comprobarse que respaldó un contrato departamental para una empresa propiedad de familiares de su secretaria privada.​

• La Yidispolítica. La Corte Suprema de Justicia determinó que la representante a la Cámara Yidis Medina dio su voto a cambio de prebendas a su ciudad de origen, Barrancabermeja, para aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitiría a Álvaro Uribe y a futuros presidentes, aspirar a un segundo mandato de manera inmediata. Yidis Medina fue sentenciada a 47 meses de detención domiciliaria por el delito de cohecho.​ Además de la congresista, fueron condenados por este caso altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe (los exministros Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez).​ Por este caso, también fueron condenados los congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus.​

• La Farcpolítica. En el marco de la Operación Fénix, que terminó con la muerte del miembro del Secretariado de las FARC, alias Raúl Reyes, en el mismo lugar donde fue abatido se hallaron computadores portátiles que pertenecían al líder guerrillero, donde existía supuesta información que involucraba líderes políticos nacionales e internacionales con el grupo subversivo, entre estos líderes se encontraba supuestamente la entonces senadora Piedad Córdoba con el seudónimo de «Teodora de Bolívar»,​ y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el seudónimo de «Ángel». El investigador del grupo antiterrorista de la Dijín, Ronald Hayden Coy Ortiz, aceptó ante un juez especializado y en audiencia pública, que se rompió la cadena de custodia en los computadores de Raúl Reyes; es decir, en un determinado tiempo, los computadores estuvieron expuestos a posibles manipulaciones.​ Esto hace que cualquier información que se quiera tomar de los computadores no se pueda tomar como evidencia para un caso judicial, ya que no existen las certificaciones necesarias de la cadena de custodia, las cuales certifiquen que no se produjeron manipulaciones a los equipos incautados.​ Sin embargo, este material fue suficiente para que el entonces jefe de la Procuraduría General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyera e inhabilitara de ejercer cárgos públicos a la senadora Córdoba por 18 años, fallo anulado en 2016 por el Consejo de Estado.​

• Escándalo de los falsos positivos. Estalló a raíz de unas revelaciones hechas sobre el involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, dentro del marco del combate a grupos armados irregulares que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate.​ A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como Homicidio en Persona Protegida.​ Por dicha denuncia han sido destituidos e investigados disciplinaria y penalmente muchos oficiales y suboficiales del Ejército.​ Por este escándalo, el Comandante del Ejército, General Mario Montoya, pidió la baja del servicio activo y renunció a su cargo; ya como civil, fue nombrado por el entonces presidente Álvaro Uribe Velez Embajador en República Dominicana.​​ Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio, según los críticos del expresidente Uribe, algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida durante su gobierno.​ La Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.​ Para abril de 2015, la Fiscalía adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Sin embargo a pesar de todo el escándalo provocado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.​​

• Crisis de las pirámides en Colombia. En esta ocasión el estado tuvo que intervenir drásticamente, declarando el estado de emergencia social en el país, debido a una serie de acontecimientos ocurridos a raíz de la quiebra de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusadas por las autoridades colombianas de actividades ilegales como esquemas piramidales, captación masiva e ilegal de dinero y lavado de activos (las más importantes y protagonistas de este escándalo; Proyecciones D.R.F.E. y D.M.G. Grupo Holding S.A.). La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas escondían otro tipo de delitos como lavado de dinero, producto de otras actividades ilegales como el narcotráfico.​​​​ Estas empresas no solo lograrón afectar la economía de varios departamentos como Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y las regiones del Tolima Grande y el Eje Cafetero,​ sino que a su vez logró afectar la economía del país. Se estima que el dinero invertido por los afectados en estas empresas oscila en los $2.16 billones de pesos (más de USD$900 millones a la tasa de 2008).​​​​

• La DMGpolítica. Suscitada a raíz de la intervención, por parte del Estado, de la empresa de esquema piramidal D.M.G. Grupo Holding S.A., luego de la crisis económica, social y de orden público generada por esta clase de empresas en Colombia.​ La W, emisora radial del país, dio a conocer unas grabaciones en las que David Murcia Guzmán, gerente de D.M.G., conversa con su cuñado William Suárez (ambos capturados por la justicia), dejando en evidencia la presunta entrega de $400 millones de pesos (USD$ 167.000 a la tasa monetaria de 2008) como contribución a la campaña política del excandidato a la gobernación de Boyacá y luego Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago (a quien nunca se le abrió investigación por estos hechos).​ En dicha grabación, Murcia Guzmán manifestó haber apoyado a 10 políticos ganadores en las elecciones de 2007.​ Asimismo, la Fiscalía advirtió que también existirían nexos entre D.M.G. y algunos congresistas para favorecer, mediante leyes, intereses comerciales de la compañía.​ El entonces Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, anunció investigación disciplinaria contra gobernadores, diputados y alcaldes que estuvieran vinculados a este escándalo y anuncio también que le pedirá al Consejo Nacional Electoral los resultados financieros de los campañas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, con el propósito de establecer si estas campañas recibieron dineros de D.M.G.​​ De estas investigaciones, sólo una dio frutos al destituir e inhabilitar para ejercer cargos públicos al expersonero de Bogotá; Francisco Rojas Birry, además de ser enviado a prisión por 8 años.​ De igual manera, la Fiscalia abrió investigación contra los entonces gobernadores de Bolívar, Joaco Berrío, y Magdalena, Omar Díazgranados, por sus presuntos vínculos con D.M.G.​

2007

• Escándalo de Commsa. Pleito iniciado por el estado en los años 1990 con la firma colombo-española Commsa (que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid), debido a la no construcción de una carretera clave para el país (la Troncal del Magdalena), del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987 millones de pesos (más de USD$ 53 millones de ese año) para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora.​ Al final, se concretó el acuerdo y las investigaciones por el supuesto detrimento patrimonial se archivaron.​

2006

• Destitución del Alcalde de Cali. En diciembre, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó de ejercer cargos públicos por 16 años al alcalde en ejercicio de la ciudad de Cali, Apolinar Salcedo, por irregularidades en la celebración de un contrato que entregó a particulares el recaudo de los impuestos de la capital del Valle del Cauca. El ente de control confirmó que el contrato se firmó por fuera de los tiempos autorizados, que el contratista no ofrecía las suficientes garantías y que el Alcalde desconoció abiertamente los principios de transparencia y objetividad. No obstante, el Concejo de la ciudad, la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Procuraduría Regional y las veedurías ciudadanas le habían advertido de la inconveniencia de realizar este contrato; aún así, el alcalde lo firmó el año anterior. Por este hecho, su Secretaria de Hacienda, María del Rosario Peña, también fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.​ En 2013, el exalcalde Salcedo demandó a la Procuraduría ante el Consejo de Estado para retirar la sanción interpuesta por el ente de control, reclamando además los sueldos que dejó de devengar.​

• La Parapolítica. Escándalo de corrupción política en el que se descubrieron vínculos de políticos con paramilitares posterior al proceso de desmovilización que adelantaron las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante un documento firmado por los implicados y conocido por la opinión pública como el Pacto de Ralito. Se descubrió, entre otras cosas, que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, habría puesto el organismo de seguridad a disposición del paramilitar Jorge 40; por este hecho, fue privado de la libertad y condenado por concierto para delinquir y homicidio agravado.​ Adicionalmente, por este hecho han sido condenados más de 50 congresistas, entre senadores y representantes a la cámara, del periodo de Álvaro Uribe;​ además de funcionarios del gobierno, departamentales y municipales.

• Desfalcos a Cajanal. Los abogados Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez, mediante tutelas y otros documentos irregulares, utilizaban a particulares para que cobraran pensiones de la liquidada entidad estatal Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), tramitando además de manera irregular ante la justicia estas pensiones de gracia para supuestos docentes que no lo eran realmente, apropiándose de más de $50 mil millones de pesos, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas durante varios años (en total el desfalco podría sumar unos $600.000 millones de pesos colombianos, más de USD$ 220 millones en 2006). Los beneficiarios recibían el 50% del pago y los penalistas guardaban el resto del dinero en cajas fuertes. Aunque las investigaciones comenzaron en 2006, los 2 implicados fueron condenados en 2013 por el Tribunal Superior de Bogotá a 8 años y 6 meses de prisión a Cabrera Polanco y a 7 años y 6 meses a Guilombo Gutiérrez, además del pago de una multa a los dos de $269 mil 622 millones de pesos (más de USD$ 102 millones a la tasa de 2006).​ Uno de los implicados, Armando Cabrera, ya había sido condenado por hechos similares a la misma entidad en 1989, esta vez junto a su hermano Omar Cabrera Polanco, quienes a través de falsificaciones de fallos judiciales y con la complicidad de algunos jueces, lograron desfalcar en más de $5.000 millones de pesos a la desaparecida Cajanal (más de USD$ 11 millones de la época), a través de cobros ilegítimos de acreencias laborales.​​ Este escándalo incluso logró salpicar al entonces senador Hernán Andrade, por lo que la Corte Suprema de Justicia lo investigó en 2008,​ absolviéndolo en 2014 por falta de pruebas.​ En 2016 se abrió investigación por parte de la Fiscalia contra otro abogado que participó en otro desfalco a Cajanal en Cartagena, Manlio Aristio Barrios Buelvas, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación en calidad de interviniente y fraude procesal en calidad de autor, como supuesto responsable de un desfalco a Cajanal por cerca $9 mil millones de pesos en 2006 (USD$ 3.679.000 de ese año). Según el ente acusador, Barrios Buelvas presentó ante el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena una acción de tutela por la que fueron favorecidos 21 docentes del orden nacional que él representaba; estos docentes les fue otorgada una pensión de gracia por parte de Cajanal a la que; por ley, solo tienen derecho profesores que dependen salarialmente de gobernaciones y alcaldías. Según la Fiscalía, aunque el fraude a Cajanal fue de $9 mil millones de pesos, la cifra ha aumentado con el pasar de los años y se calcula que se incrementó a 2016 en alrededor de 40 mil millones de pesos (más de USD$ 13.700.000 a diciembre de 2016).​

2004

• Escándalo de Invercolsa. Estalló durante el período de Fernando Londoño como Ministro del Interior y de Justicia, en el período presidencial de Álvaro Uribe. La Superintendencia de Sociedades le impuso una sanción a Londoño por adquirir de manera indebida 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de 9.000 millones de pesos en mayo de 1997 (casi 7 millones de dolares en ese año), obligándolo a presentar su renuncia al cargo de ministro en 2004.​ Invercolsa era una empresa de la petrolera estatal Ecopetrol que manejaba inversiones en campos petroleros.​ En febrero de 2007, una sentencia judicial ordenó a Londoño restituir las acciones de Invercolsa adquiridas, al ratificar que el exministro presentó una certificación falsa que lo acreditaba como propietario de esas acciones. El Juzgado determinó que Fernando Londoño Hoyos no adquirió ni fue poseedor de buena fe de los 145 millones de acciones de Invercolsa S.A. y ordenó que, en término de 5 días, el exministro Londoño debía restituir a Ecopetrol los dividendos recibidos de Invercolsa por cada uno de los períodos en que los percibió.​ Decisión que fue inmediatamente apelada por el ex ministro y en 2005, una sala de conjueces del Consejo de Estado dejó sin efecto la sentencia, ante lo cual Ecopetrol y la Procuraduría siguieron insistiendo. Finalmente, la Corte Constitucional les dio la razón a ambas entidades, aunque al día de hoy (2016) las acciones no han sido devueltas.​

1999

• Escándalo de Dragacol. Suscitado por el pago de $1.2 billones de pesos colombianos (casi USD$600 millones de dólares en 1999) de un contrato firmado entre entidades del estado y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A (Dragacol), en marzo de 1999. Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura.​ En la conciliación laboral entre Dragacol y el Ministerio del Trabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones de pesos colombianos (casi USD$13 millones de dolares) a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el entonces senador Javier Cáceres Leal (condenado años después por el escándalo de la parapolítica). Más de 30 funcionarios fueron investigados a raíz de estos hechos.​

• Escándalo de Foncolpuertos. En el que un gran número de personas, entre empleados públicos y del común, fueron condenadas por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación y concierto para delinquir, ya que cobraban de forma fraudulenta pensiones de la liquidada empresa del estado "Puertos de Colombia" a través de su fondo de pensiones (Foncolpuertos).​ Un saqueo a la nación calculado en mas de $11 mil millones de pesos (cerca de USD$5 millones 500 mil dolares de la época).​ El caso fue discutido ampliamente en el Congreso de Colombia, en el que se destacaron las palabras de la entonces senadora Íngrid Betancourt, acusando directamente a los expresidentes Ernesto Samper y César Gaviria.​

• Escándalo de Chambacú. Descubierto durante el gobierno de Andrés Pastrana, pero que afectó también a funcionarios de las administraciones de César Gaviria y Ernesto Samper, en el que se acusó principalmente a los exministros de Desarrollo, Fernando Araújo Perdomo y Luis Alberto Moreno de, supuestamente, habersen aprovechado de sus cargos, según denuncias públicas hechas contra ellos, para negociar en términos favorables a la entonces entidad estatal encargada de los proyectos de Vivienda de Interés Social en el país (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE), y al Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado "Chambacú" en la ciudad de Cartagena de Indias, cuyo objetivo era presentar una "imagen más amable" a los turistas de este sector (conocido también como Chambacú), desalojando a la población afrodescendiente que vivía en en el lugar formando asentamientos irregulares de extrema pobreza. El sector era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurrallada o Centro Histórico.​ El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo denunciando el drama de 35 familias afrocolombianas que, a través del Estado, habían sido despojadas de sus tierras en la zona de Chambacú conocida como Papayal, de las cuales no aparecieron los registros catastrales en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (entidad del estado que maneja el inventario nacional de inmuebles públicos y privados del país) aún teniendo los títulos de propiedad en sus manos. El 1 de marzo, el entonces Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y Procurador General, Jaime Bernal Cuellar, anunciaron que se abrirían indagaciones penales y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los funcionarios involucrados en el escándalo, entre ellos, Araújo y Moreno. Durante su secuestro de 7 años a manos de las FARC, los cargos contra Fernando Araújo precluyeron, igual que los existentes contra Luis Alberto Moreno.​

1995

• Proceso 8000. Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros en el mandato de Ernesto Samper. Este proceso se abrió cuando se descubrió el financiamiento del Cartel de Cali a la campaña del entonces candidato presidencial Ernesto Samper;​​ al ser el presidente en ejercicio, no podía ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria sino por el Congreso, a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Luego de 4 años de su periodo presidencial y con todas las pruebas y testimonios para ser inhabilitado de su cargo, la comisión absuelve de manera polémica al presidente Samper, archivando el proceso.​